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Declaración: 9ª Asamblea Nacional de Afectados Ambientales.

A cinco años de haber iniciado nuestro camino común, en defensa de nuestros derechos, nuestros territorios y en resistencia contra todo tipo de agravios, los más de 500 participantes de 66 organizaciones provenientes de 15 estados (Distrito Federal, Morelos, Tlaxcala, Baja California, Jalisco, Puebla, México, Veracruz, Hidalgo, Querétaro, Quintana Roo, Coahuila, Oaxaca, Michoacán y, particularmente, de 54 comunidades del estado de Guanajuato), nos reunimos por novena ocasión en Atotonilco, San Miguel de Allende, Guanajuato en un momento de emergencia comparable sólo con los tiempos que precedieron los alzamientos por la independencia y la revolución. Acudimos aquí a participar en la preaudiencia sobre la Destrucción del sistema hídrico nacional y para refrendar nuestra sólida existencia como Asamblea Nacional.

Nuestra presencia en la Cuenca de la Independencia tiene un significado múltiple: primero, para evidenciar la devastación hídrica y ambiental que vive la región norte del estado de Guanajuato, al igual que otras regiones del país, ocasionada por la criminal sobreexplotación agroindustrial de los acuíferos que lleva a cabo una oligarquía voraz para servir a los intereses del libre comercio trasnacional, traicionando y arriesgando la viabilidad misma de la reproducción de la vida mediante el envenenamiento del agua con arsénico y fluoruro, afectando la salud de decenas de miles de personas; en segundo lugar, la región del bajío es el centro de la apuesta económica del ilegítimo régimen que nos gobierna y que se dispone, además de sobreexplotar a los trabajadores jóvenes y destruir amplias regiones con ductos y redes energéticas privatizadas, despojar de sus aguas a muchas otras regiones del país con tal de concentrar la insustentable fabricación de vehículos automotores en una entidad ya marcada por la crisis hídrica; en tercer lugar, estamos aquí para recordar la lucha popular gestada en esta misma región hace 203 años y que nos sirve hoy como lección para fortalecer nuestra resistencia y abrir el camino para unirnos con todas aquellas luchas hermanas nuestras en defensa de aquello que es más fundamental: nuestra Nación, que para nosotros se manifiesta en la lucha digna del magisterio, en la resistencia contra la privatización energética, en la defensa contra la criminalización y la represión de la protesta social y en defensa de nuestro maíz.

Lo que nos unifica con esas luchas es la identificación común de agravios y los responsables de la catástrofe que vive hoy México. Al igual que muchas otras resistencias en nuestro país, consideramos que el Pacto firmado por los poderosos no es otra cosa que un pacto de muerte de nuestra Nación. Por ello nos sumamos a la lucha contra la reforma educativa, la reforma energética, la reforma fiscal y llamamos a todas las organizaciones honestas de nuestro país a avanzar coordinadamente en ese sentido desde varios frentes como los que se están abriendo en estos días. Nuestra lucha contra lo que representa el mal llamado “Pacto por México” forma parte de lo que numerosas organizaciones del país hemos denominado el crimen de desviación de poder por el que acusamos al Estado mexicano ante el Tribunal Permanente de los Pueblos hace dos años.

El enjuiciamiento al Estado Mexicano que llevamos a cabo desde el Tribunal Permanente de los Pueblos, como parte de los esfuerzos por frenar el desastre y construir alternativas, tendrá uno de sus momentos más importantes del 15 al 17 de noviembre de este año en la ciudad de México, cuando, como Asamblea participaremos en la audiencia temática sobre Devastación ambiental y derechos de los pueblos como síntesis de un incansable trabajo que a la fecha implica la realización de 15 preaudiencias y la documentación de más de 200 casos de conflicto socio-ambiental en casi todos los estados del país. El trabajo de documentación y argumentación de los pueblos de México sobre la destrucción ambiental del país no tiene ningún precedente en la historia nacional. Igualmente, nos sumaremos al trabajo común establecido con nuestros hermanos de la Red en Defensa del Maíz, en la audiencia temática sobre Violencia contra el Maíz, la Soberanía Alimentaria y la Autonomía, que se realizará del 19 al 21 de noviembre, también en la ciudad de México. No olvidamos que también participaremos con nuestras acusaciones en la audiencia transversal sobre Represión de los Movimientos Sociales que ocurrirá del 23 al 24 de noviembre próximos, en la que denunciaremos las múltiples agresiones que han recibido los pueblos y comunidades que participamos en esta Asamblea Nacional de Afectados Ambientales, incluyendo los crímenes impunes de compañeros nuestros como Bernardo Vásquez Sánchez, asesinado el 15 de marzo de 2012 y a quien no olvidaremos.

A cinco años de habernos fundado como Asamblea, pensamos que nuestro trabajo conjunto ha rendido frutos y nos ha llevado a una maduración y crecimiento. Hoy somos más fuertes, más solidarios, estamos vinculados más orgánicamente y sostenemos los principios que nos dimos desde el inicio: la autonomía de las luchas, el respeto a la Asamblea como máximo órgano de decisión, el abandono de formas autoritarias y el respeto por el saber colectivo de todos los pueblos. Sobre esta base, sentimos que podemos abrir nuevas alianzas y tejer nuevas relaciones, como los que ya hemos comenzado a abrir con las luchas ambientales en el Norte y otras regiones del país, con organizaciones sindicales, con el magisterio democrático y con las organizaciones sociales que defienden el rescate de la Nación.

Como Asamblea Nacional de Afectados Ambientales deseamos expresar nuestra solidaridad con todos aquellos pueblos y comunidades que han sido afectados por la convergencia de los huracanes Ingrid, en el Golfo de México y Manuel, en el Pacífico, combinada con la negligencia criminal del Estado mexicano que omitió toda prevención para mitigar los efectos de este desastre. Nos referimos especialmente a nuestros hermanos del Consejo de Ejidos y Comunidades Opositores a la Presa La Parota (CECOP), en Acapulco y de las comunidades de la región de la montaña de Guerrero, donde no ha llegado ningún apoyo, a pesar de tener noticia de varias muertes. También hacemos mención de los pobladores de las comunidades de La Mira y El Habillal, en Lázaro Cárdenas, Michoacán, cuyas viviendas fueron arrasadas por los deslaves y el desbordamiento de la presa de jales, resultado de la obscena explotación minera que realiza la trasnacional Arcelor-Mittal en esa zona. Exigimos que los gobiernos federal, de Michoacán y Guerrero proporcionen ayuda a todos los afectados, especialmente a los más pobres y no sólo a unos cuantos. Llamamos a todos los pueblos y organizaciones participantes en la Asamblea, así como a todas las organizaciones a sumarse a las labores de acopio de víveres y apoyo para las comunidades a las que el Estado mexicano no está dispuesto a ayudar.

En el último año, muchos de nuestros hermanos han sufrido represiones y violencia por defender su territorio y sus recursos. Expresamos todo nuestro apoyo a nuestros compañeros de San Francisco Xochicuautla, Lerma, Estado de México frente a la represión que sufrieron el pasado 14 de mayo; también expresamos nuestra condena contra la i represión de los comuneros de Tepoztlán, Morelos, por oponerse a la ilegal ampliación de la autopista La Pera-Cuautla.

Como Asamblea Nacional de Afectados Ambientales seguimos exigiendo la liberación de todos los ejidatarios presos de la comunidad de San Pedro Tlanixco, Estado de México, injustamente encarcelados por defender sus aguas y que cese el hostigamiento del gobierno del Estado de México a esa comunidad.

La Asamblea Nacional de Afectados Ambientales expresa toda su solidaridad y apoyo al plantón permanente de la Coordinadora de Pueblos en Defensa del Río Atoyac, en el estado de Veracruz, para evitar el despojo de las aguas del nacimiento del río a través del ilegal proyecto Bandera Blanca. Para la Asamblea, esta lucha —que integra a los pueblos de toda la cuenca— es un ejemplo de integralidad y solidaridad recíproca entre comunidades para la defensa del territorio y la restauración de los ecosistemas y los derechos colectivos de los pueblos.

Como Asamblea, también nos manifestamos en alerta y nos sumamos a la exigencia del Movimiento Ciudadano en Defensa de la Loma de Santa María y de la Coordinadora Michoacana de Afectados Ambientales de que en la ciudad de Morelia, Michoacán, los gobiernos federal, estatal y municipal cancelen definitivamente la construcción ilegal del ramal Camelinas del Libramiento sur de Morelia. Esta obra pone en peligro las vidas de más de 7 mil personas por riesgo geológico, debido a que está realizando sobre una falla geológica, además de que pone en riesgo el abasto del 40% del agua de la ciudad de Morelia.

Este 2013, año de la resistencia contra el maíz transgénico, logramos que no se aprobara la siembra comercial de maíz transgénico, pero aún estamos en emergencia por el riesgo de que envenenen nuestras mesas. Monsanto y otras transnacionales siguen presentando solicitudes para liberaciones de siembra comercial de maíz transgénico en millones de hectáreas de varios estados del país. La Asamblea Nacional de Afectados Ambientales refrenda su exigencia de cancelar todas las siembras de transgénicos en México y no autorizar ni la siembra comercial ni de ningún otro tipo de maíz transgénico. Llamamos a todos los pueblos, colectivos y organizaciones a seguir en alerta, difundir información y hacer acciones para exigir la prohibición de los transgénicos en México y en el mundo.

Convocamos a todas las organizaciones sociales del país a sumarse a las movilizaciones magisteriales, estudiantiles, obreras, populares y de los pueblos afectados, especialmente las del 12 de octubre y la del 18 de noviembre en que confluiremos la Asamblea Nacional de Afectados Ambientales y la Red en Defensa del Maíz en una jornada de lucha. En este llamado, participaremos con todas las organizaciones que integran el esfuerzo de la Proclama por el Rescate a la Nación.

Por último queremos dedicar nuestros trabajos en la preaudiencia y en la Asamblea Nacional de Afectados Ambientales a la memoria de nuestra querida compañera Teresa Martínez, fundadora de Cedesa, quien durante 50 años peleó por las tierras, las aguas y los derechos de las comunidades de la Cuenca de la Independencia y nos abrió su corazón para aprender que el trabajo comunitario siempre fortalece a los pueblos.

Atotonilco, San Miguel de Allende, Guanajuato, a 22 de septiembre de 2013.

Solicita Monsanto sembrar maíz transgénico en Chihuahua, Coahuila y Durango.

Boletín de prensa, 3 de abril de 2013

  • El Gobierno de Peña Nieto mantiene a los mismos funcionarios y la misma política de ilegalidad en el tema de transgénicos.
  • En completa opacidad caducan las solicitudes de permiso comercial para siembra de maíz transgénico presentadas por Monsanto en 2012.
  • Monsanto presentó el pasado 26 de marzo, tres nuevas solicitudes para liberación comercial en Durango y Chihuahua.

Las solicitudes de siembra comercial de maíz transgénico para Sinaloa y Tamaulipas, solicitadas por Monsanto y PHI México-Pioneer respectivamente en septiembre de 2012-, caducaron conforme a la Ley de Bioseguridad de Organismos Genéticamente Modificados que establece, en su Artículo 57, cuatro meses para resolver las solicitudes. Entre las múltiples ilegalidades que cometió el Gobierno de Calderón se encuentra el alargar el periodo de consulta de estas solicitudes, de manera tal que cambiaron en la página de Senasica las fechas de admisión sin ninguna explicación, ahora no sabemos porque fueron negadas. Asimismo, el gobierno aceptó a trámite una grave irregularidad de las empresas, quienes presentan permisos que se duplican y triplican  para superficies mayores a la totalidad de la superficie bajo riego en cada estado: 700,000 ha en Sinaloa y 340,000 ha en Tamaulipas, que son mayores a las sembradas con maíz de riego en esos estados (500,000 ha en Sinaloa y 100,000 ha en Tamaulipas).

Parece que las instancias operativas del gobierno federal en el tema de bioseguridad –el Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad (Senasica) y la Secretaría de la Comisión de Bioseguridad de Organismos genéticamente Modificados (Cibiogem)- se mantendrán en la misma ilegalidad y opacidad que en el panismo, ya que actualmente están dirigidas por los mismos personajes que pasaron por encima de la Ley y que no escucharon las recomendaciones científicas en contra de la liberación comercial de maíz transgénico. El director de Senasica, el MVZ Enrique Sánchez, ha afirmado que “sólo informará a los promoventes sobre los permisos” desdeñando nuestro interés como productores y consumidores; mientras que el Dr. Ariel Álvarez, lejos de velar por la bioseguridad ha actuado siempre como promotor de los transgénicos, presentando un claro conflicto de interés que le impide ejercer un cargo público de tal trascendencia. El Dr. Álvarez apareció como Responsable del Proyecto Maestro, que pretendió apurar permisos en noviembre de 2005 para importar semillas y liberarlas en Sonora, Sinaloa y Tamaulipas sin cumplir los mínimos requisitos estipulados en la Ley. Este proyecto fue retirado y después fue promovido con el mismo nombre por Monsanto y la Confederación Nacional Campesina (CNC).

Ahora, cuando el plazo para responder a las solicitudes de siembra comercial de maíz transgénico promovidas el año pasado por Monsanto está vencido, se presentan tres nuevas solicitudes de liberación comercial para maíz transgénico en Chihuahua, Coahuila y Durango. Curiosamente las solicitudes aparecen en la página de Cibiogem y no en la de Senasica.

http://www.cibiogem.gob.mx/OGMs/Paginas/Solicitudes_Reg_OGMs.aspx

Las nuevas solicitudes son las número 016, 017 y 018; todas ingresadas el 26 de marzo de 2013 (en plena Semana Santa ¡faltaba más!) para siembra comercial de maíz transgénicoMonsanto usa sus distintas denominaciones para presentarlas: Comercial Semillas y Agroproductos Monsanto, S.A. de C.V., Monsanto Comercial, S.A. de C. V. y Semillas y Agroproductos Monsanto, S.A. de C.V. Los tipos de maíz comercial que se pretenden sembrar comercialmente son: MON-00603-6, tolerante al herbicida glifosato; MON89034 x NK603, resistente a insectos lepidópteros, coleópteros y tolerante al herbicida glifosato; MON89034 x MON88017, resistente a insectos lepidópteros, coleópteros y tolerante al herbicida glifosato. Así, pretenden continuar atentando contra nuestra salud con el NK 603, que ocasiona serios problemas en hígado, riñones y desarrollo anormal de tumores, como lo demostró el equipo de investigación del profesor Séralini en un estudio con ratas que duró dos años, el más largo y completo llevado a cabo hasta ahora.

En las nuevas solicitudes, no se menciona la superficie, pero sí los 28 municipios de Chihuahua, 11 de Coahuila y 9 de Durango; abarcando las “Zonas agrícolas de la ecorregión nivel 4, 10.2.4.1, planicies del centro del desierto Chihuahuense.”

El plazo para emitir opinión sobre estas solicitudes de 2013 vencerá el próximo 26 de abril. Ante ello, manifestamos nuestra oposición a la siembra comercial de maíz y soya transgénica, que aparte de los daños a nuestra salud afectan al medio ambiente y provocan dependencia económica de los campesinos hacia transnacionales como Monsanto.

Hacemos un llamado para que las instancias gubernamentales responsables de proteger el campo, la salud, la economía campesina y la soberanía alimentaria nieguen esos permisos y declaren al territorio mexicano libre de transgénicos.

CAMPAÑA NACIONAL SIN MAÍZ NO HAY PAÍS

Mayores informes: Cati Marielle (Grupo de Estudios Ambientales GEA; 0445518340045), Mercedes López (Vía orgánica; 0445525294487Adelita San Vicente (Semillas de Vida; 0445526537700)

Europa no aprende las lecciones de los desastres ambientales ¿Lo haremos nosotros?

Dice el refrán: ‘Si ves las barbas de tu vecino cortar, pon las tuyas a remojar’. Esta frase parece no aplicar en el caso mexicano, ya que se ha evidenciado que podríamos enfrentarnos a inminentes catástrofes medio ambientales en distintas regiones del país.

El segundo informe ‘Lecciones tardías de advertencias tempranas’ (‘Late lessons from early warnings’) publicado hace pocos días por la Agencia Ambiental Europea hace un recuento sobre distintos hechos que han derivado en la muerte o daño a la salud de la población o en la contaminación del medio ambiente, que en último caso también afecta al ser humano.

Los autores de este estudio indican que la aplicación del llamado ‘principio precautorio’ pudo haber evitado los daños a los ecosistemas y a las personas. Y señalan varias razones por las cuales éste no se aplicó.

¿Pero, cuando debe aplicarse el principio precautorio?

El principio precautorio se aplica ante la sospecha de que una acción o política es dañina para el medio ambiente o para la salud de las personas, y cuando los datos científicos disponibles no permiten determinar de manera minuciosa el potencial riesgo.

Los autores de este estudio -científicos experimentados en las áreas correspondientes- abordaron distintos tópicos que reflejan cómo se ha puesto en peligro el ecosistema en casos como el cambio climático debido a las altas emisiones de CO2 ; o cómo se ha puesto en riesgo la salud de la población en casos tales como el uso de Bisfenol A: un químico utilizado en la fabricación de algunos tipos de plástico (tales como el policarbonato) y que se ha relacionado con provocar alteraciones hormonales en embriones.

Es de nuestro especial interés explicar brevemente lo señalado en el estudio en lo que respecta a los cultivos modificados genéticamente.

El reporte señala que los cultivos modificados genéticamente están sobre estimados, no son seguros y ponen en riesgo a los campesinos y agricultores de grandes regiones del mundo. Menciona también que continuamente se está acumulando evidencia sobre potenciales riesgos para el medio ambiente rural y para la salud de las personas. Sin embargo, las empresas distribuidoras de semillas transgénicas presumen de la seguridad de los cultivos modificados genéticamente.

El eje transversal de los estudios presentados en el reporte, es señalar el papel corruptor de las industrias para minimizar la regulación vigente en las distintas situaciones por medio de presión a los gobiernos, de manipular la investigación científica con el objetivo de obtener beneficios económicos, e ignorando la posible aplicación del principio precautorio.

Como se mencionó al principio de esta columna, regiones del país se encuentran ante graves afectaciones ambientales así como las comunidades que habitan esas zonas.

La Asamblea Nacional de Afectados Ambientales (ANAA) es una organización civil que desde hace años diagnóstica los daños a los ecosistemas, principalmente producto de actividades industriales devastadoras, urbanización descontrolada, uso inapropiado y excesivo del agua, construcción de mega proyectos, actividad industrial extractiva, agroindustria, etc. También la ANAA ha acompañado a las comunidades que habitan en dichas zonas en su organización la denuncia de la alteración ambiental. Al final del año pasado tuvo lugar la reunión anual de la ANNA y en su declaración final resaltaron la posibilidad de que el gobierno de México autorice la siembra a nivel comercial de maíz transgénico y alertaron a la población ante el inminente peligro que se corre si se aprueba la siembra de transgénicos.

El gobierno mexicano debe hacer caso de éste y otros llamados y recurrir al principio precautorio ante las evidencias científicas cada vez mas abundantes, y de informes como el explicado anteriormente, que alertan sobre los efectos a nivel ecológico y de la salud humana de los cultivos genéticamente modificados, especialmente el maíz.

Más información:

http://www.eea.europa.eu/

http://www.afectadosambientales.org/

Publicado originalmente en:

http://pagina3.mx/la-pluma-invitada/7571-invitada.html

Maíz Transgénico en centro de origen: Carta abierta a la FAO y a la CBD

27 de noviembre del 2012

Estimado Dr. José Graziano da Silva,

Estimado Dr. Braulio Ferreira de Souza Dias,

A través de la presente nos dirigimos a Ud. para solicitarle su atención y pronta acción  sobre un tema de gravedad y relevancia mundial: la inminente contaminación transgénica del maíz campesino en su centro de origen, México, y los impactos que esto tendría sobre la biodiversidad agrícola, las posibilidades de enfrentar el cambio climático y la soberanía alimentaria, a nivel global.

En el mes de septiembre 2012, tres empresas trasnacionales (Monsanto, DuPont y Dow) solicitaron la liberación comercial de la siembra de maíz transgénico, por un total de casi 2,500,000 hectáreas en dos estados de México. Muchas organizaciones de campesinos, sociedad civil y también científicos, creemos que esta liberación podría ser aprobada en breve, ya que las empresas han anunciado que plantarán maíz transgénico a nivel comercial en la estación de siembra diciembre-enero 2012-2013 y el gobierno de México ha ignorado las voces críticas independientes de las empresas. La superficie solicitada en esta ocasión es de tal envergadura, que llevará sin duda a una extensa contaminación transgénica de las variedades campesinas. Sería la primer liberación masiva y a escala comercial de cultivos transgénicos que afectará directamente un cultivo alimentario global en su centro de origen y diversidad.

Estas autorizaciones serían la culminación de dos años de plantaciones experimentales por parte del gobierno mexicano, que en el 2009 decidió romper la moratoria de facto que se había establecido desde 1999 contra la siembra de maíz transgénico, pese a que las condiciones que llevaron a establecer la moratoria no han sido cambiadas. Las deficientes  condiciones de bioseguridad en las plantaciones experimentales han sido fuertemente criticadas por centenares de expertos[1], pero no ha habido de parte del gobierno atención a estas críticas. Por esta razón, junto a cientos de otras organizaciones, nos dirigimos a su predecesor en la FAO el 19 de mayo de 2009, solicitando su acción.

En enero 2012, el Relator Especial de Naciones Unidas para el Derecho a la Alimentación, Olivier de Schutter, a partir de la visita oficial a México realizada en 2011, recomendó expresamente al gobierno mexicano reinstalar la moratoria contra la siembra de maíz transgénico, tanto por suimpacto sobre la biodiversidad como sobre los Derechos de los Agricultores.[2] El gobierno mexicano ignoró dicha recomendación y ahora la situación es mucho más grave.

Por el riesgo a la biodiversidad, al centro de origen del maíz y a los derechos de los agricultores, más de 2 370 científicos mexicanos y de muchos de otros países solicitaron en noviembre de 2012 al gobierno mexicano no autorizar las siembras comerciales de maíz transgénico en México y detener todas las siembras experimentales de este cultivo, reinstalando la moratoria que existía desde 1999, hasta que sea posible analizar y discutir con independencia de intereses de lucro y con transparencia y participación social real, las implicaciones que la siembra de maíz transgénico tendría sobre el país y su rol como centro de origen del cultivo a nivel mundial.[3]

Este no es un tema solamente de México, sino que compete directamente a la comunidad internacional, ya que muchos países dependen del maíz para su alimentación básica, incluso muchos de los países con problemas de hambre en África, queademás dependen de la diversidad del maíz para poder enfrentar los desafíosprovocados por el cambio climático.

Por todo esto solicitamos a Ud. que la FAO y la CBD, a través de los organismos pertinentes, llame al gobierno de México a aplicar el principio de precaución, restableciendo urgentemente la moratoria contra lasiembra experimental y comercial de maíz transgénico, así como a proteger los derechos de los agricultores, campesinos e indígenas, y las bases de la soberanía alimentaria en todo el mundo.

Atentamente,

Alberto Gómez, La Vía Campesina

viacampesina@viacampesina.org

Pat Mooney, SilviaRibeiro, ETC Group

etc@etcgroup.org

Henk Hobbelink, Grain

grain@grain.org


[1] Unión de Científicos Comprometidos con la Sociedad (UCCS), Extrañamiento dirigido al Presidente de la República Mexicana, México, 29 de Septiembre 2009, http://www.unionccs.net/doc/g/sciencetrmaize_es

[2] Olivier de Schutter, Informe sobre México, párrafos 53, 54, 55.

http://www.srfood.org/index.php/en/country-missions (Ver, “Misión a México”, enero 2012)

[3] Unión de Científicos Comprometidos con la Sociedad (UCCS), Llamado a la acción contra la siembra de maíz transgénico a campo abierto en México, México, Noviembre 2012. Declaración y actualización de firmas disponible en: http://www.uccs.mx/doc/g/planting-gmo-corn_es . Se adjunta la declaración.

The Fight for Corn.

In an era of food crisis, the fight for corn has intensified, and the importance of this grain – a staple of the diet of Mexico and a large part of the world – has been revealed to the fullest extent. The scenario we are faced with is a battle between a culture that revolves around the material and symbolic production of corn, as well as the cultural, social, and historical value placed upon this crop by humankind, and the network of commercial and political interests that sees this prodigious crop simply as another way to increase power and profit by means of plundering its native lands.

Corn is under imperialistic attack in its place of origin, primarily at the hands of the North American Free Trade Agreement, which has increased Mexico’s food dependency. A popular resistance stands in opposition to this assault, playing its role in a geostrategic struggle exacerbated by climatic imbalances caused by global warming, as well as the corruption of the agroindustrial production model.

Why does corn attract transnational companies? Because it is the most efficient producer of biomass of any grain. One can get an idea of its efficiency of the corn plant is compared with that of wheat. One grain of wheat will produce one slender spike while one grain of corn will produce two robust ears. The yield per hectare of corn can be double that of wheat. Annual corn production worldwide is more than 850 million tons.

In contrast to the other cereals, there are different varieties of corn for almost any climate, from valleys to mountains, and for almost any type of soil. Its cycle is short, and rural families have created simple methods for storing it, preserving it, and preparing it.

Nobel Prize winner Octavio Paz acutely observed that the invention of corn by the Mexicans is only comparable to the invention of fire by the early humans. From the inedible grass of the teocintle or teosinte, ancient Mexicans created modern corn, which was spread across Mesoamerica and eventually around the world. The 60 or so breeds and the thousands of different varieties native to Mexico act as a genetic reservoir and a crucially important strategic good in terms of the global food supply and economy, the worth of which can be expressed on a scale of billions of dollars each year. Corn has become the livelihood of families in rural communities as well as an accessible food source for poor urban families (corn makes up 60 percent of Mexicans’ caloric intake). It is also a fundamental raw material for livestock and the global food industry due to its versatility and large number of by-products and applications.

Corn is both a product and a means of support in the history and popular culture of Mexico. Both the history of the grain and the history of the people are intertwined to such an extent that correlations between price curves for corn and the vicissitudes of Mexican politics and economy have been documented from the 18th to the early 19th century. The rise of corn prices, for example, resulted in poverty, food shortages, famine, epidemics, emigration, unemployment, crime, and begging. This turmoil generated the social tension that led to the outbreak of the War for Independence.[i]

Today, corn is Mexico’s most important crop. It makes up a little more than half of the area sown and represents 30 percent of the total production value. Mexico is the fifth largest corn producer in the world, yielding around 21 million tons per year. However, Mexico imports almost 10 million tons annually – a third of what it consumes. The other primary producers of corn in order of importance are the United States, China, Brazil, and Argentina.

Because of its unique qualities, corn quickly became a coveted good and was introduced to the market with a clear tendency toward privatization. The crop’s transformation from a communal resource to an economic good has been made possible by means of a global strategy with three blocks meant to shut off the route to rural self-sufficiency through local food production.

The first block is the imposition of technology meant to appropriate the characteristics of the corn seeds, as well as the traditional knowledge associated with them. The second block is the establishment of a legal framework that legalizes dispossession through registers, certificates, and patents. The third block: agro-food policies that favor transnational companies and harm small and mid-sized producers. According to investigators Adelita San Vicente and Areli Carreón, “This is clear when we look at the earnings and the concentration of seed companies worldwide. 20 years ago there were thousands of companies that sold seeds, the majority of which were small family-owned businesses. After decades of mergers and acquisitions, today only a handful of companies manage commercial seed, especially regarding the corn and soy industry sectors. In the case of corn, four companies – Monsanto, Dupont, Syngenta, and Dow – control more than three quarters of the market, excluding China. These same companies own the majority of the agro-biotechnological patents.”[ii]

The global importance of corn explains the interest that transnational companies have in controlling the crop in its place of origin and making it a private asset. These companies started out using hybrid varieties of corn associated with the use of chemical fertilizers and agro-toxins. They have now created transgenic corn, which puts the diversity of the native varieties at enormous risk. Once native crops are destroyed by genetic contamination, corn producers could find themselves defenseless against the climate crisis.

Less Corn for More Money

Even now, while the world suffers through the stampede of food prices (particularly the price of corn) and the climatic events in the United States, multinationals like Monsanto are rubbing their hands in anticipation of the profit to be made from high prices coupled with a high demand for the seeds. Climate changes in the United States have led to low expectations for the next corn harvest,[iii] which is already impacting grain prices and reverberating through other foods as well. The worst drought that the United States has seen in the last half century – caused by the highest temperatures on record – can be attributed to the climate crisis. A sixth of the corn harvest of the United States has been destroyed, prompting hyperinflation of food prices just as the financial and global energy crises have escalated.

The rise in corn prices[iv] and its repercussions on other food stirred memories of the 2008 crisis which caused revolts in numerous countries and gave rise to the tortilla crisis in Mexico. The UN acted immediately to prevent a global food crisis.[v] It urged governments to take “swift and coordinated action” in order to prevent rising food prices from creating a disaster that would have harmed millions of people by the end of that year.

Aside from corn, two other basic grains in the world food supply – wheat and soy – are rising in the inflation spiral. UN agencies assert that elevated prices of food are the symptom and not the disease, and argue that the root causes of the price crisis must be addressed. It is not exactly clear what this means, but from the rural perspective it would mean trading the agro-industrial production model for another based on food sovereignty, oriented toward the local markets at a time of growing demand for food and climate crisis.

The ongoing measures taken by many governments, however, do not point in this direction. According to data made public in the newspaper La Jornada from the Working Group on Foreign Trade Statistics, Mexico showed record-breaking corn imports[vi] during the first semester of 2012 in comparison to the same period of the previous year, when national corn production fell due to frosts and droughts. Imports were also at a record high with respect to the first half of 2007, when the tortilla crisis struck, and even compared to imports occurring during both the 2008 and 2009 lapses of the global financial crisis. According to the same source, in the first six months of 2012 1,931,000,000 dollars were spent on corn imports.

Mexico went from importing 396,000 tons of corn in 1992, before the signing of the North American Free Trade Agreement (NAFTA), to 9.8 million tons during the 2011-2012 cycle.[vii] The measures put in place by NAFTA dismantled the institutions supporting agro-food production and generated conditions of even greater inequality among the member countries. Food dependency now represents almost 50 percent of what is consumed in Mexico, and the government recognizes the existence of 28 million people who are starving[viii] – 20 million of whom live in the countryside.

The Hunger that Came from the North.

“¡Hunger, hunger! Bark the dogs of Urique”, exclaimed the elderly people, repeating a fable from the Porfirian era. During that time, the region of the Tarahumara inhabited by the Rarámuri was held prisoner by famine and was the scene of precursory uprisings to the Revolution. Time has come full circle, and now that region of Chihuahua, in the north of Mexico, is suffering a humanitarian catastrophe due to a shortage of food that has been compared by the magazine Proceso to what is occurring in many African countries.[ix]

The current famine has brought hundreds of indigenous people to the hospital with acute malnutrition, the diseases derived from which have killed many of them. This is the most extreme manifestation of the consequences of the application of the free market economic model on rural areas. This model has dismantled institutions of credit, consumable goods, insurance, wholesale, and programs supporting rural production, creating a food shortage that is aggravated by climate change.

Last year, an atypical drought that lasted for more than 18 months devastated corn and bean harvests in the region, and temperatures near -20 degrees Celsius only made the problem worse. 20 thousand tons of corn for self-consumption was lost. Of the 150 thousand tons of cereal that is produced commercially in Chihuahua, only 500 tons remained. Of the over 100 thousand tons of beans that are harvested each year, there were barely 20 thousand. The production of oats decreased by 80 percent. The lack of food affected a quarter of a million inhabitants of 4,478 rural and indigenous communities. But the problem did not stop there.

For the current spring-summer cycle, an insufficient harvest is anticipated. The Rarámuri, therefore, only planted 4 thousand of the 40 thousand hectares normally reserved for the production of basic grains, principally corn.[x] Those who dared to plant did so with native seeds without ample humidity in some areas of Guachochi, Urique, and Batopilas.

Yet this is merely a warning of what is to come. The state of food emergency is not exclusive to the indigenous zones in the north of the country. It is spread throughout practically the entire rural area, as is shown by the food poverty figures mentioned above. The agricultural policies that have been imposed upon Mexican society for more than a quarter century have primarily benefited the transnational companies and a minority of large producers, at the expense of the majority of the population. The senselessness of the model that dismantled the mechanisms and institutions responsible for regulating the domestic market, only to present it on a silver platter to the transnational companies, highlights an absurd situation: while hunger is pervasive and the United States has announced a decrease in its corn harvests, Mexico is faced with the problem of marketing more than 1,200,000 tons of grain in Sinaloa and Jalisco due to the fact that the distributors have refused to pay the international price, breaking NAFTA rules that do not work in their favor. The transnational companies not only control marketing, but also most of the branches of agro-industry, including the production, storage, and distribution of the seeds.

The Transgenic Corn Front

Monsanto and the companies that control the global transgenic seed market have made Mexican corn their preferred target because once they have conquered it, the transnationals could become the sole owners of this treasure worldwide.

Even before the Mexican government broke the moratorium on experimentation with transgenic corn in 2009, the corn had already been genetically contaminated in its place of origin. The study that presented this evidence was done by scientist Ignacio Chapela and published in the November 2001 issue of Nature. Chapela documented the presence of transgenic corn in Oaxaca, an area with one of the largest diversities of the grain. This fact was confirmed months later by Mexican researchers. Currently, almost half of the states in the country have reported the presence of transgenic contamination, and there is a widespread conviction that the contamination was caused intentionally. Whatever the case may be, it is a historic crime.

Transgenic corn does not increase yields,[xi] does not provide any consumer advantages, and does not carry any benefit for producers regarding input costs. However, if the commercial sowing of Monsanto corn is approved, the company could make a profit of close to 400 million dollars per year, according to Victor Suarez, president of the National Association of Commercial Field-Producer Companies.[xii]

This is why lobbyists for the United States-based company spare no efforts when it comes to investing some 5 million dollars per year in order to influence politicians, journalists, scientists, and community leaders. The company is also investing in its beachheads in the Center for Research and Advanced Studies at Irapuato and the Master Project of Mexican Corn, which is supported in part by the National Farm Worker Confederation.[xiii]

The clandestine contamination – a vehicle of destruction of the Mexican rural economy – is a direct consequence of NAFTA. Unlabeled corn that continues to flow into the country from the United States is largely transgenic, and is introduced with the knowledge and consent of companies and officials without the least concern. These same entities and people confront public opinion, as well as those who reject the cultivation of transgenic corn, using a fait accompli strategy.

Mexican legislators approved the Monsanto Law (the Law on Biosafety and Genetically Modified Organisms) in 2004. As its nickname suggests, the law primarily favors transnational interests. This law opened the door for the cultivation of transgenic materials while failing to guarantee biosafety or protect native Mexican plants and their producers.

In the same vein, the Federal Seed Production, Certification, and Trade Law was approved in 2007, while the Federal Law on Plant Varieties has been in existence since 1996.[xiv] The new legal framework was designed for the purpose of plundering, while laws that protect the rights of producers, farm workers, and indigenous people – no matter how precariously – are being abolished or reformed.

In 2009 the federal government, betraying rural society yet again, broke the moratorium de facto that had stood for 11 years. The government subsequently began to grant permits for experimental sowing and transgenic corn pilots, and has brought the country to within one step of the commercial sowing of Monsanto corn.

The use of transgenic seeds has been added to agro-industrial production as a means of augmenting producers’ dependency, but at the same time it has sharpened those contradictions that indicate the deterioration of this model.[xv] The proven damages to the ecosystem and human health, the harmful effects on the climate caused by the use of petroleum in agricultural processes, and the emergence of super-plagues able to resist the poisons associated with transgenic seeds have sparked protests, embargoes, and prohibitions. Monsanto corn MON16 has been expelled from 8 different countries in the European Union, and around the world there has been a resurgence of organic production.

As has been shown by the Maize Defense Network, which is composed of more than one thousand communities and dozens of organizations in 22 Mexican states, “the cultivation of transgenic materials is an instrument of corporate abuse against the right to have access to healthy food and against small-scale, independent food production controlled by rural farm workers in countless corners of the globe (who provide the largest percentage of the world’s food supply). [The use of transgenic seeds] is a frontal attack on food sovereignty.”

The People’s Fight for the Corn

The Network, in line with movements such as “Without Corn there is no Country” and organizations like the National Union of Autonomous Regional Peasant Organizations (representative of La Via Campesina in North America), has organized campaigns to throw Monsanto and its Frankenstein seeds out of the country. The Maize Defense Network, however, has distinguished itself by declaring an emphatic moratorium over ten years against the invasion of transgenic corn. Rural farm workers know that the best defense of native corn is to plant it and care for the seeds by selecting them and interchanging them. They know that food sovereignty starts from below and that social and communal production of their own food is the best way to guarantee their right to eat.

They know or sense that the corporations and the governments of the dominant countries have used food as a geostrategic weapon, impeding the agricultural development of the subordinate countries by means of “free” trade agreements and agricultural mechanization controlled by companies like Monsanto. This serves the double purpose of maximizing profits while indefinitely maintaining the subjugation, in this case, of Mexican agriculture to the agricultural interests of the United States.

Before the commercial opening, corn had been protected by national agricultural policies and the corn used for human consumption was supplied in sufficient quantities for local production, particularly in communal or seasonal smallholder farms. Following the signing of NAFTA, the Mexican government removed support little by little for the majority of the field producers until it had finally abandoned them.

In a scenario that is just as complex as it is unfavorable, the Maize Defense Network and various other Mexican civil society organizations convinced the Permanent People’s Tribunal to conduct sessions in Mexico. The prosecution held the Mexican state responsible for the violence committed against the corn, food sovereignty, and the rights of the people.

Supported by the moral standing of the Permanent People’s Tribunal, the rural inhabitants stand against NAFTA and its signatories because:

a) They have surrendered food production to transnational companies, making Mexico a dependent country.

b) The commercial opening to grains led to the loss of more than 10 million hectares of cultivated corn and the rural exodus of 15 million people.[xvi]

c) They have endangered the way of life surrounding corn – the heart of Mesoamerican civilization.

d) They are responsible for a crime against humanity: the destruction of the genetic fortitude of one of the four pillars of the world’s diet.

At the same time, the most conscientious and organized rural farm workers have implemented resistance strategies, such as the establishment of transgenic-free zones, democratic unions and councils in defense of corn, networks of organic tianguis, corn festivals, communal germoplasm banks, communal food reserves, seed exchange fairs, and other measures in defense of the rural lifestyle.

These are the people who have recreated biodiversity over many generations, and continue to be responsible for its preservation today. They are the direct heirs of the cultures that domesticated and developed corn. They are the people of the corn of the 21st century, and they are convinced that the voracity of transnational companies must not be allowed to usurp this thousand-year-old legacy.

Alfredo Acedo is Director of Social Communication and adviser to the National Union of Regional Organizations of Autonomous Small Farmers of Mexico and a contributor to the Americas Program http://www.cipamericas.org.

Translation: Mac Layne


[i] Florescano, Enrique. Precios del maíz y crisis agrícolas en México, 1708-1810. El Colegio de México, 1969.

[ii] San Vicente Tello, Adelita; Carreón, Areli. El robo de las semillas de maíz en su centro de origen y de diversidad genética. December 16, 2008 http://vecam.org/article1080.html

[iii] In August, the United States Department of Agriculture showed an 18 percent decrease in its projections of corn production for this year, or some 56 million tons. http://www.fas.usda.gov/psdonline/psdreport.aspx?hidReportRetrievalName=BVS&hidReportRetrievalID=884&hidReportRetrievalTemplateID=1

[iv] Corn prices shot up to a historic maximum of 8.49 dollars per bushel on August 10th (in the United States, a bushel is equivalent to 25.4 kilograms).

http://www.cnnexpansion.com/economia/2012/08/16/precio-de-maiz-en-eu-por-los-cielos

[v] UN agencies “stressed the vulnerability to a food problem, given that even in a good year, global cereal production is barely sufficient to satisfy the increasing demand for food and fuel.” http://www.jornada.unam.mx/2012/09/05/economia/037n2eco

[vi] The purchase exceeded corn imports of the first six months of 2007 by 159 percent, totaling 744,857,000 dollars. http://www.jornada.unam.mx/2012/08/27/economia/027n1eco

[vii] Mexico is now the primary importer of corn in the world. http://www.jornada.unam.mx/2012/04/14/sociedad/035n1soc

[viii] Between 2008 and 2010, the number of people without access to food rose by 4.2 million, bringing the total to around 28 million Mexican citizens. http://www.jornada.unam.mx/2012/02/09/politica/016n2pol

[ix] La Tarahumara: hambruna al estilo Somalia. http://www.proceso.com.mx/?p=294045

[x] The food alert in the Tarahumara remains in effect due to low harvests. Furthermore, the government defaulted on its delivery of 100 thousand tons of corn and beans promised as humanitarian aid. http://www.jornada.unam.mx/2012/08/27/sociedad/045n1soc

[xi] Failure to Yield. 2009. Report in the Union of Concerned Scientists that shows zero increase in the yields of transgenic corn in the United States, after more than 20 years of research and 13 years of commercial sowing. http://www.ucsusa.org/assets/documents/food_and_agriculture/failure-to-yield.pdf

[xiii] San Vicente Tello, Adelita ¿Los niños al cuidado de Herodes? Convenio CNC Monsanto. La Jornada del Campo. 9 de octubre de 2007 http://www.jornada.unam.mx/2007/10/10/amenaza.htm

[xiv] Una raya más al tigre de la Ley Monsanto. http://www.cipamericas.org/es/archives/66

[xv] Stedile, João Pedro. Las tendencias del capital sobre la agricultura. América Latina en movimiento 459. ALAI, October 2010 http://www.alainet.org/images/alai459.pdf

[xvi] Permanent People’s Tribunal. Mexico. Work document, February 20, 2012

Hearing 5: Violence against corn, food sovereignty and the rights of the people.

Ana de Ita: Los transgénicos son la nueva colonización de las semillas.

MéxicoAnte la inminente liberación del cultivo comercial del maíz transgénico en México, la investigadora del Centro de Estudios para el Cambio en el Campo Mexicano e integrante de la Red en Defensa del Maíz, Ana de Ita, explica a Desinformémonos los riesgos que implica esta liberación para la biodiversidad, la soberanía alimentaria y los conocimientos tradicionales.

La especialista señala que las semillas son un patrimonio de la humanidad y advierte que quien las controla, controla la cadena alimentaria.

La biodiversidad en riesgo

México es centro de origen y diversificación del maíz. Tenemos entre 59 y 61 razas antiguas mexicanas, y cientos o miles de variedades porque el maíz es un cultivo de polinización abierta o cruzada, donde los genes de una planta fecundan a las plantas vecinas. Por ejemplo, todos los granos de una mazorca son diferentes entre sí, con parte de la misma madre pero no del mismo padre. México, al ser un reservorio genético como centro de origen, inspira a biólogos, genetistas, mejoradores y campesinos para mantener y buscar condiciones deseables para el maíz.

Por los efectos en la biodiversidad, se veía como muy problemático que aceptaran la siembra de maíz transgénico. Es muy fácil que los transgénicos se inserten en este sistema abierto, y la contaminación los maíces nativos es una realidad comprobada desde el 2001 con los estudios de Chapela y Quist. Como decían los científicos en este momento, es muy fácil ingresar estos genes transgénicos al sistema pero es muy difícil o imposible erradicarlos.

Esos genes, en un escenario horrible pero no imposible, contaminarían a la gran mayoría de razas y variedades locales. En estos momentos de cambio climático en los que se necesita encontrar maíces resistentes a sequía, heladas, etcétera, si todo el maíz de México está contaminado por transgénicos, va a ser realmente una catástrofe. Ya no se va a tener maíz natural para adaptar las semillas a los desafíos actuales.

México es también un país megadiverso, con un gran número de animales. Hay 2 mil especies de mariposas, por ejemplo, y lo que provocarán los transgenes en esos insectos es muy distinto a lo que provocarían en un lugar sin esta megadiversidad.

Los estudios de la Universidad de Cornell mostraron que las mariposas monarca, símbolo de un ecosistema trinacional, se mueren al comer polen de maíz transgénico; eso ocurre en un país megadiverso con muchas especies endémicas. Es un atentado contra un gran número de especies y diversidad biológica la existencia de transgénicos, no sólo en el maíz sino en la soya, la canola, el algodón o en cualquier cosa.

Un peligro para la soberanía alimentaria

Los transgénicos van contra los derechos campesinos y la soberanía alimentaria porque si la progenie de una semilla ya no se puede sembrar, deja de ser la esencia misma de lo que son las semillas, que es la forma de reproducción para que las plantas se multipliquen y haya alimentos para todos. Por eso es que la Vía Campesina dice que las semillas son un patrimonio colectivo de los pueblos que debe estar al servicio de la humanidad; en las semillas se condensa todo el conocimiento de los pueblos de diez mil años de agricultura.

Los transgénicos vuelven a los campesinos dependientes de una semilla que ya no les pertenece porque incluye un conocimiento de fuera y patentado como propiedad de una multinacional, por el cual deben pagar una licencia. Esto ha provocado que haya juicios contra los campesinos porque sus semillas se contaminaron con un gen extraño y patentado. En lugar de hablar de invasiones de propiedad privada, las compañías demandan al agricultor diciendo que utiliza una tecnología sin pagar la licencia.

Los transgénicos vuelven ilegal el quehacer campesino normal, que es mejorar las semillas, resembrarlas, intercambiarlas, regalarlas o venderlas. Cuando compran un transgénico, los campesinos tienen que firmar un contrato donde dice que esa semilla no puede ser vendida, regalada ni intercambiada, que solamente se usará como semilla una vez y que lo demás lo van a vender como cosecha. Ya no las pueden guardar, como lo han hecho por siglos.

Las multinacionales nunca pagaron nada por el conocimiento colectivo que se encuentra presente en las semillas sobre las que ellos pusieron sus supuestos mejoramientos, un conocimiento que es milenario y se ha ido mejorando de generación en generación.

Control transgénico sobre la investigación

La falta de consenso científico sobre los transgénicos proviene de los aparatos de publicidad y mercadotecnia de las compañías y de sus tentáculos de control en las universidades, con centros de investigación y con las autoridades, que son las que dan o no los permisos. Por eso están tan silenciados los riesgos a la salud existentes, y a quien lo diga se lo tratan de acabar.

Cuando Quist hizo público el descubrimiento del maíz contaminado en México en la revista Nature, lo tuvieron que sacar de la revista porque la comunidad científica pro-transgénica hizo una labor de boicot negro en base a puras mentiras, diciendo que el estudio estaba mal hecho, pero hasta el gobierno mexicano reconoció que había contaminación transgénica. Como los pro-transgénicos tienen todo el dinero del mundo, se han vuelto financiadores de las universidades y los centros de investigación.

¿Cómo pueden ser juez y parte? Es una tontería porque los estudios que dicen que los maíces de Monsanto no hacen daño son los propios estudios de Monsanto. Además, son tan cortos que no se pueden comprobar los riesgos que ocurren cuando la alimentación de las ratas permanece más tiempo. Los otros científicos no pueden negar la contaminación transgénica, porque es un hecho que el maíz tiene una polinización abierta. ¿Cómo lo van a controlar?

Es un riesgo enorme que el gobierno mexicano permita que se siembre maíz transgénico para la alimentación de las personas sin haber utilizado el principio de precaución y sin haber hecho estudios específicos antes de dejar que la gente, por hambre y por falta de otra cosa, tenga que comer esto.

En México, los estudios que usa la Secretaría de Salud para validar su parte de seguridad sanitaria están basados en estudios hechos en Estados Unidos por científicos de Monsanto. No se fijan en las distintas condiciones de México. Por ejemplo, en Estados Unidos el maíz transgénico se utiliza para los puercos, las vacas y los pollos, muchos de ellos industrializados, que sólo están esperando a que cumplan su ciclo de vida y los matan. No se utiliza para la alimentación humana. La Comisión de Cooperación Ambiental, en sus recomendaciones, dijo que en México se necesitan estudios específicos si se considera el volumen anual de ingestión de maíz, que se calcula que en 115 kilogramos en promedio -y todavía más en el medio rural- antes de liberar los transgénicos.

La nueva conquista a través de la privatización de las semillas

Lo que parece es que hay una nueva conquista sobre las semillas nativas; las compañías tratan de despojar a los campesinos del conocimiento colectivo cristalizado en ellas. Vandana Shiva dice que, al igual que el Papa cuando mandó a los conquistadores a colonizar estas tierras que “no eran de nadie” (llamadas tierras nullusen la bula papal), ahora las empresas dicen que las semillas nativas no eran de nadie y van a colonizarlas, a ponerles sus genes, su marca y patente porque están “salvando” a estas semillas nativas que eran “sin rendimiento”.

El que controla las semillas controla la cadena alimentaria y controla una parte muy importante del conocimiento tradicional de la humanidad, porque las semillas no estaban así en la naturaleza. Eso tuvo que ver con un proceso de civilización y por esto son tan importantes los lugares que se llaman centros de origen. México y Centroamérica son centros de origen del maíz porque hubo una civilización que se encargó de estar cruzando y cruzando este pastito que es el teocintle hasta obtener este grano, que se inventó hace 7 mil años y que los campesinos siguen inventando diariamente.

Lo que quieren expropiar es una suma de conocimientos colectivos que han creado el maíz, el arroz y la soya, que son los principales alimentos de la humanidad. El arroz es para Oriente lo que el maíz es para nosotros, y ahí las compañías están expropiando este conocimiento colectivo para ponerle su marca y su etiqueta.

Todas las leyes van hacía la privatización. Las empresas han logrado meter distintas leyes en el mundo sobre semillas que van a prohibir la siembra de semillas no sólo transgénicas, sino todas si no se sabe qué patente tiene. Los que siembran semillas nativas no tendrán subsidios y no se podrá comercializar la cosecha.

Todas las leyes tienden a que los campesinos se vean obligados a comprar semillas y a entrar al mercado, a que las semillas sean ya no un patrimonio de la humanidad sino una mercancía que se tiene que comprar a ellos para ser legal. Lo demás lo llaman “semillas piratas”.

Un largo proceso legal para la liberación del maíz transgénico el primero de diciembre próximo

Con el Tratado de Libre Comercio de 1994 se abrió la frontera y, a partir del 1996, las importaciones de maíz de Estados Unidos crecieron de manera exponencial: llegaron hasta cinco millones de toneladas, cuando antes eran solamente 300 mil toneladas. Para México era muy difícil mantenerse libre de transgénicos porque en Estados Unidos se liberó el maíz transgénico desde 1996.

Los científicos del Comité Nacional de Bioseguridad Agrícola se vieron muy visionarios y utilizaron el principio de precaución para instaurar una moratoria sobre el cultivo transgénico. Era necesario hacerlo porque aquí también las compañías empezaron a pedir permisos para sembrar maíz transgénico. De 1996 a 1998 hubo algunos permisos de siembra experimental en México, pero gracias a la moratoria de facto no se iba a dar ni un permiso más, ni experimental ni comercial, a los transgénicos. El argumento era que teníamos una Norma Oficial Mexicana de bioseguridad para la siembra de productos que no consideraba a los transgénicos como tales porque eran una cosa nueva. Decidieron no dar permisos mientras no hubiera una regulación específica para los transgénicos.

A partir de finales de 1998, no volvieron a dar más permisos; los argumentos fueron que México es centro de origen y diversificación del maíz, que existe el teocintle y los parientes silvestres del maíz, y que hay 61 razas nativas y criollas que serían contaminadas. Con esos argumentos y contemplando que el maíz es el alimento básico de la población, establecieron la moratoria, que duró desde 1998 hasta 2009 cuando Calderón, después de una reunión con el director de Monsanto en el Foro Económico Mundial de Davos, liberó por decreto presidencial la siembra experimental y dio los pasos para llegar a la siembra comercial de maíz transgénico.

Mientras tanto, el gobierno y la industria prepararon una legislación para saltarse los requisitos de la moratoria. Como iba a tener vigencia hasta que existiera una legislación específica, se dedicaron a establecer esta legislación. En 2005 promulgaron la Ley de Bioseguridad y Organismos Genéticamente Modificados, a la que llamamos la ley Monsanto porque es una legislación que no es de bioseguridad, sino más bien a favor de los intereses de las empresas. Solamente establece los pasos que tienen que seguir las empresas para lograr la siembra comercial de sus productos.

Les faltaba también, como requisito, definir cuáles eran los centros de origen y diversidad del maíz; lo hicieron en el 2011 para poder avanzar. La definición deja a toda la zona de riego, que es la que le interesa a las empresas, libre para que pueda ser sembrada con maíz transgénico. Es como bajar la frontera de México, porque casi es exclusivamente en el norte del país donde van a ser permitidas la siembra experimental y comercial.

Ahí, siguiendo la ley de bioseguridad y de manera legal, establecieron su siembra experimental. En esta fase, primero se establecen criterios dizque muy estrictos y muchas normas de bioseguridad (como el transporte de las semillas en envases, la trituración de la cosecha para evitar la germinación de los granos y la instalación de una zona de 200 metros de distancia entre el cultivo transgénico y cualquier otro cultivo). El problema es que el cultivo es a cielo abierto, lo que es problemático por la polinización libre del maíz.

En la siembra piloto, las extensiones crecen; no son espacios de menos de una hectárea como en la siembra experimental, sino más grandes. Sus medidas de bioseguridad consisten en poner una zona de amortiguamiento de 200 metros: el cultivo transgénico está en el centro, rodeado de 200 metros de maíz para afuera. Ese maíz de la zona de amortiguamiento obviamente se va a contaminar con el polen del transgénico. A ambos los van a levantar para comercializar donde se siempre se ha vendido el maíz para consumo.

En la etapa comercial ya no habrá ninguna medida de “bioseguridad”, sino que el maíz será plantado en cualquier lugar dentro del polígono donde les den el permiso y lo venderán donde tradicionalmente se vende. Lo más preocupante ahora es que estamos en la fase de solicitud de los cinco primeros permisos de siembra comercial, dos de ellos en Sinaloa, por 700 mil hectáreas cada uno. El polígono de liberación en el estado mide un millón 100 mil hectáreas, pero Sinaloa tiene 750 mil hectáreas de riego en total; entonces, suponemos que los permisos se refieren a la misma zona. Van a sembrar con cualquiera de los dos permisos las 750 mil hectáreas, en el mejor de los casos. De maíz sólo se sembrarán 300 mil hectáreas y lo demás se sembrará con otras cosas, como jitomate o frijol. Ellos se cubren las espaldas diciendo que sembrarán todo lo que los agricultores quieran. Por eso piden un polígono más grande: si alguien siembra transgénicos en este polígono, estará dentro de la legalidad.

La producción de maíz en Sinaloa se va a todas las ciudades del país porque es el principal estado productor de México, el que abastece a todos los centros urbanos. Piden este permiso para el primero de diciembre, a tiempo para la siembra otoño-invierno; la cosecha se recogería en junio-julio. Básicamente, la cosecha está comprada por transnacionales como Cargill, Maseca, Minsa o Archers Daniels Midland. Ellos lo distribuirán a todas las zonas urbanas, a Maseca y Minsa como harina, a Cargill como grano, a los molinos de tortillería. Calculamos que, en julio, todos los urbanos comeremos tortillas transgénicas, sin ningún tipo de etiquetado que diga “Comer tortillas transgénicas mata”.

Los permisos de siembra comercial están en consulta pública hasta el 15 de noviembre, pero la pregunta es ¿cómo toman las decisiones dentro del Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria, que es el encargado de dar los permisos? Se ignora cuáles son sus criterios para negar o aceptar los permisos; en algunas ocasiones han negado permisos que al otro año aceptan. El primer permiso piloto que habían pedido para Sinaloa lo negaron y aceptaron el de Tamaulipas, pero al año siguiente aceptaron el de Sinaloa.

Lo cierto es que los argumentos que se someten a la consulta pública nunca son tomados en cuenta porque mandan un machote que dice: “Recibimos su consulta pública y sus argumentos serán tomados en cuenta”. Se puede mandar lo que sea, mandarán el mismo machote y los argumentos no serán tomados en cuenta porque los permisos siguen avanzando, a pesar de las consultas entregadas. Nosotros, como Centro de Estudios para el Cambio en el Campo Mexicano (CECCAM), pusimos argumentos tanto científicos como políticos, pero la Unión de Científicos Comprometidos con la Sociedad puso argumentos científicos muy soportados y no cambió nada.

Creemos que es solamente un requisito y una farsa para decir que hay una ley de bioseguridad que está operando, cuando esa ley no puede por ningún motivo garantizar que el maíz transgénico no se cruzará con otro maíz, ni que no hace daño a la salud porque hay nuevos estudios que dicen que sí. Esta ley nunca consideró el principio de precaución como su fundamento; está redactada de tal forma que está a favor de las empresas y aunque que les quite el tiempo con los requisitos, finalmente lograrán su cometido.

Una vuelta más al modelo industrial de producción agrícola

Al contrario de lo que afirman, el interés de las empresas es claramente el lucro. Invirtieron mucho dinero en su tecnología y en sus inventos para supuestamente mejorar las semillas, pero después de 16 años de siembra en Estados Unidos se ha demostrado que los transgénicos no se hicieron para aumentar el rendimiento. Ahora las empresas en sus solicitudes inventan que aumentan el rendimiento, lo cual es una falacia.

Sólo hay dos desarrollos de transgénicos, que son control de malezas y control de insectos. Si no son estos, no hay nada. Se ha demostrado que no aumentan el rendimiento, que no disminuyen el uso de plaguicidas -porque si bien controlan unas plagas, las que antes eran secundarias se vuelven principales y acaban echándole otro insecticida, además del incluido en el transgénico-. La resistencia a herbicidas a lo mejor en un primer momento funciona, pero implica echar herbicidas todo el tiempo con un daño ambiental tremendo.

El insecticida es el glifosato, que Monsanto vende como Roundup Ready. En Argentina comprobaron que causa estragos terribles a la población, espina bífida, malformaciones, cáncer leucemia. Si realmente las empresas fueran honestas reconocerían que los costos sociales, ambientales y económicos que tenemos que pagar no se equiparan a los beneficios que tiene esta tecnología. El único beneficio que tiene es a lo mejor en los primeros años bajar las malezas, que luego se volverán supermalezas y habrá que controlarlas con todavía másRoundup Ready, que se venderá más y tendrán más rentabilidad, además de las semillas vendidas muy caras. Su único fin es el lucro, y es un fin que a lo mejor sería válido si su tecnología no fuera demasiado riesgosa y si resolviera los problemas que se plantea “resolver”, como el hambre.

Lo que se hace es crear una cadena en la que las empresas tengan mayor participación en las ganancias, cuando habría otras alternativas para aumentar los rendimientos, y además considerando los costos ambientales.

Los transgénicos son la segunda o tercera vuelta de la revolución verde. A 30 años de la Revolución Verde se empezaron a ver las consecuencias en cuanto a reducción de fertilidad, salinización de suelos, alto empleo de insecticidas, herbicidas, plaguicidas, fertilizantes químicos. Este modelo llegó a un tope, sobre todo ahora con la crisis del petróleo, porque todo el modelo está basado en él.

Además, al no haber avanzado en otras alternativas -como la fertilidad orgánica de los suelos u otras alternativas orgánicas de control biológico-, estamos en un momento en el que muchos gobiernos piensan que para darle de comer a la gente hay que seguir este modelo. Lo otro, que son soluciones de largo plazo, no se fomentaron. No se empujó el mejoramiento campesino de las semillas, el mejoramiento de los suelos u otra alternativa al modelo industrial de producción agrícola, del cual los transgénicos son sólo otra vuelta.

De lo que sabemos, los nuevos desarrollos de transgénicos llevarán genes apilados de hasta ocho características. ¡Quién sabe lo que pueden provocar en el maíz! Ellos dicen que no pasará nada porque recogerán esta planta, pero en un sistema como el mexicano, en el que esas semillas se van a mezclar con otras, no podemos saber. Se han observado malformaciones en las comunidades, si bien es muy difícil demostrar que son consecuencia de los transgénicos. Lo que sí se puede demostrar es que hay mayor incidencia de malformaciones en transgénicos que en plantas normales, como lo constató una investigadora del CECCAM.

Al nivel internacional, Vandana Shiva, investigadora y activista india anti-OGM (Organismos Genéticamente Modificados), empujó una quincena de acciones por la libertad de las semillas y contra su colonización por las compañías. Eso va a ser entre el 2 de octubre -que es el aniversario de Gandhi-, y el 16, que es el día mundial de la alimentación.

La defensa comunitaria ante los transgénicos

En la Red en Defensa del Maíz hemos planteado como centro de la resistencia a las acciones en las que las comunidades indígenas y campesinas pudieran crear una defensa territorial. A partir del 2003, cuando se descubrió que eran muchas más las comunidades en las que había contaminación transgénica, las comunidades plantearon no sembrar semillas de fuera, no intercambiar semillas cuya origen se desconocía, no sembrar semillas de Diconsa -tiendas rurales del gobierno-, no aceptar los programas gubernamentales que tienen semillas híbridas y no sembrar semillas híbridas porque pueden estar contaminadas con transgénicos. Además, revisan más las milpas y si ven plantas malformadas, les quitan la espiga para evitar que se reproduzcan y que se pase el polen a otras.

Esa fue la primera defensa desde la comunidad. Ahora, todavía más las comunidades tratan de hacer acuerdos de asamblea. Los ejidos y las comunidades en México tienen la mitad del territorio del país, entonces lo que nosotros como Red empujamos es que los ejidatarios y comuneros decidan autónomamente no sembrar semillas híbridas o transgénicas en su territorio. Es tratar, como lo han hecho las regiones libres de transgénicos en Europa, de construir comunidades y ejidos sin transgénicos a partir de acuerdos de asamblea, en algunos casos establecidos en los estatutos comunitarios y reglamentos ejidales, en otros casos en actas de asambleas, y a veces solamente con un acuerdo verbal. Sabemos que hay varias experiencias en las que ya se avanza en ese terreno.

Como otra parte de la defensa se trata de difundir en la opinión pública y de hacer presión para construir una opinión en contra de los transgénicos. Creemos que la defensa territorial puede ser muy importante aprovechando las estructuras autónomas que todavía existen.

http://desinformemonos.org

Documental: Cuando los árboles matan.

“La mayor parte de las personas ve a las plantaciones forestales como algo esencialmente bueno. Ellas evocan el paisaje perdido de los antepasados. A menudo escuchamos que promueven el desarrollo y generan trabajo. Los árboles cultivados alimentarán la industria, harán crecer al país, y producirán los bienes que la sociedad necesita. Los árboles, además, son vistos como un elemento que mejora los ambientes. Es casi inevitable entonces que se apoye la expansión (de la industria) forestal.”

Las plantaciones de pinos, eucaliptos o de cualquier otra especie de árbol sea nativa o exótica, no son bosques. Son sistemas artificiales creados y sostenidos por el hombre, destinados a producir sólo una parte de sí mismos: el tronco de los árboles de una de estas especies.

Los árboles también son miembros fundamentales de un bosque natural; sin embargo, sólo son una pequeña fracción de toda la estructura que se necesita para su funcionamiento: muchas otras plantas y animales, hongos, microorganismos, suelo, agua y clima. La función de un bosque natural no es producir árboles, sino sostenerse en conjunto y auto-regularse.

Los bosques, además, forman parte del paisaje natural de una determinada región, en el cual coexisten con otros ambientes naturales – pastizales, esteros, lagunas – y también con gente adaptada a vivir en este paisaje, cuya identidad, tradiciones y posibilidades de desarrollo económico dependen de la existencia de este paisaje natural sano y diverso.

Las plantaciones de árboles reemplazan totalmente este rico paisaje natural y expulsan a los pobladores locales a las ciudades o a regiones vecinas. Las culturas y tradiciones locales se van perdiendo dentro de una nueva sociedad dominada por personas foráneas – los administradores, técnicos e ingenieros de la industria forestal – que tienen valores y costumbres diferentes. Estas plantaciones ni siquiera se instalan para abastecer de madera a las comunidades locales ni de la región. Los habitantes de las regiones afectadas por estas plantaciones tienen todo esto muy claro y a partir de su propia experiencia las describen como “desiertos verdes”, “árboles venenosos”, o “jaulas de pinos”.

“Desde que los árboles son plantados hasta que se procesa la madera o la celulosa, el modelo forestal tiene muchos atributos. Destruye ecosistemas y biodiversidad, degrada suelos y fuentes de agua, envenena la tierra y los arroyos, expulsa a pobladores, convierte pueblos pujantes en sitios miserables, y puede contribuir al calentamiento global y el cambio climático. Además genera trabajo precario y quebranta la salud pública. Y hace todo esto habiendo prometido el desarrollo regional. Es cierto que la industrialización genera un beneficio económico a corto plazo. Pero este lucro se obtiene sacrificando la esperanza de una economía sustentable, una economía fundada sobre la dignidad de los que aún no nacieron.”

Lo único que tienen en común las plantaciones forestales y los bosques es que en ambos predominan los árboles. En base a esta única coincidencia es que mucha gente cree que si los bosques son social y ambientalmente beneficiosos, entonces las plantaciones de árboles también lo son.

Pensar que el principal problema del modelo forestal es la contaminación que produce una pastera, es una ingenuidad que oculta el ciclo completo de su destrucción.

Algunas personas piensan que las fábricas humeantes son feas, pero ven las forestaciones como algo lindo. Pero son sólo partes de un proceso mayor. Todo aquel que encuentra belleza en millones de pinos alineados debe observar lo que queda luego de una tala rasa. Allí se expresa el modelo forestal en su cruel dimensión: el paisaje devastado y sin vida. Un cementerio de ramas y troncos. Es la finalidad del cultivo, la imagen que persigue la industria, la primera etapa de una línea de producción que genera ganancias a costa de la sociedad y el ambiente. Todo cultivo forestal es el paso previo a una tala rasa. Y ésta es el paso previo a una industria contaminante. Y ésta es el paso previo a toneladas diarias de papel y cartón echadas a la basura a miles de kilómetros.

Sobre ecosistemas destruidos y sociedades quebradas crecen las cuentas bancarias de las empresas y el poder de algunos gobernantes. Mientras tanto, en los congresos forestales, la industria y sus organizaciones amigas sostienen cínicamente que el modelo forestal es sustentable.

Este documental fue grabado entre 2009 y 2011 en las provincias argentinas de Misiones y Corrientes, uno de los polos forestales más pujantes de Latinoamérica, con el fin de mostrar que cuando hablamos de plantaciones forestales, los árboles matan.

http://www.arbolesquematan.com.ar/

Action Aid: Imperativo frenar el uso de maíz para etanol.

La elaboración de agrocombustibles (etanol) consume ya 15 por ciento de las cosechas mundiales de maíz, y 40 por ciento en el caso particular de Estados Unidos (EU) –país fundamental en la definición de los precios del grano–. Tal situación es una de las causas principales del encarecimiento de los precios internacionales del maíz y en general de los alimentos, fenómeno iniciado en 2006-07 y vigente hoy con consecuencias fatales como el hambre y la inseguridad alimentaria.

En el caso de México, donde a diferencia de la mayor parte del mundo usamos el maíz para consumo humano directo, el efecto es evidente en la escalada de precios de la tortilla; en el malestar social derivado; en inseguridad alimentaria sobre todo en las zonas pobres del país, las rurales, y en el aumento en las erogaciones por importación de maíz, afirman Timothy A. Wise, director de Investigación y Políticas del Instituto de Desarrollo Global y del Medio Ambiente (GDAE) de la Universidad de Tufts, y Marie Brill, analista principal de políticas de Action Aid-Estados Unidos.

Ambos son autores del informe de Action Aid Agrocombustibles: fogoneros del hambre, presentado el pasado mayo con el subtítulo Cómo las políticas de Estados Unidos para el etanol de maíz aumentan el precio de los alimentos en México.

El informe tenía la intención de que siendo actual presidente del G-20 (que reúne a las economías más avanzadas y a las emergentes más importantes), México influyera en la reunión que realizó en Los Cabos, Baja California, del 18 al 20 de junio. Ello, considerando que en nuestro país hasta ahora hay un freno al uso del maíz para etanol, por la fuerza social que implica el que el grano sea nuestro básico principal y que debemos importar altos volúmenes desde Estados Unidos para cubrir nuestras necesidades. El boom del etanol afecta drásticamente la seguridad alimentaria de México.

Cabe mencionar que el secretario de Agricultura, Francisco Mayorga, reconoció el 13 de junio, durante un seminario sobre nuevos paradigmas para la agricultura, que el documento que se analizará en la cumbre “no es muy explícito ni categórico en el tema de biocombustibles”, pues el tema es “controvertido”.

Durante la presentación del informe en cuestión, Wise recordó que en 2008 los precios de la tortilla en México prácticamente se duplicaron respecto de 2006, y la tónica de encarecimiento persiste en términos generales en los alimentos, “con efectos de hambre, inseguridad alimentaria y pobreza”.

El efecto que tiene el uso de maíz para etanol sobre el precio de este grano representó costos de entre mil 500 millones y tres mil 200 millones de dólares entre 2006-11, esto es costos que hubieran sido nulos si no se utilizara el maíz para fines energéticos.

El informe detalla que en 1990 las importaciones mexicanas de alimentos desde Estados Unidos sumaban dos mil 600 millones de dólares. Para el año 2000 subieron a seis mil 400 millones y en 2011 llegaron aun récord de 18 mil 400 millones. No obstante la expansión de las exportaciones agroalimentarias, el déficit de la balanza comercial ha empeorado. De hecho en 1990 lo que se registró fue un pequeño superávit, pero en 2000 el saldo negativo fue de mil 300 millones de dólares; en medio de la crisis alimentaria global, alcanzó “una cifra desastrosa” de cuatro mil 600 millones de dólares, y en 2011 sumó dos mil 600 millones.

En los dos años recientes, dijo Wise, los gastos por importación de maíz equivalieron al déficit comercial agroalimentario total.

Y es que la dependencia de México en importaciones de maíz se ha acentuado, sobre todo desde que entró en vigor el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), dijo Wise. El informe muestra que en 1990-92 las compras foráneas del maíz representaban siete por ciento del consumo; hoy son 35 por ciento. Y lo mismo ocurre en los otros granos. En trigo antes era 18 y ahora casi 60 por ciento; en arroz antes 60 y ahora casi 80 por ciento; en soya antes 75 y ahora casi cien por ciento.

Tim Wise señaló que la Academia Nacional de Ciencias de Estados Unidos estima que entre 20 y 40 por ciento del encarecimiento de los precios globales de alimentos es atribuible al consumo de maíz para etanol. El análisis calcula que en 2006 el uso de maíz para etanol en el mundo y particularmente en EU representó un encarecimiento de las importaciones mexicanas de maíz de 2.5 por ciento, esto es 23 millones de dólares, pero en 2010-11 las cifras llegan a 20 por ciento y 422 millones de dólares. En todo el periodo 2006-11 el costo acumulado por esta razón fue de mil 260 millones de dólares. Y la tendencia es que se profundice la situación. “Estamos haciendo estimaciones conservadoras, porque hay otros cálculos que hablan de 20 a 40 por ciento” como efecto de encarecimiento del maíz por causa de la demanda del cereal por parte de la industria del etanol.

De acuerdo con Marie Brill, el uso del maíz para etanol ha sido impulsado en Estados Unidos por tres políticas: una protección arancelaria, subsidios y un mandato (leyes) para ordenar la mezcla del etanol con gasolinas. El objetivo de esto ha sido convertir la dependencia de combustibles fósiles a una “bioeconomía”. Otro incentivo han sido los altos precios del petróleo. De allí la “dramática” situación de que 40 por ciento de las cosechas maiceras de EU se utilicen para etanol, con los consecuentes efectos globales en los precios. Este país es el líder mundial en exportación del grano.

La especialista comentó que en el mundo ya 203 millones de hectáreas de tierra, esto es equivalente al tamaño de todo México, están siendo utilizadas con fines de producción de cultivos para agrocombustibles (sobre todo maíz, soya, otras oleaginosas y jatropha), y más de 60 por ciento de esa superficie está en el continente africano con inversiones de empresas extranjeras. En África, paradójicamente, la hambruna llega a grado extremo y afecta a un gran número de personas. Esto indica que más allá de los efectos meteorológicos, políticas públicas de países influyentes están induciendo un descontrol en la oferta alimentaria, y “esto debe cambiar; Estados Unidos debe cambiar”.

La carestía alimentaria va unida a otros fenómenos sociales de desgaste. Brill comentó, con base en experiencia propia como representante de Action Aid, que ha visto cómo en África la gente ha agotado todos sus recursos por sobrevivir: trabaja más, cuida menos su salud, y aun así, los ingresos son insuficientes para cubrir sus necesidades alimentarias.

En la presentación del informe de Action Aid participó Olga Alcaraz Andrade, directora de Agricultores Unidos Región Guayangareo, de Michoacán, miembro de la Asociación Nacional de Empresas Comercializadoras de Productores del Campo (ANEC), consideró que el maíz “es el grano más especulado del mundo”.

Explicó la situación actual con el grano en México –que es una reedición de lo que ha ocurrido en los años recientes–: corporaciones reciben apoyo gubernamental para importar maíz, mientras que las bodegas de los productores en el país están repletas del grano. Las empresas así especulan –generan la idea de escasez del grano; reciben subsidios, y a la vez presionan a los productores para que les vendan más barato su grano, pues si no lo hacen el maíz quedará en las bodegas generando costos de almacenamiento–. “Dependemos que los monopolios compren nuestras cosechas; tenemos que cambiar esto. Las grandes empresas recibieron en 2011 un total de mil 400 millones de pesos para apoyar la comercialización de granos (…) el país pierde soberanía alimentaria”.

Por su lado, Víctor Suárez, director general de la ANEC, afirmó que el encarecimiento de los precios del maíz y demás alimentos –propiciado por la especulación financiera y por el uso de materias primas agrícolas para agrocombustibles– no se refleja en mejores ingresos para los campesinos, porque la situación genera especulación también en los precios de los insumos. Se han encarecido los procesos de producción. Entonces, los únicos beneficiarios de la carestía y la especulación alimentaria internacional son los monopolios (comercializadores, agroindustriales, productores de semillas y de fertilizantes). Y no hay lógica en las decisiones del gobierno de México, porque, en lugar de impulsar una mayor producción interna, la orden ha sido importar. Estas decisiones además han encarecido aún más los alimentos, porque, al ser anunciadas al mundo, generan especulación (máxime cuando México busca importar maíz blanco, de consumo humano y muy escaso globalmente).

Lourdes Edith Rudiño

http://www.jornada.unam.mx/2012/06/23/cam-uso.html

Agronegocios, acaparamiento de tierras, transgénicos detrás del golpe de Estado en Paraguay.

Alianza Biodiversidad

Nuevamente América Latina se ve sacudida por el atropello de la voluntad popular, en manos de los intereses corporativos del agronegocio.

Una compleja trama en la que miles de campesinos sin tierra ven avanzar a los grandes productores brasileños sobre Paraguay para sembrar soja transgénica, junto a la embestida contra el gobierno para introducir definitivamente los transgénicos en todo el país, concluyó en un golpe de Estado “express” en el que los aliados políticos del agronegocio actuaron rápidamente para destituir al Presidente del país.

Los intentos de destituir al titular del Servicio Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal (Senave), Ing. Miguel Lovera con un listado de acusaciones que incluía su posición “en contra de la producción agropecuaria moderna” por parte de la Unión de Gremios de la Producción (UGP) y el intento por liberar los transgénicos -que era explícito en el tractorazo prometido para el 25 de junio- dejan al descubierto la lucha por torcer el brazo de un gobierno que, con muchísimas limitaciones, había empezado a dialogar con los movimientos campesinos. Ni bien se produjo la destitución del Presidente Lugo, la medida de fuerza impulsada por el agronegocio fue suspendida.

También la situación de la tierra y su desigual distribución con el 85% de las tierras -unas 30 millones de hectáreas- en manos del 2% de propietarios (1), sumada a la penetración de productores brasileños, produce una permanente tensión en la que la violencia para-policial y por parte de las fuerzas públicas es cosa de todos los días y es acompañada por la criminalización de las luchas campesinas. La matanza de Curuguaty, ocurrida el 15 de junio, como resultado de estas tensiones y la represión estatal y para-estatal que concluyó en la muerte de 6 policías y 11 campesinos, fue utilizada para emprender el juicio político y dar el golpe institucional.

Desde la Alianza Biodiversidad condenamos el golpe que ha recibido el rechazo de todo el pueblo paraguayo y denunciamos a las grandes corporaciones del agronegocio con Monsanto y Cargill a la cabeza como responsables, junto a los grandes terratenientes locales y los políticos cómplices, de este golpe. Están ampliamente demostrados los vínculos e intereses comunes de estos sectores (1).

Al mismo tiempo, compartimos el apoyo político expresado por los gobiernos de distintos países y la UNASUR al Presidente constitucional Lugo, que han constatado la violación de garantías procesales y democráticas por parte del Vicepresidente Federico Franco, dirigentes políticos de diversos partidos y autoridades legislativas. Acompañamos también las manifestaciones de repudio y solidaridad expresadas por numerosas organizaciones políticas y movimientos sociales de toda América Latina.

Acompañamos al pueblo paraguayo en su resistencia y nos comprometemos a sostener la denuncia de ilegitimidad del actual gobierno y a apoyar la lucha del pueblo paraguayo y las reivindicaciones de las organizaciones campesinas y pueblos indígenas de Paraguay.

¡Hoy todos somos Paraguay!

25 de junio de 2012

Alianza Biodiversidad

– REDES-Amigos de la Tierra, Uruguay

– GRAIN, Chile, Argentina y México

– ETC Group, México

– Campaña Mundial de las Semilla de Vía Campesina, Chile

– Grupo Semillas, Colombia

– Acción Ecológica, Ecuador

– Red de Coordinación en Biodiversidad de Costa Rica, Costa Rica

– Acción por la Biodiversidad, Argentina

– Sobrevivencia, Paraguay

– Centro Ecológico, Brasil

Nota

1- Rebelión

Biodiversidad en América Latina

La Jornada: Trasnacionales agroindustriales fijan política del maíz en México.

  • Con apoyo federal, trasnacionales importan grano de baja calidad y sacrifican la cosecha interna
  • Compra de maíz sudafricano, duro golpe al agro nacional: campesinos
  • Además de monopolizar la comercialización, Cargill y ADM venden la semilla que produce el país, afirman

Culiacán, Sin., 5 de mayo. Los grandes monopolios trasnacionales como Cargill y ADM, además de algunas empresas nacionales, dictan la política económica en materia de granos, específicamente respecto del maíz, con la complicidad del gobierno federal, al importar granos de mala calidad y negarse a comprar la cosecha nacional, denunciaron dirigentes de organizaciones de productores de Sinaloa.

Estas firmas importaron alrededor de un millón de toneladas de maíz blanco de Sudáfrica, a bajo precio y sin pago de aranceles, y sacrificaron la producción de cerca de 2.8 millones de toneladas que alcanzaron los agricultores sinaloenses. Esta situación, la sequía y la falta de protección del gobierno de Felipe Calderón hacia el campo mexicano coloca al país en riesgo de sufrir una crisis alimentaria, señalaron los líderes campesinos.

Estamos viendo la posibilidad de ampararnos porque el gobierno ha hecho caso omiso a nuestros reclamos y no han parado las importaciones y afectan la soberanía alimentaria. Ellos dictan la política económica en materia de granos, específicamente el maíz, además de tener el monopolio en la comercialización, venden la semilla que los productores logran en el país, advirtió José Guillén, dirigente de la Coalición de Organizaciones Campesinas y Populares (COCP).

El amparo, agregó, va contra las secretarías de Economía y de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa), pero también contra Apoyos y Servicios a la Comercialización Agropecuaria (Aserca), por violar la Ley de Comercio Exterior al permitir la importación del grano y colocar en una crisis económica a los hombres del campo y sus familias.

Seis organizaciones de productores –la Confederación de Asociaciones Agrícolas de Sinaloa (Caades), Liga de Comunidades Agrarias (LCA), Consejo Agrario Permanente (CAP), Consejo Estatal del Maíz, Asociación de Usuarios de Riego y Productores Agrícolas de Sinaloa (Aurpaes) y la Asociación Nacional de Fondos de Aseguramiento– exigieron al Presidente de la República intervenir ante estas prácticas desleales en la que los monopolios se ponen de acuerdo para controlar el mercado.

Necesitamos el concurso y la participación del gobierno para contrarrestar una práctica de comercio, a todas luces desleal, donde los oligopolios se ponen de acuerdo y controlan el mercado, señalaron en un desplegado publicado en medios informativos este sábado.

Lo más lamentable y triste, agregaron, es que en dos o tres meses, cuando el maíz nacional esté en manos de esas empresas y hayan pagado un precio injusto por la cosecha, el consumidor lo va a recibir a precios altos y los agricultores seguiremos recibiendo migajas del valor que nosotros mismos generamos.

A esta exigencia se unieron el gobierno estatal y otras organizaciones como la COCP, cuyo secretario general, José Guillén, manifestó que hay un amasiato entre las firmas Cargill y ADM, así como algunas compañías mexicanas, no sólo porque importaron maíz, sino porque los titulares de la Sagarpa y del organismo descentralizado Aserca han bloqueado otras alternativas propuestas por los hombres del campo.

“Se les ha dejado crecer (a las empresas transnacionales) y ejercen un gran monopolio en la comercialización y se ha pedido que se nos dé facilidades para comercializar directamente en los centros de consumo como el Distrito Federal, Guadalajara y Monterrey, pero en esta ocasión pedimos al secretario Mayorga que se aportaran garantías líquidas para pignorar y dar a los productores un anticipo y vender en los lugares de consumo, pero él y Aserca nos negaron este apoyo… entonces hay un amasiato entre autoridades de gobierno, Aserca y Sagarpa con estos grupos que son muy fuertes”, dijo a La Jornada.

Frío y sequía

Durante 2011, las heladas de febrero dañaron cerca de 800 mil hectáreas, de las cuales unas 520 mil eran de maíz, lo que provocó que la producción bajara de más de 5 millones de toneladas del grano a alrededor de 3.5 millones.

Para lograr esta producción los agricultores tuvieron que resembrar unas 320 mil hectáreas. Y para ello tuvieron que consumir más agua: las 11 presas estaban a cerca del 40 por ciento de su capacidad y la resiembra hizo que usaran líquido que correspondía al siguiente ciclo, el de primavera-verano.

Los resultados de ese fenómeno climatológico y de la disposición extraordinaria de agua tienen ahora sus secuelas. Las lluvias no fueron suficientes durante el año pasado y las presas están a cerca de 7.8 por ciento en promedio, en la entidad, por eso en este ciclo de siembra de maíz solo fueron autorizados más de 300 mil hectáreas, en lugar de las 520 mil que se siembran regularmente.

Y de nuevo, la producción tuvo otra baja considerable. El promedio anual de más de 5 millones de toneladas bajó de nuevo, en esta ocasión a sólo 2.8 millones.

Calidad indiscutible

Sinaloa es el mayor productor de maíz blanco en México y el mundo. Su calidad es indiscutible: puede soportar 190 días en almacenes y alcanzar un rendimiento de 1.5 kilogramos de tortilla por uno de grano. Solo Sudáfrica y Estados Unidos se ubican por encima de esta capacidad productiva, además de que su cosecha aparece en el mercado entre los meses de mayo y julio, lo que tampoco tiene ninguna otra región del planeta.

Esto convierte al maíz de Sinaloa en un producto único en el mundo, que ha beneficiado a todo el país, pero no a nosotros como hombres del campo, sino, desgraciadamente, a estos monopolios, que tienen en sus manos, controlan, el mercado, dijo Alonso Campos Encines, agricultor y presidente del Consejo Estatal del Maíz.

Datos de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca del gobierno estatal indican que el país produce alrededor de 21 millones de toneladas de maíz blanco y amarillo, pero requiere cerca de 28 millones. Sinaloa ha aportado al mercado nacional cerca del 20 por ciento, con una cosecha récord que había sido de 5.5 y hasta 6 millones de toneladas.

Pero estas ganancias quedan en pocas manos, por desgracia externas, porque nosotros, los productores, nos hemos convertido en simples maquiladores, nos es ajeno todo, solo producimos y entregamos, no hay valor agregado y lo que hay lo tienen muy pocos, en estas cuatro o cinco transnacionales que acaparan con fuerza despiadada hasta un 70 por ciento del maíz nacional, dijo Campos.

Las empresas que tienen el monopolio, agregó, están protegidos por el gobierno federal pero no los productores ni los consumidores, que han padecido incrementos constantes en el precio del kilogramo de tortilla, que pasó de seis pesos cuando inició el sexenio de Felipe Calderón y ahora se vende hasta en 14 pesos en algunas regiones del país.

Javier Valdez Cárdenas

http://www.jornada.unam.mx/2012/05/06/estados/031n1est


@twewwter

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