Posts Tagged 'APPO'

Suicidio gubernamental desconocer la asamblea en Oaxaca y desproteger su maíz nativo.

OAXACA VIVE un momento terrible de su historia. Tras la prolongada represión emprendida por Ulises Ruiz, tras la batalla por la dignidad en Oaxaca que protagonizó el pueblo oaxaqueño rural y urbano sin distinción de identidades, tras la persecución que desató el susodicho gobernador, tras la vasta descomposición que dejó en diversas regiones de la entidad (nomás miren San Juan Copala o San José del Progreso ahora), resulta que el gobierno de Gabino Cué —gobernador en quien tanta gente puso esperanzas— ha emprendido una de las más funestas y radicales reformas legislativas en la historia de la entidad.

Por una parte, siguiendo la reverberación de otras leyes que dicen defender el maíz, como la de Tlaxcala y Michoacán, Oaxaca salen con una “Ley de Sustentabilidad de los Maíces Nativos del Estado de Oaxaca”, impulsada por una diputada del PRI y con la “Ley de Fomento y Protección del Maíz Criollo como Patrimonio Alimentario del Estado de Oaxaca” impulsada por una diputada del PAN, a propuesta de la Fundación para el Desarrollo Social Coatlicue, AC que, como afirma un buen número de organizaciones sociales, indígenas y de la sociedad civil, “agreden la inteligencia de la población oaxaqueña, por ignorar la lucha de resistencia contra la siembra de maíces transgénicos que se inició después de que en el año 2001 se descubriera la contaminación por transgénicos en los maíces nativos de la Sierra Juárez, los Valles Centrales y el Istmo” y por si fuera poco “no protegen nuestro maíz nativo. Al contrario, están facilitando su saqueo por empresas transnacionales que tratan de dominar la producción alimentaria del planeta”.

De aprobarse, cualquiera de ellas vulneraría “de manera desvergonzada los derechos de nuestros pueblos y comunidades indígenas y campesinas a su libre determinación y soberanía alimentaria”.

Tales iniciativas “le otorgan certeza jurídica sólo para productores registrados”, término que excluye a los campesinos indígenas que producen sus propios alimentos. “Las iniciativas están orientadas a localidades con producción intensiva, dedicadas a la utilización de fertilizantes, herbicidas y pesticidas, que favorecen a la agroindustria y a productores de alto rendimiento”. Aspectos graves son el establecimiento de “fronteras agrícolas” que “limitarán las zonas de cultivo de campesinos de montaña”, lo que busca promover seudo programas de conservación que impiden “la agricultura sustentable y la milpa tradicional”; el impulso a la “creación de un organismo central que tendrá el control sobre todas las actividades que tengan relación con el maíz y lo establecen como el enlace único entre el Estado y los productores, excluyendo a los campesinos y quitándoles la capacidad de decidir sobre cualquier asunto que tenga que ver con sus semillas”, y el hecho de “obligar a los campesinos a facilitar sus semillas y sus conocimientos a ‘mejoradores’ a través de bancos de germoplasma. Esto abrirá el acceso a nuestras semillas a empresas transnacionales que esperan patentar las cualidades del maíz creadas con el trabajo milenario de convivencia, selección y adaptación de nuestros antepasados”. Por si fuera poco, al igual que con la ley de Tlaxcala, no se prohibe expresamente ni la siembra ni el almacenamiento, sino que se legaliza que las cabeceras municipales tomen decisiones al respecto, lo que de facto “ignora la institucionalidad comunitaria indígena y campesina, como las asambleas y la figura del comisariado de bienes comunales y/o ejidales”.

Mas toda la estructura del estado de Oaxaca es atacada. El paquete de reformas constitucionales es algo que, según sus autores, “fortalece la relación entre los poderes, la cultura de la legalidad, los órganos autónomos, la participación ciudadana y la autonomía del Poder Judicial”, pero en los hechos es un ataque frontal a los pueblos indios porque “da marcha atrás a las conquistas de la década anterior e intenta desmantelar su régimen de gobierno y socavar su autonomía. En particular, el apartado C del artículo 25 desconoce a la asamblea, órgano supremo de gobierno en cuatro de cada cinco municipios de Oaxaca, y la despoja de todo su poder de decisión. En un intento de justificar esta exclusión, se ha asimilado la asamblea al cabildo abierto, cuando se trata de dos espacios y figuras enteramente distintos”.

Como las leyes del maíz, las reformas constitucionales de Oaxaca son tramposas en su conjunto: por un lado relegan todo lo referente con la equidad de género, y por otro dicen introducir “instrumentos de la democracia participativa propuestas por la sociedad civil como el referéndum, el plebiscito y la revocación de mandato, pero lo hace en términos demagógicos y engañosos. Crea inmensos obstáculos para su aplicación, por ejemplo al exigir 20 por ciento del padrón electoral para solicitar referéndum o plebiscito —diez veces más de lo que establece como requisito la reforma equivalente a nivel federal que acaba de aprobarse—, o al plantear procedimientos tan complejos para la revocación del mandato que podrían dilatar tanto como lo que dura el mandato que pretende revocarse. En vez de facilitar la participación ciudadana se le burocratiza, subordinando la gestión autónoma a órganos controlados por los partidos”.

Cué la tiene difícil. Son innumerables (muchas más de cien) las organizaciones que ya publicaron un manifiesto para protestar contra estas reformas, conocido como Para hacernos valer, del 11 de mayo. Muchí simas de éstas coinciden también en el pronunciamiento contra las leyes de supuesta defensa del maíz conocido comoPronunciamiento a todos los pueblos y comunidades de Oaxaca, México y América Latina que siembran y comen maíz, de agosto de este año. Conforme las adhesiones aumentan, el anuncio de una nueva coyuntura de articulación y cohesión en Oaxaca se vuelve más factible y más cercana.

Ramón Vera Herrera

http://www.jornada.unam.mx/2011/09/10/oja173-asamblea.html

Sobre el movimiento indígena y las autonomías en México.

¿Qué pasó con el movimiento indígena a partir de 2001,luego de que los poderes políticos del país convalidaran la fallida reforma constitucional sobre derechos y cultura indígenas? El Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) y las organizaciones indígenas se retiraron de la escena política nacional, dejando en claro tanto su rechazo a la reforma, que calificaron de burla y traición a los Acuerdos de San Andrés, como la voluntad de seguir luchando por su legítimo derecho a la autodeterminación y autonomía. Como parte de esa lucha, acordaron construir “autonomías de hecho” en sus comunidades, municipios y regiones. Esta posición la han sostenido hasta hoy.

La construcción de autonomías de hecho significa una acción de rebeldía frente a la injusticia derivada del incumplimiento de los Acuerdos de San Andrés. Éstos representaban un primer paso en la corrección de la estructura de la sociedad nacional, que excluye a los pueblos indígenas y los priva de sus derechos humanos elementales y en tanto pueblos. Los actores políticos que refrendaron la reforma constitucional conservaron intacta la estructura nacional y, con ello, reafirmaron las relaciones de opresión del Estado y la nación hacia los pueblos indígenas, supeditándolos, más que nunca, a la voluntad de los gobiernos federal, estatal y aun municipal. El trasfondo de tal maquinación era afianzar la embestida del capitalismo global en los territorios indígenas.

I. El EZLN, “sin pedirle permiso al mal gobierno para gobernar en nuestro territorio”, avanzó en la concreción de los municipios autónomos rebeldes zapatistas (Marez), formados después de 1994, así como en la organización de nuevas estructuras de gobierno en cada una las cinco regiones autónomas reconocidas por los zapatistas: las Juntas de Buen Gobierno (JBG). Éstas tomaron posesión el 8 de agosto de 2003. La sede de las JBG son los llamados Caracoles. A partir de este valioso sistema articulado de autogobierno (comunal, municipal y regional), los zapatistas han tratado de organizar sus propios medios de salud, educación, alimentación, impartición de justicia, etcétera.

Los zapatistas conciben su experiencia autonómica como una demostración para ellos mismos y para los demás de la capacidad de los pueblos de organizarse y autogobernarse, así como de darse una forma de gobierno colectivo basada en principios (mandar obedeciendo, revocación del mandato, etcétera), valores y prioridades diferentes a los que sostienen los “malos gobiernos”. Sin embargo, advierten las serias dificultades para sostener sus autonomías dentro de un sistema económico, político e ideológico (nacional y global) adverso. De ahí que en la valoración de las autonomías zapatistas es preciso tomar en cuenta que las JBG y los consejos autónomos municipales han funcionado en condiciones hostiles y precarias, siempre bajo amenaza, hostigamiento y presión por parte de los aparatos del Estado, del poder económico local, nacional y trasnacionales. Por ello, como veremos adelante, el programa político de los zapatistas no se limita a construir espacios de autonomía en las comunidades y regiones donde tienen presencia.

Otra experiencia significativa de construcción de autonomías de hecho es el Sistema de Seguridad, Justicia y Reeducación Comunitaria de la Montaña y Costa Chica del estado de Guerrero, conocido como la Policía Comunitaria. Ésta nació a finales de 1995, a partir de un proceso de articulación entre comunidades en torno a la organización de un sistema de seguridad propio –la policía comunitaria– que después incluyó el de justicia. En este proceso, las comunidades crearon una estructura regional compuesta por dos instituciones jurídicas autónomas: la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC) y la Asamblea Regional de Autoridades Comunitarias, que es la máxima autoridad de la CRAC. Hasta ahora se han integrado a esta organización autónoma regional alrededor de 80 comunidades pertenecientes a distintos pueblos tlapanecos, mixtecos, nahuas y mestizos.

Los actores de este ensayo autonómico valoran la capacidad de sus pueblos de garantizar seguridad en su territorio –lo que ninguna autoridad ni policías estatales les aseguraron–, así como de construir un nuevo derecho y una nueva justicia a escala regional, a partir de principios, normas, procedimientos e instituciones centrados en el “espíritu comunitario”, y enriquecidos por la reflexión y la discusión entre los diversos pueblos que confluyen en la Asamblea Regional. Se trata, como ellos lo caracterizan, de un derecho “antiguo y nuevo a la vez”, y de “una justicia pública y colectiva”, en la cual las resoluciones se toman colectivamente “para impedir que se cometan errores o arbitrariedades en la impartición de justicia”, así como “para asegurarse la justicia, la seguridad, la armonía en la convivencia y la paz”. Pero esta experiencia autonómica enfrenta, al igual que la zapatista, el hostigamiento y la amenaza constantes por parte del ejército y de la policía estatal.

Otras declaraciones públicas de ejercicio de la autonomía de hecho, cuyo objetivo inmediato es recuperar y proteger sus derechos territoriales, son la Comunidad Autónoma Wixárika de Bancos de San Hipólito, municipio del Mezquital, Durango, y la comunidad nahua de Santa María Ostula, de la Costa de Michoacán. En ambos casos, las comunidades llevaban años de lucha en los tribunales agrarios por la restitución y el reconocimiento de sus derechos territoriales, cercenados por resoluciones presidenciales. Estas resoluciones, a la vez, crearon una situación de conflicto entre las comunidades despojadas y los grupos que pretenden apropiarse de sus tierras ancestrales.

En el primer caso, una resolución presidencial de la década de los 60s separó arbitrariamente a la comunidad wixárika (huichol) de Bancos de San Hipólito de su vínculo ancestral con Tateikie-San Andrés Cohamiata, ubicada en Jalisco, y la anexó a la comunidad vecina de San Lucas de Jalpa, Durango, al tiempo que cercenó una parte de sus tierras ancestrales. En 2002, el consejo de ancianos y la asamblea de comuneros wixárika de Bancos decidieron recuperar sus tierras y ejercer su autonomía en los hechos. Para ello, interpusieron en el tribunal agrario una demanda de nulidad de la resolución presidencial en noviembre de 2002 y declararon a Bancos como Comunidad Autónoma Wixárika. Esta declaración implicó el desconocimiento de las autoridades agrarias de San Lucas (a las que habían quedado sujetas injustamente) y el nombramiento de sus propias autoridades agrarias. Con estas acciones iniciaron un proceso de organización y reconstrucción de su comunidad y gobierno autónomos (este último formado por un cuerpo de autoridades civiles, agrarias y tradicionales).

Al año siguiente, en 2003, decidieron tomar posesión de su territorio boscoso en disputa, y para resguardarlo instalaron nuevos centros de población –la Mesa de la Torrecilla (Buenos Aires), Las Carreras y Mesa Alteña–, los mismos que fueron devastados por las tormentas de febrero de 2010. Para rehabilitar estos poblados, resolvieron aprovechar los más de mil pinos derrumbados por las tormentas y hacer trabajos de limpieza forestal para evitar que los árboles caídos se convirtieran en fuente de plagas y enfermedades o en combustible para incendios. Después de solicitar en varias ocasiones y obtener el permiso de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales, el “grupo autónomo de análisis territorial y ecología” de la Comunidad Autónoma Wixárika inició los trabajos de cubicación de la madera. La comunidad también ha previsto “presentar un plan de reforestación integral en la zona afectada”. Pero el hostigamiento de los caciques de San Lucas ha dificultado las tareas. El 11 de agosto de 2009 el Tribunal Superior Agrario emitió su sentencia a favor de Bancos, esto es, anuló la resolución presidencial, aunque “únicamente en lo que respecta a la superficie en conflicto (diez mil 720 hectárea)”, por considerar que hubo violaciones en el procedimiento agrario, en perjuicio del “núcleo agrario de Bancos”, y dispuso que se procediera a la confirmación y titulación de ese territorio a Bancos.

En el caso de la comunidad de Ostula, los comuneros decidieron ejercer sus derechos territoriales mediante la recuperación pacífica de unas mil hectáreas de tierras reclamadas del paraje la Canahuancera, luego de varios intentos de hacerse del lugar y de negociaciones con las autoridades estatales que se comprometían a resolver el conflicto y asegurar sus derechos agrarios, sin hacerlo efectivo. A finales de junio de 2009, cuando cientos de personas de Ostula, hombres y mujeres de todas las edades, se acercaron al paraje para tomar posesión fueron recibidos a balazos por personas que pretenden apropiarse de sus tierras. Al día siguiente, los nahuas de Ostula lograron tomar el paraje con la nutrida participación de personas de las otras dos comunidades nahuas de Michoacán: El Caire y Pómaro. Para asegurar las tierras recuperadas, instalaron un campamento y erigieron en pocos días un nuevo poblado en la Canahuancera, que renombraron Xayakalan, su nombre original. La confluencia de las policías comunitarias de Ostula, El Caire y Pómaro fue clave en la toma del paraje, así como en el cuidado de la “seguridad de las personas” apostadas tanto en el campamento como en los nuevos poblados, y en el resguardo de las tierras recuperadas.

Un hecho novedoso en esta lucha es la actuación articulada de las tres comunidades en tanto pueblo nahua. Esta unidad se ha tratado de reforzar con la creación del Comité de Defensa del Pueblo Nahua de la Costa Sierra de Michoacán. Esto tiene una explicación económica y política. Primero, porque empresas multinacionales están fuertemente interesadas en hacerse de las tierras de las tres comunidades, dado el gran potencial minero y turístico que poseen. Segundo, porque con la acción unida pueden conjuntar esfuerzos en la defensa de su territorio. Cabe destacar que la reunificación de las comunidades en tanto pueblo es parte fundamental del proceso autonómico. Se trata de la reconstitución de los pueblos fragmentados en el proceso histórico de dominación. Una de las políticas de dominación del Estado hacia los pueblos indígenas, y a la que recurren persistentemente tanto el gobierno central, como los locales y estatales, es la de provocar y sostener la segmentación de los pueblos en múltiples comunidades separadas y enfrentadas entre sí. Por consiguiente, la rearticulación de las comunidades en tanto pueblo forma parte de la batalla por la autonomía y contra las relaciones de dominación.

En uno de los primeros comunicados del Comité de Defensa del Pueblo Nahua, del 12 de marzo de 2010, las comunidades nahuas de Michoacán exigieron conjuntamente a los gobiernos federal y estatal que garantizaran definitivamente la tenencia jurídica de las tierras recuperadas “a favor de Ostula”, que cuenta con títulos de propiedad de 1802 y 1803, así como el reconocimiento del “funcionamiento de las policías comunitarias y su guardia comunal en las comunidades de Santa María Ostula, El Caire y Pómaro, es decir, en todo el territorio nahua de la Costa michoacana”. Las policías comunitarias son consideradas parte de su autonomía, para el resguardo del “territorio y la vida de las comunidades”, pero también un instrumento de autodefensa contra las incursiones de grupos que quieren despojarlos de sus tierras.

El Municipio Autónomo San Juan Copala es otra referencia emblemática en la construcción de autonomías de hecho. San Juan Copala ha sido históricamente el centro político, económico y religioso de las comunidades triquis de la región baja. En 1826 esta región obtuvo la categoría de municipio, teniendo como cabecera a San Juan Copala. Pero en 1948 el gobierno de Oaxaca suprimió este municipio y creó otros para favorecer y apuntalar a los grupos de poder regional. A partir de esa fecha, San Juan Copala fue convertido en agencia municipal de Santiago Juxtlahuaca y, en general, el territorio y las comunidades integrantes de la región triqui baja se repartieron entre los municipios de Santiago Juxtlahuaca, Constancia del Rosario y Putla de Guerrero. De esta manera, los triquis quedaron separados y sometidos económica y políticamente a las cabeceras de los nuevos municipios, sedes del poder caciquil mestizo. Las comunidades triquis solicitaron en varias ocasiones que se les restituyera su municipio, sin conseguirlo.

Según relatos de los autonomistas, un grupo de triquis que había participado en la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca (APPO), en 2006, y que venía del Movimiento de Unificación y Lucha Triqui-Independiente, preocupados por los pasos que debían dar después de esa experiencia, inició un proceso de consultas a autoridades tradicionales y con miembros de otras organizaciones sociales triquis. De ahí surgió la idea de construir un municipio autónomo. Esta propuesta fue discutida en asambleas, barrios y rancherías, de lo que resultó el acuerdo de declarar a San Juan Copala Municipio Autónomo. En enero de 2007, se realizó la ceremonia de confirmación de las autoridades municipales autónomas, elegidas entre las comunidades que se incorporaron a este proceso autonómico. Los triquis que participan en su construcción consideran que la autonomía puede ser la “manera pacífica de alcanzar la paz en su territorio” y un medio para superar las fuertes divisiones políticas internas entre las distintas organizaciones triquis surgidas en las décadas recientes: el Movimiento de Unificación y Lucha Triqui (MULT), el MULT-Independiente y la Unión de Bienestar Social Triqui, (Ubisort).


Para restablecer los vínculos entre las comunidades triquis de la región baja (injustamente divididas en distintas jurisdicciones municipales) estimaron necesario declarar el municipio autónomo San Juan Copala (autorestituyendo su categoría de municipio, suprimida arbitrariamente en 1948) y construir “un gobierno triqui”, de modo que puedan gobernarse por ellos mismos y crear sus “propios proyectos de desarrollo en convivencia, salud, educación, cultura”, sin tener que depender de los gobiernos municipales conformados por mestizos, “que no saben gobernar”. De hecho, esta dependencia es una de las causas del conflicto violento que se vive en la región. Por ello, evalúan que con la construcción de su municipio autónomo se liberan de la opresión y de la explotación de los caciques mestizos de los municipios a los que quedaron sujetos. También se liberan de las artimañas de las autoridades municipales para privar a las comunidades y agencias municipales triquis de la entrega de los recursos públicos que por ley les corresponden, así como del uso faccioso y corrupto que hacen de dichos recursos para apuntalar su poder caciquil y dividir al pueblo triqui. Los autonomistas consideran que con su municipio autónomo los recursos públicos “bajarían” a todas sus comunidades, eliminando así una de las fuentes de conflicto. En suma, la declaración del municipio autónomo significa para sus autores la reorganización del territorio y de las comunidades de la región triqui baja, así como la instauración de sus propias formas de gobierno y de decisión colectiva. Con todo ello, esperan poner fin a tanta violencia.

En todos los casos de construcción de autonomías de hecho mencionados, los pueblos están enfrentando el asedio y la agresión de grupos paramilitares, de elementos del ejército y de policías de todo tipo. Hay denuncias de presencia de grupos paramilitares en Chiapas, Oaxaca y en la Costa de Michoacán, y se sabe que estos grupos no pueden funcionar si no es con la protección del gobierno y con el financiamiento de grupos de poder político y económico. Sin embargo, la violencia se ha extendido a todas partes del país. En realidad, el verdadero culpable de esta violencia es el capitalismo. Detrás de la presencia del ejército y de los grupos paramilitares están las empresas mineras, turísticas, inmobiliarias, agroindustriales, carreteras, etcétera, esperando que los cuerpos represivos hagan su trabajo de debilitamiento de las resistencias para poder entrar a hacer grandes negocios.

II. Las declaraciones de autonomías de hecho no se han generalizado en todos los pueblos indígenas del país, salvo los casos mencionados. Lo que no quiere decir que la autonomía no esté en el horizonte político y en las luchas que están realizando todos ellos. De cualquier manera, la mayoría de los pueblos indígenas están enfrascados en fuertes resistencias locales y regionales frente a las viejas y nuevas formas de explotación y despojo de sus bienes colectivos (tierras, territorios, bosques, agua, biodiversidad, saberes), que llevan a cabo caciques, latifundistas y empresas nacionales y multinacionales con el apoyo de los gobiernos federal, estatal y municipal.

Actualmente destacan las luchas indígenas contra las múltiples y originales formas de invasión del capitalismo multinacional en sus territorios y comunidades. Son luchas puntuales y locales contra la minería a cielo abierto; contra la construcción de presas y parques eólicos; contra los transgénicos y en defensa de las semillas autóctonas; contra la biopiratería y la privatización de sus conocimientos colectivos; contra la mercantilización del agua; contra el despojo de sus tierras colectivas para grandes desarrollos turísticos, urbanísticos, comerciales y carreteros; contra la destrucción de los bosques comunales; contra los tratados de libre comercio de alimentos y la consecuente eliminación de los sistemas de producción agrícola nativos, y, en fin, contra la comercialización, la privatización y la “empresarialización” de la tierra, de la naturaleza, de la cultura, de la memoria y del conocimiento. Algunas de estas luchas locales se articulan en movimientos nacionales o en redes, según la esfera de penetración del capital en sus respectivos territorios, con el propósito de unificar las resistencias dispersas en la geografía nacional (como el Movimiento Mexicano de Afectados por las Presas y en Defensa de los Ríos o la Red Mexicana de Afectados por la Minería). En algunos casos, establecen lazos solidarios con movimientos y redes de otros países que enfrentan afectaciones similares.

En la Declaración de Xayakalan, los representantes de varios pueblos indígenas del país, reunidos en la Asamblea Extraordinaria del Congreso Nacional Indígena, realizada en la comunidad nahua de Santa María Ostula, Michoacán, en agosto de 2009, manifestaron que “este capitalismo se comporta ahora con la mayor saña que no se haya visto en la historia, en una empecinada voracidad por nuestros recursos, agua, viento, vidas, tierras y territorios (…) Hoy como ayer nuestros pueblos, naciones, tribus y comunidades enfrentamos en todo el continente la violencia sistemática, traducida en despojos, desalojos, asesinatos, cárceles, desaparecidos, exiliados”.

En 2008, en el marco de la celebración del quinto aniversario de las JBG, el teniente coronel insurgente Moisés recordó que en los primeros días de 1994 el gobierno calificó a los zapatistas de transgresores de la ley. Admitió perspicazmente que era cierto y que seguirían transgrediéndola, porque “es una ley protectora de todas las agresiones que hace el mal gobierno, de todas las violaciones que hace el mal gobierno. No protege a los millones de pobres en México, del campo y de la ciudad. Es una ley que está a beneficio de sus intereses de ellos (…) neoliberales”. Con estas palabras, Moisés deja ver la falsedad de la neutralidad de la ley porque beneficia a unos cuantos (los capitalistas y neoliberales) y desprotege y excluye a millones (los pobres de la ciudad y del campo). El punto es que la exigencia de respeto a la ley significa la obediencia a una forma de derecho estatal que implica determinadas relaciones socioeconómicas (capitalistas). Por tanto, respetar la ley implica aceptar tales relaciones, que producen y reproducen la desigualdad y la injusticia. Para los beneficiarios de la ley, no importa si ésta es injusta, sino que sea respetada. Para los excluidos y explotados, en cambio, respetar la ley implica dejarse explotar, despojar y excluir. Y si se resisten a todo ello son considerados transgresores. Así, todas las injusticias y las violaciones se cometen al amparo de la ley.

En consecuencia, cuando el insurgente Moisés afirmaba que los zapatistas seguirían transgrediendo la ley, estaba diciendo que seguirían rebelándose contra la explotación, la exclusión, la injusticia. Además, revirtió la acusación: “esa ley injusta es la que transgrede al pueblo”. Y apeló a otra ley por conquistar: “Nacerá otra ley que es palabra del pueblo, de todos los trabajadores. Que ellos la decidirán cómo es la ley que quieren. Para eso, compañeros, compañeras, tenemos que luchar.”

Consuelo Sánchez

Antropóloga y profesora-investigadora de la Escuela Nacional de Antropología e Historia

http://www.jornada.unam.mx/2010/08/21/maiz.html

La Guelaguetza: fiesta recuperada por el pueblo de Oaxaca.

Oaxaca, México. La Guelaguetza – palabra de origen zapoteco que significa “tiempo de dar y compartir” – es la máxima fiesta de los pueblos oaxaqueños. Durante décadas estuvo “secuestrada” por los gobiernos estatales y las instituciones oficiales, hasta que hace cinco años, en medio de la revuelta popular protagonizada por la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca (APPO), recuperó su carácter tradicional y festivo desde abajo.

El pasado 19 de julio se celebró en el estadio del Instituto Tecnológico de la ciudad de Oaxaca la Guelaguetza Magisterial y Popular 2010. Ésta es la quinta ocasión consecutiva en que la Asamblea Popular de Pueblos de Oaxaca (APPO) y la Sección XXII del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) y organizan – con gran éxito – la tradicional fiesta, como una alternativa a la “Guelaguetza oficial” que encabeza el gobierno de Ulises Ruiz, y cuyo costo de acceso por persona es de 400 pesos.

En esta colorida celebración popular participan diversos grupos folklóricos de las siete regiones del estado (Los Valles Centrales, La Sierra Juárez, La Cañada, Tuxtepec, La Mixteca, La Costa y el Istmo de Tehuantepec), quienes portan orgullosos los trajes típicos de sus pueblos y, además de ofrecer al público su música y sus bailes, comparten con éste los productos más representativos de la zona donde habitan: desde pepinos, panes, plátanos y cebollas, hasta piñas y botellas de mezcal.

Fue en el 2006 cuando en medio de un gran conflicto sociopolítico donde cientos de miles de personas exigían la destitución del mandatario estatal Ulises Ruiz, nació la Guelaguetza Magisterial y Popular, organizada por la sección XXII del SNTE y la APPO – asamblea que se conformó precisamente por aquellos días .

A partir de entonces, año con año, el movimiento popular oaxaqueño ha organizado el tradicional evento con el objeto de ofrecer una fiesta gratuita, a donde pueda asistir cualquiera que así lo desee y no sólo quienes tienen la posibilidad de pagar los 400 pesos que cuesta la entrada a la “Guelaguetza oficial”.

De esta manera, se busca conservar el espíritu de participación colectiva que representa la Guelaguetza: “un don gratuito, cuya única obligación es la de la reciprocidad”.

“Realizamos esta Guelaguetza número 5 en un escenario peculiar, importante y de trascendencia política para nuestros pueblos del estado de Oaxaca. Dimos un golpe al tirano Ulises Ruiz con esta Guelaguetza que es el reflejo de la participación de los pueblos. Hoy nuestra Guelaguetza es de los pueblos, para el pueblo y para toda la gente que hoy nos acompaña”, dijeron los organizadores durante la inauguración.

El escenario peculiar e importante de esta Guelaguetza fue la derrota del candidato de la derecha, Eviel Pérez, quien perdió las elecciones para gobernador del estado el pasado 4 de julio. Dicho acontecimiento fue celebrado por las diferentes delegaciones que participaron en la V Guelaguetza Magisterial durante todo el evento; por ejemplo, uno de los versos cantados por la delegación de la región de Miahuatlán (Sierra sur) decía así: “Vamos a hacer un jolgorio, celebremos todos juntos que el PRI ya está en su velorio.”

El estadio del Instituto Tecnológico de Oaxaca, totalmente lleno, albergó – durante las más de seis horas que duró el evento – alrededor de 20 mil personas que pudieron disfrutar gratuitamente los bailes presentados por diversos pueblos oaxaqueños como Putla de Jiménez, Juchitán de Zaragoza y Santos Reyes Nopala.

Además, el sábado y domingo anteriores al “Lunes del Cerro” (nombre que se le da a los lunes de Guelaguetza), la APPO y la sección XXII del SNTE ofrecieron también, de manera gratuita, el convite y la calenda, fiestas populares donde se recorrieron – con acompañamiento de música de banda – diferentes barrios de la ciudad, para finalizar arribando al zócalo, donde se hizo la tradicional quema de toritos y castillos (fuegos artificiales).

Por otro lado, la “Guelaguetza oficial” no fue llevada a cabo este año – como tradicionalmente se había hecho – en el Auditorio Guelaguetza de Cerro del Fortín, sino en el estadio de fútbol Benito Juárez, pues, según informaron varios medios locales, los trabajos de remodelación (en los que se planeaba poner un techo al auditorio), fueron literalmente abandonados por la empresa que la Secretaría de Obras Públicas del estado había contratado para dicho fin.

“Es una tontería querer poner un techo al Auditorio Guelaguetza; la gente va por que le gusta asolearse; además, ya no se venderían los sombreros”, plantea don Sixto, taxista de la ciudad de Oaxaca, y continúa: “(…) pero más tontería es que se pretenda cobrar por entrar a una fiesta que tradicionalmente ha sido del pueblo.”

Doña Socorro Santiago, quien es originaria de Tlacolula y vendió barbacoa durante la Guelaguetza Popular, comparte la opinión de don Sixto: “Esta es una fiesta para el pueblo, no para millonarios.” Socorro dijo también estar “muy contenta con la organización del la sección XXII del SNTE y de la APPO durante la planeación de la máxima celebración de los pueblo oaxaqueños.”

La APPO es una de las más representativas experiencias organizativas del movimiento social mexicano. Nació en junio del 2006, en el marco de una revuelta popular conformada por múltiples organizaciones sociales, ayuntamientos populares y sindicatos que demandaban la renuncia del gobernador del estado, Ulises Ruiz.

El descontento por el fraude electoral que puso en el poder a Ulises Ruiz, la intolerancia del gobierno local a los alcaldes nombrados por usos y costumbres, la nula atención del estado a las demandas sociales, el alto grado de represión contra los movimientos sociales y, sobre todo, la auto organización de los barrios y pueblos indígenas, dio origen a la APPO que, a pesar de la intensa represión padecida, no ha hecho otra cosa que consolidar su fuerza en Oaxaca, donde, después de las protestas del 2006 – una de las expresiones de descontento social más radicales en México en los últimos años –, las relaciones entre la sociedad y gobierno, no volverán a ser las mismas.

http://desinformemonos.org

Ameneza la UBISORT al padre Uvi en Oaxaca.

CENTRO REGIONAL DE DERECHOS HUMANOS “BARTOLOMÉ CARRASCO BRISEÑO” A. C.

5 de Agosto del año 2010

– PREPARA EL ESTADO ESCENARIO PARA ATAQUE AL PADRE UVI, DEFENSOR DE LOS DERECHOS HUMANOS.

– AMENZA LA UBISORT AL PADRE UVI, CON LA COMPLICIDAD DE AUTORIDADES ESTATALES.

ANTECEDENTES:

El Padre R. Fco. Wilfrido Mayrén Peláez, mejor conocido como “Padre Uvi”, Defensor de Derechos Humanos, fundador del Centro Regional de derechos humanos “Bartolomé Carrasco Briseño” AC. y coordinador de la Comisión Diocesana de Justicia y Paz, con un amplio y bien reconocido trabajo en el ámbito de los derechos humanos desde 1992, ha intervenido en infinidad de casos en los cuales su postura principal siempre ha sido la solución pacifica de los conflictos que viven las comunidades del Estado de Oaxaca. Desde hace 18 años, ha intervenido en la resolución de conflictos inter comunitarios siempre por la vía pacífica; un ejemplo de ello fue su colaboración en el conflicto agrario que tuvieron durante mucho tiempo las comunidades de Teojomulco y San Lorenzo Texmelucan, el cual dejo mas de 500 muertes y una herencia de dolor muy grande, incluso por su labor que desarrolló en ese entonces fue atacado en 1998, con armas de fuego, en un atentado en el que afortunadamente resultó ileso. En el año 2006, junto con el maestro Toledo y el Padre Obispo Arturo Lona, participó en la comisión de intermediación entre el gobierno del Estado y el Magisterio de la Sección XXII, ésta participación le ocasionó que en varios medios de comunicación lo ligaran a la APPO (Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca) y lo relacionaban con la guerrilla. Después asumió la defensa de un líder sindicalista que fue torturado por policías, por su intervención en el caso lo amenazaron en diferentes ocasiones por mensajes a su Celular.

Ante el ataque al Padre Martín él hace una serie de comunicados respaldando su trabajo y exigiendo al Estado respetar la labor ministerial del Padre y su labor como defensor de derechos humanos; en el mes de junio El Padre Martín es secuestrado y torturado por un grupo de priistas a favor de la mina en San José del Progreso y a raíz de la privación ilegal de la libertad y las lesiones que le ocasionaron, el padre Uvi asumió su defensa. Por su intervención en el caso en diferentes medios de comunicación se publica que el Padre esta vinculado a un grupo armado.

El 27 de abril del año 2009 cuando se enteró de la muerte de Bety Cariño y Jiry Jaakkola, él de manera publica denunció los hechos ocurridos, demando la investigación inmediata y exigió al Estado asumir su responsabilidad frente a estas muertes; después el Municipio Autónomo de San Juan Copala buscó al padre para que interviniera en el caso ya que la comunidad se encontraba en condiciones graves, a lo que él accedió y facilitó que fueran los agraviados quienes denunciaran lo que estaba pasando en la comunidad, él acercó a varios medios y organismos internacionales para que conocieran la situación que prevalece en el lugar.

HECHOS:

El dos de Julio de este año los representantes del Municipio Autónomo de San Juan Copala acuden a una entrevista con la Eurodiputadas Satu Hassi y Franziska Keller que visitaban Oaxaca, uno de los temas era conocer la situación de los derechos humanos y especialmente obtener información sobre el caso Copala, al salir de la reunión se dieron cuenta que eran perseguidos por los líderes de la UBISORT, ellos decidieron refugiarse en la Parroquia de Xochimilco, lugar de trabajo del Padre Uvi, a partir de este hecho sus colaboradores le avisan que gente sospechosa estuvieron rondando la parroquia por cuatro días.

El pasado treinta de Julio a raíz del asesinato de uno de los líderes de la Ubisort precisamente un día antes este grupo armado envía un boletín acusando al Padre Uvi de la muerte de su líder y a partir de este boletín algunos medios ligados totalmente al Gobierno del Estado como lo es el diario “Despertar” ubica en primera plana el día dos de agosto la nota titulada “El Padre UVI violenta la región Triqui” escrita por el supuesto reportero JORGE VEGA, quien retoma la acusación que hace la Ubisort por la muerte de su líder Anastasio Juárez. Además, el “director” del diario confecciona su nota “Milicianos y activistas subversivos rechazan al Ejército en los triquis” propiciando que se apruebe un ataque jurídico y/o físico en contra del Padre Uvi.

Nos preocupan los ataques que se han dado en contra del Padre ya que han sido cada vez más continuos y fuertes, inicia con una campaña a través de distintos medios para con esto crear una corriente de opinión en contra de su labor, desafortunadamente en Oaxaca son muchos los casos de ataque a defensores y creemos que gente del Gobierno y grupos en complicidad puedan atentar contra su integridad física y psicológica del defensor de los derechos humanos, ya que ante distintos hechos el gobierno ha protegido con toda impunidad algunos grupos, como en este caso es la UBISORT .

Conociendo la actuación del gobierno del Estado de Oaxaca y del grupo de la Ubisort, hacemos un llamado a todas las organizaciones sociales, de derechos humanos, personas y medios internacionales para que estén atentos y se pronuncien por la responsabilidad que tiene el Estado Mexicano para garantizar la seguridad, proteger la vida y permitir el trabajo que realizan los defensores y defensoras de derechos humanos en Oaxaca.

Pedimos enviar sus llamamientos a:

GOBIERNO FEDERAL:

· INVESTIGACIÓN REAL Y APEGADA A DERECHO SOBRE EL ATAQUE A LA PRIMERA CARAVANA HUMANITARIA DE OBSERVADORES INTERNACIONALES DONDE PIERDE LA VIDA BETY Y JIRY.

· ALTO AL ATAQUE A DEFENSORES DE DERECHOS HUMANOS EN EL ESTADO DE OAXACA

· HACER RESPONSABLE AL GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA DE CUALQUIER AGRESION FISICA, PSICOLOGICA Y MORAL QUE SE DE EN CONTRA DEL PADRE UVI.

· A LA COMISION NACIONAL DE DERECHOS HUMANOS PARA QUE INTERVENGA DE MANERA INMEDIATA EN TODAS LAS VIOLACION A A DERECHOS HUMANOS QUE SUFRE EL PUEBLO TRIQUI.

http://www.oaxacaenpiedelucha.info/2010/08/ameneza-la-ubisort-al-padre-uvi.html?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+oaxacaEnPieDeLucha+%28%C2%A1OAXACA+EN+PIE+DE+LUCHA!%29

Atenco y los pendientes.

El 1 de julio, al liberar a los 12 presos de Atenco, la Suprema Corte de Justicia de la Nación hizo lo que hace mucho no practicaba: impartir justicia. Hay que felicitarse por ello. Pero este acto que satisface a la nación no está exento de pesar. Desde hace cuatro años, muchas mujeres y hombres que no necesitamos haber pasado por las facultades de Derecho para saber lo que significa la justicia pusimos en evidencia no sólo la inocencia de esas personas, cuyo único delito fue defender su tierra y sus modos de vida frente a los intereses del poder, sino que señalamos también la impunidad en la que vive ese mismo poder que las reprimió, encarceló y condenó, y que, durante su detención, violó mujeres.

Después de cuatro años de dolor, de sacrificios, de luchas para resarcir esa injusticia, los verdaderos culpables, que tienen nombre y apellido, no sólo permanecen impunes, sino que, protegidos por el poder, continúan en las corporaciones policiacas o se encumbran en las esferas políticas. El caso más claro es el de Enrique Peña Nieto. Ese gobernador, que fue fundamental para que dicha injusticia se mantuviera durante cuatro años, no sólo permanece en su puesto, sino que, arropado por un PRI tan corrupto como su historia, se encumbra como virtual candidato a la Presidencia de la República.

En este sentido, el resarcimiento de la justicia que acaba de hacer la Suprema Corte no sólo es parcial, sino insuficiente. No basta con haber liberado a unos seres humanos que simplemente nunca debieron haber estado en prisión. Hay, además, que resarcirles esos cuatro años de sufrimiento, castigar a los culpables que cometieron ese delito y cumplir con un sinnúmero de pendientes que antes y después de esa inmensa injusticia han acumulado el Estado, los gobiernos y los partidos.

Desde hace 15 años no he dejado de firmar mis artículos con parte de esos pendientes. A lo largo de esos años, otros tantos agravios que han permanecido impunes y otras tantas traiciones a la justicia se han agregado. Si no los he sumado a mis demandas es porque de hacerlo ocuparían tal espacio que llenarían mi columna. Pero los conocemos, los llevamos en nuestros corazones, los sentimos con una rabia contenida y no hemos dejado de denunciarlos cada vez que la ocasión lo pide. Las columnas de los periodistas y de los analistas honestos de este país están llenas de ellos.

En el caso de los presos de Atenco, nuestro deseo era que esa liberación hubiese llegado antes de que la descomposición del país alcanzara niveles inauditos. Pensamos, de todas formas, que hay que alegrarse porque esa justicia hace despuntar una hoja de verdor en medio del desierto de la injusticia y caer un relámpago en las tinieblas del país. Pero no queremos solamente alegrarnos. Queremos también admirar y creer. Para ello es necesario que la justicia se pruebe antes de que la presión de los que la tienen clara, porque la aman sobre cualquier interés, la mantengan viva a costos muy altos.

Cómo nos gustaría, en este sentido, que el PRI dejara de proteger a criminales como Ulises Ruiz, Mario Marín y Enrique Peña Nieto para que sean procesados como los criminales que son; cómo nos gustaría que el gobierno federal y sus aparatos judiciales dejaran de proteger a los responsables de la muerte de los niños de la guardería ABC y a los asesinos de Acteal, cuyos nombres todos conocemos; cómo nos gustaría ver a los partidos políticos dejar sus corruptelas y sus pactos innaturales para que tengamos elecciones verdaderamente libres; cómo nos gustaría ver el cumplimiento de los Acuerdos de San Andrés para que el EZLN y las organizaciones de derechos humanos no tengan que mantenerse en estado permanente de alerta; cómo nos gustaría ver que la protesta social ya no se criminaliza y que se deja de fabricar delincuentes para proteger a los verdaderos criminales o justificar la ineficiencia de nuestras instituciones. En síntesis, queremos ver que, en el corazón mismo de este México que vive una vergonzosa descomposición, los hombres y mujeres que están encargados de impartir la justicia en nuestra nación comiencen a impartirla con verdad y a corregir lo que toda la nación sabe que hay que corregir para honrar a la justicia.

Es duro saber que las más altas instancias que protegen la justicia de México han dejado este cuidado a ciudadanos que no tienen su autoridad, algunos de los cuales, incluso, como los propios presos de Atenco, han estado privados de la esperanza de la que cualquier justicia vive. Son ellos, que han dado lo mejor de sí mismos en la lucha común y que no perciben los jugosos salarios de nuestros jueces, quienes han tenido la razón y estaban en el bien.

La virtud de la justicia, hay que recordarlo, no es un discurso que se debate en el intrincado bosque de los tecnicismos jurídicos que sólo protegen intereses, sino un acto cuyo sentido, en relación con el bien, es inequívoco. Por ello, la justicia, que es una virtud, no está en el Estado ni en las leyes ni en los partidos ni en la nación, sino en las personas que los integran; una virtud que sólo existe, como en el caso de Atenco, en los justos que la defienden y la hacen valer. Es desde allí que debemos continuar enfrentando nuestros pendientes, que, día con día, son, para nuestra vergüenza, más.

Además opino que hay que respetar los Acuerdos de San Andrés, liberar a todos los zapatistas presos, derruir el Costco-CM del Casino de la Selva, esclarecer los crímenes de las asesinadas de Juárez, sacar a la Minera San Xavier del Cerro de San Pedro, liberar a los presos de la APPO y llevar a Ulises Ruiz a juicio político.

Javier Sicilia.

http://www.proceso.com.mx

Presentación de Documental: “OAXACA RESISTE” en Barcelona.

Oaxaca, México. 14 de Junio de 2006, la policía federal reprimió con armas de fuego, gas lacrimógeno y helicópteros, una manifestación pacífica de profesores de la Sección XXII del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE). Los profesores ocupaban el centro de Oaxaca en demanda de mejoras salariales, herramientas e inmobiliario de trabajo digno, libros escolares y servicios sociales para estudiantes de bajos recursos. La represión despertó una reacción de la sociedad civil, la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca (APPO), planteando una nueva forma de organización política y social no vista hasta entonces.

Lugar: Casa de la Solidaritat – Calle Vistalegre, 15 – 08001 – Barcelona.

Fecha:  Lunes 14 de junio,19.30 hrs.


URGENTE: Asesinan a líder triqui del municipio autónomo San Juan Copala, Oaxaca20.05.2010

Timoteo Alejandro Ramírez, líder triqui de la comunidad de Yosoyuxi y uno de los principales impulsores del municipio autónomo de San Juan Copala, Oaxaca, fue asesinado en su casa este jueves 20 de mayo de 2010.

De acuerdo con Miguel López, campesino de Yosoyuxi y simpatizante de la lucha por la autonomía de la “nación triqui”, los asesinos serían del Movimiento de Unificación y Lucha Triqui (MULT).

A la comunidad de Yosoyuxi, la tarde del jueves llegó un camión de carga procedente de la cabecera municipal de Putla. Ofreció a los lugareños la venta de comestibles y bebidas. Cuando descargaban la mercancía en casa de Timoteo Alejandro, los falsos vendedores dispararon contra el líder triqui y su esposa Cleriberta Castro.

Nadie se percató en el momento. Los asesinos entraron como salieron. Minutos después, un vecino de la familia Alejandro Castro encontraría los cuerpos cuando intentaba comprar en la tienda de Timoteo. Según los habitantes de Yosoyuxi, los sicarios eran mestizos. Presumen que fueron contratados por el MULT.

De 45 años, Timoteo Alejandro era el principal líder del Movimiento de Unificación y Lucha Triqui-Independiente (MULTI), la organización que se adhirió a la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca en 2006 y convocó, a finales de ese año, a la instauración de un Municipio Autónomo triqui con cabecera en San Juan Copala, el principal centro político y ceremonial de ese pueblo indígena.

La convocatoria cautivó a triquis de decenas de comunidades, que comenzaron a abandonar a las dos organizaciones históricas de la región: el MULT y la Unidad para el Bienestar Social de la Región Triqui (Ubisort), esta última afiliada al Partido Revolucionario Institucional (PRI). El Municipio Autónomo fue declarado en enero de 2007; pero los liderazgos históricos desplazados amenazaron a las nuevas autoridades autónomas, elegidas mediante usos y costumbres de la cultura triqui.

A mediados de 2006, cuando las comunidades que formarían el MULTI ya se habían separado del MULT, una emboscada acabó con la vida del primogénito de Timoteo, también de nombre Timoteo Alejandro. El joven contaba con 19 años de edad. Los indígenas de Yosoyuxi acusaron al MULT.

Las emboscadas contra los impulsores del Municipio Autónomo continuaron hasta que el 28 de noviembre pasado, grupos paramilitares de la Ubisort y, aseguran simpatizantes del municipio autónomo, también del MULT, impusieron un cerco y un toque de queda permanente a San Juan Copala

Desde hace seis meses, los grupos armados cortaron los cables de energía eléctrica y teléfono y rompieron los ductos del agua potable. Nadie puede caminar las calles de Copala porque los paramilitares, apostados en las colinas circundantes, en el barrio de La Sabana y en los cuarteles que el Ejército y la policía abandonaron, disparan contra toda aquella persona que intente salir de sus casas. Sólo algunas mujeres pueden caminar unas horas al día en ese pueblo triqui. La presidencia municipal, la iglesia, las escuelas y las casas habitación son baleadas día y noche por los grupos armados.

San Juan Copala y Yosoyuxi, las principales comunidades impulsoras del Municipio Autónomo, se encuentran en medio de las comunidades pertenecientes a las organizaciones que le son antagónicas: la Ubisort y el MULT. El camión con lo atacantes provenía de la zona controlada por esta última organización, aseguran los habitantes de Yosoyuxi.

http://contralinea.info/archivo-revista/index.php/2010/05/20/grupo-paramilitar-mata-a-timoteo-alejandro-ramirez/


@twewwter

Error: Twitter did not respond. Please wait a few minutes and refresh this page.

January 2020
S M T W T F S
« Sep    
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031  

Join 727 other followers

Archivo