Sobre el movimiento indígena y las autonomías en México.

¿Qué pasó con el movimiento indígena a partir de 2001,luego de que los poderes políticos del país convalidaran la fallida reforma constitucional sobre derechos y cultura indígenas? El Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) y las organizaciones indígenas se retiraron de la escena política nacional, dejando en claro tanto su rechazo a la reforma, que calificaron de burla y traición a los Acuerdos de San Andrés, como la voluntad de seguir luchando por su legítimo derecho a la autodeterminación y autonomía. Como parte de esa lucha, acordaron construir “autonomías de hecho” en sus comunidades, municipios y regiones. Esta posición la han sostenido hasta hoy.

La construcción de autonomías de hecho significa una acción de rebeldía frente a la injusticia derivada del incumplimiento de los Acuerdos de San Andrés. Éstos representaban un primer paso en la corrección de la estructura de la sociedad nacional, que excluye a los pueblos indígenas y los priva de sus derechos humanos elementales y en tanto pueblos. Los actores políticos que refrendaron la reforma constitucional conservaron intacta la estructura nacional y, con ello, reafirmaron las relaciones de opresión del Estado y la nación hacia los pueblos indígenas, supeditándolos, más que nunca, a la voluntad de los gobiernos federal, estatal y aun municipal. El trasfondo de tal maquinación era afianzar la embestida del capitalismo global en los territorios indígenas.

I. El EZLN, “sin pedirle permiso al mal gobierno para gobernar en nuestro territorio”, avanzó en la concreción de los municipios autónomos rebeldes zapatistas (Marez), formados después de 1994, así como en la organización de nuevas estructuras de gobierno en cada una las cinco regiones autónomas reconocidas por los zapatistas: las Juntas de Buen Gobierno (JBG). Éstas tomaron posesión el 8 de agosto de 2003. La sede de las JBG son los llamados Caracoles. A partir de este valioso sistema articulado de autogobierno (comunal, municipal y regional), los zapatistas han tratado de organizar sus propios medios de salud, educación, alimentación, impartición de justicia, etcétera.

Los zapatistas conciben su experiencia autonómica como una demostración para ellos mismos y para los demás de la capacidad de los pueblos de organizarse y autogobernarse, así como de darse una forma de gobierno colectivo basada en principios (mandar obedeciendo, revocación del mandato, etcétera), valores y prioridades diferentes a los que sostienen los “malos gobiernos”. Sin embargo, advierten las serias dificultades para sostener sus autonomías dentro de un sistema económico, político e ideológico (nacional y global) adverso. De ahí que en la valoración de las autonomías zapatistas es preciso tomar en cuenta que las JBG y los consejos autónomos municipales han funcionado en condiciones hostiles y precarias, siempre bajo amenaza, hostigamiento y presión por parte de los aparatos del Estado, del poder económico local, nacional y trasnacionales. Por ello, como veremos adelante, el programa político de los zapatistas no se limita a construir espacios de autonomía en las comunidades y regiones donde tienen presencia.

Otra experiencia significativa de construcción de autonomías de hecho es el Sistema de Seguridad, Justicia y Reeducación Comunitaria de la Montaña y Costa Chica del estado de Guerrero, conocido como la Policía Comunitaria. Ésta nació a finales de 1995, a partir de un proceso de articulación entre comunidades en torno a la organización de un sistema de seguridad propio –la policía comunitaria– que después incluyó el de justicia. En este proceso, las comunidades crearon una estructura regional compuesta por dos instituciones jurídicas autónomas: la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC) y la Asamblea Regional de Autoridades Comunitarias, que es la máxima autoridad de la CRAC. Hasta ahora se han integrado a esta organización autónoma regional alrededor de 80 comunidades pertenecientes a distintos pueblos tlapanecos, mixtecos, nahuas y mestizos.

Los actores de este ensayo autonómico valoran la capacidad de sus pueblos de garantizar seguridad en su territorio –lo que ninguna autoridad ni policías estatales les aseguraron–, así como de construir un nuevo derecho y una nueva justicia a escala regional, a partir de principios, normas, procedimientos e instituciones centrados en el “espíritu comunitario”, y enriquecidos por la reflexión y la discusión entre los diversos pueblos que confluyen en la Asamblea Regional. Se trata, como ellos lo caracterizan, de un derecho “antiguo y nuevo a la vez”, y de “una justicia pública y colectiva”, en la cual las resoluciones se toman colectivamente “para impedir que se cometan errores o arbitrariedades en la impartición de justicia”, así como “para asegurarse la justicia, la seguridad, la armonía en la convivencia y la paz”. Pero esta experiencia autonómica enfrenta, al igual que la zapatista, el hostigamiento y la amenaza constantes por parte del ejército y de la policía estatal.

Otras declaraciones públicas de ejercicio de la autonomía de hecho, cuyo objetivo inmediato es recuperar y proteger sus derechos territoriales, son la Comunidad Autónoma Wixárika de Bancos de San Hipólito, municipio del Mezquital, Durango, y la comunidad nahua de Santa María Ostula, de la Costa de Michoacán. En ambos casos, las comunidades llevaban años de lucha en los tribunales agrarios por la restitución y el reconocimiento de sus derechos territoriales, cercenados por resoluciones presidenciales. Estas resoluciones, a la vez, crearon una situación de conflicto entre las comunidades despojadas y los grupos que pretenden apropiarse de sus tierras ancestrales.

En el primer caso, una resolución presidencial de la década de los 60s separó arbitrariamente a la comunidad wixárika (huichol) de Bancos de San Hipólito de su vínculo ancestral con Tateikie-San Andrés Cohamiata, ubicada en Jalisco, y la anexó a la comunidad vecina de San Lucas de Jalpa, Durango, al tiempo que cercenó una parte de sus tierras ancestrales. En 2002, el consejo de ancianos y la asamblea de comuneros wixárika de Bancos decidieron recuperar sus tierras y ejercer su autonomía en los hechos. Para ello, interpusieron en el tribunal agrario una demanda de nulidad de la resolución presidencial en noviembre de 2002 y declararon a Bancos como Comunidad Autónoma Wixárika. Esta declaración implicó el desconocimiento de las autoridades agrarias de San Lucas (a las que habían quedado sujetas injustamente) y el nombramiento de sus propias autoridades agrarias. Con estas acciones iniciaron un proceso de organización y reconstrucción de su comunidad y gobierno autónomos (este último formado por un cuerpo de autoridades civiles, agrarias y tradicionales).

Al año siguiente, en 2003, decidieron tomar posesión de su territorio boscoso en disputa, y para resguardarlo instalaron nuevos centros de población –la Mesa de la Torrecilla (Buenos Aires), Las Carreras y Mesa Alteña–, los mismos que fueron devastados por las tormentas de febrero de 2010. Para rehabilitar estos poblados, resolvieron aprovechar los más de mil pinos derrumbados por las tormentas y hacer trabajos de limpieza forestal para evitar que los árboles caídos se convirtieran en fuente de plagas y enfermedades o en combustible para incendios. Después de solicitar en varias ocasiones y obtener el permiso de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales, el “grupo autónomo de análisis territorial y ecología” de la Comunidad Autónoma Wixárika inició los trabajos de cubicación de la madera. La comunidad también ha previsto “presentar un plan de reforestación integral en la zona afectada”. Pero el hostigamiento de los caciques de San Lucas ha dificultado las tareas. El 11 de agosto de 2009 el Tribunal Superior Agrario emitió su sentencia a favor de Bancos, esto es, anuló la resolución presidencial, aunque “únicamente en lo que respecta a la superficie en conflicto (diez mil 720 hectárea)”, por considerar que hubo violaciones en el procedimiento agrario, en perjuicio del “núcleo agrario de Bancos”, y dispuso que se procediera a la confirmación y titulación de ese territorio a Bancos.

En el caso de la comunidad de Ostula, los comuneros decidieron ejercer sus derechos territoriales mediante la recuperación pacífica de unas mil hectáreas de tierras reclamadas del paraje la Canahuancera, luego de varios intentos de hacerse del lugar y de negociaciones con las autoridades estatales que se comprometían a resolver el conflicto y asegurar sus derechos agrarios, sin hacerlo efectivo. A finales de junio de 2009, cuando cientos de personas de Ostula, hombres y mujeres de todas las edades, se acercaron al paraje para tomar posesión fueron recibidos a balazos por personas que pretenden apropiarse de sus tierras. Al día siguiente, los nahuas de Ostula lograron tomar el paraje con la nutrida participación de personas de las otras dos comunidades nahuas de Michoacán: El Caire y Pómaro. Para asegurar las tierras recuperadas, instalaron un campamento y erigieron en pocos días un nuevo poblado en la Canahuancera, que renombraron Xayakalan, su nombre original. La confluencia de las policías comunitarias de Ostula, El Caire y Pómaro fue clave en la toma del paraje, así como en el cuidado de la “seguridad de las personas” apostadas tanto en el campamento como en los nuevos poblados, y en el resguardo de las tierras recuperadas.

Un hecho novedoso en esta lucha es la actuación articulada de las tres comunidades en tanto pueblo nahua. Esta unidad se ha tratado de reforzar con la creación del Comité de Defensa del Pueblo Nahua de la Costa Sierra de Michoacán. Esto tiene una explicación económica y política. Primero, porque empresas multinacionales están fuertemente interesadas en hacerse de las tierras de las tres comunidades, dado el gran potencial minero y turístico que poseen. Segundo, porque con la acción unida pueden conjuntar esfuerzos en la defensa de su territorio. Cabe destacar que la reunificación de las comunidades en tanto pueblo es parte fundamental del proceso autonómico. Se trata de la reconstitución de los pueblos fragmentados en el proceso histórico de dominación. Una de las políticas de dominación del Estado hacia los pueblos indígenas, y a la que recurren persistentemente tanto el gobierno central, como los locales y estatales, es la de provocar y sostener la segmentación de los pueblos en múltiples comunidades separadas y enfrentadas entre sí. Por consiguiente, la rearticulación de las comunidades en tanto pueblo forma parte de la batalla por la autonomía y contra las relaciones de dominación.

En uno de los primeros comunicados del Comité de Defensa del Pueblo Nahua, del 12 de marzo de 2010, las comunidades nahuas de Michoacán exigieron conjuntamente a los gobiernos federal y estatal que garantizaran definitivamente la tenencia jurídica de las tierras recuperadas “a favor de Ostula”, que cuenta con títulos de propiedad de 1802 y 1803, así como el reconocimiento del “funcionamiento de las policías comunitarias y su guardia comunal en las comunidades de Santa María Ostula, El Caire y Pómaro, es decir, en todo el territorio nahua de la Costa michoacana”. Las policías comunitarias son consideradas parte de su autonomía, para el resguardo del “territorio y la vida de las comunidades”, pero también un instrumento de autodefensa contra las incursiones de grupos que quieren despojarlos de sus tierras.

El Municipio Autónomo San Juan Copala es otra referencia emblemática en la construcción de autonomías de hecho. San Juan Copala ha sido históricamente el centro político, económico y religioso de las comunidades triquis de la región baja. En 1826 esta región obtuvo la categoría de municipio, teniendo como cabecera a San Juan Copala. Pero en 1948 el gobierno de Oaxaca suprimió este municipio y creó otros para favorecer y apuntalar a los grupos de poder regional. A partir de esa fecha, San Juan Copala fue convertido en agencia municipal de Santiago Juxtlahuaca y, en general, el territorio y las comunidades integrantes de la región triqui baja se repartieron entre los municipios de Santiago Juxtlahuaca, Constancia del Rosario y Putla de Guerrero. De esta manera, los triquis quedaron separados y sometidos económica y políticamente a las cabeceras de los nuevos municipios, sedes del poder caciquil mestizo. Las comunidades triquis solicitaron en varias ocasiones que se les restituyera su municipio, sin conseguirlo.

Según relatos de los autonomistas, un grupo de triquis que había participado en la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca (APPO), en 2006, y que venía del Movimiento de Unificación y Lucha Triqui-Independiente, preocupados por los pasos que debían dar después de esa experiencia, inició un proceso de consultas a autoridades tradicionales y con miembros de otras organizaciones sociales triquis. De ahí surgió la idea de construir un municipio autónomo. Esta propuesta fue discutida en asambleas, barrios y rancherías, de lo que resultó el acuerdo de declarar a San Juan Copala Municipio Autónomo. En enero de 2007, se realizó la ceremonia de confirmación de las autoridades municipales autónomas, elegidas entre las comunidades que se incorporaron a este proceso autonómico. Los triquis que participan en su construcción consideran que la autonomía puede ser la “manera pacífica de alcanzar la paz en su territorio” y un medio para superar las fuertes divisiones políticas internas entre las distintas organizaciones triquis surgidas en las décadas recientes: el Movimiento de Unificación y Lucha Triqui (MULT), el MULT-Independiente y la Unión de Bienestar Social Triqui, (Ubisort).


Para restablecer los vínculos entre las comunidades triquis de la región baja (injustamente divididas en distintas jurisdicciones municipales) estimaron necesario declarar el municipio autónomo San Juan Copala (autorestituyendo su categoría de municipio, suprimida arbitrariamente en 1948) y construir “un gobierno triqui”, de modo que puedan gobernarse por ellos mismos y crear sus “propios proyectos de desarrollo en convivencia, salud, educación, cultura”, sin tener que depender de los gobiernos municipales conformados por mestizos, “que no saben gobernar”. De hecho, esta dependencia es una de las causas del conflicto violento que se vive en la región. Por ello, evalúan que con la construcción de su municipio autónomo se liberan de la opresión y de la explotación de los caciques mestizos de los municipios a los que quedaron sujetos. También se liberan de las artimañas de las autoridades municipales para privar a las comunidades y agencias municipales triquis de la entrega de los recursos públicos que por ley les corresponden, así como del uso faccioso y corrupto que hacen de dichos recursos para apuntalar su poder caciquil y dividir al pueblo triqui. Los autonomistas consideran que con su municipio autónomo los recursos públicos “bajarían” a todas sus comunidades, eliminando así una de las fuentes de conflicto. En suma, la declaración del municipio autónomo significa para sus autores la reorganización del territorio y de las comunidades de la región triqui baja, así como la instauración de sus propias formas de gobierno y de decisión colectiva. Con todo ello, esperan poner fin a tanta violencia.

En todos los casos de construcción de autonomías de hecho mencionados, los pueblos están enfrentando el asedio y la agresión de grupos paramilitares, de elementos del ejército y de policías de todo tipo. Hay denuncias de presencia de grupos paramilitares en Chiapas, Oaxaca y en la Costa de Michoacán, y se sabe que estos grupos no pueden funcionar si no es con la protección del gobierno y con el financiamiento de grupos de poder político y económico. Sin embargo, la violencia se ha extendido a todas partes del país. En realidad, el verdadero culpable de esta violencia es el capitalismo. Detrás de la presencia del ejército y de los grupos paramilitares están las empresas mineras, turísticas, inmobiliarias, agroindustriales, carreteras, etcétera, esperando que los cuerpos represivos hagan su trabajo de debilitamiento de las resistencias para poder entrar a hacer grandes negocios.

II. Las declaraciones de autonomías de hecho no se han generalizado en todos los pueblos indígenas del país, salvo los casos mencionados. Lo que no quiere decir que la autonomía no esté en el horizonte político y en las luchas que están realizando todos ellos. De cualquier manera, la mayoría de los pueblos indígenas están enfrascados en fuertes resistencias locales y regionales frente a las viejas y nuevas formas de explotación y despojo de sus bienes colectivos (tierras, territorios, bosques, agua, biodiversidad, saberes), que llevan a cabo caciques, latifundistas y empresas nacionales y multinacionales con el apoyo de los gobiernos federal, estatal y municipal.

Actualmente destacan las luchas indígenas contra las múltiples y originales formas de invasión del capitalismo multinacional en sus territorios y comunidades. Son luchas puntuales y locales contra la minería a cielo abierto; contra la construcción de presas y parques eólicos; contra los transgénicos y en defensa de las semillas autóctonas; contra la biopiratería y la privatización de sus conocimientos colectivos; contra la mercantilización del agua; contra el despojo de sus tierras colectivas para grandes desarrollos turísticos, urbanísticos, comerciales y carreteros; contra la destrucción de los bosques comunales; contra los tratados de libre comercio de alimentos y la consecuente eliminación de los sistemas de producción agrícola nativos, y, en fin, contra la comercialización, la privatización y la “empresarialización” de la tierra, de la naturaleza, de la cultura, de la memoria y del conocimiento. Algunas de estas luchas locales se articulan en movimientos nacionales o en redes, según la esfera de penetración del capital en sus respectivos territorios, con el propósito de unificar las resistencias dispersas en la geografía nacional (como el Movimiento Mexicano de Afectados por las Presas y en Defensa de los Ríos o la Red Mexicana de Afectados por la Minería). En algunos casos, establecen lazos solidarios con movimientos y redes de otros países que enfrentan afectaciones similares.

En la Declaración de Xayakalan, los representantes de varios pueblos indígenas del país, reunidos en la Asamblea Extraordinaria del Congreso Nacional Indígena, realizada en la comunidad nahua de Santa María Ostula, Michoacán, en agosto de 2009, manifestaron que “este capitalismo se comporta ahora con la mayor saña que no se haya visto en la historia, en una empecinada voracidad por nuestros recursos, agua, viento, vidas, tierras y territorios (…) Hoy como ayer nuestros pueblos, naciones, tribus y comunidades enfrentamos en todo el continente la violencia sistemática, traducida en despojos, desalojos, asesinatos, cárceles, desaparecidos, exiliados”.

En 2008, en el marco de la celebración del quinto aniversario de las JBG, el teniente coronel insurgente Moisés recordó que en los primeros días de 1994 el gobierno calificó a los zapatistas de transgresores de la ley. Admitió perspicazmente que era cierto y que seguirían transgrediéndola, porque “es una ley protectora de todas las agresiones que hace el mal gobierno, de todas las violaciones que hace el mal gobierno. No protege a los millones de pobres en México, del campo y de la ciudad. Es una ley que está a beneficio de sus intereses de ellos (…) neoliberales”. Con estas palabras, Moisés deja ver la falsedad de la neutralidad de la ley porque beneficia a unos cuantos (los capitalistas y neoliberales) y desprotege y excluye a millones (los pobres de la ciudad y del campo). El punto es que la exigencia de respeto a la ley significa la obediencia a una forma de derecho estatal que implica determinadas relaciones socioeconómicas (capitalistas). Por tanto, respetar la ley implica aceptar tales relaciones, que producen y reproducen la desigualdad y la injusticia. Para los beneficiarios de la ley, no importa si ésta es injusta, sino que sea respetada. Para los excluidos y explotados, en cambio, respetar la ley implica dejarse explotar, despojar y excluir. Y si se resisten a todo ello son considerados transgresores. Así, todas las injusticias y las violaciones se cometen al amparo de la ley.

En consecuencia, cuando el insurgente Moisés afirmaba que los zapatistas seguirían transgrediendo la ley, estaba diciendo que seguirían rebelándose contra la explotación, la exclusión, la injusticia. Además, revirtió la acusación: “esa ley injusta es la que transgrede al pueblo”. Y apeló a otra ley por conquistar: “Nacerá otra ley que es palabra del pueblo, de todos los trabajadores. Que ellos la decidirán cómo es la ley que quieren. Para eso, compañeros, compañeras, tenemos que luchar.”

Consuelo Sánchez

Antropóloga y profesora-investigadora de la Escuela Nacional de Antropología e Historia

http://www.jornada.unam.mx/2010/08/21/maiz.html

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