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México. El derecho de Cherán a elecciones por usos y costumbres.

No ha sido suficiente una insurrección armada de los pueblos indígenas de Chiapas en 1994 –que impuso un debate nacional en materia de derechos y cultura indígenas– para neutralizar las mentalidades racistas de la sociedad mexicana. La traición de la clase política a los acuerdos de San Andrés estableció las nuevas adecuaciones de la mestizocracia mexicana: reconocer derechos formales (y ya de por sí limitados), y violarlos en los hechos.

Los sectores poderosos y sus representantes en los aparatos estatales, en particular, no acatan el espíritu y menos la letra de los ordenamientos constitucionales contenidos en el artículo 2 y los marcos jurídicos internacionales que obligan al Estado mexicano a respetar las autonomías de los pueblos indígenas, los territorios donde habitan, junto con sus recursos y, sobre todo, en el ámbito de lo político, las formas de elegir a sus autoridades que conforman sus autogobiernos, ya que en éstos radica la centralidad e integralidad de la voluntad e identidad colectivas. Por el contrario, se insiste en someter a los pueblos indígenas a los desprestigiados procedimientos de la democracia representativa mediante el sistema de partidos, que tanta fragmentación y divisiones ha llevado a las etnorregiones.

El pueblo purépecha de Cherán, Michoacán, que experimentó en pocos meses un acelerado proceso de concientización que permitió contener a los talamontes y al crimen organizado que impunemente incursionaban en su territorio con la complicidad de los aparatos de procuración de justicia, policías, militares y políticos, decidió no participar en el proceso electoral de noviembre pasado y realizar la elección de sus autoridades comunitarias por usos y costumbres.

Es necesario reiterar el derecho que asiste al municipio indígena de Cherán para retomar esta vía de la democracia directa y participativa, una vez que sus habitantes decidieron expulsar de su territorio a los partidos políticos que constituían poderes heterónomos y lesivos a sus intereses y causaban un permanente conflicto intracomunitario. A esa misma conclusión han llegado los pueblos indígenas en todas las latitudes de nuestra América en torno al papel de los partidos de la democracia tutelada por el capitalismo. Se ha confirmado una y otra vez que sólo el ejercicio de la autonomía garantiza gobiernos locales y regionales que se fundamenten en el mandar obedeciendo. El pueblo de Cherán descubrió a partir de abril de este año la fuerza de su unidad interna y la brújula de la libre determinación que lo ha llevado a tomar las riendas de su propio destino. Cansados sus habitantes de ver impotentes a los talamontes arrasar con sus bosques, secuestrar y extorsionar a las familias, acosar a las mujeres, asesinar a quienes se les oponían, decidieron que era el momento de actuar y asumir todos y todas el poder horizontal y desde abajo por medio de la asamblea comunitaria, máximo órgano de decisión. Así nació la comuna de Cherán, que ratificará próximamente a los sistemas normativos indígenas como el procedimiento de elección de autoridades municipales.

Con toda claridad en el artículo 2 de la Constitución (aun cuando representa la contrarreforma en materia de derechos indígenas) se asienta en la definición del sujeto de la ley: “Son comunidades integrantes de un pueblo indígena, aquellas que formen una unidad social, económica y cultural, asentadas en un territorio y que reconocen autoridades propias de acuerdo con sus usos y costumbres”. Más adelante, al dar cauce y garantizar el derecho de los pueblos a la autonomía, se especifica como uno de sus atributos: I. Decidir sus formas internas de convivencia y organización social, económica, política y cultural. En el acápite III de las formas de la autonomía, se asienta explícitamente: “Elegir de acuerdo con sus normas, procedimientos y prácticas tradicionales, a las autoridades o representantes para el ejercicio de sus formas propias de gobierno interno, garantizando la participación de las mujeres en condiciones de equidad frente a los varones, en un marco que respete el pacto federal y la soberanía de los Estados”. En el párrafo VII se insiste: “Las constituciones y leyes de las entidades federativas reconocerán y regularán estos derechos en los municipios, con el propósito de fortalecer la participación y representación política de conformidad con sus tradiciones y normasinternas”. Por último, en el caso de conflictos, juicios y procedimientos en que sean parte, individual o colectivamente, en este caso en materia electoral, se destaca en la sección VIII: se deberán tomar en cuenta sus costumbres y especificidades culturales respetando los preceptos de esta Constitución.

Por su parte, el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, firmado y ratificado por México, mandata como obligación de los gobiernos, en su artículo seis b): establecer los medios a través de los cuales los pueblos interesados puedan participar libremente, por lo menos en la misma medida que otros sectores de la población, y a todos los niveles en la adopción de decisiones en instituciones electivas y organismos administrativos y de otra índole responsables de políticas y programas que les conciernan. El artículo 18 de la Declaración Universal de Derechos de los Pueblos Indígenas señala: “Los pueblos indígenas tienen derecho a participar en la adopción de decisiones en las cuestiones que afecten a sus derechos, por conducto de representantes elegidos por ellos de conformidad con sus propios procedimientos, así como a mantener y desarrollar sus propias instituciones de adopción de decisiones.” El artículo 33 especifica: Los pueblos indígenas tienen derecho a determinar las estructuras y a elegir la composición de sus instituciones de conformidad con sus propios procedimientos. Todo el apoyo a Cherán.

Gilberto López y Rivas

http://www.jornada.unam.mx/2011/12/09/opinion/025a1pol

Pronunciamiento. Congreso Nacional Indígena. Paraje Montero, municipio de Malinaltepec, Guerrero, México.

A Los Pueblos, Comunidades, Tribus y Barrios Indígenas de México.
A Los Pueblos y comunidades indígenas del estado de Guerrero.
A La Sociedad Civil Nacional e Internacional.
A Los Compañeros de La Otra Campaña Nacional e Internacional.

Hacemos de su conocimiento que los delegados que integramos el Congreso Nacional Indígena(CNI) asistentes a la celebración de la XXX Reunión del Congreso Nacional Indígena Región Centro Pacífico, convocada, con base en los Acuerdos de Nurío, por la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias- Policía Comunitaria (CRAC-PC) en el marco de su XVI Aniversario a realizarse en la comunidad Paraje Montero, Municipio de Malinaltepec, Guerrero durante los días 14 y 15 del presente mes y año, hemos resuelto posponer la XXX Reunión del CNI Centro Pacífico por los motivos siguientes:

1.- La Presencia e intromisión de funcionarios del gobierno estatal de Guerrero en el lugar y acto inaugural del evento, pues previo a su inicio se presentó el Secretario de Seguridad Pública del Estado  de Guerrero Ramón Almonte Borja.

2.- En todas las reuniones, asambleas y sesiones del Congreso Nacional Indígena, ejercemos nuestro derecho a la libre determinación y autonomía, evitando al máximo la presencia de representantes de los malos gobiernos, partidos políticos y grupos religiosos.

3.- Ratificamos los siete principios rectores del CNI, los Acuerdos de San Andrés y la Sexta Declaración de la Selva Lacandona, en donde la autonomía y libre determinación sirven de guía para transformar este sistema capitalista de opresión, explotación y racismo.

4.- Reconocemos y valoramos el esfuerzo organizativo de las comunidades y organizaciones que han logrado conformar y fortalecer la Policía Comunitaria (PC) y la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC).

5.- Saludamos los dieciséis años de lucha y resistencia de la CRAC-PC y estamos seguros que seguirán fortaleciendo su organización autónoma e independiente para acabar con la desigualdad, violencia y discriminación hacia los pueblos que la conforman. Así mismo, agradecemos la hospitalidad y el gran corazón de la comunidad Paraje Montero del pueblo Mee’pha al recibirnos en su territorio.

6.- Alertamos a nuestros pueblos, comunidades, tribus, barrios, organizaciones y a la sociedad civil a estar atentos a las diferentes maniobras que los gobiernos, partidos políticos y empresarios realizan para reprimir, despojar y apropiarse de los recursos y territorios de nuestros pueblos indígenas de Guerrero y México.

7.- Ratificamos el acuerdo tomado en Nurío el 6 de marzo del presente año, avalado por los representes agrarios y autoridades del pueblo Ikojts de San Mateo del Mar, con quienes convocamos a la realización del Taller Nacional de Diálogo y Reflexión sobre los impactos de las empresas transnacionales en las regiones indígenas de México, en la comunidad de San Mateo del Mar, Istmo de Tehuantepec, Oaxaca, los días 26 y 27 de noviembre del presente año.

8.- Expresamos nuestra solidaridad incondicional con el pueblo nahua de Ostula, exigimos respeto a su guardia comunal. Exigimos la presentación con vida de los comuneros Francisco de Asís Manuel Bautista, presidente del Comisariado de Bienes Comunales, Javier Martínez Robles, Gerardo Vera Orcino y Enrique Domínguez Macías, así como el esclarecimiento del asesinato de los comuneros Pedro Leyva Domínguez y Diego Ramírez Domínguez. También exigimos la inmediata solución jurídica al problema territorial del paraje de Xayakalan en el que se garantice en forma definitiva la tenencia de las tierras a favor de Ostula. Que se cancele el proyecto de construcción de la carretera de Coahuayana a Lázaro Cárdenas; reconocimiento y respeto a la policía comunitaria del territorio nahua de la Costa Michoacana; respeto a la decisión que tomó La asamblea general de comuneros de Santa María Ostula el pasado 20 de julio de 2011, en el sentido de no participar en los procesos electorales estatales del día 13 de noviembre de 2011 en el estado de Michoacán.

9. Con los hermanos purhépecha de Cherán exigimos respeto a su ejercicio del derecho a la autonomía y libre determinación; a sus formas propias de impartición de justicia y de seguridad comunitaria, alto a la depredación de los bosques comunales por los talamontes; respeto a su proceso de reconstitución de su territorio, pueblo y cultura.

10. El pueblo Nahua de Milpa Alta exige respeto a la decisión de los pueblos comuneros de Milpa Alta quienes se oponen al megaproyecto carretero denominado Arco Sur, el cual despojaría del territorio y devastaría amplias Zonas boscosas y mantos freáticos afectando en el suministro de agua a la ciudad de México y la paz y el tejido social de la comunidad

11. El pueblo Wixarika exige la cancelación de los en los proyectos mineros en el territorio sagrado de Wirikuta, tanto los que afectan el lugar sagrado del Cerro Quemado en Real de Catorce, como los que afectan el desierto de wixikuta en el Ejido Las Margaritas en el estado de San Luis Potosí.

12. La tribu Yaqui exige la cancelación del acueducto independencia y que sea frenado el despojo del agua que afecta su territorio ancestral.

13. La comunidad nahua de Tuxpan denuncia la invasión de su territorio por parte de empresas trasnacionales que instalan invernaderos del denominado Grupo frutícola “El Nevado”, así como también exige frenar la siembra de aguacate. Asimismo exigimos que la empresa sunbelle premium trusted se retire del poblado El Taracon asi como la empresa green house instalada en El Nuevo Poblado, ya que dichas empresas disparan sales a las nubes para dispersarlas y que no llueva lo que afecta los suelos, las lluvias y por consecuencia los cultivos y las milpas.

14. La comunidad coca de Mezcala de la Asunción en Jalisco exige la restitución de su territorio, la cancelación de las múltiples órdenes de aprehensión contra diez de sus comuneros y el cese a la represión contra la comunera Rocio Moreno. Exigimos se culmine el agrario juicio por parte de las autoridades correspondientes y se detenga al invasor Guillermo Moreno Ibarra que se tiene desde hace 10 años y se encuentre en etapa de sentencia.

15. La comunidad Ñomnda de Xochistlahuaca en Guerrero exigimos respeto a la radio ñomnda de Xochistlahuaca, denunciamos el acoso militar y caciquil asi como la persecución judicial y exigimos la cancelación de las órdenes de aprensión contra cinco compañeros ejidatarios que han cumplido con los cargos de representación agraria y tradicional de la comunidad Roberto Martínez de Jesús, Eloy Flores Valtierra, Atilano López Díaz, Rodrigo Morales Valtierra y Epifanio Merino Guerrero.

16. Exigimos un alto al hostigamiento a las Juntas de Buen Gobierno de las comunidades zapatistas especialmente la de San patricio, Municipio Autónomo La Dignidad del Caracol V de Roberto Barrios, por parte de los grupos paramilitares en Chiapas. Exigimos la libertad del Prof. Alberto Patishtan y de todos y todas las presas políticas en huelga de hambre y ayuno en Chiapas.

Atentamente
“Nunca más un México sin nosotros”
Congreso Nacional Indígena
15 de octubre del 2011 en la comunidad meepha de Paraje Montero, Municipio de Malinaltepec, estado de Guerrero.

Pueblo Nahua de Tuxpan, Jalisco y Milpa Alta, Distrito Federal

Pueblo Coca de Mezcala de la Asunción, Jalisco

Pueblo Hñahñu de Atlapulco, estado de México

Pueblo Ikojts de San Mateo del Mar, estado de Oaxaca

Pueblo Binnizá de Unión Hidalgo, Oaxaca

Pueblo Triqui de San Juan Copala, Oaxaca

Pueblo Nancue Ñomndaa de Xochistlahuaca, Guerrero

Pueblos Purhépechas de Nurio y Uruapan, Michoacán

Pueblo Ñu Savi de Guerrero

Organizaciones acompañantes

Unidad de Apoyo a las Comunidades Indígenas, Universidad de Guadalajara

Asesoría Agraria

Dado en Paraje Montero, Municipio de Malinaltepec, Guerrero a 15 de Octubre de 2011.

Entrega del premio ‘Trayectoria Humana’ 2011 a Ernesto Zedillo Ponce de León

A la atención de la Fundación Cristóbal Gabarrón

            Nos dirigimos a ustedes para manifestar nuestra opinión sobre la concesión del premio ‘Trayectoria Humana’ 2011, otorgado recientemente al ex-presidente mexicano Ernesto Zedillo Ponce de León.

             A continuación resumimos de manera concisa, información relacionada con la gestión presidencial de Ernesto Zedillo, específicamente en cuanto a la política represora en el sureño estado de Chiapas, aunque hay diversos casos que, junto con el explicado a continuación, podrían ser presentados en un juicio político.

            Nuestra manera de ver y conocer la situación social, política y económica de México, tanto en el periodo durante el cual Zedillo ejerció la presidencia, como actualmente, nos lleva a considerar que el enfoque presentado en cuanto a ‘Trayectoria Humana’ del ex-presidente y pregonado al hacerlo merecedor de este reconocimiento y los hechos históricos en los cuales ha participado es por lo menos, incongruente.

            Durante el periodo presidencial de Carlos Salinas de Gortari (1998 -1994), Ernesto Zedillo fue un personaje fundamental en la imposición de reformas y políticas sociales que condenaron a la población más desfavorecida a sumirse en la pobreza de forma cada vez mas pronunciada. Al inicio de su sexenio, una de las crisis económicas más devastadoras que ha padecido el país dejó en la calle a miles de personas. Posteriormente, Ernesto Zedillo se proclamó como salvador de la economía mexicana al decretar que el pago de la deuda bancaria se hiciera con dinero de las arcas públicas.

Bajo el argumento de haber encabezado el saneamiento y recuperación de la economía, el expresidente Zedillo ha sido alabado por los organismos económicos mundiales, escuelas de negocios y empresas trasnacionales, pero dentro y fuera de México, las y los ciudadanos conscientes no olvidamos los daños generados durante su gobierno.

Aparte de los problemas económicos, generados en gran parte por las políticas impuestas desde el Fondo Monetario Internacional -organismo para el cual pretendía postularse como director gerente en meses pasados-, Zedillo tuvo la opción de hacer cumplir las exigencias de las y los indígenas chiapanecos centenariamente invisibilizados pero en resistencia, representados por el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN), pero no lo hizo.

                     Fue en los inicios de su ejercicio presidencial cuando se establecieron diálogos entre el EZLN y el gobierno federal, el grupo rebelde hizo un llamado previo a todos los interlocutores interesados de la sociedad para establecer foros cuyo resultado es el que se presentó ante la mesa de diálogo con el gobierno, y que al final fueron llamados ‘Los Acuerdos de San Andrés’, que posteriormente dieron  base jurídica a la propuesta de reforma constitucional que, entre otras cosas reconocía la autonomía de hecho y de derecho de los pueblos indígenas. Ernesto Zedillo, máximo responsable del gobierno mexicano, no respetó los Acuerdos de San Andrés, por el contrario, el Senado mexicano aprobó una reforma constitucional que ignoraba los acuerdos pactados previamente.

En respuesta, las comunidades indígenas no reconocieron la ley impuesta, cerraron comunicaciones con el gobierno mexicano y crearon los municipios autónomos, una expresión de desobediencia civil pacífica, lo que para una parte importante de la ciudadanía, investigadores, escritores y periodistas críticos, fue una confirmación de la incapacidad e indisposición del gobierno para escuchar y atender a su pueblo.

 22 de Diciembre de 1997, Acteal, Chiapas.

            De acuerdo a información del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas (Frayba), mientras los representantes del gobierno mexicano se sentaban a dialogar por un proceso de paz, el ejército mexicano comenzó la implementación, por órdenes del ejecutivo federal, de una estrategia contrainsurgente descrita como “guerra de baja intensidad”. La estrategia planteaba el entrenamiento de grupos armados al interior de las comunidades indígenas que hicieran el “trabajo sucio” y con eso lograr hacer parecer los ataques como conflictos intra e inter comunitarios, a la par de un desarrollo propagandístico que tiene como objetivo desacreditar la información que incrimine las acciones gubernamentales.

            El temor desencadenado como consecuencia del continuo hostigamiento de los habitantes de las comunidades por parte de los grupos paramilitares, llevó al desplazamiento de alrededor de 9.000 personas en el área. El reacomodo poblacional masivo significó numerosas amenazas y la presencia de varios cuarteles militares a la entrada de las comunidades, muchos de los cuales permanecen hasta la fecha.

            El 22 de diciembre de 1997, un grupo de indígenas tsotsiles equipados con armas de grueso calibre dispararon en contra de 45 personas (18 mujeres adultas, cinco de ellas con embarazos hasta de 7 meses de gestación; 7 hombres adultos; 16 mujeres menores de edad, entre los 8 meses y los 17 años de edad; 4 niños entre los 2 y los 15 años de edad) e hirieron a 26, en su mayoría menores de edad, varios de ellos resultaron con lesiones permanentes.

            Las personas atacadas se encontraban refugiadas en la comunidad de Acteal debido al continuo hostigamiento de grupos armados que quemaban sus casas y cultivos, y robaban sus pertenencias. Estaban completamente desarmados. El ataque fue perpetrado por alrededor de 90 personas, según refieren testigos oculares y el hecho de que un puesto de operaciones mixtas (fuerza militar, judicial y de seguridad pública) se encontrara asentado a 200 metros ha servido para justificar las opiniones que apuntan hacia una responsabilidad directa del estado mexicano.

            El hecho de que no ha sido investigado ningún funcionario de alto rango, como el ex presidente Ernesto Zedillo o los mandos militares -el primero autor intelectual y los segundos cómplices de la matanza-, hace entender a las comunidades indígenas que los asesinatos se han mantenido impunes, incluso al día de hoy, la mayoría de los responsables materiales de la masacre que en su momento fueron aprehendidos, han sido puestos en libertad recientemente.

            Para las organizaciones de Derechos Humanos vinculadas con Chiapas, para la sociedad civil organizada tanto a nivel nacional como internacional, es claro que la trayectoria humana de Ernesto Zedillo, en el contexto de beneficios o avances para la sociedad mexicana  es cuestionable y consideramos que debería ser analizada desde un enfoque menos acrítico.

Atentamente.

Grupo de Apoyo a la Zona Costa de Chiapas.

Mexicanxs en Resistencia desde Barcelona.

Adherentes a La Zezta Internacional

Conexión de Recursos para la Acción Comunitaria (CRAC)

Educación para la Acción Crítica (EdPAC)

Grupo de investigación en DDHH y Sostenibilidad Catedra UNESCO en Sostenibilidad

Producciones Informativas Nube Roja

Movimiento Ciudadano de Mexicanos en Barcelona.

Personas a título individual.

 

Enlace a la nota :

 

Ernesto Zedillo, premiado con el Gabarrón a la Trayectoria Humana

http://www.elnortedecastilla.es/v/20110712/cultura/ernesto-zedillo-premiado-gabarron-20110712.html

El jurado destaca el papel del expresidente mexicano en la modernización de su país

PREMIADOS 2011

Artes Plásticas: Richard Rogers.

Artes Escénicas: José Mercé.

Ciencia e Investigación: Pedro Cavadas.

Deportes: Maratón de Nueva York.

Economía: Eric Maskin.

Letras: Carlos Fuentes.

Pensamiento y Humanidades: Azar Nafisi.

Restauración y Conservación: Stéphanne Pennec.

Trayectoria Humana: Ernesto Zedillo.

«Ernesto Zedillo se entregó a México. Es un servidor público intachable», destacó el jurado.

Ernesto Zedillo (1951, México DF), presidente de México entre 1994 y 2000, fue galardonado ayer con el Premio Internacional de la Fundación Cristóbal Gabarrón a una Trayectoria Humana. El jurado se reunió en Valladolid para la lectura del fallo tras una «deliberación intensa y larga» al término de la cual se decidió por unanimidad que el político y economista tiene tras de sí una trayectoria profesional sobradamente relevante para erigirse en acreedor de un premio que cuenta en su nómina con figuras internacionales del prestigio de Sami Naïr (2006), Julio María Sanguinetti (2007), la Fundación Vicente Ferrer (2008), Morgan Tsvangirai (2009) o Antonio Garrigues Walker (2010).

El jurado, presidido por Miguel Ángel Cortés Martín, diputado por Valladolid y exsecretario de Estado de Cultura y de Cooperación Internacional y para Iberoamérica, destacó la importancia de su liderazgo al impulsar «reformas modernizadoras decisivas en el terreno de lo político y económico en su país», así como su papel como «actor fundamental en las relaciones con España y en el fortalecimiento de la Comunidad Iberoamericana».

Junto a Cortés Martín, la responsabilidad de la decisión recayó en Ignacio Fernández Sobrino, director regional de Onda Cero, José Manuel Herrero Mendoza, secretario General de la Consejería de la Presidencia de Castilla y León, Sonia Segura, presidenta diplomática internacional y Enrique Ybarra e Ybarra, presidente de la Fundación Vocento.

 

 

San Juan Copala y el Estado fallido.

Las circunstancias que se viven en dos extremos del país –Ciudad Juárez, Chihuahua, y San Juan Copala, Oaxaca– dejan claro lo que la propaganda mediática del centro quiere borrar: la evidencia de un Estado fallido. Aunque las circunstancias son distintas en los factos –Ciudad Juárez es rehén del narcotráfico; San Juan Copala, de paramilitares–, en sustancia son idénticas: ambos lugares son la muestra más clara de que vivimos en un país donde el Estado, que ha entrado en crisis, claudicó en su vocación fundamental – garantizar la seguridad y la libertad de los ciudadanos– para convertirse en garante de la impunidad del poder.

Pero si la situación de Ciudad Juárez es terrible, la de San Juan Copala es peor. Aquí no es el vacío del gobierno el que impera, sino el uso ilegal del Estado para destruir uno de los fundamentos del Estado moderno: la subsidiaridad, es decir, el respeto máximo al derecho a la autodeterminación o, mejor, a la libre determinación de todos y cada uno de los miembros de una estructura social a autogobernarse.

San Juan Copala es una comunidad triqui de alrededor de 750 habitantes. Su lengua es una variante del mixteco. En diciembre de 2007, apoyándose en una declaración de la ONU, como consecuencia del movimiento zapatista, se convirtió en municipio autónomo, es decir, dejó de formar parte del de Santiago Juxtlahuaca.

La respuesta por parte del gobierno a esta proclamación no fue, como debía esperarse, aceptarla y trabajar con ella bajo el principio de la subsidiaridad, sino formar grupos paramilitares a través de una organización llamada Unidad para el Bienestar Social de la Región Triqui (Ubisort), y poner a San Juan Copala en estado de sitio.

El 27 de abril de 2010 una caravana humanitaria, compuesta por 27 personas y seis vehículos se puso en marcha. Su intención era romper el cerco ilegal y llevar víveres y medicamentos a sus pobladores. Cerca de la población la caravana fue brutalmente atacada por los paramilitares. La mexicana Bety Cariño y el finlandés Jyri Jaakkola murieron; otros fueron heridos durante la huida, y varios más, retenidos y liberados días después. Desde entonces no sólo nadie ha podido entrar en San Juan Copala, sino que el estado de sitio se ha recrudecido. La Ubisort, de manera semejante a lo que sucedió en Sarajevo, ha apostado francotiradores en la parte alta del pueblo con la consigna de disparar a quien esté en la calle, y desde que los paramilitares se adueñaron del territorio hasta el momento en que escribo hay 500 desplazados, 30 asesinados y un número indeterminado de heridos.

Lejos de intervenir, el gobierno de Oaxaca, tanto bajo el mandato de Ulises Ruiz como del actual gobernador de la coalición, Gabino Cué, se escuda en el argumento de que “la región mixteca se ha vuelto peligrosa por las luchas intestinas del pueblo triqui”. El senador Carlos Jiménez Macías lo dijo a raíz del atentado que sufrió la caravana humanitaria donde Cariño y Jaakkola perdieron la vida: “Quienes organizan caravanas con extranjeros son los verdaderos asesinos (…) Si conduces gente hacia una emboscada, ¿eres o no responsable de lo que va a suceder? Los culpables son los que los llevaron allí” (La Jornada, 31 de mayo de 2010).

Calificar de “región peligrosa” a la mixteca y responsabilizar del atentado a testigos civiles que, frente a la inoperancia del Estado, llevan ayuda humanitaria a una población secuestrada, no es sólo el colmo del cinismo, sino el alarde de que el Estado hoy sólo sirve para administrar la impunidad, porque sabemos muy bien que bajo el poder del Estado se creó en San Juan Copala la Ubisort, se formó a los paramilitares y se les dotó de armas de uso exclusivo del Ejército y de sistemas de comunicación; asimismo, bajo el poder del Estado se declaró “zona de peligro” a la región mixteca y se ha evitado que las fuerzas de la legalidad entren en ese territorio y garanticen la vida y la libertad de los ciudadanos de Copala y de las caravanas humanitarias. Bajo ese mismo poder se ha dejado a Ciudad Juárez a merced de otras formas del paramilitarismo: las del crimen organizado.

El ciudadano del Estado moderno mexicano comienza a parecerse a ese “cliente generalizado” del que habla Giorgio Agamben en ¿Qué es un dispositivo?, ese cliente “que (bajo el espectro del miedo terminará ejecutando) celosamente todo lo que se le ordena hacer y no (se opondrá) a que sus gestos más cotidianos –su salud, sus diversiones, sus actividades, su alimentación y sus deseos– sean comandados y controlados hasta en sus detalles más íntimos por dispositivos”.

En una obra anterior, Homo sacer, a la que me referí en mi artículo El hombre desnudo y la guerra de Calderón (Proceso 1756), Agamben comparó a ese ciudadano con el “hombre sagrado” al que, según el derecho romano, la república no podía matar, pero cuyo asesino gozaría de la impunidad. De esa impunidad gozan hoy no sólo los soldados que, en su persecución de criminales, matan ciudadanos, sino también los que no son soldados, esos mercenarios a sueldo que sirven a innumerables poderes tanto en la región triqui como en Ciudad Juárez.

Hoy más que nunca urge repensar y refundar el Estado desde las vidas comunitarias de las regiones. Además opino que hay que respetar los Acuerdos de San Andrés, liberar a todos los zapatistas presos, derruir el Costco-CM del Casino de la Selva, esclarecer los crímenes de las asesinadas de Juárez, sacar a la Minera San Xavier del Cerro de San Pedro, liberar todos los presos de la APPO y hacerle juicio político a Ulises Ruiz.

Javier Sicilia.

http://data.proceso.com.mx

Sobre el movimiento indígena y las autonomías en México.

¿Qué pasó con el movimiento indígena a partir de 2001,luego de que los poderes políticos del país convalidaran la fallida reforma constitucional sobre derechos y cultura indígenas? El Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) y las organizaciones indígenas se retiraron de la escena política nacional, dejando en claro tanto su rechazo a la reforma, que calificaron de burla y traición a los Acuerdos de San Andrés, como la voluntad de seguir luchando por su legítimo derecho a la autodeterminación y autonomía. Como parte de esa lucha, acordaron construir “autonomías de hecho” en sus comunidades, municipios y regiones. Esta posición la han sostenido hasta hoy.

La construcción de autonomías de hecho significa una acción de rebeldía frente a la injusticia derivada del incumplimiento de los Acuerdos de San Andrés. Éstos representaban un primer paso en la corrección de la estructura de la sociedad nacional, que excluye a los pueblos indígenas y los priva de sus derechos humanos elementales y en tanto pueblos. Los actores políticos que refrendaron la reforma constitucional conservaron intacta la estructura nacional y, con ello, reafirmaron las relaciones de opresión del Estado y la nación hacia los pueblos indígenas, supeditándolos, más que nunca, a la voluntad de los gobiernos federal, estatal y aun municipal. El trasfondo de tal maquinación era afianzar la embestida del capitalismo global en los territorios indígenas.

I. El EZLN, “sin pedirle permiso al mal gobierno para gobernar en nuestro territorio”, avanzó en la concreción de los municipios autónomos rebeldes zapatistas (Marez), formados después de 1994, así como en la organización de nuevas estructuras de gobierno en cada una las cinco regiones autónomas reconocidas por los zapatistas: las Juntas de Buen Gobierno (JBG). Éstas tomaron posesión el 8 de agosto de 2003. La sede de las JBG son los llamados Caracoles. A partir de este valioso sistema articulado de autogobierno (comunal, municipal y regional), los zapatistas han tratado de organizar sus propios medios de salud, educación, alimentación, impartición de justicia, etcétera.

Los zapatistas conciben su experiencia autonómica como una demostración para ellos mismos y para los demás de la capacidad de los pueblos de organizarse y autogobernarse, así como de darse una forma de gobierno colectivo basada en principios (mandar obedeciendo, revocación del mandato, etcétera), valores y prioridades diferentes a los que sostienen los “malos gobiernos”. Sin embargo, advierten las serias dificultades para sostener sus autonomías dentro de un sistema económico, político e ideológico (nacional y global) adverso. De ahí que en la valoración de las autonomías zapatistas es preciso tomar en cuenta que las JBG y los consejos autónomos municipales han funcionado en condiciones hostiles y precarias, siempre bajo amenaza, hostigamiento y presión por parte de los aparatos del Estado, del poder económico local, nacional y trasnacionales. Por ello, como veremos adelante, el programa político de los zapatistas no se limita a construir espacios de autonomía en las comunidades y regiones donde tienen presencia.

Otra experiencia significativa de construcción de autonomías de hecho es el Sistema de Seguridad, Justicia y Reeducación Comunitaria de la Montaña y Costa Chica del estado de Guerrero, conocido como la Policía Comunitaria. Ésta nació a finales de 1995, a partir de un proceso de articulación entre comunidades en torno a la organización de un sistema de seguridad propio –la policía comunitaria– que después incluyó el de justicia. En este proceso, las comunidades crearon una estructura regional compuesta por dos instituciones jurídicas autónomas: la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC) y la Asamblea Regional de Autoridades Comunitarias, que es la máxima autoridad de la CRAC. Hasta ahora se han integrado a esta organización autónoma regional alrededor de 80 comunidades pertenecientes a distintos pueblos tlapanecos, mixtecos, nahuas y mestizos.

Los actores de este ensayo autonómico valoran la capacidad de sus pueblos de garantizar seguridad en su territorio –lo que ninguna autoridad ni policías estatales les aseguraron–, así como de construir un nuevo derecho y una nueva justicia a escala regional, a partir de principios, normas, procedimientos e instituciones centrados en el “espíritu comunitario”, y enriquecidos por la reflexión y la discusión entre los diversos pueblos que confluyen en la Asamblea Regional. Se trata, como ellos lo caracterizan, de un derecho “antiguo y nuevo a la vez”, y de “una justicia pública y colectiva”, en la cual las resoluciones se toman colectivamente “para impedir que se cometan errores o arbitrariedades en la impartición de justicia”, así como “para asegurarse la justicia, la seguridad, la armonía en la convivencia y la paz”. Pero esta experiencia autonómica enfrenta, al igual que la zapatista, el hostigamiento y la amenaza constantes por parte del ejército y de la policía estatal.

Otras declaraciones públicas de ejercicio de la autonomía de hecho, cuyo objetivo inmediato es recuperar y proteger sus derechos territoriales, son la Comunidad Autónoma Wixárika de Bancos de San Hipólito, municipio del Mezquital, Durango, y la comunidad nahua de Santa María Ostula, de la Costa de Michoacán. En ambos casos, las comunidades llevaban años de lucha en los tribunales agrarios por la restitución y el reconocimiento de sus derechos territoriales, cercenados por resoluciones presidenciales. Estas resoluciones, a la vez, crearon una situación de conflicto entre las comunidades despojadas y los grupos que pretenden apropiarse de sus tierras ancestrales.

En el primer caso, una resolución presidencial de la década de los 60s separó arbitrariamente a la comunidad wixárika (huichol) de Bancos de San Hipólito de su vínculo ancestral con Tateikie-San Andrés Cohamiata, ubicada en Jalisco, y la anexó a la comunidad vecina de San Lucas de Jalpa, Durango, al tiempo que cercenó una parte de sus tierras ancestrales. En 2002, el consejo de ancianos y la asamblea de comuneros wixárika de Bancos decidieron recuperar sus tierras y ejercer su autonomía en los hechos. Para ello, interpusieron en el tribunal agrario una demanda de nulidad de la resolución presidencial en noviembre de 2002 y declararon a Bancos como Comunidad Autónoma Wixárika. Esta declaración implicó el desconocimiento de las autoridades agrarias de San Lucas (a las que habían quedado sujetas injustamente) y el nombramiento de sus propias autoridades agrarias. Con estas acciones iniciaron un proceso de organización y reconstrucción de su comunidad y gobierno autónomos (este último formado por un cuerpo de autoridades civiles, agrarias y tradicionales).

Al año siguiente, en 2003, decidieron tomar posesión de su territorio boscoso en disputa, y para resguardarlo instalaron nuevos centros de población –la Mesa de la Torrecilla (Buenos Aires), Las Carreras y Mesa Alteña–, los mismos que fueron devastados por las tormentas de febrero de 2010. Para rehabilitar estos poblados, resolvieron aprovechar los más de mil pinos derrumbados por las tormentas y hacer trabajos de limpieza forestal para evitar que los árboles caídos se convirtieran en fuente de plagas y enfermedades o en combustible para incendios. Después de solicitar en varias ocasiones y obtener el permiso de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales, el “grupo autónomo de análisis territorial y ecología” de la Comunidad Autónoma Wixárika inició los trabajos de cubicación de la madera. La comunidad también ha previsto “presentar un plan de reforestación integral en la zona afectada”. Pero el hostigamiento de los caciques de San Lucas ha dificultado las tareas. El 11 de agosto de 2009 el Tribunal Superior Agrario emitió su sentencia a favor de Bancos, esto es, anuló la resolución presidencial, aunque “únicamente en lo que respecta a la superficie en conflicto (diez mil 720 hectárea)”, por considerar que hubo violaciones en el procedimiento agrario, en perjuicio del “núcleo agrario de Bancos”, y dispuso que se procediera a la confirmación y titulación de ese territorio a Bancos.

En el caso de la comunidad de Ostula, los comuneros decidieron ejercer sus derechos territoriales mediante la recuperación pacífica de unas mil hectáreas de tierras reclamadas del paraje la Canahuancera, luego de varios intentos de hacerse del lugar y de negociaciones con las autoridades estatales que se comprometían a resolver el conflicto y asegurar sus derechos agrarios, sin hacerlo efectivo. A finales de junio de 2009, cuando cientos de personas de Ostula, hombres y mujeres de todas las edades, se acercaron al paraje para tomar posesión fueron recibidos a balazos por personas que pretenden apropiarse de sus tierras. Al día siguiente, los nahuas de Ostula lograron tomar el paraje con la nutrida participación de personas de las otras dos comunidades nahuas de Michoacán: El Caire y Pómaro. Para asegurar las tierras recuperadas, instalaron un campamento y erigieron en pocos días un nuevo poblado en la Canahuancera, que renombraron Xayakalan, su nombre original. La confluencia de las policías comunitarias de Ostula, El Caire y Pómaro fue clave en la toma del paraje, así como en el cuidado de la “seguridad de las personas” apostadas tanto en el campamento como en los nuevos poblados, y en el resguardo de las tierras recuperadas.

Un hecho novedoso en esta lucha es la actuación articulada de las tres comunidades en tanto pueblo nahua. Esta unidad se ha tratado de reforzar con la creación del Comité de Defensa del Pueblo Nahua de la Costa Sierra de Michoacán. Esto tiene una explicación económica y política. Primero, porque empresas multinacionales están fuertemente interesadas en hacerse de las tierras de las tres comunidades, dado el gran potencial minero y turístico que poseen. Segundo, porque con la acción unida pueden conjuntar esfuerzos en la defensa de su territorio. Cabe destacar que la reunificación de las comunidades en tanto pueblo es parte fundamental del proceso autonómico. Se trata de la reconstitución de los pueblos fragmentados en el proceso histórico de dominación. Una de las políticas de dominación del Estado hacia los pueblos indígenas, y a la que recurren persistentemente tanto el gobierno central, como los locales y estatales, es la de provocar y sostener la segmentación de los pueblos en múltiples comunidades separadas y enfrentadas entre sí. Por consiguiente, la rearticulación de las comunidades en tanto pueblo forma parte de la batalla por la autonomía y contra las relaciones de dominación.

En uno de los primeros comunicados del Comité de Defensa del Pueblo Nahua, del 12 de marzo de 2010, las comunidades nahuas de Michoacán exigieron conjuntamente a los gobiernos federal y estatal que garantizaran definitivamente la tenencia jurídica de las tierras recuperadas “a favor de Ostula”, que cuenta con títulos de propiedad de 1802 y 1803, así como el reconocimiento del “funcionamiento de las policías comunitarias y su guardia comunal en las comunidades de Santa María Ostula, El Caire y Pómaro, es decir, en todo el territorio nahua de la Costa michoacana”. Las policías comunitarias son consideradas parte de su autonomía, para el resguardo del “territorio y la vida de las comunidades”, pero también un instrumento de autodefensa contra las incursiones de grupos que quieren despojarlos de sus tierras.

El Municipio Autónomo San Juan Copala es otra referencia emblemática en la construcción de autonomías de hecho. San Juan Copala ha sido históricamente el centro político, económico y religioso de las comunidades triquis de la región baja. En 1826 esta región obtuvo la categoría de municipio, teniendo como cabecera a San Juan Copala. Pero en 1948 el gobierno de Oaxaca suprimió este municipio y creó otros para favorecer y apuntalar a los grupos de poder regional. A partir de esa fecha, San Juan Copala fue convertido en agencia municipal de Santiago Juxtlahuaca y, en general, el territorio y las comunidades integrantes de la región triqui baja se repartieron entre los municipios de Santiago Juxtlahuaca, Constancia del Rosario y Putla de Guerrero. De esta manera, los triquis quedaron separados y sometidos económica y políticamente a las cabeceras de los nuevos municipios, sedes del poder caciquil mestizo. Las comunidades triquis solicitaron en varias ocasiones que se les restituyera su municipio, sin conseguirlo.

Según relatos de los autonomistas, un grupo de triquis que había participado en la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca (APPO), en 2006, y que venía del Movimiento de Unificación y Lucha Triqui-Independiente, preocupados por los pasos que debían dar después de esa experiencia, inició un proceso de consultas a autoridades tradicionales y con miembros de otras organizaciones sociales triquis. De ahí surgió la idea de construir un municipio autónomo. Esta propuesta fue discutida en asambleas, barrios y rancherías, de lo que resultó el acuerdo de declarar a San Juan Copala Municipio Autónomo. En enero de 2007, se realizó la ceremonia de confirmación de las autoridades municipales autónomas, elegidas entre las comunidades que se incorporaron a este proceso autonómico. Los triquis que participan en su construcción consideran que la autonomía puede ser la “manera pacífica de alcanzar la paz en su territorio” y un medio para superar las fuertes divisiones políticas internas entre las distintas organizaciones triquis surgidas en las décadas recientes: el Movimiento de Unificación y Lucha Triqui (MULT), el MULT-Independiente y la Unión de Bienestar Social Triqui, (Ubisort).


Para restablecer los vínculos entre las comunidades triquis de la región baja (injustamente divididas en distintas jurisdicciones municipales) estimaron necesario declarar el municipio autónomo San Juan Copala (autorestituyendo su categoría de municipio, suprimida arbitrariamente en 1948) y construir “un gobierno triqui”, de modo que puedan gobernarse por ellos mismos y crear sus “propios proyectos de desarrollo en convivencia, salud, educación, cultura”, sin tener que depender de los gobiernos municipales conformados por mestizos, “que no saben gobernar”. De hecho, esta dependencia es una de las causas del conflicto violento que se vive en la región. Por ello, evalúan que con la construcción de su municipio autónomo se liberan de la opresión y de la explotación de los caciques mestizos de los municipios a los que quedaron sujetos. También se liberan de las artimañas de las autoridades municipales para privar a las comunidades y agencias municipales triquis de la entrega de los recursos públicos que por ley les corresponden, así como del uso faccioso y corrupto que hacen de dichos recursos para apuntalar su poder caciquil y dividir al pueblo triqui. Los autonomistas consideran que con su municipio autónomo los recursos públicos “bajarían” a todas sus comunidades, eliminando así una de las fuentes de conflicto. En suma, la declaración del municipio autónomo significa para sus autores la reorganización del territorio y de las comunidades de la región triqui baja, así como la instauración de sus propias formas de gobierno y de decisión colectiva. Con todo ello, esperan poner fin a tanta violencia.

En todos los casos de construcción de autonomías de hecho mencionados, los pueblos están enfrentando el asedio y la agresión de grupos paramilitares, de elementos del ejército y de policías de todo tipo. Hay denuncias de presencia de grupos paramilitares en Chiapas, Oaxaca y en la Costa de Michoacán, y se sabe que estos grupos no pueden funcionar si no es con la protección del gobierno y con el financiamiento de grupos de poder político y económico. Sin embargo, la violencia se ha extendido a todas partes del país. En realidad, el verdadero culpable de esta violencia es el capitalismo. Detrás de la presencia del ejército y de los grupos paramilitares están las empresas mineras, turísticas, inmobiliarias, agroindustriales, carreteras, etcétera, esperando que los cuerpos represivos hagan su trabajo de debilitamiento de las resistencias para poder entrar a hacer grandes negocios.

II. Las declaraciones de autonomías de hecho no se han generalizado en todos los pueblos indígenas del país, salvo los casos mencionados. Lo que no quiere decir que la autonomía no esté en el horizonte político y en las luchas que están realizando todos ellos. De cualquier manera, la mayoría de los pueblos indígenas están enfrascados en fuertes resistencias locales y regionales frente a las viejas y nuevas formas de explotación y despojo de sus bienes colectivos (tierras, territorios, bosques, agua, biodiversidad, saberes), que llevan a cabo caciques, latifundistas y empresas nacionales y multinacionales con el apoyo de los gobiernos federal, estatal y municipal.

Actualmente destacan las luchas indígenas contra las múltiples y originales formas de invasión del capitalismo multinacional en sus territorios y comunidades. Son luchas puntuales y locales contra la minería a cielo abierto; contra la construcción de presas y parques eólicos; contra los transgénicos y en defensa de las semillas autóctonas; contra la biopiratería y la privatización de sus conocimientos colectivos; contra la mercantilización del agua; contra el despojo de sus tierras colectivas para grandes desarrollos turísticos, urbanísticos, comerciales y carreteros; contra la destrucción de los bosques comunales; contra los tratados de libre comercio de alimentos y la consecuente eliminación de los sistemas de producción agrícola nativos, y, en fin, contra la comercialización, la privatización y la “empresarialización” de la tierra, de la naturaleza, de la cultura, de la memoria y del conocimiento. Algunas de estas luchas locales se articulan en movimientos nacionales o en redes, según la esfera de penetración del capital en sus respectivos territorios, con el propósito de unificar las resistencias dispersas en la geografía nacional (como el Movimiento Mexicano de Afectados por las Presas y en Defensa de los Ríos o la Red Mexicana de Afectados por la Minería). En algunos casos, establecen lazos solidarios con movimientos y redes de otros países que enfrentan afectaciones similares.

En la Declaración de Xayakalan, los representantes de varios pueblos indígenas del país, reunidos en la Asamblea Extraordinaria del Congreso Nacional Indígena, realizada en la comunidad nahua de Santa María Ostula, Michoacán, en agosto de 2009, manifestaron que “este capitalismo se comporta ahora con la mayor saña que no se haya visto en la historia, en una empecinada voracidad por nuestros recursos, agua, viento, vidas, tierras y territorios (…) Hoy como ayer nuestros pueblos, naciones, tribus y comunidades enfrentamos en todo el continente la violencia sistemática, traducida en despojos, desalojos, asesinatos, cárceles, desaparecidos, exiliados”.

En 2008, en el marco de la celebración del quinto aniversario de las JBG, el teniente coronel insurgente Moisés recordó que en los primeros días de 1994 el gobierno calificó a los zapatistas de transgresores de la ley. Admitió perspicazmente que era cierto y que seguirían transgrediéndola, porque “es una ley protectora de todas las agresiones que hace el mal gobierno, de todas las violaciones que hace el mal gobierno. No protege a los millones de pobres en México, del campo y de la ciudad. Es una ley que está a beneficio de sus intereses de ellos (…) neoliberales”. Con estas palabras, Moisés deja ver la falsedad de la neutralidad de la ley porque beneficia a unos cuantos (los capitalistas y neoliberales) y desprotege y excluye a millones (los pobres de la ciudad y del campo). El punto es que la exigencia de respeto a la ley significa la obediencia a una forma de derecho estatal que implica determinadas relaciones socioeconómicas (capitalistas). Por tanto, respetar la ley implica aceptar tales relaciones, que producen y reproducen la desigualdad y la injusticia. Para los beneficiarios de la ley, no importa si ésta es injusta, sino que sea respetada. Para los excluidos y explotados, en cambio, respetar la ley implica dejarse explotar, despojar y excluir. Y si se resisten a todo ello son considerados transgresores. Así, todas las injusticias y las violaciones se cometen al amparo de la ley.

En consecuencia, cuando el insurgente Moisés afirmaba que los zapatistas seguirían transgrediendo la ley, estaba diciendo que seguirían rebelándose contra la explotación, la exclusión, la injusticia. Además, revirtió la acusación: “esa ley injusta es la que transgrede al pueblo”. Y apeló a otra ley por conquistar: “Nacerá otra ley que es palabra del pueblo, de todos los trabajadores. Que ellos la decidirán cómo es la ley que quieren. Para eso, compañeros, compañeras, tenemos que luchar.”

Consuelo Sánchez

Antropóloga y profesora-investigadora de la Escuela Nacional de Antropología e Historia

http://www.jornada.unam.mx/2010/08/21/maiz.html

LA BALA Y LA ESCUELA – Pedro García Olivo.

Pedro García Olivo argumenta, desde un profundo análisis del devenir moderno y contemporáneo de México, cómo la Escuela, ya desde la época de la Revolución, se ha erigido en una instancia mayúscula de aniquilación de la idiosincrasia indígena, de exterminio de la diferencia cultural y económico-política arrostrada por las etnias originarias.

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El modelo de organización autónoma indígena, allí donde no se vio sustancialmente alterado por la injerencia occidental, se caracteriza, y no sólo en Chiapas, por unas estructuras y prácticas sociales altamente participativas, con rotación de cargos y —en buena medida— de tareas, que rehúyen, por sí mismas, la especialización, favorecen el apoyo mutuo en forma de intercambio de bienes o servicios, evitan la monetarización de las relaciones y dejan en manos de la comunidad la administración de la justicia y la producción y difusión del saber.

La educación en los pueblos indios no se «impartía» en recintos cerrados, bajo la vigilancia de un especialista, sino que constituía una tarea colectiva, que acontecía en el día a día —tal si se respirase—, de manera informal, puesto que los niños y niñas no eran excluidos de las diversas facetas de la vida cotidiana local. En detrimento de esta educación tradicional, comunitaria, sin aulas ni profesores, la Escuela multicultural que avanza en los últimos años en México (estrategia que simula una «aceptación» de la diferencia indígena mientras la reduce a mera diversidad, a forma cultural degradada en folclore) aspira a optimizar la colonización mental de los indígenas y su conversión en mano de obra barata. La implantación de la Escuela en las comunidades supone, sin remedio, la ruina del equilibrio interno. El maestro no suele ser nativo; no participa de la vida comunitaria; establece relaciones dinerarias con su entorno; se convierte rápidamente en sujeto de referencia, persona «que sabe», autoridad de hecho… La Escuela difunde hábitos sociales, ideas y valores hostiles a la organización comunera; favorece el abandono de las pautas culturales autóctonas por parte de los más jóvenes, a quienes se les inculca el deseo individualista de un éxito personal fuera de la comunidad y hasta en perjuicio de los intereses de la colectividad.

Sin embargo, cuando la resistencia indígena entorpece este proceso de aniquilación cultural, y confluye además un interés económico que desata la avidez del capital nacional o multinacional, al lado de la escuela aparece la bala (el terror policial, militar y paramilitar), pudiéndose hablar de un verdadero holocausto indígena, lento genocidio que los Gobiernos occidentales velan y alientan.

El caso de los experimentos escolares zapatistas en Chiapas merece especial atención para García Olivo. Consciente de las dificultades a las que se enfrenta la resistencia chiapaneca, el autor intenta analizar en qué medida la inserción de la Escuela en el tejido comunitario puede constituir un avance en la consolidación de los modelos de participación y autogestión indígenas o si, por el contrario, pone en peligro el proyecto mismo de la autonomía. No es optimista respecto al papel que puede desempeñar la Escuela en el proceso revolucionario zapatista, y aboga por una profundización en la «educación comunitaria indígena», en las prácticas informales de enseñanza, en las instancias de transmisión cultural tradicionales, modalidades de socialización del saber, de subjetivización y de moralización de los comportamientos mucho más coherentes con el espíritu de la democracia india —y con el igualitarismo social y económico subyacente— que el engendro altericida de la Escuela occidental.

, Barcelona, 2009

RED NACIONAL DE RESISTENCIA A LAS ALTAS TARIFAS DE LA ENERGÍA ELÉCTRICA

RED NACIONAL DE RESISTENCIA A LAS ALTAS TARIFAS DE LA ENERGÍA ELÉCTRICA

28 de Agosto 2009

A los participantes en el Encuentro nacional por una tarifa social y en contra de los cobros excesivos de luz,

Al Sindicato Mexicano de Electricistas,

Al Movimiento Nacional en Defensa de la Economía Popular, el Petróleo y la Soberanía y Sindicato Mexicano de Electricistas,

Al pueblo de México,

Como Red Nacional de resistencia a las altas tarifas de la energía eléctrica, les transmitimos los saludos de nuestros compañeros y compañeras de los Estados de Chiapas, Campeche, Veracruz, Oaxaca, Guerrero, DF y Chihuahua.

Nuestro movimiento de resistencia contra las altas tarifas de la energía eléctrica, cuya expresión principal ha sido el no pago de los recibos de luz, inició desde 1994 en el Estado de Chiapas y ha ido tomando fuerza en el transcurso de estos 15 años, en diferentes estados de la República, como consecuencia de la inconformidad de la población por el alto cobro de los recibos de luz.

Desde el año 2006, empezamos a construir relaciones entre los movimientos de resistencia en materia eléctrica de diferentes estados, ubicados en su mayoría en el Sureste de la República. Nos fortalecimos mutuamente con el intercambio de experiencias y con las capacitaciones a técnicos electricistas comunitarios, facilitadas por el compañero ya fallecido Valente Guevarra, de Luz y Fuerza del Centro, a quien dedicamos un especial y cariñoso reconocimiento; hemos avanzado hacia la construcción de nuestra autonomía a través del automantenimiento y la ampliación autónoma de la red eléctrica en algunas comunidades así como la constitución de fondos comunitarios de mantenimiento y resistencia. Estamos construyendo juntos y juntas nuestras estrategias de lucha. Queremos incursionar hacia la autogeneración comunitaria y sustentable de energía eléctrica.

Todo este proceso nos permitió constituirnos el pasado 17 de Mayo en la ciudad de San Cristóbal de las Casas, Chiapas como Red nacional con presencia por lo pronto en 7 estados de la República.

Nuestros objetivos principales consisten en el fortalecimiento de nuestras luchas de resistencia contra las altas tarifas de luz, en la lucha contra la privatización de la energía eléctrica y en el respeto y cumplimiento de los Acuerdos de San Andrés, como punto de partida de nuestras luchas por la defensa de los derechos de los pueblos indígenas.

Reivindicamos que la energía eléctrica es del pueblo y que la tenemos que defender de las políticas capitalistas neoliberales privatizadoras impulsadas por los gobiernos federal y estatales, que la están entregando a los grandes capitales internacionales. Nos declaramos independiente de los gobiernos y de los partidos políticos. No permitimos ningún manipuleo electorero de nuestro movimiento ni aceptamos ningún tipo de liderazgo centralizado. Funcionamos como red con una coordinación colectiva horizontal, con mecanismos de toma de decisiones democráticos y participativos y con reconocimiento y respeto de nuestras diferencias y diversidades. Uno de nuestros principios fundamentales es la solidaridad bajo el lema “si nos tocan a unos, nos tocan a todos”. No dejaremos de luchar hasta lograr nuestros objetivos.

La política de criminalización de la lucha social implementada con cada vez más fuerza por los gobiernos federal y estatales, en vez de debilitarnos, nos está hermanando cada vez más como pueblos. Tenemos compañeros con ordenes de aprehensión en Ixtepec, Oax y otros demandados por la CFE en Xhadani, Oaxaca. Actualmente tenemos 5 compañeros y compañeras del movimiento de resistencia civil de Candelaria, Campeche, presos y presas desde el 10 de Julio en el Penal de Koben, Campeche. Ellas y ellos son Sara López, Joaquín Aguilar, Elmer Castellanos, Guadalupe Borjas y Guadalupe Lizcano. No descansaremos nuestros esfuerzos hacia su liberación y les invitamos a participar en el encuentro de solidaridad por su liberación que se realizara los próximos 13, 14 y 15 de Septiembre, en la ciudad de Campeche como medida de presión en ocasión de la toma de posesión del nuevo gobernador.

A todos los movimientos de resistencia contra las altas tarifas de luz de los diferentes estados de la República que coincidan con nuestros objetivos y principios, les invitamos a comunicarse con nosotros a través de los siguientes correos electrónicos: veromunier@yahoo.com.mx, todoshablan@hotmail.comteodocioangel@hotmail.com y a integrarse a la Red Nacional de Resistencia a las altas tarifas de la Energía eléctrica.

¡LA LUZ ES DEL PUEBLO!

¡NO A LA PRIVATIZACION DE LA ENERGIA ELECTRICA!

¡NO A LA CRIMINALIZACION DE LA LUCHA SOCIAL!

¡NO AL MANIPULEO ELECTORERO DE NUESTROS MOVIMIENTOS!

¡POR LA AUTONOMIA DE NUESTROS PUEBLOS Y MOVIMIENTOS!

RED NACIONAL DE RESISTENCIA A LAS ALTAS TARIFAS DE LA ENERGIA ELECTRICA


@twewwter

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