Posts Tagged 'Unidad para el Bienestar Social de la Región Triqui'

San Juan Copala y el Estado fallido.

Las circunstancias que se viven en dos extremos del país –Ciudad Juárez, Chihuahua, y San Juan Copala, Oaxaca– dejan claro lo que la propaganda mediática del centro quiere borrar: la evidencia de un Estado fallido. Aunque las circunstancias son distintas en los factos –Ciudad Juárez es rehén del narcotráfico; San Juan Copala, de paramilitares–, en sustancia son idénticas: ambos lugares son la muestra más clara de que vivimos en un país donde el Estado, que ha entrado en crisis, claudicó en su vocación fundamental – garantizar la seguridad y la libertad de los ciudadanos– para convertirse en garante de la impunidad del poder.

Pero si la situación de Ciudad Juárez es terrible, la de San Juan Copala es peor. Aquí no es el vacío del gobierno el que impera, sino el uso ilegal del Estado para destruir uno de los fundamentos del Estado moderno: la subsidiaridad, es decir, el respeto máximo al derecho a la autodeterminación o, mejor, a la libre determinación de todos y cada uno de los miembros de una estructura social a autogobernarse.

San Juan Copala es una comunidad triqui de alrededor de 750 habitantes. Su lengua es una variante del mixteco. En diciembre de 2007, apoyándose en una declaración de la ONU, como consecuencia del movimiento zapatista, se convirtió en municipio autónomo, es decir, dejó de formar parte del de Santiago Juxtlahuaca.

La respuesta por parte del gobierno a esta proclamación no fue, como debía esperarse, aceptarla y trabajar con ella bajo el principio de la subsidiaridad, sino formar grupos paramilitares a través de una organización llamada Unidad para el Bienestar Social de la Región Triqui (Ubisort), y poner a San Juan Copala en estado de sitio.

El 27 de abril de 2010 una caravana humanitaria, compuesta por 27 personas y seis vehículos se puso en marcha. Su intención era romper el cerco ilegal y llevar víveres y medicamentos a sus pobladores. Cerca de la población la caravana fue brutalmente atacada por los paramilitares. La mexicana Bety Cariño y el finlandés Jyri Jaakkola murieron; otros fueron heridos durante la huida, y varios más, retenidos y liberados días después. Desde entonces no sólo nadie ha podido entrar en San Juan Copala, sino que el estado de sitio se ha recrudecido. La Ubisort, de manera semejante a lo que sucedió en Sarajevo, ha apostado francotiradores en la parte alta del pueblo con la consigna de disparar a quien esté en la calle, y desde que los paramilitares se adueñaron del territorio hasta el momento en que escribo hay 500 desplazados, 30 asesinados y un número indeterminado de heridos.

Lejos de intervenir, el gobierno de Oaxaca, tanto bajo el mandato de Ulises Ruiz como del actual gobernador de la coalición, Gabino Cué, se escuda en el argumento de que “la región mixteca se ha vuelto peligrosa por las luchas intestinas del pueblo triqui”. El senador Carlos Jiménez Macías lo dijo a raíz del atentado que sufrió la caravana humanitaria donde Cariño y Jaakkola perdieron la vida: “Quienes organizan caravanas con extranjeros son los verdaderos asesinos (…) Si conduces gente hacia una emboscada, ¿eres o no responsable de lo que va a suceder? Los culpables son los que los llevaron allí” (La Jornada, 31 de mayo de 2010).

Calificar de “región peligrosa” a la mixteca y responsabilizar del atentado a testigos civiles que, frente a la inoperancia del Estado, llevan ayuda humanitaria a una población secuestrada, no es sólo el colmo del cinismo, sino el alarde de que el Estado hoy sólo sirve para administrar la impunidad, porque sabemos muy bien que bajo el poder del Estado se creó en San Juan Copala la Ubisort, se formó a los paramilitares y se les dotó de armas de uso exclusivo del Ejército y de sistemas de comunicación; asimismo, bajo el poder del Estado se declaró “zona de peligro” a la región mixteca y se ha evitado que las fuerzas de la legalidad entren en ese territorio y garanticen la vida y la libertad de los ciudadanos de Copala y de las caravanas humanitarias. Bajo ese mismo poder se ha dejado a Ciudad Juárez a merced de otras formas del paramilitarismo: las del crimen organizado.

El ciudadano del Estado moderno mexicano comienza a parecerse a ese “cliente generalizado” del que habla Giorgio Agamben en ¿Qué es un dispositivo?, ese cliente “que (bajo el espectro del miedo terminará ejecutando) celosamente todo lo que se le ordena hacer y no (se opondrá) a que sus gestos más cotidianos –su salud, sus diversiones, sus actividades, su alimentación y sus deseos– sean comandados y controlados hasta en sus detalles más íntimos por dispositivos”.

En una obra anterior, Homo sacer, a la que me referí en mi artículo El hombre desnudo y la guerra de Calderón (Proceso 1756), Agamben comparó a ese ciudadano con el “hombre sagrado” al que, según el derecho romano, la república no podía matar, pero cuyo asesino gozaría de la impunidad. De esa impunidad gozan hoy no sólo los soldados que, en su persecución de criminales, matan ciudadanos, sino también los que no son soldados, esos mercenarios a sueldo que sirven a innumerables poderes tanto en la región triqui como en Ciudad Juárez.

Hoy más que nunca urge repensar y refundar el Estado desde las vidas comunitarias de las regiones. Además opino que hay que respetar los Acuerdos de San Andrés, liberar a todos los zapatistas presos, derruir el Costco-CM del Casino de la Selva, esclarecer los crímenes de las asesinadas de Juárez, sacar a la Minera San Xavier del Cerro de San Pedro, liberar todos los presos de la APPO y hacerle juicio político a Ulises Ruiz.

Javier Sicilia.

http://data.proceso.com.mx

Amnistía Internacional:PADRES FINLANDESES BUSCAN JUSTICIA PARA SU HIJO ASESINADO POR DEFENDER DERECHOS HUMANOS EN MÉXICO.

En una conferencia celebrada hoy, 24 de agosto, Amnistía Internacional y la familia Jaakkola recordaron que defender los derechos humanos puede costar la vida en México. Asimismo, pidieron a las autoridades realizar investigaciones eficaces de los ataques contra defensores y defensoras así como asegurar la protección de quienes estén actualmente en peligro.

El padre y la madre del observador finlandés de derechos humanos Jyri Jaakkola, asesinado en Oaxaca el 27 de abril, llegaron a México hace tres días para exigir justicia. Junto con su hijo fue asesinada la defensora de derechos indígenas Bety Cariño mientras realizaban tareas humanitarias.

El asesinato de Jyri Jaakkola y Bety Cariño es sólo un ejemplo de los muchos ataques que han sufrido quienes defienden derechos humanos en México durante los últimos años. Amnistía Internacional ha denunciado numerosos casos de asesinato, amenaza de muerte, agresión y hostigamiento judicial. Los responsables, sean agentes del estado o no, rara vez rinden cuentas ante la justicia, lo cual crea una cultura de impunidad que resulta una amenaza grave para las y los defensores a la hora de realizar su trabajo. Quienes defienden a los grupos más marginalizados son a menudo quienes enfrentan los mayores riesgos.

“Estoy muy afligida de saber que lo que le pasó a mi hijo y a Bety también le ha pasado a muchos otros defensores de derechos humanos en México”, dijo Eve Jaakkola, madre de Jyri. “Mi hijo estaba interesado en luchar por la justicia, la paz y el respeto mutuo entre los seres humanos. Por eso llegó hasta Oaxaca para acompañar a los pueblos indígenas y aprender de ellos.”

El gobierno del Presidente Calderón Hinojosa se ha comprometido ante la ONU y en su propio Programa Nacional de Derechos Humanos a implementar un mecanismo de protección para todas y todos los defensores en riesgo. “A pesar de tantas promesas, aún no se ven los resultados” dijo Alberto Herrera Aragón, Director Ejecutivo de Amnistía Internacional México. “El gobierno federal debe implementar un mecanismo de protección para defensores en riesgo y un protocolo de investigación para evitar que los ataques queden en la impunidad.”

“Si las autoridades están comprometidas a acabar con la impunidad en los casos de ataques contra defensores de derechos humanos, deben demostrarlo garantizándoles verdad, justicia y reparación a los familiares de Jyri Jaakkola y Bety Cariño”, dijo Alberto Herrera

Alberto Herrera también recordó que el preso de conciencia y defensor de derechos humanos Raúl Hernández todavía sigue en prisión en el Estado de Guerrero por un delito fabricado. El juez de la causa resolverá su situación en los próximos días.

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Información de contexto

Hombres armados asesinaron a Jyri Antero Jaakkola y Alberta Cariño Trujillo, conocida como Bety, el 27 de abril de 2010 en el Estado de Oaxaca. Jyri  y Bety formaban parte de una caravana humanitaria que se proponía llevar alimentos a la comunidad indígena de San Juan Copala y documentar la situación de derechos humanos. Otras personas sobrevivieron el ataque con graves heridas.

Grupos armados se han disputado el control político de San Juan Copala desde hace años. Según informes recibidos por Amnistía Internacional, algunos de estos grupos tienen vínculos con autoridades estatales. La comunidad de San Juan Copala sigue sitiada por estos grupos sin que las autoridades garanticen sus derechos.

La investigación de los hechos ocurridos el 27 de abril está en manos de la Procuraduría General de la República. Hasta el momento nadie ha sido puesto a disposición de la justicia por estos crímenes.

Jyri Jaakkola, de 33 años, vivía en Finlandia, de donde era también originario. Llegó a México a principios de 2010 y se trasladó a Oaxaca para conocer sobre los pueblos indígenas locales y enseñar sobre el uso responsable de los recursos naturales y el cambio climático.

Bety Cariño era la coordinadora del Centro de Apoyo Comunitario Trabajando Unidos (CACTUS) en Huajuapan de León, Oaxaca. Trabajaba en comunidades indígenas dando talleres sobre derechos de las mujeres y promoviendo la creación de radios comunitarias. Había denunciado el asesinato de las locutoras de origen Triqui Felícitas Martínez y Teresa Bautista ocurrido en San Juan Copala en 2008.

Materiales complementarios

Petitorio online de Amnistía Internacional sobre la situación de los defensores de derechos humanos en México: http://alzatuvoz.org/defiendeles/

Fotos de Bety Cariño y Jyri Jaakkola: https://adam.amnesty.org/asset-bank/action/quickSearch?keywords=109588+OR+109589+OR+109590+OR+109591+OR+102755 (números 109588, 109589, 109590, 109591, 102755)

Documento de caso sobre la situación de la defensora Alba Cruz: http://www.amnesty.org/en/library/info/AMR41/052/2010/es

Documento de caso sobre la situación de la defensora Obtilia Eugenio Manuel: http://www.amnesty.org/en/library/info/AMR41/053/2010/es

Informe “Exigiendo justicia y dignidad. Defensores y defensoras de derechos humanos en México”, 21 de enero de 2010: http://www.amnesty.org/en/library/info/AMR41/032/2009/es

Más información: Arturo Ávila, Encargado de prensa de Amnistía Internacional México. Móvil: 55 51 80 99 18, email: comunica@amnistia.org.mx.

http://www.amnesty.org

Complicidad de instituciones del estado y federales ante la impunidad en San Juan Copala. CCIODH.

Boletín de prensa de la Comisión Civil Internacional de Observación por los Derechos Humanos (CCIODH)

Complicidad de instituciones del estado y federales ante la impunidad en San Juan Copala (Oaxaca)

“La Comisión considera que los hechos ocurridos en Oaxaca son un eslabón de una estrategia jurídica, policiaca y militar, con componentes psicosociales y comunitarios cuyo objetivo último es lograr el control y amedrentamiento de la población civil en zonas donde se desarrollan procesos de organización ciudadana o movimientos de carácter social no partidista” (Informe de la CCIODH, 2007)

Esta fue la primera de las conclusiones que emitimos tras nuestra visita a Oaxaca a finales de enero de 2007. Consideramos que el cerco armado con el que desde finales de 2009 se somete al municipio de San Juan Copala en el estado de Oaxaca reitera con crudeza la necesidad de insistir sobre el diagnóstico que la CCIODH realizó en aquel momento frente al conjunto de conflictos que afectan a dicha región mexicana.

Hay que recordar que pese a la vulneración múltiple de derechos individuales y colectivos que el cerco armado implica, cuya gravedad se intensifica cada día que pasa, y pese a la clara identidad de los responsables de tales violaciones (UBISORT-Unión de Bienestar Social de la Región Triqui, organización vinculada al PRI), no ha habido ninguna intervención para levantarlo por parte del estado.

A esta situación ya de por sí inaceptable, se le suman los últimos sucesos acaecidos ya denunciados en el anterior boletín de la CCIODH:

Por un lado, el ataque a la primera caravana humanitaria de solidaridad y observación realizada el pasado 27 de abril en la que resultaron asesinados la activista y defensora de Derechos Humanos Beatriz Cariño y el observador internacional Jyri Jaakkola. Todos los indicios, así como las amenazas públicas de Rufino Juárez Hernández (dirigente de UBISORT) contra la caravana, apuntan a que los responsables de la acción armada y de los asesinatos son miembros del grupo paramilitar UBISORT.

Por otro lado, los asesinatos del lider triqui y promotor de la autonomía Timoteo Alejandro Ramírez y su esposa Tleriberta Castro Aguilar acaecidos el pasado 20 de mayo.

Los nuevos acontecimientos, no hacen más que agravar la situación de sitio en la que se encuentra el Municipio:

El pasado 8 de junio, una nueva caravana solidaria partió hacia San Juan Copala con la intención de romper el cerco impuesto por UBISORT, así como para llevar ayuda humanitaria a los habitantes del municipio autónomo. De nuevo, fue notificada públicamente así como de forma particular a las autoridades responsables para que garantizaran: el derecho a la libre circulación, la seguridad de las más de 350 personas que participaban y la llegada de 30 toneladas de suministros a los habitantes de la comunidad.

La caravana salió acompañada de una considerable presencia policial dado el contexto de amenazas existente. Ni aun así pudo llegar a su destino. La policía no quiso actuar ni posibilitar el paso de la caravana. Dicho contingente policial no rechazó, y con ello habilitó, las amenazas y las acciones de bloqueo realizadas por miembros de UBISORT. Finalmente, la fuerza pública, pese a la evidencia de la actuación delictiva que estaban presenciando, se retiró y recomendó la finalización de la caravana por razones de seguridad.

La condición que impuso UBISORT para dejar pasar la caravana fue que sus miembros formaran parte de la misma y entraran en San Juan Copala. Resulta evidente que se trataba de una condición imposible por inaceptable, que solo pretendía servir de soporte a la decisión de las autoridades de no hacer nada para asegurar que la caravana podía acceder al municipio cercado.

Ante estos últimos acontecimientos, la CCIODH concluimos que:

Las autoridades, nuevamente, no dan cumplimiento a su obligación constitucional de dar protección y seguridad a una iniciativa de la sociedad civil pacífica y humanitaria para hacer llegar los suministros y romper el cerco al que está sometido de forma violenta y armada el municipio autónomo en defensa de su derecho reconocido a organizarse.

La complicidad de instituciones del estado y federales en estos hechos tan graves, apoya y confirma la impunidad de los agresores y conforma el patrón de control y amedrentamiento en contra del municpio autónomo de San Juan Copala por parte de organismos del estado cuya obligación es la contraria: hacer respetar derechos fundamentales reconocidos por la constitución mexicana y las normas internacionales.

A más de un mes de los asesinatos ocurridos el 27 de abril y de las declaraciones efectuadas por el Presidente de México en la cumbre de Madrid ante la presidenta de Finlandia en las que manifestó la máxima celeriadad en la investigación, detención y debido proceso de los responsables directos de estos hechos delictivos, no se ha producido ninguna actuación que permita confiar en que así ocurra ni por parte de las autoridades de Oaxaca ni por parte de las autoridades federales.

En este sentido se ratifica un patrón de actuación ya denunciado en el informe de la CCIODH de 2007: “6- Los poderes públicos no han garantizado el pleno ejercicio de la libertad de expresión, pensamiento, asociación, reunión, participación política, libre circulación y manifestación. Se ha impedido mediante el uso de la fuerza física y la coacción el ejercicio de estos derechos fundamentales”.

Lo que acontece hoy en San Juan Copala, tiene un denominador común que la CCIODH ha denunciado en Chiapas, Atenco, Oaxaca: en todos ellos se combaten los procesos de autonomía legítimos y pacíficos mediante la represión directa o mediante la actuación de grupos paramilitares protegidos y amparados por las autoridades. Esta situación explosiva anuncia un aumento de la violencia que impide, al no tratar las causas de los conflictos, llegar a acuerdos que permitan una solución justa y dialogada

Las autoridades de San Juan Copala han llamado a insituciones internacionales para que aseguren la llegada de los suministros a las comunidad y con ello se rompa el cerco al que están sometidos. Es responsabilidad de estas instituciones coadyugar activamente para que sea posible. En otras palabras: será responsabilidad de las instituciones los efectos que puedan derivarse de la continuidad del cerco armado.
La indefensión e impunidad generalizadas por la falta de respuesta institucional, fuerza a la sociedad civil nacional e internacional la que tendrá que interpelar y movilizarse para que los derechos individuales y colectivos del pueblo de San Juan Copala sean respetados.

Barcelona, a 15 de junio de 2010.

Comisión Civil Internacional de Observación por los Derechos Humanos
C/ de la Cera, 1 bis. 08001 Barcelona
tel: 935113966, fax: 933290858
cciodh@pangea.org
http://cciodh.pangea.org

COMUNICADO DEL MUNICIPIO AUTÓNOMO DE SAN JUAN COPALA, OAXACA. 28 de Mayo, 2010.

No compartimos la política a través de partidos, y a partir de esta fecha únicamente diremos nuestra palabra a través de comunicados

A LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN HONESTOS

A LOS PUEBLOS DE MÉXICO Y EL MUNDO

A LAS ORGANIZACIONES SOCIALES

A LA OTRA CAMPAÑA

A un mes del brutal crimen de Alberta Cariño Trujillo y Jyri Antero Jaakkola, y después de que fueran privadas ilegalmente de su libertad un grupo de mujeres y niños, grupos defensores  y observadores de derechos humanos han escuchado nuestra palabra de solicitud de auxilio y han decidido llevar una esperanza de alimentación, paz y justicia a San Juan Copala.

El silencio cruel del gobierno del Estado sólo deja al descubierto a quien se sabe corresponsable de este cobarde suceso; es esta permanente impunidad, el motivo principal que impulsa a quienes el día 20 de mayo empujan la mano de quien ejecuta la orden del poderoso para seguir enlutando la vida de nuestras comunidades al asesinar a nuestro compañero Timoteo Alejandro Ramírez y a su esposa Tleriberta Castro Aguilar.

Fue Timoteo sin duda quien con su palabra y ejemplo despertó la conciencia de muchos triquis que en el 2006 decidieron dejar las organizaciones en las que militaban y recuperar su capacidad de dirigir sus destinos propios y los de sus comunidades. Es así como nace el movimiento de unificación y lucha triqui independiente. Misma organización que el 20 de enero del 2007 plasma su primer logro de unidad en la creación del municipio autónomo de San Juan Copala. Todo este proceso no se entendería sin la atinada dirección de Timoteo, quien tuvo siempre como máxima cualidad el amor por su pueblo.

Nuevamente nos dirigimos a ustedes compañeros de las organizaciones no gubernamentales, organizaciones de derechos humanos, adherentes a la otra campaña y a todas las gentes que tengan buen corazón para solicitarles que exijan y vigilen, junto con nosotros, estos crímenes y todas las injusticias que el poderoso manda para que nuestro pueblo sea castigado. Es necesario decir que en estos tres años el acoso paramilitar a nuestro pueblo no ha cesado; todos los días están tratando de acabar con la resistencia de tal forma que abandonemos nuestro municipio, que es por supuesto para ellos, un símbolo de dignidad y resistencia que no soportan.

Por lo que para nosotros es ciertamente una hermosa esperanza de vida la CARAVANA “Bety Cariño y Jiri Antero” que arribará a nuestro pueblo el día 8 de junio. Pero al mismo tiempo es necesario aclarar que agradecemos de todo corazón a todos los que se han solidarizado con nuestra causa, no olviden que nuestro proyecto tiene como objetivo final la autonomía, que estamos seguros traerá la justicia, la paz y el desarrollo a nuestro territorio. Por lo tanto es importante que todos entiendan que no compartimos la política a través de partidos, pues sabemos por experiencia que son éstos una de las herramientas del poderoso para dividir y confrontar a nuestros pueblos. Por eso en su nombre llevan el título de lo que adolecen; “partidos”, divididos. En cambio en nuestro pueblo somos enteros porque manda y decide la asamblea. Esperamos que sean respetuosos del proyecto que estamos defendiendo incluso con la vida y que nadie quiera abanderar nuestra causa para obtener ganancias económicas o políticas para su grupo.

Es por eso que les pedimos, a todas las personas y organizaciones Internacionales, del Norte y centro del País que nos quieran acompañar, que pasen a registrarse y a pedir información al plantón que mantenemos en el zócalo del Distrito Federal, y a las personas y organizaciones Oaxaqueñas y del sur de la República que se registren y pidan información de Lunes a Viernes de 10 am a 2 pm al Tel. 5141634. Los asistentes deben acudir en actitud de respeto y solidaridad, sin actitudes de protagonismo ni provocación; nosotros mismos iremos coordinando y dirigiendo la caravana.

Por último, a los medios de comunicación les informamos que, a partir de esta fecha, únicamente diremos nuestra palabra a través de comunicados, pues consideramos que al no hablar el idioma español de manera clara y precisa, algunos periodistas han mal interpretado nuestra palabra escribiendo en sus diarios cosas que no quisimos decir. Esto ha provocado una seria llamada de atención de nuestra asamblea comunitaria; misma que tomó este acuerdo y nos dio el mandato. Así les haremos llegar nuestra palabra y agradecemos sinceramente a quienes tengan a bien publicarla.

28 DE MAYO DEL 2010.

RESPETUOSAMENTE

POR EL MUNICIPIO AUTÓNOMO DE SAN JUAN COPALA

MAXIMINO DE JESÚS LÓPEZ

ADALBERTO HERNÁNDEZ ÁLVAREZ

CASIMIRO MARTÍNEZ AGUILAR


URGENTE: Asesinan a líder triqui del municipio autónomo San Juan Copala, Oaxaca20.05.2010

Timoteo Alejandro Ramírez, líder triqui de la comunidad de Yosoyuxi y uno de los principales impulsores del municipio autónomo de San Juan Copala, Oaxaca, fue asesinado en su casa este jueves 20 de mayo de 2010.

De acuerdo con Miguel López, campesino de Yosoyuxi y simpatizante de la lucha por la autonomía de la “nación triqui”, los asesinos serían del Movimiento de Unificación y Lucha Triqui (MULT).

A la comunidad de Yosoyuxi, la tarde del jueves llegó un camión de carga procedente de la cabecera municipal de Putla. Ofreció a los lugareños la venta de comestibles y bebidas. Cuando descargaban la mercancía en casa de Timoteo Alejandro, los falsos vendedores dispararon contra el líder triqui y su esposa Cleriberta Castro.

Nadie se percató en el momento. Los asesinos entraron como salieron. Minutos después, un vecino de la familia Alejandro Castro encontraría los cuerpos cuando intentaba comprar en la tienda de Timoteo. Según los habitantes de Yosoyuxi, los sicarios eran mestizos. Presumen que fueron contratados por el MULT.

De 45 años, Timoteo Alejandro era el principal líder del Movimiento de Unificación y Lucha Triqui-Independiente (MULTI), la organización que se adhirió a la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca en 2006 y convocó, a finales de ese año, a la instauración de un Municipio Autónomo triqui con cabecera en San Juan Copala, el principal centro político y ceremonial de ese pueblo indígena.

La convocatoria cautivó a triquis de decenas de comunidades, que comenzaron a abandonar a las dos organizaciones históricas de la región: el MULT y la Unidad para el Bienestar Social de la Región Triqui (Ubisort), esta última afiliada al Partido Revolucionario Institucional (PRI). El Municipio Autónomo fue declarado en enero de 2007; pero los liderazgos históricos desplazados amenazaron a las nuevas autoridades autónomas, elegidas mediante usos y costumbres de la cultura triqui.

A mediados de 2006, cuando las comunidades que formarían el MULTI ya se habían separado del MULT, una emboscada acabó con la vida del primogénito de Timoteo, también de nombre Timoteo Alejandro. El joven contaba con 19 años de edad. Los indígenas de Yosoyuxi acusaron al MULT.

Las emboscadas contra los impulsores del Municipio Autónomo continuaron hasta que el 28 de noviembre pasado, grupos paramilitares de la Ubisort y, aseguran simpatizantes del municipio autónomo, también del MULT, impusieron un cerco y un toque de queda permanente a San Juan Copala

Desde hace seis meses, los grupos armados cortaron los cables de energía eléctrica y teléfono y rompieron los ductos del agua potable. Nadie puede caminar las calles de Copala porque los paramilitares, apostados en las colinas circundantes, en el barrio de La Sabana y en los cuarteles que el Ejército y la policía abandonaron, disparan contra toda aquella persona que intente salir de sus casas. Sólo algunas mujeres pueden caminar unas horas al día en ese pueblo triqui. La presidencia municipal, la iglesia, las escuelas y las casas habitación son baleadas día y noche por los grupos armados.

San Juan Copala y Yosoyuxi, las principales comunidades impulsoras del Municipio Autónomo, se encuentran en medio de las comunidades pertenecientes a las organizaciones que le son antagónicas: la Ubisort y el MULT. El camión con lo atacantes provenía de la zona controlada por esta última organización, aseguran los habitantes de Yosoyuxi.

http://contralinea.info/archivo-revista/index.php/2010/05/20/grupo-paramilitar-mata-a-timoteo-alejandro-ramirez/


@twewwter

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