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Centro de DDHH Tlachinollan: La resistencia y el fulgor de los pueblos originarios de México.

Desde La Montaña de Guerrero, México, y en nombre de mis compañeros y compañeras del Centro de Derechos Humanos Tlachinollan, reciban un saludo plagado de gratitud por honrar a las defensoras y los defensores de México con la distinción tan inmerecida que nos otorgan esta noche. En el corazón grande y generoso de los pueblos na’saavi, me’phaa, nahuas y na’ncue de La Montaña y la Costa Chica de Guerrero, Amnistía Internacional tiene un lugar privilegiado, porque en esos enclaves del olvido, la defensa de los derechos humanos se nutre del cariño y la solidaridad de todos ustedes.

En México, la lucha por la justicia y los derechos humanos se ha tornado en una experiencia cada vez más dolorosa y peligrosa. La muerte ha surcado nuestras sierras y avenidas porque se nos ha impuesto como un destino fatídico la guerra contra el narcotráfico a la que se aventuró el gobierno federal, dejando inerme a la sociedad.

En el Sur de México, los pueblos se mantienen en pie de lucha defendiendo sus territorios y su propia sobrevivencia. En Guerrero, los indígenas y campesinos pelean con ahínco para romper los muros del silencio, destruir las cadenas de la injusticia y remontar el lastre de la discriminación y el racismo.

La gesta por los derechos humanos en nuestro país ha sido heroica. Los ciudadanos y ciudadanas han abierto nuevos caminos con la fuerza de sus manos y con el acero de su dignidad. En Guerrero, los defensores y las defensoras se han forjado en medio de la represión, enfrentando la persecución y los encarcelamientos. Tlachinollan nació en medio de esta revuelta, dentro de un estado y una región donde hombres y mujeres han pagado con su vida el costo de nuestros derechos. Aún persiste en el estado el dolor por los desaparecidos y la indignación por la impunidad de la que goza el Ejército Mexicano.

A lo largo de 17 años, nuestro caminar se ha encontrado con los pasos firmes de quienes han sido víctimas de graves violaciones a los derechos humanos y con la larga marcha de los pueblos originarios que avanzan inspirados por la sabiduría milenaria de sus ancestros. Con ellos y ellas, hemos enfrentado el acecho constante de quienes se niegan a respetar nuestro trabajo y se empeñan en destruir nuestros sueños como defensoras y defensores.

A pesar de las amenazas, que nos obligaron a cerrar nuestra oficina en el municipio de Ayutla por más de dos años, Tlachinollan sigue transitando por los senderos escabrosos de la población más desamparada de La Montaña.

Los logros que hemos podido acariciar están llenos de lágrimas y tragos amargos, porque en México la lucha por la justicia implica luto y destierro. Así lo han vivido Inés Fernández Ortega y Valentina Rosendo Cantú, dos mujeres indígenas que, sufriendo atentados y amenazas en su búsqueda por la justicia, llevaron al Estado mexicano ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos para que respondiera por las violaciones sexuales y torturas que en su contra cometieron soldados del Ejército durante 2002. Las sentencias, dictadas el año pasado, representaron un trascendental triunfo para ellas; sin embargo, el gobierno mexicano se niega a cumplir los fallos al mantener las investigaciones en la justicia militar, con el fin de seguir prodigando impunidad al Ejército. Valentina e Inés nos han dado el ejemplo más nítido de cómo debemos defender la vida y la dignidad por encima de todo. Es por ello que invitamos a la comunidad internacional a unirse a su reclamo para exigir al Estado mexicano que cumpla las sentencias dictadas por la Corte Interamericana.

Las graves violaciones de derechos humanos que desde hace décadas suceden en Guerrero, y que se han condensado en cuatro sentencias dictadas por la Corte Interamericana, se han extendido a todo el país con la llamada “guerra contra el narcotráfico”. Las Fuerzas Armadas mexicanas persisten con sus prácticas impunes que han ocasionado muertes, desapariciones, violaciones sexuales, torturas y detenciones arbitrarias. El poder supremo del Ejército no permite controles externos por parte de las autoridades civiles. El despliegue militar en todo el territorio nacional alienta la confrontación bélica y, en consecuencia, han aumentado las violaciones a los derechos humanos. Ante tanta violencia, el dolor y el silencio de las víctimas se han convertido en un catalizador de la indignación y la protesta que ha convocado a los ciudadanos y ciudadanas de México en las recientes movilizaciones que cimbraron a las estructuras del poder, pues, en palabras del poeta Javier Sicilia, esa falsa batalla le está robando a México su dignidad.

Frente al desolador panorama de mi país, la alegría que hoy desborda nuestros corazones se contiene al traer a la memoria a Raúl Lucas Lucía y Manuel Ponce Rosas, dos defensores na’saavi ejecutados en Ayutla durante 2009; y se comprime al recordar a las defensoras y defensores amenazados de Guerrero. A ellos y a todos los caídos por la “guerra” que no es de nosotros dedicamos este premio. Ellas y ellos son la buena semilla de la nueva gesta por los derechos humanos en México.

Amigos y amigas de Amnistía Internacional, desde el corazón generoso de la gente de La Montaña, les digo qué grande ha sido la dicha al sentirnos acompañados siempre por ustedes. Son nuestra protección, nuestro refugio y nuestra inspiración. Sus cartas, que llegan a La Montaña en todos los idiomas, son la muestra más tangible de su cariño, su valor, su solidaridad y su compromiso, como sucedió con Raúl Hernández, quien encontró en sus misivas fuerza para conquistar su libertad. Con ustedes hemos aprendido a caminar en medio de la oscuridad. Con acciones sencillas pero efectivas, han logrado dar un giro esperanzador a la vida de los olvidados y excluidos. Su vela encendida esparce su luz por toda La Montaña para derribar los paredones de la impunidad. En medio de la noche aciaga y sin estrellas que vivimos en México, vemos en el horizonte que también resplandece la luz creciente de Amnistía Internacional que nos impulsa para alcanzar el amanecer de la justicia. Que no se pare nunca este movimiento de esperanza, que sus voces y sus luces nunca se apaguen y que la flor y el canto, que es como nuestros abuelos nombraron a la poesía y a la música, inspiren siempre el trabajo solidario de Amnistía Internacional.

El mejor premio para Tlachinollan y para Amnistía Internacional es que el gobierno mexicano cumpla con las sentencias de la Corte Interamericana para que florezca la justicia en Guerrero y en nuestro país.

Felicidades y larga vida por el fulgor de sus 50 años.

Muchas gracias.

**Palabras pronunciadas en la entrega del VI Premio de Derechos Humanos de Amnistía Internacional en Berlín, Alemania, el 27 de mayo 2011

*Antropólogo; director del Centro de Derechos Humanos de La Montaña Tlachinollan

CIDH: Estado mexicano culpable de violación a indígenas Me’phaa.

Responsabiliza la CIDH al Estado mexicano en 2 casos de violación.

+Inés Fernández y Valentina Rosendo, abusadas por militares en 2002

+El gobierno hará lo necesario para ejecutar la sentencia: Gobernación

La Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) concluyó que el Estado mexicano es responsable de tortura y violación sexual contra dos indígenas Me’phaa. El tribunal notificó ayer cada una de las sentencias por los casos de Inés Fernández Ortega y Valentina Rosendo Cantú, abusadas por militares en Guerrero en 2002, en las que señaló que las autoridades mexicanas son responsables de violaciones de los derechos humanos de ambas mujeres.

La CIDH exige a los poderes de los tres niveles de gobierno reparar íntegramente los daños; garantizar la seguridad futura de ambas mujeres, sus familias y las organizaciones civiles que las apoyaron; que las investigaciones por estos abusos se trasladen a la justicia civil –actualmente se encuentran en el fuero militar–; sancionar a los responsables, y adecuar la legislación y práctica internas de los tratados internacionales ratificados por México, a fin de que lo sucedido a Fernández y Rosendo no se repita, así como modificar el Código de Justicia Militar para que los delitos de soldados contra ciudadanos sean atendidos por los tribunales civiles.

Con estos suman tres los fallos de la CIDH contra el Estado mexicano por actos cometidos por el Ejército. En noviembre de 2009 emitió una resolución por el caso de Rosendo Radilla Pacheco, desaparecido por militares en la década de los años 70, donde señaló a México como responsable de impunidad y demandó analizar el fuero militar. Posteriormente acusó al país por el caso del campo algodonero referente a los feminicidios en Ciudad Juárez, Chihuahua.

En tanto, el Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, la Organización del Pueblo Indígena Me’phaa y el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (Cejil) –que acompañaron a las víctimas en su búsqueda de justicia–, así como el gobierno federal, fueron notificados ayer por la CIDH de las sentencias.

Las ONG informaron que en sus fallos el tribunal reconoció como hecho incontrovertible que las dos mujeres fueron violadas y torturadas por elementos castrenses y que el Estado mexicano les negó la justicia (por ocho años la han buscado). Resaltaron que durante el litigio ante el organismo internacional, el gobierno negó la violencia sufrida y puso en entredicho la veracidad de su testimonio, ratificado ayer por la CIDH.

Las resoluciones asientan que al no procurar justicia y garantizar la impunidad de los responsables “el Estado es directamente responsable de haber violado el derecho a una vida libre de violencia; a no ser torturado; a la integridad personal de los familiares de las víctimas; a la protección de la dignidad y la vida privada; a las garantías judiciales, y a la protección judicial. También ha incumplido con la obligación de adecuar la ley interna con los tratados internacionales.

De acuerdo con la Convención Americana sobre Derechos Humanos, las sentencias son definitivas y no pueden ser impugnadas por el Estado, por lo que está obligado a cumplirlas.

La CIDH mandató realizar procedimientos disciplinarios para los funcionarios negligentes que obstaculizaron el avance de las indagatorias, proveer servicios médicos adecuados a las afectadas y continuar en la estandarización de un protocolo de actuación respecto de la atención e investigación de violaciones sexuales.

Fijó como medidas de satisfacción la publicación de las partes pertinentes de la sentencia (en español y me’phaa), el reconocimiento de responsabilidad y una petición de perdón público de las más altas autoridades federales y estatales junto con la provisión de atención médica y sicológica a las víctimas y sus familiares. Asimismo, establece que es necesario el consentimiento expreso de las afectadas en la publicidad de algunas medidas.

La CIDH fijó plazos para el cumplimiento de los mandatos que van de tres meses a un año, y en algunos casos específicos, un periodo más largo.

Por la tarde, la Secretaría de Gobernación, en un boletín, aseveró que en atención a sus compromisos internacionales, el gobierno mexicano llevará a cabo todas las acciones necesarias para ejecutar la sentencia.

Reiteró su pleno compromiso con la promoción y protección de los derechos humanos; en particular con el combate a la violencia contra las mujeres y niñas, así como su plena colaboración con el sistema interamericano de derechos humanos

Periódico La Jornada
Sábado 2 de octubre de 2010, p. 12

http://www.jornada.unam.mx/2010/10/02/index.php?section=politica&article=012n1pol

Informe que presenta el Centro Tlachinollan en su XVI Aniversario.

Informe ejecutivo.

Hace 16 años en nuestro corazón existía la vaga sensación de lo que significaba entregar nuestras energías a la causa de los derechos humanos, poco sabíamos de los secretos colectivos que han hecho trascender a lo largo de los siglos a estos pueblos forjados en la cultura del don, su fuerza histórica es la memoria digna y rebelde de quienes son fieles a sus raíces para resistir comunitariamente a las políticas etnocidas.

La lucha por los derechos humanos posee el encanto del arcoíris que siempre aparece hermoso en el firmamento, pero nunca se tiene la dicha de acariciar la belleza de sus colores. Cuando lo contemplamos nos atrapa el deseo de llegar al lugar donde nace y la realidad es que se difumina cuando avanzamos hacia su encuentro. Desde que abrimos las puertas de este Centro acariciamos la idea de que la justicia podría ser un bien tangible construido con la fuerza de los pobres.

Nunca creímos que esta obra representaría una tarea gigantesca que no puede ser levantada con pocas manos, que más bien necesitaba de la solidaridad y la inteligencia de quienes siempre han estado trabajando por esta causa en los diferentes rincones de la Montaña. No bastaba con esperar la visita de la población agraviada en el cuarto de un hotel habilitado como oficina sino que  fue un imperativo ético de salir al encuentro de los que sufren, de estar presentes en los lugares más apartados donde el gobierno se ensaña contra los indefensos, de asumir con sencillez nuestra impericia para ser compañeros y compañeras útiles en los momentos más difíciles que enfrentan las víctimas, de ablandar nuestro corazón para poder contagiarnos de los nobles sentimientos que cultiva la gente de la Montaña.  Nos vimos obligados a desinstalarnos de nuestro propio espacio y hasta de nuestros mismos hábitos de vida, también nos sigue costando mucho desmontar nuestras formas de pensar y de concebir los derechos humanos para recuperar nuevas prácticas comunitarias que definen la naturaleza de los derechos colectivos de los pueblos indígenas. Siempre nos ha interpelado el sentido de reciprocidad y de trato igualitario que prevalece en las relaciones intracomunitarias, esta práctica ha sido muy difícil fusionarla a nuestros estilos y maneras de trabajar como organismo de derechos humanos. Este ejercicio no se suscribió al ámbito intelectual sino que fue una interpelación a nuestra vida y un llamado para asumir esta causa como parte de un proyecto existencial. Los testimonios a flor de piel de quienes eran víctimas de alguna violación a sus derechos humanos fueron moldeando nuestras maneras de tratar y de escuchar.

El registro permanente de los casos, los rostros y las voces de hombres y mujeres de los tres pueblos se anidaron en nuestro corazón que también se entristece como el de todos ellos y ha querido robustecerse como el corazón grande que poseen los defensores y defensoras comunitarias que están en la base y en la primera línea de fuego.

Desde el caso del profesor Magencio Abad Zeferino quien fue detenido de manera arbitraria y posteriormente torturado junto con su hijo por miembros del Ejército en diciembre de 1996, hasta los casos de Inés Fernández Ortega y Valentina Rosendo Cantú, dos indígenas me´phaa que fueron torturadas y violadas sexualmente por militares en febrero y marzo del 2002, como Centro de Derechos Humanos siempre nos han inspirado sus convicciones y anhelos para alcanzar la justicia sacrificando todo. Ellos y ellas guían nuestros pasos, nos marcan la ruta para caminar siempre de frente y cuesta arriba. Aprendimos a adquirir valor al ver que la gente había vencido el miedo para bajar a Tlapa o Ayutla a pedir justicia. La presencia de las víctimas de violaciones a derechos humanos siempre nos indicaba que habían decidido salir de su comunidad para caminar varias horas, pasar hambres y enfrentar desprecios con tal de exigir justicia. Esos grandes obstáculos que enfrenta cotidianamente la población indígena los han superado porque ya no están dispuestos a sufrir más ultrajes y agresiones de los policías y los militares. Con ese valor heroico nos hemos tenido que cobijar para salir al frente con los pies bien plantados en la tierra y encarar al poder impune.

Inés y Valentina nos enseñaron a superar las barreras lingüísticas, nunca consintieron el silencio cómplice ni aceptaron la sumisión, tampoco se hicieron rehenes de la burla y la estigmatización promovida por la mayoría de los hombres de sus comunidades.  A nadie le pidieron permiso para denunciar públicamente esta aberración ni les tembló la voz para decir la verdad de estos hechos deleznables. Bajaron a Ayutla y a Tlapa para encarar a los cómplices de los verdugos y para demostrar que no claudicarían en su afán por la justicia. Fueron ellas las que desenmascararon la simulación de un sistema de justicia estatal que se subordina y somete a los dictados de los militares. No consintieron por dignidad y convicción que el mismo Ejército se transformara en juez y parte de la canallada que ellos mismos habían protagonizado. A pesar de que el mundo se les derrumbaba (cuando  miembros de su misma comunidad se hacían cómplices del Ejército para intimidarlas y obligarlas a desistirse), ellas descubrían la mezquindad, la cobardía y la pequeñez de los hombres que vieron la conveniencia de dejarlas solas en su lucha. Siempre han luchado a brazo partido y a contra corriente, sufriendo en todo momento amenazas, injurias y desprecios.

Las mismas fuerzas represivas del Estado se han empeñado en destruir su vida, en cerrarles el camino a la justicia y en no permitir que su verdad desnude a un Ejército violador de derechos humanos que cobardemente se refugia en el fuero militar. El aparato represivo y diplomático del Estado mexicano se ha acuerpado para seguir defendiendo al Ejército y atentar contra la vida y la seguridad de Inés, Valentina y sus familiares. Tuvieron el descaro de ir a la Corte Interamericana de Derechos Humanos para defender al Ejército y denigrar la honorabilidad de dos mujeres heroicas, con gran cinismo evaden los cuestionamientos de fondo para amortiguar el duro golpe que le propiciará la Corte por ser un país que violenta los derechos humanos de la población más indefensa. Ellas han dado todo, por eso lograron llegar hasta la Corte Interamericana. Fueron ocho años de amenazas, de acoso sistemático, de agresiones físicas, de afectación al patrimonio familiar, de atentar contra sus hijas y de nunca dejarlas vivir con tranquilidad en sus domicilios. A pesar de las denuncias y de las medidas provisionales las  autoridades federales y estatales siguen siendo comparsas de los que han hecho la vida imposible de Inés y Valentina. Se trata de una estrategia diseñada por las fuerzas más oscuras que se mueven dentro de los altos círculos del poder para no permitir que los fueros se restrinjan y se terminen y para que los poderosos sean llamados a cuentas por cualquier ciudadano o ciudadana.

En este periodo que va de junio de 2009 a mayo de 2010, se ha incrementado el número de detenciones a defensores y defensoras de derechos humanos logrando documentar 26 casos. A pesar de las medidas provisionales con que cuentan 108 defensores y defensoras de derechos humanos de diciembre del 2009 a junio de este año se han suscitado nueve casos de amenazas que se suma a los siete casos que se registraron de mayo a noviembre de 2009. En los últimos dos meses el gobierno del estado reactivó las órdenes de aprehensión contra integrantes de la Organización para el Futuro del Pueblo Mixteco (OFPM), de la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación en Guerrero (CETEG) y egresados de la normal rural de Ayotzinapa. Esta ofensiva se extendió también hacia las miembros de la Coordinadora Regional de Autoridades

Comunitarias (CRAC), los opositores de la minera Media Luna y contra integrantes del Frente Opositor al Muelle de Icacos (FOMI) así como del Colectivo contra la Tortura y la Impunidad (CCTI). Por parte del Ejecutivo no ha cejado en su postura reduccionista de catalogar a los luchadores sociales como delincuentes y ha mantenido una postura inflexible de no permitir el desistimiento de las órdenes de aprehensión contra defensores y defensoras que en el proceso penal han logrado demostrar que fueron víctimas de delitos fabricados. El caso de Raúl Hernández ha alcanzado una dimensión internacional por las claras evidencias que existen en el expediente de que hubo consigna para encarcelar a los miembros de la Organización del Pueblos Indígena Me´phaa (OPIM). Estas razones políticas siguen causando  graves daños a Raúl que lleva más de dos años y tres meses pagando injustamente un delito que nunca cometió. La arbitrariedad del poder no escucha razones ni argumentos de fondo que han planteado organizaciones de gran prestigio de Amnistía Internacional que ha declarado como preso de conciencia a Raúl porque es insostenible jurídicamente la acusación que se le imputa.

En este último tramo del sexenio perredista ha resurgido la violencia política como una expresión funesta del vacío de autoridad que experimenta la mayoría de guerrerenses. El descrédito en el sistema de justicia es atroz y lo que es peor se ha dejado que los personajes siniestros vuelvan por sus fueros. La protección y alta permisividad a los violadores de derechos humanos ha sido un factor endógeno para alentar la impunidad y la violencia protagonizada por el crimen organizado. Las denuncias en lugar de resolver los delitos son un factor de riesgo que muy pocos ciudadanos están dispuestos a correr por que saben que no vale la pena apostarle a un órgano investigador que no es confiable y que fácilmente se colude con los intereses ocultos de las mafias. A los partidos políticos y sus precandidatos el tema de la militarización, los derechos humanos, el acceso a la justicia, los derechos de los pueblos indígenas, los derechos de las mujeres no forman parte de la agenda para el próximo sexenio porque en lugar de representar un negocio lucrativo requiere un compromiso serio y responsable con la sociedad que se organiza y que no está dispuesta a recibir migajas ni a continuar con poses y discursos demagógicos que sólo sirve para reproducir este sistema injusto.

El gran desafío que tenemos las y los guerrerenses es luchar contra el hambre, el desempleo, el analfabetismo, las enfermedades, la inseguridad, la militarización y la corrupción de los políticos. No podemos  eludir las enseñanzas que nos han brindado generosamente quienes sin pretenderlos han allanado el camino para alcanzar la justicia en el plano internacional. Guerrero es el único estado que tiene cuatro casos en la Corte Interamericana de Derechos Humanos: el de Rosendo Radilla, Inés Fernández, Valentina Rosendo y los campesinos ecologistas. Estos cuatro casos tienen un denominador común que es el Ejército como el autor de las violaciones a los derechos humanos. Son casos que nos remiten a la época de la guerra sucia y a los años recientes donde los nuevos gobiernos neoliberales le otorgaron facultades extra constitucionales al Ejército para salir de los cuárteles e instalarse en las comunidades indígenas, atendiendo el libreto de la guerra de contrainsurgencia. Los cuatro casos se enmarcan dentro de esta estrategia contrainsurgente que tiene licencia para desaparecer personas, violar sexualmente a mujeres indígenas y torturar a defensores de derechos humanos.

En nuestro país el fuero civil se negó a investigar estos delitos de lesa humanidady puso en manos de la justicia militar los casos para hacer más cruento el sufrimiento de quienes esperaban el apoyo del Estado  para castigar a los responsables.

A pesar de tanta desolación nuestro credo por la justicia y por el respeto a los derechos humanos sigue siendo una fuerza que nace desde el fondo de nuestro corazón. A pesar de la pesada noche de la impunidad y de la tempestad de la violencia los defensores y defensoras no cejaremos en nuestra lucha para exigir la libertad inmediata e incondicional de Raúl Hernández Abundio y de demandar el cumplimiento cabal de la sentencia que emita la Corte Interamericana de Derechos Humanos en los casos de Inés Fernández y  Valentina Rosendo Cantú.

La esperanza nos mantiene unidos y con mucho ánimo, tenemos la certeza de que el gran sacrificio que han hecho Inés y Valentina tendrá sus frutos en este invierno cuando los ministros de la Corte llamen a cuentas al Estado mexicano por haber violado los derechos humanos de Inés y de Valentina.

En estos 16 años, en el jardín de los defensores y defensoras de los derechos humanos empieza a florecer la lucha por la justicia  y nos alienta a que juntos construyamos este nuevo amanecer en las montañas del sur.

Tlapa, Guerrero, México a 24 de julio del 2010

16 ANIVERSARIO

Centro de Derechos Humanos de la Montaña

Tlachinollan A.C.

Mina 77 Col. Centro C.P. 4130

Tlapa de Comonfort Guerrero, México

Tel. +52 (757) 47 61220 /  47 6 1200

http://www.tlachinollan.org.com

Se recrudece la represión oficial contra activistas de derechos humanos en Guerrero: Tlachinollan.

Tlapa, Gro., 25 de julio. Las órdenes de aprehensión contra defensores de los derechos humanos han aumentado en Guerrero en meses recientes y a la fecha hay 26 profesores, activistas, indígenas y estudiantes detenidos y procesados, aseguró Abel Barrera Hernández, presidente del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan.

El sábado por la noche en Tlapa, durante la celebración del 16 aniversario de la institución, Barrera Hernández destacó que de mediados de 2009 a mayo de 2010 ha aumentado el número de detenciones, y en siete meses se han efectuado nueve. Además, en junio el gobierno de Zeferino Torreblanca reactivó las órdenes de aprehensión contra integrantes de la Organización para el Futuro del Pueblo Mixteco y de la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación en Guerrero.

Otros perseguidos son militantes de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias, egresados de la normal rural de Ayotzinapa, opositores a la empresa minera Media Luna e integrantes del Frente Opositor al Muelle de Icacos y del Colectivo contra la Tortura y la Impunidad.

El gobierno estatal cataloga a los luchadores sociales como delincuentes, les gira órdenes de aprehensión y los procesa aun cuando los procesos se basan en delitos prefabricados, como ocurrió en el caso de Raúl Hernández, miembro de la Organización del Pueblos Indígena Me’phaa, preso en Ayutla de los Libres desde hace más de dos años, sostuvo.

En el último año del actual sexenio resurgió la violencia política como expresión funesta de la protección a los violadores de derechos humanos, lo que alienta la impunidad, dijo.

Guerrero, recordó, es el único estado del país que tiene pendientes cuatro casos en la Corte Interamericana de Derechos Humanos: los de Rosendo Radilla, Inés Fernández, Valentina Rosendo y los campesinos ecologistas, cuyo denominador común han sido los abusos perpetrados por militares, señaló.

Guerrero, recordó, es el único estado del país que tiene pendientes cuatro casos en la Corte Interamericana de Derechos Humanos: los de Rosendo Radilla, Inés Fernández, Valentina Rosendo y los campesinos ecologistas, cuyo denominador común han sido los abusos perpetrados por militares, señaló.

Sergio Ocampo Arista

Periódico La Jornada
Lunes 26 de julio de 2010, p. 33

http://www.jornada.unam.mx/2010/07/26/index.php?section=estados&article=033n2est


@twewwter

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