Frayba: 2 años de liberación de autores de la Masacre de Acteal.

Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas, AC San Cristóbal de Las Casas, Chiapas, México 12 de agosto de 2011 Se cumplen dos años en que la Suprema Corte de Justicia de la Nación libera a los autores materiales de la Masacre de Acteal – Persiste un clima de inseguridad para los sobrevivientes y familiares de las víctimas de este crimen de lesa humanidad – Con la liberación de 54 personas, señaladas como autores materiales de la Masacre de Acteal, el Estado mexicano crea las condiciones para la continuación de la estrategia de contrainsurgencia. El día de hoy se cumplen dos años en que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) concedió la libertad a 20 personas señaladas como los autores materiales de la Masacre de Acteal. Esa resolución, dio inicio a otras excarcelaciones por parte de la SCJN: el 4 de noviembre de 2009, nueve personas; el 14 de octubre de 2010, quince; y el 23 de marzo de 2011, uno más. De los 87 autores materiales procesados, el poder judicial absolvió a seis, excarceló a dos por cuestiones de humanidad, más uno fallecido; por lo que sumados a los 45 que se han beneficiado de la decisión de la SCJN: 54 personas han sido liberadas. Esto representa más de la mitad de los autores materiales que habían sido señalados. La decisión de la SCJN revictimiza a los sobrevivientes y familiares de las personas asesinadas y viola su derecho a la integridad física y psicológica exponiéndolos a un clima de inseguridad y riesgo. A la fecha quedan presas 33 personas sentenciadas por los hechos del 22 de diciembre de 1997, de ellos seis han presentado recurso de reconocimiento de inocencia por lo que, según información difundida por los medios, la SCJN está por pronunciarse para su resolución. Lo anterior lleva a los sobrevivientes y familiares a una situación de desconfianza en la estructura del gobierno mexicano, un sistema en donde las instituciones correspondientes no cumplen con su obligación de garantizar justicia y reparación del daño, lo cual incrementa la impunidad y la vulnerabilidad de las personas. De las condiciones que se van perfilando, no sólo el Estado no esclarece los hechos satisfaciendo el derecho a la verdad e implementando medidas de no repetición, sino, con la liberación de los mencionados autores materiales de la masacre, crea las condiciones para la continuación de la estrategia de contrainsurgencia, ahora con otras modalidades. El Estado mexicano, de múltiples maneras, ha querido ocultar su innegable responsabilidad en los hechos de la Masacre de Acteal; sin embargo, la participación del Ejército mexicano ha sido confirmada por materiales desclasificados de la Agencia de Inteligencia de la Defensa de los Estados Unidos (DIA por sus siglas en inglés) que deja en evidencia el involucramiento directo de los militares en actividades de adiestramiento a grupos paramilitares (Humint) en la zona de los Altos de Chiapas, esto en concordancia con lo establecido en el documento de la Secretaría de la Defensa Nacional denominado ?Plan de Campaña Chiapas 94?.1 Esta información desmiente la versión oficial de la masacre proporcionada por el gobierno del entonces presidente Ernesto Zedillo, a través de la Procuraduría General de la República (PGR) en su informe el Libro Blanco de Acteal, donde se afirma que la Procuraduría de la República ha documentado la existencia de grupos civiles armados en el municipio de Chenalhó, no organizados, articulados, entrenados ni financiados por el Ejército mexicano ni por otras instancias gubernamentales, sino que su gestación y organización responde a una lógica interna determinada por la confrontación, entre las comunidades y dentro de las comunidades, con las bases de apoyo zapatistas.2 Este Centro de Derechos Humanos reitera, una vez más, que para los sobrevivientes y familiares de las víctimas de la Masacre de Acteal no hay justicia. No se ha reparado el daño ni concluido con las investigaciones aunque llevan casi 14 años exigiendo justicia, verdad y paz con dignidad. La negación de justicia que el Estado mexicano impone, contraviene a los estándares internacionales de aplicación y eficacia de los recursos judiciales internos. De igual manera, habiendo transcurrido casi 14 años de este crimen de lesa humanidad, al no tener resultados concretos sobre la investigación y responsabilidad de los perpetradores, se incurre en un injustificado retardo que no respeta los plazos razonables establecidos por la Comisión Interamericana y la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), dejando los hechos ocurridos en total impunidad. Al respecto la Corte IDH ha indicado que el Estado tiene la obligación de combatir la impunidad, por todos los medios legales disponibles, ya que al no hacerlo propicia la repetición crónica de las violaciones de los derechos humanos y la total indefensión de las víctimas y de sus familiares. Hoy en día la Masacre de Acteal, se suma a la inmensa fila de casos que van quedando en impunidad en todo el territorio nacional. Las masacres que a diario ocurren en distintos estados de la república mexicana, bajo el manto de la lucha contra el narcotráfico, confirman la descomposición política y nula legitimidad de un Estado que incrementa la violencia y el clima de terror por todo el país, cuyos costos más graves son las pérdidas de vidas humanas. Finalmente, saludamos las acciones de permanente construcción de justicia y autonomía que la Organización Sociedad Civil Las Abejas de Acteal ha mantenido a lo largo de su existencia como sujeto activo en este contexto. Saludamos también el esfuerzo de miles de hombres y mujeres que el próximo domingo 14 de agosto estarán manifestando su rechazo a esta guerra oficial participando en la Movilización Ciudadana Pasos Hacia la Paz con Justicia y Dignidad. *** 1.Disponible en: http://www.frayba.org.mx/articulos.php?hl=es&year=1994 2.Procuraduría General de la República, Libro Blanco de Acteal, 1998. 3.Corte IDH, caso Paniagua Morales y otros, sentencia del 8 de marzo de 1998, párrafo 173. – Área de Sistematización e Incidencia / Comunicación Centro de Derechos Humanos Fray Bartolom? de Las Casas A.C. Calle Brasil #14, Barrio Mexicanos, San Crist?bal de Las Casas, Chiapas, M?xico C?digo Postal: 29240 Tel +52 (967) 6787395, 6787396, 6783548 Fax +52 (967) 6783551 medios@frayba.org.mx www.frayba.org.mx

La vigencia del EZLN.

Una y otra vez la terca realidad convalida la propuesta sugerida por el EZLN para destrabar el conjunto de nudo que impide la formulación de un proyecto de nación incluyente, justo y democrático. Quizá con el tiempo haya quienes olviden las propuestas formuladas por el EZLN durante el proceso de negociación realizado entre el gobierno federal y los zapatistas en los años 1995 y 1996.

Hay quienes afirman que las iniciativas políticas del EZLN han fracasado. Es obvio que a las fuerzas acumuladas por el EZLN y sus aliados y simpatizantes no les fue favorable la correlación de fuerzas para lograr concretar lo pactado con el gobierno federal en San Andrés Larráinzar, pero ello no implica que la razón, la historia y los mejores argumentos no hayan estado de su lado.

En 1995, después de las primeras cinco reuniones de trabajo entre el gobierno federal y el EZLN, donde las negociaciones se encontraban entrampadas debido a que el tema que se discutía era el de la distensión militar, el cual tiene por sí mismo demasiadas aristas, la primera Comisión de Concordia y Pacificación formuló una propuesta que atrajo la atención del zapatismo y permitió construir una interlocución, hasta ese momento no lograda.

La propuesta partía del reconocimiento de que el levantamiento zapatista era la expresión de una insurrección comunitaria, cuyas razones y causas compartía la mayoría del pueblo mexicano. A partir de esta premisa, el proceso de negociación caminaría por un lado en el desahogo de la agenda pactada entre el gobierno federal y el EZLN, y en paralelo en un proceso donde se impulsaría un amplio diálogo nacional para la reforma democrática del Estado, donde el Congreso de la Unión sería el convocante y la sociedad sería el escenario. En este proceso el EZLN sería uno de los actores que participarían, junto al conjunto de fuerzas políticas, sociales y económicas que conforman el espectro nacional.

El primer Foro sobre la Reforma Democrática del Estado se realizó en San Cristóbal de las Casas, donde el EZLN y un número importante de organizaciones de todo tipo participaron, esperanzados en una ruta que parecía poder resolver de fondo las justas causas que originaron el levantamiento zapatista.

En paralelo, se desahogó el primer tema de la agenda convenida entre las partes, denominado Derechos y cultura indígenas, y el 16 de febrero de 1996 la delegación del gobierno federal y el EZLN firmaron los documentos que hoy se conocen como los acuerdos de San Andrés Larráinzar.

Esta dinámica esperanzadora, donde el eje fundamental radicaba en la formulación táctica esgrimida por el zapatismo, y las causas que defendía, y lo sigue haciendo, se colapsó cuando el gobierno federal y los intereses que representa se negaron a cumplir con lo pactado y desataron una ofensiva mediática para descalificar el esfuerzo desplegado por segmentos importantes de la sociedad, e incluso por la misma delegación gubernamental, que a pesar de las diferencias había logrado concretar un acuerdo con los zapatistas, que trascendía la coyuntura y se ubicaba en la perspectiva de la construcción de un nuevo país.

Los personeros de las empresas trasnacionales, de las cuales hoy son sus empleados y que en ese momento eran funcionarios del gobierno, no batallaron para convencer al presidente Zedillo de que los acuerdos de San Andrés significaban un enorme peligro para desplegar la política privatizadora, que entregaba ya desde ese tiempo los activos mexicanos a las empresas extranjeras, de las cuales después se convirtieron en socios y sirvientes.

La descalificación para lo pactado en San Andrés fue la constante en el gobierno de Zedillo, se utilizó todo aquello que fuera necesario para satanizar a quienes habíamos compartido sueños y anhelos con los zapatistas.

Al EZLN se le sometió a una intensa campaña de agresión y hostigamiento en un vano intento por minimizarlo. Mientras a los zapatistas se intentaba reducirlos, a las trasnacionales energéticas, compañías mineras extranjeras y de las nacionales al Grupo México de Larrea, y a los grupos financieros internacionales, se les ponía en charola de plata todo aquello que pudiera favorecer sus intereses. En esos tiempos se produce el Fobaproa, el rescate de carreteras, se venden los ferrocarriles, satélites, se privatizan los puertos y aeropuertos y se realiza una intensa entrega de todo aquello que pueda ser negocio, en detrimento del patrimonio nacional.

Los resultados de esa política están a la vista: hoy somos una nación con mayores índices de pobreza, la seguridad nacional es un desastre, la delincuencia y el crimen organizado permean grandes capas sociales, los procesos electorales se sustentan en un enorme dispendio de recursos, donde lo importante no es el programa de los candidatos, sino las cantidades que se dilapidan en campañas vacuas y anodinas. Con las estadísticas en la mano no podemos decir que somos un mejor país al que existía antes del levantamiento zapatista.

A partir del incumplimiento del gobierno federal de lo pactado en San Andrés Larráinzar, los zapatistas se han dedicado a reorganizar sus fuerzas, consolidar sus relaciones internas y esperar con paciencia espartana mejores tiempos que les permitan lograr sus justos propósitos de vivir en una sociedad más justa y democrática. La impresionante movilización realizada hace unas semanas por miles de zapatistas en calles de San Cristóbal de las Casas desmiente a aquellos que daban por muerto al EZLN. El zapatismo vive, camina y en términos organizativos ha consolidado su presencia en las comunidades indígenas del país. En toda lucha hay desgaste, sin embargo también hay renovación, anhelos y nuevas esperanzas.

En medio de la actual circunstancia política, donde la constante son el cortoplacismo y el inmediatismo, no me queda duda de que el planteamiento zapatista de impulsar un proceso de diálogo nacional para la reforma democrática del Estado es una formulación vigente y de largo aliento.

Jaime Martínez Veloz

http://www.jornada.unam.mx/2011/08/12/opinion/027a2pol