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Chiapas, México: A punto de estallar otros Acteal.

La estrategia que comprende el despojo de territorio y agresiones paramilitares contra comunidades zapatistas avanza en Chiapas y presenta una nueva escalada de violencia.

En este momento dos comunidades zapatistas, una en la Selva Lacandona y otra en la zona montañosa del norte de Chiapas, están, cada una, a merced de centenar y medio de paramilitares armados que invadieron sus territorios.

El primero es el caso del poblado Nueva Purísima, del municipio autónomo Francisco Gómez, en la Selva Lacandona: el  lunes pasado alrededor de 150 personas armadas, algunas transportadas en camionetas de la presidencia municipal de Ocosingo, invadieron 178 hectáreas cultivadas por zapatistas.

El otro caso es el de la comunidad de San Patricio, del municipio autónomo La Dignidad, en la zona montañosa del norte de Chiapas, que denuncia que más de 150 paramilitares armados invadieron en días pasados sus terrenos y la tienen cercada.

En San Patricio las bases zapatistas reconocieron entre los invasores a policías municipales y dirigentes del grupo paramilitar Paz y Justicia. Los hombres portan armas de grueso calibre y postrados en los caminos y en la montaña prohíben que alguien salga de la comunidad.

Esta situación lleva 11 días en San Patricio y se vuelve más alarmante, pues los paramilitares disparan sus armas para impedir que   la gente se abastezca de sus cultivos o recoja leña.

Además los paramilitares ya se apropiaron de sus cosechas y algunos animales, destruyeron los corrales de cría de animales, quemaron 18 hectáreas de pastizales y derribaron 200 árboles de madera fina.

En contraste, las bases zapatistas están desarmadas, sufriendo escases de alimento y de leña.

En Nueva Purísima y San Patricio el estallido de violencia está latente.

¿Porqué tanta agresión contra poblaciones desarmadas que viven de proyectos colectivos autosustentables agrícolas y de cría de animales?

Estos no son casos ni nuevos ni aislados. Las bases zapatistas resisten, desde su irrupción en 1994, una estrategia contrainsurgente del Estado que entre otras modalidades comprende la de provocar conflictos con comunidades no zapatistas o crear grupos paramilitares.

De esta manera, sin involucrar directamente a las fuerzas armadas, pueblos indígenas en pobreza extrema, con altos grados de alcoholismo y en pugna interna por apoyos partidistas y asistenciales, atacan a pueblos zapatistas.

El despacho jurídico Rafferty Kobert Tenenholtz Bounds & Hess, P.A. de Miami quiere exhibir la creación de esa estrategia contrainsurgente, pues esta semana presentó, en un tribunal de Connecticut, una demanda judicial contra el expresidente Ernesto Zedillo por la matanza de Acteal.

Como se sabe, la masacre la perpetró un grupo paramilitar contra una población indígena indefensa, dejando un saldo de 45 víctimas, entre éstas 21 mujeres y 15 infantes, en 1997.

Zedillo vive en Connecticut y da clases en la Universidad de Yale. Hasta allá lo alcanzó la impunidad cometida en la masacre de Acteal, pues una ley federal del país vecino permite a extranjeros el derecho a demandar a residentes en suelo estadounidense por delitos de lesa humanidad.

El despacho jurídico que representa a un puñado de sobrevivientes de Acteal buscará probar la implementación del “Plan de Campaña Chiapas 94”, según el cual el expresidente dotó de armas a grupos  indígenas locales para que hostigaran y atacaran a poblaciones neutrales y zapatistas.

Bajo el gobierno de Zedillo salió a la luz Paz y Justicia, el grupo paramilitar que tiene cercado a San Patricio.

En 1997 a Paz y Justicia se le acusó de cercar comunidades simpatizantes zapatistas del municipio de Tila. El grupo les impidió el tránsito carretero, el paso de comida y medicinas, y se le responsabilizó de cometer violaciones sexuales y 46 asesinatos.

El EZLN también ha denunciado otras modalidades de esa estrategia contrainsurgente: despojo violento o burocrático de los terrenos apropiados por el EZLN durante la insurrección de 1994, proliferación de programas asistenciales a comunidades rivales, creación de nuevos asentamientos castrenses, entre otros.

Sin embargo en los últimos meses se han incrementado las  agresiones y despojos de otros grupos paramilitares como la Organización Regional de Cafeticultores de Ocosingo (ORCAO), o de militantes del PRI, PAN y PRD en comunidades de la Selva Lacandona, Los Altos de Chiapas y la selva fronteriza.

El caso de San Patricio evidencia la provocación abierta para que el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) tome de nuevo las armas.

EL EZLN depuso las armas cuando tras el rechazo legislativo de los Acuerdos de San Andrés Larráinzar en 2001, decidió convertirse en un movimiento civil pacífico. Las depuso, pero no las entregó. Y el subcomandante Marcos ha dicho que sólo las utilizarán para defenderse.

Si el EZLN respondiera a la violencia paramilitar, el Estado justificaría el uso de la fuerza castrense para tomar el territorio zapatista y así sofocar la experiencia autónoma.

Se pensó que la experiencia zapatista sucumbiría con el tiempo. Lo cierto es que si bien bajó en visibilidad, consolida su  autonomía y sirve de inspiración a etnias que impulsan procesos similares.

La lección autonómica zapatista es simple: rechaza cualquier apoyo partidista o programa gubernamental; no participa en elecciones; promueve la organización colectiva, horizontal e incluyente; creó programas de salud, educación, gobierno e impartición de justicia con identidad propia; estableció proyectos productivos autosustentables y protege su tierra y recursos naturales.

Si bien es simple, esa lección también es poderosa, pues mueve conciencias colectivas en un momento en el que la crisis capitalista provoca que gobiernos e iniciativa privada codicien las extensiones de tierra y los recursos naturales de territorios indígenas.

De esta manera, comienza a proliferar la resistencia activa de  comunidades indígenas en salvaguarda de su riqueza natural.

Lo vemos actualmente en el pueblo yaqui de Vicam, Sonora, que ha cerrado carreteras en protesta por la construcción de un acueducto que los despojará de miles de hectáreas de riego.

También lo vemos en la población purépecha de Cherán, Michoacán, que se atrincheró en defensa de sus bosques ante la devastación impune cometida por talamontes.

De idéntica manera se actúa en Ostula, Michoacán, donde la población nahua creó un movimiento de autodefensa para recuperar más de 700 hectáreas de propiedad comunal arrebatadas por los caciques del lugar.

Y estamos a punto de verlo en comunidades indígenas de la montaña de Guerrero, sede de la afamada policía comunitaria, que se oponen a la llegada de compañías mineras canadienses a sus bosques.

La autonomía zapatista inspira por igual la lucha de etnias o poblaciones rurales de Oaxaca, Veracruz, Jalisco, Baja California, Campeche, entre otros estados.

Todo indica que la lección zapatista se extenderá en el país conforme se agudice más la crisis capitalista.

Así es como desde lugares apartados y empobrecidos se fortalecen retículas de lucha y sobrevivencia. Se trata de nuestros propios indignados.

Sin embargo, la autonomía zapatista está más vulnerable que nunca. En los últimos tres meses grupos paramilitares agredieron a comunidades zapatistas de cada uno de los cinco Caracoles en las que éstas se aglutinaron por regiones: Oventic, La Garrucha, Morelia, La Realidad  y  Roberto Barrios.

Ahora San Patricio, en el Caracol de Roberto Barrios “Nueva semilla que va a producir”, y Nueva Purísima, en el Caracol de La Garrucha “El camino del futuro”, están en peligro de sufrir otra masacre como la de Acteal.

La responsabilidad del desenlace de estas invasiones paramilitares recae directamente en el gobierno estatal de Juan Sabines y el gobierno federal de Felipe Calderón.

Contrainsurgencia y servicios de inteligencia.

Son muchas las interpretaciones sobre la maniobra mediática a que se prestó el periódico Reforma a finales de marzo, cuando publicó un documento supuestamente entregado por un desertor del EZLN, en el que se hacen revelaciones –ya dadas a conocer infinidad de veces– sobre la estructura de la organización, armamento, ubicación territorial de sus mandos y sus presuntas fuentes de financiamiento, entre las que destacaría una del País Vasco, que de forma igual de maniquea se presenta como proveniente de ETA.

Fue tan burdo todo el tinglado propagandístico montado por los llamados servicios de inteligencia, en este caso, la sección segunda del Ejército, que no tardaron los desmentidos y las refutaciones: la fotografía del supuesto subcomandante Marcos sin capucha, a quien el desertor-sin-nombre-ni-rostro debiera conocer muy bien, resultó ser la de un cooperante italiano.

Cualquier periodista medianamente informado y sin conexiones con Sedena conoce la candente polémica epistolar que protagonizaron el vocero del zapatismo y ETA al inicio de 2003, en la que esta última afirmó: Tenemos serias dudas sobre la verdadera intención de la propuesta de diálogo en la isla canaria de Lanzarote que usted hizo. Nos parece más bien que se trata de una maniobra desesperada para atraer la atención internacional instrumentalizando para ello el eco de todo lo que tiene que ver con el conflicto vasco, especialmente en el Estado español. La manera pública, sin consulta previa, en la que usted ha realizado esta propuesta refleja una profunda falta de respeto hacia el pueblo vasco y hacia todos los que desde sus organizaciones estamos luchando de una u otra forma por la libertad.

Marcos respondió: “Veo que tienen sentido del humor y que nos descubrieron: nosotros los zapatistas, que nunca hemos tenido la atención de la prensa nacional e internacional, quisimos ‘usar’ el conflicto vasco que, como es evidente, tiene buena prensa de sobra. Es más, desde el día en que nos referimos públicamente a la lucha política en Euskal Herria, los comentarios positivos sobre los zapatistas, en la calle y en la prensa nacional e internacional han ido en ascenso. Respecto a que no quieren ser parte de ningún tipo de ‘pantomima’ u ‘opereta’, lo entiendo. A vosotros os gustan más las tragedias… Además no tenemos ni los medios ni el interés ni la obligación de ‘consultar’ a ETA antes de hablar. Porque los zapatistas hemos conquistado el derecho a la palabra: a decir lo que nos venga en gana, sobre lo que nos venga en gana y cuando se nos venga en gana. Y para eso no tenemos que consultar ni pedirle permiso a nadie. Ni a Aznar ni al rey Juan Carlos ni al juez Garzón ni a ETA…

“Lo de que le hemos faltado el ‘respeto al pueblo vasco’ es algo de lo que también nos acusó Garzón (el cual, en consecuencia, debe autodeclararse ilegal, por coincidir con ETA en sus planteamientos) y toda la derecha hispana y vasca. Debe ser porque el proponer darle una oportunidad a la palabra contraviene los intereses de quienes, desde posiciones aparentemente contrarias, han hecho de la muerte de la palabra su negocio y su coartada. Porque el gobierno español mata la palabra cuando ataca al idioma vascuense euskera o lengua navarrorum, cuando hostiga y encarcela a los periodistas que ‘osan’ hablar del tema vasco incluyendo todos los puntos de vista, y cuando tortura presos para que confiesen lo que le sirva a la ‘justicia’ hispana. Y ETA mata la palabra cuando asesina a quienes la atacan con palabras, no con armas”.

Cito en extenso estas argumentaciones para calibrar la desmemoria inducida o la ignorancia política de los redactores del informe-del-desertor, que antes de conectar ambas organizaciones no hicieron su tarea para que el infundio tuviera algunos visos de realidad. Pero si los organismos de inteligencia castrenses no llevaron a cabo su trabajo, mínimamente como intentaron hacer sus pares colombianos para el caso de las computadoras milagrosas del finado Raúl Reyes, los lectores esperan que ese documento del ausente desertor, ahora encumbrado a ex dirigente, pudiera haber sido confrontado por los directivos de Reforma en cuanto a su origen real, congruencia de su argumentación, verificación de fuentes, opiniones de analistas independientes y también de los cercanos al zapatismo, etcétera; o sea, lo que es un trabajo periodístico profesional y ético, lo cual, ciertamente, es mucho pedir en estos días.

No obstante, lo importante en denunciar esta complicidad medios-servicios de inteligencia estriba en preguntar: ¿qué propósitos existen detrás de esta puesta en escena? Uno obvio y evidente es identificar al EZLN dentro de las organizaciones relacionadas con el terrorismo, y en consecuencia intensificar la guerra de desgaste contra las comunidades zapatistas enfrascadas en los procesos autonómicos de mandar obedeciendo, y particularmente, justificar políticamente incursiones militares contra la dirigencia zapatista.

Estas estratagemas mediáticas coinciden con el aumento de la acción paramilitar y de inteligencia en Chiapas, inherentes a la contrainsurgencia, y con la complicidad y protagonismo del gobierno estatal en ese acoso, denunciado innumerables veces por las autoridades autónomas zapatistas.

No se equivoquen: hoy, como ayer, los zapatistas no están solos; sobre todo en un contexto de deterioro total de las instituciones, de una presidencia usurpada y responsable de la peor crisis generalizada que haya sufrido la República desde el porfiriato; con la guerra sucia y la violencia generalizada en calles, retenes y carreteras en las que se asesina impunemente, mientras lo poco que queda de país se remata en subasta pública por los vendepatrias que afirman gobernar.

Gilberto López y Rivas

http://www.jornada.unam.mx/2010/04/16/index.php?section=opinion&article=018a2pol&partner=rss

Réplica al diario Reforma. 31 de Marzo, 2010.

C. Alejandro Junco de la Vega.
Director Diario Reforma.

San Cristóbal de Las Casas, Chiapas, México; A 31 de Marzo de 2010.

Con base al derecho de réplica, le solicito sea publicado el presente texto en su Diario en base a las siguientes consideraciones:

El pasado sábado 27 de marzo, se publicó en vuestro periódico nota intitulada “Desencapuchan al Sub Marcos”, en la que se da información y se exhiben fotografías de mi persona asegurando que es el Sub Comandante Insurgente Marcos del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, con lo que me causa perjuicio dado a que es falsa y calumniosa dicha información.

Refiriendo información develada presuntamente por “un autodenominado ex miliciano zapatista”, que supuestamente os entrego’ “un documento de 83 cuartillas”, y en donde se asegura que: “… en la amplia variedad de fotos que acompañan al documento elaborado por el desertor, se describe a varios mandos del EZLN, enlaces y extranjeros supuestamente miembros de la ETA. Son fotografías de rostro y cuerpo entero y en la mayoría de los casos, los pies de foto los describen con sus alias y con sus números de teléfonos celulares.”.

Bueno, pues resulta que tanto la foto que aparece en la portada de su diario, de persona con el rostro descubierto, junto a la del Sub Comandante Insurgente Marcos del Ejército Zapatista de Liberación Nacional cubierto con pasamontañas, así como dos de las fotos que aparecen en la página 7, con notas de pie, en las que se afirma textualmente: “ CABEZA. Rafael Sebastián Guillen Vicente, mejor conocido como el Subcomandante Marcos…”, son fotos del rostro de quien suscribe la presente carta.

Reconozco mi solidaridad e incondicional admiración al Ejército Zapatista de Liberación Nacional por la defensa que hacen de los derechos de los Pueblos Indígenas, al Sub Comandante Insurgente Marcos como Revolucionario, así como a las comunidades zapatistas por su valentía y resistencia en el proceso autonómico como Pueblos Indígenas.

Por lo anterior demando que se publique la aclaración hecha y en adelante se abstenga de difundir información no comprobada tal como exige la ética con que se debe conducir quien ejerce el oficio de periodista. Le informo, además, que en su oportunidad estaré interponiendo los recursos legales que procedan por daños y perjuicios que la nota mencionada me ha ocasionado y me ocasionen en adelante.

Leuccio Rizzo.

Gobierno hostiga a defensores de derechos humanos

En Chiapas se recrudece el hostigamiento gubernamental contra el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas. Diego Cadenas –su presidente– denuncia agresiones físicas, amenazas y una campaña mediática de desprestigio, que se inserta en “la lógica de la criminalización social y la estrategia contrainsurgente”. Con la andanada –explica–, los gobiernos de Felipe Calderón y Juan Sabines estarían protegiendo proyectos de “desarrollo” que despojan territorios a los pueblos indios

En detrimento de las comunidades y pueblos indios, los gobiernos federal y de Chiapas imponen proyectos de inversión minera, turística, bioenergética y de construcciones modulares. Tan sólo en 2008, la administración de Juan Sabines Guerrero “consiguió” que la minera Black Fire Exploration, de origen canadiense, invirtiera más de 5 millones de dólares en la entidad.

Además, entre los ocho proyectos mineros no metálicos que en la actualidad promueve la Secretaría de Economía federal se encuentra el del Cerro de la Campana, cuya mina de mármol y caliza afectará al ejido Efraín A Gutiérrez, localizado en el municipio Berriozabal, consta en la página de internet de la dependencia.

Aunque los llamados proyectos de “desarrollo” supuestamente se justifican con la creación de empleos, defensores de derechos humanos advierten que el impulso a la iniciativa privada extranjera también conlleva criminalización, asesinatos, encarcelamientos, hostigamiento, despojo de tierras y saqueo indiscriminado de recursos.

Ése es el caso de Chiapas, cuyo mandatario se describe como “el mejor aliado de la inversión” y que ahora está marcado por ambos temas: la imposición de proyectos y al menos una decena de conflictos sociales relevantes, además del todavía no resuelto levantamiento armado que encabeza el Ejército Zapatista de Liberación Nacional.

En su mayoría, los problemas sociales han sucedido en lo que va de la administración de Sabines Guerrero y se derivan del tema territorial. Por ejemplo, los despojos de tierras que llevan a cabo presuntos paramilitares de la Organización para la Defensa de los Derechos Indígenas y Campesinos (Opddic); la criminalización de la lucha por la gestión autónoma de las cascadas de Agua Azul; las resistencias a la actividad minera en ocho municipios y a la construcción de la autopista San Cristóbal-Palenque.

A ello se suman las incursiones del Ejército Mexicano, la Policía Federal, la Policía Estatal Preventiva y la Procuraduría General de la República (PGR) en comunidades en resistencia y la criminalización de los defensores de derechos humanos que acompañan las quejas y brindan asesorías jurídicas y sicológicas a los agraviados.

En este último caso, en 2009 se han registrado al menos cuatro tipos de agresiones reiteradas contra los integrantes del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas (Frayba): vigilancia (atribuida por el Frayba al Centro de Investigación y Seguridad Nacional, Cisen); persecución (orquestada por miembros asociados al gobierno estatal); hostigamiento (por parte de la Opddic) y descalificación (por los medios de comunicación locales)

Al igual que el hostigamiento a los pueblos, en meses recientes el acoso gubernamental contra los defensores se ha incrementado. El 7 de agosto pasado, Esdras Alonso González, dirigente de la iglesia evangélica Alas de Águila, del Ejército de Dios y vinculado al gobierno estatal, demandó penalmente ante la PGR a Diego Cadenas, presidente del Frayba, a ejidatarios de la comunidad de Mitzitón y al periodista Hermann Bellinghausen.

Según el propio dicho del demandante, la PGR inició la averiguación previa APPR6/CHIS/SC/III/075/2009 por los supuestos delitos de “ataques a las vías de comunicación, contra la paz y la seguridad de las personas, la biodiversidad y el allanamiento de morada”.

Otro hecho relevante aconteció el pasado 18 de septiembre, cuando Ricardo Lagunes Gasca fue emboscado y golpeado por integrantes de la Opddic, organización identificada por el Frayba como de corte paramilitar. El ataque ocurrió cuando el abogado, integrante del centro, concluyó una visita al ejido Jotolá, municipio de Chilón, donde informó los avances del proceso jurídico que lleva a favor de los presos políticos de San Sebastián Bachajón.

Proyectos de inversión, detrás del acoso

En entrevista con Contralínea, Diego Cadenas identifica que los gobiernos federal y estatal están detrás del acoso, pues ambos pretenden imponer “proyectos de desarrollo” en Chiapas.

Explica que, como los derechos de los pueblos indígenas y en particular la defensa del territorio son ejes estratégicos del Frayba, éste desarrolla un método de defensa social integral que procura que las comunidades y las organizaciones protagonicen, en lo posible, su defensa.

Este método, indica, coincide con la nueva etapa en la consumación de “distintos ‘proyectos de desarrollo’, entre comillas, de empresas trasnacionales que tienen el apoyo, el servilismo del gobierno federal y del gobierno del estado”.

Detalla que hasta con modificaciones legislativas se dan facilidades a las trasnacionales para sustraer los recursos naturales que se encuentran en territorios indígenas. Subraya, además, que en Chiapas estos proyectos son sobre todo mineros y turísticos.

Conflictos mineros

De acuerdo con el Segundo informe de gobierno de Juan Sabines, hecho público en diciembre de 2008, el gobierno chiapaneco no sólo ha “fortalecido” relaciones con empresas españolas –Grupo Arpa, Prointec, Isolux Corsán, Mall y Ecofuel–, sino que éstas invertirán “en los sectores bioenergéticos, construcciones modulares y turísticas (sic)”.

El mismo documento expone: “Como resultado de las relaciones con el gobierno de Canadá, logramos que la empresa Black Fire Exploration México invirtiera en la industria minera más de 5 millones de dólares, generando 250 empleos directos y mil indirectos”.

Parte de esa inversión –garantizada jurídicamente por una de cuatro concesiones que le otorgó la Secretaría de Economía federal para operar proyectos en esa entidad– le permite poseer en Chicomuselo, Chiapas, la mayor mina de barita en el mundo, con una producción de 360 mil toneladas al año y con ingresos calculados en 45 millones 500 mil dólares anuales, informó la agencia de noticias Efe en agosto de 2008.

Chicomuselo es uno de los ocho municipios chiapanecos con conflictos sociales derivados de la actividad minera. Allí, en la comunidad de Grecia, se han documentado graves afectaciones al medio ambiente, señala Diego Cadenas.

Los problemas, sin embargo, no son sólo ecológicos: desde antes de que se instalara la mina, en 2006, los residentes denunciaron el despojo ilegal de sus tierras. Los otros siete municipios con problemáticas similares son: Siltepec, La Grandeza, Bejucal de Ocampo, Porvenir, Amatenango de la Frontera, Mazapa de Madero y Motozintla.

Según estimaciones, la mina a cielo abierto en Chicomuselo tendrá una vida útil de 100 años y, una vez agotado el mineral que ahora explota, Blackfire Exploration extraerá titanio.

“Hay ya permisos de exploración a distintas empresas mineras en el estado, principalmente en el municipio Venustiano Carranza, en donde acompañamos a una comunidad”, denuncia Cadenas.

Información de la Secretaría de Economía federal indica que en Chiapas existen nueve proyectos mineros operados por compañías de capital extranjero, cuatro de ellos concesionados a Black Fire Exploration, Ltd: La Cristiana (exploración), Siete Mulas y La Mulita (exploración), Pijijiapan (exploración) y La Revancha (producción).

Otras cuatro concesiones de exploración están en manos de la también canadiense Linear Gold Corp: Los Olivos, Motozintla, Niquivel e Ixhuatan; mientras que el noveno proyecto ­­–llamado Amatista, La Fruta y El Mole y reportado como suspendido– fue concesionado a Radius Gold, Inc, empresa también proveniente de Canadá.

Criminalización de la protesta

A la par de los incentivos a las inversiones empresariales, el Estado mexicano endurece las leyes, sobre todo penales, para sancionar cualquier oposición a los proyectos, critica Diego Cadenas.

Indica que la criminalización de la protesta social no sólo afecta a esa entidad. “Hoy en Chiapas existe, por ejemplo, la figura de instigación a la violencia, destinada a la gente que está en movimientos sociales; pero también la Constitución (mexicana) se ha reformado con la justificación de la lucha contra la delincuencia organizada y el narcotráfico, y se le han dado más facultades al Ministerio Público para arraigar, en perjuicio de los derechos y las garantías de los ciudadanos”.

Señala que éste es justo el contexto en el que trabaja el Frayba: “En donde se han agudizado las controversias, hay una acción más agresiva del Estado para realizar estos proyectos de desarrollo y también hay más claridad, mayor organización y mayor articulación en las comunidades indígenas para defender su territorio”.

El abogado –quien, junto con el obispo Samuel Ruiz, fue seguido, fotografiado y videograbado por personal del Cisen en mayo y junio pasados– dice que esta situación seguramente ha llevado al Estado a “ubicar” quiénes son los actores que representan un “obstáculo para saquear los recursos de los pueblos, y es muy probable que esté ubicando al Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas como un actor en esa lógica”.

Por ello, reflexiona, se está instrumentando una “campaña de hostilidad en nuestra contra en los medios de comunicación, que evidentemente están sometidos al poder del gobernador: el gobierno ha invertido mucho dinero en convenios mercantiles con los medios, que utiliza para promover el turismo y, al mismo tiempo, su versión tendenciosa de lo que está ocurriendo en los ámbitos político y social del estado. Entonces, por un lado, promueve el turismo y, por otro, criminaliza y pone fotos de gente que está en el movimiento y los presenta como delincuentes”.

Territorio en disputa

Además de la actividad minera, Diego Cadenas identifica a la autopista San Cristóbal-Palenque como uno de los proyectos prioritarios para los gobiernos federal y estatal, así como un atractivo negocio para las empresas españolas.

“Aquí hay intereses económicos muy importantes, porque esa autopista supone que potenciará el desarrollo ecoturístico de la región, pues conectará con la Riviera Maya: comienza aquí en Chiapas y acaba en la Península de Yucatán.”

Explica que quienes han mostrado mayor oposición a ese proyecto son los ejidatarios tzotziles de la comunidad de Mitzitón y los ejidatarios tzeltales de San Sebastián Bachajón. Estos últimos también luchan por usufructuar los recursos de las cascadas de Agua Azul, que se encuentran en su territorio y que han sido explotadas por la Secretaría de Turismo estatal.

En el caso de Bachajón, Diego Cadenas recuerda que tras intentar ejercer su derecho a administrar sus recursos naturales, el 13 de abril fueron encarcelados ocho ejidatarios, de los cuales dos aún continúan en el penal de El Amate, “como presos políticos”.

La constante en la administración del gobernador Juan Sabines es “un doble discurso: por un lado, dice que él está a favor de los derechos humanos; por otro lado, manda reprimir de distintas formas a los movimientos que se oponen al saqueo de sus recursos que se encuentran en sus territorios”.

Medidas cautelares

Ante los embates gubernamentales, Diego Cadenas explica: “Estamos recurriendo a las instancias internacionales de derechos humanos para solicitar su intervención para que cese esta hostilidad en nuestra contra y que se respeten los derechos de los pueblos indígenas. Ya se ha informado lo que está pasando a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Estamos solicitando su intervención para que le pida al Estado mexicano, a los órganos de seguridad, las medidas cautelares a nuestro favor y sobre todo de los ejidatarios de Bachajón, que se encuentran sitiados por la Policía Estatal Preventiva con la amenaza de desalojarlos de la caseta que les corresponde por derecho administrar en Agua Azul”.

El presidente del Frayba dice que, además de esta solicitud, los integrantes del centro han tomado medidas de seguridad, puesto que no pueden cejar en su lucha por el respeto pleno de los derechos humanos en Chiapas.

“Siempre hay un riesgo, como ya lo vimos con el caso de Ricardo Lagunes, nuestro compañero que fue agredido recientemente en una carretera por integrantes de la Opddic.”

Para la elaboración de este trabajo se solicitó la opinión del gobierno de Juan Sabines a través del jefe de prensa Guillermo Enríquez. Hasta el cierre de edición, no se recibió respuesta.

Paramilitares y contrainsurgencia

“La estrategia de contrainsurgencia está destinada no únicamente contra los zapatistas, aunque inicialmente eso se pensaba por los patrones derivados de la documentación que hemos hecho en campo. Ahora notamos que realmente la estrategia es parte de la aplicación de una política más amplia: de la política económica”, explica Diego Cadenas, presidente del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas (Frayba).

Reflexiona que dicha política económica –con un concepto de desarrollo excluyente hacia los pueblos indígenas y de despojo de los recursos– se acompaña de mecanismos represivos para asegurar su propia realización y también para garantizar los negocios de los inversionistas.

En ese contexto, asegura, el gobierno está ubicando cuáles son las organizaciones que pueden ser sus aliadas en un momento dado para enfrentar a quienes se opusieran a este modelo de desarrollo.

“Ésta es la lógica de los grupos de corte paramilitar. Y aunque en este momento el rol es ciertamente de confrontación no armada, sí es definitivo que mantienen una subordinación a las fuerzas regulares, sobre todo a la Policía Estatal Preventiva.”

Diego Cadenas asegura tener información confiable de que en las reuniones semanales del gabinete del gobierno de Juan Sabines siempre están presentes militares. Indica que esa presencia busca dar una “perspectiva militar” de cómo atender los distintos conflictos y asuntos que hay en la región.

“Los temas del narcotráfico y del tráfico de personas están resultando en una justificación. Sin duda (ambas problemáticas) existen, pero también son muy oportunas para aplicar arraigos, hacer detenciones sin órdenes de aprehensión y criminalizar los movimientos sociales, la protesta social.”

Diego Cadenas refiere como ejemplo la detención injustificada del líder histórico de la Organización Campesina Emiliano Zapata, José Manuel Hernández Martínez, ocurrida el pasado 1 de octubre.

A don Chema, explica, las autoridades “no quieren acusarlo abiertamente de pertenecer al Ejército Popular Revolucionario (EPR) y por eso le imputan otro tipo de delitos. Pero, en el fondo, hay también una justificación de combatir los grupos guerrilleros, particularmente el EPR, que también se está convirtiendo en Chiapas en una justificación para hostilizar a las comunidades”.

Cadenas reflexiona que la lucha contra el narcotráfico también ha servido para armar operativos militares en comunidades como San Jerónimo Tulijá; Galeana, muy cerca de La Garrucha; 28 de Junio, que es la comunidad de don Chema; y Río Florido, entre otras. “La justificación fue la lucha contra el narcotráfico, pero lo que realmente estaba haciendo el Ejército era hostilizar las comunidades, para señalar a los disidentes del sistema”.

Diego Cadenas observa que la sociedad civil debe tener un papel más activo en la defensa de los derechos humanos, pues es a través del activismo como se pueden superar los climas de violencia gubernamental.

“Es importante que tengamos claro que el Estado mexicano tiene un proyecto que va más allá de sus propios intereses, un proyecto global que va a beneficiar a unas cuantas personas, a unos grupos de poder económico y que si nosotros no hacemos nada como sociedad civil después vamos a lamentarlo todos.”

El defensor de los derechos humanos destaca la preocupación en el Frayba respecto de la hostilidad que padecen las comunidades: “Es donde vemos mayor vulnerabilidad”. Por ello, solicita que “toda la gente tenga acceso a esta información y haga algo en sus posibilidades; es importante que no nos quedemos con los brazos cruzados, que cuando menos enviemos una carta o que estemos cada vez más enterados de esta realidad”.

El presidente del Frayba advierte que en Chiapas se percibe un incremento, “a un futuro muy cercano”, de la hostilidad gubernamental. “Van a estar en riesgo muchas personas y en su mayoría indígenas, que están intentando romper el cerco de marginación que el Estado mexicano les ha impuesto, y reclamar sus derechos humanos”.

Al respecto, señala, son derechos a los que el Estado mexicano está comprometido por los tratados internacionales que ha firmado en materia de derechos humanos y “que simplemente no cumple”. “Ni la Constitución ni los derechos internacionales son practicados por nuestros gobiernos, más bien son letra muerta”. (NF)

2009, denuncias de agresiones omitidas


Algunos proyectos de inversión vigentes en Chiapas

http://contralinea.info/archivo-revista/index.php/2009/11/15/gobierno-hostiga-a-defensores-de-derechos-humanos/


@twewwter

December 2019
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