Guerrero, México: El proyecto hidroeléctrico La Parota.

El proyecto hidroeléctrico La Parota, ubicado en la cuenca del río Papagayo, en territorio de los municipios Acapulco, San Marcos, Juan R. Escudero y Tecoanapa, del estado de Guerrero, fue vislumbrado por la Comisión Federal de Electricidad (CFE) a principios de los 70s para la generación de energía eléctrica y desde entonces se comenzaron a hacer los estudios de viabilidad. Pero fue apenas a principios del siglo XXI cuando la construcción de la presa se replanteó y se anunció como uno de los megaproyectos –fallidos– del sexenio de Vicente Fox (2000-2006); ello motivó un conflicto entre el Estado en sus diferentes niveles y las comunidades afectadas directa e indirectamente por la presa, las cuales han logrado detener su construcción.

El gobierno federal, por medio de la CFE, anunció el proyecto de La Parota como una oportunidad para generar desarrollo en uno de los estados que registran mayores niveles de pobreza en el país, como una obra con capacidad para abastecer de energía eléctrica a una amplia región. Sin embargo, los pobladores afectados no piensan igual: no se sienten parte de esa visión de desarrollo y no están dispuestos a perder su territorio ni el acceso al agua del río Papagayo. Además, existen evidencias a escala mundial de que las presas no han logrado generar un desarrollo local-regional equilibrado, sino que sólo han beneficiado a minorías locales y han servido a polos de desarrollo externos a las cuencas que las sustentan. Las consecuencias adversas ambientales (modificaciones a los sistemas hidrológicos y a los ecosistemas) y sociales (ruptura del tejido social, migración y desempleo) son mayores que los beneficios, motivo por el cual algunas presas se han desmantelado y sustituido por proyectos de menor escala con impactos menos drásticos para la población local.

La construcción de La Parota implicaría cambios en el uso y propiedad del suelo y reubicación de varias localidades asentadas en la cuenca del río Papagayo, pero además una profunda transformación a toda la cuenca que afectaría a otras comunidades, cuyas formas de vida están relacionadas con el entorno físico. No obstante, el gobierno federal ha insistido en la implementación de este megaproyecto, posiblemente porque es parte del Plan Puebla Panamá, ahora denominado Programa de Integración y Desarrollo de Mesoamérica (PIDM), que pretende “desarrollar” la región mesoamericana por medio de un “corredor” de inversión, en donde una obra como La Parota ofrecería la energía eléctrica necesaria para abastecer a la zona.

En las comunidades locales hay quienes se oponen al proyecto porque no comparten la visión del gobierno federal, y desde el 2003 se han organizado en el Consejo de Ejidatarios y Comuneros Opositores a La Parota (CECOP) para impedir la construcción de la presa. Los motivos del CECOP para oponerse son variados, entre ellos: el proyecto generaría más desigualdad social y exclusión socio territorial, ya que sólo beneficiaría a las grandes empresas nacionales y trasnacionales, mientras que la población local tendría que buscar nuevas formas de vida. Su construcción implicaría un despojo del territorio y la privación del derecho de la población al agua del río.

El CECOP considera que las acciones de la CFE son ilegales pues, argumentan, la empresa ha fomentado la celebración de asambleas comunales y ejidales fraudulentas que violan la Ley Agraria y el estado de derecho, en las que busca la aprobación popular del proyecto, y de manera paralela, amenaza de muerte y criminaliza a los opositores. También porque el proyecto implica cambios irreversibles en el sistema hidrológico y en los ecosistemas de la cuenca; porque el embalse se convertiría en una fuente de enfermedades transmitidas por vectores; y porque al ubicarse en una zona de alta sismicidad abre la posibilidad de grandes desastres socio ambientales. Además, según el CECOP, no existen estudios que busquen otras opciones para cubrir las necesidades de energía eléctrica y agua. Y por si fuera poco, existen antecedentes de la informalidad de la CFE, que juega en su contra: la CFE aún no ha indemnizado a algunos de los afectados por sus obras en tiempos pasados, y el precio que pretende pagar por los terrenos que se requieren para la construcción de la presa (70 centavos el metro cuadrado) no permite a la población seguir reproduciendo sus formas de vida.

En resumen, existe oposición al proyecto porque desde el 2002, cuando la CFE llegó al municipio de Acapulco para iniciar las obras, se han violado los derechos humanos de la población local. Por los motivos anteriores, el CECOP y otras organizaciones solidarias nacionales e internacionales exigen que se cancele en forma definitiva el proyecto y cesen los hostigamientos a sus opositores.

El caso del proyecto hidroeléctrico es un ejemplo de lo que David Harvey denomina “acumulación por desposesión” y de la confrontación entre lógicas diferentes, intereses y nociones de desarrollo. También ejemplifica el poder de la resistencia organizada que ha sido capaz de detener o retrasar megaproyectos que implican expropiaciones y despojo de bienes colectivos y recursos naturales.

Alejandra Toscana Aparicio

http://www.jornada.unam.mx/2011/01/15/parota.html

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