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Dictamen: Preaudiencia Nacional ‘Contaminación Transgénica del Maíz Nativo’ abril, 2013.

Dictamen que presentan Camila Montecinos, Joel Aquino y Gustavo Esteva dictaminadores en la Preaudiencia Nacional: ‘Contaminación Transgénica del Maíz Nativo’, celebrado en San Luis Beltrán Oaxaca, Oaxaca, los días 26 y 27 de abril de 2013.

©FulvioEccardimaíz

A pesar de todo lo que han hecho sucesivos gobiernos para desmantelar la Constitución Política de México, el pacto social y político y el proyecto de nación que mexicanas y mexicanos definieron hace casi 100 años sigue siendo su Carta Magna: un documento que es aún fuente de derecho y de unión para ellas y ellos.

El artículo 39 de la Constitución establece que la soberanía nacional pertenece esencial y originariamente al pueblo de México. Pertenece a todos y cada uno de quienes vinieron a presentar aquí sus casos y a rendir sus testimonios. No son representantes de mexicanos y mexicanos. Son pueblo mexicano. Son los titulares de la soberanía nacional.

Desde esa condición han acudido a esta pre-audiencia a denunciar la violación sistemática de la soberanía de la que son titulares por parte de quienes la propia Constitución designa como garantes de esa soberanía.

Hemos escuchado atentamente los casos y testimonios, sólidamente sustentados, que demuestran este hecho de extrema gravedad: buena parte del territorio mexicano al que se refiere la soberanía —un territorio que por miles de años han cuidado y protegido los pobladores originarios mediante tradiciones de responsabilidad que continúan los actuales titulares de la soberanía—, ha sido entregado a intereses privados y entidades extranjeras.

Además del derecho a la cultura, los pueblos indígenas cuentan con el derecho de propiedad sobre los territorios que han ocupado tradicionalmente. El gobierno se ha comportado como propietario de esos territorios, asumiendo dominio sobre ellos. Esta postura pudo tener sentido en el marco del proyecto nacionalista que emanó de la Revolución Mexicana. Representó una posición digna frente al capital extranjero para defender la soberanía nacional. Sin embargo, en vista de que el gobierno mexicano se ha apartado explícitamente del proyecto contenido en la Constitución de 1917, tal postura carece ya de sustento. El gobierno, por ejemplo, está transfiriendo el dominio del subsuelo, por medio de concesiones, a empresas transnacionales, en demérito de la propiedad y posesión indígena sobre sus territorios. Queda claro que para los pueblos indígenas ya no basta con ser propietarios de la superficie de sus tierras y territorios. La siembra de maíz transgénico y la minería afectan la vida misma tanto de indígenas como de no indígenas.

Todo esto implica una desviación de poder, que podemos demostrar con las pruebas que se nos han allegado. Se ha desviado mediante nuevas leyes  y a través de políticas y programas. Los poderes constituidos han empleado sus facultades para desmantelar las leyes y disposiciones que protegen la soberanía y el territorio, lo mismo que los derechos de los campesinos, a fin de acomodarlas a los intereses de corporaciones privadas y entidades extranjeras. Las políticas y programas que han aplicado están claramente en contra de los intereses campesinos y a favor de las mismas corporaciones.

Esta pre-audiencia se concentra en el maíz. Hemos escuchado numerosas expresiones de lo que significa para el pueblo mexicano. He aquí algunas de ellas, que reproducimos textualmente:

* Los oaxaqueños no entenderíamos la vida sin maíz. Es nuestro principal alimento y fundamento de nuestra cultura.

* El maíz es quien cuida a la comunidad. Es quien nos ha permitido vivir y resistir durante miles de años.

* Nosotros los campesinos no tenemos otra opción más que seguir sembrando para continuar nuestra manera de vida.

* No podemos vivir sin maíz, seguiremos luchando por mantener nuestra forma de vida y al maíz en ella.

* Yo quiero dejar mi maíz a mis hijos, a mis nietos, quiero que mis hijos tengan salud, que convivan con el maíz nativo y todo lo que les rodea, el frijol, la calabaza y los quelites porque aquí está la vida.

* Quiero seguir cuidando mi maíz nativo y a mi tierra porque mi maíz y mi tierra son sagrados y eso quiero dejar a mis hijos y a mis nietos.

* El maíz es nuestra vida.

* En el maíz recreamos nuestra espiritualidad como pueblo indígena.

* El maíz es nuestra carne y nuestros huesos; es salud, historia y autonomía.

* El maíz somos nosotros y es patrimonio nacional.

* Producimos maíz para dar vida a nuestras comunidades y a la humanidad

* Nuestra relación con el maíz es sagrada: es el tesoro más preciado que los hombres y mujeres de maíz podemos tener.

Ésa es la experiencia del maíz. Esto es lo que se han negado a ver los gobiernos, en su afán perverso de reducirlo a una cosa, una mercancía, un objeto más que se compra y se vende en el mercado y que puede ofrecerse al mejor postor.

Se nos dijo ayer, en uno de los casos presentados: “Denunciamos el cinismo, la irresponsabilidad y perversidad con la que las instituciones gubernamentales han tratado el problema. Los hombres y mujeres oaxaqueños estamos sembrando nuestros maíces aún en contra de un sistema que quiere acabar con el campo oaxaqueño y mexicano.”

Uno de los crímenes más serios que han cometido los gobiernos mexicanos es el crimen de empeñarse en eliminar a los campesinos, destruyendo de esa manera una sabiduría milenaria que es la base histórica y cultural de la nación.

Desde hace sesenta años esta obsesión parece perseguir a todos los gobernantes. Varios de ellos han llegado a decir que México nunca podrá ser un país moderno mientras más de la tercera parte de la población viva en el campo; repetían, una y otra vez, que debía imitarse el modelo de Estados Unidos, en que sólo 2.5% de la población laboral producía alimentos para el mundo. Varios secretarios de agricultura declararon públicamente que su obligación era deshacerse de millones de campesinos. Y se diseñaron políticas y programas con ese propósito. Varios ejemplos de esa mentalidad criminal se mencionaron en la pre-audiencia.

* Los campesinos lucharon para tener pequeñas tiendas Conasupo en sus comunidades, administradas por ellos mismos, para poder acceder a bajo precio a productos de primera necesidad que no pueden producir. Desde hace muchos años, la red de tiendas de Diconsa, 23 mil establecimientos en 93% de los municipios del país, se usa con un propósito perverso. Con el pretexto de abatir el precio de los alimentos, se ha dedicado a desalentar la producción local de maíz y a crear el riesgo de la contaminación transgénica.

* Uno tras otro se fueron eliminando todos los instrumentos públicos de apoyo al campo creados en función de los compromisos de la revolución. Es cierto que se habían corrompido y que tenían carácter clientelar. Pero representaban una derrama económica para los campesinos, que se acostumbraron a depender de ella. Éste fue uno de sus efectos más negativos, que se padeció inmensamente cuando se cancelaron.

En 1945 era rural el 75% de la población. En medio siglo la proporción se invirtió. Si bien es cierto que muchos campesinos migraron a las ciudades deslumbrados por las luces de neón y las promesas de la modernización, es preciso reconocer que otros muchos fueron literalmente expulsados de sus comunidades, tanto por formas de destrucción ambiental de las que en general no fueron responsables como por políticas y programas que impedían la prosperidad rural y dejaban a los jóvenes sin perspectivas dignas en sus propias comunidades —lo que se convirtió también en un motivo básico de emigración.

La reforma del artículo 27 constitucional, realizada con el abierto propósito de lanzar al mercado la tierra ejidal, estaba claramente asociada con la obsesión de los gobernantes de deshacerse de los campesinos.

La invasión transgénica forma parte de esa estrategia. Como se reveló con toda claridad en los testimonios presentados, el maíz transgénico no ofrece ventaja alguna para los campesinos y el país. Por lo contrario, los cultivos transgénicos se han utilizado como instrumento de control de la agricultura y la destrucción de las bases de la autonomía de los pueblos. Además, ya se demostró en repetidos estudios que la transgenie, por naturaleza, disminuye la producción.

En realidad, la invasión de maíz transgénicoque se ha estado preparando desde el gobierno, al servicio de las corporaciones que lo crearon y lo comercializan, corresponde a una estrategia perversa que fue rigurosamente descrita en la audiencia. Se trata ante todo de controlar el mercado de semillas en México, que representa 200  mil toneladas y  mil 200 millones de dólares al año. Para este fin, se han estado modificando las leyes para beneficio de las grandes corporaciones y perjuicio de los pequeños productores, colocando a éstos al margen de la ley cuando venden o intercambian las semillas que producen.

La otra parte de esta pinza perversa es la que alude a la inseguridad alimentaria. Importamos ya la tercera parte del maíz que consumimos; en unos diez años estaríamos importando la mitad. Se está propalando la ilusión de que el transgénico podría resolver el problema aumentando la producción, lo que carece de todo sustento y nos muestra la gravedad del peligro que se enfrenta. En cinco de los ocho millones de hectáreas dedicadas al maíz no podrían funcionar las semillas transgénicas. En buena parte de la superficie maicera sólo pueden funcionar las semillas nativas. Es este el crimen que se quiere cometer: con la contaminación transgénica se perdería toda capacidad productiva. Si el maíz ya no rinde, si ya no pueden cultivarlo porque todo se ha contaminado y el transgénico no podrá prosperar, los campesinos abandonarán sus tierras. Y esto es, a final de cuentas, lo que acaso se busca. Que las dejen para poder entregarlas a otros intereses.

La contaminación transgénica puede verse como efecto directo del Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Fue descubierta cuando existía una moratoria para el cultivo transgénico. Pero existía una disposición del TLCAN, que propiciaba su libre circulación, bajo la falsa premisa de equivalencia sustancial, es decir, que el transgénico es igual al criollo o al nativo, una premisa también adoptada por los órganos internacionales.

A partir de 2001 las importaciones de maíz crecieron exponencialmente. Aunque estaba protegido en el TLCAN, el gobierno alentó esas importaciones, por encima de las cuotas establecidas y sin cobrar los aranceles pactados. Se realizó así un agresivo dumping a los productores nacionales, desalentándolos, obligándolos a abandonar el cultivo o el campo. Desaparecida la Conasupo, nueve empresas transnacionales absorbieron 50% de las importaciones.

Distribuido por Diconsa, el maíz importado llegó a todas partes. La gente no supo que era transgénico. Traerlo al país era un gran negocio: México no cobraba arancel y Estados Unidos apoyaba con subsidios.

Y es así como un efecto perverso del TLC fue destruir la soberanía alimentaria en las comunidades.

Se trata de un crimen histórico de inmensas proporciones y consecuencias.

Escuchamos testimonios que demuestran fehacientemente que la contaminación transgénica es intencional y representa un desvío del poder, al emplear el aparato estatal a favor de intereses privados.

Los transgénicos son un instrumento corporativo. Pertenecen a seis empresas transnacionales, que forman un oligopolio. Monsanto controla el 85% del mercado.

Todos los transgénicos están protegidos bajo derechos de propiedad intelectual. Reproducirlos y usarlos sin permiso de los titulares de estos derechos constituye un delito. Los genes de Monsanto están patentados. La empresa sabe que la contaminación es inevitable, una vez que se realice la siembra extensa. Será un crimen con premeditación, alevosía y ventaja, porque busca intencionalmente apropiarse de todas las redes alimentarias. En Estados Unidos, Monsanto y Dupont ya han ganado juicios por 23 millones de dólares y arreglos fuera de tribunales por 200 millones de dólares más, por los granos contaminados. Pronto empezarán a demandar a productores mexicanos.

El crimen es aún más grave porque México es centro de origen de maíz, y por tanto, constituye el reservorio genético de uno de los tres principales cultivos del mundo, una de las bases principales de la alimentación a nivel global. Es también reservorio de los saberes necesarios para mantener vivo al maíz.

Hacemos un extrañamiento a los órganos de Naciones Unidas, que saben bien que proteger los centros de origen es esencial para mantener los cultivos vivos. Sería la primera vez en que un centro de origen se ha contaminado y esos órganos no han hecho nada al respecto, por eso las comunidades denuncian a estos organismos en esta pre-audiencia.

Esto resulta aún más grave ante la perspectiva de cambio climático. Sabemos bien de la perspectiva: donde hay sequía habrá más sequía; donde hay mucha lluvia lloverá más. Las semillas nativas tienen la diversidad que permitiría encontrar la respuesta a los cambios en las condiciones climáticas. Esas razas y variedades tienen los caracteres de herencia que necesitaremos.

Es un crimen abominable, que por ningún motivo debe permitirse, hacer que esas razas y variedades desaparezcan.

Este crimen insoportable es aún más grave si consideramos lo que ya mencionamos antes: que las políticas y programas del gobierno, en su desviación de poder, han socavado la soberanía alimentaria de las comunidades, en el ejercicio sistemático de violencia burocrática, social y policiaca.

 “Perder el maíz nativo alimento de nuestros pueblos es perder la autonomía,” se dijo en la presentación de uno de los casos. Aquí está el meollo de la cuestión.

En una lucha de siglos, las comunidades han logrado fortalecer su autonomía y construir formas propias de vida y de gobierno. En Oaxaca, como se subrayó en las presentaciones, se sigue “practicando y fortaleciendo la comunalidad”. De esa manera se lograron niveles sólidos de autosuficiencia y se ha practicado una efectiva soberanía alimentaria. Toda esta construcción está basada en el maíz. Cada familia, cada comunidad, cada región, se empeña en producir maíz suficiente para el consumo cotidiano. Y existen mecanismos complejos para hacer frente a las dificultades periódicas, cuando las calamidades naturales o las irregularidades del clima impiden que se alcancen los niveles normales de autosuficiencia.

En esta organización se basa la cultura de los pueblos indígenas y en ella está el tejido social que aún nos permite existir como nación. El lema que circula desde hace una década, “Sin maíz no hay país”, es una expresión eficaz de lo que todo esto significa. En estas tierras se inventó el maíz, en un diálogo profundo con la naturaleza; aquí se le multiplicó, se le diversificó, se le adaptó a las mil diferentes condiciones de nuestra realidad. En ese proceso el maíz nos inventó como pueblo y se estableció como la base de nuestra cultura.

Un ejemplo claro que se expresó en la pre-audiencia fue destacar que la riquísima gastronomía mexicana está claramente fincada en el maíz, pero buena parte de lo que todavía cocinan y comen mexicanas y mexicanos sólo es posible con semillas nativas. La contaminación transgénica haría desaparecer buena parte de lo que comemos.

Este patrón de supervivencia y prosperidad se encuentra hoy seriamente debilitado por la agresión sistemática que han sufrido todos los pueblos, por el conjunto de políticas y programas concebidos abiertamente contra ellos. Por las mismas condiciones que afectan la vida de las comunidades, el país entero se encuentra afectado de una debilidad sustancial en su soberanía: la dependencia del exterior en materia alimentaria.

En 1971 exportábamos maíz. Es cierto que en esos años había familias que no tenían suficiente, pero el hecho es que podían generarse excedentes y colocarlos en el exterior. Perder la autosuficiencia no fue una consecuencia del crecimiento demográfico o de condiciones climáticas adversas. No fue porque los productores decidieron abandonar sus tareas y dedicarse a otra cosa. Fue una acción sumamente costosa, en que el gobierno invirtió inmensos recursos para provocar la deficiencia de maíz. Hoy, un gran porcentaje de este maíz importado va directo a alimentar a pollos y cerdos en las granjas industriales, o se utiliza como insumo para emulsificantes, estabilizadores y edulcorantes. No va directo al consumo humano como luego se cree. Todavía entre el 30 y 40% del maíz que se produce en México alimenta directamente a las propias familias y la comunidad. Y ya sumado, un 50% del maíz mexicano proviene de producción campesina en pequeño.

En esta pre-audiencia se nos hicieron llegar, con los testimonios, documentos en los que se demuestra, con sólido fundamento científico, que existe un enorme potencial productivo por el que podría recuperarse en pocos años la autosuficiencia nacional de maíz.

Enrique Peña Nieto y sus funcionarios no son jurídicamente responsables de los crímenes en serie contra la agricultura campesina cometidos a lo largo de 60 años. Pero son moral y políticamente responsables porque la actual administración no solamente continúa esa orientación anticampesina sino que la está profundizando —lo que los puede hacer jurídicamente responsables.

Uno de los testimonios señaló: “Que ya no se establezcan programas con la careta de apoyar al campo y que sólo benefician a las empresas agroindustriales amigas de los altos funcionarios. Que no se trate de engañarnos regalándonos comida dizque nutritiva, porque sabemos que lo único que persiguen es despojarnos de los alimentos que producimos localmente.”

Se trata, muy concretamente, de uno de los programas de la nueva administración. Su campaña contra el hambre no se dirige realmente contra esta vieja enemiga de la humanidad que vuelve a aparecer entre nosotros

Los testimonios presentados en la pre-audiencia mostraron con toda claridad la grave complicidad que en todos estos crímenes ha tenido el establecimiento científico. No sólo se trata de la campaña de descrédito contra quienes presentaron honestamente los resultados de sus investigaciones y dieron a conocer las primeras pruebas de contaminación transgénica, reconociendo abiertamente que su trabajo había sido posible por su colaboración con el sistema científico indígena. Se trata también del boicot sistemático a que se vieron expuestos cuantos se interesaban en el tema y, finalmente, de la corrupción misma de la aún llamada investigación científica.

Se nos ofrecieron testimonios de la forma en que se procedió a la falsificación de pruebas, a la distorsión del método, a la presentación mentirosa de los resultados, al ocultamiento de información. Se constituyó así una auténtica conspiración en que los funcionarios del gobierno, las corporaciones privadas y los supuestos científicos realizaron actividades criminales para ocultar la información sobre la contaminación transgénica.

Es importante destacar, en este aspecto, que en los propios testimonios se nos informó, con sólidas bases en estudios científicos serios, que no estamos ante hechos irremediables e irreversibles. La acción de las comunidades, en el marco de políticas y programas que se propongan lo contrario de lo que han hecho hasta ahora, podrían poner remedio a los daños que hasta ahora se han causado y abrir otra opción. Eso requeriría otro tipo de ciencia, que supiera articular sus métodos y concepciones con la ciencia indígena, ésa que fue capaz de crear el maíz y centenares de miles de variedades adaptadas a los más diversos nichos ecológicos en el curso de diez mil años.

Esto es muy distinto a lo que se intentó hacer con información distorsionada. Como era imposible desechar las pruebas de la contaminación que había ocurrido, lo que se intentó fue demostrar que en esos mismos lugares había desaparecido, lo que implicaba que era posible limitar o contener la contaminación. Los casos que se han presentado en esta pre-audiencia permiten refutar en forma contundente este intento perverso de una parte del establecimiento científico, coludido con las autoridades y las corporaciones privadas para negar información a la población y continuar la promoción descarada de la invasión transgénica.

 “Los hombres y mujeres de maíz”, se dijo en la pre-audiencia, “exigimos volver al Estado de derecho”.

Es importante destacar que esta exigencia es presentada por pueblos que han padecido por más de 500 años el uso perverso de los instrumentos jurídicos contra ellos, pueblos que han padecido no solamente leyes injustas, que los ignoran y discriminan, sino tribunales corruptos y racistas. Son pueblos que han sabido reconocer y mantener en sus propios ámbitos el concepto de derecho, la validez y legitimidad del procedimiento formal, la necesidad de normas que propicien la convivencia armónica.

Son estos pueblos los que ahora exigen a quienes han destruido el Estado de derecho (tan laboriosamente construido por mexicanas y mexicanos) que regresen a él. Están conscientes de las limitaciones de su exigencia. Están pidiendo a criminales en serie que detengan su carrera enloquecida al abismo, en el que ellos mismos se precipitan al arrastrarnos a todos al desastre natural y social. Lo hacen porque es su convicción que nunca debe renunciarse a la exigencia de que la autoridad cumpla sus obligaciones. Y lo hacen porque están dirigiéndose al más alto de todos los tribunales, al de las ciudadanas y los ciudadanos, al de los pueblos, al de quienes, con su movilización, pueden imponer la voluntad popular para salvar a nuestra comunidades, a nuestras culturas, a nuestro país y a final de cuentas a la Madre Tierra que se encuentra en riesgo.

Hacemos nuestras las demandas que se presentaron en la pre-audiencia, tras introducir en ellas modificaciones que resultan de la presentación de los casos y testimonios, y las incluimos en nuestro dictamen como recomendaciones expresas al Estado mexicano. Es decir, el Estado mexicano debería:

*Abrogar de forma inmediata la Ley de Bioseguridad de Organismos Genéticamente Modificados, sus reglamentos y demás disposiciones jurídicas que abren las puertas para que el Gobierno autorice la siembra de maíz transgénico en el país. En su lugar, se debería declarar a Oaxaca y a todo el territorio de México territorio prohibido para el cultivo, experimentación, transporte, almacenamiento y comercialización de transgénicos,  negando cualquier posibilidad de siembras comerciales del  maíz transgénico.

*Reafirmar que el maíz es fundamento de la cultura material y simbólica de mexicanas y mexicanos, pilar de la soberanía nacional, condición sustancial de supervivencia de las comunidades campesinas e indígenas y base de la alimentación de la población. En consecuencia, el Estado tiene la obligación de concebir e implementar políticas de apoyo diferenciado al entramado de relaciones que forman la cultura de maíz.

*Renunciar a las políticas agrarias, agrícolas y comerciales que han causado la crisis del campo mexicano. El gobierno debería orientar sus políticas al fortalecimiento de la economía campesina, los pequeños productores y las comunidades indígenas, a la autosuficiencia nacional en la producción de alimentos básicos y a la reafirmación de la soberanía alimentaria.

* Revisar el capítulo agrícola del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, especialmente lo relativo al comercio de los granos básicos, entre otras cosas para revertir los efectos del dumping sistemático practicado por los agroexportadores estadounidenses y las grandes empresas importadoras en contra de la economía campesina y mexicana.

* Combatir la corrupción de la investigación científica en el área de los organismos genéticamente modificados, y su connivencia con corporaciones privadas dedicadas a impulsarlos y articulándola con la ciencia indígena.

* Suspender de inmediato las autorizaciones para la liberación de todo tipo de maíz transgénico, incluyendo a los campos de cultivo ya existentes, y prohibir por completo los cultivos genéticamente modificados y el uso de tecnologías “terminator”.

* Difundir en forma permanente y amplia, a través de medios públicos, privados e independientes, información relativa a los riesgos de la contaminación transgénica, dando especial cabida a los estudios científicos que muestran sus daños y sus impactos sobre la salud, el ambiente y la producción.

* Respetar la soberanía y la autonomía de los pueblos originarios.

* Suspender de inmediato las importaciones de maíz transgénico, así como la distribución de “paquetes tecnológicos” y alimentos contaminados de transgénicos.

* Elevar a rango constitucional la prohibición de organismos genéticamente modificados en el territorio nacional y adecuar de inmediato las legislaciones secundarias.

* Establecer un Régimen de Protección para el Maíz Nativo.

* Establecer una norma eficaz para la etiquetación de todos los alimentos transgénicos con información suficiente para la población consumidora sobre los riesgos que implican.

* Aplicar rigurosamente los procedimientos de consulta y consentimiento previos, libres e informados, que forman parte de la ley suprema a través de los tratados internacionales, antes de implementar programas gubernamentales en las comunidades indígenas.

* Detener la siembra y movilización en el territorio nacional de otros granos y semillas transgénicas como soya, algodón y canola, así como los ensayos de campo con organismos transgénicos.

* Restringir las importaciones de maíz a los casos en que la cosecha nacional sea insuficiente y una vez que la producción nacional se haya comercializado, vigilando rigurosamente, en las fronteras, que ninguna importación contenga transgénicos. No debe permitirse la entrada de una sola tonelada de maíz por encima de la cuota sin pagar arancel; por el contrario, debe imponérsele el máximo permitido por el TLCAN, haciendo valer el principio de soberanía alimentaria y la prioridad del consumo del maíz nativo.

* Concentrar todas las compras de Diconsa, empresa responsable de la contaminación transgénica, en organizaciones de productores mexicanos, realizándolas a un precio justo. Diconsa debe retirar de inmediato los maíces transgénicos que haya distribuido, alertando a las comunidades respectivas sobre los riesgos de su empleo.

* Expulsar del país a las empresas multinacionales responsables de la contaminación transgénica, entre las que se encuentran Monsanto, Novartis, DuPont y Aventis.

* Oponerse oficialmente a las patentes y propiedad intelectual sobre la vida en México y en cualquier parte del mundo.

* Someter los bancos de germoplasma en México, incluyendo el del CIMMYT, a revisiones cuidadosas hasta que se asegure que sus colecciones se encuentran libres de contaminación transgénica.

* Reconocer constitucionalmente los derechos indígenas, tal como fueron plasmados en los Acuerdos de San Andrés y emplear los instrumentos del Convenio 169 de la OIT para garantizar la autodeterminación de los pueblos indígenas de México sobre sus recursos naturales, con absoluto respeto a la consulta previa, libre e informada.

* Formular políticas ambientales, agrícolas y alimentarias sustentables, justas y soberanas, elaborándolas junto con la sociedad civil en base a la autodeterminación de los pueblos sobre sus bienes naturales, el respeto a los derechos indígenas y campesinos, la conservación de la biodiversidad y el principio de soberanía alimentaria.

* Establecer legalmente que ningún ser vivo, ni en su totalidad ni en sus componentes, pueda ser reclamado por derechos de propiedad intelectual ni sujeto a convenios de bioprospección.

Es obvio que ante los riesgos tan evidentes no basta con hacerle recomendaciones al Estado: estas recomendaciones son, al mismo tiempo, asuntos pendientes que la sociedad civil mexicana e internacional tendría también que asumir como luchas urgentes que tienen que estar en el centro de sus reivindicaciones.

En el marco de esta pre-audiencia, por su tema, su lugar y su contexto, queremos reafirmar que las reformas constitucionales indígenas realizadas hasta hoy son un mero engranaje y en ocasiones no el fundamental. Las políticas hegemónicas están operando por encima de los avances jurídicos. Se están haciendo arreglos por encima de la Constitución y de la normatividad internacional vigente. Tales arreglos, por ejemplo, niegan a los pueblos el carácter de sujetos de derecho y rechazan implícitamente la autonomía que formalmente quedó enunciada en 2001.

Se han estado promulgando leyes sobre la diversidad que refuerzan la privatización y de hecho perfilan la paulatina desaparición del espacio propio del derecho público al hacer del Estado un simple promotor y certificador de las operaciones “privadas” de los inversionistas. En esta operación participan, junto con los gobiernos de América Latina, organismos públicos multilaterales como la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (fao), el Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente (pnuma), la Organización Mundial del Comercio (omc) y la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (ompi), y organismos financieros como el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo.

Nos parece importante, asimismo, señalar que en el texto del nuevo artículo 2o constitucional se determinó que la autonomía se ejercería “con respeto a las modalidades de propiedad y tenencia de la tierra establecidas en esta Constitución y a las leyes de la materia, así como a los derechos adquiridos por terceros o por integrantes de la comunidad.” De esta manera, en forma enteramente anómala e inaceptable, el supuesto nuevo derecho constitucional para los pueblos indígenas nació supeditado a las leyes, cuestión contraria al principio de jerarquía de normas.

Los dictaminadores compartimos y acogemos plenamente la demanda de acabar con toda forma de violencia contra el maíz, la soberanía alimentaria  y la autonomía de los pueblos que la cuidan.  Esto exige acabar con todas las fuentes de contaminación transgénica, por los agroquímicos, híbridos y otras formas de tecnología que destruyen el maíz y crean dependencia.

Siendo el maíz, como hemos escuchado en los testimonios y casos, una expresión fundamental del alma y del cuerpo de los pueblos de México, es de vital importancia que las demandas que lleguen a la audiencia final del Tribunal Permanente de los Pueblos posean toda la fuerza y urgencia que se requieren. Por esto, nos parece útil dejar claramente establecidos los siguientes puntos:

* La ley de Bioseguridad de Organismos Genéticamente Modificados, la Ley de Producción, Certificación y Comercialización de Semillas y la Ley Federal de Variedades Vegetales son leyes que administran la producción, distribución y fomento de maíz transgénico en México, por lo que se deben dejar de aplicar inmediatamente, estableciendo una prohibición de facto, y a continuación abrogar estas leyes y realizar una reforma constitucional en la que se establezca la prohibición definitiva de la introducción, siembra, comercialización, importación, almacenamiento, distribución, investigación y experimentación de semillas transgénicas de maíz y se declare que todo México es centro de origen y diversidad biológica, descartando definitivamente la idea de construir mapas de centros de origen. Hay suficientes argumentos y pruebas científicas de daños a la salud y al medio ambiente para sustentar esta prohibición.

* La ley de biodiversidad ignora que la domesticación y diversificación de plantas es un proceso vivo, continuo y actual, y deja en estado de indefensión a los productores y comunidades que han sido los creadores de esta riqueza genética que ha hecho de México un centro de diversificación a nivel mundial. El artículo sobre zonas libres de transgénicos no establece la protección adecuada para los productores convencionales y orgánicos. A los primeros los ignora por completo, y a los segundos les impone un régimen de protección insuficiente y, además, muy difícil de alcanzar. Se deja en estado de indefensión a la mayoría de los productores agrícolas mexicanos, que no podrán escoger si quieren o no transgénicos en sus cultivos. Uno de los problemas centrales en este capítulo es que la carga de la prueba la tienen precisamente los afectados, que deberán comprobar científicamente la inviabilidad de la coexistencia entre cultivos libres de transgénicos y los que sí incorporan esta tecnología. Los transgénicos no pueden convivir con especies que no han sido genéticamente modificadas, pues las contaminan y alteran su genoma. Finalmente, el procedimiento administrativo es muy complicado y está diseñado más para dificultar la designación de zonas libres que para protegerlas.

* Proponemos que se aproveche el marco del TPP para declarar al maíz y a la milpa como un bien común de los pueblos del mundo, que han intercambiado libremente y con responsabilidad las semillas, y saben en dónde y cómo usarlas como elemento básico de la vida y de su subsistencia. Son los propios pueblos, no entidades privadas o gubernamentales, quienes deben decidir cómo intercambiar, cuándo y dónde.

La denuncia presentada en esta pre-audiencia, así como los casos, testimonios y probanzas aducidas, demuestran que la devastación de la vida campesina, la migración forzada, la pérdida de biodiversidad y los daños al ambiente y la salud han sido causadas directamente por las políticas agrarias y agrícolas, las políticas públicas de “asistencia” (como la Cruzada contra el Hambre) , así como por la política económica y la comercial, vinculadas con los tratados de libre comercio adoptados por el Estado mexicano y otros instrumentos nacionales e internacionales, relacionados con la autorización de transgénicos, que fomentan los monocultivos, la agroindustrialización y el acaparamiento de tierras.

Deseamos dejar constancia que el Convenio de Cartagena obliga a los gobiernos que lo suscribieron a aceptar los transgénicos, por lo que lejos de ser un instrumento de protección, que debemos invocar, forma parte de lo que debemos rechazar. Igualmente, el Convenio de Biodiversidad, al contrario de los tratados de libre comercio, queda sujeto a la interpretación de los estados, y despoja a los pueblos de la soberanía sobre la biodiversidad, que pasa a ser patrimonio controlado por los gobiernos. Este instrumento internacional es usado como el paraguas que en nombre de la diversidad y sustentabilidad ha introducido una postura conservacionista y proclive al fomento del capital, antes que una que combine el factor cultural y social con el ambiental. En contraste, defendemos una postura que vincula a los pueblos, el ambiente y la transformación, considerándolos como actores colectivos e individuales dotados de conocimientos importantes sobre el ambiente natural o sobre medios de utilizarlo.

Igualmente, nos parece importante señalar que al caracterizar el cultivo de maíz transgénico como delito debemos tomar en cuenta que hasta ahora los tribunales internacionales no abordan delitos cuya base constituya un delito “económico”.

Los argumentos de las comunidades indígenas y campesinas afectadas no sólo defienden sus propios derechos y formas de vida. Están defendiendo a la humanidad entera.

De acuerdo con la cultura y filosofía de los pueblos indígenas, el maíz no es mercancía, es el sustento principales de las comunidades, de la familias. En la preaudiencia, quedó claro que en México lo que hace posible que la gente sobreviva hasta en comunidades abandonadas es el maíz.

Si la cultura sobrevive en las comunidades es por la milpa, lo dicen todos. Aquí entre los dictaminadores nos preguntamos: “¿A qué se debe que haya sobrevivido el tequio?, ¿A qué se debe que sobreviven los servicios comunitarios?, ¿A qué se debe que sobreviva el sistema de cargos?, ¿A qué se debe que sobreviva la medicina tradicional?, ¿A qué se debe que continúen las fiestas tradicionales comunitarias y haya una gran solidaridad entre las familias y entre los pueblos? Se debe fundamentalmente al sistema alimentario propio: al maíz”, contestan una y otra y otra vez.

Afortunadamente, en las comunidades todavía existen miles y miles de familias que resisten produciendo sus propios alimentos, porque no hay otra forma de defensa que la de hacer posible la autonomía a través de la milpa. La única posibilidad de ejercitar la libre determinación y autonomía de los pueblos consiste en que cada pueblo, cada familia que tenga la capacidad de reconstruir su autosuficiencia alimentaria del país y la soberanía alimentaria propia.

Sabemos que en muchas regiones del país los campesinos y la gente de las ciudades por igual, serán sometidos, aplastados, porque el gobierno les va a vender maíz de pésima calidad. Las transnacionales se van a encargar de traer maíz NO APTO para consumo humano para llevarlo a las casas. “Antes no había enfermedades degenerativas en los pueblos”, nos dicen los participantes. “De 30 años para acá, aparecen cientos de miles de enfermos, diabéticos, de cáncer, de hipertensión, tan terrible es la dimensión de las enfermedades degenerativas que ha rebasado la capacidad de las instituciones de salud”. Ahora el gobierno dice que no hay capacidad económica para afrontar estos problemas. Primero se permite la venta de alimentos plagados de tóxicos y cuando afloran las enfermedades públicas no pueden atender a quienes sufren las consecuencias. Por eso el asunto del maíz sigue siendo para nosotros el asunto clave de la política social, el asunto clave de una política educativa y de una verdadera reforma educativa.

Cuando no pierden su memoria histórica, lo primero que tienen que hacer los pueblos es resolver la autosuficiencia alimentaria: maíz, frijol, calabaza y todos los cultivos que se recogen en la milpa. Ésa es una estrategia eficaz, inteligente y creativa de combatir el hambre, no llevar a la mesa de las familias campesinas comida industrializada que para lo único que va a servir es para enfermar a los niños, como sucede en las escuelas oficiales. Por eso la tarea, la responsabilidad que tenemos que asumir es que cada uno de nosotros se convierta en defensor del maíz, en defensor de las tradiciones comunitarias. Que todo el pueblo mexicano, que consume maíz impulsemos la revaloración del maíz en México y en el mundo. ¿Qué otra forma existe para que los pueblos de México combatan el hambre?

Los dictaminadores celebran el proceso que ha permitido llegar a esta pre-audiencia. Pretendemos que nuestras sugerencias y recomendaciones específicas enriquezcan a quienes presentaron los casos y testimonios, a fin de fortalecerlos en la perspectiva de la audiencia final ante el Tribunal Permanente de los Pueblos.

Libres de transgénicos: Marcha contra Monsanto. 2013, Mayo 25.

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Video: ¿Qué son los transgénicos?

Maíz transgénico en México: científicos críticos chocan contra trasnacionales.

                  Diez años atrás Ignacio Chapela, ecólogo y microbiólogo de la Universidad de California en Berkeley, y uno de sus discípulos, David Quist, hicieron un descubrimiento que desmentía uno de los principales supuestos de la biotecnología genética del maíz. Como él dice, “le levantamos la sotana” a esa industria, dominada por un puñado de corporaciones trasnacionales. En diciembre de 2001 la revista científica internacional Nature divulgó ese estudio, que demostraba la presencia de transgenes en cultivos de la sierra norte de Oaxaca, uno de los centros de origen en territorio nacional, muy lejos de los sitios donde se experimentaba con esos productos.

A Chapela le ocurrió lo que a muchos otros expertos que han encendido las alarmas sobre los peligros de la biotecnología. Él y Quist fueron víctimas de una virulenta campaña de desprestigio dentro y fuera de los campus universitarios. Hoy, Chapela reconoce en entrevista: “Fue algo dañino para mi carrera, eso hay que aceptarlo. Al mismo tiempo fue muy educativo y permitió ver el trasfondo de la situación”.

Esa controversia es reflejo de cómo en la última década la investigación sobre los impactos del maíz transgénico en las razas criollas y la discusión sobre la mejor forma de regular la explotación de esos productos se han convertido en pugna que enfrenta al conocimiento científico contra el afán de lucro. Es una arena en la que los conflictos de intereses no son ajenos a las decisiones políticas, debate que en ocasiones origina disputas que repercuten en las publicaciones científicas más prestigiadas del mundo.

En esta industria la necesidad de financiar investigaciones precisas sobre efectos a largo plazo suele chocar con las presiones de empresas que entienden esos procesos como “pérdida de tiempo” y, por tanto, de dinero.

Aquel artículo de Nature, que en años recientes ha sido refrendado con nuevas investigaciones que confirman el contagio de transgenes en cultivos de maíz, fue impactante porque, según explica Elena Álvarez Buylla, del Instituto de Ecología de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), “las compañías siempre argumentaron que los organismo genéticamente modificados eran una tecnología precisa y controlable”. La revelación cuestionó uno de los preceptos fundamentales de la industria y demostró que la tecnología no se podía contener.

Desde entonces el debate en torno a si esa contaminación efectivamente se da y puede provocar daños a la biodiversidad del grano ha sido constante entre los expertos. Pero no para las industrias, que lo descartan de entrada.

Para sostener la inexistencia del contagio, Alejandro Monteagudo, director de Agro Bio (asociación que integra a las trasnacionales productoras de transgénicos), se apoya en otro estudio realizado en 2005 por investigadores del Instituto Nacional de Ecología (INE) y de la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad, dependientes de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat). Éste se divulgó en la revista PNAS, de la Academia Nacional de Ciencias de Estados Unidos, el cual contradecía el hallazgo inicial del propio INE y descartó el riesgo de contaminación.

En 40 años de biotecnología, promesas incumplidas

A 10 años de distancia, Chapela, quien aún se desempeña como investigador en Berkeley, recuerda: “En ese momento tuvimos la oportunidad de levantar la sotana a la religión de la biotecnología. Probamos que lo que prometían no estaba ahí, sobre todo el control. Nos dimos cuenta de la influencia de fuerzas corruptas que nada tienen que ver con la ciencia ni con la economía. Ésa fue la gran revelación”.

Dice en entrevista: “Hoy vemos las consecuencias. Estamos cumpliendo 40 años de biotecnología y vemos que no ha dejado nada. Aun así, siguen empujando sus productos con artimañas”.

–El acoso que sufrió en aquel momento, ¿cómo lo recuerda?

–Fue impresionante ver el nivel de coordinación e influencia de las empresas no sólo en México, sino en Estados Unidos y en el mundo angloparlante.

En esos años el periodista inglés Jonathan Matthews siguió el rastro de los correos electrónicos que difamaban a Chapela y descubrió que los dos supuestos investigadores que comenzaron la campaña, Mary Murphy y Andura Smetecek, eran publirrelacionistas al servicio de la trasnacional Monsanto.

Agrega: “Los autores de las cartas en mi contra publicadas en Nature tienen conflicto de intereses directo. Están relacionados con otro escándalo en Berkeley en 1998, en el que Novartis (otra de las grandes de la biotecnología) invirtió 25 millones de dólares en investigaciones. Con ello buscó comprar al profesorado entero”, denunció Chapela en La Jornada en 2002. Por ello el ecólogo fue despedido de su cátedra, que posteriormente recuperó.

Estudios contradictorios

Una vez que se publicaron en México los estudios que corroboraron la presencia de transgénicos en los cultivos tradicionales de maíz, el INE y la Conabio pidieron a Álvarez Buylla y a Rafael Rivera, actual director del Centro de Investigaciones Avanzadas de Irapuato, corroborar la información.

Sin embargo, Sol Ortiz y Exequiel Ezcurra, entonces adscritos al INE, y Jorge Soberón, secretario ejecutivo de la Conabio en aquel momento, “con quienes trabajábamos, decidieron separarse de la investigación, asignar recursos independientes a un proyecto paralelo. En 2005 la revista PNAS publicó su reporte sobre la inexistencia de transgenes en la misma zona donde Chapela y Quist los detectaron”, afirma Álvarez Buylla.

Cuando Science pidió a Álvarez Buylla comentar ese artículo, se dio cuenta de que era el mismo estudio para el que creía estar trabajando, pero con conclusiones contrarias a la evidencia científica que había descubierto.

Ante ello, el equipo del IE enfrentó un nuevo reto: obtener suficientes datos para confirmar la primera conclusión de la contaminación. Y lo logró: encontró evidencias de que había transgenes no sólo en las razas de maíz que habían detectado Quist y Chapela, sino también en Yucatán, Guanajuato y varias zonas de Oaxaca.

Elena Álvarez intentó publicar el nuevo aporte en PNAS. Sin embargo, a pesar de las críticas positivas, no se divulgó. Aquí, nuevamente, apareció el conflicto de intereses. En ese momento la vicepresidenta de dicha academia era Barbara Schaal, de la Universidad de Washington e integrante del comité del Centro de Ciencias de Danforth Plant, institución que se había beneficiado con una donación de 70 millones de dólares de Monsanto. Schaal vetó el artículo que contenía la evidencia científica sobre la movilidad de los transgenes de maíz de un campo de cultivo a otro. Más tarde el estudio de los universitarios se publicó en la revista Molecular Ecology.

Angélica Enciso y Blanche Petrich

http://www.jornada.unam.mx/2012/02/14/politica/002n1pol

Maya Food Threatened: Statement vs. GMO Corn In Belize.

It comes as no surprise to us that today the Maya of southern Belize are faced with yet another threat to their existence and way of life. The government of Belize is poised to approve testing of GMO corn seeds developed by Monsanto in our country. For the Maya, GMO corn reminds us of what happened after the arrival of Europeans, who promised us progress and salvation, but whose mere presence introduced diseases that decimated our people and enabled them to overcome us by force, settle on our lands and harvest our untold wealth.

The Maya people refer to ourselves as the people of the corn. Corn has been our staple food and a unique resource that grounds our existence, since the Maya people and our ancestors created it through millennia of selective breeding of the tiny teosinte grain. We have planted the corn, season after season, within the rainforest of southern Belize. In the past, we have been criticized for our slash and burn system of agriculture, when in fact, our rotational system of farming corn and intercropping is one of the only sustainable forms of agriculture in the climate and terrain conditions of southern Belize, and is based on a system of respect and value for Mother Nature; so we forgive the critics.

Now, companies like Monstanto have taken corn, the intellectual property of millennia of Central America’s indigenous people freely shared with the world, and inserted into it genes from other organisms, and tell us that their new, genetically modified corn is superior and good for us. Despite being blamed by newcomers for deforestation and the imminent demise of the rainforest for over a century, the Maya of Toledo continue to live in the most forested region of Belize. The number of schemes that have been foisted upon us by agricultural “experts” over the decades is legion; they have failed and caused our people hardship while our traditional methods continue to sustain us. We have reason to be skeptical of claims by people from other parts of the world that they know better than us about farming in our forests, that they have a better way, that following their science will make life better for us. GMO corn is another such scheme. We are told that to resist GMO crops is to be backward, against progress, against science. They do not tell us that many countries have banned or severely restricted GMO foods. They do not allow them to be grown; they do not allow them to be imported into their countries. These countries include some Caribbean countries, the European Union, Brazil, Peru, Paraguay, Japan, Egypt, the Phillipines, and China – some of the fastest growing economies in the world. In 2007, France withdrew authorization to plant Monsanto GMO corn there after initially allowing it. Resistance to GMO crops is not backward, it is forward thinking.

We are told that GMO seeds are resistant to pests, and so they will provide us with better harvests. In the United States, the same GMO corn strain that Monsanto wants to introduce in Belize was widely adopted by farmers in Iowa and Illinois. It is supposed to resist corn beetles (rootworm). Just this summer, many of those farmers suffered massive losses as fields of corn toppled over from rootworm invasions. The GMO seeds are not only losing effectiveness, but have contributed to the evolution of a pesticide-resistant “superbug”. In Maya traditional farming, pests are kept low naturally, without pesticides, by burning the field when clearing, by planting combinations of crops, and by moving our milpas periodically.

We are told that GMO seeds are more reliable and will provide better harvests. They do not tell us that in South Africa – one of the first countries to adopt GMO corn –the Monsanto GMO corn failed massively in South Africa in 2009 – in 82,000 hectares, the plants grew beautifully, but the cobs were seedless because of “underfertilization processes” in Monsantos’ laboratory”. Those farmers got some compensation, but for Maya farmers, compensation for crop failure later isn’t enough; our families face starvation if the corn harvest doesn’t come in. They do not tell us that in India, farmers who adopted Monsanto GMO cotton on promises of better yields and lower pesticide costs got 35% less crop, and it cost them more to produce. An estimated 125,000 farmers committed suicide due to the crop failure.

We are told that GMO corn is more efficient, and cheaper. They do not tell us that in order to survive, GMO crops need chemical fertilizers and pesticides. As pests gain resistance, more and more chemicals will be required to sustain Monsanto corn. They do not tell us that we will have to buy more and more chemicals, and pay for seeds every year. As Maya, we plant seeds that we save from our previous harvest; they are a gift from the Earth that cost us only our labour. Introducing GMO corn steals that birthright from us.

We are told that if Maya farmers do not want GMO corn, we do not have to use it, but that we should not deny commercial farmers in other parts of the country that right. But once they are being grown in the country, there will be nothing to prevent them from contaminating our local corn, whether we want their Frankenstein genes or not. And once our crops are contaminated, whether we like it or not, Monsanto could be able to make us pay. In Canada, a farmer whose crops were contaminated by GMO plants and who then used seeds from those plants the next year was held to have violated Monsanto’s patent on the plant. He had to destroy the seeds, which also meant destroying the unique variety of the crop he had developed over decades of farming. We are told that BELIPO has the power to deny patent protection to Monsanto, which would protect farmers from this kind of control and dependency to some extent – although Monsanto could still enforce dependency by selling only sterile seeds. But the government hasn’t committed to this action – and another thing that they don’t tell us is that Monsanto has been accused and even convicted of bribing government officials in other countries, including Indonesia and Canada, to allow policies that benefit them. Monsanto cannot be trusted, and a government that allows its devastating products into our country cannot be trusted.

Through our long struggle to defend our lives and our lands, corn has fed us, sustained us, and given us strength. We have always been cash poor but we have food, and can build our homes for shelter without having to buy from hardware stores. So we are not surprised now that our corn itself is under attack. This threatens our independent, self sustained lifestyle and livelihood. We make no apology to state for the record that the introduction of GMO corn is an assault on the food security and independence of the Maya people, to weaken our strength and resistance.

Governments and commercial interests have invaded our forests, appropriated our lands and continue to illegally extract the rich resources that we have long protected us as a people. They stole our culture to sell it for tourism for their own benefit. They challenge our identity and our nationality by spreading the myth that we are recent migrants from Guatemala and not indigenous to Belize. None of this has discouraged the Maya from standing strong and defending the land and her children. On the contrary, we have gained more strength and enjoyed consistent success in the hearts of the Belizean people, the courts, and the international community. Now the government has a new tactic: they seek to starve us, by introducing laboratory-made corn to destroy our Native corn, throw us into dependence on agribusiness corporations and eventually, as farmers sink under the expense of GMO crops, dispossess us of our lands.

Remember, People in Toledo do not grow their corn to sell they grow it to feed their family and animals. If there is some left, then they bring it to the local market in town to sell. People do not make enough money to keep on buying these seeds and all that comes with it. The result is that people not be able to maintain their farms, and be forced to the towns and cities and cayes in search of jobs.

The push for GMO corn in Belize is about corporate greed, not the needs of Belizeans. Let us defend our corn and the integrity of our natural ecosystems . For over 500 years we have managed to survive; we are a resilient people. We do not need, and we will not accept your corn!

http://indigenouspeoplesissues.com

Maíz nativo & seguridad alimentaria.

El campo mexicano cuenta con los recursos (incluyendo tecnología pública) para la “seguridad alimentaria en maíz para todos” y para aportar los maíces de especialidad requeridos por la pluricultural cocina mexicana. La tecnología transgénica no es necesaria para logar estos objetivos, y más bien representa una amenaza, por lo cual debe evitarse su siembra.

El potencial. En los nueve millones de hectáreas que cubre el agroecosistema de maíz, se puede producir 33 millones de toneladas anuales, mientras la producción actual es de 22 millones. El potencial del campo puede ampliarse a más de 50 millones de toneladas de maíz si se incorporan recursos del sur-sureste susceptibles de aprovechamiento. Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Veracruz, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo cuentan con los siguientes recursos:

Agua dulce: Las dos terceras partes de los mil 530 kilómetros cúbicos, dotación anual de agua dulce del país, se infiltran o escurren mayormente al mar (cuencas del Papaloapan, Grijalva-Usumacinta, El Balsas, más centenas de ríos y arroyos que escurren al mar de forma directa).

Clima: Durante el ciclo otoño-invierno (OI), las temperaturas y radiación solar son óptimas para duplicar el rendimiento del maíz con respecto al primavera-verano (PV).

Tierra de labor: Cada año se cosecha 2.5 millones de hectáreas de maíz en el ciclo PV, en su inmensa mayoría bajo temporal. Aunque cercana al recurso agua dulce, esa tierra permanece ociosa durante el ciclo OI en que se ausenta la lluvia. Hay también una reserva de nueve millones de hectáreas de tierras con vocación agrícola, que es subutilizada bajo el sistema de ganadería extensiva. El proyecto de Los Ríos (presentado por la Secretaría de Agricultura en 1988) preveía un millón de hectáreas bajo riego por derivación del sistema Grijalva-Usumacinta entre los estados de Tabasco y Campeche. Este proyecto permitiría el cultivo doble de un millón de hectáreas, con arroz en el ciclo PV y maíz en el OI. Estas tierras formaban parte de la reserva de tierras de labor bajo uso ganadero extensivo. Infelizmente, no fue considerado prioritario este proyecto, el cual además –no es ocioso decirlo– prometía controlar las inundaciones actuales de Villahermosa.

Tecnología pública: Durante el período 1998- 2001 el Instituto Nacional de Investigaciones Forestales Agrícolas y Pecuarias (INIFAP) condujo el proyecto Granos del Sur que evaluó la potencialidad productiva de maíz bajo riego en el ciclo OI en el sur-sureste. La información está publicada en cuatro artículos científicos. Los resultados indican que el rendimiento promedio de la región, usando tecnología pública, es del orden de ocho toneladas por hectárea. El híbrido H-515 del INIFAP alcanzó 15 toneladas por hectárea en La Fraylesca, Chiapas.

Infraestructura requerida: La topografía ondulada y profundidad somera de los suelos predominantes, sugieren al riego presurizado como principal medio de distribución del agua a las parcelas. Este mecanismo es dependiente de energía eléctrica, así como de máquinas automatizadas-desplazables de riego. Son por tanto necesarias la interconexión eléctrica de las áreas bajo riego, así como la construcción nacional de tales máquinas. El país necesita los empleos para construir y mantener esa infraestructura, y cuenta con la ingeniería (hidráulica, interconexión eléctrica, electrónica y mecánica) y con los recursos humanos capacitados que requiere esta empresa.

Seguridad alimentaria para todos. El acondicionamiento de cada millón de hectáreas con infraestructura, investigación, extensión, crédito y facilidades para la comercialización en el sur-sureste permitiría añadir ocho millones de toneladas a la producción nacional de maíz. El Estado mexicano podría añadir tres millones de hectáreas en esta región al cultivo del grano bajo riego en ciclo OI en los próximos 15 años, con lo que se incrementaría el potencial de producción de maíz hasta 57 millones de toneladas anuales.

México es el centro de origen y diversificación del maíz. Cuenta con 59 razas nativas que son resguardadas, aprovechadas y mejoradas por 62 grupos étnicos que las cultivan en el 50 por ciento del agro-ecosistema mexicano de maíz. Hay por lo menos dos razones prácticas por las que las 59 razas nativas de maíz de México son insustituibles en el campo mexicano, mientras haya campesinos:

1.- Sólo en tres millones de hectáreas de los nueve millones sembrados con maíz cada año, hay condiciones óptimas para el cultivo del grano. En esta superficie prospera la agricultura empresarial, moderna y competitiva, cuyo paradigma es la agricultura industrial. En los seis millones de hectáreas restantes, las condiciones geográficas y edafoclimáticas distan de ser ideales. Ejemplos son la Sierra de Neblina (Sierra de Zongolica, Veracruz), en donde la baja radiación fotosintéticamente activa es el principal factor limitante; concurren una alta humedad relativa, lluvia que duplica la evaporación, suelos hiperácidos y topografía abrupta. Hay además enfermedades endémicas del tallo, follaje y mazorca. Solamente las razas nativas de maíz (olotón, tepecintle, comiteco y otras) prosperan en este agro-nicho, mientras los híbridos modernos, producidos ya sea por el INIFAP, el Centro Internacional de Mejoramiento del Maíz y el Trigo (CIMMYT), o los consorcios multinacionales, fracasan consistentemente. Un segundo extremo es la Meseta Semiárida del Norte, la que tiene una estrecha ventana de crecimiento (110 días entre el inicio de lluvias y la primera helada), días calurosos con insolación intensa y sequías severas. Sólo las razas nativas precoces (cónico norteño, conejo, breve de Padilla, bolita y otras) prosperan en este agro-nicho. En 60 años de mejoramiento genético de maíz en México, el éxito en desarrollar variedades o híbridos que compitan con las razas nativas bajo condiciones edafoclimáticas tan restrictivas ha sido muy limitado. La agricultura empresarial, confinada a tres millones de hectáreas, ya produce maíz muy cerca de su potencial. Pero sola no garantiza la seguridad alimentaria para todos.

2.- La cocina mexicana ha sido recientemente reconocida por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) como patrimonio intangible de la humanidad, e implica unos 600 alimentos (platillos y bebidas) a base de maíz nixtamalizado, entre ellos 300 tipos de tamales. Esta riqueza alimenticia es pluricultural y está inexorablemente vinculada a las 59 razas nativas de maíz. Sólo se puede hacer tortilla tlayuda a partir de la raza bolita. Se podría intentar hacer tlayudas a partir de algún híbrido blanco de Sinaloa, pero el producto sería de baja calidad, como ocurriría con la manufactura de un vino fino a partir de una uva no especializada. Sólo se puede hacer totopos oaxaqueños con la raza zapalote chico, o la tortilla de maíz de máxima calidad con la raza pepitilla, o pozole a partir de la raza cacahuacintle y otras, pinole a partir de las razas chapalote y maíz azul, y la bebida alimenticia pozol y el tescalate con la raza tuxpeño. El tejuino, el cuitlacoche, los tlacoyos, etcétera, tienen su propia especialidad. Cualquier amenaza que se cierna sobre las razas nativas de maíz atenta contra la seguridad alimentaria para todos y contra la viabilidad del uso pluricultural del maíz como alimento.

Ante todo esto, es imperativo impedir la penetración de maíces transgénicos en el campo mexicano. No es posible la coexistencia de maíz modificado genéticamente con las razas nativas del grano en México, sin que éstas acumulen irreversiblemente transgenes y se amenace su integridad genética.

Bajo la hipótesis de liberación comercial de maíz transgénico en México, hay por lo menos cuatro factores que conducirían inexorablemente a la acumulación progresiva e irreversible de transgenes en las razas nativas del grano: 1) la biología reproductiva del maíz, 2) la dispersión incontrolada de los insertos transgénicos en el espacio cromosómico, 3) la segunda oleada de maíz transgénico adaptado a parte del agroecosistema mexicano y 4) las prácticas de campo del Mejoramiento Genético Autóctono. No se sabe si el umbral deletéreo de acumulación de transgenes fuera inferior a los 50 eventos transgénicos independientes disponibles en el mercado mundial de maíces transgénicos. Es inevitable que esos transgenes sean sustituidos por otros, y como basura, se acumularán irreversiblemente en las razas nativas. Mis coautores y yo discutimos este tema en tres artículos científicos publicados en revistas mexicanas.

Antonio Turrent Fernández

Investigador del INIFAP y miembro de la Unión de Científi cos Comprometidos con la Sociedad, AC

http://www.jornada.unam.mx/2011/02/19/nativos.html

Cargill y Bayer: transnacionales de los agronegocios con complicaciones en Brasil.

La justicia brasileña prohibió comercializar en el país el maíz transgénico Liberty Link, propiedad de la empresa alemana Bayer y resistente al herbicida glufosinato de amonio, porque no se presentó un plan de monitoreo luego de su liberación en mayo.

Bayer deberá pagar, de acuerdo a la sentencia, más de 25 000 dólares diariamente si no suspende de forma inmediata la comercialización, siembra, transporte e importación de su maíz transgénico.

La variedad Liberty Link de Bayer había sido liberada comercialmente por la Comisión Técnica Nacional de Bioseguridad, encargada de concretar esas concesiones en el país, a condición de que fueran realizados estudios de monitoreo pos-cosecha y de coexistencia con variedades convencionales de maíz, lo cual no se cumplió.

Las organizaciones brasileñas Tierra de Derechos, el Instituto Brasileño de Defensa del Consumidor, la Asociación Nacional de Pequeños Agricultores y Asesoría y Servicios a Proyectos en Agricultura Alternativa, habían solicitado la suspensión de la liberación concedida al maíz Liberty Link.

Desde 2007 estas organizaciones tienen una acción civil pública en proceso en la que exigen a la Comisión Técnica Nacional de Bioseguridad que se realicen adecuados análisis de riesgos sobre la salud y el medio ambiente de las variedades transgénicas propuestas. El trabajo de esa comisión ha sido cuestionado duramente en los últimos años. Las organizaciones brasileñas piden además que se brinde toda la información disponible a los ciudadanos.

Por su parte, otra empresa del sector de los agronegocios, la estadounidense Cargill, también enfrenta un importante revés en Brasil. El Ministerio Público Estatal de Pará no quedó conforme con un estudio de impacto ambiental que la compañía presentó el 14 de julio sobre su puerto en Santarém, en audiencia pública realizada en esa localidad, muy concurrida y con fuerte operativo de seguridad.

Se abrirá “una investigación policial para determinar la veracidad de los datos del estudio de impacto ambiental de la terminal de granos de Cargill en Santarém”, empieza diciendo el Ministerio Público Estatal paraense, citado en la web del Movimiento de Trabajadores Rurales Sin Tierra de Brasil. “Procuradores de los Ministerios Federal y Estatal tienen fuertes sospechas de que las informaciones contenidas en los estudios no son verdaderas”, sentencia.

La Comisión Pastoral de la Tierra de Brasil había presentado el 14 de julio ante el Ministerio Público Federal y la Secretaría de Medio Ambiente de Pará un extenso archivo para comprobar los impactos que ha provocado el puerto granelero de Cargill en Santarém.

La terminal lleva siete años de operativa sin el estudio de impacto ambiental correspondiente y sin las audiencias públicas que la avalen, según informa la agencia Adital. Varias organizaciones brasileñas argumentan que la construcción del puerto se llevó adelante sin respetar la legislación nacional y que su presencia provocó el desplazamiento de cientos de familias de comunidades rurales que se dedicaban a la pequeña agricultura hasta la llegada de la soja.

http://radiomundoreal.fm/Descarriladas?lang=es

http://www.mst.org.br/node/10323

http://www.mst.org.br/node/10322


@twewwter

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