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Ameneza la UBISORT al padre Uvi en Oaxaca.

CENTRO REGIONAL DE DERECHOS HUMANOS “BARTOLOMÉ CARRASCO BRISEÑO” A. C.

5 de Agosto del año 2010

– PREPARA EL ESTADO ESCENARIO PARA ATAQUE AL PADRE UVI, DEFENSOR DE LOS DERECHOS HUMANOS.

– AMENZA LA UBISORT AL PADRE UVI, CON LA COMPLICIDAD DE AUTORIDADES ESTATALES.

ANTECEDENTES:

El Padre R. Fco. Wilfrido Mayrén Peláez, mejor conocido como “Padre Uvi”, Defensor de Derechos Humanos, fundador del Centro Regional de derechos humanos “Bartolomé Carrasco Briseño” AC. y coordinador de la Comisión Diocesana de Justicia y Paz, con un amplio y bien reconocido trabajo en el ámbito de los derechos humanos desde 1992, ha intervenido en infinidad de casos en los cuales su postura principal siempre ha sido la solución pacifica de los conflictos que viven las comunidades del Estado de Oaxaca. Desde hace 18 años, ha intervenido en la resolución de conflictos inter comunitarios siempre por la vía pacífica; un ejemplo de ello fue su colaboración en el conflicto agrario que tuvieron durante mucho tiempo las comunidades de Teojomulco y San Lorenzo Texmelucan, el cual dejo mas de 500 muertes y una herencia de dolor muy grande, incluso por su labor que desarrolló en ese entonces fue atacado en 1998, con armas de fuego, en un atentado en el que afortunadamente resultó ileso. En el año 2006, junto con el maestro Toledo y el Padre Obispo Arturo Lona, participó en la comisión de intermediación entre el gobierno del Estado y el Magisterio de la Sección XXII, ésta participación le ocasionó que en varios medios de comunicación lo ligaran a la APPO (Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca) y lo relacionaban con la guerrilla. Después asumió la defensa de un líder sindicalista que fue torturado por policías, por su intervención en el caso lo amenazaron en diferentes ocasiones por mensajes a su Celular.

Ante el ataque al Padre Martín él hace una serie de comunicados respaldando su trabajo y exigiendo al Estado respetar la labor ministerial del Padre y su labor como defensor de derechos humanos; en el mes de junio El Padre Martín es secuestrado y torturado por un grupo de priistas a favor de la mina en San José del Progreso y a raíz de la privación ilegal de la libertad y las lesiones que le ocasionaron, el padre Uvi asumió su defensa. Por su intervención en el caso en diferentes medios de comunicación se publica que el Padre esta vinculado a un grupo armado.

El 27 de abril del año 2009 cuando se enteró de la muerte de Bety Cariño y Jiry Jaakkola, él de manera publica denunció los hechos ocurridos, demando la investigación inmediata y exigió al Estado asumir su responsabilidad frente a estas muertes; después el Municipio Autónomo de San Juan Copala buscó al padre para que interviniera en el caso ya que la comunidad se encontraba en condiciones graves, a lo que él accedió y facilitó que fueran los agraviados quienes denunciaran lo que estaba pasando en la comunidad, él acercó a varios medios y organismos internacionales para que conocieran la situación que prevalece en el lugar.

HECHOS:

El dos de Julio de este año los representantes del Municipio Autónomo de San Juan Copala acuden a una entrevista con la Eurodiputadas Satu Hassi y Franziska Keller que visitaban Oaxaca, uno de los temas era conocer la situación de los derechos humanos y especialmente obtener información sobre el caso Copala, al salir de la reunión se dieron cuenta que eran perseguidos por los líderes de la UBISORT, ellos decidieron refugiarse en la Parroquia de Xochimilco, lugar de trabajo del Padre Uvi, a partir de este hecho sus colaboradores le avisan que gente sospechosa estuvieron rondando la parroquia por cuatro días.

El pasado treinta de Julio a raíz del asesinato de uno de los líderes de la Ubisort precisamente un día antes este grupo armado envía un boletín acusando al Padre Uvi de la muerte de su líder y a partir de este boletín algunos medios ligados totalmente al Gobierno del Estado como lo es el diario “Despertar” ubica en primera plana el día dos de agosto la nota titulada “El Padre UVI violenta la región Triqui” escrita por el supuesto reportero JORGE VEGA, quien retoma la acusación que hace la Ubisort por la muerte de su líder Anastasio Juárez. Además, el “director” del diario confecciona su nota “Milicianos y activistas subversivos rechazan al Ejército en los triquis” propiciando que se apruebe un ataque jurídico y/o físico en contra del Padre Uvi.

Nos preocupan los ataques que se han dado en contra del Padre ya que han sido cada vez más continuos y fuertes, inicia con una campaña a través de distintos medios para con esto crear una corriente de opinión en contra de su labor, desafortunadamente en Oaxaca son muchos los casos de ataque a defensores y creemos que gente del Gobierno y grupos en complicidad puedan atentar contra su integridad física y psicológica del defensor de los derechos humanos, ya que ante distintos hechos el gobierno ha protegido con toda impunidad algunos grupos, como en este caso es la UBISORT .

Conociendo la actuación del gobierno del Estado de Oaxaca y del grupo de la Ubisort, hacemos un llamado a todas las organizaciones sociales, de derechos humanos, personas y medios internacionales para que estén atentos y se pronuncien por la responsabilidad que tiene el Estado Mexicano para garantizar la seguridad, proteger la vida y permitir el trabajo que realizan los defensores y defensoras de derechos humanos en Oaxaca.

Pedimos enviar sus llamamientos a:

GOBIERNO FEDERAL:

· INVESTIGACIÓN REAL Y APEGADA A DERECHO SOBRE EL ATAQUE A LA PRIMERA CARAVANA HUMANITARIA DE OBSERVADORES INTERNACIONALES DONDE PIERDE LA VIDA BETY Y JIRY.

· ALTO AL ATAQUE A DEFENSORES DE DERECHOS HUMANOS EN EL ESTADO DE OAXACA

· HACER RESPONSABLE AL GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA DE CUALQUIER AGRESION FISICA, PSICOLOGICA Y MORAL QUE SE DE EN CONTRA DEL PADRE UVI.

· A LA COMISION NACIONAL DE DERECHOS HUMANOS PARA QUE INTERVENGA DE MANERA INMEDIATA EN TODAS LAS VIOLACION A A DERECHOS HUMANOS QUE SUFRE EL PUEBLO TRIQUI.

http://www.oaxacaenpiedelucha.info/2010/08/ameneza-la-ubisort-al-padre-uvi.html?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+oaxacaEnPieDeLucha+%28%C2%A1OAXACA+EN+PIE+DE+LUCHA!%29

Complicidad de instituciones del estado y federales ante la impunidad en San Juan Copala. CCIODH.

Boletín de prensa de la Comisión Civil Internacional de Observación por los Derechos Humanos (CCIODH)

Complicidad de instituciones del estado y federales ante la impunidad en San Juan Copala (Oaxaca)

“La Comisión considera que los hechos ocurridos en Oaxaca son un eslabón de una estrategia jurídica, policiaca y militar, con componentes psicosociales y comunitarios cuyo objetivo último es lograr el control y amedrentamiento de la población civil en zonas donde se desarrollan procesos de organización ciudadana o movimientos de carácter social no partidista” (Informe de la CCIODH, 2007)

Esta fue la primera de las conclusiones que emitimos tras nuestra visita a Oaxaca a finales de enero de 2007. Consideramos que el cerco armado con el que desde finales de 2009 se somete al municipio de San Juan Copala en el estado de Oaxaca reitera con crudeza la necesidad de insistir sobre el diagnóstico que la CCIODH realizó en aquel momento frente al conjunto de conflictos que afectan a dicha región mexicana.

Hay que recordar que pese a la vulneración múltiple de derechos individuales y colectivos que el cerco armado implica, cuya gravedad se intensifica cada día que pasa, y pese a la clara identidad de los responsables de tales violaciones (UBISORT-Unión de Bienestar Social de la Región Triqui, organización vinculada al PRI), no ha habido ninguna intervención para levantarlo por parte del estado.

A esta situación ya de por sí inaceptable, se le suman los últimos sucesos acaecidos ya denunciados en el anterior boletín de la CCIODH:

Por un lado, el ataque a la primera caravana humanitaria de solidaridad y observación realizada el pasado 27 de abril en la que resultaron asesinados la activista y defensora de Derechos Humanos Beatriz Cariño y el observador internacional Jyri Jaakkola. Todos los indicios, así como las amenazas públicas de Rufino Juárez Hernández (dirigente de UBISORT) contra la caravana, apuntan a que los responsables de la acción armada y de los asesinatos son miembros del grupo paramilitar UBISORT.

Por otro lado, los asesinatos del lider triqui y promotor de la autonomía Timoteo Alejandro Ramírez y su esposa Tleriberta Castro Aguilar acaecidos el pasado 20 de mayo.

Los nuevos acontecimientos, no hacen más que agravar la situación de sitio en la que se encuentra el Municipio:

El pasado 8 de junio, una nueva caravana solidaria partió hacia San Juan Copala con la intención de romper el cerco impuesto por UBISORT, así como para llevar ayuda humanitaria a los habitantes del municipio autónomo. De nuevo, fue notificada públicamente así como de forma particular a las autoridades responsables para que garantizaran: el derecho a la libre circulación, la seguridad de las más de 350 personas que participaban y la llegada de 30 toneladas de suministros a los habitantes de la comunidad.

La caravana salió acompañada de una considerable presencia policial dado el contexto de amenazas existente. Ni aun así pudo llegar a su destino. La policía no quiso actuar ni posibilitar el paso de la caravana. Dicho contingente policial no rechazó, y con ello habilitó, las amenazas y las acciones de bloqueo realizadas por miembros de UBISORT. Finalmente, la fuerza pública, pese a la evidencia de la actuación delictiva que estaban presenciando, se retiró y recomendó la finalización de la caravana por razones de seguridad.

La condición que impuso UBISORT para dejar pasar la caravana fue que sus miembros formaran parte de la misma y entraran en San Juan Copala. Resulta evidente que se trataba de una condición imposible por inaceptable, que solo pretendía servir de soporte a la decisión de las autoridades de no hacer nada para asegurar que la caravana podía acceder al municipio cercado.

Ante estos últimos acontecimientos, la CCIODH concluimos que:

Las autoridades, nuevamente, no dan cumplimiento a su obligación constitucional de dar protección y seguridad a una iniciativa de la sociedad civil pacífica y humanitaria para hacer llegar los suministros y romper el cerco al que está sometido de forma violenta y armada el municipio autónomo en defensa de su derecho reconocido a organizarse.

La complicidad de instituciones del estado y federales en estos hechos tan graves, apoya y confirma la impunidad de los agresores y conforma el patrón de control y amedrentamiento en contra del municpio autónomo de San Juan Copala por parte de organismos del estado cuya obligación es la contraria: hacer respetar derechos fundamentales reconocidos por la constitución mexicana y las normas internacionales.

A más de un mes de los asesinatos ocurridos el 27 de abril y de las declaraciones efectuadas por el Presidente de México en la cumbre de Madrid ante la presidenta de Finlandia en las que manifestó la máxima celeriadad en la investigación, detención y debido proceso de los responsables directos de estos hechos delictivos, no se ha producido ninguna actuación que permita confiar en que así ocurra ni por parte de las autoridades de Oaxaca ni por parte de las autoridades federales.

En este sentido se ratifica un patrón de actuación ya denunciado en el informe de la CCIODH de 2007: “6- Los poderes públicos no han garantizado el pleno ejercicio de la libertad de expresión, pensamiento, asociación, reunión, participación política, libre circulación y manifestación. Se ha impedido mediante el uso de la fuerza física y la coacción el ejercicio de estos derechos fundamentales”.

Lo que acontece hoy en San Juan Copala, tiene un denominador común que la CCIODH ha denunciado en Chiapas, Atenco, Oaxaca: en todos ellos se combaten los procesos de autonomía legítimos y pacíficos mediante la represión directa o mediante la actuación de grupos paramilitares protegidos y amparados por las autoridades. Esta situación explosiva anuncia un aumento de la violencia que impide, al no tratar las causas de los conflictos, llegar a acuerdos que permitan una solución justa y dialogada

Las autoridades de San Juan Copala han llamado a insituciones internacionales para que aseguren la llegada de los suministros a las comunidad y con ello se rompa el cerco al que están sometidos. Es responsabilidad de estas instituciones coadyugar activamente para que sea posible. En otras palabras: será responsabilidad de las instituciones los efectos que puedan derivarse de la continuidad del cerco armado.
La indefensión e impunidad generalizadas por la falta de respuesta institucional, fuerza a la sociedad civil nacional e internacional la que tendrá que interpelar y movilizarse para que los derechos individuales y colectivos del pueblo de San Juan Copala sean respetados.

Barcelona, a 15 de junio de 2010.

Comisión Civil Internacional de Observación por los Derechos Humanos
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Boletín de prensa de la Comisión Civil Internacional de Observación por los Derechos Humanos (CCIODH)

Alerta ante la grave escalada de violencia en la región Triqui.

Los gobiernos federal y estatal responsables del cerco al que se ve sometido San Juan Copala por paramilitares de la UBISORT.

La escalada de la violencia y la impunidad reinante en la zona triqui de Oaxaca, evidenciada hasta el extremo con el cerco paramilitar que sufre el municipio autónomo de San Juan Copala ha desembocado en dos nuevos homicidios.

El cerco paramilitar, que la organización Unión de Bienestar Social de la Región Triqui (UBISORT) -vinculada al PRI- mantiene desde el mes de noviembre al Múnicipio Autónomo de San Juan Copala, impide su normal abastecimiento y la libre circulación de las personas como fue el caso de la retención y el secuestro de mujeres y niños que el pasado 15 de mayo habían salido para comprar alimentos.

El pasado 20 de mayo se produjeron los homicidios de Timoteo Alejandro Ramírez y su esposa Cleriberta Castro Aguilar, ambos por disparos de bala en la cabeza tras ser atacados en su propia casa, en la comunidad triqui de Yosoyuxi. Ramírez era dirigente del Movimiento de Unificación y Lucha Triqui – Independiente (MULT-I) y líder moral del municipio autónomo. Las autoridades autónomas, responsabilizan al Movimiento de Unificación y Lucha Triqui (MULT) y al gobierno de Oaxaca de estos dos homicidios.

A estos últimos homicidios, le precede un mes antes la emboscada realizada contra la caravana humanitaria de observación y solidaridad con el municipio autónomo, en la que también resultaron muertos Beatriz Alberta Cariño Trujillo, activista y defensora de Derechos Humanos y Jyry Antero Jaakkola, ciudadano finlandés que formaba parte de la caravana, varias personas más fueron heridas y otras cuatro tuvieron que permanecer escondidas durante dos días.

La responsabilidad del ataque a la caravana se ha atribuido finalmente a la organización UBISORT, después que el dirigente Rufino Juárez Hernández anunciara días antes que impedirían a toda costa el paso de la misma. Esta amenaza pública en relación a este ataque evidencia la responsabilidad del gobierno de Oaxaca y ponen totalmente en cuestión las declaraciones del mismo en el sentido que desconocían la realización de la caravana. A esto se añade, y es totalmente inaceptable, que ante la gravedad de los delitos ocurridos, la única investigación que anunciara el gobernador Ulises Ruíz fuera respecto a la calidad migratoria de las personas extranjeras que participaron en la caravana.

Como respuesta a estos hechos y a la situación de sitio del municipio de San Juan Copala, la convocatoria de una nueva caravana por parte de sus autoridades, el próximo 8 de junio, es legítima y debería poder realizarse con normalidad para garantizar el suministro de alimentos, medicinas y educación a la comunidad sitiada, así como para apoyar el derecho de autogobierno por parte del pueblo triqui de Copala, constituído en municipio autónomo desde enero del año 2007.

Las graves amenazas lanzadas por miembros de la UBISORT contra la nueva caravana del 8 de junio, declarando que “están exponiendo sus vidas” obliga a los gobiernos estatal y federal a garantizar la integridad física de los integrantes de la misma. De lo contrario quedará manifiesta su responsabilidad en las posibles agresiones y ataques que puedan darse.

La sociedad civil nacional e internacional ha expresado su indignación denunciando las agresiones y exigiendo justicia contra los responsables del asedio, del ataque a la caravana y de los últimos homicidios.

Por su parte, la Unión Europea (UE) envió al gobierno mexicano una protesta ante la emboscada a la caravana. Diferentes relatores de Naciones Unidas han manifestado su repudio ante lo que consideran ejecuciones extrajudiciales, y graves atentados contra la libertad de los periodistas y los defensores de los derechos humanos.

Más allá de declaraciones públicas, el Parlamento Europeo está obligado a hacer cumplir la aplicación de la Cláusula Democrática que supedita al respeto a los Derechos Humanos los acuerdos del Tratado Preferencial de Comercio que suscribió con México en diciembre de 1997, semanas antes de la masacre de Acteal.

A su vez, la presidenta de Finlandia demandó a Felipe Calderón una investigación rápida y concluyente sobre el asesinato del ciudadano finlandés, ante lo cual el Presidente le respondió públicamente que la justicia mexicana castigaría a los autores del asesinato.

Pese a las palabras del presidente Calderón, hasta el día de hoy la reacción gubernamental en México ha sido la total ausencia de voluntad para investigar los hechos y castigar estos crímenes con apego a la ley. La representante de México ante la UE, por su parte, calificó los hechos de “accidente”, argumentando conflictos intercomunitarios.

El conflicto en esta región es de largo recorrido, la CCIODH en sus dos últimas visitas, en 2006 -2007 y 2008, elaboró informes de denuncia sobre la situación en Oaxaca y en particular constató y documentó vulneraciones de los derechos humanos en la región triqui y concretamente en San Juan Copala.

Ante esta nueva escalada la CCIODH manifiesta que:

La escalada de la violencia en contra de las expresiones sociales legítimas de defensa de derechos colectivos puede aumentar en el contexto actual de elecciones y en términos de rentabilidad partidista.

Se confirma nuevamente, la repetición reiterada de un patrón de conducta por parte de las autoridades mexicanas en diferentes escenarios y situaciones: oficialmente “no hay paramilitares, las agresiones y los asesinatos obedecen a conflictos intracomunitarios y el estado sólo interviene para garantizar la paz y el orden social”. Sin embargo, estas afirmaciones oficiales se ven contrastadas por la realidad. Basta recordar como paradigmático el caso de, por lo menos, 26 muertes violentas en el año 2006 en el conflicto de Oaxaca que esta Comisión denunció, cuyos responsables materiales e intelectuales nunca han sido investigados ni mucho menos juzgados.

La impunidad manifiesta en este y tantos otros casos, hace que se permita y potencie la actividad paramilitar como forma de división, agresión y contención de las causas justas y legítimas de las organizaciones sociales y comunidades indígenas. Así lo hemos documentado y lamentablemente se ve ratificado en la situación actual, pues no hay indicios que demuestren lo contrario.

Existe una enorme desconfianza hacia la justicia mexicana y a las instituciones del estado como garantes de las libertades individuales y colectivas. Está en cuestión que las autoridades mexicanas investiguen estos homicidios conforme a derecho. En caso de que no haya garantías, se debe acudir a los mecanismos de justicia internacionales, en especial la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

La solución duradera del conflicto pasa por un diálogo entre las organizaciones sin la intervención de los poderes públicos, y sin que esto excluya el juicio y castigo a los responsables de los graves delitos cometidos.

En esta situación de impunidad, la confianza sólo puede depositarse en la sociedad civil cuya movilización interpela y exige que se haga justicia. Es el caso de la caravana humanitaria de observación y solidaridad con el municipio autónomo, que ante la gravedad de los hechos y a pesar del riesgo que supone y poniendo en juego la propia vida de los participantes, se moviliza y denuncia la injusta situación que padecen los habitantes del municipio autónomo de San Juan Copala.

Ante los hechos señalados, la CCIODH manifiesta su preocupación y se compromete a seguir de cerca la evolución de los acontecimientos, y hace un llamado a la sociedad civil a estar vigilante para responder ante posibles nuevas agresiones, así como a sumar esfuerzos que permitan una solución justa y duradera al conflicto en la región triqui.

Barcelona, a 22 de mayo de 2010

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Boletín de prensa de la CCIODH: Emboscada paramilitar contra caravana de observación y solidaridad en San Juan Copala (Oaxaca, México).

Boletín de prensa de la Comisión Civil Internacional de Observación por los Derechos Humanos (CCIODH)

Emboscada paramilitar contra caravana de observación y solidaridad en San Juan Copala (Oaxaca, México)

El martes día 27 de abril a las 11 de la mañana partió de la ciudad de Huajuapán de León una caravana formada por un centenar de personas en varios vehículos, formada por miembros de diferentes organizaciones sociales y de derechos humanos mexicanas e internacionales con el objetivo de romper el cerco que sufre el municipio autónomo de San Juan Copala en la zona triqui del estado de Oaxaca. Este municipio se encuentra cercado por un retén paramilitar armado desde el mes de enero por parte de la organización UBISORT, ligada al PRI que gobierna en el estado, y denunciada en repetidas ocasiones como paramilitar, responsable de numerosas agresiones y asesinatos en la zona. Este cerco impide la realización de clases así como ha cortado el suministro de agua y la llegada de mercancías al municipio y tiene como objetivo impedir el libre autogobierno mediante el municipio autónomo declarado en la zona.

Formaban parte de la caravana la sección 22 del sindicato de trabajadores de la educación de Oaxaca con el objetivo de hacer ingresar a los maestros al municipio para reiniciar las clases, CACTUS, VOCAL y diferentes organizaciones de la APPO (Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca) así como observadores internacionales de derechos humanos de Finlandia, Italia, Bélgica y Alemania, y también periodistas y miembros de la Red de Radios y Comunicadores Indígenas del Sureste Mexicano.

Alrededor de las 14,50 horas y en la zona de la Sabana, poblado anterior a San Juan Copala se encontraron con el retén paramilitar que les impidió el paso y dispararon contra la caravana con el resultado de dos personas muertas por arma de fuego: Beatriz Alberta Cariño miembro de la organización CACTUS de Oaxaca y Tyri Antero Jaakkola, observador internacional originario de Finlandia. Resultó herida por arma de fuego Mónica Citlali Santiago Ortiz, que fue trasladada por una ambulancia de la Cruz Roja al hospital rural 66 del IMSS, en Santiago Juxtlahuaca. La ambulancia también fue baleada por los mismos paramilitares. Según los primeros testimonios en la agresión participaron más de 15 personas armadas provocando que varias personas se escondieran para protegerse sin que hasta el momento hayan aparecido, al tiempo que se tienen informaciones que señalan la existencia de más heridos por confirmar.

La realización de la caravana fue anunciada públicamente por los organizadores provocando la respuesta del líder de la organización UBISORT (Unión de Bienestar Social de la Región Triqui) Rufino Juárez Hernández que anunció el lunes pasado que impedirían a toda costa el paso de ésta tal como hicieron hace poco tiempo con la visita de miembros del FPDT que no pudieron acceder a la zona.

La violencia en la zona triqui, ha provocado en estos años un sinfin de asesinatos, nunca investigados ni sancionados que ha permitido la acción de los grupos paramilitares con total impunidad. Este hecho tan grave es una muestra más de que esta violencia, dirigida contra las organizaciones opositoras, se hace con la connivencia del poder estatal, monopolizado por el PRI, impidiendo una solución dialogada a los conflictos.

La protección de la cual gozan grupos como UBISORT y el MULT como “organizaciones de interés público” unido al clima de total impunidad permiten al gobierno estatal deslindarse de toda responsabilidad en los hechos de violencia. De hecho, la ausencia total de justicia en los numerosos asesinatos y hechos de violencia que se han registrados en la zona triqui han contribuido a crear una situación calificada de “incontrolable” en donde se justifica de forma implícita el derecho de hacerse justicia por sí mismo, creando así un clima de terror en la región.

En el mes de octubre pasado, la CCIODH publicó un boletín de prensa bajo el título: El sistema mexicano penaliza a las víctimas y protege a los responsables de violaciones a los DDHH en el que afirmábamos: “como ha constatado la propia CCIODH en sus dos visitas a la entidad: el objetivo de los órganos de poder era destruir un movimiento social legítimo y pacífico. Para ello se valió de detenciones selectivas de líderes sociales, secuestros y detenciones ilegales, manejo político como amenaza de órdenes de aprehensión muchas veces sin fundamento, exilio forzado por amenazas de muerte, detenciones masivas y encarcelamiento prolongado de cientos de personas que finalmente han sido exoneradas de cualquier delito, tortura, violaciones, dilación y desobediencia de los jueces del fuero común en la aplicación de los amparos emitidos por jueces federales, imputaciones falsas a miembros del movimiento para encubrir a funcionarios públicos … y decenas de homicidios de indiscutible carácter político que nunca han sido resueltos por la justicia estatal y federal…”

Todo ello conforma un panorama muy grave en el que los conflictos sociales, lejos de afrontarse las causas que los generan, son tratados como meros asuntos de orden público mientras se criminaliza a los opositores aplicándoles medidas represivas desmedidas y ejemplarizantes para el resto de la sociedad. Esta política hace crecer una espiral de violencia e impunidad que en vez de resolver los problemas no hace sino agravarlos. Desgraciadamente, este diagnóstico que describimos y comprobamos en los conflictos de Oaxaca, Chiapas y Atenco, es hoy en día comparable a otras situaciones en el resto de la República.

La reciente agresión paramilitar confirma todo lo anterior y aumenta la exigencia de nuestro compromiso, como expresión de parte de la sociedad civil internacional, en la defensa y la vigilancia de los derechos humanos individuales y colectivos frente a estos abusos del poder contra las comunidades y las personas que luchan de forma legítima por mejores condiciones de vida y un mundo mejor para todos.

Barcelona, a 28 de abril de 2010

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Carta de la Asamblea de la CCIODH reunida en Barcelona el 28 de noviembre.

Carta de la Asamblea de la CCIODH reunida en Barcelona el pasado 28 de
noviembre

Una treintena de personas procedentes de varios países europeos,
participantes en diversas visitas a México de la Comisión Civil
Internacional de Observación por los Derechos Humanos (CCIODH), nos
hemos reunido para reflexionar sobre el futuro de la Comisión. Otras
diez personas pudieron seguir y participar en la reunión vía internet y
otras tantas hicieron llegar sus reflexiones y propuestas con antelación.

Queremos manifestar públicamente a la sociedad civil internacional y la
mexicana en particular el fruto de nuestras reflexiones:

Lejos de mejorar, la situación de los derechos humanos individuales y
colectivos en México ha empeorado en los últimos años. A las demandas de
los pueblos indígenas y de los movimientos sociales, el poder responde
de una forma cada vez más violenta: detenciones arbitrarias, agresiones
graves, muertes y desapariciones; militarización de las funciones de
orden público, brutalidad policial, sentencias ejemplarizantes que
llevan, en algunos casos paradigmáticos, a encarcelamientos
prácticamente de por vida… en definitiva, un escenario donde la
vulneración generalizada de derechos acompaña una estrategia política
que busca acallar la legítima protesta social mediante la
criminalización y el amedrantamiento.

Ante las denuncias que surgen frente a tales atropellos, el sistema
institucional en su conjunto cierra los ojos y silencia las voces. La
impunidad de los responsables materiales e intelectuales de las
mencionadas vulneraciones se extiende a medida que desaparece todo rasgo
de independencia del sistema de procuración e impartición de justicia.

Pero todo ello no es al parecer suficiente si se tiene en cuenta las
reformas legislativas emprendidas tendentes a eliminar toda una serie de
garantías individuales, legalizando así la práctica común de no respetarlas.

En este contexto de estado de excepción de facto impulsado cada día de
forma más abierta, cabe preguntarse sobre la efectividad de la
observación y la denuncia de las violaciones de derechos individuales y
colectivos, al menos en los términos en los que se ha venido haciendo
hasta el momento. Este es un debate que ya es público, ha existido y
existe en el seno de la misma CCIODH.

La CCIODH se plantea como reto seguir impulsando y abrir hacia el
exterior este debate, conscientes de que el camino está lleno de
contradicciones que nos siguen interpelando. El objetivo es,
compartiendo las experiencias vividas junto a los movimientos sociales,
hacer un uso más incisivo de la observación de derechos humanos y
colectivos.

Merece la pena recordar que la Comisión surge como instrumento de
observación y denuncia precisamente a raíz de uno de tantos casos en los
que se han utilizado los derechos humanos para lavar la imagen pública
de un estado. Cuando la Unión Europea concedió “aval democrático” al
gobierno mexicano en vísperas de la masacre de Acteal, la red de apoyo a
Chiapas propuso la primera visita de la CCIODH en 1998, una visita que
no hubiera sido posible sin la indignación y el impulso de sectores y
sensibilidades muy distintos de la sociedad civil internacional.

Desde entonces, cientos de personas, algunas pertenecientes a diversos
colectivos pero en su mayoría a título individual, han dedicado parte de
su tiempo y recursos a la tarea de denunciar las diversas formas que
utiliza el poder para acallar la protesta social en México, recabando
testimonios directos, interpelando a las instituciones y denunciando a
sus propios gobiernos cuando se han hecho cómplices o han cerrado los
ojos ante evidentes violaciones a los derechos humanos

La CCIODH se debe, en consecuencia, a los pueblos y a la sociedad civil.
A los pueblos cuando reconocen la presencia de la Comisión en sus
territorios y a la sociedad civil internacional que la impulsa, la apoya
y la compone.

Ante la gravedad de la situación de México, los participantes en esta
asamblea queremos manifestar que nos sentimos comprometidos a seguir
vigilantes y a reforzar el trabajo de la Comisión, manteniéndola, como
hasta ahora, independiente y abierta a todos los sectores y
sensibilidades de la sociedad civil que consideran un deber fraterno
entre los pueblos la denuncia de la mentira y la barbarie.

Barcelona, 14 de diciembre de 2009

Asamblea de la Comisión Civil Internacional de Observación por los
Derechos Humanos (CCIODH)

Anexo sobre temas de organización:

En sustitución de la Secretaría Permanente, se ha formado un Grupo de
Seguimiento que colectivamente impulsará los trabajos en red de
análisis, documentación, comunicación, debate e intercambio.

Este grupo no ejercerá funciones de portavoz, función que sólo se
mantiene durante las visitas.

Se encargará de fomentar las relaciones y el intercambio de información
con colectivos que trabajan temas específicos sobre México.

De impulsar el trabajo de denuncia y difusión fuera de México y cuando
la situación lo requiera de redactar los boletines oportunos.

También impulsar el debate sobre la efectividad y utilidad para los
movimientos sociales de la denuncia de violaciones de derechos humanos
individuales y colectivos; así como poner a disposición de otros
sectores de la sociedad civil la metodología y los instrumentos de
trabajo de la Comisión para que se puedan emprender acciones
independientes en otros ámbitos.

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Comisión Civil Internacional de Observación por los Derechos Humanos
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Boletín de prensa de la Comisión Civil Internacional de Observación por los Derechos Humanos (CCIODH)

El sistema mexicano penaliza a las víctimas mientras protege, cuando no premia, a los responsables de violaciones a los derechos humanos

Recientes resoluciones de los órganos de procuración e impartición de justicia en México demuestran una vez más la existencia de una política de estado que, mediante la simulación de un escrupuloso respeto a la ley, sólo consigue asegurar la impunidad de los responsables directos e intelectuales de graves violaciones de los derechos humanos. Por el contrario, ese mismo sistema de procuración e impartición de justicia se muestra implacable con los luchadores sociales que se oponen a las políticas gubernamentales de forma legítima y pacífica.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación y el caso Oaxaca

Esta semana, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia afronta la discusión del caso Oaxaca a partir del proyecto de dictamen elaborado por el Ministro Mariano Azuela. La propuesta exonera de toda responsabilidad a las autoridades y funcionarios tanto estatales como federales que participaron en la represión del movimiento social oaxaqueño durante 2006 y 2007. Tras un análisis aparentemente riguroso y ajustado a la ley, el proponente en realidad descontextualiza lo ocurrido en Oaxaca hasta el punto de pretender que los poderes públicos no tuvieron otro remedio que utilizar de manera legítima la fuerza para restablecer “el orden y la paz social” tras meses de “paciente” negociación con el movimiento social oaxaqueño.

En el proyecto del Ministro Azuela faltan datos y hechos constatados por diversas organizaciones de derechos humanos y la misma Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH). Si los hubiera incorporado, la Suprema Corte tendría un panorama bien distinto, como ha constatado la propia CCIODH en sus dos visitas a la entidad: el objetivo de los órganos de poder era destruir un movimiento social legítimo y pacífico. Para ello se valió de detenciones selectivas de líderes sociales, secuestros y detenciones ilegales, manejo político como amenaza de órdenes de aprehensión muchas veces sin fundamento, exilio forzado por amenazas de muerte, detenciones masivas y encarcelamiento prolongado de cientos de personas que finalmente han sido exoneradas de cualquier delito, tortura, violaciones, dilación y desobediencia de los jueces del fuero común en la aplicación de los amparos emitidos por jueces federales, imputaciones falsas a miembros del movimiento para encubrir a funcionarios públicos … y decenas de homicidios de indiscutible carácter político que nunca han sido resueltos por la justicia estatal y federal. Es significativo el caso de Brad Will con la detención y procesamiento de Juan Manuel Martínez Moreno como responsable de este homicidio en contra de las evidencias y testimonios que acusan a funcionarios públicos municipales como los autores del hecho.

No será aplicando el principio de presunción de inocencia a los poderes públicos como la Suprema Corte alcanzará la verdad. Tampoco desechando los testimonios de las víctimas al tiempo que no cuestiona la veracidad de los partes policiales. Con un dictamen de estas características lo único que se consigue es legitimar la represión.

El ministro Azuela considera que los poderes públicos intervinieron de forma legítima para restaurar el orden social y la libertad ciudadana, derechos que el Estado tiene la obligación de garantizar. La pregunta que cabe hacerse es si es posible que en un contexto de terror político como el que vivió Oaxaca se puede ejercer el derecho que todo ciudadano tiene siempre de cambiar de modo pacífico sus órganos de gobierno.

Atenco y Chiapas : no hay justicia para las víctimas

Hace pocos días la Fiscalía Especial para los Delitos de Violencia en contra de las Mujeres, después de más de tres años de investigación, notificó la resolución sobre denuncia presentada por 11 mujeres por tortura y violencia sexual durante los hechos de Atenco. En esta resolución la Fiscalía trasladaba la denuncia a la Procuraduría del Estado de México por considerar que los 34 policías señalados son estatales y no poder imputar a ningún agente federal.

Se da el caso de que la procuraduría estatal ya ha dado el caso por cerrado, condenándose a un solo agente por “actos libidinosos” a una pena de 3 años de prisión que ha sido sustituída por una multa. En el resto de casos, los acusados han sido exonerados por un amparo de la justicia federal que detectó errores inadmisibles en el procedimiento, procedimiento que fue tramitado por la misma Procuraduría Estatal, la misma que también asesoró a los agentes en el amparo que acabó otorgándoles la libertad sin cargos.

Este es un caso aberrante de juez y parte en el que, aplicando las garantías a las que todo procesado tiene derecho, se consagra la injusticia y la impunidad. Una vez más, exonerando a los responsables directos de la represión, los responsables políticos, en este caso paradigmático también responsables últimos del procedimiento, se aseguran asimismo la impunidad.

La Comisión Nacional de Derechos Humanos, la Fiscalía Especial para los Delitos de Violencia en contra de las Mujeres y la misma Suprema Corte en su dictamen han señalado que hubo tortura y violaciones. La pregunta que cabe hacerse es qué órgano jurisdiccional debe imputar, procesar y condenar los responsables directos y los responsables intelectuales, por acción u omisión, de estos delitos.

En este mismo caso, las propias víctimas fueron consignadas e ingresadas en prisión por largos períodos y en muchos casos liberadas con posterioridad libres de cargos. Contrasta también la inoperancia de la procuración de justicia con la dureza de las condenas contra los luchadores sociales de San Salvador Atenco, a los que estado mexicano ha sentenciado a permanecer en prisión por 30, 65 ó 110 años.

Desgraciadamente, los hechos se repiten: se espera para los próximos días la resolución de la SCJN que afectará al caso de 31 personas condenadas por la Masacre de Acteal. Por defectos en el procedimiento ya fueron liberadas recientemente 20 personas y todo hace suponer que lo mismo ocurrirá en esta nueva resolución.

Esta comisión ha defendido siempre que el sistema de procuración e impartición de justicia debe asegurar el derecho al debido proceso de cualquier imputado en una causa penal. Pero lo que la Suprema Corte no debe hacer en ningún caso es exonerar de facto con sus resoluciones a asesinos confesos que han sido reconocidos por las víctimas, sino buscar el procedimiento adecuado para que la reparación de una injusticia no consagre otra mayor.

Porque la injusticia y la impunidad provocan que los hechos se repitan una y otra vez: en estos días se cumple un año de la masacre de Chinchultik en el estado de Chiapas con el resultado de 6 indígenas asesinados en un operativo policial sin que a día de hoy se haya dado satisfacción ni se haya establecido justicia sobre estos hechos tan graves, cuya responsabilidad depende del gobierno del estado.

El circulo de la impunidad de la justicia mexicana

El ascenso en la carrera judicial o política de personas con responsabilidad en la investigación y protección de los derechos humanos, atendiendo más a los compromisos políticos que a su verdadera responsabilidad y competencia es un freno para la auténtica justicia. Así se ha manifestado ante los recientes nombramientos del nuevo responsable de la Secretaría de Gobernación, la Procuradoría General de la República o la presidencia de la Comisión de Seguridad Nacional del Congreso.

Por el contrario, los defensores de los derechos humanos sufren hostigamiento y amenazas que entorpecen su actividad sin que estos casos sean investigados con la celeridad y exigencia necesarios.

Esta situación de abandono hace que finalmente las víctimas de estos atropellos no tengan otras vías que recurrir al sistema internacional de justicia, como sucede en el caso de Acteal y en el de las mujeres de Atenco.

Todo ello conforma un panorama muy grave en el que los conflictos sociales, lejos de afrontarse las causas que los generan, son tratados como meros asuntos de orden público mientras se criminaliza a los opositores aplicándoles medidas represivas desmedidas y ejemplarizantes para el resto de la sociedad. Esta política hace crecer una espiral de violencia e impunidad que en vez de resolver los problemas no hace sino agravarlos. Desgraciadamente, este diagnóstico que describimos y comprobamos en los conflictos de Oaxaca, Chiapas y Atenco, es hoy en día comparable a otras situaciones en el resto de la República

Como expresión de parte de la sociedad civil internacional, llamamos a la defensa y la vigilancia de los derechos humanos individuales y colectivos frente a estos abusos del poder contra las comunidades y las personas que luchan de forma legítima por mejores condiciones de vida y un mundo mejor para todos.

Barcelona, a 13 de octubre de 2009.

Comisión de prensa


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