Entrevista previa: 27 de Septiembre de 2012.

Conferencia Internacional sobre Solidaridad, Defensa y Lucha por la Libertad de los y las Presas Políticas en el Mundo del 22 al 24 de Octubre de 2010 Copenague, Dinamarca
La solidaridad, la defensa y la lucha por la libertad de los y las presas políticas en el mundo no es posible sin establecer una cooperación contra el sistema de gobierno mundial (el capitalismo mundial), basado en la explotación, represión, encarcelamientos, tortura y ejecuciones.
El fenómeno de los “presos políticos” forma parte de la lucha de clases. Para defender sus privilegios la clase dominante – los Estados capitalistas – usan esta arma para poder seguir oprimiendo a los luchadores por la libertad en el mundo.
Presos y presas políticas en Palestina, Euskal Herria, Turquía, Colombia, Perú, Italia, México, EE.UU., Rusia, Alemania, Irán y otros países viven en condiciones difíciles e infrahumanas. En todo el mundo distintos tipos de tortura están siendo empleados sistemáticamente en cárceles – aislamiento, golpes con cables, ahorcamientos, sacudidas eléctricas, violaciones etc.
Hasta ahora, hemos visto muchas iniciativas y muchos actos de solidaridad internacional para defender a los y las luchadoras por la libertad, por ejemplo en la Conferencia Internacional realizada en Berlín, Alemania, en 1999 y en San Sebastián-Donostia, Euskal Herria, en 2004.
Para poder sostener estas iniciativas, nosotros –luchadores por la libertad y ex-presos políticos de distintos países – una vez más estamos organizando una Conferencia Internacional de Solidaridad en Copenague, Dinamarca (22-24 de Octubre, 2010), para defender y luchar por la libertad de los presos y presas políticas en el mundo. Uno de las temas más importantes en el foro es discutir cómo organizar tribunales independientes al nivel nacional e internacional.
Hasta este momento, países tan distintos como Euskal Herria, Irán, Turquía, Colombia, Palestina, México y Dinamarca han tomado parte en los debates de cara a la organización de esta conferencia.
Hacemos un llamado a las organizaciones del mundo que trabajan por la liberación de los y las presas políticas, a unirse a esta iniciativa y participar en la Conferencia Internacional, con sus experiencias de la solidaridad, defensa y lucha por la Libertad de los y las Presas Políticas en el munde.
La conferencia cuenta con cinco temas políticos:
1. Las condiciones de los presos políticos en todo el mundo
2. La detención administrativa
3. listas de Terror / lista negra
4. Clase, “raza” y de Género
5. Tribunales
Para mayor información visite nuestra página web: freeallpoliticalprisoners.org
Un saludo revolucionario,
¡QUE VIVA LA SOLIDARIDAD INTERNACIONAL! ¡LIBERTAD PARA TODOS LOS PRESOS Y PRESAS POLÍTICAS EN EL MUNDO!
Comité de preparación a la Conferencia Internacional sobre Solidaridad, Defensa y lucha por la libertad de los presos y presas políticas en el mundo.

Given the sustained repression of the Chilean State and the complicity of their governments, including the current of President Sebastián Piñera, we call on the authorities to immediately assume an attitude of respect for the fundamental human rights of the Mapuche people for which they have established their social battles for to the recovery of their ancestral lands, their culture and historical rights. The political persecution of the Mapuche people, the use of militarized violence against the communities, youth, elderly and children should and must stop. The Chilean State should and must respect the international conventions and human rights treaties it has signed. Failure to do so is a grave violation of the democratic principles established by the United Nations.
The hunger strike started on July 12, 2010 in the prisons of Concepcion and Temuco, and later on joined by the prisons of Valdivia, Lebu and Angol, is a call for swift and immediate implementation of justice. The prisoners’ rights have been violated without any regard for the principles of Justice. We demand an end to repression and the acceptance of the following demands:
1. The right to due process or fair trial without the current legal and political mockeries where the use of institutionalized violence, including torture, persist.
2. An end of anti-terrorism law, passed during the dictatorship, and whose racist application against the Mapuche causes permits all types of illegitimate actions that have been condemned by the UN. Its use is facilitated by the criminalization of the legitimate fight of the Mapuche people.
3.An end to Military Justice, which promotes impunity for state crimes during the dictatorship and now, in its war against the Mapuche people permits new crimes to go without justice. An end to the use of civil and military trials for the same prisoner must end.
4. Release of all Mapuche political prisoners imprisoned in Chilean State prisons.
5. Demilitarization of the Mapuche areas where communities demand recognition of their ancestral lands and political claim rights. The militarized police take communities by assault, abuse children, old people and just anyone that may be even asleep, at night.
The hunger strike of these Mapuche prisoners is their final opportunity to recover their dignity which is constantly violated by the Chilean State. The social and ethical principles established internationally condemn the disdainful attitude of the Chilean State and its low-intensity war aimed at maintaining and assuring revenue for an elite few and destroying the riches of the country.
Therefore we demand that the Government, as well as the Parliament and civil society assure the resolution of these demands and avoid exasperating the incorrectly named “Mapuche Conflict” imposed by the State that discredits all the Chilean people before international public opinion. We do not want to prolong this hunger strike and bring more innocents to death who only seek respect for their people.

TEMUCO
1. Mauricio Waikilao Waikilao
2. Luís Sergio Tralcal Quidel
3. Claudio Sánchez Lorca
4. Pablo Canio Tralcal
5. Pedro Cheuque
6. Sergio Catrilaf
7. Daniel Canio Tralcal
8. Ángel Reyes Cayupan
9. Jorge Cayupan Ñirripil
10. Francisco Cayupan Ñirripil
11. Elvis Millán Colicheu
12. Eliseo Ñirripil
13. Marco Millanao Mariñan
CONCEPCIÓN
15. Luis Menares C.
16. Ramón LLanquileo P.
17. Héctor Llaitul C.
18. Jonathan Huillical
19. José Huenuche R.
VALDIVIA
20. Ignacio Andrés Gutiérrez Coña
ANGOL
21. Víctor Hugo Queipul Millanao
22. José Eugenio Queipul Huaiquil
23. Camilo Hipólito Tori Quillanao
24. Felipe Ricardo Huenchullan Cayul
25. Lorenzo Alex Curipan Levipan
26. Fernando Enrique Millacheo Marin
27. José Guillermo Millacheo Marin
28. Eduardo Oses Moreno
29. Waikilaf Cadin Calfunao
LEBU
30. Carlos Muñoz Huenuman
31. Eduardo César Painemil Peña
32. Carlos Parra Leiva
http://www.freedomtoallmapuchepoliticalprisoners.blogspot.com
Chile aplica la Ley Antiterrorista –creada en la dictadura de Pinochet– para reprimir a los mapuches. Un centenar de miembros de esa etnia están en la cárcel debido a juicios amañados y 31 de ellos mantienen huelgas de hambre en protesta por los abusos cometidos contra sus comunidades. La ONU y organismos de derechos humanos acusan al Estado chileno de criminalizar la protesta social. El señalamiento tiene asideros: las tierras que los mapuches defienden son codiciadas por empresas forestales y mineras.
VALPARAÍSO, CHILE.- La huelga de hambre que desde el pasado 12 de julio mantienen 31 presos políticos de la etnia mapuche vuelve a llamar la atención sobre los atropellos a los derechos humanos de ese pueblo originario de Chile.
En una carta dirigida al juez de garantía de la comunidad de Cañete, John Landeros, uno de los ayunantes, Marcos Millanao Mariñan, sostiene que su protesta busca que a los mapuches se les deje de aplicar la Ley Antiterrorista, que la justicia militar no se ejerza en causas civiles y que se ponga fin a la militarización de las comunidades.
Millanao y otros 13 mapuches en huelga de hambre están en la cárcel de Temuco. Otros cinco mantienen el ayuno en una prisión de Concepción. Los otros ayunantes están en cárceles de Lebu, Valdivia y Angol.
En solidaridad con los huelguistas, el 19 de julio organizaciones mapuches representadas por Víctor Ancalaf y Antonio Cadín acusaron al Estado de Chile ante el Comité de Derechos Humanos de la ONU. “Hemos denunciado los atropellos que ha habido contra comuneros mapuches, los presos políticos mapuches, la violencia policial en contra de las comunidades y los niños mapuches”, indicó Cadín a Radio Bío-Bío.
A finales de 2007 una huelga de hambre de cinco mapuches juzgados por la Ley Antiterrorista concitó el repudio internacional contra Chile, lo que posibilitó la liberación parcial de los ayunantes aunque no hizo cambiar la aplicación de la justicia en el país andino.
La protesta actual está desencadenando un proceso similar. El 19 de julio el director del Observatorio Ciudadano, José Aylwin, afirmó en entrevista con Radio Cooperativa que “la Ley Antiterrorista contempla tipos penales muy abiertos que se aplican a hechos muy diversos, que si bien pueden ser constitutivos de delitos pueden ser juzgados por la legislación ordinaria. Por ello los presos en huelga de hambre se autodenominan presos políticos. Y tienen fundamento para hacerlo, porque la opción del Estado de aplicar la Ley Antiterrorista es una opción política”.
El relator especial para Pueblos Indígenas de la ONU, James Anaya, en su Informe de recomendaciones a Chile, del 15 de septiembre de 2009, sostuvo: “No deberán aplicarse acusaciones de delitos tomados de otros contextos (‘amenaza terrorista’, ‘asociación delictuosa’) a hechos relacionados con la lucha social por la tierra y los legítimos reclamos indígenas”. Un planteamiento similar fue hecho por el Comité de Derechos Humanos de la ONU (2007) y el Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial (2009).
La Ley Antiterrorista permite mantener hasta dos años en prisión preventiva a los acusados, niega a los defensores el acceso al sumario y permite “testigos sin rostro”. Lo más grave es que triplica automáticamente la duración de las penas. Desde el retorno a la democracia en Chile, en 1990, esa ley –creada en 1984 por Augusto Pinochet– se ha aplicado casi exclusivamente contra los mapuches.
Abusos documentados
El pasado 23 de junio, la Comisión Ética Contra la Tortura en Chile (CECT) entregó a la Presidencia de ese país el Informe de Derechos Humanos 2010, que contiene relatos de casos de atropellos contra los mapuches. Allí se asegura que hasta el 6 de junio de este año había 107 de ellos en calidad de presos políticos o procesados por la justicia, 57 por la Ley Antiterrorista.
El Informe de la CECT afirma que fiscales del Ministerio Público ofrecen rebajas en las penas con la finalidad de que mapuches culpen a otros mapuches. Previamente “los presos han sido presionados sicológicamente y/o sometidos a tortura por funcionarios de la policía”.
Es el caso de Sergio Reyes Matus, acusado de cometer dos asaltos a mano armada. En enero éste denunció –en carta enviada a Radio Bío-Bío– que el fiscal Servando Pérez le ofreció beneficios procesales a cambio de que inculpara a los otros imputados por estos delitos: Elena Varela y Kenny Sánchez. Reyes se negó. Finalmente, en el juicio oral, en abril pasado, los tres fueron absueltos por falta de méritos. Sin embargo, estuvieron presos casi dos años.
Al ser detenida, Varela realizaba el documental Newen Mapu, sobre el conflicto mapuche. Sus archivos le fueron requisados y gran parte de ellos no le han sido devueltos. Reyes Matus pasó su encierro en la cárcel de máxima seguridad de Santiago, donde 18 meses estuvo en régimen de 22 horas diarias de confinamiento solitario.
Los niños mapuches han sido víctimas principales de la violencia policial contra sus comunidades. Según el informe de la CECT, hay 21 casos de detenciones de menores de edad y cientos de otros casos de golpes, humillaciones y atropellos que los agravian.
El 5 de octubre de 2009, un mapuche de 14 años, dice el informe, “recolectaba hierbas junto a la machi (curandera) de su comunidad. En ese momento ambos se encuentran con un grupo de carabineros que perseguía a comuneros (…) Al ver al menor, efectivos del Grupo de Operaciones Especiales de Carabineros le disparan balines, recibiendo impactos en una pierna, un codo y la espalda. Al intentar huir, el niño es perseguido en helicóptero en vuelo rasante por alrededor de tres kilómetros. Una vez reducido (…) lo obligaron a subir al helicóptero (…) Una vez en vuelo (…) Carabineros lo amenazó con lanzarlo al vacío si no entregaba nombres de las personas que participaban en la ocupación del predio Santa Lucía”.
Por estos hechos, el 22 de octubre de 2009 se presentó una querella criminal contra el Cuerpo de Carabineros. El Tribunal de Garantía se declaró incompetente y pasó el caso a la justicia militar, la que ha tramitado en la última década cinco procesos por asesinatos de mapuches cometidos por policías. En ninguno de ellos ha habido castigo para los responsables.
A pesar del clima de represión, los mapuches se movilizan. En las últimas semanas, comunidades de la Alianza Territorial Mapuche han ocupado decenas de fincas en el centro-sur de Chile. El 31 de julio unos 100 policías militares entraron disparando a la comunidad Wawanko, en la precordillera mapuche. Dos días antes el intendente (gobernador) de la Araucanía, Andrés Molina, declaró que las tomas de fincas podrían generar “víctimas fatales”. Los voceros de la Alianza Territorial Mapuche interpretaron esto como una amenaza de muerte.
El “megajuicio”
Junto a la huelga de hambre, otro caso pone de relieve el “conflicto mapuche”. Se trata del “megajuicio” contra los comuneros de Lleu Lleu –provincia de Arauco– a quienes se acusa de haber atentado el 15 de octubre de 2008 contra la vida del fiscal especial para causas mapuches Mario Elgueta. Esto ocurrió en las cercanías del lago Lleu Lleu, una de las zonas más convulsionadas por el conflicto mapuche. La acción finalizó con cinco policías y el propio fiscal con heridas leves provocadas por perdigones.
El fiscal del caso, Andrés Cruz, agrupó junto a este otros supuestos delitos ocurridos en el último lustro: “Robos con intimidación, incendios terroristas, asociaciones ilícitas terroristas y robo de madera a empresas forestales”. Acusó a 19 comuneros. Ha citado como testigos a 234 personas, entre ellos 36 “testigos sin rostro” y a más de 100 policías. La audiencia de formalización del juicio oral está fijada para este lunes 9.
El abogado Nelson Miranda, quien defiende a cinco de los 19 mapuches, relató a Proceso que éstos son doblemente juzgados: “La justicia militar, luego de hacer una reconstitución de escena –en noviembre pasado–, sobreseyó a seis comuneros por falta de méritos. Sin embargo, por los mismos hechos y con las mismas pruebas, el Ministerio Público mantuvo la acusación por delito terrorista y atentado al fiscal contra estos mismos mapuches, para quienes está solicitando 50 años de cárcel”.
En este juicio también ha habido presiones indebidas. Según informó el 12 de enero el periódico electrónico País Mapuche, el fiscal Cruz envió un asistente a la cárcel de Lebu a conversar con Eduardo Painemil Peña, detenido el 15 de agosto de 2009 e indiciado en esta causa. Se le ofreció “la excarcelación inmediata, dinero, casa, trabajo y cambio de identidad para que inculpe a dos de los comuneros acusados junto a él por la quema de un camión grúa y cabañas en el lago Lleu Lleu”.
Quería inculpar a Mauricio Millanao (uno de los actuales ayunantes) y a Juan Millanao Painemil. Los tres pertenecen a la comunidad Pascual Coña, que desde hace décadas lucha por la recuperación de tierras que en este momento están en manos de empresas forestales.
Painemil rechazó la oferta; entonces el fiscal acusó a los otros dos mapuches de “asociación ilícita terrorista” y de cinco incendios “terroristas” a fin de mantenerlos en prisión preventiva.
A pesar de la parcialidad con la que ha actuado el Ministerio Público contra los mapuches, varios jueces y cortes han intentado poner límites a los fiscales. El pasado 4 de febrero, la Corte Suprema acogió un recurso de amparo presentado por el abogado Miranda a favor de Daniel Lincopán, dirigente de la Comunidad Juan Lincopán, próxima al lago Lleu Lleu.
Éste fue arrestado el 8 de diciembre de 2009 en la Plaza de Cañete por personas vestidas de civil que no se identificaron ni exhibieron orden de detención. Fue llevado a las oficinas del Ministerio Público en Talcahuano donde lo interrogó el fiscal Cruz, quien había ordenado su arresto sin tener atribuciones para ello. Ese mismo día fue liberado.
Por la Resolución 4742 la Corte Suprema sostuvo que “la instrucción dada por el Ministerio Público y cumplida por Carabineros de Chile de ubicar, citar y trasladar al amparado (…) sin que mediara autorización dada por el juez de garantía competente, deviene en ilegal por haberse llevado a efecto con infracción a lo dispuesto en el artículo 9 del Código Procesal Penal”. Con base en esta resolución el 17 de mayo Lincopán presentó una querella contra el fiscal Cruz, que está en curso.
El 10 de octubre de 2009, la comunidad Juan Lincopán tomó el fundo Ranquilhue, cuya propiedad legal es de la empresa forestal Mininco –del grupo Matte– pero que los mapuches reclaman como suyo por derechos ancestrales.
El juicio por el atentado al fiscal Elgueta se considera uno de los más importantes que Chile ha impulsado contra los comuneros mapuches, no sólo por la gran cantidad de imputados y testigos, sino también por las altas penas solicitadas por el Ministerio Público: para el líder de la Coordinadora Arauco-Malleco (CAM), Héctor Llaitul, pidió 103 años de cárcel.
También se trata de un juicio que se da en medio de una fuerte resistencia a la instalación de grandes proyectos mineros en las cercanías del lago Lleu Lleu, sagrado para los mapuches y epicentro de su cultura.
La empresa Manto Rojo tiene una concesión de explotación –publicada en el Boletín Minero de Santiago en 2007– en 600 hectáreas de la ribera oriental del Lleu Lleu. De ahí pretende extraer vanadio, rutilo y escandio, minerales clave para el desarrollo de la industria aeroespacial.
Según un informe del Centro de Estudios Universitarios, al empresario Leonardo Farkas, presidente de Minera Santa Bárbara y Minera Santa Fe, se le han otorgado 70 mil hectáreas para la explotación de hierro en la cordillera de Nahuelbuta, al oriente del Lleu Lleu. Desde que en julio de 2005 se filtró la información de que existían proyectos mineros en Lleu Lleu, ha habido numerosas protestas mapuches que han incluido tomas de caminos y expulsión, a veces violenta, de autoridades.
En vísperas del megajuicio aparecieron reportajes en televisión y medios impresos en los que se asegura que la CAM y otras organizaciones mapuches tienen vínculos con las FARC.
El pasado 23 de junio el programa Contacto, de Canal 13, transmitió el reportaje Los detalles tras la lucha armada en el conflicto mapuche. Allí se afirmó que en “correos electrónicos encontrados en el computador de Raúl Reyes, abatido líder de la FARC, había pruebas que evidenciarían la relación entre esa organización y los indígenas”. Además se expuso como prueba de este vínculo el que al menos siete miembros de la CAM estuvieron en Colombia entre 2004 y 2006.
Patricia Matte, una de las ejecutivas de ese canal, perteneciente a la Pontificia Universidad Católica de Chile, y su familia son propietarias de Forestal Mininco. Esta empresa posee más de 1 millón de hectáreas de pinos y eucaliptos en el centro-sur de Chile. Los 300 mil mapuches que viven en sectores rurales no poseen, en conjunto, más de 600 mil hectáreas.
Para abordar el “problema mapuche”, el pasado 30 de junio el presidente Piñera anunció el Plan Araucanía, por el que se compromete a crear un Fondo de Desarrollo Indígena con la finalidad de “reforzar proyectos de organizaciones culturales indígenas urbanas; potenciar el apoyo para el desarrollo agrícola productivo y priorizar programas educacionales en todos los niveles educativos y de capacitación”.
Sin embargo, no dice si pondrá fin a la aplicación de la Ley Antiterrorista a los mapuches y a la militarización de las comunidades. Ni aclara si aplicará otras recomendaciones del relator James Anaya, como la restitución de tierras. Tampoco dice cómo se aplicará el Convenio 169 de la OIT, vigente en Chile desde septiembre pasado, que prevé la consulta a las comunidades en caso de poner en marcha proyectos productivos.
Francisco Marín




El 1 de julio, al liberar a los 12 presos de Atenco, la Suprema Corte de Justicia de la Nación hizo lo que hace mucho no practicaba: impartir justicia. Hay que felicitarse por ello. Pero este acto que satisface a la nación no está exento de pesar. Desde hace cuatro años, muchas mujeres y hombres que no necesitamos haber pasado por las facultades de Derecho para saber lo que significa la justicia pusimos en evidencia no sólo la inocencia de esas personas, cuyo único delito fue defender su tierra y sus modos de vida frente a los intereses del poder, sino que señalamos también la impunidad en la que vive ese mismo poder que las reprimió, encarceló y condenó, y que, durante su detención, violó mujeres.
Después de cuatro años de dolor, de sacrificios, de luchas para resarcir esa injusticia, los verdaderos culpables, que tienen nombre y apellido, no sólo permanecen impunes, sino que, protegidos por el poder, continúan en las corporaciones policiacas o se encumbran en las esferas políticas. El caso más claro es el de Enrique Peña Nieto. Ese gobernador, que fue fundamental para que dicha injusticia se mantuviera durante cuatro años, no sólo permanece en su puesto, sino que, arropado por un PRI tan corrupto como su historia, se encumbra como virtual candidato a la Presidencia de la República.
En este sentido, el resarcimiento de la justicia que acaba de hacer la Suprema Corte no sólo es parcial, sino insuficiente. No basta con haber liberado a unos seres humanos que simplemente nunca debieron haber estado en prisión. Hay, además, que resarcirles esos cuatro años de sufrimiento, castigar a los culpables que cometieron ese delito y cumplir con un sinnúmero de pendientes que antes y después de esa inmensa injusticia han acumulado el Estado, los gobiernos y los partidos.
Desde hace 15 años no he dejado de firmar mis artículos con parte de esos pendientes. A lo largo de esos años, otros tantos agravios que han permanecido impunes y otras tantas traiciones a la justicia se han agregado. Si no los he sumado a mis demandas es porque de hacerlo ocuparían tal espacio que llenarían mi columna. Pero los conocemos, los llevamos en nuestros corazones, los sentimos con una rabia contenida y no hemos dejado de denunciarlos cada vez que la ocasión lo pide. Las columnas de los periodistas y de los analistas honestos de este país están llenas de ellos.
En el caso de los presos de Atenco, nuestro deseo era que esa liberación hubiese llegado antes de que la descomposición del país alcanzara niveles inauditos. Pensamos, de todas formas, que hay que alegrarse porque esa justicia hace despuntar una hoja de verdor en medio del desierto de la injusticia y caer un relámpago en las tinieblas del país. Pero no queremos solamente alegrarnos. Queremos también admirar y creer. Para ello es necesario que la justicia se pruebe antes de que la presión de los que la tienen clara, porque la aman sobre cualquier interés, la mantengan viva a costos muy altos.
Cómo nos gustaría, en este sentido, que el PRI dejara de proteger a criminales como Ulises Ruiz, Mario Marín y Enrique Peña Nieto para que sean procesados como los criminales que son; cómo nos gustaría que el gobierno federal y sus aparatos judiciales dejaran de proteger a los responsables de la muerte de los niños de la guardería ABC y a los asesinos de Acteal, cuyos nombres todos conocemos; cómo nos gustaría ver a los partidos políticos dejar sus corruptelas y sus pactos innaturales para que tengamos elecciones verdaderamente libres; cómo nos gustaría ver el cumplimiento de los Acuerdos de San Andrés para que el EZLN y las organizaciones de derechos humanos no tengan que mantenerse en estado permanente de alerta; cómo nos gustaría ver que la protesta social ya no se criminaliza y que se deja de fabricar delincuentes para proteger a los verdaderos criminales o justificar la ineficiencia de nuestras instituciones. En síntesis, queremos ver que, en el corazón mismo de este México que vive una vergonzosa descomposición, los hombres y mujeres que están encargados de impartir la justicia en nuestra nación comiencen a impartirla con verdad y a corregir lo que toda la nación sabe que hay que corregir para honrar a la justicia.
Es duro saber que las más altas instancias que protegen la justicia de México han dejado este cuidado a ciudadanos que no tienen su autoridad, algunos de los cuales, incluso, como los propios presos de Atenco, han estado privados de la esperanza de la que cualquier justicia vive. Son ellos, que han dado lo mejor de sí mismos en la lucha común y que no perciben los jugosos salarios de nuestros jueces, quienes han tenido la razón y estaban en el bien.
La virtud de la justicia, hay que recordarlo, no es un discurso que se debate en el intrincado bosque de los tecnicismos jurídicos que sólo protegen intereses, sino un acto cuyo sentido, en relación con el bien, es inequívoco. Por ello, la justicia, que es una virtud, no está en el Estado ni en las leyes ni en los partidos ni en la nación, sino en las personas que los integran; una virtud que sólo existe, como en el caso de Atenco, en los justos que la defienden y la hacen valer. Es desde allí que debemos continuar enfrentando nuestros pendientes, que, día con día, son, para nuestra vergüenza, más.
Además opino que hay que respetar los Acuerdos de San Andrés, liberar a todos los zapatistas presos, derruir el Costco-CM del Casino de la Selva, esclarecer los crímenes de las asesinadas de Juárez, sacar a la Minera San Xavier del Cerro de San Pedro, liberar a los presos de la APPO y llevar a Ulises Ruiz a juicio político.
Javier Sicilia.
Hoy martes 29 de junio se realizó una concentración en la Plaça de Sant Jaume de Barcelona por la libertad de los presos de Atenco convocada por Mexicanxs en Resistencia y el Grupo de Apoyo a la Zona Costa de Chiapas. Esta concentración se suma a la jornada mundial convocada por el Comité Libertad y Justicia para Atenco y el FPDT (Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra).
Desde mayo de 2006 hasta hoy siguen presas 12 personas, juzgadas y condenadas injustamente por graves delitos. El día de mañana, la SCJN (Suprema Corte de Justicia de la Nación de México), debe resolver sobre el amparo presentado por los propios presos, última posibilidad legal para su puesta en libertad. Con estas acciones exigimos a la SCJN para que así lo haga. A la vez nos solidarizamos con las demandas de libertad y justicia para Atenco.
De la misma manera se denunció la represión que sufren las comunidades indígenas y los movimientos sociales en otros lugares de la República, como es el caso de Oaxaca, Chiapas, Guerrero…..
Seguiremos pendientes hasta que se consiga la libertad de los 12 presos de San Salvador Atenco así como del resto de presos políticos en México.


México, DF. América del Valle, integrante del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra (FPDT) de San Salvador Atenco y prófuga de la policía mexiquense desde hace cuatro años, solicitó esta mañana asilo político en la embajada de Venezuela. La representación diplomática confirmó lo anterior a La Jornada y explicó que “se están haciendo las consultas pertinentes” con el ministerio de Relaciones Exteriores en Caracas antes de tomar una decisión al respecto.
El embajador venezolano, Trino Alcides, se reunió con la madre de América, Trinidad Ramírez de del Valle y su abogado, Leonel Rivero, para conocer en detalle la situación legal de la perseguida.
Sobre América del Valle pesan varias órdenes de aprehensión solicitadas por la procuraduría de justicia del estado de México desde mayo de 2006, cuando el gobierno de Enrique Peña Nieto lanzó una ofensiva en contra del movimiento popular de Atenco.
A raíz de los operativos de las policías estatal y federal en Atenco, centenares de personas fueron detenidas violentamente, las mujeres arrestadas fueron vejadas sexualmente en el trayecto hacia el Cereso de Santiaguito y varios detenidos fueron torturados. América del Valle, que entonces tenía 22 años, no fue detenida pues se encontraba en el centro de la ciudad de México, asistiendo a un mitin de La Otra Campaña con la dirigencia del Ejército Zapatista de Liberación Nacional.
En los meses y años posteriores la mayoría de los detenidos fueron liberados. Sólo quedan en el penal de máxima seguridad del Altiplano el padre de América, Ignacio del Valle –sentenciado a 112 años-, Felipe Álvarez y Héctor Galindo, sentenciados a 67 años. Los tres fueron acusados, entre otros delitos, de “secuestro equiparado”, que juristas han calificado como una figura penal diseñada para castigar la disidencia y la protesta social.
Otros nueve detenidos en mayo de 2006 en Atenco purgan sentencias diversas en el penal estatal de Molino de Flores, en Texcoco.
Esta mañana cinco ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) sesionaron para resolver sobre una petición de amparo directo presentada el año pasado por la defensa jurídica de los 12 presos de Atenco. Si el fallo de la Corte –que se anunciará el próximo miércoles 30 de mayo- favoreciera a los detenidos, todos quedarían en libertad inmediata.
América del Valle sería la única que no alcanzaría el beneficio de este amparo. Tendría que entregarse a la justicia para someterse en prisión a un juicio.
Blanche Petrich
Publicado: 23/06/2010 15:35
http://www.jornada.unam.mx/ultimas/2010/06/23/solicita-america-del-valle-asilo-politico-a-venezuela