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Guerrero, Mexico: Las indígenas violadas y la evasión de la Secretaria de la Defensa Nacional.

Aun cuando la Corte Interamericana de Derechos Humanos emitió en octubre del año pasado su fallo sobre las dos indígenas guerrerenses violadas por elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional en 2002 y exigió al gobierno de Felipe Calderón acatar las sentencias, 10 meses después la justicia no llega para ellas. Los defensores de las agraviadas aseguran que la dependencia recurre a argucias legales para exonerar a los militares inculpados y dejar el asunto en manos de la PGR. Con la determinación aparente de dar cumplimiento a las sentencias emitidas en octubre de 2010 por la Corte Interamericana de Derechos Humanos contra México, en las que se acusa a un grupo de militares de violar sexualmente a dos indígenas guerrerenses, el 29 de julio último la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) decidió trasladar los expedientes del caso a la Procuraduría General de la República (PGR).

MÉXICO, D.F. (Proceso).- Las indagatorias sobre Inés Fernández Ortega y Valentina Rosendo Cantú, quienes fueron agredidas en 2002 por un grupo de soldados, no sólo estuvieron en instancias castrenses durante nueve años, sino que incluso “tienen vicios de origen”, pues el propósito era exculpar a los responsables de la agresión, comenta el abogado del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, Vidulfo Rosales Sierra, quien lleva la defensa de las agraviadas.

“Tenemos elementos para considerar que los expedientes que la Procuraduría General de Justicia Militar (PGJM) envió a la PGR están construidos para que se declaren cerrados o bien que los militares responsables que fueron identificados por Inés y Valentina con nombre y apellidos hayan sido dados de baja”, dice el litigante a Proceso.

Afirma que la PGR podría declinar competencia a favor de la procuraduría de Guerrero, en un intento por librar la responsabilidad que como institución tiene el Ejército mexicano en las violaciones a derechos humanos.

En sus sentencias, el organismo interamericano subraya que las denuncias de Rosendo Cantú y Fernández Ortega son fundadas, toda vez que aportaron elementos sobre las vejaciones que recibieron por parte de tropas de la Sedena en febrero y marzo de 2002, respectivamente. Por esa razón, la corte determinó la responsabilidad de México en los dos casos, pues se violentó la integridad personal, la dignidad y la vida privada de las dos indígenas; además, las autoridades incumplieron su “obligación de garantizar, sin discriminación, el derecho de acceso a la justicia” (Proceso 1770).

A Rosales Sierra le sorprende que, luego de varios años de negarse a remitir los casos a la PGR aun después de emitidas las sentencias del tribunal de la Organización de Estados Americanos (OEA), la Sedena haya atendido la petición. No obstante, advierte que en el fondo esa declinatoria es producto de la exigencia de organizaciones ciudadanas para que se controlen los excesos de las Fuerzas Armadas contra la población civil, así como de la reforma constitucional en materia de derechos humanos y la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en el análisis de la sentencia de la desaparición forzada de Rosendo Radilla emitida por el mismo tribunal interamericano.

En las notificaciones de la PGJM enviadas a Fernández Ortega y Rosendo Cantú, apunta Rosales, “los militares insisten en que son competentes para conocer el caso, al citar nueve artículos del Código de Justicia Militar, y trasladan los expedientes a la PGR con los argumentos de la existencia de las sentencias de la Corte Interamericana y la solicitud de declinatoria que las señoras hicieron el 27 de julio a la PGJM”.

Los oficios –de los cuales Proceso tiene copia– están fechados el martes 9 y tienen la rúbrica de la agente del Ministerio Público Militar, teniente de corbeta Karla Roberta Espinosa de la Orta. En ellos, la Sedena admite que en los casos de las indígenas se “denuncian presuntas violaciones a los derechos”.

Y aclaran que, por existir sentencias del organismo interamericano contra el Estado mexicano, el 20 de julio de 2011 la fiscalía militar “tuvo a bien acordar la INCOMPETENCIA” para seguir conociendo las indagatorias SC/179/2009/II-E y SC/180/2009/II-E relativas a Fernández Ortega y Rosendo Cantú, respectivamente.

De acuerdo con las notificaciones, entregadas a Inés y Valentina el viernes 12, las averiguaciones previas fueron enviadas a la Subprocuraduría Regional de Control de Procesos y Amparo de la PGR el 29 de julio último “a fin de que determine lo que a derecho proceda”.

La sentencia de la Corte

Después de nueve años de enfrentarse al fuero militar como defensor de las indígenas me’phaa, Rosales Sierra asegura que la Sedena “tiene un as bajo la manga para exonerar a los responsables (de las agresiones a sus clientes) y dejar intocable al Ejército mexicano”.

El abogado del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan explica: en el fuero militar “las investigaciones tomaron un rumbo tendencioso, enfocado a exonerar a los militares responsables y encaminado a desacreditar los señalamientos concretos que hicieron Valentina e Inés”.

Relata también que en 2006 la PGJM archivó las averiguaciones previas por considerar que no había responsabilidad de personal castrense en los abusos cometidos contra las indígenas. No obstante, en 2008 los casos se reabrieron en el fuero militar, luego del litigio que se dirimió en Washington ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

Incluso, añade, a finales de ese año la PGJM envió los expedientes de las dos indígenas a la Procuraduría de Justicia de Guerrero, para que investigara sobre la responsabilidad de civiles en las violaciones sexuales.

Rosales Sierra destaca que aun cuando él y los representantes legales insistieron desde el principio en que la PGR asumiera las indagatorias “siguiendo la línea de la responsabilidad de militares y no de posibles civiles”, la dependencia federal sólo aceptó colaborar con su similar guerrerense.

“En esa parte del proceso –la diligencia se realizó el 14 de agosto de 2009, precisa el defensor–, Inés y Valentina reconocieron a sus agresores en un álbum fotográfico. Ese día ambas señalaron con nombres, apellidos, cargos y los mandos militares a quienes las agredieron”. Se trata, dice, de dos cabos de transmisiones y dos soldados de infantería del 41 Batallón de Infantería bajo el mando de las bases de operaciones Ríos y Méndez.

El compendio fotográfico tenía más de 300 imágenes de militares que entre diciembre de 2001 y abril de 2002, participaron en la Operación Azteca en la cordillera de la Montaña de Guerrero que atraviesa los municipios de Acatepec y Ayutla.

En febrero de 2002, Valentina Rosendo fue atacada en el río cercano a su comunidad, Barranca Bejuco. Antes, un piquete de militares le preguntó si sabía sobre “los encapuchados” que operan en la región. Al mes siguiente, Inés Fernández fue violada en su vivienda frente a sus hijos. ¿El motivo? No supo responder en español a las tropas que ingresaron a su domicilio para interrogarla.

“Tan pronto como se hizo este reconocimiento –retoma el abogado de Tlachinollan– la procuraduría (de Guerrero) declinó competencia a favor de la PGJM (el 30 de octubre de 2009) y quedaron pendientes otras diligencias, entre ellas citar a declarar a los militares responsables, hacer más retratos hablados. Pero como las averiguaciones aún estaban en manos del Ejército, las autoridades desacreditaron los testimonios de las víctimas”.

Procuraduría militar, argucias

Al llevar el caso a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, Rosales Sierra y los demás defensores se enteraron de que en noviembre de 2009 la PGJM pidió a una psicóloga militar que determinara si era posible que Valentina Rosendo recordara con nitidez los rasgos físicos de quienes la agredieron en febrero de 2002. “La psicóloga emitió incluso un dictamen teórico y técnico, pero nunca entrevistó a Valentina”, se queja Rosales.

En el caso de Inés Fernández, sus defensores obtuvieron un documento fechado el 20 marzo de 2010 y firmado por la agente del Ministerio Público militar Karla Roberta Espinosa de la Orta en la que ésta solicitaba a la PGR un perito en identificación de personas o identificación físiognómica para que determinara la veracidad de su testimonio.

En el oficio, del que este semanario tiene copia, Espinosa de la Orta antepone la “garantía constitucional de todo inculpado, el derecho a una defensa adecuada”. Y, ante el reconocimiento que hizo Fernández Ortega el 14 de agosto 2009, la agente ministerial comenta que existía “la necesidad URGENTE” de que interviniera en el caso el perito de la PGR para que respondiera al siguiente cuestionario:

1. Que diga el perito en qué casos se solicita la elaboración de un retrato hablado; 2. Que diga el perito si es recomendable mostrarle fotografías al testigo o víctima antes de realizar un retrato hablado; 3. Que diga el perito si es confiable un retrato hablado realizado después de 7 años 4 meses y 23 días (en negritas en el original) de la fecha que sucedieron los hechos y siendo el día de los hechos la primera y única vez que se vio al presunto agresor; 4. Que diga el perito si es posible la correspondencia de identidad entre un retrato hablado y una fotografía; 5. Que diga el perito si los rasgos fisonómicos de los supuestos agresores que señala la ciudadana Inés Fernández Ortega en su declaración de fecha 24 de marzo de 2002 ante el ministerio público de Allende en la ciudad de Ayutla de los Libres, estado de Guerrero, dentro de la indagatoria ALLE/SC/5776/2002, coinciden con los rasgos proporcionados por la propia denunciante para la elaboración de los retratos hablados de fecha 14 de agosto de 2009.

El 24 de marzo de 2010, la directora ejecutiva de Laboratorios del Departamento de Retrato Hablado, dependiente de la Dirección General de Coordinación de Servicios Periciales de la PGR, Sara Mónica Medina Alegría, notificó a la PGJM la designación de Edmundo Acacio Cebreros, perito en materia de identificación fisiognómica, quien debía acudir a la fiscalía militar el 26 de marzo de ese año a las 10:00 horas a realizar la diligencia solicitada.

Medina Alegría dirigió el oficio al coronel Aníbal Trujillo Sánchez, jefe de la sección de Averiguaciones Previas y Asuntos Especiales de la PGJM en ese momento, según la copia del documento obtenido por Proceso. Hoy, Trujillo Sánchez es subdirector de Asuntos Internacionales de la División General de Derechos Humanos de la Sedena. Con ese cargo, el militar acudió a la Corte Interamericana el 28 de junio siguiente.

En ese foro, participó en dos sesiones para dar seguimiento a las medidas provisionales ordenadas por el tribunal interamericano a favor de 107 personas relacionadas con las sentencias de las indígenas guerrerenses, así como de 37 familiares y defensores de tres jóvenes de apellido Alvarado: José Ángel, Rocío Irene y Nitza Paola, detenidos y desaparecidos por miembros de la Sedena en Chihuahua en diciembre de 2009.

En una reunión privada que se efectuó previamente a la sesión para abordar este último caso, Trujillo Sánchez consideró “terrorífico” que la Corte Interamericana de Derechos Humanos transmitiera en vivo la audiencia y que se difundieran los nombres de los militares involucrados. Ninguna de las audiencias relacionadas con México fue difundida después del comentario de Trujillo (Proceso 1809).

Información escamoteada

La defensa de Inés Fernández dice que no tiene las respuestas que dio el perito de la PGR a la fiscalía castrense, porque hasta ahora no ha tenido acceso a las averiguaciones previas. Lo que ha obtenido, dice, corresponde a documentos enviados por el tribunal internacional ante las solicitudes de información que ha hecho al Estado mexicano.

“Por el contenido de las preguntas que se le hicieron al perito –sostiene Rosales Sierra– no se requiere mayor ciencia para saber hacia dónde va la averiguación previa integrada por los militares: a exonerar a los responsables, más que a acreditar su participación en los hechos.”

El abogado de las indígenas, quien ha recibido amenazas por su defensa, expresa su temor de que la PGR archive los casos, aun cuando está obligada a completar las investigaciones, realizar las diligencias pendientes, consignar las averiguaciones y solicitar las órdenes de aprehensión contra los militares responsables.

“También cabe la posibilidad de que los agresores hayan sido dados de baja para librar al Ejército de responsabilidad y entonces enviar el caso a la procuraduría de Guerrero”, dice.

Relata que en la reunión para el cumplimiento de las sentencias del tribunal interamericano, realizada el 19 de mayo último en la Secretaría de Gobernación, él y sus colegas se levantaron de la mesa “cuando los representantes de la PGR se negaron a atraer las averiguaciones previas e instruyeron a la procuraduría estatal para que tomara las investigaciones, situación que, por cierto, rechazó el procurador de Guerrero (Alberto López Rosas)”.

Desde entonces Gobernación no ha vuelto a convocar a los abogados, quienes no saben con detalle si se está dando cumplimiento a las sentencias emitidas por la Corte Interamericana.

El director del centro Tlachinollan, Abel Barrera Hernández, comentó que en estos días enviará una carta al subsecretario de Asuntos Jurídicos y Derechos Humanos de esa dependencia, Felipe de Jesús Zamora Castro, responsable de que se acaten las sentencias del organismo dependiente de la OEA.

En el escrito, del que este semanario tiene copia, Barrera Hernández, quien recientemente fue premiado por Amnistía Internacional (AI) por su trabajo al frente de Tlachinollan, pide al funcionario una fecha para un nuevo encuentro de trabajo en el que las autoridades entreguen copia de los expedientes que la Sedena envió a la PGR.

Asimismo, recuerda al representante del gobierno de Felipe Calderón que el 15 de marzo último, “en presencia de las señoras Fernández Ortega y Rosendo Cantú”, él mismo firmó el “acuerdo para el cumplimiento de las sentencias dictadas por la Corte Interamericana”.

El abogado Rosales Sierra acota: “Cuando tengamos el expediente, promoveremos diligencias para esclarecer los hechos. Pero antes debemos decir que la declinatoria de competencia se dio por una coyuntura política. La prueba está en que no hay avances en los demás resolutivos de las sentencias, que tienen que ver con salud y educación”.

http://www.proceso.com.mx/?p=279345

San Juan Copala:Nueva Agresión, 2 asesinados y un herido grave.

A LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN HONESTOS

A LOS ORGANISMOS DE DERECHOS HUMANOS

A LOS PUEBLOS INDIGENAS DE MEXICO

A LA OTRA CAMPAÑA

AL EJERCITO ZAPATISTA DE LIBERACION NACIONAL

A OAXACA, MEXICO Y EL MUNDO

Compañeras, compañeros:

La comunidad Triqi de San Juan Copala hoy desplazada de su pueblo por el mal gobierno y sus sicarios se dirigen a las mujeres y hombres que tienen bueno su corazón para denunciar que la maldad y la ambición del poderoso no tiene limites, y no conformes con despojarnos de nuestro pueblo, los habitantes de Copala aun fuera de nuestra tierra seguimos siendo masacrados por paramilitares al servicio de este maldito sistema capitalista, quienes todavía tienen la desfachatez de llamarse gente de izquierda.

Ayer por la tarde fueron brutalmente asesinados en una emboscada en el paraje tres cruces cuando se dirigían a Yosoyuxi Copala los compañeros Teresa Ramírez Sánchez y Serafín Ubaldo resultando herido de gravedad el compañero Jordán Ramírez González. Los últimos informes que tenemos es que Jordán no pudo ser atendido en el Hospital de Juxtlahuaca por que criminales de estos grupos se encontraban a las afueras y no conformes con eso anduvieron patrullando con hombres armados buscando a nuestro compañero para rematarlo mientras la policía hace como que no ve o como que no está, esto se explica porque Jordán es de los compañeros mas comprometidos con la autonomía y por que fue de los últimos en salir de Copala el día 19 de septiembre. Primero quiso estar seguro que ya no quedaba nadie de los compañeros para salir, solo entonces decidió salir él.

Es esa la respuesta del gobierno mexicano a las medidas cautelares que dicto la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Es esa la respuesta del MULT por no aceptar su dialogo amañado y convenenciero. Lo que para nosotros resulta mas doloroso es que hoy todavía haya quienes se atrevan a ver este genocidio como una lucha interétnica cuando en realidad se trata de terminar con una forma de gobierno diferente al de este sistema criminal. Se trata de un genocidio para sepultar nuestra historia porque le tienen miedo. Se trata de una masacre que grupos PRIISTAS realizan contra nuestro pueblo por no alinearnos sumisamente como lo hizo la dirigencia del MULT con los dos últimos gobiernos de Oaxaca. Para los que no saben la UBISORT nació en el año 1994 y en 2006 prácticamente desapareció pues solo quedaron de ella unos cuantos pistoleros que siempre han trabajado directamente con los gobiernos( toño pajaro, Rufino Juárez…). Nosotros no nos someteremos jamás para permitir el robo de nuestros recursos naturales, nosotros no nos alinearemos jamás para sus campañas a favor del PRI con su partido CARICATURA regalo de José Murat.

Los niños, mujeres , ancianos, todos los autónomos como nos llaman en nuestra región preguntamos: ¿Así se va a un dialogo?. Respondemos a quienes en días pasados de manera por demás cobarde nos invitan a deponer las armas y sentarnos al dialogo: No creen señores que si tuviéramos armas nosotros, por el mínimo sentido de sobre vivencia, los muertos fueran de los dos lados?. Ya basta, infórmense bien y si de veras son adherentes a la otra campaña hagan honor a su militancia.

Llamamos a todos los compañeros de la otra campaña que en verdad lo son y a los que sin ser de la otra son compañeros en verdad a visitar nuestro campamento donde poco a poco van llegando los compañeros desplazados, en el zócalo de Oaxaca, y donde compañeros médicos de esos que este país tanto necesita, o sea de esos médicos que caminan abajo y al izquierda, curan a nuestros heridos ahí se podrán informar por su misma voz quien los hirió y quien masacro a nuestro pueblo.

¡Respeto a la vida y a la dignidad de los desplazados!

¡Basta de silencio cómplice!

¡No más violencia!

R E S P E T U O S A M E N T E

MUNICIPIO AUTONOMO DE SAN JUAN COPALA

El Estado mexicano responsable de violaciones a derechos humanos de las mujeres torturadas sexualmente en Atenco.

Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez

Mujeres de Atenco denunciantes de tortura sexual

México, D.F., a 7 de octubre de 2010

Boletín de prensa.

El Estado mexicano es responsable de las violaciones a los derechos humanos de las mujeres torturadas sexualmente en Atenco

  • El Estado mexicano se opone a que sea declarada la admisibilidad del caso por la Corte Interamericana de Derechos Humanos
  • En sus observaciones al informe estatal, el Centro Prodh y Cejil instan al organismo internacional para que a la brevedad admita el caso
  • El Estado mexicano debe ser condenado para que las mujeres accedan a la justicia integral y sean adoptadas las medidas para erradicar la violencia contra las mujeres

Dentro del proceso que se desarrolla ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) por la tortura sexual de 11 mujeres, el Estado mexicano ha mostrado continuamente su negativa al reconocimiento de los hechos y de toda responsabilidad en ellos. Al hacerlo exhibe el mismo desdén que lo ha caracterizado en materia de derechos humanos y el escaso compromiso que tiene respecto del cumplimiento de sus obligaciones internacionales en el mismo ámbito.

En abril de 2008 once mujeres denunciantes de tortura sexual, cometida durante los hechos de mayo de 2006 en San Salvador Atenco, presentaron a la CIDH una petición –acompañadas por el Centro Prodh y Cejil- con el fin de que este órgano declare que el Estado mexicano es responsable de las violaciones a sus derechos humanos, consistentes, entre otras, en privación ilegal de la libertad, tortura y falta de acceso a la justicia.

El 10 de diciembre de 2009 la CIDH trasladó la petición al gobierno mexicano. Le concedió dos meses para presentar sus observaciones. Éste resolvió solicitar una prórroga que le fue concedida, sin embargo tampoco le bastó el nuevo periodo; lo que puso de manifiesto su reticencia a reconocer los hechos y violaciones alegadas en la petición. Finalmente el 23 de julio fueron presentadas las observaciones; en ellas el Estado mexicano presenta su oposición a que sea declarada la admisibilidad del caso. Argumenta que las investigaciones se han conducido de una manera diligente y las denunciantes han tenido diversas vías y recursos legales disponibles, por lo tanto la justicia interamericana no debería conocer el presente caso; solicita, por lo tanto, que sea desechado.

Mediante este informe del Estado mexicano conocemos ahora que ya se absolvió por completo a los pocos policías que eran procesados por su participación en los hechos. Se perpetúa la impunidad cuyos orígenes se remontan a la errónea decisión de la Fiscalía Especializada en Delitos Violentos contra las Mujeres y Trata de Personas (Fevimtra) que en julio de 2009 declinó la competencia a favor de las instancias del Estado de México, entidad donde los sistemas de procuración y administración de justicia se han caracterizado por su sujeción al Poder Ejecutivo local y por la descalificación de las víctimas de violaciones de derechos humanos argumentado razones de orden público.

La forma en que el Estado mexicano ha procedido en el presente caso agrava las condiciones que obstaculizan el acceso a la justicia en el país, no sólo a las 11 mujeres denunciantes de tortura sino a

quienes han sido víctimas de abusos permitidos, y aun impulsados, por las autoridades. Es relevante al respecto que en los pasados días la Corte Interamericana de Derechos Humanos haya condenado al Estado mexicano por la tortura sexual cometida por militares contra Valentina Rosendo Cantú e Inés Fernández Ortega. Debe recordarse que durante la audiencia ante la Corte la representación del Estado mexicano pidió a los jueces que desestimaran las acusaciones por violación y tortura atribuidos a los soldados.

Durante más de cuatro años, el Estado mexicano ha sido ineficiente para procesar y sancionar a los responsables de violaciones a los derechos humanos perpetradas el 3 y 4 de mayo de 2006 en Texcoco y San Salvador Atenco. El 30 de junio pasado la Suprema Corte de Justicia de la Nación dio un paso favorable al resolver la libertad inmediata de los 12 presos detenidos durante la incursión policial a Atenco. Sin embargo el lamentable episodio de violaciones a los derechos humanos en Atenco dista mucho de ser concluido favorablemente al no existir condiciones para que las mujeres agredidas por las fuerzas de seguridad estatales y federales participantes en el operativo encuentren justicia.

Ante la respuesta del Estado mexicano a la CIDH, el Centro Prodh y Cejil han elaborado observaciones al informe estatal instando al organismo internacional para que a la brevedad admita el caso en cuestión. Insistimos, con las mujeres denunciantes, en la necesidad de que se condene internacionalmente al Estado mexicano con el fin de acceder a la justicia integral que hasta hoy ha sido negada y se adopten medidas claras para erradicar en el país la violencia contra las mujeres, en especial la violencia institucional perpetrada por las autoridades.

Más información y gestión de entrevistas:

Quetzalcoatl g. Fontanot

Área de comunicación y análisis del Centro Prodh

Tels. 5546 8217, ext. 110; 5546 6559 (directo); 55 4499 4536 (celular)

Correo-e: comunicacion@centroprodh.org.mx

 

CIDH: Estado mexicano culpable de violación a indígenas Me’phaa.

Responsabiliza la CIDH al Estado mexicano en 2 casos de violación.

+Inés Fernández y Valentina Rosendo, abusadas por militares en 2002

+El gobierno hará lo necesario para ejecutar la sentencia: Gobernación

La Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) concluyó que el Estado mexicano es responsable de tortura y violación sexual contra dos indígenas Me’phaa. El tribunal notificó ayer cada una de las sentencias por los casos de Inés Fernández Ortega y Valentina Rosendo Cantú, abusadas por militares en Guerrero en 2002, en las que señaló que las autoridades mexicanas son responsables de violaciones de los derechos humanos de ambas mujeres.

La CIDH exige a los poderes de los tres niveles de gobierno reparar íntegramente los daños; garantizar la seguridad futura de ambas mujeres, sus familias y las organizaciones civiles que las apoyaron; que las investigaciones por estos abusos se trasladen a la justicia civil –actualmente se encuentran en el fuero militar–; sancionar a los responsables, y adecuar la legislación y práctica internas de los tratados internacionales ratificados por México, a fin de que lo sucedido a Fernández y Rosendo no se repita, así como modificar el Código de Justicia Militar para que los delitos de soldados contra ciudadanos sean atendidos por los tribunales civiles.

Con estos suman tres los fallos de la CIDH contra el Estado mexicano por actos cometidos por el Ejército. En noviembre de 2009 emitió una resolución por el caso de Rosendo Radilla Pacheco, desaparecido por militares en la década de los años 70, donde señaló a México como responsable de impunidad y demandó analizar el fuero militar. Posteriormente acusó al país por el caso del campo algodonero referente a los feminicidios en Ciudad Juárez, Chihuahua.

En tanto, el Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, la Organización del Pueblo Indígena Me’phaa y el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (Cejil) –que acompañaron a las víctimas en su búsqueda de justicia–, así como el gobierno federal, fueron notificados ayer por la CIDH de las sentencias.

Las ONG informaron que en sus fallos el tribunal reconoció como hecho incontrovertible que las dos mujeres fueron violadas y torturadas por elementos castrenses y que el Estado mexicano les negó la justicia (por ocho años la han buscado). Resaltaron que durante el litigio ante el organismo internacional, el gobierno negó la violencia sufrida y puso en entredicho la veracidad de su testimonio, ratificado ayer por la CIDH.

Las resoluciones asientan que al no procurar justicia y garantizar la impunidad de los responsables “el Estado es directamente responsable de haber violado el derecho a una vida libre de violencia; a no ser torturado; a la integridad personal de los familiares de las víctimas; a la protección de la dignidad y la vida privada; a las garantías judiciales, y a la protección judicial. También ha incumplido con la obligación de adecuar la ley interna con los tratados internacionales.

De acuerdo con la Convención Americana sobre Derechos Humanos, las sentencias son definitivas y no pueden ser impugnadas por el Estado, por lo que está obligado a cumplirlas.

La CIDH mandató realizar procedimientos disciplinarios para los funcionarios negligentes que obstaculizaron el avance de las indagatorias, proveer servicios médicos adecuados a las afectadas y continuar en la estandarización de un protocolo de actuación respecto de la atención e investigación de violaciones sexuales.

Fijó como medidas de satisfacción la publicación de las partes pertinentes de la sentencia (en español y me’phaa), el reconocimiento de responsabilidad y una petición de perdón público de las más altas autoridades federales y estatales junto con la provisión de atención médica y sicológica a las víctimas y sus familiares. Asimismo, establece que es necesario el consentimiento expreso de las afectadas en la publicidad de algunas medidas.

La CIDH fijó plazos para el cumplimiento de los mandatos que van de tres meses a un año, y en algunos casos específicos, un periodo más largo.

Por la tarde, la Secretaría de Gobernación, en un boletín, aseveró que en atención a sus compromisos internacionales, el gobierno mexicano llevará a cabo todas las acciones necesarias para ejecutar la sentencia.

Reiteró su pleno compromiso con la promoción y protección de los derechos humanos; en particular con el combate a la violencia contra las mujeres y niñas, así como su plena colaboración con el sistema interamericano de derechos humanos

Periódico La Jornada
Sábado 2 de octubre de 2010, p. 12

http://www.jornada.unam.mx/2010/10/02/index.php?section=politica&article=012n1pol

Comunicado sobre medidas cautelares de la CIDH a favor de Ostula, Michoacán.

A los medios de comunicación nacionales e internacionales
A las organizaciones civiles de derechos humanos
Al Congreso Nacional Indígena
PRESENTES

Por este medio reciban un afectuoso saludo de parte de la Asociación Jalisciense de Apoyo a los Grupos Indígenas, y nos dirigimos respetuosamente a ustedes para hacer de su conocimiento que el día 21 de septiembre de 2010 la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) emitió la recomendación de medidas cautelares MC- 264-10, a favor de los comuneros y autoridades de Santa María Ostula en la costa Nahua de Michoacán, ante el asecho, amenazas, asesinatos, secuestros y desapariciones forzadas perpetradas por grupos paramilitares, después de la histórica recuperación de tierras invadidas efectuada por la comunidad el 29 de junio de 2009.

El documento señala:

“En vista de la gravedad y urgencia de los hechos alegados y la falta de información sobre el paradero de las tres personas desaparecidas, la CIDH considera que corresponde otorgar medidas cautelares en los términos del artículo 25(2) de su reglamento con el fin de garantizar la vida e integridad personal de Gerardo Vera Orcino, Javier Martínez Robles y Francisco de Asís Manuel. En consecuencia, la Comisión solicita al Gobierno de México que:

1. Informe sobre el paradero de Gerardo Vera Orcino, Javier Martínez Robles y Francisco de Asís Manuel, en su estado de salud y la situación de seguridad en la cual se encuentran;

2. Adopte las medidas necesarias para garantizar la vida y la integridad física de Gerardo Vera Orcino, Javier Martínez Robles y Francisco de Asís Manuel; e

3. Informe sobre las acciones adoptadas a fin de investigar los hechos que dieron lugar a la adopción de medidas cautelares”.

Al mismo, la CIDH solicita “la presentación de información sobre el cumplimiento de las medidas cautelares adoptadas, dentro del plazo de 15 días y actualizar dicha información de forma periódica.”

ANTECEDENTES:

Luego de 40 años de infructíferas negociaciones con instancias gubernamentales, el 29 de junio de 2009 la comunidad recuperó mas de 1000 hectáreas de tierras invadidas por ricos mestizos de La Placita, Mich. Para dicha movilización la asamblea comunal reorganizó su policía comunitaria y nombró una guardia comunal, cuya encomienda fue velar por la seguridad de los comuneros y por la integridad de su territorio.

Ese mismo día los comuneros fueron atacados con armas de grueso calibre por grupos paramilitares ligados a bandas del crimen organizado, agresión que fué repelida por la guardia comunal logrando con éxito la recuperación de la tierra, formando un nuevo centro de población al que llamaron Xayakalan. Desde ese día se suscitaron una serie de ataques, que motivaron la solicitud de intervención a la CIDH.

Gerardo Vera Orcino y Javier Martínez Robles, son comuneros y activistas que fueron secuestrados- desaparecidos por un comando fuertemente armado en la cabecera municipal de Aquila, Michoacán en plena luz del día 22 de febrero de 2010.

Francisco de Asís Manuel, es Presidente del Comisariado de Bienes Comunales, secuestrado- desaparecido el 20 de abril de 2010 a manos de un comando que portaba igualmente armas de grueso calibre. De ambos se desconoce su paradero.

El 7 de Mayo de 2010, un grupo de 150 paramilitares incursionó por la cabecera de Ostula e ingresaron a la encargatura de El Faro en la comunidad de El Coire, con la finalidad expresa de asesinar al presidente suplente del comisariado de esa comunidad el C. Valentín Álvarez. Este comando no fue detectado por ninguno de los numerosos cuerpos de seguridad federales y estatales presentes en la zona.

El día 29 de junio de 2010, fecha en que la comunidad celebraba el primer aniversario de la fundación de Xayakalan, el C. Máximo Magno Valladares, autoridad local en la encargatura de El Potrero, perteneciente a Ostula fué secuestrado- desaparecido por un grupo paramilitar.

A partir de esa fecha se registraron una serie de asesinatos, y asedio por grupos paramilitares que han generado terror en las comunidades nahuas de la costa:El 17 de julio pasado, Humberto Santos Valladares fue asesinado en la carretera federal; el día 19 del mismo mes, Roberto Arceo fue baleado también en la carretera; ocho días después, el 27, fueron asesinados Venancio Ramírez Cirino, Manuel Flores Álvarez y Miguel Ángel Flores Álvarez; y una semana después, el 3 agosto, fue asesinado José Martínez Ramos. Todos eran nahuas de la costa michoacana.

A la fecha suman ya 12 ejecuciones y cuatro desapariciones de manera forzada.

Estos actos fueron seguidos de inconstitucionales cateos y detenciones por parte de elementos de La Marina Armada de México, quienes se hicieron acompañar de militares extranjeros que portaban chalecos de la DEA estadounidense.

CONSIDERACIONES.

El Tribunal Unitario Agrario No. XXXVIII con sede en la ciudad de Colima, en el cual se desahoga el juicio agrario, ordenó reconstruir el polígono comunal  debido a las notorias y documentadas inconsistencias técnicas del Plano Definitivo que delimita la propiedad comunal. Mismas que en 1958 debieron corregirse de fondo, acción que omitió en su momento la autoridad agraria. Violando con ello la responsabilidad que el Estado Mexicano adquiere al ser firmante del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo en sus artículos 13 y 14.

Artículo 14

2. Los gobiernos deberán tomar las medidas que sean necesarias para determinar las tierras que los pueblos interesados ocupan tradi cionalmente y garantizar la protección efectiva de sus derechos de propiedad y posesión.

3. Deberán instituirse procedimientos adecuados en el marco del sistema jurídico nacional para solucionar las reivindicaciones de tierras formuladas por los pueblos interesados.

Es urgente la implementación de mecanismos que garanticen la posesión legal del territorio ancestral de la comunidad mediante el Programa de Atención a Conflictos Sociales del Medio Rural (COSOMER), en el que la SRA otorgue una “indemnización” económica a los supuestos pequeños propietarios de La Placita y contribuir con ello a mitigar la violencia.

Resulta relevante la implementación de medidas cautelares ordenada por la CIDH, toda vez que a pesar de que los actos de violencia han sido perpetrados por grupos ajenos a los órganos Estatales, se solicita al gobierno mexicano que informe del paradero de los desaparecidos e implemente medidas para garantizar su vida e integridad física.

Dado que el Estado no ha sido capaz de garantizar la seguridad en la costa nahua, es urgente el reconocimiento y respeto a las policías comunitarias de Ostula, Coire y Pómaro para que puedan desempeñar sus legítimas funciones de manera legal y se evite la criminalización de dichos mecanismos autónomos, respaldados también por los lineamientos constitucionales, así como los convenios internacionales en materia de derechos humanos.

Sin mas por el momento agradecemos la atención al presente comunicado y quedamos atentos de cualquier duda o aclaración pertinente.

Atentamente
A 28 de septiembre de 2010
Asociación Jalisciense de Apoyo a los Grupos Indígenas

CENCOS: Raúl Hernández, activista mexicano liberado y luego amenazado.

Raúl Hernández, activista mexicano de defensa de los derechos de los indígenas y preso de conciencia, fue puesto en libertad el 27 de agosto tras pasar más de dos años en prisión. Sin embargo, en los días siguientes a su liberación, él y otros activistas indígenas han sido amenazados, y corren grave peligro.

El 27 de agosto, Raúl Hernández, de la Organización del Pueblo Indígena Me’phaa (OPIM), fue absuelto de un cargo de asesinato por el que llevaba recluido desde abril de 2008 en el municipio de Ayutla, estado de Guerrero, en el sur de México.

El júbilo por el reconocimiento de su inocencia y del uso indebido del sistema de justicia que lo tuvo recluido durante tanto tiempo se ha visto frenado tras recibirse las nuevas amenazas. El 28 de agosto, una hija de Inés Fernández fue abordada en el centro de Ayutla por dos hombres. Inés Fernández es miembro de la OPIM; en 2002 fue violada por soldados, y ha llevado su campaña por la justicia a la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

Los dos hombres que se acercaron a su hija amenazaron a su familia de muerte si permanecía en Ayutla. En la amenaza se hacía referencia también a Raúl Hernández. El 30 de agosto, Álvaro Ramírez Concepción, coordinador de la Organización para el Futuro del Pueblo Mixteco (OFPM), fue alcanzado por los disparos de un grupo de hombres mientras trabajaba en una parcela de tierra cerca de Juquila, en el municipio de Ayutla.

Resultó herido de gravedad, y más tarde fue llevado al hospital, donde sigue recibiendo atención médica. Audencio Ramírez Concepción, Ambrosio García Catarino y Ramón García Guadalupe también resultaron heridos. Los atacantes huyeron del lugar, y continúan en libertad. La OPIM y la OFPM son organizaciones estrechamente relacionadas entre sí, con sede en Ayutla. Los activistas de ambas han sido blanco de amenazas y ataques.

En abril de 2009, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos dictó medidas provisionales en las que ordenaba al gobierno mexicano que garantizara la seguridad de 109 defensores y defensoras de los derechos humanos de Guerrero, especialmente aquellos que trabajan con la OPIM y la OFPM, tras el homicidio de dos dirigentes de la OPIM.

ESCRIBAN INMEDIATAMENTE, en español o en su propio idioma:

  • manifestando satisfacción por la liberación de Raúl Hernández tras pasar dos años en prisión;
  • expresando preocupación por la amenaza contra Raúl Hernández, Inés Fernández y la familia de ésta, y pidiendo a las autoridades que cumplan las medidas provisionales dictadas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos y garanticen la seguridad de todos los amenazados, conforme a los deseos de los propios afectados;
  • expresando preocupación por el ataque y las heridas sufridos por el activista de la OFPM Álvaro Ramírez Concepción, y pidiendo que se garantice su seguridad y la de los demás hombres heridos en el ataque;
  • pidiendo una investigación inmediata, exhaustiva e imparcial sobre las amenazas y el ataque, con el fin de garantizar que los responsables comparecen ante la justicia y que los activistas de la OPIM y la OFPM pueden llevar a cabo sus actividades legítimas sin temor a represalias.

ENVÍEN LLAMAMIENTOS ANTES DEL 14 DE OCTUBRE DE 2010 A:

Lic. José Francisco Blake Mora
Secretario de Gobernación
Secretaría de Gobernación
Bucareli 99, 1er. piso, Col. Juárez Delegación Cuauhtémoc México DF, CP 06600, MÉXICO
Fax: +52 55 5093 3414
Correo-e.: secretario@segob.gob.mx
Tratamiento: Estimado Señor Secretario

Lic. Zeferino Torreblanca Galindo
Palacio de Gobierno
Edificio Centro, Piso 2
Ciudad de los Servicios
Chipancingo, Guerrero México, CP 39075 Fax: +52 747 471 9956
Correo-e.: gobernador@guerrero.gob.mx
Tratamiento: Estimado Gobernador

Lic. David Augusto Sotelo Rosas
Procuraduria General de Justicia de Guerrero
Carretera Nacional México-Acapulco Km. 6+300
Tramo Chilpancingo-Petaquillos
Chilpancingo 39090, Guerrero, México
Fax: +52 747 472 2328
Correo-e.: procurador@pgjgro.gob.mx
Tratamiento: Estimado Procurador

Envíen también copia a la representación diplomática de México acreditada en su país. Consulten con la oficina de su Sección si van a enviar los llamamientos después de la fecha antes indicada. Esta es la quinta actualización de AU 314/08 (AMR 41/059/2008). Más información: www.amnesty.org/es/library/info/AMR41/059/2008/es

Información difundida por el Área de Comunicación y Visibilidad de Cencos

http://www.cencos.org

Centro Prodh: El Estado mexicano no logra rebatir evidencias de tortura a ecologistas.

– Rodolfo Montiel rinde convincente  testimonio tras once años de lucha por la defensa de los bosques

– Perita de la PGR reconoce ante la Corte Interamericana que los certificados médicos oficiales no son adecuados para detectar la tortura

– El fuero militar no garantiza la imparcialidad para investigar tortura: Comisión Interamericana

El día de ayer el defensor de los bosques Rodolfo Montiel Flores, víctima de detención arbitraria y tortura en 1999 a manos del Ejército por su activismo ambientalista, rindió ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, su testimonio sobre las violaciones a derechos humanos cometidas por el Estado mexicano en su contra y en contra de su colega y también campesino ecologista, Teodoro Cabrera García. La sala de audiencias se encontraba repleta por el evento.

En sus alegatos orales el Estado mexicano pretendió evadir su responsabilidad en las graves violaciones perpetradas contra Montiel y Cabrera.  No obstante, para mitigar el impacto de la eventual sentencia de la Corte, siguió sosteniendo a pesar de los elementos de prueba y testimonios presentados en estos dos días, que el Ejército no incurrió en ningún acto arbitrario o abusivo en contra de los ecologistas en mayo de 1999.  Sin embargo, pretendió ocultar la indebida extensión de la jurisdicción militar en el caso de los ecologistas a lo que a preguntas expresas de los jueces tuvieron que aceptar que no ha dado cumplimiento a los estándares de protección de derechos humanos.

Por su parte, el doctor Christian Tramsen, médico danés con tres décadas de experiencia que realizó una revisión médica a Rodolfo Montiel y Teodoro Cabrera durante su encarcelación, rindió su testimonio experto. Detalló las secuelas físicas de tortura encontradas en las víctimas.  Tramsen, experto en medicina forense, explicó cómo él y el médico argentino, internacionalmente reconocido experto forense, doctor Morris Tidball-Binz, viajaron a Iguala, Guerrero, en representación de la organización internacional Médicos por los Derechos Humanos (Physicians for Human Rights), para realizar los exámenes médicos que demostraron que ambas víctimas habían sido sometidas a torturas que les provocaron daños en diversas partes del cuerpo, como las piernas, la región lumbar y los genitales. Explicó que los síntomas encontrados sólo pueden explicarse por haber sufrido actos de tortura como los descritos por las víctimas.

El Estado presentó como única declarante a una perita de laProcuraduría General de la República (PGR),  la doctora Juana Ma. del Carmen Gutiérrez Hernández, quien, ante las preguntas de la Comisión Interamericana y de los representantes de las víctimas (el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro y el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional), tuvo que admitir que los certificados médicos emitidos diariamente por peritos adscritos a la PGR en los casos de las personas detenidas, no constituyen un examen médico completo ni cumplen con los estándares para la detección de tortura (Protocolo de Estambul).

La misma perita, que basó parte de su testimonio en dos certificados médicos emitidos por el Ejército, al ser preguntada sobre cuáles eran sus fuentes de información acerca de la metodología empleada por lo s médicos militares en el momento de revisar a las personas detenidas, admitió que no contaba con ninguna.  Aunque señaló reiteradamente que el Protocolo de Estambul es el instrumento idóneo para investigar la existencia de tortura mediante un examen médico,  pretendió descartar el examen realizado por los doctores Tramsen y Tidball-Binz, pese a ser éste último uno de los autores que contribuyeron a la creación del mismo Protocolo y, por lo tanto, uno de los más reconocidos expertos mundiales en la detección de tortura.

En el marco de esta audiencia, por primera vez en más de cinco años, Rodolfo Montiel se ha encontrado con su esposa Ubalda Cortés. Montiel, exiliado del país debido a las amenazas que ha recibido en México, no ha podido estar con su familia a partir de la violencia empleada contra él y sus colegas defensores de los bosques por el Estado mexicano.

El Centro Prodh y Cejil, en congruencia con sus alegatos, mantenemos firme la acusación al Estado mexicano por su actuación represiva, mediante el uso de la fuerza militar y el empleo desviado del sistema de justicia, particularmente la jurisdicción militar, en contra de los campesinos organizados que defendieron legítimamente sus bosques de la devastación permitida por las mismas autoridades gubernamentales. Junto con la Comisión Interamericana –que demandó al Estado ante la Corte– mantenemos que fueron violados los derechos al debido proceso porque la tortura debió ventilarse ante la autoridad civil y no ante la militar, como sucedió y sigue sucediendo en México ante este tipo de casos.

Rodolfo Montiel pidió a la Corte IDH que ordene al Estado mexicano tomar las medidas necesarias para proteger a los defensores ambientalistas.  Igualmente pidió que se establezcan mecanismos de control para garantizar que no continúe la práctica de encarcelar a personas inocentes con base en confesiones arrancadas bajo tortura y, en especial, que el Ejército deje de patrullar y cometer abusos que permanecen impunes contra las comunidades. Con él seguiremos insistiendo para que su exigencia de justicia sea asumida en México.

Las y los jueces de la Corte Interamericana se pronunciarán sobre el caso mediante una sentencia definitiva –y de cumplimiento obligatorio– cuya emisión se espera para fines del presente año- Los representantes confiamos a que el Máximo Tribunal Americano tienen elementos suficientes para condenar al Estado Mexicano y ordenar  una reparación integral del daño a los campesinos ecologistas.

http://www.redtdt.org.mx


@twewwter

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