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Acteal vs. Zedillo

Demanda contra un expresidente mexicano por crímenes de guerra

El pasado 16 de Septiembre de 2011 en el estado norteamericano de Connecticut fue presentada una demanda contra el ex presidente mexicano Ernesto Zedillo.

Dicha denuncia fue presentada por un grupo de familiares de 10 víctimas de la masacre en contra de 45 indígenas tzotziles, principalmente mujeres y niños, ocurrida en de Acteal en Chiapas, el 22 de diciembre de 1997, a manos de un grupo paramilitar, que como actualmente se sabe, contó con adiestramiento y armamento provisto por el ejército mexicano.

Los familiares de las víctimas, cuyos nombres no se conocen, son representados por el despacho Rafferty Kobert Tenenholtz Bounds & Hess, con sede en Miami, Florida, en Estados Unidos.

Dicha querella está sustentada en los delitos de: crímenes de guerra, crímenes contra la humanidad, castigo cruel, inhumano y degradante, terror y violencia para violar la libertad de asociación, terror y violencia para violar la libertad de pensamiento, opinión política y libertad para ejercer derechos políticos. Cabe decir que la demanda (que busca únicamente la reparación económica de los daños) fue presentada en Estados Unidos porque este país contempla en sus leyes la posibilidad de juzgar crímenes contra la humanidad, con base el llamado principio de Jurisdicción Universal.

En su momento fueron detenidos y consignados algunos participantes materiales de los asesinatos, pero nunca fueron enjuiciados altos mandos del ejército o mandos políticos locales o federales; sin embargo, durante 2009 fueron liberados los autores materiales de la masacre, con lo cual se encendieron de nuevo las alarmas dentro de la comunidad de Acteal y en el estado de Chiapas por temor a represalias.

En los últimos días el caso de la demanda contra Ernesto Zedillo ha dado varios giros al darse a conocer declaraciones de diversas partes involucradas directa o indirectamente con la demanda.

La Sociedad Civil de las Abejas, en Acteal, Chiapas se han desmarcado de la demanda argumentando que ésta únicamente busca vender la memoria de las personas masacradas y no hacer justicia verdadera, y han mencionado que el único representante legal de las Abejas es el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas, quien años antes interpuso una denuncia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

Por otro lado, el obispo emérito Raúl Vera, quien en 1997 formaba parte de la diócesis de San Cristóbal de las Casas, en Chiapas, ha señalado que posiblemente la demanda interpuesta tiene un trasfondo de venganza política desde la cúpula del poder en México.

El pasado 10 de enero, trascendió en algunos medios de comunicación mexicanos que la Secretaría de Relaciones Exteriores de México solicitó inmunidad para Ernesto Zedillo bajo la condición de ex presidente, y en un comunicado al Departamento de Estado de Estados Unidos, la Secretaría de Relaciones Exteriores argumenta que Ernesto Zedillo ‘recibió’ el conflicto de la administración anterior, es decir, de la administración del entonces presidente Carlos Salinas de Gortari, y por lo tanto Zedillo no es responsable de la masacre de Acteal.

Debe señalarse que la matanza de Acteal se dio bajo un contexto de permisividad y promoción desde el gobierno de diversos grupos paramilitares con órdenes de violentar al Ejército Zapatista de Liberación Nacional y las comunidades chiapanecas en resistencia, además de los órdenes de aprehensión que emitió Ernesto Zedillo contra el EZLN en el marco del proceso del diálogo para la paz en Chiapas y las reformas constitucionales que exigían los zapatistas, conocidas como Acuerdos de San Andrés Larráinzar.

Se ha comentado en diversos espacios que la solicitud de inmunidad para Zedillo promovida desde el gobierno federal mexicano tiene el trasfondo de sentar precedente ante una eventual demanda contra Felipe Calderón, actual presidente de México, por su ‘guerra contra el narcotráfico’ que ha dejado hasta inicio de 2012, más de 45 000 muertos en el país.

Se perfila una decisión política muy complicada para el gobierno de los Estados Unidos, considerando que Zedillo es miembro y consejero de instituciones financieras mundiales mientras que por otro lado, el gobierno estadounidense debería proceder de acuerdo a las propias leyes del país norteamericano: o acepta la demanda en contra de Zedillo y lo juzga por crímenes contra la humanidad, u otorga la inmunidad solicitada por el gobierno de México y pasa a la historia como juez y parte en la matanza de Estado de 45 indígenas mexicanos y las muertes que en el futuro se presenten en una posible demanda en contra de Felipe Calderón.

De cualquier manera, la justicia en México ha sido rebasada.

eww

Fuentes:
Diario La Jornada.
Sin embargo.mx.
Acteal.blogspot.com
Acteal97.com

Chiapas, México: A punto de estallar otros Acteal.

La estrategia que comprende el despojo de territorio y agresiones paramilitares contra comunidades zapatistas avanza en Chiapas y presenta una nueva escalada de violencia.

En este momento dos comunidades zapatistas, una en la Selva Lacandona y otra en la zona montañosa del norte de Chiapas, están, cada una, a merced de centenar y medio de paramilitares armados que invadieron sus territorios.

El primero es el caso del poblado Nueva Purísima, del municipio autónomo Francisco Gómez, en la Selva Lacandona: el  lunes pasado alrededor de 150 personas armadas, algunas transportadas en camionetas de la presidencia municipal de Ocosingo, invadieron 178 hectáreas cultivadas por zapatistas.

El otro caso es el de la comunidad de San Patricio, del municipio autónomo La Dignidad, en la zona montañosa del norte de Chiapas, que denuncia que más de 150 paramilitares armados invadieron en días pasados sus terrenos y la tienen cercada.

En San Patricio las bases zapatistas reconocieron entre los invasores a policías municipales y dirigentes del grupo paramilitar Paz y Justicia. Los hombres portan armas de grueso calibre y postrados en los caminos y en la montaña prohíben que alguien salga de la comunidad.

Esta situación lleva 11 días en San Patricio y se vuelve más alarmante, pues los paramilitares disparan sus armas para impedir que   la gente se abastezca de sus cultivos o recoja leña.

Además los paramilitares ya se apropiaron de sus cosechas y algunos animales, destruyeron los corrales de cría de animales, quemaron 18 hectáreas de pastizales y derribaron 200 árboles de madera fina.

En contraste, las bases zapatistas están desarmadas, sufriendo escases de alimento y de leña.

En Nueva Purísima y San Patricio el estallido de violencia está latente.

¿Porqué tanta agresión contra poblaciones desarmadas que viven de proyectos colectivos autosustentables agrícolas y de cría de animales?

Estos no son casos ni nuevos ni aislados. Las bases zapatistas resisten, desde su irrupción en 1994, una estrategia contrainsurgente del Estado que entre otras modalidades comprende la de provocar conflictos con comunidades no zapatistas o crear grupos paramilitares.

De esta manera, sin involucrar directamente a las fuerzas armadas, pueblos indígenas en pobreza extrema, con altos grados de alcoholismo y en pugna interna por apoyos partidistas y asistenciales, atacan a pueblos zapatistas.

El despacho jurídico Rafferty Kobert Tenenholtz Bounds & Hess, P.A. de Miami quiere exhibir la creación de esa estrategia contrainsurgente, pues esta semana presentó, en un tribunal de Connecticut, una demanda judicial contra el expresidente Ernesto Zedillo por la matanza de Acteal.

Como se sabe, la masacre la perpetró un grupo paramilitar contra una población indígena indefensa, dejando un saldo de 45 víctimas, entre éstas 21 mujeres y 15 infantes, en 1997.

Zedillo vive en Connecticut y da clases en la Universidad de Yale. Hasta allá lo alcanzó la impunidad cometida en la masacre de Acteal, pues una ley federal del país vecino permite a extranjeros el derecho a demandar a residentes en suelo estadounidense por delitos de lesa humanidad.

El despacho jurídico que representa a un puñado de sobrevivientes de Acteal buscará probar la implementación del “Plan de Campaña Chiapas 94”, según el cual el expresidente dotó de armas a grupos  indígenas locales para que hostigaran y atacaran a poblaciones neutrales y zapatistas.

Bajo el gobierno de Zedillo salió a la luz Paz y Justicia, el grupo paramilitar que tiene cercado a San Patricio.

En 1997 a Paz y Justicia se le acusó de cercar comunidades simpatizantes zapatistas del municipio de Tila. El grupo les impidió el tránsito carretero, el paso de comida y medicinas, y se le responsabilizó de cometer violaciones sexuales y 46 asesinatos.

El EZLN también ha denunciado otras modalidades de esa estrategia contrainsurgente: despojo violento o burocrático de los terrenos apropiados por el EZLN durante la insurrección de 1994, proliferación de programas asistenciales a comunidades rivales, creación de nuevos asentamientos castrenses, entre otros.

Sin embargo en los últimos meses se han incrementado las  agresiones y despojos de otros grupos paramilitares como la Organización Regional de Cafeticultores de Ocosingo (ORCAO), o de militantes del PRI, PAN y PRD en comunidades de la Selva Lacandona, Los Altos de Chiapas y la selva fronteriza.

El caso de San Patricio evidencia la provocación abierta para que el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) tome de nuevo las armas.

EL EZLN depuso las armas cuando tras el rechazo legislativo de los Acuerdos de San Andrés Larráinzar en 2001, decidió convertirse en un movimiento civil pacífico. Las depuso, pero no las entregó. Y el subcomandante Marcos ha dicho que sólo las utilizarán para defenderse.

Si el EZLN respondiera a la violencia paramilitar, el Estado justificaría el uso de la fuerza castrense para tomar el territorio zapatista y así sofocar la experiencia autónoma.

Se pensó que la experiencia zapatista sucumbiría con el tiempo. Lo cierto es que si bien bajó en visibilidad, consolida su  autonomía y sirve de inspiración a etnias que impulsan procesos similares.

La lección autonómica zapatista es simple: rechaza cualquier apoyo partidista o programa gubernamental; no participa en elecciones; promueve la organización colectiva, horizontal e incluyente; creó programas de salud, educación, gobierno e impartición de justicia con identidad propia; estableció proyectos productivos autosustentables y protege su tierra y recursos naturales.

Si bien es simple, esa lección también es poderosa, pues mueve conciencias colectivas en un momento en el que la crisis capitalista provoca que gobiernos e iniciativa privada codicien las extensiones de tierra y los recursos naturales de territorios indígenas.

De esta manera, comienza a proliferar la resistencia activa de  comunidades indígenas en salvaguarda de su riqueza natural.

Lo vemos actualmente en el pueblo yaqui de Vicam, Sonora, que ha cerrado carreteras en protesta por la construcción de un acueducto que los despojará de miles de hectáreas de riego.

También lo vemos en la población purépecha de Cherán, Michoacán, que se atrincheró en defensa de sus bosques ante la devastación impune cometida por talamontes.

De idéntica manera se actúa en Ostula, Michoacán, donde la población nahua creó un movimiento de autodefensa para recuperar más de 700 hectáreas de propiedad comunal arrebatadas por los caciques del lugar.

Y estamos a punto de verlo en comunidades indígenas de la montaña de Guerrero, sede de la afamada policía comunitaria, que se oponen a la llegada de compañías mineras canadienses a sus bosques.

La autonomía zapatista inspira por igual la lucha de etnias o poblaciones rurales de Oaxaca, Veracruz, Jalisco, Baja California, Campeche, entre otros estados.

Todo indica que la lección zapatista se extenderá en el país conforme se agudice más la crisis capitalista.

Así es como desde lugares apartados y empobrecidos se fortalecen retículas de lucha y sobrevivencia. Se trata de nuestros propios indignados.

Sin embargo, la autonomía zapatista está más vulnerable que nunca. En los últimos tres meses grupos paramilitares agredieron a comunidades zapatistas de cada uno de los cinco Caracoles en las que éstas se aglutinaron por regiones: Oventic, La Garrucha, Morelia, La Realidad  y  Roberto Barrios.

Ahora San Patricio, en el Caracol de Roberto Barrios “Nueva semilla que va a producir”, y Nueva Purísima, en el Caracol de La Garrucha “El camino del futuro”, están en peligro de sufrir otra masacre como la de Acteal.

La responsabilidad del desenlace de estas invasiones paramilitares recae directamente en el gobierno estatal de Juan Sabines y el gobierno federal de Felipe Calderón.

México. Pronunciamiento del Congreso Nacional Indígena, para la Tribu Yaqui.

PRONUNCIAMIENTO DEL
CONGRESO NACIONAL INDÍGENA
Para la tribu yaqui

AL PUEBLO DE MÉXICO Y A LOS PUEBLOS DEL MUNDO.
A lOS PUEBLOS INDÍGENAS DE MÉXICO.

LA SOCIEDAD CIVIL NACIONAL E INTERNACIONAL

Hoy- aquí y ahora-, Nosotros, los integrantes de los diversos pueblos de este nuestro país México, que desde siempre hemos vivido y trabajado en sus entrañas, en sus montes, en sus valles, en sus desiertos, y en sus mares. Nosotros que cuidamos y vivimos en sus árboles, en sus flores, en sus nubes, en su gran variedad de pájaros, de tigres, de venados, de peces y de otros seres vivos. Hoy – aquí y ahora-, Nosotros que vemos como nuestro hermano Río Yaqui está en peligro de ser despojado, una vez más, de su caudal de agua; para beneficio del los poderosos del dinero y en perjuicio de la indomable y valerosa Tribu Yaqui; de esos hermanos y hermanas que desde siempre han luchado contra la adversidad en el desierto. Hoy –aquí y ahora-, Nosotros, los miembros del Congreso Nacional Indígena con sus pueblos, naciones y tribus que luchamos por democracia, libertad, justicia y paz que merece nuestro país y nuestra patria, y considerando:

-Que son necesarias la creatividad y la paciencia para generar todas las formas de lucha que permitan hacer cumplir la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y los Acuerdos de San Andrés;

– Que los malos gobiernos federal y del Estado de Sonora se empeñan en realizar un acueducto que despojaría de gran cantidad de agua a la tribu yaqui, al pretender construir el llamado acueducto Independencia, en contra de toda ley y contra la voluntad de sus habitantes;

– Que en vez de atender los justos reclamos y necesidades de la Tribu Yaqui, hoy los Gobiernos Federal y del Estado de Sonora amenazan e intimidan a nuestras hermanas y hermanos yaquis, y a las personas de la sociedad civil que se organiza pacíficamente , junto con ellos, para demandar la cancelación definitiva de este proyecto de despojo y que pone de manifiesto el desacato de los poderosos del dinero al derecho nacional e internacional y, sobretodo , violentan la vida, la paz y la justicia;

-Que en cumplimiento al mandato de nuestros pueblos, naciones tribus y barrios, que en diferentes foros, asambleas y reuniones -regionales, nacionales e internacionales- hemos acordado para evitar el despojo de nuestra madre tierra y del agua que quieren hacer los amantes del neoliberalismo, damos dar a conocer a todos los pueblos y naciones de la tierra el siguiente:

PRONUNCIAMIENTO

Primero.-Hoy –aquí y ahora-, Nadie se rinde ante el despojo del agua y de la tierra de la Tribu Yaqui; Que somos muchos más los que estamos en el campamento de Vícam, Sonora, que no ve el Gobierno de Sonora ni el Gobierno Federal;

Segundo.- Saludamos a los miembros de la valerosa tribu yaqui, nuestros queridos y respetados hermanos, y damos nuestras manos y nuestro corazón solidario, para hacer extensiva su lucha por el agua del Río Yaqui, hasta nuestros territorios y nuestras tierras, para que cada Pueblo, Nación, Tribu o Barrio desarrolle las acciones pacíficas que considere necesarias y pertinentes para que los oídos sordos de los gobiernos se abran y escuchen que no pueden pasar por encima de la autonomía y autodeterminación de los pueblos, sin que tenga consecuencias para la Paz y la Justicia;

Tercero.- Llamamos a la Comunidad Nacional e internacional a que se una a esta lucha civil y pacífica para evitar que haya represión en contra de nuestros hermanas y hermanos yaquis, y de aquellos que se solidaricen con su causa, pues sabemos que el gran capital no tiene más frontera que la de la ambición del oro, del dólar, del Euro y de todo aquello que representa la explotación del hombre y la mujer;

Cuarto.- Exigimos a los gobiernos Federal y del Estado de Sonora para que procedan a la cancelación definitiva del Acueducto Independencia, que sólo traería más pobreza, marginación y conflictos al territorio de nuestros hermanos yaquis; y mayores conflictos en todo el territorio nacional,

Quinto.- Exigimos que no haya represión, ni cárcel a quienes de manera digna defienden su tierra, su agua y su territorio, pues sólo pondría de manifiesto que las formas legales y pacíficas se agotan, y ello traería inevitablemente una escalada de violencia, en donde los únicos responsables y culpables son los gobiernos por atentar contra la Paz, la Justicia y la Libertad.

Sexto.- Ante la represión y el hostigamiento de los malos gobiernos federal y estatal de nuestro país México, en contra de la comunidades que luchan por su Autonomía y su Autodeterminación; como són: las comunidades Zapatistas, la comunidad Nahua de Ostula, los hermanos Wixaricas, los hermanos Purhépechas de Cherán, la Tribu Yaqui, los hermanos Amusgos de Xochistlahuaca y los hermanos Coca de Mezcala. En esta última comunidad, fue detenida- con engaños por un grupo de policias al servicio de los poderosos-, la hermana Rocío Moreno, el día 6 de septiembre.

El C.N.I. exige el respeto a la vida, al agua, a la tierra, al territorio, a la cultura, a los sitios sagrados y a la autonomía de los pueblos que luchan de manera pacífica, y convocan a los miembros de la comunidad nacional e internacional, a que se solidaricen con la lucha de los pueblos, naciones, tribus y barrios de México.

NUNCA MÁS UN MÉXICO SIN NOSOTROSCONGRESO NACIONAL INDÍGENA

Dado en la República Mexicana el día 11 de Septiembre del año 2011.

La vigencia del EZLN.

Una y otra vez la terca realidad convalida la propuesta sugerida por el EZLN para destrabar el conjunto de nudo que impide la formulación de un proyecto de nación incluyente, justo y democrático. Quizá con el tiempo haya quienes olviden las propuestas formuladas por el EZLN durante el proceso de negociación realizado entre el gobierno federal y los zapatistas en los años 1995 y 1996.

Hay quienes afirman que las iniciativas políticas del EZLN han fracasado. Es obvio que a las fuerzas acumuladas por el EZLN y sus aliados y simpatizantes no les fue favorable la correlación de fuerzas para lograr concretar lo pactado con el gobierno federal en San Andrés Larráinzar, pero ello no implica que la razón, la historia y los mejores argumentos no hayan estado de su lado.

En 1995, después de las primeras cinco reuniones de trabajo entre el gobierno federal y el EZLN, donde las negociaciones se encontraban entrampadas debido a que el tema que se discutía era el de la distensión militar, el cual tiene por sí mismo demasiadas aristas, la primera Comisión de Concordia y Pacificación formuló una propuesta que atrajo la atención del zapatismo y permitió construir una interlocución, hasta ese momento no lograda.

La propuesta partía del reconocimiento de que el levantamiento zapatista era la expresión de una insurrección comunitaria, cuyas razones y causas compartía la mayoría del pueblo mexicano. A partir de esta premisa, el proceso de negociación caminaría por un lado en el desahogo de la agenda pactada entre el gobierno federal y el EZLN, y en paralelo en un proceso donde se impulsaría un amplio diálogo nacional para la reforma democrática del Estado, donde el Congreso de la Unión sería el convocante y la sociedad sería el escenario. En este proceso el EZLN sería uno de los actores que participarían, junto al conjunto de fuerzas políticas, sociales y económicas que conforman el espectro nacional.

El primer Foro sobre la Reforma Democrática del Estado se realizó en San Cristóbal de las Casas, donde el EZLN y un número importante de organizaciones de todo tipo participaron, esperanzados en una ruta que parecía poder resolver de fondo las justas causas que originaron el levantamiento zapatista.

En paralelo, se desahogó el primer tema de la agenda convenida entre las partes, denominado Derechos y cultura indígenas, y el 16 de febrero de 1996 la delegación del gobierno federal y el EZLN firmaron los documentos que hoy se conocen como los acuerdos de San Andrés Larráinzar.

Esta dinámica esperanzadora, donde el eje fundamental radicaba en la formulación táctica esgrimida por el zapatismo, y las causas que defendía, y lo sigue haciendo, se colapsó cuando el gobierno federal y los intereses que representa se negaron a cumplir con lo pactado y desataron una ofensiva mediática para descalificar el esfuerzo desplegado por segmentos importantes de la sociedad, e incluso por la misma delegación gubernamental, que a pesar de las diferencias había logrado concretar un acuerdo con los zapatistas, que trascendía la coyuntura y se ubicaba en la perspectiva de la construcción de un nuevo país.

Los personeros de las empresas trasnacionales, de las cuales hoy son sus empleados y que en ese momento eran funcionarios del gobierno, no batallaron para convencer al presidente Zedillo de que los acuerdos de San Andrés significaban un enorme peligro para desplegar la política privatizadora, que entregaba ya desde ese tiempo los activos mexicanos a las empresas extranjeras, de las cuales después se convirtieron en socios y sirvientes.

La descalificación para lo pactado en San Andrés fue la constante en el gobierno de Zedillo, se utilizó todo aquello que fuera necesario para satanizar a quienes habíamos compartido sueños y anhelos con los zapatistas.

Al EZLN se le sometió a una intensa campaña de agresión y hostigamiento en un vano intento por minimizarlo. Mientras a los zapatistas se intentaba reducirlos, a las trasnacionales energéticas, compañías mineras extranjeras y de las nacionales al Grupo México de Larrea, y a los grupos financieros internacionales, se les ponía en charola de plata todo aquello que pudiera favorecer sus intereses. En esos tiempos se produce el Fobaproa, el rescate de carreteras, se venden los ferrocarriles, satélites, se privatizan los puertos y aeropuertos y se realiza una intensa entrega de todo aquello que pueda ser negocio, en detrimento del patrimonio nacional.

Los resultados de esa política están a la vista: hoy somos una nación con mayores índices de pobreza, la seguridad nacional es un desastre, la delincuencia y el crimen organizado permean grandes capas sociales, los procesos electorales se sustentan en un enorme dispendio de recursos, donde lo importante no es el programa de los candidatos, sino las cantidades que se dilapidan en campañas vacuas y anodinas. Con las estadísticas en la mano no podemos decir que somos un mejor país al que existía antes del levantamiento zapatista.

A partir del incumplimiento del gobierno federal de lo pactado en San Andrés Larráinzar, los zapatistas se han dedicado a reorganizar sus fuerzas, consolidar sus relaciones internas y esperar con paciencia espartana mejores tiempos que les permitan lograr sus justos propósitos de vivir en una sociedad más justa y democrática. La impresionante movilización realizada hace unas semanas por miles de zapatistas en calles de San Cristóbal de las Casas desmiente a aquellos que daban por muerto al EZLN. El zapatismo vive, camina y en términos organizativos ha consolidado su presencia en las comunidades indígenas del país. En toda lucha hay desgaste, sin embargo también hay renovación, anhelos y nuevas esperanzas.

En medio de la actual circunstancia política, donde la constante son el cortoplacismo y el inmediatismo, no me queda duda de que el planteamiento zapatista de impulsar un proceso de diálogo nacional para la reforma democrática del Estado es una formulación vigente y de largo aliento.

Jaime Martínez Veloz

@twewwter

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