Autonomía: terapia de choque contra acaparamiento de tierras y sistema agroalimentario global.

Nunca antes había sido tan claro que desde el fondo de los tiempos, los pueblos y comunidades, la gente común (con una gran complejidad de orígenes e historias), siguen ahí y los sucesivos sistemas “dominantes” están más y más desesperados por controlarlos. Es gente que guarda sus ancestrales semillas nativas (ejerciendo su custodia e intercambio). Que en su sentido más amplio cultiva alimentos para su propia comunidad y en gran medida para el mundo. Que vive en resistencia reivindicando, cada vez más, autonomía y autogobierno. Hablamos de comunidades que desde siempre han puesto su vida entera al servicio del mundo ejerciendo un cuidado y un equilibrio entre plantas, animales, la lluvia, los torrentes y fuentes de agua que alimentan el monte, entre los “seres naturales y espirituales” y que cultivan también la memoria y presencia de nuestros vivos y de nuestros muertos.

De acuerdo al Grupo ETC, la cuenta de todos aquellos que producen sus propios alimentos, independiente, puede sumar 3 mil millones si se incluye a campesinos cultivadores, en campo y ciudad (muchos de ellos indígenas), a pastores (sedentarios y nómadas), productores pecuarios campesinos, cazadores, pescadores artesanales, recolectores y cosechadores de agua. El recuento es difícil, porque varias de esas actividades se laboran conjuntamente por el mismo núcleo de personas, familias o comunidades, en diversas temporadas y sin que sean muy visibles estas actividades cotidianas ancestrales.1

Eso los confronta radicalmente con los sistemas, ávidos por controlar la mayor cantidad de relaciones, riquezas, personas, bienes comunes y actividades potencialmente lucrativas, mediante leyes, disposiciones, políticas, extensionismo, programas, proyectos y dinero. Mediante la agroindustria, que implica producir (no sólo alimentos) con métodos más y más sofisticados (no necesariamente más eficientes) en grandes extensiones de terreno para cosechar grandes volúmenes y obtener mucha ganancia a toda costa.

Su lógica industrial perpetra una violencia extrema contra las escalas naturales de los procesos y los ciclos vitales, y en la llamada integración vertical: una enloquecida carrera por agregarle valor económico a los alimentos con más y más procesos —de la tierra acaparada a la semilla certificada, al suelo, a su fertilización y desinfección megaquímica, a la mecanización agrícola, al transporte, al lavado, procesamiento, empaque, estibado, almacenado y nuevo transporte (incluso internacional) hasta arribar a mercados, estanquillos, supermercados y comederos públicos.

Como ya sabemos, esta suma de procesos contribuye al calentamiento que extrema la crisis climática ( cerca del 50% de los gases con efecto de invernadero provienen de estos procesos combinados), pero también al sojuzgamiento de todas las personas atrapadas de una u otra forma en ese sistema alimentario transnacional, globalizador, que no resuelve la alimentación de las comunidades ni los barrios pero sí los utiliza para realizar los trabajos más innobles y dañinos de toda la cadena mientras, como campesinos, los cerca en un sistema agropecuario industrial que le va robando futuro a sus labores y vuelve trabajo semiesclavizado lo que antes era tarea creativa, digna y de enormes cuidados. Por eso, producir nuestros alimentos de modo independiente del llamado sistema alimentario mundial es algo profundamente político y subversivo.

Promover la agroindustria requiere apoderarse de grandes extensiones de tierra.

Hoy, las comunidades de todo el mundo sufren una renovada invasión de sus territorios (no sólo agrícolas). Los nuevos acaparadores no son los terratenientes de antes, herederos de los invasores europeos que abrían encomiendas, juntaban esclavos y explotaban sus dominios coloniales. No son los grandes finqueros de los últimos dos siglos, que expandieron sus dominios a costa de los territorios de los pueblos indios para emprender negocios de exportación con monocultivos básicos como la caña de azúcar, el café, el cacao, el banano, el henequén, el chicle o la madera, y que dependían de los peones acasillados —literalmente presos de sus patrones.

No son ya ésos que impusieron y expandieron por vez primera el sistema industrial agrícola, ni quienes saquearon los saberes ancestrales de la gente para irse adaptando a sus nuevos entornos y a desconocidas condiciones climáticas. Esos personajes, ligados a terrenos y haciendas, estaban ahí, devenían en jefes políticos de la localidad o la región. Guerrearon entre ellos con muchos muertos para consolidar sus feudos, se hicieron de enemigos y forjaron alianzas, algunas muy nefastas, para controlar tierras, agua, mano de obra, comercio, elecciones, políticas públicas y derechos de paso y hasta el derecho a la vida. Pero estaban ahí. Vivían ahí o iban con frecuencia a sus propiedades, y como tal estaban sujetos a la resistencia real de los pueblos, de los despojados, de los invadidos, de los explotados.

Hoy, los acaparamientos de tierras traen tras de sí un aura “neutral”. Son debidos, nos explican en círculos gubernamentales, a la inseguridad alimentaria, son producto de la crisis mundial de alimentos “que nos obligan a cultivar donde podamos nuestros alimentos”, dicen los funcionarios, “aunque disloquemos la producción en el extranjero traeremos los alimentos al país para beneficio de nuestra ciudadanía”.

Hurgando un poco, asoma la cola el monstruo financiero que impulsa desde grandes consorcios y empresas conjuntas capitales diversos para invertir en tierras, en producciones, en países extranjeros, en exportación e importación de productos básicos, en especulación alimentaria.2

Y lo peor es que el Banco Mundial promueve con sus políticas este tipo de negocios. Por eso el 22 de abril de 2010, se publicó un manifiesto de Vía Campesina, Food First Action International (Fian), Land Research Action Network (LRAN), GRAIN y más de cien organizaciones de todo el mundo, en el que exigían “frenar la ola de acaparamiento de tierras de inversionistas oficiales y privados que se están apoderando de millones de hectáreas de cultivos de comunidades rurales de África, Asia y América Latina”. La exigencia salía al paso de un nuevo informe del Banco Mundial (BM) que no se presentó sino hasta septiembre, y que confirmaba la magnitud masiva del actual asalto por acaparar tierras, adelantando siete „principios‟, que pretenden hacer que estos negocios „sean socialmente aceptables‟”.3

La estrategia del BM iba a ser presentada a fines de abril pero no se presentó en gran medida por enfrentarse con la enorme y diversa fuerza social que se opone a esta tendencia mundial de concentración de la tenencia de la tierra, que es justo lo contrario de la demanda fundamental de reforma agraria profunda que se reivindica en todo el mundo.

“El BM parece convencido de que cualquier flujo de capital privado que expanda los agronegocios trasnacionales donde aún no hayan penetrado es bueno y que debe permitírsele proseguir, de modo que el sector corporativo pueda extraer más riqueza del campo. Dado que estos negocios están anclados en una privatización masiva y en la transferencia de derechos sobre la tierra, el BM quiere cumplir algunos criterios para reducir los riesgos de inesperadas reacciones sociales: „respetar‟ los derechos de los actuales usuarios a la tierra, el agua y otros recursos (mediante alguna indemnización), proteger y mejorar los medios de vida (con empleos y otros servicios) y no dañar el ambiente”, se afirma en el manifiesto. Para las organizaciones, lo anterior constituye “una jugada que intenta legitimar el acaparamiento”. Y continúan “Facilitar que corporaciones —nacionales o extranjeras— se apoderen a largo plazo de las tierras de las comunidades es totalmente inaceptable; no importa qué lineamientos se sigan. Los principios del BM intentan distraer del hecho de que la crisis alimentaria global —cuya cifra récord es más de mil millones de personas que sufren hambre— no será resuelta por la agricultura industrial a gran escala que aplicarán los inversionistas que están adquiriendo tierra”.

Son los grandes consorcios y las empresas conjuntas las que invierten enormes capitales para comprar y rentar, buscando dislocar producciones y actuando como exportadores e importadores. Lo anterior implica alimentos, agrocombustibles, agua, turismo y un largo etcétera.

Continúa la declaración: “El acaparamiento de tierras —aun en los casos en que no hubiera desalojos forzosos— le niega la tierra a las comunidades locales, destruye modos de vida, reduce el espacio para las políticas agrícolas orientadas al campesinado y distorsiona los mercados hacia una concentración más grande de los intereses de las agroempresas y del comercio global, en lugar de promover una agricultura campesina sustentable para los mercados locales y nacionales, y para las futuras generaciones. También acelerará la destrucción de los ecosistemas y la crisis climática a causa de la producción agrícola industrial de monocultivos, para la cual serán usadas muchas de las tierras adquiridas”.

Éstos son los hechos, el recuento de daños. Pero qué está en juego. Hacernos la pregunta es crucial para entender cómo enfrentar esta flamante “neutralidad” esa “suave distancia” que aleja y borronea al invasor, que confunde el punto contra el que hay que dirigir nuestros esfuerzos.

Hay en esta nueva vuelta una pérdida de soberanía nacional (y como que nadie se incomoda). Cualquier país que venda o arriende a largo plazo grandes extensiones de tierra de cultivo a extranjeros (o incluso a nacionales) está poniendo en riesgo su propia soberanía nacional. Está contribuyendo al desmantelamiento general que las empresas hacen de más y más Estados, de más y más funciones del Estado y sus aparatos. Por supuesto hay una desterritorialización mayor de muchos pueblos y comunidades, un arreciamiento de la migración con su dislocamiento de mano de obra, y una dislocación de los cultivos (es decir, el proceso implica que lo que se produce se cultiva fuera del país o de la región que va a usufructuar lo producido, que “autoimporta” la producción después de “autoexportarla”). Esto implica una dislocación o desfasamiento general de la economía.

El acaparamiento agrario de hoy nos fuerza una pregunta vital: ¿de quién son las tierras/territorios que están siendo acaparadas, controladas? ¿Mediante qué mecanismos legales es que los gobiernos, o los particulares, ponen a disposición de otros gobiernos o de empresas de todo tipo esas extensiones inmensas de tierras? ¿Tienen dueño o los Estados las expropian para poder realizar los arreglos comerciales ad hoc? Qué es más grave, qué propicia más la devastación sin miramientos de las tierras: ¿que se vendan o que se renten?

Hay una pérdida real de posibilidades de defender las propias tierras. ¿Contra quién?, en qué aparato jurídico se pueden asentar los litigios por despojo, o los litigios por devastación o contaminación directa o aledaña.

El nuevo corporativismo agrario es anónimo, o casi. Podemos entender los grandes actores, pero nuestro roce con ellos también estará dislocado, desfasado, situado en otro espacio y en otros tiempos no definidos por las comunidades afectadas. Y tal vez las comunidades afectadas ni siquiera alcancen a imaginar la distancia que los separa de esos nuevos dueños para los que importan sólo los bonos o las acciones invertidos y el dinero que implican. Cualquier criminalización por la defensa de las propias tierras pone a los Estados al servicio directo de compañías y/o gobiernos extranjeros.Las fronteras pierden sentido. Las estructuras del Estado “huésped” sirven a patrones venidos de fuera, pero no como en el sistema colonial de tributación, sino en el esquema mercantil neoliberal cuyas regulaciones están en los Tratados de Libre Comercio y no en las Constituciones nacionales.

Y mientras, con estos acaparamientos la agricultura industrial se expande.

En México pese a una historia de conflictos agrarios incitados desde el Estado, la defensa de los territorios ancestrales de los pueblos sigue viva. Las comunidades y los pueblos resisten todavía (como en casi ningún otro lugar del mundo) el acaparamiento de tierras, la certificación agraria (con su fragmentar la propiedad social), la entrega del agua, la certificación de las semillas y el establecimiento de derechos de propiedad intelectual sobre éstas. La gente resiste los megaproyectos que barren los territorios: sean aeropuertos, represas o minería, petroquímica, urbanización brutal o basureros; resiste que le roben el manejo de su territorio con reservas de la biósfera o con mecanismos de mercado como REDD, y a diferencia de otro países todos estos proyectos y disposiciones no han logrado arrasar.

Es ilustrativo el dato que daba en 2003 la Procuraduría Agraria, de que casi 70% de las comunidades y ejidos en México que aceptaron por las malas la certificación (que fue un 79.9% de los núcleos agrarios totales) defienden su tenencia colectiva de la tierra —y así pidieron que se les certificara— contra el Procede que buscó fragmentarla y en los hechos privatizarla para facilitar las reglas del acaparamiento de libre comercio. Hay que enfatizar que el restante 20.1% que se negó a la certificación defiende con más radicalidad el uso y custodia común de sus tierras.4

Pese a la presión y el chantaje que ejerció el gobierno para “regularizarla” mediante la titulación, de este universo de propiedad social sólo menos de medio por ciento aceptó “la titulación” y menos de 30% de los 101.6 millones de hectáreas de la propiedad social se parcelaron, quedando susceptibles de adoptar el dominio pleno, y ser vendidas, rentadas o compradas. Estos datos son de 2003, casi al terminar el programa. Con nuevas sistematizaciones que Ana de Ita publicará esperamos que este año, los datos son todavía más flagrantes en este sentido que en 2003.

Según un borrador de discusión del Banco Mundial5 antes de su reciente informe sobre “interés global creciente en tierras de cultivo”6: “menos de 15 por ciento de los ejidos —casi todos situados en tierras periurbanas— han optado por la opción de que sus tierras sean totalmente transferibles”.

Dicha defensa contribuye a la resistencia de un pujante movimiento indígena que en sincronía continental, reivindica la autonomía y sus territorios comunales para ejercerla.

Al ver lo anterior, el Banco Mundial tiene en la mira a México, porque no se disgregó el núcleo de propiedad social, y entonces busca que se fomenten las asociaciones de agricultura por contrato o “proyectos conjuntos”. Lo real es que el acaparamiento de tierras que ocurre en otros lado no ha ocurrido en México, o más bien, lo están preparando, y perpetrando en ese norte tan distinto y distante del resto del país.

El Banco Mundial tiene por objetivo fomentar posibles contratos de asociación, ideando incluso reglas para que tales contratos funcionen sin sobresaltos, con lo cual (como África, el sureste asiático, Sudamérica e incluso Europa central), no es necesario la venta inmediata o el arrendamiento. Por eso el término acaparamiento, que va más allá de la venta o renta, no les gusta nada.

Pero lo dijo en su momento el Procurador Agrario mexicano que impulsó el Procede, Isaías Rivera: “Con la reforma al artículo 27 constitucional, la expedición de la Ley Agraria y la instrumentación del programa Procede, las tierras ejidales o comunales se incorporaron al mercado de tierras mediante diversos mecanismos, sea a través de la celebración de contratos de enajenación de derechos ejidales (cesión, compraventa, donación) o mediante la aportación de tierras de uso común que realizan los ejidos y comunidades a sociedades civiles o mercantiles”.7

Y no se entiende plenamente la nocividad de los programas que permiten que la tierra entre al mercado, en renta, compra-venta o en asociación con las grandes corporaciones —sin ponerlos a jugar con la batería de leyes contrarias a los pueblos que todos los partidos han aprobado en los últimos años, que ilegalizan las acciones de pueblos y comunidades cerrando con candados jurídicos cualquier defensa posible. Son leyes, reformas y programas que refuerzan el peso de las transnacionales en nuestro país, desde el nivel más local, y les garantizan acceso privado mediante patentes a sus recursos biológicos (plantas, animales, semillas, microorganismos e incluso genes humanos) o mineros, más los saberes tradicionales que implican. Les otorgan la posibilidad de plantar y cultivar transgénicos y experimentar con ellos; privatizar cuencas, lagos, ríos, pozos y el servicio y el manejo del agua; golpear los territorios al separar el agua de la tierra, con los programas de servicios ambientales (de captura de carbono o hidrológicos) santificados por la nueva ley forestal, con los que le “pagan” a las comunidades por el cuidado que siempre han tenido, en un arreglo sujeto a especulaciones financieras en la bolsa de valores, como ahora REDD. Estos reordenamientos territoriales y reservas de la biosfera, que enajenan el manejo ancestral de los territorios indígenas, son un acaparamiento abierto que se finge no ocurre.

Restarle sentido y fuerza a la idea del territorio convirtiéndolo en la mercancía “tierra” es el pavimento de “una autopista de progreso” con la que quieren liquidar todas las formas alternas de gestionar el futuro —al igual que una carretera cancela la utilización de las innumerables veredas donde la gente se movió durante siglos. El proyecto del capitalismo requiere minar la soberanía real de pueblos y comunidades campesinas e indígenas y desarticular el tramado de relaciones que los pueblos conocen como territorio.

El objetivo más profundo de los grandes capitales metidos al acaparamiento de tierras es controlar totalmente el sistema alimentario global, acabar con cualquier producción independiente de comida, matar la agricultura y sustituirla con agroindustria.

Y la historia es larga. Tras el despojo de grandes extensiones de estos territorios ancestrales, quienes sembraban cultivos propios e intercambiaban sus saberes ancestrales, fueron expulsados del campo por producir sólo para la comunidad sin entrar al mercado. Y aunque los campesinos siguen sembrando un buen porcentaje de la comida natural que se consume en el mundo, el capitalismo-ciudad insiste en vaciar el campo, sumar obreros en las fábricas y en las empresas agrícolas y saquear los territorios desocupados o por lo menos lucrar con ellos sin miramiento alguno para luego regresarlos tras terminar el contrato establecido.

La Revolución Verde comenzó la guerra por el control de las semillas. Como los campesinos desde hace milenios las mantienen, mejoran, comparten y redistribuyen diversificando su fortaleza, las empresas produjeron semillas de diseño, patentadas, minando la fortaleza diversa de las semillas locales. Fue un desprecio consciente de la enorme sabiduría que sustenta los cultivos nativos, e impuso semillas híbridas y paquetes de agrotóxicos que erosionaron los suelos y los volvieron drogadictos. Despojaron de subsidios el campo. Los transgénicos desfiguran los cultivos, contaminan las variedades cuidadas por siglos, su riqueza y significado, y promueven la dependencia total de las industrias.

Por todo el mundo leyes y tratados de libre comercio tornan ilegal la práctica milenaria de guardar e intercambiar libremente las semillas nativas, libres, comunes, de confianza, que son la más antigua tradición humana viva, y que dan esperanza de que haya un posible futuro.

Millones de colectivos cifran su vida en sembrar, limpiar, cultivar, cosechar y recoger los ejemplares más especiales para guardarlos y cambiarlos con los parientes, los vecinos, los amigos, la comunidad y otras comunidades. Con su cuidado y selección continua a lo largo de milenios, han logrado mantener una vida plena casi fuera del ramplón sistema que se apodera del mundo, en los márgenes de los aparatos de control de Estados, empresas y gobiernos.

Dejar fuera a más de 1 500 millones de campesinos del mercado alimentario es un lujo que las compañías no quieren darse. Hoy, los campesinos que guardan sus semillas y las intercambian libremente son el símbolo más claro de una resistencia planetaria contra los sistemas de control. Son también, justamente, quienes menos han sentido el embate de la crisis. El intento de erradicar las semillas que durante 10 mil años nos han dado de comer (y su cuerpo de saberes agrícolas) parece extraída de una ciencia-ficción más atroz que Fahrenheit 451 que describía un mundo donde se prohib’an los libros y la lectura.

Dice Camila Montecinos: “si la agricultura campesina fuera ineficaz, o marginal, no habría tanto empeño en erradicarla”. 8 En el larguísimo plazo es tan notable su potencial de autonomía, horizonte y cuestionamiento que sembrar hoy es un acto de resistencia activa.

Por eso y más razones un freno a todo este esquema son los autogobiernos comunitarios que tengan un especial interés en defender sus territorios y sus regímenes de bienes comunales.

En regímenes o países que permitan el acaparamiento de tierra, no será posible la soberanía alimentaria desde abajo, desde el nivel comunidad, porque sin una tierra propia, cualquier producción se mediatiza.

Entonces más y más comunidades y organizaciones insisten revindicar una reforma agraria integral, insisten en que debemos propiciar un anclaje entre cosechas propias, semilla nativas y sus saberes locales libres, autogobiernos y territorios con control de agua, bosque, suelos, patrón de asentamiento y recorridos.

En cambio, los nuevos acaparadores de la tierra buscan volver a confinar los ámbitos comunes, pero ahora en el anonimato “neutro” de extranjeros que desde sus lejanos países controlan a distancia nuestros destinos.

Ya no tiene que invadir; hacen tratos comerciales. Ya no tienen la carga de mantener esclavos; tienen peones hiper-precarizados.

Ya no se responsabilizan por combatir a los insumisos, que eso lo haga el gobierno huésped o sicarios a modo. Y en México ése es uno de los modos. Si la guerra comenzó como programa de desarrollo primero en África (en el Congo, en Uganda y Ruanda) y en Colombia, hoy es política expresa en México en complicidad con corporaciones de todo tipo y sistemas de mercenarios/paramilitares/sicarios: hombres armados que en los hechos privatizan la guerra ejerciéndola como cualquier otro negocio, y a la vez la vuelven un instrumento expreso de la privatización y el despojo indispensables para los mecanismos de desarrollo “verticales”, de la mano de leyes que expresamente le impiden a la gente que logre la justicia. Entonces, es posible expulsar de sus territorios, a punta de metralleta, a campesinos que tenían su diversidad de cultivos, su trabajo comunitario, su asamblea y su visión de futuro y que o se van, se mueren o viven sojuzgados a plantar el monocultivo de aguacate, el maíz transgénico (que en otras zonas nomás no pasa) con los agrotóxicos impuestos, con el paquete de semillas de laboratorio y con el sistema de ordenamiento y control territorial, político y cotidiano.

El neoliberalismo es la invención de fórmula tras fórmula para evadir responsabilidades. Nosotros tenemos que basar nuestro futuro en la responsabilidad. Mantener la tierra, defender el territorio, que como dicen el pueblo wixárika es todo el entorno pero junto con los saberes para entenderlo y ejercerlo plenamente, defender la semillas y seguir produciendo alimentos propios, es caminar un sendero de responsabilidad, que siempre será subversiva, por proponer un futuro diferente.

1 Grupo ETC, “Quién nos alimentará”, http://www.etcgroup.org, 2009

2 Ver ÁSe adue–an de la tierra! El proceso de acaparamiento agrario por seguridad alimentaria y de negocios en 2008, GRAIN, octubre de 2008, http://www.grain.org/briefings/?id=214

3 “Digamos NO a los principios promovidos por el Banco Mundial sobre inversiones agr’colas “responsables”, ver http://www.grain.og

4 Ver Ana de Ita, MŽxico: Impactos del Procede en los conflictos agrarios y la concentraci—n de la tierra, Centro de Estudios para el Cambio en el Campo Mexicano, 2003, http://www.landaction.org/gallery/Mon%20PaperMEXICOSpan.pdf

5 Principles for Responsible Agricultural Investment that Respects Rights, Livelihoods and Resources, nota de discusi—n preparada por FAO, IFAD, UNCTAD and the World Bank Group to contribute to an ongoing global dialogue, 25 de enero de 2010

6 The World Bank, Rising Global Interest in Farmland Can It Yield Sustainable and Equitable Benefits?, 7 de septiembre de 2010.

7 Isa’as Rivera, Tenencia de la tierra y derechos agrarios. PDF, diciembre 2003. http://www.sagarpa.gob.mx/sdr/evets/sm_jovenes/pdfs/1_eirr_sra.pdf

8 Camila Montecinos, GRAIN, “Leyes para acabar con la agricultura independiente”, ponencia presentada en el Foro Por la Vida de los Pueblos del Maíz, organizado por la Red en Defensa del Maíz, Biodiversidad, sustento y culturas número 64, abril de 2010.

 

links:

http://www.grain.org :: Grain

http://www.biodiversidadla.org :: Revista Biodiversidad

http://www.etcgroup.org/es/principal :: Grupo ETC

 

 

 

 

 

 

 

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