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Mundo: La lenta muerte por créditos de carbono.

– Los pueblos indígenas pueden sufrir de planes de compensación de contaminación.

Por Dennis Martínez*

12 de enero, 2010.- Olvídense de cualquier interpretación manipulativa. Al final, la reciente reunión de las Naciones Unidas sobre el cambio climático en Cancún repitió el fracaso de Copenhague en 2009. Una vez más, las economías industriales del mundo se negaron a fijar nuevas reducciones obligatorias de las emisiones de gases de efecto invernadero, a pesar de las serias advertencias de los científicos. En cambio, los delegados vagamente prometieron dinero de nuevo para la adaptación y mitigación climática: esta vez, treinta mil millones de dólares a los países en desarrollo para el año 2012 y cien mil millones de dólares más para el año 2020.

Una vez más, parece que los países industrializados han prometido gran parte de este dinero en una medida de rescate denominada «REDD» o Reducción de Emisiones por Deforestación y Degradación Forestal en Países en Desarrollo.

Establecida por los países ricos, los inversionistas riesgosos, el Banco Mundial y las Naciones Unidas, REDD pagaría por el carbono absorbido en los países en desarrollo para compensar la contaminación causada por los países industrializados.

La iniciativa permitiría que los contaminadores compraran créditos de carbono de las empresas, comunidades, organizaciones no gubernamentales o países que prometen no destruir los bosques durante un período específico. Según los contaminadores, separar el dinero para la absorción de carbono en un bosque de REDD es mucho menos costoso que reducir las emisiones de los tubos de escape o chimeneas.

Pero incluso si funciona, lo cual constituye un punto de disputa, esta compensación de emisiones de carbono simplemente pospone cualquier intento de romper la dependencia en la economía de los combustibles fósiles.

Quizás las personas menos impresionadas por esta medida a medias sean las que necesitan con más urgencia una solución a los trastornos climáticos. Desde la cuenca del Amazonas hasta las sabanas de África, los pueblos indígenas tradicionales dependen directamente de su medio ambiente local para su subsistencia. Por esta razón, son los más vulnerables al cambio climático. En Cancún, los líderes indígenas vieron nuevamente como los tecnócratas REDD intentaron «salvar» sus bosques como sumideros globales de carbono, en lugar de reducir las emisiones de sus propios países.

REDD puede apuntar precisamente a los bosques tropicales porque las comunidades indígenas los han conservado cuidadosamente durante miles de años. Sin embargo, la iniciativa parece tener poca utilidad para los mismos habitantes de los bosques. Las conversaciones sobre el clima de las Naciones Unidas relegan a los pueblos indígenas al estatus de «observador». Al menos ocho planes nacionales de REDD financiados por el Banco Mundial permitirían prohibir el tipo de agricultura a pequeña escala basada en la biodiversidad que es practicada por muchos pueblos indígenas y es erróneamente denominada «tala y quema».

Al mismo tiempo, por lo menos diecinueve de los planes explícitamente contienen disposiciones para las plantaciones de árboles, que desplazan a los habitantes del bosque, degradan la biodiversidad y constituyen un alto riesgo de incendio. Las plantaciones se toleran bajo la definición de bosques de las Naciones Unidas. Éstas satisfacen a los inversionistas de carbono que prefieren la medición precisa y la previsibilidad, no los desordenados hábitats forestales ricos en biodiversidad.

Esta mentalidad inspira lo que los críticos llaman fortress conservation [conservación de fortaleza]: las organizaciones no gubernamentales y las autoridades nacionales cercan la tierra para proteger a las especies y establecer proyectos de compensación de emisiones de carbono. Así expulsan a los administradores indígenas de sus bosques, quienes llegan a ser «refugiados de conservación». John Nelson, asesor en política para África del Programa para los Pueblos de los Bosques (FPP), estima que alrededor de ciento cincuenta mil a dos cientos mil personas en la cuenca del Congo han sufrido este destino.

«Imagínese despertar un día —él comenta— para encontrar una frontera fuera de su pueblo, con guardias paramilitares armados que le dicen que no se puede entrar al bosque». Si la gente no puede entrar, no pueden enseñar a sus hijos a vivir en las formas tradicionales, y estas formas tradicionales, con todo lo que tienen que enseñar al mundo en general sobre el almacenamiento de carbono y la reparación de los ecosistemas forestales, se perderán. «¡Las políticas de mitigación de los países desarrollados —dijo Ramiro Batzin, un maya kaqchikel de Guatemala, recientemente al Banco Mundial— nos van a matar antes del cambio climático!».

A pesar de su larga residencia en los bosques, muchos pueblos indígenas han luchado durante décadas para establecer la propiedad legal de la tierra. Pero nada en Cancún requirió que los programas de REDD establecieran o garantizaran esos derechos u obtuvieran consentimiento genuino para los proyectos en las comunidades indígenas.

Este descuido, y la conservación de fortaleza que éste permite, no es sólo una injusticia, sino también una oportunidad perdida. Los estudios han demostrado que el manejo tradicional de la tierra, cuando el título de propiedad está asegurado, hace que el carbono se absorba de manera mucho más eficaz y barata que los esfuerzos convencionales favorecidos por REDD.

Los emberá de Panamá, al igual que los ogiek de Kenya, han sido los administradores de la tierra por milenios. Pero en el mejor de los casos, REDD les prometerían una compensación, además de una dependencia dudosa en una economía monetaria, que tiende a erosionar la cultura tradicional. Sobre todo en una época de caos climático, la erosión de dicha administración es inaceptable. Y en cualquier caso, nadie debe confundir la iniciativa con una solución real a un clima cambiante. Tal como en el caso de Kioto, la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero también será la solución real a finales de este año en Durban.

Dennis Martínez, es especialista indígena de los Estados Unidos en la restauración de bosques, forma parte del comité directivo de la Iniciativa Indígena de Evaluaciones Bioculturales sobre Cambio Climático (IPCCA). Laird Townsend de la organización de medios de comunicación sin fines de lucro, Word Project, un proyecto del Centro Tides, contribuyó a este artículo.

Traducción al español para Servindi por Sylvia Fisher

http://www.servindi.org/actualidad/38570?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+Servindi+%28Servicio+de+Informaci%C3%B3n+Indigena%29

World: Slow Death by Carbon Credits.

Indigenous peoples can suffer from pollution compensation plan

By Dennis Martinez*

Forget any spin. In the end, the recent UN gathering on climate change in Cancún repeated Copenhagen’s failure in 2009. Again, the world’s industrial economies refused to set new binding reductions in greenhouse gas emissions, despite dire warnings by scientists. Instead, delegates again vaguely promised money for climate adaptation and mitigation: this time $30 billion to the developing world by 2012, and $100 billion more by 2020.

Once more, the industrialized countries appear to have pledged much of this money in a salvage measure dubbed “REDD” – Reduced Emissions from Deforestation and Forest Degradation in Developing Countries.

Established by wealthy nations, venture capitalists, the World Bank, and the United Nations, REDD would pay for the carbon absorbed in developing countries, to compensate for pollution caused by industrialized countries.

The initiative would allow polluters to buy carbon credits from companies, communities, non-government organizations, or countries that promise not to destroy forests for a specific period. To polluters, setting aside money for carbon absorption in a REDD forest is far less costly than reducing emissions at tailpipes or smokestacks.

But even if it works – itself a point of contention – this carbon-offsetting simply postpones any weaning off the fossil-fuel economy.

Perhaps the people least impressed by this half-measure are the ones who most urgently need a solution to climate disruption. From the Amazon basin to the African savannahs, traditional indigenous peoples depend directly on their local environment for sustenance, and so they are the most vulnerable to climate change. At Cancún, indigenous leaders again watched as REDD technocrats tried to “save” their territorial forests as global carbon sinks, instead of cutting their own countries’ emissions.

REDD can target the tropical forests exactly because indigenous communities have carefully preserved them for many thousands of years. But the initiative seems to have little use for the forest inhabitants themselves. The UN climate talks relegate indigenous peoples to “observer” status. At least eight national REDD plans funded by the World Bank would allow bans on the kind of small-scale, biodiverse farming that is practiced by many indigenous peoples and is misnamed “slash and burn.” At the same time, at least 19 of the plans explicitly contain provisions for tree plantations, which displace forest dwellers, degrade biodiversity, and cause high fire risk. Plantations are tolerated under the United Nations’ definition of forests. They satisfy carbon investors who like precise measurement and predictability – not messy, biodiverse forest habitat.

This mentality inspires what critics call “fortress conservation”: non-government organizations and national authorities cordon off land to protect species and institute carbon-offset projects, driving out of their forests the indigenous stewards, who become “conservation refugees.” John Nelson, Africa policy adviser for the Forest Peoples Program, estimates that some 150,000 to 200,000 people in the Congo basin alone have suffered this fate.

“Imagine waking up one day,” he says, “to find a boundary outside your village – with armed paramilitary guards telling you that you cannot enter the forest.” If people cannot go there, they cannot teach their children how to live in the traditional ways, and these ways, with all they might have to teach the larger world about storing carbon and repairing forest ecosystems, will be lost. “Mitigation policies of the developed world,” Ramiro Batzin, a Keqchikel Maya from Guatemala, recently told the World Bank, “will kill us before climate change does!”

Despite their long residence in the forests, many indigenous peoples have fought for decades to establish legal title to the land. But nothing at Cancún required REDD programs to establish or secure those rights, or to obtain genuine consent for projects in indigenous communities.

This neglect, and the fortress conservation it allows, is not only an injustice but also a missed opportunity. Studies have shown that traditional land management, when title is secured, sinks carbon far more effectively and cheaply than conventional efforts favored by REDD.

The Emberá of Panama, like the Ogiek of Kenya, have been the stewards of the land for millennia. But at best REDD would promise them compensation – and a dubious dependence on a cash economy, which tends to erode traditional culture. Especially in an age of climate chaos, the erosion of such stewardship is unacceptable. And in any case, nobody should mistake the initiative for a real solution to a changing climate. That remains what it was in Kyoto, and what it will be later this year in Durban: cut greenhouse gas emissions.

* Dennis Martinez, a Native American forest-restoration specialist, is on the steering committee of the Indigenous Peoples’ Biocultural Climate Change Assessment Initiative. Laird Townsend of the non-profit media organization Project Word, a project of the Tides Center, contributed to this article.

http://www.servindi.org/actualidad/38573?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+Servindi+%28Servicio+de+Informaci%C3%B3n+Indigena%29

Empresas españolas depredan México y Latinoamérica, denuncia Greenpeace

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Diversas empresas españolas han llegado a México y Latinoamérica para causar algún tipo de daño ambiental, violentado los derechos humanos o cometido abusos laborales en las poblaciones en las que se establecen, de acuerdo con el informe “Multinacionales españolas en América Latina. Impactos económicos, sociales y medioambientales”, que difundió Greenpeace España.

El estudio se realizó con apoyo de las oficinas de Argentina, Brasil, Chile y México, y en él se muestran los impactos sociales y medioambientales que han dejado las empresas analizadas, que encontraron terreno fértil para sus actividades sin enfrentarse a un sistema legal tan férreo como el existente en el país europeo.

Greenpeace analizó aquellos sectores con mayor potencial de causar daños al medio ambiente o a los derechos humanos (como los hidrocarburos, la electricidad, la pesca y el turismo, entre otros) y los “cruzó” con la presencia de empresas españolas significativas.

Del análisis de estas dos variables se encontraron 43 casos que integran el informe, aunque el número real puede ser mucho mayor.

El caso México

Respecto a nuestro país, el informe trata los casos de hoteles que se instalaron en Quintana Roo y que continúan con una política depredadora del ecosistema de manglar, además de que propician condiciones laborales críticas para los trabajadores contratados en la zona, con horarios superiores a la jornada laboral y empleando a más del 40 por ciento de menores de edad.

Entre estos hoteles destacan NH, Riu y Sol Meliá, que perdió un caso en 2001 cuando intentó construir un complejo en las playas de X’cacel y X’cacelito, a 100 km. al sur de Cancún.

El mayor impacto sería por la destrucción de zonas de anidamiento de tortugas marinas. Actualmente, la cadena de hoteles Meliá proyecta construir un complejo de 950 habitaciones en los alrededores de Costa Turquesa, donde todas las zonas de manglar han sido devastadas.

En Litibú, Nayarit, las empresas Servicios Financieros del Yucatán S.A., y Fadesamex S.A, compraron 267 mil m2 de terreno para crear el Centro Integralmente Planeado, un megadesarrollo turístico con edificios de hasta seis plantas y 70 habitaciones por hectárea, que rebasan todos los límites establecidos en el ordenamiento municipal.

El proyecto pretendía construir más de 4 mil habitaciones de hotel orientadas al turismo exclusivo y de elevado poder adquisitivo. También se prometieron más de 15 mil empleos y se aseguró que se llegaría a más de 700 mil visitantes en el año 2025. Actualmente las empresas españolas que resultaron adjudicatarias están en situación de quiebra y las obras están prácticamente paralizadas, mientras los efectos negativos de lo que ya se ha hecho se dejan sentir con claridad.

Generación de energía


Iberdrola está presente en 37 países, cinco de los cuáles están en América Latina y el Caribe. Es el primer generador privado en México, país que resulta rentable y de bajo riesgo porque hay garantía de compra de electricidad por la Comisión Federal de Electricidad.

En 2007 casi duplicó su producción en toda América Latina gracias al crecimiento del 57 por ciento en la producción de ciclos combinados de gas natural en México.

Por otra parte, el consorcio formado por Iberdrola y Alstom ganó en 2007 la licitación pública internacional para la modernización de la planta nucleoeléctrica de Laguna Verde, ubicada en Veracruz. Sin embargo, existe una serie de inconformidades entre la población veracruzana respecto de los niveles de seguridad en esta central, que no ha tenido una adecuada disposición final de sus residuos radioactivos.

Los bancos españoles en México

conquistadoresEl BBVA fue el primer banco español que llegó a México, donde actualmente opera como Bancomer, el mayor del mercado actual en nuestro país. El banco Santander, por su parte, es la tercera entidad bancaria del país. Ambos controlan el 42 por ciento del activo del sistema bancario en México.

En el primer trimestre de 2009, BBVA tuvo beneficios de 363 millones de euros sólo en México; y es desde nuestro país que el banco ha entrado a Estados Unidos para operar en el negocio de las remesas que envían los inmigrantes, al grado de diversificar su actividad para ofrecerles otros servicios bancarios.

El banco Santander obtuvo, en el mismo periodo, un beneficio atribuido de 111 millones de euros. La cuota de mercado del Santander en la región ha aumentado entre un 10 y un 15 por ciento en todos los segmentos.

En suma, tanto el BBVA como el Santander han suscrito algunas iniciativas medioambientales internacionales, como ciertos códigos de Naciones Unidas o del Banco Mundial. Sin embargo esto no ha impedido que presten servicios financieros a empresas involucradas en proyectos muy controvertidos. Esto se ha producido especialmente en el sector energético o que depende de recursos naturales, como el petrolero, minero o de celulosas. 

Greenpeace señala que, si las grandes empresas españolas quieren ser entidades social y ambientalmente responsables, deben poner fin a las prácticas abusivas en el exterior y ser más coherentes en su discurso de responsabilidad.

http://www.greenpeace.org/mexico/news/empresas-espa-olas-depredan-me

http://www.greenpeace.org/mexico/prensa/reports/


@twewwter

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