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“Misión oficial” europea revisará caso Copala.

BRUSELAS, 18 de junio (apro).- El mismo día (el pasado martes 15) en que el presidente mexicano Felipe Calderón anunció que contratará agencias de relaciones públicas para que “promuevan” la imagen del país en el extranjero, diputadas del Parlamento Europeo informaron que viajarán a México para pedir de manera directa a las autoridades que castiguen a los asesinos del activista finlandés Jyri Jaakkola y la mexicana Beatriz Cariño, ejecutados el pasado 27 de abril, cuando la caravana de paz en la que se dirigían a San Juan Copala, Oaxaca, fue atacada por un grupo armado.

Entre el 30 de junio y el 4 de julio próximos, las eurodiputadas Satu Hassi, de Finlandia, y Franziska Keller, de Alemania, estarán en la Ciudad de México y en Oaxaca, previo a las elecciones para gobernador que tendrán lugar en esta última entidad el domingo 4 de julio.

El objetivo de esa “misión oficial” es, por un lado, “conocer el grado de avance de las investigaciones” en torno de los asesinatos de Jaakkola y Cariño y, por otro, “pedir la identificación y castigo de los autores, tanto materiales como intelectuales, de dichos crímenes”, señala un comunicado del grupo de los Verdes del Parlamento Europeo, al que pertenecen ambas eurodiputadas.

El mismo documento indica que Hassi y Keller pedirán a los funcionarios mexicanos con los que se entrevisten “la disolución de los grupos ilegales armados en Oaxaca”, así como “una solución duradera al conflicto sufrido por los indígenas triques que haga valer su derecho a una vida digna, según sus criterios, y en acuerdo con el derecho nacional e internacional”.

En México, las eurodiputadas se entrevistarán con organizaciones defensoras de los derechos humanos y con la representante en el país de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Adriana Valiña.

Según la agenda provisional, las legisladoras europeas buscarán también reunirse con el procurador general de la República, Arturo Chávez Chávez, y con el titular de la Unidad para la promoción y defensa de los derechos humanos de la Secretaría de Gobernación, José Antonio Guevara Bermúdez.

En Oaxaca, donde estarán el 2 y 3 de julio, Keller y Hassi tramitan citas con el gobernador Ulises Ruiz; el secretario de gobierno, Evencio Nicolás Martínez Ramírez; la procuradora de justicia, María de la Luz Candelaria Chiñas, y el secretario de Seguridad Pública, Javier Rueda Vázquez.

El pasado 5 de mayo, Hassi acusó la “cultura de impunidad” que reina en México, lo que hace temer a la familia Jaakkola, comentó la eurodiputada, de que los asesinos de Jyri sean protegidos por las autoridades estatales y federales.

“Sin presión internacional –añadió–, mucha gente que conozco desconfía que se lleve a cabo una investigación” (Proceso 1749).

Decepcionante

Satu Hassi había acudido previamente a la embajadora de México ante la Unión Europea, Sandra Fuentes-Beráin, para que ésta le explicara y aclarara sus dudas respecto de los hechos ocurridos el 27 de abril en Oaxaca.

La cita con Fuentes-Beráin, celebrada el 6 de mayo pasado, a la que también asistió la eurodiputada Heidi Hautala, fue “extremadamente decepcionante”.

Así lo reportó un documento interno del grupo verde del Parlamento Europeo, fechado el 10 de mayo y dirigido a todos los miembros de esa bancada, sus consejeros y asistentes, para informarles del caso

En ese reporte se asegura que la embajadora mexicana “presentó sus condolencias por el ‘accidente’ que costó dos vidas”, que “no había grupos paramilitares en México” y que, “en cambio, había muchas fuerzas paralelas en Oaxaca”, por lo que “el conflicto en ese estado era de carácter inter-étnico e inter-religioso”.

Fuentes-Beráin, continúa el reporte, también explicó a Hassi y Hautala que “el sistema judicial en México es extremadamente complicado, por lo que es muy frecuente que los culpables no sean llevados ante la justicia”.

La diplomática, prosigue el reporte, las invitó a México para “ver la realidad”, y les pidió acompañar al país en su esfuerzo para lograr una reforma del sistema judicial” y dejar de informarse con revistas como Proceso, que “odian al gobierno y no son creíbles, según ella”, acota el mencionado documento.

El pasado martes 1, en una rueda de prensa realizada en el marco de la visita de Omar Esparza, esposo de Beatriz Cariño, al Parlamento Europeo, Hautala, quien es la presidenta del Subcomité de Derechos Humanos de ese recinto, dijo:

“Tuvimos contacto con la embajadora mexicana ante la UE, quien de manera desafortunada utilizó las palabras equivocadas al asegurar que había sido un accidente” la muerte de Cariño y Jaakkola.

Tras ese “decepcionante” encuentro con Fuentes-Beráin, las eurodiputadas confirmaron la necesidad de enviar una delegación oficial a México.

Preparados

El pasado 2 de junio tuvo lugar una reunión del Subcomité de Derechos Humanos del Parlamento Europeo.

Un oficial del secretariado general del Consejo –la institución que representa a los 27 gobiernos de la UE– tomó nota de las partes sustanciales de tal encuentro. El 7 de junio transmitió tales notas a las delegaciones en Bruselas de esos 27 gobiernos. El objetivo: mantenerlas informadas de las principales preocupaciones del Parlamento Europeo en la materia.

En ese documento de tres páginas, con el número de expediente 10756/10, destacan las menciones sobre la situación de los derechos humanos en México.

Y señala: “La presidencia (del Subcomité de Derechos Humanos del Parlamento Europeo) mencionó varios casos individuales y colectivos de violaciones a los derechos humanos alrededor del mundo, entre otros, los asesinatos de Beatriz Cariño y Jyri Antero Jaakkola en Oaxaca, México”.

El documento indica que la eurodiputada lituana Laima Liucija Andrikiene, del grupo del Partido Popular Europeo, manifestó su preocupación por “los recientes asesinatos de periodistas en México”.

Un oficial de la Comisión Europea, la institución que gestiona las relaciones de la UE con México, explicó –dice el documento del Consejo– que ésta “sigue estrechamente la situación en México, y que regularmente aborda asuntos de derechos humanos en sus contactos bilaterales con las autoridades mexicanas”.

Ese oficial mencionó en particular el caso de “las fuerzas militares utilizadas para acciones policiacas (en la lucha contra el narcotráfico) y la situación de los defensores de derechos humanos y de la libertad de expresión”, y subrayó que tales temas fueron “notablemente” discutidos con el gobierno mexicano en el primer diálogo de derechos humanos que tuvo lugar el pasado 12 de mayo en el Distrito Federal.

El mismo oficial de la Comisión Europea consideró que las autoridades de México “habían mostrado generalmente su compromiso para mejorar su récord de violaciones a los derechos humanos”.

El 10 de junio pasado, el caso Jaakkola salió nuevamente durante la reunión del Subcomité de Derechos Humanos del Parlamento Europeo con Juan Duarte Cuadrado, presidente del Grupo de Trabajo del Consejo sobre Derechos Humanos.

En esa ocasión, Duarte, también director de la Oficina de Derechos Humanos del Ministerio de Exteriores de España, confirmó que la UE había tratado el asesinato de Jaakkola con los diplomáticos del gobierno calderonista durante la Cumbre bilateral que se realizó el 16 de mayo en Santander, previa a la cumbre euro-latinoamericana.

Sin embargo, Duarte reconoció que “los mexicanos venían muy preparados” para poder minimizar la gravedad de las violaciones a los derechos humanos en el país, por lo que los europeos, explicó, se quedaron sin argumentos para profundizar en la discusión sobre ese y otros casos referidos.

“Para la próxima que discutamos con los mexicanos temas de derechos humanos, hay que prepararse mejor”, fue la recomendación de Duarte a los eurodiputados.

http://www.proceso.com.mx/rv/modHome/detalleExclusiva/80504

Centros de Acopio para el Municipio Autónomo de San Juan Copala.

En Monterrey:

CETLAC, Ramón Treviño entre Alvaro Obregón y Platón Sánchez. Col. Terminal (A cuatro cuadras al poniente del metro F.U.Gómez), Monterrey, Nuevo León.Lunes a Viernes de 10:00 a.m a 5:00p.m y sábados de 10:00am a 3:00p.m.

http://autonomiaencopala.wordpress.com/

Boletín de prensa de la Comisión Civil Internacional de Observación por los Derechos Humanos (CCIODH)

Alerta ante la grave escalada de violencia en la región Triqui.

Los gobiernos federal y estatal responsables del cerco al que se ve sometido San Juan Copala por paramilitares de la UBISORT.

La escalada de la violencia y la impunidad reinante en la zona triqui de Oaxaca, evidenciada hasta el extremo con el cerco paramilitar que sufre el municipio autónomo de San Juan Copala ha desembocado en dos nuevos homicidios.

El cerco paramilitar, que la organización Unión de Bienestar Social de la Región Triqui (UBISORT) -vinculada al PRI- mantiene desde el mes de noviembre al Múnicipio Autónomo de San Juan Copala, impide su normal abastecimiento y la libre circulación de las personas como fue el caso de la retención y el secuestro de mujeres y niños que el pasado 15 de mayo habían salido para comprar alimentos.

El pasado 20 de mayo se produjeron los homicidios de Timoteo Alejandro Ramírez y su esposa Cleriberta Castro Aguilar, ambos por disparos de bala en la cabeza tras ser atacados en su propia casa, en la comunidad triqui de Yosoyuxi. Ramírez era dirigente del Movimiento de Unificación y Lucha Triqui – Independiente (MULT-I) y líder moral del municipio autónomo. Las autoridades autónomas, responsabilizan al Movimiento de Unificación y Lucha Triqui (MULT) y al gobierno de Oaxaca de estos dos homicidios.

A estos últimos homicidios, le precede un mes antes la emboscada realizada contra la caravana humanitaria de observación y solidaridad con el municipio autónomo, en la que también resultaron muertos Beatriz Alberta Cariño Trujillo, activista y defensora de Derechos Humanos y Jyry Antero Jaakkola, ciudadano finlandés que formaba parte de la caravana, varias personas más fueron heridas y otras cuatro tuvieron que permanecer escondidas durante dos días.

La responsabilidad del ataque a la caravana se ha atribuido finalmente a la organización UBISORT, después que el dirigente Rufino Juárez Hernández anunciara días antes que impedirían a toda costa el paso de la misma. Esta amenaza pública en relación a este ataque evidencia la responsabilidad del gobierno de Oaxaca y ponen totalmente en cuestión las declaraciones del mismo en el sentido que desconocían la realización de la caravana. A esto se añade, y es totalmente inaceptable, que ante la gravedad de los delitos ocurridos, la única investigación que anunciara el gobernador Ulises Ruíz fuera respecto a la calidad migratoria de las personas extranjeras que participaron en la caravana.

Como respuesta a estos hechos y a la situación de sitio del municipio de San Juan Copala, la convocatoria de una nueva caravana por parte de sus autoridades, el próximo 8 de junio, es legítima y debería poder realizarse con normalidad para garantizar el suministro de alimentos, medicinas y educación a la comunidad sitiada, así como para apoyar el derecho de autogobierno por parte del pueblo triqui de Copala, constituído en municipio autónomo desde enero del año 2007.

Las graves amenazas lanzadas por miembros de la UBISORT contra la nueva caravana del 8 de junio, declarando que “están exponiendo sus vidas” obliga a los gobiernos estatal y federal a garantizar la integridad física de los integrantes de la misma. De lo contrario quedará manifiesta su responsabilidad en las posibles agresiones y ataques que puedan darse.

La sociedad civil nacional e internacional ha expresado su indignación denunciando las agresiones y exigiendo justicia contra los responsables del asedio, del ataque a la caravana y de los últimos homicidios.

Por su parte, la Unión Europea (UE) envió al gobierno mexicano una protesta ante la emboscada a la caravana. Diferentes relatores de Naciones Unidas han manifestado su repudio ante lo que consideran ejecuciones extrajudiciales, y graves atentados contra la libertad de los periodistas y los defensores de los derechos humanos.

Más allá de declaraciones públicas, el Parlamento Europeo está obligado a hacer cumplir la aplicación de la Cláusula Democrática que supedita al respeto a los Derechos Humanos los acuerdos del Tratado Preferencial de Comercio que suscribió con México en diciembre de 1997, semanas antes de la masacre de Acteal.

A su vez, la presidenta de Finlandia demandó a Felipe Calderón una investigación rápida y concluyente sobre el asesinato del ciudadano finlandés, ante lo cual el Presidente le respondió públicamente que la justicia mexicana castigaría a los autores del asesinato.

Pese a las palabras del presidente Calderón, hasta el día de hoy la reacción gubernamental en México ha sido la total ausencia de voluntad para investigar los hechos y castigar estos crímenes con apego a la ley. La representante de México ante la UE, por su parte, calificó los hechos de “accidente”, argumentando conflictos intercomunitarios.

El conflicto en esta región es de largo recorrido, la CCIODH en sus dos últimas visitas, en 2006 -2007 y 2008, elaboró informes de denuncia sobre la situación en Oaxaca y en particular constató y documentó vulneraciones de los derechos humanos en la región triqui y concretamente en San Juan Copala.

Ante esta nueva escalada la CCIODH manifiesta que:

La escalada de la violencia en contra de las expresiones sociales legítimas de defensa de derechos colectivos puede aumentar en el contexto actual de elecciones y en términos de rentabilidad partidista.

Se confirma nuevamente, la repetición reiterada de un patrón de conducta por parte de las autoridades mexicanas en diferentes escenarios y situaciones: oficialmente “no hay paramilitares, las agresiones y los asesinatos obedecen a conflictos intracomunitarios y el estado sólo interviene para garantizar la paz y el orden social”. Sin embargo, estas afirmaciones oficiales se ven contrastadas por la realidad. Basta recordar como paradigmático el caso de, por lo menos, 26 muertes violentas en el año 2006 en el conflicto de Oaxaca que esta Comisión denunció, cuyos responsables materiales e intelectuales nunca han sido investigados ni mucho menos juzgados.

La impunidad manifiesta en este y tantos otros casos, hace que se permita y potencie la actividad paramilitar como forma de división, agresión y contención de las causas justas y legítimas de las organizaciones sociales y comunidades indígenas. Así lo hemos documentado y lamentablemente se ve ratificado en la situación actual, pues no hay indicios que demuestren lo contrario.

Existe una enorme desconfianza hacia la justicia mexicana y a las instituciones del estado como garantes de las libertades individuales y colectivas. Está en cuestión que las autoridades mexicanas investiguen estos homicidios conforme a derecho. En caso de que no haya garantías, se debe acudir a los mecanismos de justicia internacionales, en especial la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

La solución duradera del conflicto pasa por un diálogo entre las organizaciones sin la intervención de los poderes públicos, y sin que esto excluya el juicio y castigo a los responsables de los graves delitos cometidos.

En esta situación de impunidad, la confianza sólo puede depositarse en la sociedad civil cuya movilización interpela y exige que se haga justicia. Es el caso de la caravana humanitaria de observación y solidaridad con el municipio autónomo, que ante la gravedad de los hechos y a pesar del riesgo que supone y poniendo en juego la propia vida de los participantes, se moviliza y denuncia la injusta situación que padecen los habitantes del municipio autónomo de San Juan Copala.

Ante los hechos señalados, la CCIODH manifiesta su preocupación y se compromete a seguir de cerca la evolución de los acontecimientos, y hace un llamado a la sociedad civil a estar vigilante para responder ante posibles nuevas agresiones, así como a sumar esfuerzos que permitan una solución justa y duradera al conflicto en la región triqui.

Barcelona, a 22 de mayo de 2010

-- 

Comisión Civil Internacional de Observación por los Derechos Humanos
C/ de la Cera, 1 bis. 08001 Barcelona
tel: 935113966, fax: 933290858
cciodh@pangea.org
http://cciodh.pangea.org

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