Indígenas violadas por militares exigen a Calderón desagravio público.

MÉXICO, D.F., 4 de octubre (apro).- Valentina Rosendo Cantú, la indígena mep’haa (tlapaneca) que fue abusada sexualmente por miembros del Ejército Mexicano en 2002 y que ganó el litigio que emprendió contra el Estado mexicano, solicitó al presidente Felipe Calderón que, en desageravio, visite su comunidad y en un acto público acepte que ella tenía razón.

“Quiero que el presidente (Felipe Calderón) vaya a mi comunidad, que yo esté junto a él y diga a todos que yo tenía la razón, que yo no mentí, porque a mí me violaron militares”, afirmó.

El viernes 1 de octubre, la Coidh emitió dos sentencias en contra de México por violar tres tratados internacionales de derechos humanos –la Convención Americana de Derechos Humanos, la Convención Interamericana para Prevenir, Erradicar y Sancionar la Tortura y la Convención Interamericana para Prevenir, Erradicar y Sancionar la Violencia contra la Mujer— en perjuicio de Valentina Rosendo e Inés Fernández Ortega.

Como se narra en la edición número 1770 de la revista Proceso, actualmente en circulación, en el año 2002 ambas mujeres fueron agredidas sexualmente por soldados en las comunidades indígenas de Acatepec y Ayutla, en el estado Guerrero. Sus casos fueron investigados en la Procuraduría de Justicia Militar, donde permanecen en la impunidad, de ahí que las dos mujeres recurrieran a instancias internacionales en busca de justicia.

Tras difundirse el sentido de las sentencias de la Coidh, Valentina contó a Apro cómo recibió la noticia de la condena: Emocionada, dijo que a las 16: 30 del viernes 1 de octubre, Alejandra Nuño le notificó por teléfono que la Corte ya había emitido su fallo:

“Yo iba para mi casa cuando me llamó Alejandra; me dijo que me iba a volver a llamar en la noche porque no sabía qué había salido. Llegué a mi casa y me puse a llorar, estuve recordando todos los momentos difíciles que he vivido durante estos ocho años, yo decía ‘Diosito dame valor para yo poder aceptar sea lo que sea’.”

Cuando se enteró que el fallo del tribunal interamericano había sido a favor de Inés y de ella, todo cambió: “Me puse muy feliz; mi corazón no cabe de alegría de saber que ya salió la verdad.”

Valentina señaló que lo más importante es que después de ocho años de buscar la justicia, ahora “el gobierno tiene que reconocer que se equivocó con dos mujeres indígenas”; y recordó que sus casos como mujeres agredidas sexualmente por soldados no son los únicos, pero sólo ella e Inés se atrevieron a denunciar.

La indígena de 24 años recordó que haber alzado la voz en contra de los militares agresores tuvo consecuencias terribles para ella e Inés: Ambas tuvieron que salir de sus comunidades; han sido hostigadas y amenazadas; sus hijas han estado en riesgo de ser secuestradas; en el caso de Inés, un hermano suyo fue asesinado; y a Valentina su esposo la abandonó.

Valentina resaltó que sus padres también fueron amenazados y que ella tuvo que salir de su comunidad ante la discriminación de que fue objeto, era llamada la “mujer violada”, la “mujer de los guachos”.

Por eso, apuntó, la disculpa pública que tiene que dar el Estado por haber violado sus derechos fundamentales tiene que ser en su comunidad: “Ahí fue donde el Ejército hizo más daño; yo no he podido regresar por culpa de los guachos y mi hija no ha crecido entre su gente por los guachos.”

Abel Barrera, director del Centro de Derechos Humanos Tlachinollan, organización que defendió a Valentina e Inés, resaltó que convocará a personalidades de la academia, defensores de derechos humanos nacionales e internacionales interesados en el cumplimiento de las sentencias para que presionen y las sentencias se cumplan lo más pronto posible.

“La principal intención es que lo que ocurrió con Valentina e Inés, y que pasa en todo el país a partir de que el gobierno de Felipe Calderón apostó por la militarización de la seguridad pública, no vuelva a ocurrir”, puntualizó Barrera Hernández.

Agregó que el viernes pasado el subsecretario de Asuntos Jurídicos y Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación (Segob), Felipe Zamora Castro, se comunicó con él para acordar los términos del cumplimiento de la sentencia.

http://www.proceso.com.mx/rv/modHome/detalleExclusiva/84046

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