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Centro de DDHH Tlachinollan: La resistencia y el fulgor de los pueblos originarios de México.

Desde La Montaña de Guerrero, México, y en nombre de mis compañeros y compañeras del Centro de Derechos Humanos Tlachinollan, reciban un saludo plagado de gratitud por honrar a las defensoras y los defensores de México con la distinción tan inmerecida que nos otorgan esta noche. En el corazón grande y generoso de los pueblos na’saavi, me’phaa, nahuas y na’ncue de La Montaña y la Costa Chica de Guerrero, Amnistía Internacional tiene un lugar privilegiado, porque en esos enclaves del olvido, la defensa de los derechos humanos se nutre del cariño y la solidaridad de todos ustedes.

En México, la lucha por la justicia y los derechos humanos se ha tornado en una experiencia cada vez más dolorosa y peligrosa. La muerte ha surcado nuestras sierras y avenidas porque se nos ha impuesto como un destino fatídico la guerra contra el narcotráfico a la que se aventuró el gobierno federal, dejando inerme a la sociedad.

En el Sur de México, los pueblos se mantienen en pie de lucha defendiendo sus territorios y su propia sobrevivencia. En Guerrero, los indígenas y campesinos pelean con ahínco para romper los muros del silencio, destruir las cadenas de la injusticia y remontar el lastre de la discriminación y el racismo.

La gesta por los derechos humanos en nuestro país ha sido heroica. Los ciudadanos y ciudadanas han abierto nuevos caminos con la fuerza de sus manos y con el acero de su dignidad. En Guerrero, los defensores y las defensoras se han forjado en medio de la represión, enfrentando la persecución y los encarcelamientos. Tlachinollan nació en medio de esta revuelta, dentro de un estado y una región donde hombres y mujeres han pagado con su vida el costo de nuestros derechos. Aún persiste en el estado el dolor por los desaparecidos y la indignación por la impunidad de la que goza el Ejército Mexicano.

A lo largo de 17 años, nuestro caminar se ha encontrado con los pasos firmes de quienes han sido víctimas de graves violaciones a los derechos humanos y con la larga marcha de los pueblos originarios que avanzan inspirados por la sabiduría milenaria de sus ancestros. Con ellos y ellas, hemos enfrentado el acecho constante de quienes se niegan a respetar nuestro trabajo y se empeñan en destruir nuestros sueños como defensoras y defensores.

A pesar de las amenazas, que nos obligaron a cerrar nuestra oficina en el municipio de Ayutla por más de dos años, Tlachinollan sigue transitando por los senderos escabrosos de la población más desamparada de La Montaña.

Los logros que hemos podido acariciar están llenos de lágrimas y tragos amargos, porque en México la lucha por la justicia implica luto y destierro. Así lo han vivido Inés Fernández Ortega y Valentina Rosendo Cantú, dos mujeres indígenas que, sufriendo atentados y amenazas en su búsqueda por la justicia, llevaron al Estado mexicano ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos para que respondiera por las violaciones sexuales y torturas que en su contra cometieron soldados del Ejército durante 2002. Las sentencias, dictadas el año pasado, representaron un trascendental triunfo para ellas; sin embargo, el gobierno mexicano se niega a cumplir los fallos al mantener las investigaciones en la justicia militar, con el fin de seguir prodigando impunidad al Ejército. Valentina e Inés nos han dado el ejemplo más nítido de cómo debemos defender la vida y la dignidad por encima de todo. Es por ello que invitamos a la comunidad internacional a unirse a su reclamo para exigir al Estado mexicano que cumpla las sentencias dictadas por la Corte Interamericana.

Las graves violaciones de derechos humanos que desde hace décadas suceden en Guerrero, y que se han condensado en cuatro sentencias dictadas por la Corte Interamericana, se han extendido a todo el país con la llamada “guerra contra el narcotráfico”. Las Fuerzas Armadas mexicanas persisten con sus prácticas impunes que han ocasionado muertes, desapariciones, violaciones sexuales, torturas y detenciones arbitrarias. El poder supremo del Ejército no permite controles externos por parte de las autoridades civiles. El despliegue militar en todo el territorio nacional alienta la confrontación bélica y, en consecuencia, han aumentado las violaciones a los derechos humanos. Ante tanta violencia, el dolor y el silencio de las víctimas se han convertido en un catalizador de la indignación y la protesta que ha convocado a los ciudadanos y ciudadanas de México en las recientes movilizaciones que cimbraron a las estructuras del poder, pues, en palabras del poeta Javier Sicilia, esa falsa batalla le está robando a México su dignidad.

Frente al desolador panorama de mi país, la alegría que hoy desborda nuestros corazones se contiene al traer a la memoria a Raúl Lucas Lucía y Manuel Ponce Rosas, dos defensores na’saavi ejecutados en Ayutla durante 2009; y se comprime al recordar a las defensoras y defensores amenazados de Guerrero. A ellos y a todos los caídos por la “guerra” que no es de nosotros dedicamos este premio. Ellas y ellos son la buena semilla de la nueva gesta por los derechos humanos en México.

Amigos y amigas de Amnistía Internacional, desde el corazón generoso de la gente de La Montaña, les digo qué grande ha sido la dicha al sentirnos acompañados siempre por ustedes. Son nuestra protección, nuestro refugio y nuestra inspiración. Sus cartas, que llegan a La Montaña en todos los idiomas, son la muestra más tangible de su cariño, su valor, su solidaridad y su compromiso, como sucedió con Raúl Hernández, quien encontró en sus misivas fuerza para conquistar su libertad. Con ustedes hemos aprendido a caminar en medio de la oscuridad. Con acciones sencillas pero efectivas, han logrado dar un giro esperanzador a la vida de los olvidados y excluidos. Su vela encendida esparce su luz por toda La Montaña para derribar los paredones de la impunidad. En medio de la noche aciaga y sin estrellas que vivimos en México, vemos en el horizonte que también resplandece la luz creciente de Amnistía Internacional que nos impulsa para alcanzar el amanecer de la justicia. Que no se pare nunca este movimiento de esperanza, que sus voces y sus luces nunca se apaguen y que la flor y el canto, que es como nuestros abuelos nombraron a la poesía y a la música, inspiren siempre el trabajo solidario de Amnistía Internacional.

El mejor premio para Tlachinollan y para Amnistía Internacional es que el gobierno mexicano cumpla con las sentencias de la Corte Interamericana para que florezca la justicia en Guerrero y en nuestro país.

Felicidades y larga vida por el fulgor de sus 50 años.

Muchas gracias.

**Palabras pronunciadas en la entrega del VI Premio de Derechos Humanos de Amnistía Internacional en Berlín, Alemania, el 27 de mayo 2011

*Antropólogo; director del Centro de Derechos Humanos de La Montaña Tlachinollan

Amnistía Internacional: Deben investigarse las muertes en el Sáhara Occidental.

Londres.- Las autoridades marroquíes deben abrir una investigación independiente sobre los hechos que desembocaron en la muerte de varias personas y causaron heridas a otras en Gadaym Izik, campamento de protesta situado cerca de El Aaiún (Sáhara Occidental), ha declarado hoy Amnistía Internacional.

El gobierno afirma que en el curso de la operación del lunes y después de ella, perdieron la vida nueve personas, ocho de las cuales pertenecían a las fuerzas de seguridad. Los activistas locales de derechos humanos han declarado a Amnistía Internacional que se vio a 11 residentes del campamento heridos en el suelo, algunos con hemorragias y otros con quemaduras.

Según los informes, las fuerzas de seguridad marroquíes también sacaron por la fuerza del campamento a miles de saharauis.

No hay duda de que este ha sido un incidente muy grave que amenaza con exacerbar más la tensión en el Sáhara Occidental”, ha manifestado Malcolm Smart, director del Programa para Oriente Medio y el Norte de África de Amnistía Internacional.

Las autoridades marroquíes deben iniciar una investigación inmediata e independiente para llegar al fondo de lo sucedido, así como considerar la posibilidad de pedir la ayuda de la ONU.

Tenemos que saber qué desencadenó la acción de las fuerzas de seguridad y si la fuerza que emplearon fue razonable y proporcionada o excesiva. Si se empleó una fuerza excesiva, los responsables deben responder de sus actos.

Según los testimonios que ha recibido Amnistía Internacional, los primeros residentes supieron que las fuerzas de seguridad iban a actuar de forma inminente hacia las 6 de la mañana del lunes, cuando un helicóptero sobrevoló el campamento y ordenó a los residentes que se marcharan.

Al parecer, unos minutos después, las fuerzas de seguriwesdad irrumpieron en el campamento, golpeando a los residentes y usando gases lacrimógenos y cañones de agua caliente para obligarles a salir de las tiendas, que quemaron o derribaron.

Según las autoridades marroquíes, la operación era necesaria para liberar a residentes del campamento que estaban retenidos ahí contra su voluntad. Las autoridades también afirman que las fuerzas de seguridad se encontraron con una seria resistencia.

La agencia oficial de noticias marroquí ha informado de que el martes murieron cinco policías o miembros de otras fuerzas de seguridad debido a las lesiones sufridas, y de que un varón saharaui murió accidentalmente atropellado por un automóvil policial que aceleró la marcha en El Aaiún. Según las autoridades, se está investigando esta muerte.

Todavía hay poca información directa de los residentes que fueron expulsados del campamento, cuyo emplazamiento está acordonado por las fuerzas de seguridad marroquíes.

Los informes indican que en la ciudad de El Aaiún, situada unos kilómetros al oeste del campamento, los manifestantes atacaron y provocaron daños en edificios públicos, bancos, comercios y otras propiedades después de la operación de las fuerzas de seguridad.

El campamento de Gadaym Izik, un asentamiento informal de tiendas de campaña y viviendas improvisadas que alberga a miles de personas, fue establecido el mes pasado por un grupo de saharauis encolerizados por lo que califican de marginación por parte de las autoridades marroquíes para apoyar su demanda de empleos y viviendas adecuadas.

Los saharauis afirman que, a pesar de que son indígenas del Sáhara Occidental, no reciben una parte justa de los beneficios derivados de los recursos naturales de la región ni de las tierras, y que las autoridades locales hacen caso omiso de sus demandas de mejores condiciones socioeconómicas.

Los actos violentos del lunes coincidieron con el inicio de una nueva ronda de conversaciones informales sobre el futuro del Sáhara Occidental entre las autoridades marroquíes y el Frente Polisario, grupo que reclama la independencia del Sáhara Occidental y tiene un gobierno autoproclamado en el exilio (de la República Árabe Saharaui Democrática). Las conversaciones fueron convocadas en Nueva York a instancias del enviado especial de la ONU para el Sáhara Occidental, Christopher Ross.

http://www.es.amnesty.org/noticias/noticias/articulo/deben-investigarse-las-muertes-en-el-campamento-de-protesta-del-sahara-occidental/

Activista mexicano acosado y amenazado en Oaxaca.

La casa de Juan Manuel Martínez, activista político del estado de Oaxaca, México, fue asaltada el 24 de septiembre. Juan Manuel Martínez ha sufrido numerosos actos de acoso y amenazas. Su vida y la de sus familiares pueden correr peligro.

La tarde del 24 de septiembre, Juan Manuel Martínez y su esposa, al regresar a su casa en el municipio de Santa Cruz Xoxocotlán, estado de Oaxaca, México, encontraron que la casa había sido asaltada y saqueada. Los asaltantes habían revuelto los documentos oficiales relativos a las denuncias presentadas por Juan Manuel Martínez ante la procuraduría local contra actos previos de acoso e intimidación, pero no se habían llevado nada de valor.

Juan Manuel Martínez fue detenido en 2008 por el asesinato del periodista estadounidense Brad Will, pero quedó en libertad en febrero de 2010 cuando un tribunal federal resolvió que los cargos contra él eran infundados. Amnistía Internacional había manifestado reiteradamente su preocupación por lo infundado de su procesamiento,
y manifestó su satisfacción por su liberación.

Según Juan Manuel Martínez, tanto él como su familia han sido intimidados en varias ocasiones desde su excarcelación. Él y su familia se han visto obligados a mudarse de casa en tres ocasiones por el constante acoso sufrido. Su esposa ha recibido llamadas amenazadoras, en una de las cuales, según los informes, le dijeron: “deje de chingar la madre o te vamos a partir la madre”. La familia también ha observado que hombres armados han estado vigilando su casa y la escuela a la que asisten sus hijos.

Se ha presentado una denuncia ante la Procuraduría General de la República por los constantes actos de acoso contra Juan Manuel Martínez y su familia.

La abogada de Juan Manuel Martínez, Alba Cruz, también ha sido amenazada anteriormente. Abandonó la ciudad de Oaxaca en marzo de 2010. Se trasladó a Ciudad de México y luego viajó al extranjero en busca de un respiro. Recientemente regresó a la ciudad de Oaxaca para continuar con su trabajo de derechos humanos.

Escriban inmediatamente. en español o en su propio idioma:

  • Pidiendo a las autoridades que brinden protección efectiva a Juan Manuel Martínez y sus familiares, de acuerdo con los deseos de los propios afectados;
  • Pidiendo que se lleve a cabo una investigación exhaustiva, inmediata e imparcial sobre las amenazas y ataques contra Juan Manuel Martínez y su familia;
  • Pidiendo a las autoridades que lleven a cabo una investigación exhaustiva e imparcial sobre el homicidio de Brad Will.

Envién llamamiento antes del 8 de noviembre de 2010 a:

Arturo Chávez Chávez
Procuraduría General de la República
Av. Paseo de la Reforma nº 211-213,
Col. Cuauhtémoc, Del. Cuauhtémoc
México D.F., C.P. 06500, MÉXICO

Fecha: 27 de septiembre de 2010

Fax: +52 55 5346 0908
Correo-e.: ofproc@pgr.gob.mx
Tratamiento: Estimado Procurador
Lic. Ulises Ruiz Ortiz
Gobernador del Estado de Oaxaca

Carretera Oaxaca-Puerto Ángel,
Km. 9.5, Santa María Coyotepec,
Oaxaca C.P. 71254, Oaxaca, MÉXICO
Fax: +52 951 517 5890
Tratamiento: Estimado Gobernador

Date: 27 September 2010

Y copia a:

Organización de derechos humanos
Comité 25 de Noviembre
Correo-e.: comite25noviembre@yahoo.com.mx

Centro de DH Tlachinollan de Guerrero: Libre Raúl Hernandez.

Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan.
Libre Raúl Hernández, luego de que juez dicta una sentencia absolutoria
Ayutla de los Libres, Guerrero, a 27 de agosto del 2010.- Hoy por la tarde, el Juzgado Mixto de Primera Instancia con sede en Ayutla dejó en libertad absoluta al defensor de derechos humanos, Raúl Hernández Abundio, al dictar una sentencia absolutoria en la que argumenta que “no es culpable ni penalmente responsable” del delito de homicidio calificado cometido en agravio de Alejandro Feliciano García, ocurrido en enero del 2008.
*ANTECEDENTES *

El 17 de abril de 2008, los integrantes de la OPIM: Manuel Cruz, Orlando Manzanarez, Natalio Ortega, Romualdo Santiago y Raúl Hernández fueron detenidos y acusados del asesinato de Alejandro Feliciano García ocurrido el 1 de enero de 2008 en El Camalote, municipio de Ayutla de los Libres Guerrero. Por ese mismo delito había órdenes de aprehensión en contra de
otros 10 miembros de la OPIM.

Los defensores de derechos humanos fueron detenidos en un retén policiaco-militar instalado en un crucero carretero cuando se dirigían a su comunidad. El 19 de marzo del 2009 cuatro de ellos salieron libres al obtener un amparo federal.

Raúl Hernández no fue beneficiado por el juez federal argumentando que dos testigos habían declarado que había estado presente en el momento del crimen. Por su injusto encarcelamiento, Raúl Hernández fue adoptado como preso de conciencia el 11 de noviembre del 2008 porAmnistía Internacional y a lo largo de sus dos años de reclusión recibió la visita de importantes delegaciones de organizaciones sociales, campesinas, estudiantiles, magisteriales y de derechos humanos de todo el mundo. También recientemente

recibió la visita del relator de Naciones Unidas sobre el Derecho de Libertad de Opinión y Expresión, Frank La Rue.

http://www.redtdt.org.mx/

Interview: Demanding justice for a son killed by armed men in Mexico.

On 27 April, a convoy of human rights defenders, political activists and journalists in the Mexican State of Oaxaca was attacked by a group of around 20 armed men.

The convoy of 25 people and five vehicles was travelling to the indigenous community of San Juan Copala, to take badly needed food and medicines.

Two people were killed during the attack: Beatriz Alberta (Bety) Cariño Trujillo and young Finnish activist Jyri Antero Jaakkola. They were both human rights defenders.


Since their deaths, Bety’s husband and Jyri’s parents have been fighting for justice. They want those responsible for this crime to be found and put on trial.

Jyri’s parents have decided to travel to Mexico and on the eve of their emotional trip, Amnesty International spoke to Eve, Jyri Jaakkola’s mother.

Can you explain the purpose of your visit to Mexico?
Eve Jaakkola: We have lost our son and we want to get justice for him. We are going to Mexico to find out how the investigation on Jyri and Bety Cariño’s death is going. We find it very important that their murder is fairly investigated and that that those who were responsible for it are fairly punished. So far, we have heard and understood that the investigations have progressed and we trust that the authorities want to solve this case.

What are your plans during your stay in Mexico?
EJ: First, we will meet the lawyers of the victims. They will tell us about the situation, how the investigation is going and what plans they have to go on. I think they are doing a great job and we respect their dedication, to seek justice in relation to crimes against human rights and the defenders. I think they need all the support they can get and we want to cooperate with them and listen to what they have to say.

What took Jyri to Mexico, from Finland?
EJ: Jyri had worked for many years in many Finnish organizations and he was very interested in justice, and he worked on fair trade. But he thought: fair trade is not enough. I would say that he wanted a fair world. Justice was important to him, but justice for all the people, not only for rich people in the countries of the North. Jyri learned a new concept from the Mexican people, which he found very important and very beautiful: la “vida digna”, a life with dignity.

He explained in his blog that he wanted a dignified life and self respect for all. Jyri worked so people all over the world could have “vida digna”. That’s why he went to Mexico. He wanted to know more about the lives of Indigenous Peoples.

What impressed him the most during his time in Mexico?
EJ: He was very interested in the way Indigenous Peoples lived, the autonomy movements and their communities, how they conducted their daily lives. He also talked about climate change; he wanted to share these experiences with the Mexican people.

Amnesty International and other human rights organizations have been campaigning for the Mexician government to protect human rights defenders. Do you believe that your visit to Mexico will highlight this issue?
EJ: I hope so, I hope so, very much. We understand that human rights defenders work in dangerous conditions in Mexico. Jyri’s and Bety’s case is just one example of that. We are trying to help people who need it.

The Mexican government’s war on the drugs cartels has monopolised media interest. Don’t you believe that the government has to concentrate on this issue and maybe does not have the chance to work specifically on the situation of human rights defenders?
EJ: I know that drugs (traffic) are big business, but I also believe that it is important that the government also looks after the basic rights of people. The defenders of human rights work on this and I believe it is important to talk about them, to know about what they do and to protect them in their job. This is the government’s responsibility

How do you feel about travelling to the place where your son lost his life?
EJ: Well, the other reason for me to go to Mexico is to see and feel the place where our son spent his last months. We want to meet his friends and the people with whom he worked. In a way, we want to follow his footsteps, visit the people with whom he lived and hear what they can tell us about our son’s last weeks.

I don’t know how we can stand that, in a way, I am afraid. But we want to do it. There is nothing more horrible than losing a child. We know that he was happy in Mexico, in Oaxaca, he loved Oaxaca and the people who wanted to share every day with him. He wanted to stay there for one year but he only managed two months, but he was happy there.

http://www.amnesty.org

Amnistía Internacional:PADRES FINLANDESES BUSCAN JUSTICIA PARA SU HIJO ASESINADO POR DEFENDER DERECHOS HUMANOS EN MÉXICO.

En una conferencia celebrada hoy, 24 de agosto, Amnistía Internacional y la familia Jaakkola recordaron que defender los derechos humanos puede costar la vida en México. Asimismo, pidieron a las autoridades realizar investigaciones eficaces de los ataques contra defensores y defensoras así como asegurar la protección de quienes estén actualmente en peligro.

El padre y la madre del observador finlandés de derechos humanos Jyri Jaakkola, asesinado en Oaxaca el 27 de abril, llegaron a México hace tres días para exigir justicia. Junto con su hijo fue asesinada la defensora de derechos indígenas Bety Cariño mientras realizaban tareas humanitarias.

El asesinato de Jyri Jaakkola y Bety Cariño es sólo un ejemplo de los muchos ataques que han sufrido quienes defienden derechos humanos en México durante los últimos años. Amnistía Internacional ha denunciado numerosos casos de asesinato, amenaza de muerte, agresión y hostigamiento judicial. Los responsables, sean agentes del estado o no, rara vez rinden cuentas ante la justicia, lo cual crea una cultura de impunidad que resulta una amenaza grave para las y los defensores a la hora de realizar su trabajo. Quienes defienden a los grupos más marginalizados son a menudo quienes enfrentan los mayores riesgos.

“Estoy muy afligida de saber que lo que le pasó a mi hijo y a Bety también le ha pasado a muchos otros defensores de derechos humanos en México”, dijo Eve Jaakkola, madre de Jyri. “Mi hijo estaba interesado en luchar por la justicia, la paz y el respeto mutuo entre los seres humanos. Por eso llegó hasta Oaxaca para acompañar a los pueblos indígenas y aprender de ellos.”

El gobierno del Presidente Calderón Hinojosa se ha comprometido ante la ONU y en su propio Programa Nacional de Derechos Humanos a implementar un mecanismo de protección para todas y todos los defensores en riesgo. “A pesar de tantas promesas, aún no se ven los resultados” dijo Alberto Herrera Aragón, Director Ejecutivo de Amnistía Internacional México. “El gobierno federal debe implementar un mecanismo de protección para defensores en riesgo y un protocolo de investigación para evitar que los ataques queden en la impunidad.”

“Si las autoridades están comprometidas a acabar con la impunidad en los casos de ataques contra defensores de derechos humanos, deben demostrarlo garantizándoles verdad, justicia y reparación a los familiares de Jyri Jaakkola y Bety Cariño”, dijo Alberto Herrera

Alberto Herrera también recordó que el preso de conciencia y defensor de derechos humanos Raúl Hernández todavía sigue en prisión en el Estado de Guerrero por un delito fabricado. El juez de la causa resolverá su situación en los próximos días.

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Información de contexto

Hombres armados asesinaron a Jyri Antero Jaakkola y Alberta Cariño Trujillo, conocida como Bety, el 27 de abril de 2010 en el Estado de Oaxaca. Jyri  y Bety formaban parte de una caravana humanitaria que se proponía llevar alimentos a la comunidad indígena de San Juan Copala y documentar la situación de derechos humanos. Otras personas sobrevivieron el ataque con graves heridas.

Grupos armados se han disputado el control político de San Juan Copala desde hace años. Según informes recibidos por Amnistía Internacional, algunos de estos grupos tienen vínculos con autoridades estatales. La comunidad de San Juan Copala sigue sitiada por estos grupos sin que las autoridades garanticen sus derechos.

La investigación de los hechos ocurridos el 27 de abril está en manos de la Procuraduría General de la República. Hasta el momento nadie ha sido puesto a disposición de la justicia por estos crímenes.

Jyri Jaakkola, de 33 años, vivía en Finlandia, de donde era también originario. Llegó a México a principios de 2010 y se trasladó a Oaxaca para conocer sobre los pueblos indígenas locales y enseñar sobre el uso responsable de los recursos naturales y el cambio climático.

Bety Cariño era la coordinadora del Centro de Apoyo Comunitario Trabajando Unidos (CACTUS) en Huajuapan de León, Oaxaca. Trabajaba en comunidades indígenas dando talleres sobre derechos de las mujeres y promoviendo la creación de radios comunitarias. Había denunciado el asesinato de las locutoras de origen Triqui Felícitas Martínez y Teresa Bautista ocurrido en San Juan Copala en 2008.

Materiales complementarios

Petitorio online de Amnistía Internacional sobre la situación de los defensores de derechos humanos en México: http://alzatuvoz.org/defiendeles/

Fotos de Bety Cariño y Jyri Jaakkola: https://adam.amnesty.org/asset-bank/action/quickSearch?keywords=109588+OR+109589+OR+109590+OR+109591+OR+102755 (números 109588, 109589, 109590, 109591, 102755)

Documento de caso sobre la situación de la defensora Alba Cruz: http://www.amnesty.org/en/library/info/AMR41/052/2010/es

Documento de caso sobre la situación de la defensora Obtilia Eugenio Manuel: http://www.amnesty.org/en/library/info/AMR41/053/2010/es

Informe “Exigiendo justicia y dignidad. Defensores y defensoras de derechos humanos en México”, 21 de enero de 2010: http://www.amnesty.org/en/library/info/AMR41/032/2009/es

Más información: Arturo Ávila, Encargado de prensa de Amnistía Internacional México. Móvil: 55 51 80 99 18, email: comunica@amnistia.org.mx.

http://www.amnesty.org

Informe que presenta el Centro Tlachinollan en su XVI Aniversario.

Informe ejecutivo.

Hace 16 años en nuestro corazón existía la vaga sensación de lo que significaba entregar nuestras energías a la causa de los derechos humanos, poco sabíamos de los secretos colectivos que han hecho trascender a lo largo de los siglos a estos pueblos forjados en la cultura del don, su fuerza histórica es la memoria digna y rebelde de quienes son fieles a sus raíces para resistir comunitariamente a las políticas etnocidas.

La lucha por los derechos humanos posee el encanto del arcoíris que siempre aparece hermoso en el firmamento, pero nunca se tiene la dicha de acariciar la belleza de sus colores. Cuando lo contemplamos nos atrapa el deseo de llegar al lugar donde nace y la realidad es que se difumina cuando avanzamos hacia su encuentro. Desde que abrimos las puertas de este Centro acariciamos la idea de que la justicia podría ser un bien tangible construido con la fuerza de los pobres.

Nunca creímos que esta obra representaría una tarea gigantesca que no puede ser levantada con pocas manos, que más bien necesitaba de la solidaridad y la inteligencia de quienes siempre han estado trabajando por esta causa en los diferentes rincones de la Montaña. No bastaba con esperar la visita de la población agraviada en el cuarto de un hotel habilitado como oficina sino que  fue un imperativo ético de salir al encuentro de los que sufren, de estar presentes en los lugares más apartados donde el gobierno se ensaña contra los indefensos, de asumir con sencillez nuestra impericia para ser compañeros y compañeras útiles en los momentos más difíciles que enfrentan las víctimas, de ablandar nuestro corazón para poder contagiarnos de los nobles sentimientos que cultiva la gente de la Montaña.  Nos vimos obligados a desinstalarnos de nuestro propio espacio y hasta de nuestros mismos hábitos de vida, también nos sigue costando mucho desmontar nuestras formas de pensar y de concebir los derechos humanos para recuperar nuevas prácticas comunitarias que definen la naturaleza de los derechos colectivos de los pueblos indígenas. Siempre nos ha interpelado el sentido de reciprocidad y de trato igualitario que prevalece en las relaciones intracomunitarias, esta práctica ha sido muy difícil fusionarla a nuestros estilos y maneras de trabajar como organismo de derechos humanos. Este ejercicio no se suscribió al ámbito intelectual sino que fue una interpelación a nuestra vida y un llamado para asumir esta causa como parte de un proyecto existencial. Los testimonios a flor de piel de quienes eran víctimas de alguna violación a sus derechos humanos fueron moldeando nuestras maneras de tratar y de escuchar.

El registro permanente de los casos, los rostros y las voces de hombres y mujeres de los tres pueblos se anidaron en nuestro corazón que también se entristece como el de todos ellos y ha querido robustecerse como el corazón grande que poseen los defensores y defensoras comunitarias que están en la base y en la primera línea de fuego.

Desde el caso del profesor Magencio Abad Zeferino quien fue detenido de manera arbitraria y posteriormente torturado junto con su hijo por miembros del Ejército en diciembre de 1996, hasta los casos de Inés Fernández Ortega y Valentina Rosendo Cantú, dos indígenas me´phaa que fueron torturadas y violadas sexualmente por militares en febrero y marzo del 2002, como Centro de Derechos Humanos siempre nos han inspirado sus convicciones y anhelos para alcanzar la justicia sacrificando todo. Ellos y ellas guían nuestros pasos, nos marcan la ruta para caminar siempre de frente y cuesta arriba. Aprendimos a adquirir valor al ver que la gente había vencido el miedo para bajar a Tlapa o Ayutla a pedir justicia. La presencia de las víctimas de violaciones a derechos humanos siempre nos indicaba que habían decidido salir de su comunidad para caminar varias horas, pasar hambres y enfrentar desprecios con tal de exigir justicia. Esos grandes obstáculos que enfrenta cotidianamente la población indígena los han superado porque ya no están dispuestos a sufrir más ultrajes y agresiones de los policías y los militares. Con ese valor heroico nos hemos tenido que cobijar para salir al frente con los pies bien plantados en la tierra y encarar al poder impune.

Inés y Valentina nos enseñaron a superar las barreras lingüísticas, nunca consintieron el silencio cómplice ni aceptaron la sumisión, tampoco se hicieron rehenes de la burla y la estigmatización promovida por la mayoría de los hombres de sus comunidades.  A nadie le pidieron permiso para denunciar públicamente esta aberración ni les tembló la voz para decir la verdad de estos hechos deleznables. Bajaron a Ayutla y a Tlapa para encarar a los cómplices de los verdugos y para demostrar que no claudicarían en su afán por la justicia. Fueron ellas las que desenmascararon la simulación de un sistema de justicia estatal que se subordina y somete a los dictados de los militares. No consintieron por dignidad y convicción que el mismo Ejército se transformara en juez y parte de la canallada que ellos mismos habían protagonizado. A pesar de que el mundo se les derrumbaba (cuando  miembros de su misma comunidad se hacían cómplices del Ejército para intimidarlas y obligarlas a desistirse), ellas descubrían la mezquindad, la cobardía y la pequeñez de los hombres que vieron la conveniencia de dejarlas solas en su lucha. Siempre han luchado a brazo partido y a contra corriente, sufriendo en todo momento amenazas, injurias y desprecios.

Las mismas fuerzas represivas del Estado se han empeñado en destruir su vida, en cerrarles el camino a la justicia y en no permitir que su verdad desnude a un Ejército violador de derechos humanos que cobardemente se refugia en el fuero militar. El aparato represivo y diplomático del Estado mexicano se ha acuerpado para seguir defendiendo al Ejército y atentar contra la vida y la seguridad de Inés, Valentina y sus familiares. Tuvieron el descaro de ir a la Corte Interamericana de Derechos Humanos para defender al Ejército y denigrar la honorabilidad de dos mujeres heroicas, con gran cinismo evaden los cuestionamientos de fondo para amortiguar el duro golpe que le propiciará la Corte por ser un país que violenta los derechos humanos de la población más indefensa. Ellas han dado todo, por eso lograron llegar hasta la Corte Interamericana. Fueron ocho años de amenazas, de acoso sistemático, de agresiones físicas, de afectación al patrimonio familiar, de atentar contra sus hijas y de nunca dejarlas vivir con tranquilidad en sus domicilios. A pesar de las denuncias y de las medidas provisionales las  autoridades federales y estatales siguen siendo comparsas de los que han hecho la vida imposible de Inés y Valentina. Se trata de una estrategia diseñada por las fuerzas más oscuras que se mueven dentro de los altos círculos del poder para no permitir que los fueros se restrinjan y se terminen y para que los poderosos sean llamados a cuentas por cualquier ciudadano o ciudadana.

En este periodo que va de junio de 2009 a mayo de 2010, se ha incrementado el número de detenciones a defensores y defensoras de derechos humanos logrando documentar 26 casos. A pesar de las medidas provisionales con que cuentan 108 defensores y defensoras de derechos humanos de diciembre del 2009 a junio de este año se han suscitado nueve casos de amenazas que se suma a los siete casos que se registraron de mayo a noviembre de 2009. En los últimos dos meses el gobierno del estado reactivó las órdenes de aprehensión contra integrantes de la Organización para el Futuro del Pueblo Mixteco (OFPM), de la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación en Guerrero (CETEG) y egresados de la normal rural de Ayotzinapa. Esta ofensiva se extendió también hacia las miembros de la Coordinadora Regional de Autoridades

Comunitarias (CRAC), los opositores de la minera Media Luna y contra integrantes del Frente Opositor al Muelle de Icacos (FOMI) así como del Colectivo contra la Tortura y la Impunidad (CCTI). Por parte del Ejecutivo no ha cejado en su postura reduccionista de catalogar a los luchadores sociales como delincuentes y ha mantenido una postura inflexible de no permitir el desistimiento de las órdenes de aprehensión contra defensores y defensoras que en el proceso penal han logrado demostrar que fueron víctimas de delitos fabricados. El caso de Raúl Hernández ha alcanzado una dimensión internacional por las claras evidencias que existen en el expediente de que hubo consigna para encarcelar a los miembros de la Organización del Pueblos Indígena Me´phaa (OPIM). Estas razones políticas siguen causando  graves daños a Raúl que lleva más de dos años y tres meses pagando injustamente un delito que nunca cometió. La arbitrariedad del poder no escucha razones ni argumentos de fondo que han planteado organizaciones de gran prestigio de Amnistía Internacional que ha declarado como preso de conciencia a Raúl porque es insostenible jurídicamente la acusación que se le imputa.

En este último tramo del sexenio perredista ha resurgido la violencia política como una expresión funesta del vacío de autoridad que experimenta la mayoría de guerrerenses. El descrédito en el sistema de justicia es atroz y lo que es peor se ha dejado que los personajes siniestros vuelvan por sus fueros. La protección y alta permisividad a los violadores de derechos humanos ha sido un factor endógeno para alentar la impunidad y la violencia protagonizada por el crimen organizado. Las denuncias en lugar de resolver los delitos son un factor de riesgo que muy pocos ciudadanos están dispuestos a correr por que saben que no vale la pena apostarle a un órgano investigador que no es confiable y que fácilmente se colude con los intereses ocultos de las mafias. A los partidos políticos y sus precandidatos el tema de la militarización, los derechos humanos, el acceso a la justicia, los derechos de los pueblos indígenas, los derechos de las mujeres no forman parte de la agenda para el próximo sexenio porque en lugar de representar un negocio lucrativo requiere un compromiso serio y responsable con la sociedad que se organiza y que no está dispuesta a recibir migajas ni a continuar con poses y discursos demagógicos que sólo sirve para reproducir este sistema injusto.

El gran desafío que tenemos las y los guerrerenses es luchar contra el hambre, el desempleo, el analfabetismo, las enfermedades, la inseguridad, la militarización y la corrupción de los políticos. No podemos  eludir las enseñanzas que nos han brindado generosamente quienes sin pretenderlos han allanado el camino para alcanzar la justicia en el plano internacional. Guerrero es el único estado que tiene cuatro casos en la Corte Interamericana de Derechos Humanos: el de Rosendo Radilla, Inés Fernández, Valentina Rosendo y los campesinos ecologistas. Estos cuatro casos tienen un denominador común que es el Ejército como el autor de las violaciones a los derechos humanos. Son casos que nos remiten a la época de la guerra sucia y a los años recientes donde los nuevos gobiernos neoliberales le otorgaron facultades extra constitucionales al Ejército para salir de los cuárteles e instalarse en las comunidades indígenas, atendiendo el libreto de la guerra de contrainsurgencia. Los cuatro casos se enmarcan dentro de esta estrategia contrainsurgente que tiene licencia para desaparecer personas, violar sexualmente a mujeres indígenas y torturar a defensores de derechos humanos.

En nuestro país el fuero civil se negó a investigar estos delitos de lesa humanidady puso en manos de la justicia militar los casos para hacer más cruento el sufrimiento de quienes esperaban el apoyo del Estado  para castigar a los responsables.

A pesar de tanta desolación nuestro credo por la justicia y por el respeto a los derechos humanos sigue siendo una fuerza que nace desde el fondo de nuestro corazón. A pesar de la pesada noche de la impunidad y de la tempestad de la violencia los defensores y defensoras no cejaremos en nuestra lucha para exigir la libertad inmediata e incondicional de Raúl Hernández Abundio y de demandar el cumplimiento cabal de la sentencia que emita la Corte Interamericana de Derechos Humanos en los casos de Inés Fernández y  Valentina Rosendo Cantú.

La esperanza nos mantiene unidos y con mucho ánimo, tenemos la certeza de que el gran sacrificio que han hecho Inés y Valentina tendrá sus frutos en este invierno cuando los ministros de la Corte llamen a cuentas al Estado mexicano por haber violado los derechos humanos de Inés y de Valentina.

En estos 16 años, en el jardín de los defensores y defensoras de los derechos humanos empieza a florecer la lucha por la justicia  y nos alienta a que juntos construyamos este nuevo amanecer en las montañas del sur.

Tlapa, Guerrero, México a 24 de julio del 2010

16 ANIVERSARIO

Centro de Derechos Humanos de la Montaña

Tlachinollan A.C.

Mina 77 Col. Centro C.P. 4130

Tlapa de Comonfort Guerrero, México

Tel. +52 (757) 47 61220 /  47 6 1200

http://www.tlachinollan.org.com


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