La tragedia de ser mapuche.

Chile aplica la Ley Antiterrorista –creada en la dictadura de Pinochet– para reprimir a los mapuches. Un centenar de miembros de esa etnia están en la cárcel debido a juicios amañados y 31 de ellos mantienen huelgas de hambre en protesta por los abusos cometidos contra sus comunidades. La ONU y organismos de derechos humanos acusan al Estado chileno de criminalizar la protesta social. El señalamiento tiene asideros: las tierras que los mapuches defienden son codiciadas por empresas forestales y mineras.

VALPARAÍSO, CHILE.- La huelga de hambre que desde el pasado 12 de julio mantienen 31 presos políticos de la etnia mapuche vuelve a llamar la atención sobre los atropellos a los derechos humanos de ese pueblo originario de Chile.

En una carta dirigida al juez de garantía de la comunidad de Cañete, John Landeros, uno de los ayunantes, Marcos Millanao Mariñan, sostiene que su protesta busca que a los mapuches se les deje de aplicar la Ley Antiterrorista, que la justicia militar no se ejerza en causas civiles y que se ponga fin a la militarización de las comunidades.

Millanao y otros 13 mapuches en huelga de hambre están en la cárcel de Temuco. Otros cinco mantienen el ayuno en una prisión de Concepción. Los otros ayunantes están en cárceles de Lebu, Valdivia y Angol.

En solidaridad con los huelguistas, el 19 de julio organizaciones mapuches representadas por Víctor Ancalaf y Antonio Cadín acusaron al Estado de Chile ante el Comité de Derechos Humanos de la ONU. “Hemos denunciado los atropellos que ha habido contra comuneros mapuches, los presos políticos mapuches, la violencia policial en contra de las comunidades y los niños mapuches”, indicó Cadín a Radio Bío-Bío.

A finales de 2007 una huelga de hambre de cinco mapuches juzgados por la Ley Antiterrorista concitó el repudio internacional contra Chile, lo que posibilitó la liberación parcial de los ayunantes aunque no hizo cambiar la aplicación de la justicia en el país andino.

La protesta actual está desencadenando un proceso similar. El 19 de julio el director del Observatorio Ciudadano, José Aylwin, afirmó en entrevista con Radio Cooperativa que “la Ley Antiterrorista contempla tipos penales muy abiertos que se aplican a hechos muy diversos, que si bien pueden ser constitutivos de delitos pueden ser juzgados por la legislación ordinaria. Por ello los presos en huelga de hambre se autodenominan presos políticos. Y tienen fundamento para hacerlo, porque la opción del Estado de aplicar la Ley Antiterrorista es una opción política”.

El relator especial para Pueblos Indígenas de la ONU, James Anaya, en su Informe de recomendaciones a Chile, del 15 de septiembre de 2009, sostuvo: “No deberán aplicarse acusaciones de delitos tomados de otros contextos (‘amenaza terrorista’, ‘asociación delictuosa’) a hechos relacionados con la lucha social por la tierra y los legítimos reclamos indígenas”. Un planteamiento similar fue hecho por el Comité de Derechos Humanos de la ONU (2007) y el Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial (2009).

La Ley Antiterrorista permite mantener hasta dos años en prisión preventiva a los acusados, niega a los defensores el acceso al sumario y permite “testigos sin rostro”. Lo más grave es que triplica automáticamente la duración de las penas. Desde el retorno a la democracia en Chile, en 1990, esa ley –creada en 1984 por Augusto Pinochet– se ha aplicado casi exclusivamente contra los mapuches.

Abusos documentados

El pasado 23 de junio, la Comisión Ética Contra la Tortura en Chile (CECT) entregó a la Presidencia de ese país el Informe de Derechos Humanos 2010, que contiene relatos de casos de atropellos contra los mapuches. Allí se asegura que hasta el 6 de junio de este año había 107 de ellos en calidad de presos políticos o procesados por la justicia, 57 por la Ley Antiterrorista.

El Informe de la CECT afirma que fiscales del Ministerio Público ofrecen rebajas en las penas con la finalidad de que mapuches culpen a otros mapuches. Previamente “los presos han sido presionados sicológicamente y/o sometidos a tortura por funcionarios de la policía”.

Es el caso de Sergio Reyes Matus, acusado de cometer dos asaltos a mano armada. En enero éste denunció –en carta enviada a Radio Bío-Bío– que el fiscal Servando Pérez le ofreció beneficios procesales a cambio de que inculpara a los otros imputados por estos delitos: Elena Varela y Kenny Sánchez. Reyes se negó. Finalmente, en el juicio oral, en abril pasado, los tres fueron absueltos por falta de méritos. Sin embargo, estuvieron presos casi dos años.

Al ser detenida, Varela realizaba el documental Newen Mapu, sobre el conflicto mapuche. Sus archivos le fueron requisados y gran parte de ellos no le han sido devueltos. Reyes Matus pasó su encierro en la cárcel de máxima seguridad de Santiago, donde 18 meses estuvo en régimen de 22 horas diarias de confinamiento solitario.

Los niños mapuches han sido víctimas principales de la violencia policial contra sus comunidades. Según el informe de la CECT, hay 21 casos de detenciones de menores de edad y cientos de otros casos de golpes, humillaciones y atropellos que los agravian.

El 5 de octubre de 2009, un mapuche de 14 años, dice el informe, “recolectaba hierbas junto a la machi (curandera) de su comunidad. En ese momento ambos se encuentran con un grupo de carabineros que perseguía a comuneros (…) Al ver al menor, efectivos del Grupo de Operaciones Especiales de Carabineros le disparan balines, recibiendo impactos en una pierna, un codo y la espalda. Al intentar huir, el niño es perseguido en helicóptero en vuelo rasante por alrededor de tres kilómetros. Una vez reducido (…) lo obligaron a subir al helicóptero (…) Una vez en vuelo (…) Carabineros lo amenazó con lanzarlo al vacío si no entregaba nombres de las personas que participaban en la ocupación del predio Santa Lucía”.

Por estos hechos, el 22 de octubre de 2009 se presentó una querella criminal contra el Cuerpo de Carabineros. El Tribunal de Garantía se declaró incompetente y pasó el caso a la justicia militar, la que ha tramitado en la última década cinco procesos por asesinatos de mapuches cometidos por policías. En ninguno de ellos ha habido castigo para los responsables.

A pesar del clima de represión, los mapuches se movilizan. En las últimas semanas, comunidades de la Alianza Territorial Mapuche han ocupado decenas de fincas en el centro-sur de Chile. El 31 de julio unos 100 policías militares entraron disparando a la comunidad Wawanko, en la precordillera mapuche. Dos días antes el intendente (gobernador) de la Araucanía, Andrés Molina, declaró que las tomas de fincas podrían generar “víctimas fatales”. Los voceros de la Alianza Territorial Mapuche interpretaron esto como una amenaza de muerte.

El “megajuicio”

Junto a la huelga de hambre, otro caso pone de relieve el “conflicto mapuche”. Se trata del “megajuicio” contra los comuneros de Lleu Lleu –provincia de Arauco– a quienes se acusa de haber atentado el 15 de octubre de 2008 contra la vida del fiscal especial para causas mapuches Mario Elgueta. Esto ocurrió en las cercanías del lago Lleu Lleu, una de las zonas más convulsionadas por el conflicto mapuche. La acción finalizó con cinco policías y el propio fiscal con heridas leves provocadas por perdigones.

El fiscal del caso, Andrés Cruz, agrupó junto a este otros supuestos delitos ocurridos en el último lustro: “Robos con intimidación, incendios terroristas, asociaciones ilícitas terroristas y robo de madera a empresas forestales”. Acusó a 19 comuneros. Ha citado como testigos a 234 personas, entre ellos 36 “testigos sin rostro” y a más de 100 policías. La audiencia de formalización del juicio oral está fijada para este lunes 9.

El abogado Nelson Miranda, quien defiende a cinco de los 19 mapuches, relató a Proceso que éstos son doblemente juzgados: “La justicia militar, luego de hacer una reconstitución de escena –en noviembre pasado–, sobreseyó a seis comuneros por falta de méritos. Sin embargo, por los mismos hechos y con las mismas pruebas, el Ministerio Público mantuvo la acusación por delito terrorista y atentado al fiscal contra estos mismos mapuches, para quienes está solicitando 50 años de cárcel”.

En este juicio también ha habido presiones indebidas. Según informó el 12 de enero el periódico electrónico País Mapuche, el fiscal Cruz envió un asistente a la cárcel de Lebu a conversar con Eduardo Painemil Peña, detenido el 15 de agosto de 2009 e indiciado en esta causa. Se le ofreció “la excarcelación inmediata, dinero, casa, trabajo y cambio de identidad para que inculpe a dos de los comuneros acusados junto a él por la quema de un camión grúa y cabañas en el lago Lleu Lleu”.

Quería inculpar a Mauricio Millanao (uno de los actuales ayunantes) y a Juan Millanao Painemil. Los tres pertenecen a la comunidad Pascual Coña, que desde hace décadas lucha por la recuperación de tierras que en este momento están en manos de empresas forestales.

Painemil rechazó la oferta; entonces el fiscal acusó a los otros dos mapuches de “asociación ilícita terrorista” y de cinco incendios “terroristas” a fin de mantenerlos en prisión preventiva.

A pesar de la parcialidad con la que ha actuado el Ministerio Público contra los mapuches, varios jueces y cortes han intentado poner límites a los fiscales. El pasado 4 de febrero, la Corte Suprema acogió un recurso de amparo presentado por el abogado Miranda a favor de Daniel Lincopán, dirigente de la Comunidad Juan Lincopán, próxima al lago Lleu Lleu.

Éste fue arrestado el 8 de diciembre de 2009 en la Plaza de Cañete por personas vestidas de civil que no se identificaron ni exhibieron orden de detención. Fue llevado a las oficinas del Ministerio Público en Talcahuano donde lo interrogó el fiscal Cruz, quien había ordenado su arresto sin tener atribuciones para ello. Ese mismo día fue liberado.

Por la Resolución 4742 la Corte Suprema sostuvo que “la instrucción dada por el Ministerio Público y cumplida por Carabineros de Chile de ubicar, citar y trasladar al amparado (…) sin que mediara autorización dada por el juez de garantía competente, deviene en ilegal por haberse llevado a efecto con infracción a lo dispuesto en el artículo 9 del Código Procesal Penal”. Con base en esta resolución el 17 de mayo Lincopán presentó una querella contra el fiscal Cruz, que está en curso.

El 10 de octubre de 2009, la comunidad Juan Lincopán tomó el fundo Ranquilhue, cuya propiedad legal es de la empresa forestal Mininco –del grupo Matte– pero que los mapuches reclaman como suyo por derechos ancestrales.

El juicio por el atentado al fiscal Elgueta se considera uno de los más importantes que Chile ha impulsado contra los comuneros mapuches, no sólo por la gran cantidad de imputados y testigos, sino también por las altas penas solicitadas por el Ministerio Público: para el líder de la Coordinadora Arauco-Malleco (CAM), Héctor Llaitul, pidió 103 años de cárcel.

También se trata de un juicio que se da en medio de una fuerte resistencia a la instalación de grandes proyectos mineros en las cercanías del lago Lleu Lleu, sagrado para los mapuches y epicentro de su cultura.

La empresa Manto Rojo tiene una concesión de explotación –publicada en el Boletín Minero de Santiago en 2007– en 600 hectáreas de la ribera oriental del Lleu Lleu. De ahí pretende extraer vanadio, rutilo y escandio, minerales clave para el desarrollo de la industria aeroespacial.

Según un informe del Centro de Estudios Universitarios, al empresario Leonardo Farkas, presidente de Minera Santa Bárbara y Minera Santa Fe, se le han otorgado 70 mil hectáreas para la explotación de hierro en la cordillera de Nahuelbuta, al oriente del Lleu Lleu. Desde que en julio de 2005 se filtró la información de que existían proyectos mineros en Lleu Lleu, ha habido numerosas protestas mapuches que han incluido tomas de caminos y expulsión, a veces violenta, de autoridades.

En vísperas del megajuicio aparecieron reportajes en televisión y medios impresos en los que se asegura que la CAM y otras organizaciones mapuches tienen vínculos con las FARC.

El pasado 23 de junio el programa Contacto, de Canal 13, transmitió el reportaje Los detalles tras la lucha armada en el conflicto mapuche. Allí se afirmó que en “correos electrónicos encontrados en el computador de Raúl Reyes, abatido líder de la FARC, había pruebas que evidenciarían la relación entre esa organización y los indígenas”. Además se expuso como prueba de este vínculo el que al menos siete miembros de la CAM estuvieron en Colombia entre 2004 y 2006.

Patricia Matte, una de las ejecutivas de ese canal, perteneciente a la Pontificia Universidad Católica de Chile, y su familia son propietarias de Forestal Mininco. Esta empresa posee más de 1 millón de hectáreas de pinos y eucaliptos en el centro-sur de Chile. Los 300 mil mapuches que viven en sectores rurales no poseen, en conjunto, más de 600 mil hectáreas.

Para abordar el “problema mapuche”, el pasado 30 de junio el presidente Piñera anunció el Plan Araucanía, por el que se compromete a crear un Fondo de Desarrollo Indígena con la finalidad de  “reforzar proyectos de organizaciones culturales indígenas urbanas; potenciar el apoyo para el desarrollo agrícola productivo y priorizar programas educacionales en todos los niveles educativos y de capacitación”.

Sin embargo, no dice si pondrá fin a la aplicación de la Ley Antiterrorista a los mapuches y a la militarización de las comunidades. Ni aclara si aplicará otras recomendaciones del relator James Anaya, como la restitución de tierras. Tampoco dice cómo se aplicará el Convenio 169 de la OIT, vigente en Chile desde septiembre pasado, que prevé la consulta a las comunidades en caso de poner en marcha proyectos productivos.

Francisco Marín

http://www.proceso.com.mx

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