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Chiapas, México: A punto de estallar otros Acteal.

La estrategia que comprende el despojo de territorio y agresiones paramilitares contra comunidades zapatistas avanza en Chiapas y presenta una nueva escalada de violencia.

En este momento dos comunidades zapatistas, una en la Selva Lacandona y otra en la zona montañosa del norte de Chiapas, están, cada una, a merced de centenar y medio de paramilitares armados que invadieron sus territorios.

El primero es el caso del poblado Nueva Purísima, del municipio autónomo Francisco Gómez, en la Selva Lacandona: el  lunes pasado alrededor de 150 personas armadas, algunas transportadas en camionetas de la presidencia municipal de Ocosingo, invadieron 178 hectáreas cultivadas por zapatistas.

El otro caso es el de la comunidad de San Patricio, del municipio autónomo La Dignidad, en la zona montañosa del norte de Chiapas, que denuncia que más de 150 paramilitares armados invadieron en días pasados sus terrenos y la tienen cercada.

En San Patricio las bases zapatistas reconocieron entre los invasores a policías municipales y dirigentes del grupo paramilitar Paz y Justicia. Los hombres portan armas de grueso calibre y postrados en los caminos y en la montaña prohíben que alguien salga de la comunidad.

Esta situación lleva 11 días en San Patricio y se vuelve más alarmante, pues los paramilitares disparan sus armas para impedir que   la gente se abastezca de sus cultivos o recoja leña.

Además los paramilitares ya se apropiaron de sus cosechas y algunos animales, destruyeron los corrales de cría de animales, quemaron 18 hectáreas de pastizales y derribaron 200 árboles de madera fina.

En contraste, las bases zapatistas están desarmadas, sufriendo escases de alimento y de leña.

En Nueva Purísima y San Patricio el estallido de violencia está latente.

¿Porqué tanta agresión contra poblaciones desarmadas que viven de proyectos colectivos autosustentables agrícolas y de cría de animales?

Estos no son casos ni nuevos ni aislados. Las bases zapatistas resisten, desde su irrupción en 1994, una estrategia contrainsurgente del Estado que entre otras modalidades comprende la de provocar conflictos con comunidades no zapatistas o crear grupos paramilitares.

De esta manera, sin involucrar directamente a las fuerzas armadas, pueblos indígenas en pobreza extrema, con altos grados de alcoholismo y en pugna interna por apoyos partidistas y asistenciales, atacan a pueblos zapatistas.

El despacho jurídico Rafferty Kobert Tenenholtz Bounds & Hess, P.A. de Miami quiere exhibir la creación de esa estrategia contrainsurgente, pues esta semana presentó, en un tribunal de Connecticut, una demanda judicial contra el expresidente Ernesto Zedillo por la matanza de Acteal.

Como se sabe, la masacre la perpetró un grupo paramilitar contra una población indígena indefensa, dejando un saldo de 45 víctimas, entre éstas 21 mujeres y 15 infantes, en 1997.

Zedillo vive en Connecticut y da clases en la Universidad de Yale. Hasta allá lo alcanzó la impunidad cometida en la masacre de Acteal, pues una ley federal del país vecino permite a extranjeros el derecho a demandar a residentes en suelo estadounidense por delitos de lesa humanidad.

El despacho jurídico que representa a un puñado de sobrevivientes de Acteal buscará probar la implementación del “Plan de Campaña Chiapas 94”, según el cual el expresidente dotó de armas a grupos  indígenas locales para que hostigaran y atacaran a poblaciones neutrales y zapatistas.

Bajo el gobierno de Zedillo salió a la luz Paz y Justicia, el grupo paramilitar que tiene cercado a San Patricio.

En 1997 a Paz y Justicia se le acusó de cercar comunidades simpatizantes zapatistas del municipio de Tila. El grupo les impidió el tránsito carretero, el paso de comida y medicinas, y se le responsabilizó de cometer violaciones sexuales y 46 asesinatos.

El EZLN también ha denunciado otras modalidades de esa estrategia contrainsurgente: despojo violento o burocrático de los terrenos apropiados por el EZLN durante la insurrección de 1994, proliferación de programas asistenciales a comunidades rivales, creación de nuevos asentamientos castrenses, entre otros.

Sin embargo en los últimos meses se han incrementado las  agresiones y despojos de otros grupos paramilitares como la Organización Regional de Cafeticultores de Ocosingo (ORCAO), o de militantes del PRI, PAN y PRD en comunidades de la Selva Lacandona, Los Altos de Chiapas y la selva fronteriza.

El caso de San Patricio evidencia la provocación abierta para que el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) tome de nuevo las armas.

EL EZLN depuso las armas cuando tras el rechazo legislativo de los Acuerdos de San Andrés Larráinzar en 2001, decidió convertirse en un movimiento civil pacífico. Las depuso, pero no las entregó. Y el subcomandante Marcos ha dicho que sólo las utilizarán para defenderse.

Si el EZLN respondiera a la violencia paramilitar, el Estado justificaría el uso de la fuerza castrense para tomar el territorio zapatista y así sofocar la experiencia autónoma.

Se pensó que la experiencia zapatista sucumbiría con el tiempo. Lo cierto es que si bien bajó en visibilidad, consolida su  autonomía y sirve de inspiración a etnias que impulsan procesos similares.

La lección autonómica zapatista es simple: rechaza cualquier apoyo partidista o programa gubernamental; no participa en elecciones; promueve la organización colectiva, horizontal e incluyente; creó programas de salud, educación, gobierno e impartición de justicia con identidad propia; estableció proyectos productivos autosustentables y protege su tierra y recursos naturales.

Si bien es simple, esa lección también es poderosa, pues mueve conciencias colectivas en un momento en el que la crisis capitalista provoca que gobiernos e iniciativa privada codicien las extensiones de tierra y los recursos naturales de territorios indígenas.

De esta manera, comienza a proliferar la resistencia activa de  comunidades indígenas en salvaguarda de su riqueza natural.

Lo vemos actualmente en el pueblo yaqui de Vicam, Sonora, que ha cerrado carreteras en protesta por la construcción de un acueducto que los despojará de miles de hectáreas de riego.

También lo vemos en la población purépecha de Cherán, Michoacán, que se atrincheró en defensa de sus bosques ante la devastación impune cometida por talamontes.

De idéntica manera se actúa en Ostula, Michoacán, donde la población nahua creó un movimiento de autodefensa para recuperar más de 700 hectáreas de propiedad comunal arrebatadas por los caciques del lugar.

Y estamos a punto de verlo en comunidades indígenas de la montaña de Guerrero, sede de la afamada policía comunitaria, que se oponen a la llegada de compañías mineras canadienses a sus bosques.

La autonomía zapatista inspira por igual la lucha de etnias o poblaciones rurales de Oaxaca, Veracruz, Jalisco, Baja California, Campeche, entre otros estados.

Todo indica que la lección zapatista se extenderá en el país conforme se agudice más la crisis capitalista.

Así es como desde lugares apartados y empobrecidos se fortalecen retículas de lucha y sobrevivencia. Se trata de nuestros propios indignados.

Sin embargo, la autonomía zapatista está más vulnerable que nunca. En los últimos tres meses grupos paramilitares agredieron a comunidades zapatistas de cada uno de los cinco Caracoles en las que éstas se aglutinaron por regiones: Oventic, La Garrucha, Morelia, La Realidad  y  Roberto Barrios.

Ahora San Patricio, en el Caracol de Roberto Barrios “Nueva semilla que va a producir”, y Nueva Purísima, en el Caracol de La Garrucha “El camino del futuro”, están en peligro de sufrir otra masacre como la de Acteal.

La responsabilidad del desenlace de estas invasiones paramilitares recae directamente en el gobierno estatal de Juan Sabines y el gobierno federal de Felipe Calderón.

Ataque armado a poblado zapatista de Bolón Ajaw por pobladores priístas de Agua Azul. Pronunciamiento público FRAYBA

Pronunciamiento público

Ataque armado a poblado zapatista de Bolón Ajaw por pobladores priístas de Agua Azul

  • El Gobierno del Estado busca evadir su responsabilidad en el conflicto suscitado y denunciado desde el 2007 e intenta culpar a las Bases de Apoyo Zapatistas del ataque armado contra el poblado zapatista de Bolón Ajaw.
  • El Gobierno Federal presiona para una intervención militar contra civiles “Bases de Apoyo Zapatistas” e incrementa operaciones de inteligencia de fuerzas mixtas militares y civiles.
  • La Junta de Buen Gobierno realiza acciones para un acuerdo de distensión basado en los procedimientos de la justicia autónoma indígena.
  • Falta de voluntad del gobierno estatal cierra posibilidades de acuerdo de distensión.

El día 6 de febrero de 2010, a las 9:00 horas, este Centro de Derechos Humanos recibió información de la Junta de Buen Gobierno “Corazón del Arcoíris de la Esperanza” (JBG de Morelia), sobre la situación de emergencia existente en la zona derivado de un ataque armado en contra del poblado zapatista de Bolón Ajaw, perteneciente a la Región Autónoma San José en Rebeldía, Municipio Autónomo Rebelde Zapatista Comandata Ramona, del Caracol IV “Torbellino de Nuestras Palabras”.

Por otro lado, a las 9:39 hrs. funcionarios del Gobierno del estado de Chiapas establecieron comunicación con este Centro para saber si se tenía información acerca de un enfrentamiento en Bolón Ajaw. Hicimos de su conocimiento la solicitud de intervención por parte de la Junta de Buen Gobierno, sin que se tuviera mayor información al respecto por el momento.

Fue así que integrantes de este Centro se trasladaron de manera inmediata a la sede de la Región San José en Rebeldía para entrevistarse con las Autoridades del Municipio Autónomo Rebelde Zapatista Comandanta Ramona y documentar la situación del ataque armado perpetrado contra Bases de Apoyo Zapatistas por parte de pobladores de Agua Azul identificados como integrantes del Partido Revolucionario Institucional (PRI), mismos que se presumió en el año 2007 –según versión oficial-[1], habrían entregado las armas y abandonado su militancia en la Organización Para la Defensa de los Derechos Indígenas y Campesinos, A.C. (OPDDIC)[2].

Cabe señalar que la situación de agresiones y hostigamientos de pobladores de Agua Azul, miembros de la OPDDIC, contra las Bases de Apoyo Zapatista del poblado de Bolón Ajaw, había venido siendo documentada y denunciada de manera reiterada tanto por la Junta de Buen Gobierno, como por diversas organizaciones civiles, principalmente a partir del año 2007 ante el  incremento del clima de violencia generado por la OPDDIC.

Desde entonces, el Gobierno del estado ha sido responsable de mantener en impunidad las acciones de agresión y hostigamiento realizadas por los militantes de la OPDDIC, de administrar el conflicto en el tiempo y no darle solución definitiva. Esta situación colocó al grupo de filiación priísta bajo un manto de impunidad que favoreció su beligerancia y la escalada del clima de hostilidad contra los pobladores de Bolón Ajaw.

Es así que los presuntos ex militantes de la OPDDIC invadieron apenas hace unas semanas,  la tierra recuperada de los pobladores de Bolón Ajaw, para estar en condiciones de participar en la gestión de los proyectos ecoturísticos planeados para ese territorio por parte del Gobierno Federal y Estatal. En respuesta, Bases de Apoyo Zapatistas se han movilizado para retomar el control de ese territorio en dónde dicho grupo perpetró deleznable ataque armado contra las Bases de Apoyo Zapatistas.

Ante la gravedad del evento, este Centro reconoce la sensibilidad y responsabilidad de la Junta de Buen Gobierno, ya que en su calidad de Autoridades Autónomas establecieron acciones inmediatas para la distensión. De esta manera, propusieron a este Centro de Derechos Humanos realizar la tarea de “puente de comunicación”, papel que fue aceptado. Es decir, “prestar oído” a las propuestas de parte del Gobierno del estado de Chiapas, cuya palabra pareció representar los intereses y voz de los pobladores priístas de Agua Azul, y entregarlas a la Junta de Buen Gobierno para su consulta y nuevas propuestas.

Desde esa posición, este Centro fue testigo de los procedimientos de justicia autónoma indígena donde las propuestas guardaron equilibrio entre realizar acciones que demostraran buena voluntad para avanzar hacia los acuerdos, y la exigencia del reconocimiento de la serie de agresiones de que había sido objeto la comunidad de Bolón Ajaw por exigir respeto a su territorio.

Por otra parte, el Gobierno del estado, manifestó que la única salida viable para resolver este conflicto era establecer una mesa de diálogo en Palacio de Gobierno, en la que tendría que presentarse una representación de la comunidad zapatista de Bolón Ajaw, ya que los líderes priístas de Agua Azul ya se encontraban ahí. Que dicha mesa sería presidida por el Gobernador, y que en caso de no hacerse así, no habría  otra salida que la intervención militar. Ésta era la posición sostenida desde Tuxtla Gutiérrez, por los representantes de instancia federales (SEDENA, PGR, PF), estando presentes por el Gobierno del estado de Chiapas, el Gobernador, el Secretario General de Gobierno y el Procurador General de Justicia del Estado.

Es importante señalar que mientras se buscaba una salida acordada a esta problemática, la tensión en la región se incrementó debido a la realización de un operativo de fuerzas mixtas Federales y Estatales. Se realizaron sobrevuelos de helicópteros en la comunidad de Bolón Ajaw, se enviaron 6 camiones tipo torton de transporte con elementos policíacos, y alrededor de 15 camionetas de la Policía Estatal Preventiva instalados en la comunidad de Xanil (a 15 minutos del crucero Agua Azul).

Fue constante el movimiento de agentes de inteligencia del Estado que se disfrazaban de periodistas y turistas para ingresar en Agua Azul.  Así también había pobladores de la región que fungían como informantes de diferentes instancias gubernamentales. Además, este Centro fue informado de la incursión de un grupo de fuerzas mixtas del Ejército Mexicano, Procuraduría General de la República y Policía Federal en el territorio de Agua Azul.

Con estas acciones, el Gobierno del estado no abonó a la distensión y solución del conflicto. Mostró una falta de voluntad para corresponder a las acciones de distensión establecidas por la Junta de Buen Gobierno; se mantuvo modificando y radicalizando su postura frente a los pasos a seguir para caminar hacia un acuerdo sólido. De esta manera hizo evidente su estrategia de “ganar-ganar”, lógica en la política institucional, pero estrategia poco sensible ante la magnitud del problema y los actores que estaban interviniendo, señal de falta de respeto por la vida comunitaria de los Pueblos Indígenas.

Del mismo modo, mientras expresaba su disposición de llegar a acuerdos, utilizaba los medios de comunicación para tergiversar y fabricar una versión que culpaba a las Bases de Apoyo Zapatistas de Bolón Ajaw. Asimismo, intentó también criminalizar a los ejidatarios adherentes de la Otra Campaña del Ejido San Sebastián Bachajón y con esto buscar presionarlos para participar en la mesa de diálogo y ahí orillarlos a entregar la caseta de cobro.

Ante la posición del Gobierno del estado, la Junta de Buen Gobierno dio por finalizado el puente de comunicación, y por tanto el papel que el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas A.C. desarrolló. Este Centro desea expresar que debido al cumplimiento de responsabilidad en la interlocución que se asumió para la facilitar la comunicación entre las partes, para la construcción de acuerdos que dieran solución a este conflicto, no había emitido información pública alguna.

Ante todo lo ya expuesto este Centro de Derechos Humanos manifiesta:

1. Profunda preocupación ante los hechos sucedidos en el poblado de Bolón Ajaw, producto de la mala actuación y omisión por parte del Gobierno del estado para resolver un problema ante el clima de violencia generado en contra de las Bases de Apoyo Zapatistas por parte de pobladores de Agua Azul, mismos que son integrantes del PRI, y presuntamente ex militantes de la OPDDIC.

2. Rechazamos el intento del Gobierno del estado de responsabilizar del ataque armado contra el poblado zapatista de Bolón Ajaw a las Bases de Apoyo Zapatistas, a los adherentes de la Otra Campaña del ejido San Sebastián Bachajón, y de generar condiciones para una intervención militar, ordenada por el gobierno federal contra la población civil, situación que agravaría las condiciones del conflicto armado interno no resuelto en Chiapas.

3. Responsabilizamos al Gobierno federal y estatal de actuar en contra de la Paz a la que como pueblo Soberano de México tenemos derecho.

4. Hace un llamado URGENTE a la sociedad civil nacional e internacional, comprometida con la defensa y ejercicio de los Derechos Humanos, a pronunciarse en contra del claro incremento de las acciones de violencia en contra el proceso autonómico, civil y pacífico, de las Bases de Apoyo Zapatistas y sus Juntas de Buen Gobierno como instancias civiles.

Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas, A.C.

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Nota: En breve, este Centro hará público un informe que describe la documentación recabada en la zona, misma que da testimonio del ataque armado contra la población civil zapatista de Bolón Ajaw.


@twewwter

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