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Tribunal Permanente de los Pueblos-México: masacre de Acteal.

Preaudiencia del caso de la masacre de Acteal

Programa (tentativo) para la PreAudiencia  del caso de Acteal

Fecha: lunes 16 de abril de 2012

09:00 hrs. Mesa de registro

09:30 hrs. Palabras de bienvenida / Presentación de participantes
Sociedad Civil de Las Abejas de Acteal /Coro de Acteal

10:00 hrs. Resumen del trabajo jurídico del caso Acteal
Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas

10:30 hrs. Posibles aportes del TPP al caso de Acteal
Eje de Migración, Refugioy Desplazamiento Forzado TPP
Apoyo Psicosocial y lecciones de experiencias en Colombia

10:45 hrs.       Contexto paramilitarización zona Norte: Gilberto Jiménez

11:00 hrs. Presentación del caso

Sociedad Civil de Las Abejas de Acteal

13:00 hrs. Caso Tenosique Fray Tomás

13:30 hrs.        Palabras de los miembros honorarios del jurado

Obispo Raúl Vera
Fray Tomás

Representante de la Fundación Rosa Luxemburgo

Rafael Landerreche

14:30 hrs Clausura a cargo del Coro de Acteal

http://www.tppmexico.org/

Acteal vs. Zedillo

Demanda contra un expresidente mexicano por crímenes de guerra

El pasado 16 de Septiembre de 2011 en el estado norteamericano de Connecticut fue presentada una demanda contra el ex presidente mexicano Ernesto Zedillo.

Dicha denuncia fue presentada por un grupo de familiares de 10 víctimas de la masacre en contra de 45 indígenas tzotziles, principalmente mujeres y niños, ocurrida en de Acteal en Chiapas, el 22 de diciembre de 1997, a manos de un grupo paramilitar, que como actualmente se sabe, contó con adiestramiento y armamento provisto por el ejército mexicano.

Los familiares de las víctimas, cuyos nombres no se conocen, son representados por el despacho Rafferty Kobert Tenenholtz Bounds & Hess, con sede en Miami, Florida, en Estados Unidos.

Dicha querella está sustentada en los delitos de: crímenes de guerra, crímenes contra la humanidad, castigo cruel, inhumano y degradante, terror y violencia para violar la libertad de asociación, terror y violencia para violar la libertad de pensamiento, opinión política y libertad para ejercer derechos políticos. Cabe decir que la demanda (que busca únicamente la reparación económica de los daños) fue presentada en Estados Unidos porque este país contempla en sus leyes la posibilidad de juzgar crímenes contra la humanidad, con base el llamado principio de Jurisdicción Universal.

En su momento fueron detenidos y consignados algunos participantes materiales de los asesinatos, pero nunca fueron enjuiciados altos mandos del ejército o mandos políticos locales o federales; sin embargo, durante 2009 fueron liberados los autores materiales de la masacre, con lo cual se encendieron de nuevo las alarmas dentro de la comunidad de Acteal y en el estado de Chiapas por temor a represalias.

En los últimos días el caso de la demanda contra Ernesto Zedillo ha dado varios giros al darse a conocer declaraciones de diversas partes involucradas directa o indirectamente con la demanda.

La Sociedad Civil de las Abejas, en Acteal, Chiapas se han desmarcado de la demanda argumentando que ésta únicamente busca vender la memoria de las personas masacradas y no hacer justicia verdadera, y han mencionado que el único representante legal de las Abejas es el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas, quien años antes interpuso una denuncia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

Por otro lado, el obispo emérito Raúl Vera, quien en 1997 formaba parte de la diócesis de San Cristóbal de las Casas, en Chiapas, ha señalado que posiblemente la demanda interpuesta tiene un trasfondo de venganza política desde la cúpula del poder en México.

El pasado 10 de enero, trascendió en algunos medios de comunicación mexicanos que la Secretaría de Relaciones Exteriores de México solicitó inmunidad para Ernesto Zedillo bajo la condición de ex presidente, y en un comunicado al Departamento de Estado de Estados Unidos, la Secretaría de Relaciones Exteriores argumenta que Ernesto Zedillo ‘recibió’ el conflicto de la administración anterior, es decir, de la administración del entonces presidente Carlos Salinas de Gortari, y por lo tanto Zedillo no es responsable de la masacre de Acteal.

Debe señalarse que la matanza de Acteal se dio bajo un contexto de permisividad y promoción desde el gobierno de diversos grupos paramilitares con órdenes de violentar al Ejército Zapatista de Liberación Nacional y las comunidades chiapanecas en resistencia, además de los órdenes de aprehensión que emitió Ernesto Zedillo contra el EZLN en el marco del proceso del diálogo para la paz en Chiapas y las reformas constitucionales que exigían los zapatistas, conocidas como Acuerdos de San Andrés Larráinzar.

Se ha comentado en diversos espacios que la solicitud de inmunidad para Zedillo promovida desde el gobierno federal mexicano tiene el trasfondo de sentar precedente ante una eventual demanda contra Felipe Calderón, actual presidente de México, por su ‘guerra contra el narcotráfico’ que ha dejado hasta inicio de 2012, más de 45 000 muertos en el país.

Se perfila una decisión política muy complicada para el gobierno de los Estados Unidos, considerando que Zedillo es miembro y consejero de instituciones financieras mundiales mientras que por otro lado, el gobierno estadounidense debería proceder de acuerdo a las propias leyes del país norteamericano: o acepta la demanda en contra de Zedillo y lo juzga por crímenes contra la humanidad, u otorga la inmunidad solicitada por el gobierno de México y pasa a la historia como juez y parte en la matanza de Estado de 45 indígenas mexicanos y las muertes que en el futuro se presenten en una posible demanda en contra de Felipe Calderón.

De cualquier manera, la justicia en México ha sido rebasada.

eww

Fuentes:
Diario La Jornada.
Sin embargo.mx.
Acteal.blogspot.com
Acteal97.com

México, Acteal: 14 años de impunidad.

Este 22 de diciembre se cumplen 14 años de la matanza de Acteal. Ese fatídico día, durante horas, un grupo paramilitar entrenado, armado y protegido por las más altas jerarquías militares, policiacas y civiles de los tres niveles de gobierno, asesinó con toda premeditación, alevosía y ventaja a 45 personas indefensas, en su gran mayoría niños y mujeres, entre ellas, cinco embarazadas, y causó graves lesiones físicas y sicológicas a otras personas que sobrevivieron. La masacre se llevó a cabo en el contexto de una estrategia contrainsurgente o de guerra irregular, cuya parte sustancial de su doctrina castrense se fundamenta, precisamente, en la formación de grupos de civiles afines, o paramilitares.

Durante todos estos años, diversas investigaciones independientes, (que incluyen tesis académicas e informes de organismos de derechos humanos), testimonios de sobrevivientes, actores activos confesos y testigos colaterales, y sobre todo, en el terreno judicial vinculatorio, los resultados de la Fiscalía especializada en delitos cometidos en la procuración y administración de justicia en el estado de Chiapas, dados a conocer este año, señalaron, sin lugar a dudas, un crimen de Estado, pese a la defensoría de oficio de intelectuales de la contrainsurgencia que lograron –en una campaña bien orquestada–, que la desprestigiada Suprema Corte de Justicia de la Nación, dejara en libertad a varios de los autores materiales de la matanza de Acteal. Han sido identificados como autores intelectuales, cómplices y encubridores de este delito de lesa humanidad, por omisión y comisión: Ernesto Zedillo Ponce de León, Liébano Sáenz Ortiz, Emilio Chauyffet Chemor, Julio César Ruiz Ferro, Jorge Madrazo Cuéllar, entre otros funcionarios, así como la entonces alta oficialidad de la Secretaría de la Defensa Nacional y comandantes de la séptima Región Militar.

Por mi parte, en mi calidad de presidente en turno de la Comisión de Concordia y Pacificación (Cocopa), presenté el 30 de abril de 1999 una demanda en la PGR, en torno a la existencia en Chiapas de grupos paramilitares, uno de los cuales habría realizado la masacre de Acteal. En la citada demanda estipulaba que “los paramilitares son ahora la fuerza de contención activa en Chiapas. Mientras que el Ejército se ha desplegado como una fuerza de contención pasiva, los paramilitares han estado dedicados a hostigar con acciones armadas a las bases de apoyo zapatistas, a lideres agrarios y a obispos y sacerdotes de la diócesis de San Cristóbal. La cooperación de los militares y policías supondría la aplicación de una táctica militar de contraguerrilla conocida como ‘yunque y martillo’, la cual consiste en que el Ejército e instituciones policiacas adoptan la función de fuerzas de contención (yunque) y permiten realizar la función de golpeo de los grupos paramilitares (martillo) contra el EZLN y sus simpatizantes.”

A partir de la experiencia chiapaneca y el estudio de grupos represivos como la llamada Brigada Blanca, que actuaron en la sombras de la guerra sucia de los años setenta, ochenta y noventa, y que vuelven a resurgir ahora con la guerra de Calderón, definimos a los grupos paramilitares como aquellos que cuentan con organización, equipo y entrenamiento militar, a los que el Estado delega el cumplimiento de misiones que las fuerzas armadas regulares no pueden llevar a cabo abiertamente, sin que ello implique que reconozcan su existencia como parte del monopolio de la violencia estatal. Los grupos paramilitares son ilegales e impunes porque así conviene a los intereses del Estado. Lo paramilitar consiste entonces en el ejercicio ilegal e impune de la violencia del Estado y en la ocultación del origen de esa violencia. Existen víctimas, hechos de sangre, como el de Acteal, pero ningún gobierno mexicano ha reconocido nunca la existencia de grupos paramilitares, porque sería reconocer la paternidad de masacres y actos represivos.

La organización Sociedad Civil Las Abejas, con justa razón, ha cuestionado fuertemente a un grupo que se separa de la misma, y que promueve a través de un bufete de abogados con domicilio en Miami, una demanda en contra de Ernesto Zedillo, a quien se acusa de crímenes de guerra y lesa humanidad. Se aduce que esta demanda tiene un carácter meramente civil y no penal, y que busca tan solo una reparación económica, que consideran inadmisible. No obstante, no hay que perder de vista que pese a estas limitaciones, la demanda abre un camino para un juicio a un ex presidente, quien, como jefe de Estado y comandante supremo de las fuerzas armadas, representa al conjunto de los funcionarios y militares implicados en los graves delitos cometidos. En las pruebas de la acusación, se pueden consultar importantes documentos que comprueban la responsabilidad de numerosos funcionarios y jefes militares y que van más allá de un enfoque conspirativo, en el sentido de que el proceso iniciado –señalan algunos analistas– podría ser maniobra electorera o venganza de personajes turbios como Felipe Calderón y Carlos Salinas de Gortari, respectivamente. No considero posible que en la lógica de semejantes protagonistas políticos, se pretenda violar la regla no escrita de no tocar, en ningún caso, la sacrosanta imagen de un ex presidente.

Asimismo, la comparecencia de Zedillo ante la justicia, sea esta civil, crea un precedente importante para el curso de la reciente denuncia –firmada por miles de ciudadanos–, en contra de Felipe Calderón y los integrantes de su gabinete de seguridad por presuntos crímenes de guerra y de lesa humanidad para ser juzgados ante la Corte Penal Internacional, con sede en La Haya.

Seguirán repitiéndose masacres como la Acteal en nuestro país –marcado por la violencia– mientras prevalezca la impunidad y se pretenda borrar de nuestra memoria el clamor de justicia.

Gilberto López y Rivas

http://www.jornada.unam.mx/2011/12/18/opinion/016a1pol

Chiapas, México: A punto de estallar otros Acteal.

La estrategia que comprende el despojo de territorio y agresiones paramilitares contra comunidades zapatistas avanza en Chiapas y presenta una nueva escalada de violencia.

En este momento dos comunidades zapatistas, una en la Selva Lacandona y otra en la zona montañosa del norte de Chiapas, están, cada una, a merced de centenar y medio de paramilitares armados que invadieron sus territorios.

El primero es el caso del poblado Nueva Purísima, del municipio autónomo Francisco Gómez, en la Selva Lacandona: el  lunes pasado alrededor de 150 personas armadas, algunas transportadas en camionetas de la presidencia municipal de Ocosingo, invadieron 178 hectáreas cultivadas por zapatistas.

El otro caso es el de la comunidad de San Patricio, del municipio autónomo La Dignidad, en la zona montañosa del norte de Chiapas, que denuncia que más de 150 paramilitares armados invadieron en días pasados sus terrenos y la tienen cercada.

En San Patricio las bases zapatistas reconocieron entre los invasores a policías municipales y dirigentes del grupo paramilitar Paz y Justicia. Los hombres portan armas de grueso calibre y postrados en los caminos y en la montaña prohíben que alguien salga de la comunidad.

Esta situación lleva 11 días en San Patricio y se vuelve más alarmante, pues los paramilitares disparan sus armas para impedir que   la gente se abastezca de sus cultivos o recoja leña.

Además los paramilitares ya se apropiaron de sus cosechas y algunos animales, destruyeron los corrales de cría de animales, quemaron 18 hectáreas de pastizales y derribaron 200 árboles de madera fina.

En contraste, las bases zapatistas están desarmadas, sufriendo escases de alimento y de leña.

En Nueva Purísima y San Patricio el estallido de violencia está latente.

¿Porqué tanta agresión contra poblaciones desarmadas que viven de proyectos colectivos autosustentables agrícolas y de cría de animales?

Estos no son casos ni nuevos ni aislados. Las bases zapatistas resisten, desde su irrupción en 1994, una estrategia contrainsurgente del Estado que entre otras modalidades comprende la de provocar conflictos con comunidades no zapatistas o crear grupos paramilitares.

De esta manera, sin involucrar directamente a las fuerzas armadas, pueblos indígenas en pobreza extrema, con altos grados de alcoholismo y en pugna interna por apoyos partidistas y asistenciales, atacan a pueblos zapatistas.

El despacho jurídico Rafferty Kobert Tenenholtz Bounds & Hess, P.A. de Miami quiere exhibir la creación de esa estrategia contrainsurgente, pues esta semana presentó, en un tribunal de Connecticut, una demanda judicial contra el expresidente Ernesto Zedillo por la matanza de Acteal.

Como se sabe, la masacre la perpetró un grupo paramilitar contra una población indígena indefensa, dejando un saldo de 45 víctimas, entre éstas 21 mujeres y 15 infantes, en 1997.

Zedillo vive en Connecticut y da clases en la Universidad de Yale. Hasta allá lo alcanzó la impunidad cometida en la masacre de Acteal, pues una ley federal del país vecino permite a extranjeros el derecho a demandar a residentes en suelo estadounidense por delitos de lesa humanidad.

El despacho jurídico que representa a un puñado de sobrevivientes de Acteal buscará probar la implementación del “Plan de Campaña Chiapas 94”, según el cual el expresidente dotó de armas a grupos  indígenas locales para que hostigaran y atacaran a poblaciones neutrales y zapatistas.

Bajo el gobierno de Zedillo salió a la luz Paz y Justicia, el grupo paramilitar que tiene cercado a San Patricio.

En 1997 a Paz y Justicia se le acusó de cercar comunidades simpatizantes zapatistas del municipio de Tila. El grupo les impidió el tránsito carretero, el paso de comida y medicinas, y se le responsabilizó de cometer violaciones sexuales y 46 asesinatos.

El EZLN también ha denunciado otras modalidades de esa estrategia contrainsurgente: despojo violento o burocrático de los terrenos apropiados por el EZLN durante la insurrección de 1994, proliferación de programas asistenciales a comunidades rivales, creación de nuevos asentamientos castrenses, entre otros.

Sin embargo en los últimos meses se han incrementado las  agresiones y despojos de otros grupos paramilitares como la Organización Regional de Cafeticultores de Ocosingo (ORCAO), o de militantes del PRI, PAN y PRD en comunidades de la Selva Lacandona, Los Altos de Chiapas y la selva fronteriza.

El caso de San Patricio evidencia la provocación abierta para que el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) tome de nuevo las armas.

EL EZLN depuso las armas cuando tras el rechazo legislativo de los Acuerdos de San Andrés Larráinzar en 2001, decidió convertirse en un movimiento civil pacífico. Las depuso, pero no las entregó. Y el subcomandante Marcos ha dicho que sólo las utilizarán para defenderse.

Si el EZLN respondiera a la violencia paramilitar, el Estado justificaría el uso de la fuerza castrense para tomar el territorio zapatista y así sofocar la experiencia autónoma.

Se pensó que la experiencia zapatista sucumbiría con el tiempo. Lo cierto es que si bien bajó en visibilidad, consolida su  autonomía y sirve de inspiración a etnias que impulsan procesos similares.

La lección autonómica zapatista es simple: rechaza cualquier apoyo partidista o programa gubernamental; no participa en elecciones; promueve la organización colectiva, horizontal e incluyente; creó programas de salud, educación, gobierno e impartición de justicia con identidad propia; estableció proyectos productivos autosustentables y protege su tierra y recursos naturales.

Si bien es simple, esa lección también es poderosa, pues mueve conciencias colectivas en un momento en el que la crisis capitalista provoca que gobiernos e iniciativa privada codicien las extensiones de tierra y los recursos naturales de territorios indígenas.

De esta manera, comienza a proliferar la resistencia activa de  comunidades indígenas en salvaguarda de su riqueza natural.

Lo vemos actualmente en el pueblo yaqui de Vicam, Sonora, que ha cerrado carreteras en protesta por la construcción de un acueducto que los despojará de miles de hectáreas de riego.

También lo vemos en la población purépecha de Cherán, Michoacán, que se atrincheró en defensa de sus bosques ante la devastación impune cometida por talamontes.

De idéntica manera se actúa en Ostula, Michoacán, donde la población nahua creó un movimiento de autodefensa para recuperar más de 700 hectáreas de propiedad comunal arrebatadas por los caciques del lugar.

Y estamos a punto de verlo en comunidades indígenas de la montaña de Guerrero, sede de la afamada policía comunitaria, que se oponen a la llegada de compañías mineras canadienses a sus bosques.

La autonomía zapatista inspira por igual la lucha de etnias o poblaciones rurales de Oaxaca, Veracruz, Jalisco, Baja California, Campeche, entre otros estados.

Todo indica que la lección zapatista se extenderá en el país conforme se agudice más la crisis capitalista.

Así es como desde lugares apartados y empobrecidos se fortalecen retículas de lucha y sobrevivencia. Se trata de nuestros propios indignados.

Sin embargo, la autonomía zapatista está más vulnerable que nunca. En los últimos tres meses grupos paramilitares agredieron a comunidades zapatistas de cada uno de los cinco Caracoles en las que éstas se aglutinaron por regiones: Oventic, La Garrucha, Morelia, La Realidad  y  Roberto Barrios.

Ahora San Patricio, en el Caracol de Roberto Barrios “Nueva semilla que va a producir”, y Nueva Purísima, en el Caracol de La Garrucha “El camino del futuro”, están en peligro de sufrir otra masacre como la de Acteal.

La responsabilidad del desenlace de estas invasiones paramilitares recae directamente en el gobierno estatal de Juan Sabines y el gobierno federal de Felipe Calderón.

Comunicado de La Sociedad Civil las Abejas. 12 de agosto.

Organización de la Sociedad Civil Las Abejas

                                           Tierra Sagrada de los Mártires de Acteal

                                                 Acteal, Ch’enalvo’, Chiapas, México.

12 de agosto del 2011

A todas las Organizaciones Sociales y Políticas

A todos los Defensores de los Derechos Humanos

A la prensa Nacional e Internacional.

A la Sociedad Civil

A la Otra Campaña y

A la Opinión Pública

Hermanos y hermanas:

Hoy 12 de agosto del 2011 nos encontramos una vez más reunidos en la Tierra Sagrada de Acteal para denunciar la impunidad que cubre a los asesinos materiales e intelectuales de nuestros 45 hermanos y hermanas masacrados el 22 de diciembre de 1997.

Hoy, 12 de agosto, mientras nosotros nos reunimos en este lugar sagrado, en México los diputados y senadores buscan la forma de aprobar una Ley de Seguridad Nacional que legitime los abusos que comete el ejército contra los ciudadanos con el pretexto de la guerra contra el crimen organizado. Mientras tanto sigue corriendo la sangre de esta guerra de Felipe Calderón y hoy, como todos los días de este sexenio, siguen apareciendo muertos de muerte violenta que ya han rebasado la cifra de 40 mil víctimas de la violencia.

Un día como hoy 12 de agosto, pero hace dos años, nos reunimos sobrevivientes de la Masacre de Acteal y otros miembros de Las Abejas enfrente de la que debería ser la “gran casa de la justicia de México” pero que ese día se convirtió en la “Suprema Corte de Injusticia de la Nación” por la decisión de sus ministros de liberar a los paramilitares que estaban presos por ser autores materiales de la masacre de Acteal.

Hoy 12 de agosto, al leer las noticias de este día nos damos cuenta de que varios organismos del gobierno de Estados Unidos prácticamente han tomado el control de las acciones de guerra al narco de Felipe Calderón, como si ya no fuéramos un país independiente. Repudiamos las declaraciones de funcionarios civiles y militares de EU que piden que la guerra de Calderón se traslade a la “frontera sur” para traer aquí tanta muerte y caos como ha dejado en el norte.

Todas estas cosas, lo hemos dicho en muchas ocasiones, no son casos aislados ni están separadas entre sí. En nuestros comunicados de cada día 22 de cada mes hemos señalado la relación entre la guerra de contrainsurgencia que llevó a cabo el mal gobierno de Ernesto Zedillo en Chiapas y la guerra dizque contra el narco que lleva a cabo el mal gobierno de Felipe Calderón en todo el país. Hemos señalado y volvemos a señalar hoy, la relación entre la impunidad que el gobierno y la Suprema Corte aseguraron para los asesinos de Acteal y la violencia que hoy en día ha llenado de sangre y dolor las calles y campos de nuestro país y la vida de miles de familias mexicanas.

Hoy vemos la confirmación de lo que hemos dicho en las palabras de los profetas de Israel:

Cosas espantosas y horribles suceden en nuestra tierra y el pueblo lo tolera(Jeremías 5, 30): los jefes de la nación y los magistrados encargados de la justicia hacen odiosos los juicios y pervierten todo lo que es recto. Con sangre edifican la nación y sobre la injusticia construyen la ciudad. Sus jefes juzgan por sobornos y sus sacerdotes enseñan sólo por la paga y sus profetas predicen por dinero…por esta causa el país será convertido en un montón de ruinas (Miqueas 3; 9- 12) y los cadáveres aparecerán como basura en medio de las calles (Isaías 5, 25). Por esto mismo el Señor Dios se enfurece y permite que caiga sobre nosotros la nación poderosa del norte…empuñan sus armas; son crueles, no tienen misericordia (Jer. 6, 22-23).

Pero si una parte del pueblo tolera por ignorancia esta situación, nosotros escuchamos estas palabras:   ”Te he puesto en la torre como un centinela en medio de mi pueblo. Conoce, pues, y observa el camino de ellos (Jeremías (6,27).  Por eso, porque nuestro cargo es guardar la memoria, nacer la vida, encender la esperanza en Acteal, porque nuestra misión es construir la justicia, por eso hoy, 12 de agosto, a dos años de la infamia que hicieron los ministros de la Corte, les ponemos delante de sus caras estas palabras del profeta Jeremías:

Como jaulas llenas de pájaros, así están sus casas llenas de fraude. Así han llegado a ser importantes y ricos y se ven gordos y macizos. Incluso han sobrepasado la medida del mal, puesto que han obrado injustamente, no respetando el derecho de los huérfanos ni defendiendo la causa de los pobres (Jer. 5, 27-28).

¿Cuál ha sido el regalo de los ministros de la Corte para los huérfanos de Acteal? Su regalo ha sido que los huérfanos vean pasearse tranquilamente delante de ellos a quienes mataron a sus padres y a sus madres. Porque las palabras de Sabines de que no iba a permitir que los paramilitares regresarán a Chenalhó fueron solamente eso, palabras no hechos, porque nosotros lo hemos visto cómo andan libres en nuestras comunidades, los mismos que fueron premiados por su acción asesina con tierras y casas en otro municipio dizque para que no volvieran a Chenalhó. Es una burla hacia la sangre de nuestros hermanos cuando vemos aquí a lo responsables de la masacre caminando tranquilamente sin recordar su crimen. Y todavía con cinismo dicen que son inocentes, que en el día de la masacre estaban en otro lugar y nos dicen que somos mentirosos.

Dice un escritor que el peor de todos los crímenes es cuando el Estado permite la impunidad, porque con ello le está dando un mensaje a todos los criminales: pueden violar la ley y no les pasará nada. Eso lo vemos muy claro con los paramilitares que asesinaron a nuestros hermanos y hermanas en Acteal pero también es muy claro con la situación actual de violencia que será incontenible mientras en México no haya justicia. Cuando los paramilitares estaban en la cárcel y cuando hacíamos careos con ellos, nos amenazaban que cuando salieran libres iban a ver cómo vengarse de nosotros. Ahora es peor porque saben no sólo que no serán castigados sino que hasta reciben premios por su trabajo de asesinos. Ahora hay una fuerte preocupación, porque hemos escuchado rumores de parte de los paramilitares liberados, que van a ver cómo nos van a matar, pero que ya no van a hacer una matanza múltiple, sino, a uno por uno nos quieren matar, en emboscadas. Que porque vieron que con una masacre como la de Acteal la sociedad civil se levanta y tiene costos políticos graves. Por eso dicen que mejor conviene matar a uno por uno. Esto puede cumplirse si el mal gobierno sigue actuando como hasta ahora. Porque las armas sabemos que ahí siguen escondidas. Pensamos que pueden ser capaces los paramilitares de agredirnos, porque ya vieron que al matar y servir al poder y al Estado, se obtiene la liberación y dinero y casas y tierras e impunidad total. Para desactivar esas amenazas, si el gobierno va a seguir solapando la impunidad que por lo menos, cumpla lo que dijo y que los paramilitares se vayan a sus tierras que les compró Sabines y dejen de pasearse impunemente en Chenalhó.

El día de hoy nos hemos reunidos porque es el segundo aniversario de la liberación de los autores materiales de la Masacre de Acteal, pero de ninguna manera olvidamos que lo más importante son los autores intelectuales de la masacre y las razones de fondo por las que el gobierno realizó una acción criminal tan horrible. No se nos olvida nunca que la masacre de Acteal se dió en un contexto de Guerra de Contrainsurgencia, en el marco de una Guerra de Baja Intensidad contra los pueblos organizados que exigíamos el cumplimiento de Los Acuerdos de San Andrés y la Defensa de nuestra tierras, territorios y recursos naturales de las manos del neoliberalismo y capitalismo. El gobierno de Ernesto Zedillo y el gobernador en Chiapas en ese entonces Julio César Ruiz Ferro formaron a grupos paramilitares quienes se encargarían de desestabilizar la convivencia pacífica de las comunidades y meter terror en las comunidades organizadas y críticos ante un sistema opresor y represor. Y esa es la verdadera causa de la masacre de Acteal.

El mal gobierno tiene sus falsos profetas que predicen por dinero y sus sacerdotes que le sirven por una paga, como denunciaron los verdaderos profetas de Israel. Estos falsos profetas son los que han tratado de reescribir la historia de Acteal gastando mucho dinero en su propaganda escrita y audiovisual como han hecho los abogados del CIDE, Héctor Aguilar Camín, Manuel Ansaldo Meneses (lider paramilitar del extinto Partido Frente Cardenista), los Ministros de la SCJN y los medios de comunicación comprados por el Estado. Hasta una fundación encontró en España Ernesto Zedillo que le acaba de otorgar un premio dizque por su “Trayectoria Humana”. Así de pisoteada está la verdad que a los criminales se les premia mientras a las víctimas se les burlan sus derechos. Pero a todos ellos les decimos que con nosotros no pasan sus mentiras. Sobre su mentira triunfa la verdad que está de nuestro lado. Es la verdad del pueblo que lucha, la de las víctimas y los oprimidos. Es la verdad que no dejaremos que sea sepultada mientras podamos mantener viva nuestra memoria.

Y para refrescar la memoria, les ofrecemos la lista de los nombres de la infamia, de quienes fueron los autores intelectuales de la Masacre de Acteal:

  1. Ernesto Zedillo Ponce de León expresidente de México
  2. Emilio Chuayffet Chemor, exsecretario de Gobernación
  3. Gral. Enríque Cervantes Aguirre, exsecretario de la Defensa Nacional
  4. Julio César Ruiz Ferro, exgobernador de Chiapas
  5. Homero Tovilla Cristiani, exsecretario de gobierno de Chiapas
  6. Uriel Jarquin Galvez, exsubsecretario de gobierno de Chiapas
  7. Jorge Enríque Hernández Aguilar, ex Secretario Ejecutivo del Consejo de Seguridad
  8. David Gómez Hernández, exsubprocurador de Justicia Indígena
  9. Antonio Pérez Hernández, exsecretario de SEAPI
  10. Gral. Mario Renán Castillo, Comandante de la 7a Región Militar

Estas personas son responsables de crimen de lesa humanidad cometido en Acteal. Son hombres que representan la vergüenza de México. Por lo tanto deben ser castigados y de ninguna manera deberían ocupar funciones públicas, ya que tiene una deuda con el pueblo chiapaneco y de México.

Las Jornadas de acciones que realizamos por la justicia y la verdad, no son campañas con intereses políticos y demagógicas, sino, que son demandas indispensables para acabar con la impunidad y demostrarle al estado que no permitimos atropellos y crímenes contra los pueblos organizados. Si no hacemos nada hoy, la violencia, la injusticia, la impunidad lwreinará en nuestras comunidades, en nuestra nación.

Compañeros y compañeras, pueblos y naciones, les pedimos que se unan a nuestras demandas:

–     Castigo a los autores intelectuales de la masacre de Acteal.

–     Alto a la liberación masiva de los paramilitares presos en el Amate Chiapas.

–     Castigo a los autores materiales de la masacre de Acteal.

Y por nuestra parte también nos unimos a las demandas del Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad:

–     Fin a la impunidad

–     Alto a la Guerra de Felipe Calderón

–     No a la Ley de Seguridad Nacional que institucionaliza la violación de las garantías constitucionales por la fuerza pública.

–     Alto a la militarización.

ATENTAMENTE

La voz de la Organización Sociedad Civil “Las Abejas”

Por la Mesa Directiva:

Mariano Pérez Vázquez

Juan Vázquez Luna

José Ramón Vázquez Entzín

Victorio Pérez Paciencia

Mariano Pérez Sántiz

Frayba: 2 años de liberación de autores de la Masacre de Acteal.

Centro de Derechos Humanos
Fray Bartolomé de Las Casas, AC
San Cristóbal de Las Casas, Chiapas, México 12 de agosto de 2011

Se cumplen dos años en que la Suprema Corte de Justicia de la Nación libera a los autores materiales de la Masacre de Acteal

– Persiste un clima de inseguridad para los sobrevivientes y familiares de las víctimas de este crimen de lesa humanidad

– Con la liberación de 54 personas, señaladas como autores materiales de la Masacre de Acteal, el Estado mexicano crea las condiciones para la continuación de la estrategia de contrainsurgencia.

El día de hoy se cumplen dos años en que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) concedió la libertad a 20 personas señaladas como los autores materiales de la Masacre de Acteal. Esa resolución, dio inicio a otras excarcelaciones por parte de la SCJN: el 4 de noviembre de 2009, nueve personas; el 14 de octubre de 2010, quince; y el 23 de marzo de 2011, uno más. De los 87 autores materiales procesados, el poder judicial absolvió a seis, excarceló a dos por cuestiones de humanidad, más uno fallecido; por lo que sumados a los 45 que se han beneficiado de la decisión de la SCJN: 54 personas han sido liberadas.
Esto representa más de la mitad de los autores materiales que habían sido señalados.

La decisión de la SCJN revictimiza a los sobrevivientes y familiares de las personas asesinadas y viola su derecho a la integridad física y psicológica exponiéndolos a un clima de inseguridad y riesgo. A la fecha quedan presas 33 personas sentenciadas por los hechos del 22 de diciembre de 1997, de ellos seis han presentado recurso de reconocimiento de inocencia por lo que, según información difundida por los medios, la SCJN está por pronunciarse para su resolución.

Lo anterior lleva a los sobrevivientes y familiares a una situación de desconfianza en la estructura del gobierno mexicano, un sistema en donde las instituciones correspondientes no cumplen con su obligación de garantizar justicia y reparación del daño, lo cual incrementa la
impunidad y la vulnerabilidad de las personas. De las condiciones que se van perfilando, no sólo el Estado no esclarece los hechos satisfaciendo el derecho a la verdad e implementando medidas de no repetición, sino, con la liberación de los mencionados autores materiales de la masacre, crea las condiciones para la continuación de la estrategia de contrainsurgencia, ahora con otras modalidades. El Estado mexicano, de múltiples maneras, ha querido ocultar su innegable responsabilidad en los hechos de la Masacre de Acteal; sin embargo, la participación del Ejército mexicano ha sido confirmada por materiales desclasificados de la Agencia de Inteligencia de la Defensa de los Estados Unidos (DIA por sus siglas en inglés) que deja en evidencia el involucramiento directo de los militares en actividades de adiestramiento a grupos paramilitares (Humint) en la zona de los Altos de Chiapas, esto en concordancia con lo establecido en el documento de la Secretaría de la Defensa Nacional denominado ?Plan de Campaña Chiapas 94?.1

Esta información desmiente la versión oficial de la masacre proporcionada por el gobierno del entonces presidente Ernesto Zedillo, a través de la Procuraduría General de la República (PGR) en su informe el Libro Blanco de Acteal, donde se afirma que la Procuraduría de la República ha documentado la existencia de grupos civiles armados en el municipio de Chenalhó, no organizados, articulados, entrenados ni financiados por el Ejército mexicano ni por
otras instancias gubernamentales, sino que su gestación y organización responde a una lógica interna determinada por la confrontación, entre las comunidades y dentro de las comunidades, con las bases de apoyo zapatistas.2

Este Centro de Derechos Humanos reitera, una vez más, que para los sobrevivientes y familiares de las víctimas de la Masacre de Acteal no hay justicia. No se ha reparado el daño ni concluido con las investigaciones aunque llevan casi 14 años exigiendo justicia, verdad
y paz con dignidad.

La negación de justicia que el Estado mexicano impone, contraviene a los estándares internacionales de aplicación y eficacia de los recursos judiciales internos. De igual manera, habiendo transcurrido casi 14 años de este crimen de lesa humanidad, al no tener resultados
concretos sobre la investigación y responsabilidad de los perpetradores, se incurre en un injustificado retardo que no respeta los plazos razonables establecidos por la Comisión Interamericana y la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), dejando los hechos ocurridos en total impunidad.

Al respecto la Corte IDH ha indicado que el Estado tiene la obligación de combatir la impunidad, por todos los medios legales disponibles, ya que al no hacerlo propicia la repetición crónica de las violaciones de los derechos humanos y la total indefensión de las víctimas y de sus familiares.

Hoy en día la Masacre de Acteal, se suma a la inmensa fila de casos que van quedando en impunidad en todo el territorio nacional. Las masacres que a diario ocurren en distintos estados de la república mexicana, bajo el manto de la lucha contra el narcotráfico, confirman
la descomposición política y nula legitimidad de un Estado que incrementa la violencia y el clima de terror por todo el país, cuyos costos más graves son las pérdidas de vidas humanas.

Finalmente, saludamos las acciones de permanente construcción de justicia y autonomía que la Organización Sociedad Civil Las Abejas de Acteal ha mantenido a lo largo de su existencia como sujeto activo en este contexto. Saludamos también el esfuerzo de miles de hombres y
mujeres que el próximo domingo 14 de agosto estarán manifestando su rechazo a esta guerra oficial participando en la Movilización Ciudadana Pasos Hacia la Paz con Justicia y Dignidad.

***
1.Disponible en: http://www.frayba.org.mx/articulos.php?hl=es&year=1994
2.Procuraduría General de la República, Libro Blanco de Acteal, 1998.
3.Corte IDH, caso Paniagua Morales y otros, sentencia del 8 de marzo
de 1998, párrafo 173.


Área de Sistematización e Incidencia / Comunicación
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Fax +52 (967) 6783551
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Ernesto Zedillo awarded with the 2011’Human Trajectory’ prize.

To the attention of Fundación Cristóbal Gabarrón

We address to you to manifest our opinion about the prize ‘Trayectoria Humana’ 2011, recently given to Mexico’s ex-president Ernesto Zedillo Ponce de León.

Next, we resume in a concise manner, some information related with the presidential administration of Ernesto Zedillo, specifically about the repressive politics in the southern state of Chiapas, although there are several cases that could be presented in an impeachment, along with the presented herein.

According to our view and knowledge of the social, political and economic situation in Mexico, both during the government period of Zedillo and nowadays, we think that the treatment given to Zedillo about his ‘Human trajectory’ when compared to the real historic facts is at least, inconsistent.

            During the presidential term of Carlos Salinas de Gortari (1998 -1994), Ernesto Zedillo was a relevant actor in the imposition of social reforms that sentenced the poorest population to profound poverty conditions. At the start of his six-years period, thousands of people were left in the streets because one of the most critical economic crisis suffered in the country. Ernesto Zedillo was self-proclaimed as the saviour of the mexican economy by announcing that the payment of the debt generated by the banks must be paid with public money.

            Ex-president Zedillo has been praised by the world economic organizations, business schools, and transnational corporations for being the leader in the cleaning and recovery of the mexican economy, although both inside Mexico and abroad, we the consciousness citizens, do not forget all the damaged provoked during his presidential term.

            Beside the economic problems, generated mainly by the impositions from the International Monetary Fund –organization which he was intending to run as secretary general-, Zedillo had the option to respond to the demands of the indigenous peoples from Chiapas, invisibilized from centuries but in resistance, and represented by the Zapatist National Liberation Army (EZLN, Ejército Zapatista de Liberación Nacional)

            In the beginnings of his presidential term, dialogues between EZLN and the government were established, the rebel group requested the to interested groups of all the civil society in organizing discussion forums, which resulted in the proposals presented in the dialogues with the government, finally named ‘Los Acuerdos de San Andrés (San Andrés Accords), which finally originated a juridical base for the proposal of constitutional reform, that included among other concepts, the autonomy  of the indigenous peoples. Ernesto Zedillo, head of the mexican government, did not respect the Acuerdos de San Andrés, on the contrary, the Senate of Mexico, approved a constitutional reform that ignored the previously agreed accords.

In response, the rebel indigenous communities did not recognize the imposed law, they shut the communications with the government, and created the autonomous municipalities, an expression of pacific civic disobedience, what meant, for an important part of the civil society, social researchers, writers, and critic journalists, a confirmation of the incapacity from the government to listen and to attend to the people.

December, 22th, 1997, Acteal, Chiapas.

            According to information provided by the Human Rights Centre Fray Fray Bartolomé de Las Casas (Frayba), while the representatives from the mexican government were at the dialogues to conceal a peace process, the mexican army started, ordered by the federal government, strategies of contra-insurgence described as a ‘low intensity war’. Theses strategies involved the training of armed groups at the same indigenous communities for doing the ‘dirty work’ and in this manner make the appearance the attacks as intra and inter communitarian conflicts, also accompanied by the publication of propaganda with the objective of discrediting information that criminalized the actions of the government.

            The fear provoked as a consequence of the continuous harassment to the communities inhabitants by the paramilitary groups, left about 9.000 people displaced. The massive rearrangements of the population meant several threats and the installation of military camps at the entrance of the communities, many of those still open nowadays.

            In December the 22nd of 1997, a group of tsotsil indigenous highly armed, shoot and killed 45 people (18 women, five of them were about seven months pregnant, 7 adult men, 16 girls between the ages of 8 months and 14, four boys aged between 2 and 15 years old) and injured 26 other, mainly under aged, some with permanent injuries.

            The attacked people were refugees in the community of Acteal because of the continued harassment from the armed groups that burned down houses and crops, and their belongings were stolen. They were completely unarmed. According to witnesses, the attack was made by about 90 people, and the fact that 200 meters away there was a mixed operation checkpoint (military, judicial and public security forces) has reinforced the opinions that point to a direct responsibility of the mexican government.

            The fact that not a single high officer from the government has been investigated, as the ex-president Zedillo or the military commanders –the first one as the crime mastermind, and the seconds as accompliances in the killings- let the indigenous communities in the understanding that the murders have been kept unpunished, as a matter of fact, nowadays most of the perpetrators of the slaughter, then detained, have been freed recently.

            For the Human Rights organizations that are linked to Chiapas, as for the organized civil society both at national and international level, is clear that the human trajectory of Ernesto Zedillo in the means of benefits or advances for the civil society in Mexico is arguable and we consider that this trajectory may be analyzed from a less uncritical perspective.

 Sincerely,

Grupo de Apoyo a la Zona Costa de Chiapas.

Mexicanxs en Resistencia desde Barcelona.

Adherentes a La Zezta Internacional

Conexión de Recursos para la Acción Comunitaria (CRAC)

Educación para la Acción Crítica (EdPAC)

Grupo de investigación en DDHH y Sostenibilidad Catedra UNESCO en Sostenibilidad

Producciones Informativas Nube Roja

Movimiento Ciudadano de Mexicanos en Barcelona.

Link :

Ernesto Zedillo, premiado con el Gabarrón a la Trayectoria Humana

http://www.elnortedecastilla.es/v/20110712/cultura/ernesto-zedillo-premiado-gabarron-20110712.html

El jurado destaca el papel del expresidente mexicano en la modernización de su país

PREMIADOS 2011

Artes Plásticas: Richard Rogers.

Artes Escénicas: José Mercé.

Ciencia e Investigación: Pedro Cavadas.

Deportes: Maratón de Nueva York.

Economía: Eric Maskin.

Letras: Carlos Fuentes.

Pensamiento y Humanidades: Azar Nafisi.

Restauración y Conservación: Stéphanne Pennec.

Trayectoria Humana: Ernesto Zedillo.

«Ernesto Zedillo se entregó a México. Es un servidor público intachable», destacó el jurado.

Ernesto Zedillo (1951, México DF), presidente de México entre 1994 y 2000, fue galardonado ayer con el Premio Internacional de la Fundación Cristóbal Gabarrón a una Trayectoria Humana. El jurado se reunió en Valladolid para la lectura del fallo tras una «deliberación intensa y larga» al término de la cual se decidió por unanimidad que el político y economista tiene tras de sí una trayectoria profesional sobradamente relevante para erigirse en acreedor de un premio que cuenta en su nómina con figuras internacionales del prestigio de Sami Naïr (2006), Julio María Sanguinetti (2007), la Fundación Vicente Ferrer (2008), Morgan Tsvangirai (2009) o Antonio Garrigues Walker (2010).

El jurado, presidido por Miguel Ángel Cortés Martín, diputado por Valladolid y exsecretario de Estado de Cultura y de Cooperación Internacional y para Iberoamérica, destacó la importancia de su liderazgo al impulsar «reformas modernizadoras decisivas en el terreno de lo político y económico en su país», así como su papel como «actor fundamental en las relaciones con España y en el fortalecimiento de la Comunidad Iberoamericana».

Junto a Cortés Martín, la responsabilidad de la decisión recayó en Ignacio Fernández Sobrino, director regional de Onda Cero, José Manuel Herrero Mendoza, secretario General de la Consejería de la Presidencia de Castilla y León, Sonia Segura, presidenta diplomática internacional y Enrique Ybarra e Ybarra, presidente de la Fundación Vocento.


@twewwter

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