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Pedro Matías Arrazola: La guerra civil triqui.

San Juan Copala, Oaxaca, se convirtió en el eje de la lucha fratricida que libran tres organizaciones de la etnia triqui. Las tres se disputan a tiros el control político de la región.

La más reciente ofensiva, que en abril pasado causó la muerte de dos activistas de los derechos humanos, llegó a su punto más sangriento el 17 de septiembre, cuando comandos del MULT y la Ubisort (presuntamente financiados por la administración oaxaqueña) se lanzaron al saqueo y al asesinato de los habitantes de Copala, quienes se habían declarado municipio autónomo… Y sin embargo los líderes de las tres organizaciones se dicen dispuestos al diálogo.

JUXTLAHUACA, OAX.- Con una “estrategia de contrainsurgencia y táctica paramilitar”, los grupos armados que operan en la región triqui sometieron a tiros y expulsaron a casi todos los habitantes de San Juan Copala.

Durante casi un año los integrantes del Movimiento de Unificación y Lucha Triqui (MULT) y la Unidad de Bienestar Social de la Región Triqui (Ubisort) tuvieron bajo asedio a esa comunidad indígena que era controlada por el Movimiento de Unificación y Lucha Triqui Independiente (MULTI), que en 2006 se escindió de la primera organización y al año siguiente declaró la independencia del municipio.

Según fuentes gubernamentales, alrededor de 800 habitantes de San Juan Copala tuvieron que refugiarse en las comunidades aledañas. Uno de los desplazados comenta: “Aquí (en el municipio autónomo) ya no somos libres; no hay gobierno. Aquí gobiernan las armas. Ni el Ejército es capaz de entrar y los policías le tienen miedo a los paramilitares”.

Ahora, dicen los desplazados, los paramilitares van por las comunidades de Agua Fría, Yosoyuxi, Paraje Pérez y Santa Cruz a fin de dominar la región Triqui Baja.

Si alguien quiere entrar a San Juan Copala necesita un salvoconducto. Si no lo tiene puede morir.

El pasado 27 de abril, una caravana humanitaria que llevaba alimentos a esa comunidad fue emboscada. En el ataque murieron la activista mexicana Beatriz Cariño y el finlandés Jyri Jaakkola (Proceso 1748). La violencia entre triquis ha durado al menos 29 años. Los mismos que tiene el Movimiento de Unificación y Lucha Triqui.

Para llegar a la comunidad de Rastrojo, centro de operaciones del grupo, hay que librar varios retenes de militantes armados. Exmilitantes de esa organización, que pidieron a Proceso no revelar sus nombres, afirman que los miembros del MULT disponen de armas de uso exclusivo del Ejército y radios de comunicación, por lo que cada vez que un desconocido entra a la zona todas las comunidades se enteran de inmediato.

Exintegrantes de la organización afirman que localizar a Rufino Merino Zaragoza, lugarteniente de Heriberto Pazos Ortiz, líder del MULT, es difícil: nunca se sabe dónde se harán sus reuniones; por motivos de seguridad siempre tienen lugar en lugares diferentes. “Hay 10 o 15 hombres armados a su lado, además de un equipo de seguridad de ocho personas”.

Aunque en Rastrojo no hay un campo formal de entrenamiento militar, la instrucción para el uso de armas se realiza ahí con las plantaciones como tiro al blanco. Ahora, se quejan algunas indígenas consultadas por este semanario, “se entrenan apuntando y tiroteando a las mujeres, a los niños, a los pollos, los marranos y los perros”.

Denuncian que a los niños se les enseña a ser asesinos. Aunque no los reclutan directamente, a menores de entre 12 y 16 años los convencen de que “son más fuertes si tienen un arma… entonces van solitos”.

También les venden la idea de que “el estudio no sirve, el estudio no te va a defender de una bala” y les dicen que les van a pagar 20 mil pesos si matan a alguien. “Su pobreza y el ansia de poder y dinero los motivan a enrolarse en el agrupo armado”, dice uno de los entrevistados.

Funcionarios del gobierno oaxaqueño, cuyos nombres se reservan, informan que los tres grupos de la Región Triqui están armados.

Agregan que para entrar a la región triqui es necesario el salvoconducto de los líderes del MULT (Heriberto Pazos Ortiz o Rufino Merino Zaragoza), de la Ubisort (Rufino Juárez Hernández y Antonio Cruz López) o del MULTI (Jorge Albino Ortiz).

Las mismas fuentes señalan, sin embargo, que el gobierno del estado financia al MULT con 200 millones de pesos anuales y a la Ubisort con 60 millones.

Estado fallido

Para el apoderado legal de la arquidiócesis de Antequera Oaxaca, Francisco Wilfrido Mairen Peláez, San Juan Copala representa el fracaso de la política. “No hay que ir más lejos para comprobar el Estado fallido”, afirma.

Agrega que si Felipe Calderón y Ulises Ruiz son incapaces de pacificar a la comunidad triqui, “menos van a poder ganar la guerra contra el crimen organizado”.

Lo más lamentable, dice, es que “el gobierno de Ulises Ruiz se ha convertido en una carroza para sacar los muertos o ambulancia para ir por los heridos de la zona de guerra en que se ha transformado San Juan Copala debido a su ineptitud para atender los grandes problemas de Oaxaca”.

El subsecretario de Gobierno estatal, Joaquín Rodríguez Palacios, reconoce que desde octubre del año pasado se reiniciaron las hostilidades entre triquis; sin embargo en marzo de este año se recrudecieron y desde entonces “tenemos un estado de excepción” en San Juan Copala.

“No tenemos garantizados los insumos para los alimentos de la comunidad, están suspendidos los servicios educativos, no se inició el ciclo escolar 2010-2011, no hay servicios de salud y no hay agua potable ni energía eléctrica”.

Todo esto, según Rodríguez Palacios, es consecuencia de la inseguridad y la incertidumbre ante la ausencia de los instrumentos de seguridad que tiene el estado y de la impunidad con la que se han conducido los agresores de uno y de otro lado.

Recordó que en abril de 1997, con Diódoro Carrasco Altamirano como gobernador, se logró suscribir un Acuerdo de Paz, Tranquilidad y Concordia en la Región Triqui, que se ratificó en junio de 2001 en el gobierno de José Murat Casab; sin embargo, en la administración de Ulises Ruiz no se llegó a ningún acuerdo con las facciones en pugna.

“El estado incurre en una grave omisión porque no está proporcionando lo que por garantía constitucional pertenece a los habitantes de San Juan Copala: la seguridad y el derecho a la vida”, dice el funcionario estatal.

“Además no hay servicios y eso es gravísimo. Están en un estado de excepción, en un estado de sitio porque no tenemos presencia de gobierno”.

La fractura

Las fuentes del gobierno oaxaqueño informan que el MULT –que lleva 29 años en la región encabezado por Heriberto Pazos Ortiz– en algún momento se consideró de izquierda, pero

durante la administración de Murat Casab fue cooptada por el gobierno priista, a tal grado que en 2004 apoyaron a Ulises Ruiz por medio del Partido de Unidad Popular.

Ese hecho generó una división. En 2006 un grupo se escindió del MULT y formó el MULTI, que en enero de 2007 creó –siguiendo el ejemplo del EZLN en Chiapas– el municipio autónomo de San Juan Copala que, de acuerdo con la división territorial, política y administrativa de Oaxaca, tiene la categoría de agencia municipal de Santiago Juxtlahuaca.

La Ubisort, dicen las fuentes, creció al amparo del PRI y en años recientes ha tenido el apoyo de Jorge Franco Vargas, exsecretario general de Gobierno de Ulises Ruiz.

Ahora las tres agrupaciones se disputan el territorio triqui, particularmente San Juan Copala, donde el MULT –que había venido perdiendo fuerza– trata de recuperar poder mediante las armas.

Hay un autogobierno armado en la región triqui porque los líderes del MULT se erigen en poder supremo, designan a personas incondicionales y los improvisan como jueces o ministerios públicos para castigar a quien se rebela o no cumple sus órdenes.

Pedro Matías

http://www.proceso.com.mx

Complicidad de instituciones del estado y federales ante la impunidad en San Juan Copala. CCIODH.

Boletín de prensa de la Comisión Civil Internacional de Observación por los Derechos Humanos (CCIODH)

Complicidad de instituciones del estado y federales ante la impunidad en San Juan Copala (Oaxaca)

“La Comisión considera que los hechos ocurridos en Oaxaca son un eslabón de una estrategia jurídica, policiaca y militar, con componentes psicosociales y comunitarios cuyo objetivo último es lograr el control y amedrentamiento de la población civil en zonas donde se desarrollan procesos de organización ciudadana o movimientos de carácter social no partidista” (Informe de la CCIODH, 2007)

Esta fue la primera de las conclusiones que emitimos tras nuestra visita a Oaxaca a finales de enero de 2007. Consideramos que el cerco armado con el que desde finales de 2009 se somete al municipio de San Juan Copala en el estado de Oaxaca reitera con crudeza la necesidad de insistir sobre el diagnóstico que la CCIODH realizó en aquel momento frente al conjunto de conflictos que afectan a dicha región mexicana.

Hay que recordar que pese a la vulneración múltiple de derechos individuales y colectivos que el cerco armado implica, cuya gravedad se intensifica cada día que pasa, y pese a la clara identidad de los responsables de tales violaciones (UBISORT-Unión de Bienestar Social de la Región Triqui, organización vinculada al PRI), no ha habido ninguna intervención para levantarlo por parte del estado.

A esta situación ya de por sí inaceptable, se le suman los últimos sucesos acaecidos ya denunciados en el anterior boletín de la CCIODH:

Por un lado, el ataque a la primera caravana humanitaria de solidaridad y observación realizada el pasado 27 de abril en la que resultaron asesinados la activista y defensora de Derechos Humanos Beatriz Cariño y el observador internacional Jyri Jaakkola. Todos los indicios, así como las amenazas públicas de Rufino Juárez Hernández (dirigente de UBISORT) contra la caravana, apuntan a que los responsables de la acción armada y de los asesinatos son miembros del grupo paramilitar UBISORT.

Por otro lado, los asesinatos del lider triqui y promotor de la autonomía Timoteo Alejandro Ramírez y su esposa Tleriberta Castro Aguilar acaecidos el pasado 20 de mayo.

Los nuevos acontecimientos, no hacen más que agravar la situación de sitio en la que se encuentra el Municipio:

El pasado 8 de junio, una nueva caravana solidaria partió hacia San Juan Copala con la intención de romper el cerco impuesto por UBISORT, así como para llevar ayuda humanitaria a los habitantes del municipio autónomo. De nuevo, fue notificada públicamente así como de forma particular a las autoridades responsables para que garantizaran: el derecho a la libre circulación, la seguridad de las más de 350 personas que participaban y la llegada de 30 toneladas de suministros a los habitantes de la comunidad.

La caravana salió acompañada de una considerable presencia policial dado el contexto de amenazas existente. Ni aun así pudo llegar a su destino. La policía no quiso actuar ni posibilitar el paso de la caravana. Dicho contingente policial no rechazó, y con ello habilitó, las amenazas y las acciones de bloqueo realizadas por miembros de UBISORT. Finalmente, la fuerza pública, pese a la evidencia de la actuación delictiva que estaban presenciando, se retiró y recomendó la finalización de la caravana por razones de seguridad.

La condición que impuso UBISORT para dejar pasar la caravana fue que sus miembros formaran parte de la misma y entraran en San Juan Copala. Resulta evidente que se trataba de una condición imposible por inaceptable, que solo pretendía servir de soporte a la decisión de las autoridades de no hacer nada para asegurar que la caravana podía acceder al municipio cercado.

Ante estos últimos acontecimientos, la CCIODH concluimos que:

Las autoridades, nuevamente, no dan cumplimiento a su obligación constitucional de dar protección y seguridad a una iniciativa de la sociedad civil pacífica y humanitaria para hacer llegar los suministros y romper el cerco al que está sometido de forma violenta y armada el municipio autónomo en defensa de su derecho reconocido a organizarse.

La complicidad de instituciones del estado y federales en estos hechos tan graves, apoya y confirma la impunidad de los agresores y conforma el patrón de control y amedrentamiento en contra del municpio autónomo de San Juan Copala por parte de organismos del estado cuya obligación es la contraria: hacer respetar derechos fundamentales reconocidos por la constitución mexicana y las normas internacionales.

A más de un mes de los asesinatos ocurridos el 27 de abril y de las declaraciones efectuadas por el Presidente de México en la cumbre de Madrid ante la presidenta de Finlandia en las que manifestó la máxima celeriadad en la investigación, detención y debido proceso de los responsables directos de estos hechos delictivos, no se ha producido ninguna actuación que permita confiar en que así ocurra ni por parte de las autoridades de Oaxaca ni por parte de las autoridades federales.

En este sentido se ratifica un patrón de actuación ya denunciado en el informe de la CCIODH de 2007: “6- Los poderes públicos no han garantizado el pleno ejercicio de la libertad de expresión, pensamiento, asociación, reunión, participación política, libre circulación y manifestación. Se ha impedido mediante el uso de la fuerza física y la coacción el ejercicio de estos derechos fundamentales”.

Lo que acontece hoy en San Juan Copala, tiene un denominador común que la CCIODH ha denunciado en Chiapas, Atenco, Oaxaca: en todos ellos se combaten los procesos de autonomía legítimos y pacíficos mediante la represión directa o mediante la actuación de grupos paramilitares protegidos y amparados por las autoridades. Esta situación explosiva anuncia un aumento de la violencia que impide, al no tratar las causas de los conflictos, llegar a acuerdos que permitan una solución justa y dialogada

Las autoridades de San Juan Copala han llamado a insituciones internacionales para que aseguren la llegada de los suministros a las comunidad y con ello se rompa el cerco al que están sometidos. Es responsabilidad de estas instituciones coadyugar activamente para que sea posible. En otras palabras: será responsabilidad de las instituciones los efectos que puedan derivarse de la continuidad del cerco armado.
La indefensión e impunidad generalizadas por la falta de respuesta institucional, fuerza a la sociedad civil nacional e internacional la que tendrá que interpelar y movilizarse para que los derechos individuales y colectivos del pueblo de San Juan Copala sean respetados.

Barcelona, a 15 de junio de 2010.

Comisión Civil Internacional de Observación por los Derechos Humanos
C/ de la Cera, 1 bis. 08001 Barcelona
tel: 935113966, fax: 933290858
cciodh@pangea.org
http://cciodh.pangea.org


@twewwter

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