Transgénicos, autorizados por exempleadas de agrotrasnacionales

Exempleadas de las trasnacionales autorizadas para la siembra experimental de organismos genéticamente modificados asumen cargos públicos y favorecen a sus antiguos patrones en el otorgamiento de permisos. Mientras, autoridades judiciales niegan amparos a organizaciones campesinas y ambientalistas que reclaman la inconstitucionalidad del reglamento que avala la entrada de semillas de maíz transgénico al país

Con un sueldo superior a los 75 mil pesos mensuales, Sandra Patricia Piña Salinas, excoordinadora técnica de Agrobio México –asociación que reúne a las trasnacionales que sembrarán maíz transgénico en el país?, se encuentra al frente de la Dirección de Políticas y Normatividad de la Comisión Intersecretarial de Bioseguridad de los Organismos Genéticamente Modificados (Cibiogem), organismo público dependiente del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt).

Otro caso es el de la exempleada de PHI México, Silvia Elena Rojas Villegas, ahora directora de Bioseguridad para organismos genéticamente modificados de la Dirección General de Inocuidad Agroalimentaria, Acuícola y Pesquera, del Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (Senasica).

Rojas Villegas, quien percibe una remuneración mayor a los 45 mil pesos mensuales, erogados del presupuesto del Senasica, ha estado vinculada en la aprobación de 24 permisos de siembra experimental de Organismos Genéticamente Modificados (OGM) de sus otrora empleadores.

De acuerdo con el Portal de Obligaciones de Transparencia (POT) de la Administración Pública Federal, Piña Salinas desarrolla funciones de directora técnica en la dependencia encargada de “formular y coordinar las políticas nacionales de bioseguridad de OGM”.

Bajo la clave MC23E, la excoordinadora técnica de Agrobio –que agrupa a las multinacionales Monsanto, Pioneer, Bayer y Dow Agroscience– obtiene del erario 78 mil 805.40 pesos cada mes.

En tanto, el portal de transparencia de la Cibiogem muestra que a partir del 9 de febrero de 2009, Silvia Elena Rojas Villegas percibe 47 mil 973 pesos al mes.

Apenas iniciaba la autorización de la experimentación de transgénicos en el norte del país, cuando la organización ambientalista Greenpeace México denunciaba públicamente la “infiltración” de estas dos excolaboradoras de la agroindustria.

Aprobaciones parciales

De acuerdo con el Estatus de solicitudes de maíz 2009, elaborado por la Dirección de Bioseguridad para Organismos Genéticamente Modificados (que preside Silvia Elena Rojas Villegas), han sido aprobadas 24 solicitudes de siembra experimental de transgénicos del principal alimento de los mexicanos.

El documento indica que hasta el 13 de noviembre pasado, el 50 por ciento de las autorizaciones favorece a la sociedad de las empresas Dow Agrosciences y PHI México, mientras que el resto ha sido concedido a la trasnacional de origen estadunidense Monsanto.

Será a partir de los ciclos agrícolas venideros que Dow Agrosciences y PHI México podrán introducir su patente DAS-01507-1, así como la de su aparente competidor MON-00603-06, a terrenos federales y particulares en el Valle del Yaqui, Sonora; Cuahutémoc y Delicias Jiménez, Chihuahua; Río Bravo y Díaz Ordaz, Tamaulipas; y Los Mochis, Culiacán, Angostura y Navolato, en Sonora.

Todavía, el 6 de septiembre de 2005, Piña Salinas se presentaba ante científicos y estudiosos de los OGM como coordinadora Técnica de Agrobio México. La ahora funcionaria impartió la conferencia Regulación en México en Materia de Bioseguridad, ante los miembros de la Unidad Académica Multidisciplinaría Agronomía y Ciencias de la Universidad de Tamaulipas y la Fundación Produce Tamaulipas.

En su exposición, muestra un boletín informativo de la Fundación (organización de productores tamaulipecos), Piña Salinas daba a conocer los “beneficios de la aplicación de la biotecnología en la agricultura con bases científicas y sólidas”.

En tanto, la semblanza curricular de Silvia Elena Rojas Villegas indica que, luego de su paso por el Tribunal Superior Agrario, a la actual funcionaria se le presentó “la oportunidad de prestar sus servicios en el negocio de PHI México, perteneciente a la plataforma de agricultura y nutrición del Corporativo Dupont, particularmente en el grupo de regulación y relación industrial de México y norte de Latinoamérica para la Biotecnología Moderna.

“Su objetivo principal en la iniciativa privada fue el de atender las actividades relacionadas a la regulación en México y norte de Latinoamérica tales como leyes, reglamentos, normas oficiales mexicanas y proyectos legislativos nacionales e internacionales de OGM en siembra, consumo animal, consumo humano, y en sus respectivas actividades de importación y de reexportación bajo el enfoque de la política biotecnológica internacional y regulación científica”, informa la Fundación Produce Guanajuato.

Las leyes incumplidas

La Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos determina que es obligación de los funcionarios “excusarse de intervenir” en los asuntos que puedan beneficiar, entre otros, a aquellos con los que se hayan tenido relaciones profesionales o negocios.

La disposición oficial, a la que están obligadas Sandra Patricia Piña Salinas y Silvia Elena Rojas Villegas, en su capítulo 8, fracción XI dicta que deben “excusarse de intervenir, por motivo de su encargo, en cualquier forma en la atención, tramitación o resolución de asuntos en los que tenga interés personal, familiar o de negocios, incluyendo aquéllos de los que pueda resultar algún beneficio para él, su cónyuge o parientes consanguíneos o por afinidad hasta el cuarto grado, o parientes civiles, o para terceros con los que tenga relaciones profesionales, laborales o de negocios, o para socios o sociedades de las que el servidor público o las personas antes referidas formen o hayan formado parte.

“El servidor público deberá informar por escrito al jefe inmediato sobre la atención, trámite o resolución de los asuntos a que hace referencia el párrafo anterior y que sean de su conocimiento, y observar sus instrucciones por escrito sobre su atención, tramitación y resolución, cuando el servidor público no pueda abstenerse de intervenir en ellos”.

Aleira Lara, coordinadora de la Campaña Agricultura Sustentable y Transgénicos de Greenpeace México, recalca que las ahora funcionarias también “incumplen” con el artículo 7 de la misma ley, que indica: “Será responsabilidad de los sujetos de la ley ajustarse, en el desempeño de sus empleos, cargos o comisiones, a las obligaciones previstas en ésta, a fin de salvaguardar los principios de legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia que rigen en el servicio público”.

Es “alarmante” que gente de la agroindustria esté trabajando en puestos clave como servidores públicos, en la elaboración de políticas y otorgamiento de permisos para la siembra de transgénicos. La colocación de estas dos personas es una “estrategia” de las empresas para favorecer sus intereses, dice en entrevista Aleira Lara.

Organizaciones desamparadas

Contrario al posible conflicto de intereses en la autorización de los permisos para la siembra experimental de los transgénicos, organizaciones campesinas y ambientalistas son rechazadas jurídicamente ante una solicitud de amparo interpuesta en tribunales. Esta última, solicita declarar como “inconstitucional” el Reglamento de la Ley de Bioseguridad de Organismos Genéticamente Modificados, que abre el paso a la siembra experimental de maíz transgénico.

De acuerdo con el amparo indirecto promovido ante el juez de Distrito en Materia Administrativa del Primer Circuito, por Catherine Marielle Meyer, apoderada legal de la asociación civil Grupo de Estudios Ambientales (GEA), el reglamento impugnado “no establece la obligación a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) de valorar y comprobar la información que haya sido proporcionada por el promovente (agroindustria), junto con la solicitud de permiso para liberación experimental, en programa piloto o comercial de OGM, lo cual constituye una omisión que hace inconstitucional el reglamento…”

La especialista en problemas ambientales explica que la Ley de Bioseguridad de Organismos Genéticamente Modificados tiene como finalidades, entre otras, establecer criterios para la evaluación de posibles riesgos que puedan ocasionar las actividades con OGM, a fin de garantizar el nivel adecuado y eficiente de protección de la salud humana, del medio ambiente y la sanidad animal, vegetal y acuícola.

“En efecto, si la Semarnat únicamente valora la información proporcionada por el propio interesado (ya sea Monsanto, PHI, Pioneer o Dow Agroscience), no hace efectivos los principios en materia de bioseguridad”, acentúa Marielle Meyer.

Bajo el mismo precepto legal, Isabel Cruz Hernández, directora general de la Asociación Mexicana de Uniones de Crédito del Sector Social, presentó el 26 de mayo de 2008 la solicitud de amparo correspondiente ante el mismo juez de distrito que lo hizo GEA.

Cruz Hernández agrega en su alegato que la ley de bioseguridad de OGM “viola en nuestro perjuicio las garantías de legalidad de un medio ambiente adecuado para nuestro desarrollo y bienestar”.

Ambas solicitudes fueron resueltas el 31 de diciembre de 2008 por la juez décimo de Distrito en Materia Administrativa en el Distrito Federal, Mónica Soto Bueno, quien determinó que los juicios se sobreseían porque no se acreditó el interés jurídico, ya que los “agravios” manifestados por los quejosos deben ser “directos”.

Es decir, explica en entrevista, deberemos esperar a que la siembra de maíz transgénico tenga efectos en nuestra salud, el medio ambiente o en nuestras semillas nativas, situación “absurda” avalada por el aparato de justicia mexicano.

Exempleada de trasnacionales en Conacyt

Concepto Descripción
Nombre(s) Sandra Patricia
Primer apellido Piña
Segundo apellido Salinas
Cargo del servidor público Dirección técnica
Tipo de personal Otros
Clave del puesto MC23E
Puesto Director de área
Sector presupuestal Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología
Siglas Conacyt
Remuneración mensual
Sueldo base/ salario ordinario 18,480 pesos
Compensación/Compensación garantizada 60,325.30 pesos
Monto total de percepciones brutas 78,805.40 pesos
Monto total de percepciones netas 56,549.70 pesos
Seguros
Institucional 1.39 por ciento de sueldo base más compensación garantizada mensual
Vacaciones Dos periodos de 10 días anuales
Prestaciones de seguridad social
ISSSTE / IMSS Aplica 9.050 por ciento de sueldo base cotizable
Fovissste / Infonavit Fovissste aplica el 5 por ciento de sueldo base cotizable
SAR Aplica el 2 por ciento de sueldo base
Seguro de cesantía en edad avanzada y vejez 3.175 por ciento
Seguro de invalidez y vida 0.625 por ciento
Seguro de riesgos de trabajo 0.75 por ciento
Seguro de salud trabajo activos 7.37 por ciento
Seguro de salud pensionados 0.72 por ciento
Seguro de servicio sociales y culturales 0.5 por ciento
Última fecha de actualización 30/10/2009

Fuente: Portal de Obligaciones de Transparencia de la Administración Pública Federal

Exempleada de trasnacionales en Senasica

Concepto Descripción
Nombre(s) Silvia Elena
Primer apellido Rojas
Segundo apellido Villegas
Cargo del servidor público Director de Bioseguridad para Organismos Genéticamente Modificados
Tipo de personal Confianza
Clave del puesto Cfma001
Puesto Director de área
Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria
Sector presupuestal Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación
Siglas Senasica
Remuneración mensual
Sueldo base/ salario ordinario 8,157.13 pesos
Compensación/compensación

Garantizada

39,816.56 pesos
Monto total de percepciones brutas 47,973.69 pesos
Monto total de percepciones netas 37,902.17 pesos
Seguros
Institucional 40 meses de percepción ordinaria bruta mensual
Colectivo de retiro Suma asegurada de 12 mil 500 pesos hasta 25 mil pesos, que tengan cuando menos 55 años de edad y 15 o más años de servicio
Gastos médicos Suma asegurada básica de 185 salarios mínimos generales mensuales vigentes en el Distrito Federal
Separación individualizado 2 por ciento, 4 por ciento, 5 por ciento o 10 por ciento de la percepción ordinaria según corresponda
Prima vacacional 50 por ciento de 10 días de sueldo base por cada uno de los dos periodos vacacionales a que tiene derecho
Gratificación de fin de año 40 días de salario base
Pagos de defunción Cuando menos tener una antigüedad en el servicio de seis meses, recibirá hasta el importe de cuatro meses de las percepciones ordinarias
Ayuda para despensa 77 pesos mensuales
Vacaciones Dos periodos de 10 días hábiles, durante el ejercicio
Prestaciones de seguridad social
ISSSTE / IMSS 9.97 por ciento del sueldo base de cotización
Fovissste / Infonavit Fovissste 5 por ciento sueldo básico
SAR 2 por ciento del sueldo básico
Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez
ISSSTE 3.175 por ciento de sueldo base de cotización
Última fecha de actualización 06/Febrero/2009

Fuente: Portal de Obligaciones de Transparencia de la Administración Pública Federal

Autor: Érika Ramírez

http://contralinea.info/archivo-revista/index.php/2010/01/10/transgenicos-autorizados-por-exempleadas-de-agrotrasnacionales/

Documental:

“El mundo según Monsanto”

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