Archive for August, 2011

Oaxaca. Posicionamiento de organizaciones oaxaqueñas sobre Ley de protección al maíz.

Diez años después de que se denunció la contaminación transgénica en los maíces nativos de Oaxaca, ahora se presentan ante el Congreso del Estado dos propuestas de ley que pretenden proteger al alimento básico de la población Oaxaqueña. Lamentablemente las propuestas de “Ley de Sustentabilidad de los Maíces Nativos del Estado de Oaxaca” impulsada por la Dip. Carolina Aparicio Sánchez (PRI) y la “Ley de Fomento y Protección del Maíz Criollo como Patrimonio Alimentario del Estado de Oaxaca“ impulsada por la Dip. Marlene Aldeco Reyes Retana (PAN), a propuesta de la Lic. Maricela Silva de la Fundación para el Desarrollo Social Coatlicue, A.C., no protegen nuestro maíz nativo. Al contrario, están facilitando su saqueo por empresas transnacionales que tratan de dominar la producción alimentaria del planeta.

Estas dos iniciativas de ley agreden la inteligencia de la población oaxaqueña, por ignorar la lucha de resistencia contra la siembra de maíces transgénicos que se inició después de que en el año 2001 se descubriera la contaminación por transgénicos en los maíces nativos de la Sierra Juárez, los Valles Centrales y el Istmo. Nuestra lucha también fue ignorada por el legislativo federal al aprobarse en 2005 la Ley de Bioseguridad y Organismos Genéticamente Modificados beneficiando a empresas transnacionales como Monsanto. A pesar de que esa ley contiene un Régimen de Protección Especial del Maíz, a partir del año 2009 el Presidente Felipe Calderón empezó a otorgar permisos para siembras de maíces transgénicos en México, incrementándose la posibilidad de contaminación a las semillas de la región de origen del maíz.

Las organizaciones suscritas denunciamos las propuestas impulsadas por los Partidos de Acción Nacional (PAN) y el Partido Revolucionario Institucional (PRI) por vulnerar de manera desvergonzada los derechos de nuestros pueblos y comunidades indígenas y campesinas a su libre determinación y soberanía alimentaria.

La iniciativa del PAN es una copia de las leyes de Tlaxcala y Michoacán ya bastante criticadas a nivel nacional por organizaciones con prestigio en la defensa del maíz. La propuesta del PRI revela su desconocimiento total de la realidad en el campo Oaxaqueño, pues ignora la política neoliberal asumida desde hace 30 años por su partido, a la que el PAN simplemente ha dado continuidad destruyendo sistemáticamente la soberanía alimentaria de los campesinos mexicanos a través del Tratado de Libre Comercio, que llevó a la abolición de subsidios a la producción del campo y consecuentemente a la importación de maíz de los Estados Unidos.

Ambas iniciativas de ley otorgan certeza jurídica solo a productores registrados, término que excluye a los campesinos indígenas que producen para autoconsumo, quienes siguen siendo la mayoría en el estado a pesar de las políticas públicas establecidas en su contra. Las iniciativas están orientadas a localidades con producción intensiva, dedicadas a la utilización de fertilizantes, herbicidas y pesticidas, que favorecen a la agroindustria y a productores de alto rendimiento.

Buscan el establecimiento de “fronteras agrícolas”, que limitarán las zonas de cultivo de campesinos de montaña. Esta disposición va de la mano con los programas de conservación que el gobierno está impulsando en toda la República Mexicana que impiden la agricultura sostenible y ecológica en la milpa tradicional.

Ambas propuestas de ley prevén la creación de un organismo central que tendrá el control sobre todas las actividades que tengan relación con el maíz y lo establecen como el enlace único entre el estado y los productores, excluyendo a los campesinos y quitándoles la capacidad de decidir sobre cualquier asunto que tenga que ver con sus semillas. Fomentan también la creación de un padrón de productores que serán los únicos beneficiarios de los apoyos y programas productivos.

Obligan a los campesinos a facilitar sus semillas y sus conocimientos a “mejoradores” a través de bancos de germoplasma. Esto abrirá el acceso a nuestras semillas a empresas transnacionales que esperan patentar las cualidades del maíz creadas con el trabajo milenario de convivencia, selección y adaptación de nuestros antepasados.

Al igual que las leyes de maíz recientemente aprobados en Tlaxcala y Michoacán, las propuestas para Oaxaca no prohíben la siembra o el almacenamiento de transgénicos. En lugar  de prohibirlos, instrumentan y legalizan la entrada de transgénicos con el respaldo de la Ley federal de Bioseguridad y Organismos Genéticamente Modificados (“Ley Monsanto”). Además fomentan el conflicto existente entre las cabeceras municipales y sus agencias al aludir únicamente a las autoridades municipales en la toma de decisiones. Se ignora la institucionalidad comunitaria indígena y campesina, como la asamblea y la figura del comisariado de bienes comunales y/o ejidales.

Denunciamos la actuación del poder legislativo a nivel federal y estatal que  de manera clandestina, y sin obtener el consentimiento previo, libre e informado de las comunidades indígenas y rurales presentan iniciativas de leyes que no retoman las necesidades reales de éstas; por el contrario, instrumentan mecanismos que violentan sus derechos fundamentales  reconocidos en instrumentos internacionales como el Convenio 169 de la Organización Internacional de Trabajo y la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas y que, de acuerdo a la reciente reforma a la Constitución Federal en materia de Derechos Humanos, debe ser tomado en cuenta como si fuera disposición constitucional.

Además exigimos al gobierno del Lic. Gabino Cué Monteagudo que se revisen los programas fuertemente dependientes de agroquímicos como “Maíz para Todos” y en su lugar se diseñen apoyos que promuevan la siembra de maíces nativos y el uso de técnicas agroecológicas que no contribuyen al calentamiento global.

Finalmente demandamos que la Secretaría de Asuntos Indígenas se involucre en el proceso de legislación sobre el maíz que afecta tanto la cultura y la vida de los pueblos indígenas del Estado de Oaxaca.

¡No más simulaciones de protección de derechos que terminan siendo agresiones para los pueblos del maíz!

En defensa de la soberanía alimentaria y la libre determinación de los pueblos indígenas.

INSTANCIAS QUE SUSCRIBEN EL PRESENTE DOCUMENTO

Por parte del Colectivo Oaxaqueño en Defensa de los Territorios: Unión de Organizaciones de la Sierra Juárez de Oaxaca (UNOSJO S.C.); Servicios del Pueblo Mixe (SERMIXE A.C.); Servicios para una Educación Alternativa (EDUCA A.C.); Centro de Derechos Indígenas Flor y Canto A.C.; Centro Regional de Derechos Humanos Bartolomé Carrasco Briseño (BARCA A.C.); Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez A.C.

Por parte de las Organizaciones civiles de Oaxaca: Iniciativas para el Desarrollo de la Mujer Oaxaqueña AC (IDEMO); Organización de Agricultores Biológicos (ORAB A.C.); Asamblea Mixe para el Desarrollo Sostenible (ASAM-DES. A.C.); Centro de Estudios de la Región Cuicateca (CEREC); Nashwin, Biología y Cultura de Oaxaca; Centro de Desarrollo Comunitario Centéotl A. C.; Comité de Defensa Integral de Derechos Humanos Gobixha A.C. (CODIGO DH); Tequio Jurídico A. C.; Enlace de Pueblos y Organizaciones Costeñas Autónomas, (EPOCA, A.C.); Centro de Apoyo al Movimiento Popular Oaxaqueño (CAMPO A.C.); Grupo de teatro comunitario Shi’bdao, puesta en escena “La Diosa del Maíz”; Alianza Cívica Pinotepa Nacional, A.C.; ENLACE, Comunicación y Capacitación A.C.; Centro de Apoyo para la Educación y Creatividad Calpulli A.C.; Ecosta Yutu Cuii A.C.; Espiral por la Vida A.C.; MAIZ-MIXTECA (Movimiento Agrario Indígena Zapatista); La Ventana, Investigación y Divulgación Científica para el desarrollo Regional A.C.; Consorcio para el Dialogo Parlamentario y la Equidad Oaxaca A.C.; Ojo de Agua Comunicación;

Unión de Comunidades Cafetaleras del sector Rincón de Ixtlán de Juárez (UCC), integrado por las comunidades: Santa Cruz Yagavila, San Juan Yagila, Santiago Teotlasco, Santa María Soogochí, San Juan Tepanzacoalco, San Pedro Yaneri, Comunidad de Capulalpam de Méndez, Oaxaca.

Por parte de Organizaciones Nacionales: Centro de Estudios para el Cambio en el Campo Mexicano (CECCAM); Centro Nacional de Ayuda a las Misiones Indígenas, A. C. (CENAMI); Investigación y Acción Biocultural, Anima Mundi, A.C.; Consultoría Técnica Comunitaria A.C. Chihuahua, México; Alianza Sierra Madre A.C.; Colectivo Hoja verde, México D.F.; Red Tuxtleca de Maíz Nativo, Parroquia de la Sagrada Familia, Bowerasa A.C.

http://proyectoambulante.wordpress.com

EZLN. Carta Tercera a Don Luis Villoro en el intercambio sobre Ética y Política.

TAL VEZ…
(Carta Tercera a Don Luis Villoro en el intercambio sobre Ética y Política)
 

EJÉRCITO ZAPATISTA DE LIBERACIÓN NACIONAL
MÉXICO.

 

Julio-Agosto del 2011.

Para: Don Luis Villoro.
De: SupMarcos

Don Luis:

Reciba los saludos de tod@s nosotr@s y un abrazo fuerte de mi parte. Esperamos que se encuentre mejor de salud y que la pausa en este intercambio haya servido para intentar nuevos planteamientos y reflexiones.

Aunque la realidad actual parece precipitarse en forma vertiginosa, una reflexión teórica seria debería ser capaz de “congelarla” un instante para así descubrir en ella las tendencias que nos permitan, revelando su gestación, ver hacia dónde va.

(Y hablando de la realidad, recuerdo que fue en La Realidad zapatista desde donde le propuse a Don Pablo González Casanova un intercambio: él debía hacerme llegar una paquete de galletas Pancrema, y yo debía enviarle un supuesto e improbable libro de teoría política (por llamarlo de alguna forma). Don Pablo cumplió, y el dilatado andar de nuestro calendario me ha impedido cumplir con mi parte del intercambio… todavía. Pero creo que en lluvias próximas habrá más palabras).

Como tal vez se ha ido insinuando en nuestra correspondencia (y en las letras de quienes, generosos, se han adherido a este debate), la teoría, la política y la ética se entrelazan de formas no muy evidentes.

Ciertamente no se trata de descubrir o crear VERDADES, ésas piedras de molino que abundan en la historia de la filosofía y de sus hijas bastardas: la religión, la teoría y la política.

Creo que estaríamos de acuerdo en que nuestro empeño apunta más hacia tratar de hacer “saltar” las líneas no evidentes, pero sustanciales, de esos quehaceres.

“Bajar” la teoría al análisis concreto es uno de los caminos. Otro es anclarla en la práctica. Pero en las epístolas no se hace esa práctica, si acaso se da cuenta de ella. Así que creo que debemos seguir insistiendo en “anclar” nuestras reflexiones teóricas en los análisis concretos o, con más modestia, tratando de acotar sus coordenadas geográficas y temporales. Es decir, insistir en que las palabras se dicen (se escriben, en este caso) desde un lugar y en un tiempo específico.

Desde un calendario y en una geografía.

I. El espejo local.

El año del 2011, Chiapas, México, el Mundo.

Y en estos calendario y geografía, acá seguimos atentos a lo que pasa, a lo que se dice y, sobre todo, a lo que se calla.

En nuestras tierras seguimos en resistencia. Siguen las agresiones en contra nuestra provenientes de todo el espectro político. Somos un ejemplo de que es posible que todos los partidos políticos tengan un mismo objetivo. Auspiciados por los gobiernos federal, estatal y municipales, todos los partidos políticos nos atacan.

Previa a cada agresión o después de ella, hay una reunión entre funcionarios gubernamentales y dirigencias “sociales” o partidarias. Se habla poco en ellas, sólo lo necesario para acordar el precio y la forma de pago.

Aquellos que critican nuestra posición zapatista de que “todos los políticos son iguales”, deberían darse una vuelta por Chiapas. Aunque es seguro que dirán que es algo estrictamente local, que eso no pasa a nivel nacional.

Pero en la clase política chiapaneca se repiten, con sus toques autóctonos, las mismas rutinas ridículas de los tiempos preelectorales.

Hay ajustes de cuentas internos (al igual que en las bandas criminales), que en la clase política se disfrazan de “justicia”. Pero en todas partes se trata de lo mismo: dejar libre el camino al elegido en turno. Todo lo que pasa abajo se tacha de ser un complot de uno o varios rivales. Todo lo que pasa arriba se deforma o se calla.

Con la política mediática de pago de elogios, cuando se trata de Chiapas no hay ninguna diferencia entre la prensa de la capital del país y la de la capital estatal.

¿Alguien puede hablar seriamente de justicia en Chiapas cuando sigue libre uno de los responsables de la matanza de Acteal, de nombre Julio César Ruiz Ferro? “Mi presidente no te preocupes, deja que se maten, yo voy a mandar la seguridad pública para que levanten a los muertos”, respondió el entonces gobernador de Chiapas, Julio César Ruiz Ferro, a Jacinto Arias Cruz, alcalde de Chenalhó, quien le advertía sobre un inminente enfrentamiento en Acteal el 19 de diciembre de 1997. (María de la Luz González, El Universal. 18 de diciembre del 2007).

¿Y qué decir de “El Croquetas” Roberto Albores Guillén, responsable de la matanza de El Bosque, además de haber erigido un imperio de crímenes y corruptelas que ahora le permiten jugarle a trasmano a Juan Sabines Guerrero y a su “gallo”, el coleto Manuel Velasco, para volver a la gubernatura de Chiapas? (hablando de “gallos”, ¿alguna vez el lopezobradorismo dará cuentas por haber ayudado a reciclar a lo peor de la política priísta chiapaneca?)

Ah, la vieja rivalidad entre las vetustas clases políticas de Comitán, San Cristóbal de Las Casas y Tuxtla Gutiérrez (por cierto, sus antecedentes se pueden encontrar en el libro de Antonio García de León, “Resistencia y utopía: memorial de agravios y crónicas de revueltas y profecías acaecidas en la Provincia de Chiapas durante los últimos quinientos años de su historia” en la editorial ERA de la entrañable Neus Espresate).

Mientras proliferan los barruntos de una tormenta en la política del Chiapas de arriba, Juan Sabines Guerrero parece seguir empeñado en la línea que tantos fracasos le dio antes al “Croquetas” Albores: alentar a grupos, paramilitares y no, para que agredan a las comunidades zapatistas; solapar el auge de mafias criminales con o sin coartada de partido político; mantener la impunidad para l@s cercan@s; la simulación como programa de gobierno.

Una prensa, local y nacional, bien “aceitada” con dinero, no alcanza a ocultar, con el disfraz de unanimidad, la guerra intestina en la política de arriba.

Sobre todo esto, baste con señalar lo siguiente: hace tiempo que las reglas internas de la clase política están rotas. Los encarceladores de ayer son los encarcelados hoy, y los perseguidores de hoy serán los perseguidos mañana.

No es que no se hagan “acuerdos”, sino que ya no tienen capacidad de cumplirlos.

Y una clase política que no cumple con sus acuerdos internos es un cadáver esperando sepultura.

No, la clase política de arriba no entiende nada. Pero sobre todo no entiende lo fundamental: su tiempo se ha terminado.

Gobernar dejó de ser un oficio político. Ahora el trabajo por excelencia de los gobernantes es la simulación. Más importantes que los asesores políticos y económicos, lo son los asesores de imagen, publicidad y mercadotecnia.

Así se hacen hoy en día los gobernantes en México, mientras las realidades locales, regionales y nacionales se hacen pedazos.

Ni los boletines gubernamentales disfrazados de “reportajes” y “notas periodísticas” logran cubrir la crisis económica: en las principales ciudades del Chiapas real empiezan a aparecer y a crecer la indigencia y los “trabajos” más marginales. La pobreza que parecía ser exclusiva de las comunidades rurales empieza a crecer en las zonas urbanas del sureste mexicano.

Justo como en el resto del territorio nacional.

¿Parece que estoy hablando de la política de arriba a nivel nacional y no local?

Ah, los fragmentos del espejo roto, irremediablemente roto…

II. ¿Un epitafio para una clase política o para una Nación?

Cuando Felipe Calderón Hinojosa (presidente gracias a la culpa ahora confesa de Elba Esther Gordillo), se disfraza de guía turístico para que a México no sólo lleguen policías y militares norteamericanos, se asoma al Sótano de Las Golondrinas, en Aqusimón, San Luis Potosí, y exclama un “¡Oh my god!”(http://mexico.cnn.com/nacional/2011/08/17/calderon-promueve-destinos-turisticos-en-el-programa-the-royal-tour), bien podría decir lo mismo si se asoma al pozo en el que el país se ha sumido durante su mandato.

Según las estadísticas reveladas por el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL) el número de pobres en México pasó de 48.8 millones a 53 millones. Casi la mitad de la población mexicana vive en condiciones de pobreza. Casi 12 millones de personas están en condiciones de pobreza extrema.

Y si uno revisa los mapas de la misma CONEVAL, podrá darse cuenta de que las manchas de pobreza, antes privativas de los estados del sur y sureste de México (Guerrero, Oaxaca, Chiapas) empiezan a extenderse a los estados de norte del país.

Los precios de los productos básicos se han duplicado y triplicado durante este sexenio.

Según datos del Centro de Análisis Multidisciplinario, para tener el dinero suficiente para adquirir la canasta alimenticia recomendable, al inicio del sexenio de Felipe Calderón Hinojosa se necesitaban trabajar 13 horas y 19 minutos al día. 5 años después, en este 2011, se necesitarían trabajar 22 horas y 55 minutos.

 

Mientras las ganancias de los millonarios se han cuadriplicado en los últimos 10 años.

 

 

A todo esto habría que sumarle las pérdidas de empleo por cierres de fuentes de trabajo. Entre ellos el golpe criminal al Sindicato Mexicano de Electricistas. El ataque fue encabezado por el facineroso secretario del trabajo, Javier Lozano Alarcón (que será recordado también por las extorsiones gansteriles -Zhenli Ye Gon y los 205 millones de dólares para el fraude electoral del 2006-), y “aclamado” por los grandes medios de comunicación masiva.

Por cierto, la gigantesca campaña propagandística en contra de los trabajadores del Sindicato Mexicano de Electricistas (que incluye la amenaza de acciones penales en contra de sus dirigentes), que lo mismo los acusa de indolentes que de terroristas, debiera contrastarse con la realidad: si esos trabajadores eran perezosos e inútiles, ¿cómo es que había luz eléctrica en la zona centro del país?, ¿cómo funcionaban las televisoras que ahora los atacan, los periódicos que los calumnian, las estaciones de radio que los difaman?; ¿y las deficiencias que, ahora con la Compañía Federal de Electricidad, se padecen en la mayoría de los hogares de esa parte de México?; ¿y los nuevos recibos que aparecen ahora con cantidades exorbitantes?

Pero la resistencia de estos trabajadores no pasa desapercibida. No para nosotros.

Y mientras en la economía nacional la crisis mundial apenas se asoma, la clase política sigue, esa sí, en su holgazanería.

El 2012 llegó al calendario de arriba desde el 1 de diciembre del 2006, y a lo largo de estos 5 años no ha hecho sino evidenciar que esos calendarios no sirven ni para decorar los muros derruidos de la casa grande que aún llamamos “México”.

En el PRI, un Beltrones y una Paredes hacen cálculos para desplazar a un Peña Nieto quien se ocupó más en hacer pasarela mediática (había dinero) y poco en hacer política (no había oficio).

En el PRD, la pareja dispareja de López Obrador y Marcelo Ebrard comienza a darse cuenta de que lo fundamental depende de las burocracias partidarias de la autodenominada “izquierda” institucional.

Y en el PAN de la pesadilla nacional, un hombrecito enloquecido con muerte y destrucción busca quien le cubra las espaldas cuando los guardias presidenciales y el palacio nacional ya no lo hagan.

Aunque el desprestigio y desgaste del partido en el gobierno es grande, Felipe Calderón Hinojosa le apuesta, y fuerte, al uso de todos los recursos a su alcance para imponer su propuesta. Si ya lo hizo en el 2006, bien podría repetirlo en 2012. Y lo necesitará, porque sus cartas están muy ajadas: Un Cordero que le promete a su pastor que seguirá siéndolo; un Lujambio esperando no recibir la estocada de la estela de luz; un Creel al que el gris le sienta bien (y lo define); y una Vázquez Mota cuyo único argumento es ser mujer.

(Recuerdo alguna discusión cuando Barack Obama y Hillary Rodham Clinton se disputaban la candidatura presidencial. Algunas feministas pedían el apoyo a Hillary por ser mujer, algunas afroamericanas demandaban respaldar a Obama por ser de color. El tiempo demostró que allá arriba no cuentan ni el color ni el género).

Mientras, como la matrona de un burdel, Elba Esther Gordillo deshoja la margarita… y no descarta el lanzarse ella misma, en vez de apoyar a alguien.

Con tan patético panorama es lógico, y hasta de esperar, que surjan precandidatos externos… y jilgueros que los acompañen.

En realidad, fuera de las camarillas partidarias, del poder económico y de alguna militancia, el relevo gubernamental no parece interesarle a nadie.

La apatía va siendo remplazada por el rencor, y no son pocos los sueños en los que se acaba por fin de sepultar al sistema político mexicano, y con manos plebeyas se labra sobre su tumba el epitafio: “Lo hizo de la manera difícil, pero el juego ha terminado al fin”

Mientras tanto la guerra sigue… y con ella las víctimas…

III. Culpar a la víctima.

Un psicólogo norteamericano, William Ryan, escribió en 1971 un libro llamado “Culpar a la víctima” (“Blaming the Victim”). Aunque su intención inicial era una crítica al llamado “Reporte Moynihan” que pretendía hacer responsable de la pobreza en la población negra en Estados Unidos a conductas y patrones culturales y no a la estructura social, esta idea se ha usado más para casos de sexismo y racismo (más frecuentemente en los casos de violación, donde se acusa a la mujer de haber “provocado” al violador por la ropa, la actitud, el lugar, etc.).

Aunque nombrándolo de otra forma, Theodor Adorno describió esto de “culpar a la víctima” como una de las características definitorias del fascismo.

En el México contemporáneo, han sido algunos miembros del alto clero, autoridades gubernamentales, artistas y “líderes de opinión” de los medios de comunicación, quienes han recurrido a esta patraña para condenar a víctimas inocentes (principalmente mujeres y menores de edad).

La guerra de Felipe Calderón Hinojosa ha convertido ese rasgo fascista en todo un programa de gobierno y de impartición de la justicia. Y no son pocos los medios de comunicación que lo han hecho suyo, permeando así el pensamiento de quienes todavía creen lo que se dice y se escribe en la prensa, la radio y la televisión.

Alguien, en algún lado, señaló que los crímenes contra inocentes encierran una triple injusticia: la de la muerte, la de la culpa y la del olvido.

Todo el sistema que padecemos cuida, guarda y cultiva el nombre y la historia del asesino, sea para su condena, sea para su glorificación.

Pero el nombre y la historia de las víctimas queda atrás.

Más allá de sus familiares y amistades, las víctimas son asesinadas de nuevo al ser condenadas a convertirse en un número, en una estadística. Muchas veces ni eso alcanzan.

En la guerra que Felipe Calderón Hinojosa ha impuesto a la sociedad entera de México, sin distingos de clase social, raza, credo, género o ideología política, se agrega un dolor más: el de etiquetar a esas víctimas inocentes de criminales.

Se disfraza así el imperio de impunidad bajo la consigna del “ajuste de cuentas entre narcotraficantes”.

Y esa pesada lápida cae también sobre familiares y amistades.

La injusticia reinante no sólo funciona para garantizar impunidad a funcionarios gubernamentales de todo tipo, federales, estatales y municipales. También agobia a las familias y amistades de las víctimas.

Sus muertos lo son también cuando socialmente se prescinde de su nombre y de su historia, y una vida recta se deforma con los calificativos prodigados por las autoridades y repetidos hasta la nausea por los medios de comunicación.

Las víctimas de la guerra se convierten entonces en culpables y el crimen que les corta miembros o los asesina no es sino una forma cuasi divina de justicia: “ell@s se lo buscaron”.

Felipe Calderón Hinojosa será recordado como un criminal de guerra, no importa que hoy, rodeado de abrazo y escapulario, se las dé de gran estadista o “salvador de la patria”.

Y su historia será recordada con rencor.

Ni siquiera alcanzará, a falta de justicia, la mofa y el escarnio populares que suelen acompañar la salida de los mandatarios.

Sus patéticos remedos de “guía turística”, la ilegalidad e ilegitimidad de su llegada a la presidencia, sus fracasos políticos, su responsabilidad en la crisis económica, el haberse hecho de un equipo formado por golpeadores y guaruras disfrazados de funcionarios, el nepotismo, el consolidar lo que ya se conoce como “el cártel de Los Pinos”; todos sus desfiguros quedarán en segundo plano.

Quedará su guerra, perdida, con su cauda de víctimas “colaterales”: la derrota, el desgaste y el desprestigio irremediables de las fuerzas armadas federales (poco o nada podrán hacer las series televisivas para contrarrestar eso); la entrega de la soberanía nacional al imperio de las barras y las turbias estrellas (ya lo dijimos antes: los Estados Unidos de América serán los únicos triunfadores en esa guerra); el aniquilamiento de economías locales y regionales; la destrucción irreparable del tejido social; y la sangre inocente, siempre la sangre inocente…

Puede ser que la muerte no tenga remedio.

Que nada pueda llenar el hueco de soledad y desesperanza que deja la muerte de un inocente.

Puede ser que nada de lo que se haga pueda volver a la vida a las decenas de miles de inocentes muertos en esta guerra.

Pero lo que sí se puede hacer es luchar contra esa tesis fascista de “culpar a la víctima” y nombrar a los muertos y con ello recuperar sus historias.

Liberarlos así de la culpa y del olvido.

Aliviar su ausencia.

IV. Nombrar a los muertos y su historia.

Mariano Anteros Cordero Gutiérrez, era su nombre. Estaba por cumplir 20 años cuando, el 25 de junio del 2009 en Chihuahua, Chihuahua, fue asesinado.

El padre de Mariano, el Lic. Mariano Cordero Burciaga, se entrevistó con el entonces gobernador del Estado de Chihuahua, José Reyes Baeza, éste le dijo que el asesinato había sido una confusión callejera. Unas semanas después de los acontecimientos, la representación del Colegio de la Barra de Abogados del Estado pidió una explicación de los hechos a las autoridades correspondientes. Éstas respondieron que había sido “un ajuste de cuentas entre narcotraficantes”. Culpar a la víctima.

Aquí unos jirones de su historia:

Mariano estudiaba en el Instituto Tecnológico de Parral (ITP) la carrera de ingeniería en gestión empresarial y había recibido la carta de aceptación para estudiar la carrera de derecho en la Universidad Autónoma España de Durango, Campus Parral.

Antes de estos estudios fue misionero voluntario, en el Internado Marista del poblado de Chinatú, Municipio de Guadalupe y Calvo, Chihuahua. Era responsable de 32 niños indígenas que estudiaban la primaria en dicho internado.

Mariano era un joven zapatista, de ésos que luchan sin pasamontañas. En marzo de 2001, junto con su padre, participó como cinturón de paz en la Marcha del Color de la Tierra. En 2002 marcha en las diferentes manifestaciones del altermundismo en Monterrey, Nuevo León, con motivo de una cumbre de jefes de Estado donde estuvo Bush pero también Fidel Castro. Al momento de morir, Mariano guardaba en un morral de uso cotidiano la Sexta Declaración de la Selva Lacandona, el Manifiesto del Partido Comunista y su último libro adquirido: “Noches de fuego y desvelo”.

Cuando hicimos nuestro recorrido de la Otra Campaña por el norte de México, a nuestro paso por el estado de Chihuahua, el joven Mariano asistió a una de las reuniones. Al terminar, pidió hablar conmigo a solas.

¿La fecha? Noviembre 2 del 2006. Unas semanas antes, el 17 de octubre de ese año, Mariano había cumplido 17 años.

Nos sentamos dentro del mismo cuarto donde había sido la reunión. Palabras más, palabras menos, Mariano me manifestó su deseo de venir a vivir a una comunidad zapatista. Quería aprender.

Me sorprendió su sencillez y humildad: no dijo que quería venir a ayudar, sino a aprender.

Le dije la verdad: que lo mejor era que estudiara una carrera universitaria y que la terminara, porque acá (y allá, y en todos lados) la gente de honor termina lo que comienza; que mientras no dejara de luchar ahí, en su tierra, con los suyos.

Que ya con sus estudios terminados, si seguía pensando igual, tendría un lugar con nosotros, pero a nuestro lado, no como maestro ni como alumno, sino como uno más de nosotros.

Cerramos el trato con un apretón de manos.

7 años antes, el 8 de mayo de 1999, cuando Mariano tenía 9 años, yo le había escrito un mensaje en una hoja de cuaderno:

“Mariano: Llegará el momento, (no todavía, pero llegará, es seguro) en que en tu camino encontrarás otros que cruzan y tendrás que escoger uno. Cuando llegue ese momento, mira hacia adentro y sabrás que no hay opciones, que es sólo una la respuesta: ser consecuente con lo que uno piensa y dice. Si esto está firme, no importa el camino ni la velocidad del paso. Lo que importa es la verdad que ese paso anda.”

Hoy nombramos a Mariano, a su historia, y desde esta geografía le mandamos a su familia un abrazo zapatista de herman@s que, aunque no cure, sí alivie…

V. ¿Juzgar o tratar de entender?

También desde nuestra geografía hemos tratado de seguir con atención el paso del Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad que encabeza Javier Sicilia.

Sé bien que juzgar y condenar o absolver es el camino preferido por los comisarios del pensamiento que aparecen a uno y otro lado del espectro intelectual, pero acá pensamos que hay que hacer un esfuerzo por tratar de entender varias cosas:

La primera es que se trata de una movilización nueva que, en su proyecto de constituirse en movimiento organizado, va construyendo sus propios caminos, con logros y caídas propios. Como todo lo nuevo, pensamos que merece respeto. Ellos pueden decir, con razón, que se pueden cuestionar las formas y los métodos, pero no las causas.

Y también merece atención para tratar de comprender, en lugar de hacer juicios sumarios, tan caros a quienes no toleran nada que no esté bajo su dirección.

Y para respetar y comprender hay que mirar hacia arriba, pero también hacia abajo.

Cierto que arriba llaman la atención e irritan los arrumacos que reciben los responsables directos de tantas muertes y destrucción.

Pero abajo vemos que, en familiares y amistades de las víctimas, despierta esperanza, consuelo, compañía.

Nosotros pensábamos que tal vez era posible que se levantara un movimiento que detuviera esta guerra absurda. No parece que así sea (o no todavía).

Pero lo que sí se puede apreciar, desde ya, es que hizo tangibles a las víctimas.

Las sacó de la nota roja, de las estadísticas, de los míticos “triunfos” del gobierno de Felipe Calderón Hinojosa, de la culpa, del olvido.

Gracias a esa movilización, las víctimas comienzan a tener nombre e historia. Y la patraña del “combate al crimen organizado” se desmorona.

Cierto que todavía no entendemos el por qué se dedican tanta energía y esfuerzos a la interlocución con una clase política que, desde hace tiempo, perdió toda voluntad de gobierno y no es más que una pandilla de facinerosos. Tal vez lo irán descubriendo por sí mismos.

Nosotros no juzgamos y, por lo tanto, ni condenamos ni absolvemos. Tratamos de entender sus pasos y el anhelo que los anima.

En suma, el digno dolor que los acuerpa y mueve, merece y tiene nuestro respeto y admiración.

Pensamos que es lógico que se dialogue con los responsables de los problemas. En esta guerra, es razonable dirigirse a quien la desató y la escala. Quienes critican que se dialogue con Felipe Calderón Hinojosa olvidan esto tan elemental.

Sobre las formas que ha tomado ese diálogo, han llovido críticas de todo tipo.

No creo que a Javier Sicilia le desvelen las críticas ruines de, por ejemplo, el Paty Chapoy de La Jornada, Jaime Avilés (igual de frívolo e histérico), o las vilezas del Doctor ORA (de quien en ningún lugar se dice que sea de izquierda ni que sea congruente) a quien sólo le falta decir que Sicilia mandó matar a su hijo para “impulsar” la imagen de Felipe Calderón Hinojosa; o los señalamientos que le reprochan no ser radical, hechos precisamente por quienes enarbolan como un logro el “no haber roto ni un vidrio”.

En su correspondencia (y me parece que en algunos actos públicos), Javier Sicilia gusta de recordar un poema de Kavafis, en especial el verso que dice: “No has de temer ni a los lestrigones ni a los cíclopes, ni la cólera del airado Poseidón”. Y esos críticos histéricos no llegan ni de lejos a eso, así que los patéticos rencores de esos hombrecitos no llegan más allá de sus pocos lectores.

Lo real es que ese movimiento está haciendo algo por las víctimas. Y eso es algo que ninguno de sus “jueces” puede alegar a favor propio.

Por lo demás, ni Javier Sicilia ni algunos de sus allegados desprecian las observaciones críticas que reciben desde la izquierda, que no son pocas y sí son serias y respetuosas.

Pero no hay que olvidar que son observaciones, no órdenes.

Transcribo el final de una de las cartas privadas que le hemos mandado:

“De manera personal, si me lo permite, le diría que siga con la poesía, y el arte en general, a su lado. En ella se encuentran asideros más firmes que los que parecen abundar en el sin ton ni son del palabrerío de “analistas” políticos.

Por eso termino estas líneas con estas palabras de John Berger:

“No puedo decirte lo que el arte hace y cómo lo hace, pero sé que el arte con frecuencia enjuicia a los jueces, clama venganza para el inocente y proyecta hacia el futuro lo que el pasado ha sufrido, de modo que no sea jamás olvidado.

 

 

Sé también que el poderoso teme al arte, en cualquiera de sus formas, cuando hace esto, y este arte a veces corre como un rumor y una leyenda entre la gente porque le da sentido a lo que la brutalidad de la vida no puede, un sentido que nos unifica, porque al final es inseparable de la justicia. El arte, cuando funciona así, se convierte en el lugar de encuentro de lo invisible, de lo irreductible, lo perdurable, el valor y el honor”

 

En fin, tal vez todo esto no venga al caso (o cosa, según)…

VI.- Una pequeña historia.

Y tal vez tampoco venga al caso (o cosa, según) esta pequeña historia que ahora le cuento Don Luis:

El día 7 de mayo del 2011, una columna de vehículos salió de madrugada de la zona zapatista Tzots Choj, transportando hombres y mujeres bases de apoyo del EZLN que participarían, junto con las otras zonas, en la movilización de apoyo al Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad que encabeza Javier Sicilia. Siendo las 0600, uno de los carros volcó y en el accidente perdió la vida el compañero Roberto Santis Aguilar. Siendo muy joven, Roberto se hizo zapatista y escogió “Dionisio” como nombre de lucha.

La historia del compañero Dionisio se antoja sencilla escuchándola contada por sus padres y su esposa. Dice su padre que, en su familia, fue Dionisio el que primero se entró en zapatista:

“Entonces ya que estamos trabajando aquí en la milpa tanteó la hora que vamos platicar allá en la milpa, el miró como que ya no hay gente, ahí dijo vamos a platicar un rato, hay una organización, lo oí que está muy bueno. Entonces ahí empezó a decir, pues empezó a platicar con nosotros, con sus hermanos, entonces ahí empezó a decir que está muy bueno ese organización, parece que hay ayuda para nosotros y así dijo. Entonces así entramos pero primero nosotros lo oímos esa palabra, entonces ya entramos ya nosotros, pues poco a poco fue arrimando todo, también la gente. Así es, entró a la organización ahí.

Entramos nosotros a la organización, es que en ese tiempo pues estamos muy jodido para vivir pues, y es que no hay terreno donde puedas trabajar más pues, no hay pues, estamos muy pobres de al tiro. Luego el mal gobierno hace así, fuéramos a hablar si hay modo de agarrar un pedazo pues así de tierra, ya ni caso hace el pinche gobierno pues, por eso este organización oímos que estaba en este camino y ahí entramos pues con esta organización nosotros, sí, año que entramos, año de 1990, sí.”

Cuatro años después, siendo ya miliciano zapatista, el compañero Dionisio forma filas en el regimiento que toma las cabeceras municipales de Altamirano, Chanal y Oxchuc, llevando una escopeta calibre 20. Las guarniciones gubernamentales fueron derrotadas en esas plazas, pero en el repliegue el compañero Dionisio y otros milicianos fueron tomados presos y torturados por priístas de Oxchuc.

Tal vez recuerde usted, Don Luis, las imágenes que repitieron hasta el cansancio los medios de comunicación nacionales e internacionales: los zapatistas golpeados severamente, amarrados en un quiosco en la cabecera de Oxchuc, la turba priísta gritando y amenazándolos con quemarlos vivos. Un helicóptero gubernamental los trasladó a la cárcel de Cerro Hueco, donde siguieron siendo interrogados con torturas. Lo tuvieron 15 días sin alimento, con apenas agua y lo sacan a las 4 de la mañana para bañarlo con agua fría. No dio información alguna. Fue liberado después, junto con otros presos zapatistas, a cambio del prisionero de guerra general Absalón Castellanos.

Después siguió el Diálogo de Catedral, el Diálogo de San Andrés, la firma de los acuerdos, el incumplimiento gubernamental, la resistencia zapatista.

 

Decenas de miles de hombres, mujeres, niños y ancianos se negaron a recibir la ayuda gubernamental e iniciaron el proceso de construcción de su autonomía con sus propias fuerzas y la ayuda de la sociedad civil nacional e internacional.

El compañero Dionisio fue elegido como autoridad de un Municipio Autónomo Rebelde Zapatista y fue presidente de la comisión de producción municipal. Cuando nacieron las Juntas de Buen Gobierno, fue miembro de una de ellas. Terminando su servicio comunitario como autoridad autónoma, quedó como promotor local en su comunidad.

De cómo cumplía sus trabajos nos cuenta su esposa:

El compañero antes de que hacía los trabajos decía que él no le importaba el tiempo que lo va a perder y también no es que traiga dinero suficiente, tan siquiera el pasaje que llega donde lo va a hacer trabajo y no le importa de que pierda su tiempo, tan siquiera pues con pozol pues eso es lo que decía antes el compañero cuando hacía el trabajo, que eso lo quiere nuestra lucha. Y él decía que de por sí él está bien convencido de la lucha, que no lo quiere dejar y ya sea cualquier sufrimiento que hay pero él está bien convencido de luchar. Al compañero le gustaría más el trabajo, no le importaría si es que no tiene dinero pero lo que gustaría más es el trabajo, y siempre cuando sale en su comisión o a hacer trabajo como consejo mucha gente ahí en ese ejido está en contra del compañero porque sale haciendo trabajo lo que es de la organización, pues como es ejidatario y siempre le piden la multa que no asiste en las reuniones, otros trabajos que se hacen en la comunidad.

Cuando el compañero Dionisio hacía su trabajo como consejo autónomo, su esposa quedaba trabajando en la milpa o cargando leña. Y comparten el trabajo: cuando el compañero regresa del trabajo en su oficina, llega en su casa y al otro día sale a las cuatro, a las cinco de la mañana para ver su trabajo, ya sea de la milpa o de otros trabajos, pero su esposa siempre lo acompaña para hacer los trabajos, así comparten entre ellos.

 

El día de la marcha, el 7 de mayo de este año: se levantan a las 2 de la mañana y empezaron a alistarse: moler la masa para las tortillas, preparar la comida para dejar a los hijos, y a preparar pozol para que llevaran a la marcha. Y dice su esposa que, siempre que el compañero Dionisio salía de comisión le decía que nunca se sabe si es que regresa. Esa madrugada salió bien contento. El cuerpo del compañero regresó acompañado de muchas bases de apoyo zapatistas.

Lo acompañaron hasta llegar a su casa.

Cuando hablamos con los familiares del finado compañero Dionisio, nos pidieron que pasáramos estos mensajes a quienes están luchando contra la guerra del mal gobierno:

El padre: este mensaje para el compañero Javier Sicilia y a otros compañeros que han muerto sus hijos a causa de buscar el bien, entonces le mando este mensaje que ánimo en su lucha, que pues para poder vencer al mal gobierno.

La esposa: El mensaje al compañero Javier Sicilia y a otros compañeros que han muerto sus hijos pues ánimo en su lucha, que no dejen de luchar, es el mensaje para luchar juntos.

La madre: que sigan luchando, ánimo con sus luchas y pues siempre a esta situación que si estamos dispuestos a luchar esto va a pasar, y que ellos sigan luchado, y no están solos.

Cierto, no están solos.

 

La historia del compañero Dionisio es sencilla y, como la de tod@s l@s zapatistas, se puede resumir así: ni se rindió, ni se vendió, ni claudicó.

 

-*- 

Mmh… pues salió larga esta carta. Imagine usted lo que será la dirigida a Don Pablo González Casanova a quien le debo no una misiva sino un libro.

Y ahora que la releo antes de enviarla, se me ocurre que todo lo que en ella se dice tal vez no venga al caso en lo que estamos reflexionando sobre ética y política.

¿O tal vez sí?

Vale. Salud y ojalá haya más empeño en entender y menos en juzgar.

Guerrero, Mexico: Las indígenas violadas y la evasión de la Secretaria de la Defensa Nacional.

Aun cuando la Corte Interamericana de Derechos Humanos emitió en octubre del año pasado su fallo sobre las dos indígenas guerrerenses violadas por elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional en 2002 y exigió al gobierno de Felipe Calderón acatar las sentencias, 10 meses después la justicia no llega para ellas. Los defensores de las agraviadas aseguran que la dependencia recurre a argucias legales para exonerar a los militares inculpados y dejar el asunto en manos de la PGR. Con la determinación aparente de dar cumplimiento a las sentencias emitidas en octubre de 2010 por la Corte Interamericana de Derechos Humanos contra México, en las que se acusa a un grupo de militares de violar sexualmente a dos indígenas guerrerenses, el 29 de julio último la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) decidió trasladar los expedientes del caso a la Procuraduría General de la República (PGR).

MÉXICO, D.F. (Proceso).- Las indagatorias sobre Inés Fernández Ortega y Valentina Rosendo Cantú, quienes fueron agredidas en 2002 por un grupo de soldados, no sólo estuvieron en instancias castrenses durante nueve años, sino que incluso “tienen vicios de origen”, pues el propósito era exculpar a los responsables de la agresión, comenta el abogado del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, Vidulfo Rosales Sierra, quien lleva la defensa de las agraviadas.

“Tenemos elementos para considerar que los expedientes que la Procuraduría General de Justicia Militar (PGJM) envió a la PGR están construidos para que se declaren cerrados o bien que los militares responsables que fueron identificados por Inés y Valentina con nombre y apellidos hayan sido dados de baja”, dice el litigante a Proceso.

Afirma que la PGR podría declinar competencia a favor de la procuraduría de Guerrero, en un intento por librar la responsabilidad que como institución tiene el Ejército mexicano en las violaciones a derechos humanos.

En sus sentencias, el organismo interamericano subraya que las denuncias de Rosendo Cantú y Fernández Ortega son fundadas, toda vez que aportaron elementos sobre las vejaciones que recibieron por parte de tropas de la Sedena en febrero y marzo de 2002, respectivamente. Por esa razón, la corte determinó la responsabilidad de México en los dos casos, pues se violentó la integridad personal, la dignidad y la vida privada de las dos indígenas; además, las autoridades incumplieron su “obligación de garantizar, sin discriminación, el derecho de acceso a la justicia” (Proceso 1770).

A Rosales Sierra le sorprende que, luego de varios años de negarse a remitir los casos a la PGR aun después de emitidas las sentencias del tribunal de la Organización de Estados Americanos (OEA), la Sedena haya atendido la petición. No obstante, advierte que en el fondo esa declinatoria es producto de la exigencia de organizaciones ciudadanas para que se controlen los excesos de las Fuerzas Armadas contra la población civil, así como de la reforma constitucional en materia de derechos humanos y la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en el análisis de la sentencia de la desaparición forzada de Rosendo Radilla emitida por el mismo tribunal interamericano.

En las notificaciones de la PGJM enviadas a Fernández Ortega y Rosendo Cantú, apunta Rosales, “los militares insisten en que son competentes para conocer el caso, al citar nueve artículos del Código de Justicia Militar, y trasladan los expedientes a la PGR con los argumentos de la existencia de las sentencias de la Corte Interamericana y la solicitud de declinatoria que las señoras hicieron el 27 de julio a la PGJM”.

Los oficios –de los cuales Proceso tiene copia– están fechados el martes 9 y tienen la rúbrica de la agente del Ministerio Público Militar, teniente de corbeta Karla Roberta Espinosa de la Orta. En ellos, la Sedena admite que en los casos de las indígenas se “denuncian presuntas violaciones a los derechos”.

Y aclaran que, por existir sentencias del organismo interamericano contra el Estado mexicano, el 20 de julio de 2011 la fiscalía militar “tuvo a bien acordar la INCOMPETENCIA” para seguir conociendo las indagatorias SC/179/2009/II-E y SC/180/2009/II-E relativas a Fernández Ortega y Rosendo Cantú, respectivamente.

De acuerdo con las notificaciones, entregadas a Inés y Valentina el viernes 12, las averiguaciones previas fueron enviadas a la Subprocuraduría Regional de Control de Procesos y Amparo de la PGR el 29 de julio último “a fin de que determine lo que a derecho proceda”.

La sentencia de la Corte

Después de nueve años de enfrentarse al fuero militar como defensor de las indígenas me’phaa, Rosales Sierra asegura que la Sedena “tiene un as bajo la manga para exonerar a los responsables (de las agresiones a sus clientes) y dejar intocable al Ejército mexicano”.

El abogado del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan explica: en el fuero militar “las investigaciones tomaron un rumbo tendencioso, enfocado a exonerar a los militares responsables y encaminado a desacreditar los señalamientos concretos que hicieron Valentina e Inés”.

Relata también que en 2006 la PGJM archivó las averiguaciones previas por considerar que no había responsabilidad de personal castrense en los abusos cometidos contra las indígenas. No obstante, en 2008 los casos se reabrieron en el fuero militar, luego del litigio que se dirimió en Washington ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

Incluso, añade, a finales de ese año la PGJM envió los expedientes de las dos indígenas a la Procuraduría de Justicia de Guerrero, para que investigara sobre la responsabilidad de civiles en las violaciones sexuales.

Rosales Sierra destaca que aun cuando él y los representantes legales insistieron desde el principio en que la PGR asumiera las indagatorias “siguiendo la línea de la responsabilidad de militares y no de posibles civiles”, la dependencia federal sólo aceptó colaborar con su similar guerrerense.

“En esa parte del proceso –la diligencia se realizó el 14 de agosto de 2009, precisa el defensor–, Inés y Valentina reconocieron a sus agresores en un álbum fotográfico. Ese día ambas señalaron con nombres, apellidos, cargos y los mandos militares a quienes las agredieron”. Se trata, dice, de dos cabos de transmisiones y dos soldados de infantería del 41 Batallón de Infantería bajo el mando de las bases de operaciones Ríos y Méndez.

El compendio fotográfico tenía más de 300 imágenes de militares que entre diciembre de 2001 y abril de 2002, participaron en la Operación Azteca en la cordillera de la Montaña de Guerrero que atraviesa los municipios de Acatepec y Ayutla.

En febrero de 2002, Valentina Rosendo fue atacada en el río cercano a su comunidad, Barranca Bejuco. Antes, un piquete de militares le preguntó si sabía sobre “los encapuchados” que operan en la región. Al mes siguiente, Inés Fernández fue violada en su vivienda frente a sus hijos. ¿El motivo? No supo responder en español a las tropas que ingresaron a su domicilio para interrogarla.

“Tan pronto como se hizo este reconocimiento –retoma el abogado de Tlachinollan– la procuraduría (de Guerrero) declinó competencia a favor de la PGJM (el 30 de octubre de 2009) y quedaron pendientes otras diligencias, entre ellas citar a declarar a los militares responsables, hacer más retratos hablados. Pero como las averiguaciones aún estaban en manos del Ejército, las autoridades desacreditaron los testimonios de las víctimas”.

Procuraduría militar, argucias

Al llevar el caso a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, Rosales Sierra y los demás defensores se enteraron de que en noviembre de 2009 la PGJM pidió a una psicóloga militar que determinara si era posible que Valentina Rosendo recordara con nitidez los rasgos físicos de quienes la agredieron en febrero de 2002. “La psicóloga emitió incluso un dictamen teórico y técnico, pero nunca entrevistó a Valentina”, se queja Rosales.

En el caso de Inés Fernández, sus defensores obtuvieron un documento fechado el 20 marzo de 2010 y firmado por la agente del Ministerio Público militar Karla Roberta Espinosa de la Orta en la que ésta solicitaba a la PGR un perito en identificación de personas o identificación físiognómica para que determinara la veracidad de su testimonio.

En el oficio, del que este semanario tiene copia, Espinosa de la Orta antepone la “garantía constitucional de todo inculpado, el derecho a una defensa adecuada”. Y, ante el reconocimiento que hizo Fernández Ortega el 14 de agosto 2009, la agente ministerial comenta que existía “la necesidad URGENTE” de que interviniera en el caso el perito de la PGR para que respondiera al siguiente cuestionario:

1. Que diga el perito en qué casos se solicita la elaboración de un retrato hablado; 2. Que diga el perito si es recomendable mostrarle fotografías al testigo o víctima antes de realizar un retrato hablado; 3. Que diga el perito si es confiable un retrato hablado realizado después de 7 años 4 meses y 23 días (en negritas en el original) de la fecha que sucedieron los hechos y siendo el día de los hechos la primera y única vez que se vio al presunto agresor; 4. Que diga el perito si es posible la correspondencia de identidad entre un retrato hablado y una fotografía; 5. Que diga el perito si los rasgos fisonómicos de los supuestos agresores que señala la ciudadana Inés Fernández Ortega en su declaración de fecha 24 de marzo de 2002 ante el ministerio público de Allende en la ciudad de Ayutla de los Libres, estado de Guerrero, dentro de la indagatoria ALLE/SC/5776/2002, coinciden con los rasgos proporcionados por la propia denunciante para la elaboración de los retratos hablados de fecha 14 de agosto de 2009.

El 24 de marzo de 2010, la directora ejecutiva de Laboratorios del Departamento de Retrato Hablado, dependiente de la Dirección General de Coordinación de Servicios Periciales de la PGR, Sara Mónica Medina Alegría, notificó a la PGJM la designación de Edmundo Acacio Cebreros, perito en materia de identificación fisiognómica, quien debía acudir a la fiscalía militar el 26 de marzo de ese año a las 10:00 horas a realizar la diligencia solicitada.

Medina Alegría dirigió el oficio al coronel Aníbal Trujillo Sánchez, jefe de la sección de Averiguaciones Previas y Asuntos Especiales de la PGJM en ese momento, según la copia del documento obtenido por Proceso. Hoy, Trujillo Sánchez es subdirector de Asuntos Internacionales de la División General de Derechos Humanos de la Sedena. Con ese cargo, el militar acudió a la Corte Interamericana el 28 de junio siguiente.

En ese foro, participó en dos sesiones para dar seguimiento a las medidas provisionales ordenadas por el tribunal interamericano a favor de 107 personas relacionadas con las sentencias de las indígenas guerrerenses, así como de 37 familiares y defensores de tres jóvenes de apellido Alvarado: José Ángel, Rocío Irene y Nitza Paola, detenidos y desaparecidos por miembros de la Sedena en Chihuahua en diciembre de 2009.

En una reunión privada que se efectuó previamente a la sesión para abordar este último caso, Trujillo Sánchez consideró “terrorífico” que la Corte Interamericana de Derechos Humanos transmitiera en vivo la audiencia y que se difundieran los nombres de los militares involucrados. Ninguna de las audiencias relacionadas con México fue difundida después del comentario de Trujillo (Proceso 1809).

Información escamoteada

La defensa de Inés Fernández dice que no tiene las respuestas que dio el perito de la PGR a la fiscalía castrense, porque hasta ahora no ha tenido acceso a las averiguaciones previas. Lo que ha obtenido, dice, corresponde a documentos enviados por el tribunal internacional ante las solicitudes de información que ha hecho al Estado mexicano.

“Por el contenido de las preguntas que se le hicieron al perito –sostiene Rosales Sierra– no se requiere mayor ciencia para saber hacia dónde va la averiguación previa integrada por los militares: a exonerar a los responsables, más que a acreditar su participación en los hechos.”

El abogado de las indígenas, quien ha recibido amenazas por su defensa, expresa su temor de que la PGR archive los casos, aun cuando está obligada a completar las investigaciones, realizar las diligencias pendientes, consignar las averiguaciones y solicitar las órdenes de aprehensión contra los militares responsables.

“También cabe la posibilidad de que los agresores hayan sido dados de baja para librar al Ejército de responsabilidad y entonces enviar el caso a la procuraduría de Guerrero”, dice.

Relata que en la reunión para el cumplimiento de las sentencias del tribunal interamericano, realizada el 19 de mayo último en la Secretaría de Gobernación, él y sus colegas se levantaron de la mesa “cuando los representantes de la PGR se negaron a atraer las averiguaciones previas e instruyeron a la procuraduría estatal para que tomara las investigaciones, situación que, por cierto, rechazó el procurador de Guerrero (Alberto López Rosas)”.

Desde entonces Gobernación no ha vuelto a convocar a los abogados, quienes no saben con detalle si se está dando cumplimiento a las sentencias emitidas por la Corte Interamericana.

El director del centro Tlachinollan, Abel Barrera Hernández, comentó que en estos días enviará una carta al subsecretario de Asuntos Jurídicos y Derechos Humanos de esa dependencia, Felipe de Jesús Zamora Castro, responsable de que se acaten las sentencias del organismo dependiente de la OEA.

En el escrito, del que este semanario tiene copia, Barrera Hernández, quien recientemente fue premiado por Amnistía Internacional (AI) por su trabajo al frente de Tlachinollan, pide al funcionario una fecha para un nuevo encuentro de trabajo en el que las autoridades entreguen copia de los expedientes que la Sedena envió a la PGR.

Asimismo, recuerda al representante del gobierno de Felipe Calderón que el 15 de marzo último, “en presencia de las señoras Fernández Ortega y Rosendo Cantú”, él mismo firmó el “acuerdo para el cumplimiento de las sentencias dictadas por la Corte Interamericana”.

El abogado Rosales Sierra acota: “Cuando tengamos el expediente, promoveremos diligencias para esclarecer los hechos. Pero antes debemos decir que la declinatoria de competencia se dio por una coyuntura política. La prueba está en que no hay avances en los demás resolutivos de las sentencias, que tienen que ver con salud y educación”.

http://www.proceso.com.mx/?p=279345

Cherán, México: Barricadas contra el crimen organizado.

La comunidad indígena purépecha de Cherán se atrinchera para evitar que talamontes y comandos armados entren en su municipio

En los últimos tres años han arrasado el 80% de sus bosques y ahora llegaron empresarios aguacateros para extender este cultivo en la región

Han asesinado a 12 comuneros y desaparecido a otros 6 que intentaban evitar la tala

¿Se imaginan un pueblo de 20.000 habitantes cercado por barricadas y con una hoguera prácticamente en cada esquina? Podría ser una estampa de las guerras africanas de las décadas pasadas o tal vez del México que hizo la revolución a principios del siglo XX. Pero así es como se encuentra desde hace casi cuatro meses Cherán, un municipio de cerca de veinte mil habitantes en el centro-occidental estado de Michoacán, a 411 km de la capital mexicana. Hartos de la pasividad de los gobiernos locales, municipales y federales, el 15 de abril, sus pobladores, indígenas purépechas decidieron autoorganizarse y establecer barricadas con sacos de arena, troncos y piedras en cada entrada del pueblo y 179 fogatas, casi en cada esquina, para protegerse de los criminales que asaltaban a la comunidad. Todo empezó hace dos años y medio, cuando empezaron a llegar los talamontes a sus bosques para robarles la madera. Desde el 2008 hasta ahora han devastado 20 mil de las 28 mil hectáreas de bosque comunal, el 80% de su territorio.

Las elecciones municipales de 2007 sembraron un conflicto interno en la comunidad y encumbraron a un alcalde sin legitimidad, electo por menos de dos mil votos. Los talamontes aprovecharon estas divisiones para entrar a sus bosques comunales y empezar a sacar toneladas de madera. Diez, veinte camiones por día. Cuando el crimen organizado, muy presente en todo el estado de Michoacán, se dio cuenta de lo fructífero que era el negocio ilícito de robar madera, quisieron su rebanada de pastel. Rápidamente se establecieron en los accesos a los bosques y con la fuerza de sus armas empezaron a extorsionar a los talamontes, les pedían 1000 pesos (unos 60 euros) por cada camión de madera que sacaran, y a cambio acallarían a cualquier comunero que se les enfrentase.

“Como nosotros estábamos peleados nos olvidamos de los que estaban arrasando nuestros bosques y cuando reaccionamos ya tenían protección de los delincuentes”, confiesa ahora el Padre Antonio Mora, párroco del municipio. Cuando los purépechas empezaron a enfrentarse con ellos lo pagaron caro. Tirso Madrigal fue la primera víctima. Era dirigente del Comisariado Comunal, la asamblea que rige el uso de las tierras en las comunidades de propiedad colectiva. Contrataron unas máquinas para hacer zanjas en los caminos que impidiesen el paso de los camiones. Subieron el primer día con ellas y al día siguiente, el 11 de febrero de 2009, cuando regresaron a continuar el trabajo las palas estaban destrozadas.  Tirso se adentró solo al bosque a buscar quiénes eran los responsables. Algunos comuneros aseguran haber visto siete hombres armados en el cerro ese día. Tirso nunca regresó, ni tampoco apareció su cuerpo. En la entrada del pueblo hay una comisaría de policía estatal, pero los vecinos aseguran que no hacen nada y que les han visto hablando tranquilamente con los talamontes. Además los hampones siguen campando a sus anchas por sus montañas. “Parece que el gobierno está involucrado con el crimen, sino, ¿por qué no nos ayudan?” se pregunta la esposa de Tirso, que prefiere ocultar su nombre.

Desde entonces los habitantes han sido amenazados, han desaparecido a otros cinco comuneros y han asesinado a 12, cuando suben a la montaña a trabajar o en sus propias casas. Pese a que hay responsables con nombres y apellidos señalados por testigos, ninguno de los casos ha sido investigado por la Justicia. Han incendiado hectáreas de bosque y cuando los comuneros suben a apagar el fuego, les tirotean. Los campesinos que tienen sus tierras de cultivo más cercanas al bosque no han sembrado este año y han tenido que prescindir de todo lo que de él sacaban: resina, madera, hierbas para infusiones, alimento… Hasta que llegaron a cortar los árboles que rodean el manantial. Cuando los comuneros vieron que iban a acabar con los árboles que abastecen de agua a su municipio, estallaron. El 15 de abril un grupo de vecinos salió a las 6 de la mañana a cerrar el paso a los talamontes. Con palos y piedras detuvieron tres camionetas cargadas con madera y retuvieron a cinco de ellos. A las cuatro horas llegaron los criminales armados. Los vecinos lograron espantarlos con cohetes pirotécnicos pero en el enfrentamiento los delincuentes incendiaron el bosque y un comunero recibió un balazo en la cabeza, que aún sigue en estado crítico. Los peculiares madereros permanecieron cinco días retenidos hasta que llegó la Comisión Nacional de Derechos Humanos con la policía y les aconsejaron que los soltasen. La policía se los llevó e inmediatamente los liberó pese a que robar madera es un delito.

Hay una organización entre los talamontes, los criminales y las autoridades para despojarnos de nuestras tierras”, explica Salvador Campamur, portavoz de los comuneros de Cherán. Así las cosas, los comuneros decidieron organizarse. Establecieron barricadas en las dos entradas del pueblo y 179 fogatas en los cuatro barrios que componen el municipio.

En grupos de cuatro familias hacen turnos para mantenerse en guardia en cada una de ellas, noche y día. Cinco señoras hacen la cena cada día en cada una de las barricadas y todo el pueblo cena allí. Así, más allá de protegerse, se empezó a recuperar la actividad comunitaria. Los niños dejaron de ir a la escuela porque los criminales amenazaron de cargar contra ellas, así que los maestros y maestras del pueblo han trasladado sus talleres a las fogatas donde siguen estudiando los niños de primaria y secundaria. En cada uno de los cuatro barrios se designaron 40 hombres mayores de 15 años, que asumen las tareas de vigilancia en lo que ellos llaman ronda comunitaria. No traen armas pero tiene un sistema de aviso por pirotecnia. Si hay una situación de peligro o un enfrentamiento llaman a todo el pueblo a concentrarse en la plaza, al truene de tres cohetes.

Aunque sin casi ser conscientes han establecido un ejemplo de autoorganización, la resistencia no es fácil. “Tenemos rabia e indignación. Quisimos defender nuestro bosque pero no pensamos en las consecuencias, no visualizamos contra quién nos estábamos enfrentando. No es que nos arrepintamos, pero estamos cansados: las desveladas, el trabajo colectivo, los alimentos escasean. Comer puro frijol, lentejas, eso sí cansa. Los niños ya se están enfermando, aunque les damos talleres, se están atrasando. Son muchos problemas”, explica una maestra del Barrio Tercero. Un niño de nueve años a su lado, dice que ya quiere volver a la escuela. Aún así, todos están determinados a seguir defendiendo su bosque. “Esto no es una demanda política o económica, va más allá, de nuestros bosques, de nuestra madre naturaleza, depende nuestra vida  y seguir viviendo en nuestro territorio y lo vamos a seguir defendiendo hasta que vuelva a la normalidad”, resume Salvador Campamur.

Para mantenerse, reciben la solidaridad de organizaciones sociales y religiosas que les proporcionan alimentos, como los que cocina Marcelina en una de las hogueras del barrio primero. “Cherán era una comunidad tranquila y transitada pero ya no hay seguridad, necesitamos una solución inmediata. Llevamos más de tres meses en la calle, se vela toda la noche, pendientes de que el enemigo pueda entrar en cualquier momento. El gobierno tiene que responder”, exige Marcelina mientras calienta las tortillas de maíz que van a alimentar a la vecindad. “Pedimos que venga la Policía federal o el Ejército. Pero el gobierno se hace el sordo y ciego porque no somos importantes para ellos”, agrega la maestra.

¿Pero, por qué no hacen nada?

Michoacán es la cuna del aguacate en México. El oro verde, como se llama este fruto en la región, es un fructífero negocio en la zona. Y curiosamente, una vez arrasados sus montes, a Cherán han llegado grupos de aguacateros que quieren rentarles sus tierras para plantar árboles de aguacate. Pero la comunidad se niega. En su cosmovisión indígena, la tierra es parte de ellos mismos. “Detrás de todo esto está el negocio de los aguacates. Han insistido en rentarnos las tierras ya destruidas para plantar aguacates pero no nos dejamos porque es un cultivo para ricos, necesita mucho agua y muchos insumos, además no es natural para nuestra tierra”, señala Campamur. En contraste, del bosque “depende el oxígeno, el agua, los niños, los animalitos, muchos recursos que se están acabando”, cuenta Marcelina.

Pero a estas alturas, no solo se trata de defender sus recursos naturales, sino de hacer justicia. Desde que implantaron las barricadas han asesinado a dos comuneros y desaparecidos otros tres. “Ya no son solo los árboles, ¿qué pasa con nuestros muertitos, con los desaparecidos?” inquiere a las autoridades el Padre Mora.

Como Mary, que aún cuando las lágrimas la ahogan, exige “que tengan corazón y que nos los regresen”. Su esposo, Rafael García, era el Comisario de Bienes Comunales, es decir la máxima autoridad en la comunidad. En febrero de este año, fue con otro compañero al campo a hacer unos trabajos comunitarios y al bajar al pueblo los golpearon y se los llevaron en plena calle.

Mary no puse la denuncia por miedo que viniesen por ella o por alguno de sus tres hijos. Y es que según los vecinos, el propio alcalde está con los talamontes. “Es nuestro enemigo”, apunta Marcelina. El Padre Mora, asegura que cuando lo increparon para que hiciese algo y llevase el caso ante instancias superiores, alegó que no era cosa suya. Tampoco se hace responsable el gobierno estatal, con el que se entrevistaron sin conseguir nada.

Mientras no tengan respuestas seguirán en pie de lucha, y aseguran que no celebrarán las elecciones municipales que tocan este noviembre. Desde su pequeño municipio, los indígenas purépechas de Cherán están dando una lección a México y al mundo, y ya se levantan como un ejemplo de resistencia y de dignidad.

Fotografías de Hans Musielik: (México)

http://periodismohumano.com/destacado/barricadas-contra-el-crimen-organizado.html

Comunicado de La Sociedad Civil las Abejas. 12 de agosto.

Organización de la Sociedad Civil Las Abejas

                                           Tierra Sagrada de los Mártires de Acteal

                                                 Acteal, Ch’enalvo’, Chiapas, México.

12 de agosto del 2011

A todas las Organizaciones Sociales y Políticas

A todos los Defensores de los Derechos Humanos

A la prensa Nacional e Internacional.

A la Sociedad Civil

A la Otra Campaña y

A la Opinión Pública

Hermanos y hermanas:

Hoy 12 de agosto del 2011 nos encontramos una vez más reunidos en la Tierra Sagrada de Acteal para denunciar la impunidad que cubre a los asesinos materiales e intelectuales de nuestros 45 hermanos y hermanas masacrados el 22 de diciembre de 1997.

Hoy, 12 de agosto, mientras nosotros nos reunimos en este lugar sagrado, en México los diputados y senadores buscan la forma de aprobar una Ley de Seguridad Nacional que legitime los abusos que comete el ejército contra los ciudadanos con el pretexto de la guerra contra el crimen organizado. Mientras tanto sigue corriendo la sangre de esta guerra de Felipe Calderón y hoy, como todos los días de este sexenio, siguen apareciendo muertos de muerte violenta que ya han rebasado la cifra de 40 mil víctimas de la violencia.

Un día como hoy 12 de agosto, pero hace dos años, nos reunimos sobrevivientes de la Masacre de Acteal y otros miembros de Las Abejas enfrente de la que debería ser la “gran casa de la justicia de México” pero que ese día se convirtió en la “Suprema Corte de Injusticia de la Nación” por la decisión de sus ministros de liberar a los paramilitares que estaban presos por ser autores materiales de la masacre de Acteal.

Hoy 12 de agosto, al leer las noticias de este día nos damos cuenta de que varios organismos del gobierno de Estados Unidos prácticamente han tomado el control de las acciones de guerra al narco de Felipe Calderón, como si ya no fuéramos un país independiente. Repudiamos las declaraciones de funcionarios civiles y militares de EU que piden que la guerra de Calderón se traslade a la “frontera sur” para traer aquí tanta muerte y caos como ha dejado en el norte.

Todas estas cosas, lo hemos dicho en muchas ocasiones, no son casos aislados ni están separadas entre sí. En nuestros comunicados de cada día 22 de cada mes hemos señalado la relación entre la guerra de contrainsurgencia que llevó a cabo el mal gobierno de Ernesto Zedillo en Chiapas y la guerra dizque contra el narco que lleva a cabo el mal gobierno de Felipe Calderón en todo el país. Hemos señalado y volvemos a señalar hoy, la relación entre la impunidad que el gobierno y la Suprema Corte aseguraron para los asesinos de Acteal y la violencia que hoy en día ha llenado de sangre y dolor las calles y campos de nuestro país y la vida de miles de familias mexicanas.

Hoy vemos la confirmación de lo que hemos dicho en las palabras de los profetas de Israel:

Cosas espantosas y horribles suceden en nuestra tierra y el pueblo lo tolera(Jeremías 5, 30): los jefes de la nación y los magistrados encargados de la justicia hacen odiosos los juicios y pervierten todo lo que es recto. Con sangre edifican la nación y sobre la injusticia construyen la ciudad. Sus jefes juzgan por sobornos y sus sacerdotes enseñan sólo por la paga y sus profetas predicen por dinero…por esta causa el país será convertido en un montón de ruinas (Miqueas 3; 9- 12) y los cadáveres aparecerán como basura en medio de las calles (Isaías 5, 25). Por esto mismo el Señor Dios se enfurece y permite que caiga sobre nosotros la nación poderosa del norte…empuñan sus armas; son crueles, no tienen misericordia (Jer. 6, 22-23).

Pero si una parte del pueblo tolera por ignorancia esta situación, nosotros escuchamos estas palabras:   ”Te he puesto en la torre como un centinela en medio de mi pueblo. Conoce, pues, y observa el camino de ellos (Jeremías (6,27).  Por eso, porque nuestro cargo es guardar la memoria, nacer la vida, encender la esperanza en Acteal, porque nuestra misión es construir la justicia, por eso hoy, 12 de agosto, a dos años de la infamia que hicieron los ministros de la Corte, les ponemos delante de sus caras estas palabras del profeta Jeremías:

Como jaulas llenas de pájaros, así están sus casas llenas de fraude. Así han llegado a ser importantes y ricos y se ven gordos y macizos. Incluso han sobrepasado la medida del mal, puesto que han obrado injustamente, no respetando el derecho de los huérfanos ni defendiendo la causa de los pobres (Jer. 5, 27-28).

¿Cuál ha sido el regalo de los ministros de la Corte para los huérfanos de Acteal? Su regalo ha sido que los huérfanos vean pasearse tranquilamente delante de ellos a quienes mataron a sus padres y a sus madres. Porque las palabras de Sabines de que no iba a permitir que los paramilitares regresarán a Chenalhó fueron solamente eso, palabras no hechos, porque nosotros lo hemos visto cómo andan libres en nuestras comunidades, los mismos que fueron premiados por su acción asesina con tierras y casas en otro municipio dizque para que no volvieran a Chenalhó. Es una burla hacia la sangre de nuestros hermanos cuando vemos aquí a lo responsables de la masacre caminando tranquilamente sin recordar su crimen. Y todavía con cinismo dicen que son inocentes, que en el día de la masacre estaban en otro lugar y nos dicen que somos mentirosos.

Dice un escritor que el peor de todos los crímenes es cuando el Estado permite la impunidad, porque con ello le está dando un mensaje a todos los criminales: pueden violar la ley y no les pasará nada. Eso lo vemos muy claro con los paramilitares que asesinaron a nuestros hermanos y hermanas en Acteal pero también es muy claro con la situación actual de violencia que será incontenible mientras en México no haya justicia. Cuando los paramilitares estaban en la cárcel y cuando hacíamos careos con ellos, nos amenazaban que cuando salieran libres iban a ver cómo vengarse de nosotros. Ahora es peor porque saben no sólo que no serán castigados sino que hasta reciben premios por su trabajo de asesinos. Ahora hay una fuerte preocupación, porque hemos escuchado rumores de parte de los paramilitares liberados, que van a ver cómo nos van a matar, pero que ya no van a hacer una matanza múltiple, sino, a uno por uno nos quieren matar, en emboscadas. Que porque vieron que con una masacre como la de Acteal la sociedad civil se levanta y tiene costos políticos graves. Por eso dicen que mejor conviene matar a uno por uno. Esto puede cumplirse si el mal gobierno sigue actuando como hasta ahora. Porque las armas sabemos que ahí siguen escondidas. Pensamos que pueden ser capaces los paramilitares de agredirnos, porque ya vieron que al matar y servir al poder y al Estado, se obtiene la liberación y dinero y casas y tierras e impunidad total. Para desactivar esas amenazas, si el gobierno va a seguir solapando la impunidad que por lo menos, cumpla lo que dijo y que los paramilitares se vayan a sus tierras que les compró Sabines y dejen de pasearse impunemente en Chenalhó.

El día de hoy nos hemos reunidos porque es el segundo aniversario de la liberación de los autores materiales de la Masacre de Acteal, pero de ninguna manera olvidamos que lo más importante son los autores intelectuales de la masacre y las razones de fondo por las que el gobierno realizó una acción criminal tan horrible. No se nos olvida nunca que la masacre de Acteal se dió en un contexto de Guerra de Contrainsurgencia, en el marco de una Guerra de Baja Intensidad contra los pueblos organizados que exigíamos el cumplimiento de Los Acuerdos de San Andrés y la Defensa de nuestra tierras, territorios y recursos naturales de las manos del neoliberalismo y capitalismo. El gobierno de Ernesto Zedillo y el gobernador en Chiapas en ese entonces Julio César Ruiz Ferro formaron a grupos paramilitares quienes se encargarían de desestabilizar la convivencia pacífica de las comunidades y meter terror en las comunidades organizadas y críticos ante un sistema opresor y represor. Y esa es la verdadera causa de la masacre de Acteal.

El mal gobierno tiene sus falsos profetas que predicen por dinero y sus sacerdotes que le sirven por una paga, como denunciaron los verdaderos profetas de Israel. Estos falsos profetas son los que han tratado de reescribir la historia de Acteal gastando mucho dinero en su propaganda escrita y audiovisual como han hecho los abogados del CIDE, Héctor Aguilar Camín, Manuel Ansaldo Meneses (lider paramilitar del extinto Partido Frente Cardenista), los Ministros de la SCJN y los medios de comunicación comprados por el Estado. Hasta una fundación encontró en España Ernesto Zedillo que le acaba de otorgar un premio dizque por su “Trayectoria Humana”. Así de pisoteada está la verdad que a los criminales se les premia mientras a las víctimas se les burlan sus derechos. Pero a todos ellos les decimos que con nosotros no pasan sus mentiras. Sobre su mentira triunfa la verdad que está de nuestro lado. Es la verdad del pueblo que lucha, la de las víctimas y los oprimidos. Es la verdad que no dejaremos que sea sepultada mientras podamos mantener viva nuestra memoria.

Y para refrescar la memoria, les ofrecemos la lista de los nombres de la infamia, de quienes fueron los autores intelectuales de la Masacre de Acteal:

  1. Ernesto Zedillo Ponce de León expresidente de México
  2. Emilio Chuayffet Chemor, exsecretario de Gobernación
  3. Gral. Enríque Cervantes Aguirre, exsecretario de la Defensa Nacional
  4. Julio César Ruiz Ferro, exgobernador de Chiapas
  5. Homero Tovilla Cristiani, exsecretario de gobierno de Chiapas
  6. Uriel Jarquin Galvez, exsubsecretario de gobierno de Chiapas
  7. Jorge Enríque Hernández Aguilar, ex Secretario Ejecutivo del Consejo de Seguridad
  8. David Gómez Hernández, exsubprocurador de Justicia Indígena
  9. Antonio Pérez Hernández, exsecretario de SEAPI
  10. Gral. Mario Renán Castillo, Comandante de la 7a Región Militar

Estas personas son responsables de crimen de lesa humanidad cometido en Acteal. Son hombres que representan la vergüenza de México. Por lo tanto deben ser castigados y de ninguna manera deberían ocupar funciones públicas, ya que tiene una deuda con el pueblo chiapaneco y de México.

Las Jornadas de acciones que realizamos por la justicia y la verdad, no son campañas con intereses políticos y demagógicas, sino, que son demandas indispensables para acabar con la impunidad y demostrarle al estado que no permitimos atropellos y crímenes contra los pueblos organizados. Si no hacemos nada hoy, la violencia, la injusticia, la impunidad lwreinará en nuestras comunidades, en nuestra nación.

Compañeros y compañeras, pueblos y naciones, les pedimos que se unan a nuestras demandas:

–     Castigo a los autores intelectuales de la masacre de Acteal.

–     Alto a la liberación masiva de los paramilitares presos en el Amate Chiapas.

–     Castigo a los autores materiales de la masacre de Acteal.

Y por nuestra parte también nos unimos a las demandas del Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad:

–     Fin a la impunidad

–     Alto a la Guerra de Felipe Calderón

–     No a la Ley de Seguridad Nacional que institucionaliza la violación de las garantías constitucionales por la fuerza pública.

–     Alto a la militarización.

ATENTAMENTE

La voz de la Organización Sociedad Civil “Las Abejas”

Por la Mesa Directiva:

Mariano Pérez Vázquez

Juan Vázquez Luna

José Ramón Vázquez Entzín

Victorio Pérez Paciencia

Mariano Pérez Sántiz

Frayba: 2 años de liberación de autores de la Masacre de Acteal.

Centro de Derechos Humanos
Fray Bartolomé de Las Casas, AC
San Cristóbal de Las Casas, Chiapas, México 12 de agosto de 2011

Se cumplen dos años en que la Suprema Corte de Justicia de la Nación libera a los autores materiales de la Masacre de Acteal

– Persiste un clima de inseguridad para los sobrevivientes y familiares de las víctimas de este crimen de lesa humanidad

– Con la liberación de 54 personas, señaladas como autores materiales de la Masacre de Acteal, el Estado mexicano crea las condiciones para la continuación de la estrategia de contrainsurgencia.

El día de hoy se cumplen dos años en que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) concedió la libertad a 20 personas señaladas como los autores materiales de la Masacre de Acteal. Esa resolución, dio inicio a otras excarcelaciones por parte de la SCJN: el 4 de noviembre de 2009, nueve personas; el 14 de octubre de 2010, quince; y el 23 de marzo de 2011, uno más. De los 87 autores materiales procesados, el poder judicial absolvió a seis, excarceló a dos por cuestiones de humanidad, más uno fallecido; por lo que sumados a los 45 que se han beneficiado de la decisión de la SCJN: 54 personas han sido liberadas.
Esto representa más de la mitad de los autores materiales que habían sido señalados.

La decisión de la SCJN revictimiza a los sobrevivientes y familiares de las personas asesinadas y viola su derecho a la integridad física y psicológica exponiéndolos a un clima de inseguridad y riesgo. A la fecha quedan presas 33 personas sentenciadas por los hechos del 22 de diciembre de 1997, de ellos seis han presentado recurso de reconocimiento de inocencia por lo que, según información difundida por los medios, la SCJN está por pronunciarse para su resolución.

Lo anterior lleva a los sobrevivientes y familiares a una situación de desconfianza en la estructura del gobierno mexicano, un sistema en donde las instituciones correspondientes no cumplen con su obligación de garantizar justicia y reparación del daño, lo cual incrementa la
impunidad y la vulnerabilidad de las personas. De las condiciones que se van perfilando, no sólo el Estado no esclarece los hechos satisfaciendo el derecho a la verdad e implementando medidas de no repetición, sino, con la liberación de los mencionados autores materiales de la masacre, crea las condiciones para la continuación de la estrategia de contrainsurgencia, ahora con otras modalidades. El Estado mexicano, de múltiples maneras, ha querido ocultar su innegable responsabilidad en los hechos de la Masacre de Acteal; sin embargo, la participación del Ejército mexicano ha sido confirmada por materiales desclasificados de la Agencia de Inteligencia de la Defensa de los Estados Unidos (DIA por sus siglas en inglés) que deja en evidencia el involucramiento directo de los militares en actividades de adiestramiento a grupos paramilitares (Humint) en la zona de los Altos de Chiapas, esto en concordancia con lo establecido en el documento de la Secretaría de la Defensa Nacional denominado ?Plan de Campaña Chiapas 94?.1

Esta información desmiente la versión oficial de la masacre proporcionada por el gobierno del entonces presidente Ernesto Zedillo, a través de la Procuraduría General de la República (PGR) en su informe el Libro Blanco de Acteal, donde se afirma que la Procuraduría de la República ha documentado la existencia de grupos civiles armados en el municipio de Chenalhó, no organizados, articulados, entrenados ni financiados por el Ejército mexicano ni por
otras instancias gubernamentales, sino que su gestación y organización responde a una lógica interna determinada por la confrontación, entre las comunidades y dentro de las comunidades, con las bases de apoyo zapatistas.2

Este Centro de Derechos Humanos reitera, una vez más, que para los sobrevivientes y familiares de las víctimas de la Masacre de Acteal no hay justicia. No se ha reparado el daño ni concluido con las investigaciones aunque llevan casi 14 años exigiendo justicia, verdad
y paz con dignidad.

La negación de justicia que el Estado mexicano impone, contraviene a los estándares internacionales de aplicación y eficacia de los recursos judiciales internos. De igual manera, habiendo transcurrido casi 14 años de este crimen de lesa humanidad, al no tener resultados
concretos sobre la investigación y responsabilidad de los perpetradores, se incurre en un injustificado retardo que no respeta los plazos razonables establecidos por la Comisión Interamericana y la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), dejando los hechos ocurridos en total impunidad.

Al respecto la Corte IDH ha indicado que el Estado tiene la obligación de combatir la impunidad, por todos los medios legales disponibles, ya que al no hacerlo propicia la repetición crónica de las violaciones de los derechos humanos y la total indefensión de las víctimas y de sus familiares.

Hoy en día la Masacre de Acteal, se suma a la inmensa fila de casos que van quedando en impunidad en todo el territorio nacional. Las masacres que a diario ocurren en distintos estados de la república mexicana, bajo el manto de la lucha contra el narcotráfico, confirman
la descomposición política y nula legitimidad de un Estado que incrementa la violencia y el clima de terror por todo el país, cuyos costos más graves son las pérdidas de vidas humanas.

Finalmente, saludamos las acciones de permanente construcción de justicia y autonomía que la Organización Sociedad Civil Las Abejas de Acteal ha mantenido a lo largo de su existencia como sujeto activo en este contexto. Saludamos también el esfuerzo de miles de hombres y
mujeres que el próximo domingo 14 de agosto estarán manifestando su rechazo a esta guerra oficial participando en la Movilización Ciudadana Pasos Hacia la Paz con Justicia y Dignidad.

***
1.Disponible en: http://www.frayba.org.mx/articulos.php?hl=es&year=1994
2.Procuraduría General de la República, Libro Blanco de Acteal, 1998.
3.Corte IDH, caso Paniagua Morales y otros, sentencia del 8 de marzo
de 1998, párrafo 173.


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La vigencia del EZLN.

Una y otra vez la terca realidad convalida la propuesta sugerida por el EZLN para destrabar el conjunto de nudo que impide la formulación de un proyecto de nación incluyente, justo y democrático. Quizá con el tiempo haya quienes olviden las propuestas formuladas por el EZLN durante el proceso de negociación realizado entre el gobierno federal y los zapatistas en los años 1995 y 1996.

Hay quienes afirman que las iniciativas políticas del EZLN han fracasado. Es obvio que a las fuerzas acumuladas por el EZLN y sus aliados y simpatizantes no les fue favorable la correlación de fuerzas para lograr concretar lo pactado con el gobierno federal en San Andrés Larráinzar, pero ello no implica que la razón, la historia y los mejores argumentos no hayan estado de su lado.

En 1995, después de las primeras cinco reuniones de trabajo entre el gobierno federal y el EZLN, donde las negociaciones se encontraban entrampadas debido a que el tema que se discutía era el de la distensión militar, el cual tiene por sí mismo demasiadas aristas, la primera Comisión de Concordia y Pacificación formuló una propuesta que atrajo la atención del zapatismo y permitió construir una interlocución, hasta ese momento no lograda.

La propuesta partía del reconocimiento de que el levantamiento zapatista era la expresión de una insurrección comunitaria, cuyas razones y causas compartía la mayoría del pueblo mexicano. A partir de esta premisa, el proceso de negociación caminaría por un lado en el desahogo de la agenda pactada entre el gobierno federal y el EZLN, y en paralelo en un proceso donde se impulsaría un amplio diálogo nacional para la reforma democrática del Estado, donde el Congreso de la Unión sería el convocante y la sociedad sería el escenario. En este proceso el EZLN sería uno de los actores que participarían, junto al conjunto de fuerzas políticas, sociales y económicas que conforman el espectro nacional.

El primer Foro sobre la Reforma Democrática del Estado se realizó en San Cristóbal de las Casas, donde el EZLN y un número importante de organizaciones de todo tipo participaron, esperanzados en una ruta que parecía poder resolver de fondo las justas causas que originaron el levantamiento zapatista.

En paralelo, se desahogó el primer tema de la agenda convenida entre las partes, denominado Derechos y cultura indígenas, y el 16 de febrero de 1996 la delegación del gobierno federal y el EZLN firmaron los documentos que hoy se conocen como los acuerdos de San Andrés Larráinzar.

Esta dinámica esperanzadora, donde el eje fundamental radicaba en la formulación táctica esgrimida por el zapatismo, y las causas que defendía, y lo sigue haciendo, se colapsó cuando el gobierno federal y los intereses que representa se negaron a cumplir con lo pactado y desataron una ofensiva mediática para descalificar el esfuerzo desplegado por segmentos importantes de la sociedad, e incluso por la misma delegación gubernamental, que a pesar de las diferencias había logrado concretar un acuerdo con los zapatistas, que trascendía la coyuntura y se ubicaba en la perspectiva de la construcción de un nuevo país.

Los personeros de las empresas trasnacionales, de las cuales hoy son sus empleados y que en ese momento eran funcionarios del gobierno, no batallaron para convencer al presidente Zedillo de que los acuerdos de San Andrés significaban un enorme peligro para desplegar la política privatizadora, que entregaba ya desde ese tiempo los activos mexicanos a las empresas extranjeras, de las cuales después se convirtieron en socios y sirvientes.

La descalificación para lo pactado en San Andrés fue la constante en el gobierno de Zedillo, se utilizó todo aquello que fuera necesario para satanizar a quienes habíamos compartido sueños y anhelos con los zapatistas.

Al EZLN se le sometió a una intensa campaña de agresión y hostigamiento en un vano intento por minimizarlo. Mientras a los zapatistas se intentaba reducirlos, a las trasnacionales energéticas, compañías mineras extranjeras y de las nacionales al Grupo México de Larrea, y a los grupos financieros internacionales, se les ponía en charola de plata todo aquello que pudiera favorecer sus intereses. En esos tiempos se produce el Fobaproa, el rescate de carreteras, se venden los ferrocarriles, satélites, se privatizan los puertos y aeropuertos y se realiza una intensa entrega de todo aquello que pueda ser negocio, en detrimento del patrimonio nacional.

Los resultados de esa política están a la vista: hoy somos una nación con mayores índices de pobreza, la seguridad nacional es un desastre, la delincuencia y el crimen organizado permean grandes capas sociales, los procesos electorales se sustentan en un enorme dispendio de recursos, donde lo importante no es el programa de los candidatos, sino las cantidades que se dilapidan en campañas vacuas y anodinas. Con las estadísticas en la mano no podemos decir que somos un mejor país al que existía antes del levantamiento zapatista.

A partir del incumplimiento del gobierno federal de lo pactado en San Andrés Larráinzar, los zapatistas se han dedicado a reorganizar sus fuerzas, consolidar sus relaciones internas y esperar con paciencia espartana mejores tiempos que les permitan lograr sus justos propósitos de vivir en una sociedad más justa y democrática. La impresionante movilización realizada hace unas semanas por miles de zapatistas en calles de San Cristóbal de las Casas desmiente a aquellos que daban por muerto al EZLN. El zapatismo vive, camina y en términos organizativos ha consolidado su presencia en las comunidades indígenas del país. En toda lucha hay desgaste, sin embargo también hay renovación, anhelos y nuevas esperanzas.

En medio de la actual circunstancia política, donde la constante son el cortoplacismo y el inmediatismo, no me queda duda de que el planteamiento zapatista de impulsar un proceso de diálogo nacional para la reforma democrática del Estado es una formulación vigente y de largo aliento.

Jaime Martínez Veloz

@twewwter

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