Posts Tagged 'Comisión de Concordia y Pacificación'

EZLN: L@S CONDISCÍPUL@S III.

L@S CONDISCÍPUL@S III.

 NI ESTUVIERON, NI ESTÁN, NI ESTARÁN…

 como invitad@s.

 Junio del 2013.

A l@s adherentes a la Sexta en México y el Mundo:
A l@s estudiantes de la Escuelita Zapatista:

Compañeros, compañeroas, compañeras:

No serán sus compañer@s de clase en la escuelita, porque no los invitamos, los siguientes:

Los legisladores que formaron la Comisión de Concordia y Pacificación (COCOPA) en el período 1996-1997.  Aunque les hubiera servido darse cuenta de que no se equivocaron con su iniciativa para el reconocimiento constitucional de los derechos y la cultura indígenas, misma que fue traicionada por todos los partidos políticos, el poder legislativo, el ejecutivo y el judicial.

Los legisladores de la COCOPA actual.  Aunque les hubiera ayudado a conocer por dónde está la puerta para la reactivación del diálogo con el EZLN.

Los presidentes de los partidos políticos con registro (PRI, PAN, PRD, PVEM, PT, MC y NA).  Porque no tenemos antiácidos suficientes para aliviar el coraje que les daría al ponerse en evidencia lo que se puede hacer, no sólo sin los partidos políticos, sino a pesar de ellos.

Los presidentes de las mesas directivas de las cámaras legislativas y los coordinadores de las fracciones parlamentarias.  Aunque les hubiera servido constatar lo que la contrarreforma de ley indígena que mantienen no pudo impedir.

La Secretaría de la Defensa Nacional, La Secretaría de Marina, el CISEN, la PGR, la Comisión Nacional de Seguridad, la Secretaría de Desarrollo Social, la Suprema Corte de Justicia de la Nación.  Aunque hubieran podido confirmar sus informes de inteligencia que les dicen que se está mejorando significativamente el nivel de vida de las comunidades indígenas zapatistas a pesar de sus labores contrainsurgentes, su apoyo a grupos paramilitares y el tratamiento policíaco que dan a una lucha justa y legítima.  Y, además, hubieran podido constatar, de primera mano, la persistencia de lo que con tanto empeño han tratado de destruir: la autonomía indígena.

El Departamento de Estado Norteamericano, la CIA, el FBI.  Aunque les hubiera ayudado a entender sus reiterados fracasos… y los que les faltan.

Las distintas agencias de espionaje que languidecen de aburrimiento en San Cristóbal de Las Casas, Chiapas, y cuya única ocupación es alentar los chismes que pululan entre las ONG´s coletas.

El Mandón, el que realmente los dirige a todos ellos, ante quien se inclinan y a quien adulan.  Aunque sólo se hubiera estremecido al ver que esa pesadilla recurrente que padece, tiene visos de realidad.

No han estado, ni están, ni estarán como nuestros huéspedes.

En cambio, han estado, están y estarán como nuestros perseguidores, como quienes buscan la forma de destruirnos, de doblegarnos, de comprarnos, de rendirnos.

Estarán espiándonos, vigilándonos, maldiciéndonos siempre, como hoy, como ayer, como hace 10, 20, 30, 500 años.

No los invitamos no sólo porque nuestro plan de estudios no incluye grupos de nulo aprendizaje, o para no alentar el “bullying” del que serían objeto por parte de los demás estudiantes (lo sé, eso sí es una lástima), o porque tenemos mejores formas de perder el tiempo.

No los invitamos porque, así como nosotros, nosotras, no vamos a dejar de resistir y de luchar, ellos no van a dejar de despreciarnos, de tratar de explotarnos, de reprimirnos, de intentar despojarnos de lo que es nuestro, de desaparecernos.

Así como nosotras, nosotros, nunca vamos a aprender la lengua del dinero, ellos nunca van a aprender a respetar al diferente.

Y, sobre todo no los invitamos, porque ellos y quien en realidad los manda, nunca van a entender por qué, en lugar de morir, vivimos.

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  Así que, ni modos, no contarán, entre sus condiscípulos, a tan “ilustres” personas.  Por lo tanto, no saldrán en los noticieros de la prensa escrita, radio y televisión, ni habrá mesas de debate, ni sesudos análisis.  O sea que, como quien dice, el aire estará limpio.  Y la tierra, la que nos vio nacer y nos alimentó hasta crecer, agradecerá el digno paso que la anda: el de ustedes.

Vale.  Salud y libertad, que el paso de l@s de abajo es bienvenido, como es bienvenido su corazón.

Desde las montañas del Sureste Mexicano.

SupMarcos.

México, Junio del 2013.

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Escucha y ve los videos que acompañan este texto:

Oscar Chávez y los Morales señalando a los chupacabras que, como se ve, son los mismos de siempre.

http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=gzzBc92Ta0o

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Breve explicación sobre la estrategia contra insurgente del gobierno mexicano y el uso de grupos paramilitares.

http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=LVbYjJRA8to

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Guillermo Velázquez y los Leones de la Sierra de Xichú, acompañando a Oscar Chávez en este largo “Pleito entre el peso y el dólar”.

http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=etdCf4qURGU

México, Acteal: 14 años de impunidad.

Este 22 de diciembre se cumplen 14 años de la matanza de Acteal. Ese fatídico día, durante horas, un grupo paramilitar entrenado, armado y protegido por las más altas jerarquías militares, policiacas y civiles de los tres niveles de gobierno, asesinó con toda premeditación, alevosía y ventaja a 45 personas indefensas, en su gran mayoría niños y mujeres, entre ellas, cinco embarazadas, y causó graves lesiones físicas y sicológicas a otras personas que sobrevivieron. La masacre se llevó a cabo en el contexto de una estrategia contrainsurgente o de guerra irregular, cuya parte sustancial de su doctrina castrense se fundamenta, precisamente, en la formación de grupos de civiles afines, o paramilitares.

Durante todos estos años, diversas investigaciones independientes, (que incluyen tesis académicas e informes de organismos de derechos humanos), testimonios de sobrevivientes, actores activos confesos y testigos colaterales, y sobre todo, en el terreno judicial vinculatorio, los resultados de la Fiscalía especializada en delitos cometidos en la procuración y administración de justicia en el estado de Chiapas, dados a conocer este año, señalaron, sin lugar a dudas, un crimen de Estado, pese a la defensoría de oficio de intelectuales de la contrainsurgencia que lograron –en una campaña bien orquestada–, que la desprestigiada Suprema Corte de Justicia de la Nación, dejara en libertad a varios de los autores materiales de la matanza de Acteal. Han sido identificados como autores intelectuales, cómplices y encubridores de este delito de lesa humanidad, por omisión y comisión: Ernesto Zedillo Ponce de León, Liébano Sáenz Ortiz, Emilio Chauyffet Chemor, Julio César Ruiz Ferro, Jorge Madrazo Cuéllar, entre otros funcionarios, así como la entonces alta oficialidad de la Secretaría de la Defensa Nacional y comandantes de la séptima Región Militar.

Por mi parte, en mi calidad de presidente en turno de la Comisión de Concordia y Pacificación (Cocopa), presenté el 30 de abril de 1999 una demanda en la PGR, en torno a la existencia en Chiapas de grupos paramilitares, uno de los cuales habría realizado la masacre de Acteal. En la citada demanda estipulaba que “los paramilitares son ahora la fuerza de contención activa en Chiapas. Mientras que el Ejército se ha desplegado como una fuerza de contención pasiva, los paramilitares han estado dedicados a hostigar con acciones armadas a las bases de apoyo zapatistas, a lideres agrarios y a obispos y sacerdotes de la diócesis de San Cristóbal. La cooperación de los militares y policías supondría la aplicación de una táctica militar de contraguerrilla conocida como ‘yunque y martillo’, la cual consiste en que el Ejército e instituciones policiacas adoptan la función de fuerzas de contención (yunque) y permiten realizar la función de golpeo de los grupos paramilitares (martillo) contra el EZLN y sus simpatizantes.”

A partir de la experiencia chiapaneca y el estudio de grupos represivos como la llamada Brigada Blanca, que actuaron en la sombras de la guerra sucia de los años setenta, ochenta y noventa, y que vuelven a resurgir ahora con la guerra de Calderón, definimos a los grupos paramilitares como aquellos que cuentan con organización, equipo y entrenamiento militar, a los que el Estado delega el cumplimiento de misiones que las fuerzas armadas regulares no pueden llevar a cabo abiertamente, sin que ello implique que reconozcan su existencia como parte del monopolio de la violencia estatal. Los grupos paramilitares son ilegales e impunes porque así conviene a los intereses del Estado. Lo paramilitar consiste entonces en el ejercicio ilegal e impune de la violencia del Estado y en la ocultación del origen de esa violencia. Existen víctimas, hechos de sangre, como el de Acteal, pero ningún gobierno mexicano ha reconocido nunca la existencia de grupos paramilitares, porque sería reconocer la paternidad de masacres y actos represivos.

La organización Sociedad Civil Las Abejas, con justa razón, ha cuestionado fuertemente a un grupo que se separa de la misma, y que promueve a través de un bufete de abogados con domicilio en Miami, una demanda en contra de Ernesto Zedillo, a quien se acusa de crímenes de guerra y lesa humanidad. Se aduce que esta demanda tiene un carácter meramente civil y no penal, y que busca tan solo una reparación económica, que consideran inadmisible. No obstante, no hay que perder de vista que pese a estas limitaciones, la demanda abre un camino para un juicio a un ex presidente, quien, como jefe de Estado y comandante supremo de las fuerzas armadas, representa al conjunto de los funcionarios y militares implicados en los graves delitos cometidos. En las pruebas de la acusación, se pueden consultar importantes documentos que comprueban la responsabilidad de numerosos funcionarios y jefes militares y que van más allá de un enfoque conspirativo, en el sentido de que el proceso iniciado –señalan algunos analistas– podría ser maniobra electorera o venganza de personajes turbios como Felipe Calderón y Carlos Salinas de Gortari, respectivamente. No considero posible que en la lógica de semejantes protagonistas políticos, se pretenda violar la regla no escrita de no tocar, en ningún caso, la sacrosanta imagen de un ex presidente.

Asimismo, la comparecencia de Zedillo ante la justicia, sea esta civil, crea un precedente importante para el curso de la reciente denuncia –firmada por miles de ciudadanos–, en contra de Felipe Calderón y los integrantes de su gabinete de seguridad por presuntos crímenes de guerra y de lesa humanidad para ser juzgados ante la Corte Penal Internacional, con sede en La Haya.

Seguirán repitiéndose masacres como la Acteal en nuestro país –marcado por la violencia– mientras prevalezca la impunidad y se pretenda borrar de nuestra memoria el clamor de justicia.

Gilberto López y Rivas

http://www.jornada.unam.mx/2011/12/18/opinion/016a1pol

Cumplir los acuerdos de San Andrés: acción impostergable.

En el contexto de la exigencia nacional de construir un nuevo marco de relación entre el Estado mexicano y los pueblos indígenas de México, la Comisión de Concordia y Pacificación (Cocopa) ha comenzado una nueva iniciativa política, en la búsqueda de los consensos necesarios para concretar en nuestra carta máxima los derechos indígenas, hasta hoy excluidos del pacto nacional.

Habrá quien piense que este no es el momento o quienes afirmen que habría que esperar mejores condiciones, pero lo cierto es que en la vida y en la política no hay más cera que la que arde. Por ello, esta iniciativa de paz, por buscar el cumplimiento de los acuerdos de San Andrés Larráinzar, debe ser una acción apoyada por las diferentes corrientes de pensamiento progresista que confluyen en la sociedad mexicana.

La vieja pretensión de reducir el conflicto indígena a cuatro municipios de la geografía chiapaneca, que responde a la lógica reduccionista de aquellos que pretenden minimizar el impacto del levantamiento armado de enero de 1994, ha demostrado su falsedad, cuando los conflictos que enfrentan las comunidades, en todos los rincones del país, tienen como común denominador el despojo, la exclusión y la violación constante de sus derechos por parte de instituciones, funcionarios y sobre todo voraces compañías trasnacionales, que sin recato explotan –o están en vías de hacerlo– los recursos naturales de las tierras y territorios de las comunidades indígenas y ejidales de nuestro país.

Por ello el escenario de incertidumbre constante en el que se ha desarrollado la negociación en Chiapas debe ser analizado en el contexto de una reflexión positiva sobre el futuro de la concertación y sus posibilidades reales de allanar el camino hacia la paz.

Diversos sucesos han entorpecido el diálogo para concertar una paz definitiva y avanzar hacia la solución de fondo a los problemas políticos, económicos y sociales que tuvieron en el alzamiento de Chiapas una expresión extrema. Desalojos, presencia de grupos paramilitares, enfrentamientos por motivos políticos o religiosos con saldo de heridos y muertos, acciones judiciales inoportunas, violencia rural, son sólo algunos de los hechos que gravitaron durante el proceso de negociación en Chiapas.

En paralelo, el ambiente de enrarecimiento se acrecentó con campañas de desprestigio contra las instancias de intermediación, descalificaciones a priori a propuestas de las partes, amenazas anónimas contra personalidades y organizaciones que han apoyado el proceso de paz. La suma de acontecimientos impide aceptarlos como naturales o fortuitos. Hay bases para pensar en la existencia de importantes niveles de influencia y acción por parte de sectores que con una visión estrecha desearon una salida sin futuro: el aplastamiento del movimiento armado.

Los planteamientos de los poderes Ejecutivo y Legislativo que llevaron a aprobar la Ley para el Diálogo, la Conciliación y la Paz Digna en Chiapas partieron de la base de que al EZLN lo integra un grupo de mexicanos con intereses legítimos, que plantea demandas sobre una realidad de incontrovertible injusticia. Ese, por lo demás, ha sido el punto de partida que desde el inicio del conflicto en Chiapas motivó la persistente posición de la mayoría de la opinión pública nacional, que ha exigido una y otra vez el logro de la paz en Chiapas por la vía del diálogo y a partir de resolver las justas demandas de los sectores indígenas, zapatistas o no.

La exigencia nacional es encontrar el marco legal y operativo que garantice en forma fehaciente la resolución de las justas demandas sociales, económicas y políticas esgrimidas por el EZLN como base de su alzamiento y que han sido reiteradamente aceptadas por las autoridades como reflejo de una problemática real.

No obstante este consenso social sobre la forma de resolver el conflicto, desde enero de 1994 se han manifestado dos formas de comprender el fenómeno chiapaneco y de cada una de ellas se desprenden estilos distintos de abordar la negociación. Una, que entiende el levantamiento indígena como parte del agotamiento de las formas políticas, sociales y económicas con las que hemos vivido, para de aquí desprender la solución al conflicto dentro de los grandes cambios exigidos por la mayoría nacional. Otra, que toma al conflicto como algo aislado, sin connotaciones nacionales, que hay que desactivar puntualmente. Esta vía les permitió llevar la negociación al límite y apuesta al desgaste de su contraparte, más que a la celebración de acuerdos.

En la primera vía se inscribe el esfuerzo emprendido por el conjunto de las fuerzas políticas representadas en el Congreso de la Unión, al asumir que el conflicto chiapaneco es una enorme llamada de atención sobre las ingentes deficiencias del actual sistema. Por esta razón, la Cocopa propuso una agenda amplia para la reforma del Estado y la participación en ese proceso no sólo de los partidos, sino de los zapatistas y muchas otras fuerzas no partidarias. La realidad una vez más ha mostrado que este planteamiento no ha perdido un ápice de su vigencia. La vía propuesta, y que defiende la Cocopa, es una negociación abierta, leal, democrática, sin dobles juegos ni simulaciones.

La experiencia de otros países hermanos parece no habernos enseñado que la negociación al filo de la navaja se parece mucho a la ruleta rusa y poco a la política de gran visión. Congruente con la visión de resolver el conflicto por la vía de la concertación, no hay otro camino válido que aquel que culmine con el cumplimiento de los acuerdos de San Andrés, después de haberse seguido un proceso de negociación digno y justo para las partes y de cara a la nación.

Jaime Martínez Veloz

La vigencia del EZLN.

Una y otra vez la terca realidad convalida la propuesta sugerida por el EZLN para destrabar el conjunto de nudo que impide la formulación de un proyecto de nación incluyente, justo y democrático. Quizá con el tiempo haya quienes olviden las propuestas formuladas por el EZLN durante el proceso de negociación realizado entre el gobierno federal y los zapatistas en los años 1995 y 1996.

Hay quienes afirman que las iniciativas políticas del EZLN han fracasado. Es obvio que a las fuerzas acumuladas por el EZLN y sus aliados y simpatizantes no les fue favorable la correlación de fuerzas para lograr concretar lo pactado con el gobierno federal en San Andrés Larráinzar, pero ello no implica que la razón, la historia y los mejores argumentos no hayan estado de su lado.

En 1995, después de las primeras cinco reuniones de trabajo entre el gobierno federal y el EZLN, donde las negociaciones se encontraban entrampadas debido a que el tema que se discutía era el de la distensión militar, el cual tiene por sí mismo demasiadas aristas, la primera Comisión de Concordia y Pacificación formuló una propuesta que atrajo la atención del zapatismo y permitió construir una interlocución, hasta ese momento no lograda.

La propuesta partía del reconocimiento de que el levantamiento zapatista era la expresión de una insurrección comunitaria, cuyas razones y causas compartía la mayoría del pueblo mexicano. A partir de esta premisa, el proceso de negociación caminaría por un lado en el desahogo de la agenda pactada entre el gobierno federal y el EZLN, y en paralelo en un proceso donde se impulsaría un amplio diálogo nacional para la reforma democrática del Estado, donde el Congreso de la Unión sería el convocante y la sociedad sería el escenario. En este proceso el EZLN sería uno de los actores que participarían, junto al conjunto de fuerzas políticas, sociales y económicas que conforman el espectro nacional.

El primer Foro sobre la Reforma Democrática del Estado se realizó en San Cristóbal de las Casas, donde el EZLN y un número importante de organizaciones de todo tipo participaron, esperanzados en una ruta que parecía poder resolver de fondo las justas causas que originaron el levantamiento zapatista.

En paralelo, se desahogó el primer tema de la agenda convenida entre las partes, denominado Derechos y cultura indígenas, y el 16 de febrero de 1996 la delegación del gobierno federal y el EZLN firmaron los documentos que hoy se conocen como los acuerdos de San Andrés Larráinzar.

Esta dinámica esperanzadora, donde el eje fundamental radicaba en la formulación táctica esgrimida por el zapatismo, y las causas que defendía, y lo sigue haciendo, se colapsó cuando el gobierno federal y los intereses que representa se negaron a cumplir con lo pactado y desataron una ofensiva mediática para descalificar el esfuerzo desplegado por segmentos importantes de la sociedad, e incluso por la misma delegación gubernamental, que a pesar de las diferencias había logrado concretar un acuerdo con los zapatistas, que trascendía la coyuntura y se ubicaba en la perspectiva de la construcción de un nuevo país.

Los personeros de las empresas trasnacionales, de las cuales hoy son sus empleados y que en ese momento eran funcionarios del gobierno, no batallaron para convencer al presidente Zedillo de que los acuerdos de San Andrés significaban un enorme peligro para desplegar la política privatizadora, que entregaba ya desde ese tiempo los activos mexicanos a las empresas extranjeras, de las cuales después se convirtieron en socios y sirvientes.

La descalificación para lo pactado en San Andrés fue la constante en el gobierno de Zedillo, se utilizó todo aquello que fuera necesario para satanizar a quienes habíamos compartido sueños y anhelos con los zapatistas.

Al EZLN se le sometió a una intensa campaña de agresión y hostigamiento en un vano intento por minimizarlo. Mientras a los zapatistas se intentaba reducirlos, a las trasnacionales energéticas, compañías mineras extranjeras y de las nacionales al Grupo México de Larrea, y a los grupos financieros internacionales, se les ponía en charola de plata todo aquello que pudiera favorecer sus intereses. En esos tiempos se produce el Fobaproa, el rescate de carreteras, se venden los ferrocarriles, satélites, se privatizan los puertos y aeropuertos y se realiza una intensa entrega de todo aquello que pueda ser negocio, en detrimento del patrimonio nacional.

Los resultados de esa política están a la vista: hoy somos una nación con mayores índices de pobreza, la seguridad nacional es un desastre, la delincuencia y el crimen organizado permean grandes capas sociales, los procesos electorales se sustentan en un enorme dispendio de recursos, donde lo importante no es el programa de los candidatos, sino las cantidades que se dilapidan en campañas vacuas y anodinas. Con las estadísticas en la mano no podemos decir que somos un mejor país al que existía antes del levantamiento zapatista.

A partir del incumplimiento del gobierno federal de lo pactado en San Andrés Larráinzar, los zapatistas se han dedicado a reorganizar sus fuerzas, consolidar sus relaciones internas y esperar con paciencia espartana mejores tiempos que les permitan lograr sus justos propósitos de vivir en una sociedad más justa y democrática. La impresionante movilización realizada hace unas semanas por miles de zapatistas en calles de San Cristóbal de las Casas desmiente a aquellos que daban por muerto al EZLN. El zapatismo vive, camina y en términos organizativos ha consolidado su presencia en las comunidades indígenas del país. En toda lucha hay desgaste, sin embargo también hay renovación, anhelos y nuevas esperanzas.

En medio de la actual circunstancia política, donde la constante son el cortoplacismo y el inmediatismo, no me queda duda de que el planteamiento zapatista de impulsar un proceso de diálogo nacional para la reforma democrática del Estado es una formulación vigente y de largo aliento.

Jaime Martínez Veloz

@twewwter

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