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Cumplir los acuerdos de San Andrés: acción impostergable.

En el contexto de la exigencia nacional de construir un nuevo marco de relación entre el Estado mexicano y los pueblos indígenas de México, la Comisión de Concordia y Pacificación (Cocopa) ha comenzado una nueva iniciativa política, en la búsqueda de los consensos necesarios para concretar en nuestra carta máxima los derechos indígenas, hasta hoy excluidos del pacto nacional.

Habrá quien piense que este no es el momento o quienes afirmen que habría que esperar mejores condiciones, pero lo cierto es que en la vida y en la política no hay más cera que la que arde. Por ello, esta iniciativa de paz, por buscar el cumplimiento de los acuerdos de San Andrés Larráinzar, debe ser una acción apoyada por las diferentes corrientes de pensamiento progresista que confluyen en la sociedad mexicana.

La vieja pretensión de reducir el conflicto indígena a cuatro municipios de la geografía chiapaneca, que responde a la lógica reduccionista de aquellos que pretenden minimizar el impacto del levantamiento armado de enero de 1994, ha demostrado su falsedad, cuando los conflictos que enfrentan las comunidades, en todos los rincones del país, tienen como común denominador el despojo, la exclusión y la violación constante de sus derechos por parte de instituciones, funcionarios y sobre todo voraces compañías trasnacionales, que sin recato explotan –o están en vías de hacerlo– los recursos naturales de las tierras y territorios de las comunidades indígenas y ejidales de nuestro país.

Por ello el escenario de incertidumbre constante en el que se ha desarrollado la negociación en Chiapas debe ser analizado en el contexto de una reflexión positiva sobre el futuro de la concertación y sus posibilidades reales de allanar el camino hacia la paz.

Diversos sucesos han entorpecido el diálogo para concertar una paz definitiva y avanzar hacia la solución de fondo a los problemas políticos, económicos y sociales que tuvieron en el alzamiento de Chiapas una expresión extrema. Desalojos, presencia de grupos paramilitares, enfrentamientos por motivos políticos o religiosos con saldo de heridos y muertos, acciones judiciales inoportunas, violencia rural, son sólo algunos de los hechos que gravitaron durante el proceso de negociación en Chiapas.

En paralelo, el ambiente de enrarecimiento se acrecentó con campañas de desprestigio contra las instancias de intermediación, descalificaciones a priori a propuestas de las partes, amenazas anónimas contra personalidades y organizaciones que han apoyado el proceso de paz. La suma de acontecimientos impide aceptarlos como naturales o fortuitos. Hay bases para pensar en la existencia de importantes niveles de influencia y acción por parte de sectores que con una visión estrecha desearon una salida sin futuro: el aplastamiento del movimiento armado.

Los planteamientos de los poderes Ejecutivo y Legislativo que llevaron a aprobar la Ley para el Diálogo, la Conciliación y la Paz Digna en Chiapas partieron de la base de que al EZLN lo integra un grupo de mexicanos con intereses legítimos, que plantea demandas sobre una realidad de incontrovertible injusticia. Ese, por lo demás, ha sido el punto de partida que desde el inicio del conflicto en Chiapas motivó la persistente posición de la mayoría de la opinión pública nacional, que ha exigido una y otra vez el logro de la paz en Chiapas por la vía del diálogo y a partir de resolver las justas demandas de los sectores indígenas, zapatistas o no.

La exigencia nacional es encontrar el marco legal y operativo que garantice en forma fehaciente la resolución de las justas demandas sociales, económicas y políticas esgrimidas por el EZLN como base de su alzamiento y que han sido reiteradamente aceptadas por las autoridades como reflejo de una problemática real.

No obstante este consenso social sobre la forma de resolver el conflicto, desde enero de 1994 se han manifestado dos formas de comprender el fenómeno chiapaneco y de cada una de ellas se desprenden estilos distintos de abordar la negociación. Una, que entiende el levantamiento indígena como parte del agotamiento de las formas políticas, sociales y económicas con las que hemos vivido, para de aquí desprender la solución al conflicto dentro de los grandes cambios exigidos por la mayoría nacional. Otra, que toma al conflicto como algo aislado, sin connotaciones nacionales, que hay que desactivar puntualmente. Esta vía les permitió llevar la negociación al límite y apuesta al desgaste de su contraparte, más que a la celebración de acuerdos.

En la primera vía se inscribe el esfuerzo emprendido por el conjunto de las fuerzas políticas representadas en el Congreso de la Unión, al asumir que el conflicto chiapaneco es una enorme llamada de atención sobre las ingentes deficiencias del actual sistema. Por esta razón, la Cocopa propuso una agenda amplia para la reforma del Estado y la participación en ese proceso no sólo de los partidos, sino de los zapatistas y muchas otras fuerzas no partidarias. La realidad una vez más ha mostrado que este planteamiento no ha perdido un ápice de su vigencia. La vía propuesta, y que defiende la Cocopa, es una negociación abierta, leal, democrática, sin dobles juegos ni simulaciones.

La experiencia de otros países hermanos parece no habernos enseñado que la negociación al filo de la navaja se parece mucho a la ruleta rusa y poco a la política de gran visión. Congruente con la visión de resolver el conflicto por la vía de la concertación, no hay otro camino válido que aquel que culmine con el cumplimiento de los acuerdos de San Andrés, después de haberse seguido un proceso de negociación digno y justo para las partes y de cara a la nación.

Jaime Martínez Veloz

Mundo: La lenta muerte por créditos de carbono.

– Los pueblos indígenas pueden sufrir de planes de compensación de contaminación.

Por Dennis Martínez*

12 de enero, 2010.- Olvídense de cualquier interpretación manipulativa. Al final, la reciente reunión de las Naciones Unidas sobre el cambio climático en Cancún repitió el fracaso de Copenhague en 2009. Una vez más, las economías industriales del mundo se negaron a fijar nuevas reducciones obligatorias de las emisiones de gases de efecto invernadero, a pesar de las serias advertencias de los científicos. En cambio, los delegados vagamente prometieron dinero de nuevo para la adaptación y mitigación climática: esta vez, treinta mil millones de dólares a los países en desarrollo para el año 2012 y cien mil millones de dólares más para el año 2020.

Una vez más, parece que los países industrializados han prometido gran parte de este dinero en una medida de rescate denominada «REDD» o Reducción de Emisiones por Deforestación y Degradación Forestal en Países en Desarrollo.

Establecida por los países ricos, los inversionistas riesgosos, el Banco Mundial y las Naciones Unidas, REDD pagaría por el carbono absorbido en los países en desarrollo para compensar la contaminación causada por los países industrializados.

La iniciativa permitiría que los contaminadores compraran créditos de carbono de las empresas, comunidades, organizaciones no gubernamentales o países que prometen no destruir los bosques durante un período específico. Según los contaminadores, separar el dinero para la absorción de carbono en un bosque de REDD es mucho menos costoso que reducir las emisiones de los tubos de escape o chimeneas.

Pero incluso si funciona, lo cual constituye un punto de disputa, esta compensación de emisiones de carbono simplemente pospone cualquier intento de romper la dependencia en la economía de los combustibles fósiles.

Quizás las personas menos impresionadas por esta medida a medias sean las que necesitan con más urgencia una solución a los trastornos climáticos. Desde la cuenca del Amazonas hasta las sabanas de África, los pueblos indígenas tradicionales dependen directamente de su medio ambiente local para su subsistencia. Por esta razón, son los más vulnerables al cambio climático. En Cancún, los líderes indígenas vieron nuevamente como los tecnócratas REDD intentaron «salvar» sus bosques como sumideros globales de carbono, en lugar de reducir las emisiones de sus propios países.

REDD puede apuntar precisamente a los bosques tropicales porque las comunidades indígenas los han conservado cuidadosamente durante miles de años. Sin embargo, la iniciativa parece tener poca utilidad para los mismos habitantes de los bosques. Las conversaciones sobre el clima de las Naciones Unidas relegan a los pueblos indígenas al estatus de «observador». Al menos ocho planes nacionales de REDD financiados por el Banco Mundial permitirían prohibir el tipo de agricultura a pequeña escala basada en la biodiversidad que es practicada por muchos pueblos indígenas y es erróneamente denominada «tala y quema».

Al mismo tiempo, por lo menos diecinueve de los planes explícitamente contienen disposiciones para las plantaciones de árboles, que desplazan a los habitantes del bosque, degradan la biodiversidad y constituyen un alto riesgo de incendio. Las plantaciones se toleran bajo la definición de bosques de las Naciones Unidas. Éstas satisfacen a los inversionistas de carbono que prefieren la medición precisa y la previsibilidad, no los desordenados hábitats forestales ricos en biodiversidad.

Esta mentalidad inspira lo que los críticos llaman fortress conservation [conservación de fortaleza]: las organizaciones no gubernamentales y las autoridades nacionales cercan la tierra para proteger a las especies y establecer proyectos de compensación de emisiones de carbono. Así expulsan a los administradores indígenas de sus bosques, quienes llegan a ser «refugiados de conservación». John Nelson, asesor en política para África del Programa para los Pueblos de los Bosques (FPP), estima que alrededor de ciento cincuenta mil a dos cientos mil personas en la cuenca del Congo han sufrido este destino.

«Imagínese despertar un día —él comenta— para encontrar una frontera fuera de su pueblo, con guardias paramilitares armados que le dicen que no se puede entrar al bosque». Si la gente no puede entrar, no pueden enseñar a sus hijos a vivir en las formas tradicionales, y estas formas tradicionales, con todo lo que tienen que enseñar al mundo en general sobre el almacenamiento de carbono y la reparación de los ecosistemas forestales, se perderán. «¡Las políticas de mitigación de los países desarrollados —dijo Ramiro Batzin, un maya kaqchikel de Guatemala, recientemente al Banco Mundial— nos van a matar antes del cambio climático!».

A pesar de su larga residencia en los bosques, muchos pueblos indígenas han luchado durante décadas para establecer la propiedad legal de la tierra. Pero nada en Cancún requirió que los programas de REDD establecieran o garantizaran esos derechos u obtuvieran consentimiento genuino para los proyectos en las comunidades indígenas.

Este descuido, y la conservación de fortaleza que éste permite, no es sólo una injusticia, sino también una oportunidad perdida. Los estudios han demostrado que el manejo tradicional de la tierra, cuando el título de propiedad está asegurado, hace que el carbono se absorba de manera mucho más eficaz y barata que los esfuerzos convencionales favorecidos por REDD.

Los emberá de Panamá, al igual que los ogiek de Kenya, han sido los administradores de la tierra por milenios. Pero en el mejor de los casos, REDD les prometerían una compensación, además de una dependencia dudosa en una economía monetaria, que tiende a erosionar la cultura tradicional. Sobre todo en una época de caos climático, la erosión de dicha administración es inaceptable. Y en cualquier caso, nadie debe confundir la iniciativa con una solución real a un clima cambiante. Tal como en el caso de Kioto, la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero también será la solución real a finales de este año en Durban.

Dennis Martínez, es especialista indígena de los Estados Unidos en la restauración de bosques, forma parte del comité directivo de la Iniciativa Indígena de Evaluaciones Bioculturales sobre Cambio Climático (IPCCA). Laird Townsend de la organización de medios de comunicación sin fines de lucro, Word Project, un proyecto del Centro Tides, contribuyó a este artículo.

Traducción al español para Servindi por Sylvia Fisher

http://www.servindi.org/actualidad/38570?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+Servindi+%28Servicio+de+Informaci%C3%B3n+Indigena%29

World: Slow Death by Carbon Credits.

Indigenous peoples can suffer from pollution compensation plan

By Dennis Martinez*

Forget any spin. In the end, the recent UN gathering on climate change in Cancún repeated Copenhagen’s failure in 2009. Again, the world’s industrial economies refused to set new binding reductions in greenhouse gas emissions, despite dire warnings by scientists. Instead, delegates again vaguely promised money for climate adaptation and mitigation: this time $30 billion to the developing world by 2012, and $100 billion more by 2020.

Once more, the industrialized countries appear to have pledged much of this money in a salvage measure dubbed “REDD” – Reduced Emissions from Deforestation and Forest Degradation in Developing Countries.

Established by wealthy nations, venture capitalists, the World Bank, and the United Nations, REDD would pay for the carbon absorbed in developing countries, to compensate for pollution caused by industrialized countries.

The initiative would allow polluters to buy carbon credits from companies, communities, non-government organizations, or countries that promise not to destroy forests for a specific period. To polluters, setting aside money for carbon absorption in a REDD forest is far less costly than reducing emissions at tailpipes or smokestacks.

But even if it works – itself a point of contention – this carbon-offsetting simply postpones any weaning off the fossil-fuel economy.

Perhaps the people least impressed by this half-measure are the ones who most urgently need a solution to climate disruption. From the Amazon basin to the African savannahs, traditional indigenous peoples depend directly on their local environment for sustenance, and so they are the most vulnerable to climate change. At Cancún, indigenous leaders again watched as REDD technocrats tried to “save” their territorial forests as global carbon sinks, instead of cutting their own countries’ emissions.

REDD can target the tropical forests exactly because indigenous communities have carefully preserved them for many thousands of years. But the initiative seems to have little use for the forest inhabitants themselves. The UN climate talks relegate indigenous peoples to “observer” status. At least eight national REDD plans funded by the World Bank would allow bans on the kind of small-scale, biodiverse farming that is practiced by many indigenous peoples and is misnamed “slash and burn.” At the same time, at least 19 of the plans explicitly contain provisions for tree plantations, which displace forest dwellers, degrade biodiversity, and cause high fire risk. Plantations are tolerated under the United Nations’ definition of forests. They satisfy carbon investors who like precise measurement and predictability – not messy, biodiverse forest habitat.

This mentality inspires what critics call “fortress conservation”: non-government organizations and national authorities cordon off land to protect species and institute carbon-offset projects, driving out of their forests the indigenous stewards, who become “conservation refugees.” John Nelson, Africa policy adviser for the Forest Peoples Program, estimates that some 150,000 to 200,000 people in the Congo basin alone have suffered this fate.

“Imagine waking up one day,” he says, “to find a boundary outside your village – with armed paramilitary guards telling you that you cannot enter the forest.” If people cannot go there, they cannot teach their children how to live in the traditional ways, and these ways, with all they might have to teach the larger world about storing carbon and repairing forest ecosystems, will be lost. “Mitigation policies of the developed world,” Ramiro Batzin, a Keqchikel Maya from Guatemala, recently told the World Bank, “will kill us before climate change does!”

Despite their long residence in the forests, many indigenous peoples have fought for decades to establish legal title to the land. But nothing at Cancún required REDD programs to establish or secure those rights, or to obtain genuine consent for projects in indigenous communities.

This neglect, and the fortress conservation it allows, is not only an injustice but also a missed opportunity. Studies have shown that traditional land management, when title is secured, sinks carbon far more effectively and cheaply than conventional efforts favored by REDD.

The Emberá of Panama, like the Ogiek of Kenya, have been the stewards of the land for millennia. But at best REDD would promise them compensation – and a dubious dependence on a cash economy, which tends to erode traditional culture. Especially in an age of climate chaos, the erosion of such stewardship is unacceptable. And in any case, nobody should mistake the initiative for a real solution to a changing climate. That remains what it was in Kyoto, and what it will be later this year in Durban: cut greenhouse gas emissions.

* Dennis Martinez, a Native American forest-restoration specialist, is on the steering committee of the Indigenous Peoples’ Biocultural Climate Change Assessment Initiative. Laird Townsend of the non-profit media organization Project Word, a project of the Tides Center, contributed to this article.

http://www.servindi.org/actualidad/38573?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+Servindi+%28Servicio+de+Informaci%C3%B3n+Indigena%29

Police raid silences Chiapas community radio station “Radio Proletaria”.

The police and judicial authorities in the southeastern state of Chiapas must explain a 12 October raid on Radio Proletaria, a community radio station in the city of Tuxtla Gutiérrez, in which arrests were made and the station was summarily dismantled.

The raid was carried out at night by around 30 armed and masked members of the police and the Chiapas State Attorney-General’s Office (PGJE), who did not identify themselves or show any kind of warrant. Six people were arrested, including a 14-year-old boy who works for the station. He was held for 24 hours.

All of Radio Proletaria’s broadcasting equipment was seized, reducing it to silence. Located in the premises of the Emiliano Zapata Popular Organization, the station is affiliated to the World Association of Community Radio Broadcasters (AMARC).

AMARC and Reporters Without Borders call on the Chiapas authorities to publicly explain what took place during the raid and why it was carried out. Was Radio Proletaria broadcasting on an illegal frequency? And if so, why couldn’t the authority have ordered it to comply with the regulations, without resorting to repression and censorship?

The Chiapas State Attorney-General’s Office has violated the right to impart information and must return the stolen equipment to Radio Proletaria without delay.

The arrest of a minor, who was denied the right to contact his family, was also a flagrant violation of the most basic rules of criminal law. While held, the boy was ordered to identify the home of three otherRadio Proletaria representatives. The officials responsible for this inadmissible procedure deserve more than administrative sanctions. And in the absence of legitimate charges, those still being held must be released.

The criminalisation of community radio stations in Mexico is nothing new. The methods used by the Chiapas authorities to intimidate this community and silence its radio station recall those used by the federal army and police against the indigenous radio station Uékakua in January 2009 in Michoacán.

In both of these cases, the American Convention on Human Rights was violated. The Organisation of American States should demand reparation by the Mexican authorities.

http://en.rsf.org

JBG de Oventic: Informe de la situación de bases de apoyo desplazadas y denuncia represión.

JUNTA DE BUEN GOBIERNO
CORAZON CENTRICO DE LOS ZAPATISTAS DELANTE DEL MUNDO
SNAIL TZOBOMBAIL YU’UN LEKIL J’AMTELETIK
TA O’LOL YO’ON ZAPATISTA TA STUK’IL SAT YELOB SJUNUL BALUMIL

13 de octubre 2010.

A LA OPINIÓN PÚBLICA
A LA PRENSA NACIONAL E INTERNACIONAL
A LA SOCIEDAD CML NACIONAL E INTERNACIONAL A LOS ORGANISMOS DE LOS DERECHOS HUMANOS A LOS MEDIOS ALTERNATIVOS
ALAS y LOS ADHERENTES DE OTRA CAMPAÑA
A LAS Y LOS ADHRENTES DE LA SEXTA INTERNACIONAL HERMANOS Y HERMANAS

Nosotros, la Junta de Buen Gobierno Corazón Céntrico de los Zapatistas delante del mundo, zona Altos de Chiapas, México.

Queremos dar en el conocimiento de todos que el 12 de octubre del presente año, retornaron a su comunidad de origen nuestros compañeros y compañeras, que fueron desplazados desde el 9 de septiembre del presente año por las amenazas y agresiones de la gente de los partidos políticos del Ejido San Marcos A viles, municipio oficial de Chilon.

El retorno fue acompañado por una comisión de los compañeros y compañeras de algunos municipios cercanos de San Marcos Aviles.Ahora están ya en su comunidad nuestros compañeros, porque no es justo que muchos niños, mujeres, ancianos y enfermos estén sufriendo todo tipo de necesidades y privacidades fuera de su pueblo de origen, mientras los agresores están gozando su libertad, recibiendo el respaldo y todo tipo de apoyo de los gobiernos municipales, Estatales y federales.

Nuestros compañeros y compañeras ya están en sus humildes casas aunque saqueadas y algunas semidestruidas por los agresores, pero nuestras bases de apoyo allí van a estar porque nuestros compañeros y compañeras tienen derecho vivir en su pueblo y trabajar en sus tierras; no van a molestar a nadie, solo quieren vivir en su pueblo y trabajar para sobrevivir porque no van a estar pidiendo limosna del mal gobierno, nuestros compañeros van a vivir y comer de sus propios trabajos y sudor.

Nuestros compañeros van a seguir trabajando para construir su autonomía en la salud, en la educación, en los trabajos colectivos y formar sus propias autoridades, pero respetando a los demás, siempre y cuando también sean respetados sus derechos, pero no van a estar sometidos por la voluntad de las autoridades oficiales o de la gente de los partidos políticos.
Si algo les pasa a nuestros compañeros y compañeras que ya están en su comunidad, los responsables son los gobiernos municipales, estatales y federales que asesoran, financian y arman paramilitares y manipulan a la gente pobre y miserable.

Los zapatistas no molestamos a nadie, no desalojamos a nuestros hermanos de los partidos, no perseguimos a nadie, no robamos las tierras de nuestros hermanos campesinos ni cualquier otra pertenencia de otros hermanos pobres, solo defendemos lo que es nuestro, lo que son nuestro derechos; nosotros vivimos y comemos de nuestros propios trabajos y sudor, pero sí queremos luchar por la verdadera democracia, libertad y justicia para todos. Y estos son nuestros delitos como zapatistas.

Por eso los gobiernos federal, Estatal y municipales preparan paramilitares, forman caciques y compran gente pobre para atacar y destruir nuestra lucha, nuestra resistencia y seguir con las amenazas, agresiones, desalojos y robo de las tierras y pertenencias de nuestros compañeros bases de apoyo. Así como hicieron con nuestros compañeros y compañeras de la comunidad del Pozo municipio oficial de C’ancuc, que fueron agredidos y atacados violentamente por personas de los partidos políticos, solo porque nuestros compañeros y compañeras también quieren tener sus derechos de los servicios de agua y de luz eléctrica, y ahora tienen presos injustamente a 3 de nuestros compañeros culpándolos de la muerte de un priista en la agresión que ellos provocaron, cuando algunos compañeros al ver que sus compañeros ya los estaban matando y al sentirse atacados ellos mismos tuvieron que actuar para defenderse y defender a sus compañeros.

Pero esos compañeros que se defendieron y defendieron a sus compañeros, se huyeron por temor de ser detenidos y asesinados por los agresores, por eso nuestros compañeros hasta ahora no sabemos dónde se encuentran, pero no son los que están en la cárcel ahora, nuestros 3 compañeros están injustamente presos porque ellos no tienen nada que ver con la muerte de ese prisita. Nuestros 3 compañeros: Miguel Hernández Pérez, Diego Martínez Santis y Miguel Méndez Santis presos en el CERESO 5, en la comunidad de los Llanos municipio de San Cristóbal de las Casas Chiapas, son “inocentes”.

Pero los malos gobiernos, con sus jueces y su ministerio público no saben hacer justicia porque no investigan bien y condenan en la cárcel a personas inocentes, pagando lo que no han hecho.

Los gobiernos de nuestro país y su gente afiliados en los diferentes partidos políticos están cometiendo tantas injusticias y persecución contra nuestros compañeros zapatistas y en contra de otros luchadores sociales.

Pero queremos decirles a los malos gobiernos y sus cachorritos, que los zapatistas ya no vamos a permitir que sigan con sus maldades contra nuestros pueblos en lucha, ya no vamos seguir permitiendo mas agresiones y desalojos de nuestros compañeros bases de apoyo; porque nuestros compañeros y compañeras no tienen ninguna culpa, solo porque quieren ejercer sus derechos a la educación, a la salud y a su autonomía.

Pero que sepa todo el pueblo de México, que sepa el mundo entero que en Chiapas y en México “es delito ejercer los derechos a la educación, a la salud y a la autonomía como pueblos”. Porque los únicos delitos que tienen nuestros compañeros por lo que son amenazados, atacados y perseguidos es porque quieren tener su propia educación autónoma para sus hijos, quieren vivir con derechos y con justicia, quieren ser respetados como seres humanos.

Pero está bien claro que los malos gobiernos Estatales, federales y municipales, a cualquier costo nos quiere destruir, nos quiere aniquilar, porque los zapatistas hablamos con la verdad, porque no decimos mentiras, porque decimos claro que los asesinos, los provocadores, los agresores, los injustos y los destructores de la humanidad son los malos gobernantes y los poderosos, porque son ellos los que están saqueando la riqueza de nuestro país, destruyendo a la naturaleza, masacrando a nuestros pueblos, asesinando y metiendo a la cárcel a gente inocente.

Son los malos gobiernos que entregan la riqueza de nuestro país en manos de grandes empresas nacionales y extranjeras, son ellos los que invaden y ocupan nuestros territorios. Y ahora dice el mal gobierno que ya no hay tierras para los campesinos, que no hay agua y luz para los pueblos, y cuando les da un poco de servicios, nuestros pueblos tienen que pagar altos impuestos y los que no pagan se les corta la luz y el agua. Si nuestros compañeros no pagan el impuesto predial le quitan las tierras y se lo entregan a los paramilitares y a los caciques.

Contra los pueblos que luchan y defienden sus derechos, los malos gobiernos organizan y utilizan a la gente indígena y pobre para amenazar, agredir y desalojar a sus propios hermanos del pueblo a cambio de apoyos económicos y sociales como viviendas, letrinas, despensas y dinero en efectivo. Entonces ¿donde está la justicia, donde están los derechos y la igualdad que tanto pregonan los malos gobiernos y los partidos políticos? Sí los responsables directos de toda las agresiones, provocaciones, desalojos, enfrentamientos entre hermanos y todo el desorden que se vive en nuestros pueblos, son los 3 niveles de gobiernos.

Pero que sepan los poderosos, que sepan los malos gobernantes, que nosotros los zapatistas vamos a seguir luchando por nuestros derechos, por nuestra libertad y por construir nuestra autonomía en la salud, en la educación, en la comercialización, en los medios de comunicación y por nuestros gobiernos autónomos.

La educación autónoma se ha iniciado en todos los municipios autónomos y territorios zapatistas. Pero para tapar la verguenza del mal gobierno dice que no hay problema en ninguna escuela con los maestros oficiales, que solo tienen que llenar los datos utilizando los nombres de los niños zapatistas que ya no están en las escuelas oficiales; con tal de que ningún maestro oficial se quede desplazado.

La Autonomía de los pueblos, es lo que no quieren los malos gobiernos porque quieren seguir teniendo bajo su dominio a los pueblos originarios y les da mucho odio cuando los pueblos indígenas aprendemos a organizamos y a gobernarnos solos, pero como quiera, esta lucha que llevamos ya nadie podrá detenerlo.

Les pedimos a todos los hermanos y hermanas de la sociedad civil nacional e internacional y a todos los compañeros y compañeras de los adherentes a la otra campaña y a la sexta a que estén atentos y pendientes de lo que pueda ocurrir con nuestros compañeros y compañeras que retornaron a su comunidad y otras comunidades que también están amenazados.
Es toda nuestra palabra por el momento.

ATENTAMENTE
ATENTAMENTTE JUNTA DE BUEN GOBIERNO CORAZON CENTRICO DE LOS ZAPATISTAS DELANTE DEL MUNDO, ZONA ALTOS DE CHIAPAS, MEXICO

REMIGIO SANTIZ LOPEZ

MARIBEL PEREZ PEREZ

SANTIAGO DIAZ HERNANDEZ

ADOLFO HERNANDEZ HERNANDEZ

ESMERALDA GOMEZ DIAS

AMELIA GOMEZ GOMEZ

Avaricia minera, trasfondo en San Juan Copala,Oaxaca.

La agresión de los paramilitares de Ubisort y MULT-PUP contra el municipio autónomo de San Juan Copala ha sido cuidadosamente descifrada y denunciada. Falta, sin embargo, atender un punto que reilumina la interpretación: los yacimientos mineros de Juxtlahuaca, el pequeño municipio donde el gobierno de Oaxaca decidió, desde 1948, encerrar y castigar al ancestral Chumaa de San Juan Copala, arrebatándole a esta asamblea territorial de los triquis su reconocimiento como municipio soberano de la entidad.

Aunque con tradición minera, Oaxaca y el sureste de México eran consideradas regiones de baja productividad minera. Pero la enormísima demanda global de minerales, la consiguiente crisis de reservas mineras, y la revolución en las técnicas y la geografía de la extracción, hacen que hoy se pretenda explotar reservas de rocas con muy poca y dispersa mineralización.

Con estos criterios, ahora 70 por ciento del territorio nacional, según declara cínicamente Sergio Almazán (director general de la Cámara Minera de México), es considerado como susceptible de contener “grandes yacimientos”.

No parecen importar el inquietante agotamiento de los recursos, la elevación de sus precios, la aplicación de nuevas y costosas técnicas extractivas, la escala descomunal de las minas, la baja tasa y la alta masa de ganancias, y los descomunales pasivos ambientales que se generan.

Es la minería a cielo abierto, que demuele montañas enteras con 2 ó 3 grandes explosiones por día. En breves lapsos se forman descomunales cráteres de 6 kilómetros de largo, 2 a 4 de ancho y entre 3 y 5 de profundidad, mientras millones de toneladas de roca se trituran al tamaño de una pulgada, para luego lixiviarlas con grandes montos de variadas sustancias químicas. Hay una brutal ruptura de los flujos subterráneos de agua, una contaminación indescriptible de los ríos, mientras montañas de lodos tóxicos se disuelven con las lluvias, envenenando regiones y poblaciones enteras.

Con esta nueva sobreexplotación, las mineras chocan frontalmente con comunidades, regiones o naciones y entonces recurren a la violencia abierta para imponer sus intereses monetarios.

En México, los gobiernos neoliberales reformaron la Ley de Minas en 1992, 1995 y en 2005, y aplican políticas económicas que le entregan nuestras rocas a empresas privadas, mexicanas o extranjeras. Desclasificaron los minerales estratégicos (con excepción del uranio), permitieron concesiones de estos materiales a las transnacionales (sobre todo canadienses), otorgaron concesiones de hasta 50 años (ampliables a 100) y mezclan concesiones de exploración y de explotación.

El sureste mexicano adquirió así una importancia inusitada. Sin considerar exhaustiva la información del oficial Consejo de Recursos Minerales  (CRM), éste rebela el nuevo significado de Oaxaca, pues la reporta como una de las principales áreas mineras del país. En 2007, el crm reportaba 4 yacimientos de molibdeno, 5 de mercurio, 6 de níquel, 8 de uranio, 8 de cobalto, 9 de torio, 18 de titanio, 22 de antimonio, 32 de manganeso, 34 de zinc, 51 de cobre, 52 de plomo, 55 de fierro, 192 de oro y 194 de plata: yacimientos simples o polimetálicos concentrados en la Mixteca, los Valles Centrales y la Sierra Sur. De 570 municipios oaxaqueños, 201 poseen yacimientos mineros estratégicos.

Como en África o Colombia, las grandes empresas mineras transnacionales, sobre todo las canadienses, promueven la ingeniería de conflictos en las comunidades, y los desplazamientos y el exterminio en zonas prioritarias para la explotación, hay que repasar la geografía de los asesinatos de lideres comunitarios cometidos en los últimos sexenios en Oaxaca.

La virulencia de las empresas mineras en las zonas de su interés que están pobladas es un hecho documentado y cada vez más habitual en Oaxaca: pobladores envenenados en la cuenca alta del río Largo por la extracción de oro en Calpulalpan (Sierra Norte); asedio contra la población y emigración de Loxichas para extraer titanio en la Sierra Sur; diez años de provocaciones constantes en las inmediaciones de Textitlán y Zaniza, en la Sierra Sur por un descomunal yacimiento de hierro; las recientes provocaciones que padecen los habitantes de San José del Progreso, Magdalena Ocotlán, Maguey Largo y el Cuajilote por frenar las minas de oro que se pretenden abrir en Valles Centrales.

Es prioritario indagar los motivos de los asesinatos comunitarios ocurridos en Oaxaca. Revisar la larga lista de asesinatos políticos fríamente planeados en torno del municipio autónomo de San Juan Copala. Ocurre que en el municipio de Juxtlahuaca se localizan once yacimientos de metales importantes. Tres de antimonio, dos de cobre, dos de fierro, uno de oro, uno de plata, y dos polimetálicos: uno de oro, plata y antimonio, en el extremo norte del municipio; otro de cinco metales (oro, plata, antimonio, plomo y zinc) a menos de cuatro kilómetros de San Juan Copala.

Si el último yacimiento polimetálico ya se concesionó a alguna empresa privada que todavía nos es desconocida (lo que es casi seguro por la última reforma a la ley minera), es probable que los empresarios de esta potencial mina a cielo abierto (ubicada en los 17°:09’ N y 97°:59’ O) procurarán que el ancestral Chumaa (en los 17°:11’ N y 97°:57’ O) del municipio autónomo de San Juan Copala sea devorado por su correspondiente cráter.

Andrés Barreda

http://www.jornada.unam.mx/2010/10/09/oja162-copala.html

Un nuevo mundo de resistencia indígena.

El libro colectivo Un nuevo mundo de resistencia indígena, recientemente publicado en Estados Unidos (City Lights Books, 2010, 416 pp), incursiona con amplitud en el panorama de las luchas populares en las Américas. A partir de dos amplias entrevistas iniciales con Noam Chomsky, una veintena de dirigentes indígenas y analistas de primer orden elaboran un mosaico inquietante y revelador sobre la región: Jaime Martínez Luna, Fausto Sandoval, Gustavo Esteva, Felipe Quispe, Raúl Zibechi, Luis Macas, Guillermo Chen Morales y Glenabah Martínez, entre otros. El volumen, que cierra con una entrevista más a Chomsky, está a cargo de Lois Meyer y Benjamín Maldonado Alvarado; las tres entrevistas (2004, 2007 y 2009) fueron realizadas por Meyer. Dados su valor y actualidad, hemos seleccionado y traducido las observaciones más notables del lingüista, analista y activista estadunidense sobre nuestro país y la fatídica vecindad con el suyo.


El Estado mexicano resulta ser bastante violento. Y los mexicanos enfrentan ahora un riesgo de terror estatal, algo que nosotros tenemos en menor medida al norte de la frontera. Si bien muchos problemas son parecidos, acá no enfrentamos ese riesgo, no porque dicho terror no pueda existir, sino porque no se compara con lo que hay en México.

Si vemos lo que sucede alrededor del mundo, las guerras más violentas y criminales son en gran parte huella de los esfuerzos de los poderes imperialistas europeos, incluido Estados Unidos, para imponer sistemas de Estado-nación en regiones donde éstos no corresponden a los intereses de sus pobladores. Ello conduce a conflictos violentos. África está desgarrada por esto. India y Pakistán viven al borde de una guerra nuclear. A donde uno voltee, los conflictos mayores son así. Tomen Rusia y Chechenia, o Estados Unidos y México.

No es ningún secreto que Estados Unidos conquistó la mitad de México. Y su frontera, como casi todas las fronteras, era y es completamente artificial, producto de la violencia. Gente básicamente similar vivía en ambos lados, así que era bastante porosa. Muchos iban y venían. Y así siguió en buena medida hasta la llegada del NAFTA (siglas en inglés del Tratado de Libre Comercio de América el Norte, TLCAN). El gobierno de Clinton comprendió que el efecto del Tratado en México iba a ser de milagro económico para un pequeño porcentaje de la población y para los inversionistas estadunidenses, no para la mayoría de los mexicanos, así que se generarían más desplazamientos hacia el norte. En consecuencia militarizó la frontera, preventivamente. Ahora, cientos de mexicanos mueren cada año tratando de traspasar una frontera que solía ser porosa.

Haber seguido el camino del ajuste estructural y las reformas neoliberales llevaría a México al desastre, una década después de la firma del Tratado (con Estados Unidos y Canadá).

Entonces existía la preocupación de que México se moviera en una dirección más independiente. De hecho, el Pentágono realizó una importante conferencia de estrategia, en 1990 o 1991, donde numerosos expertos en América Latina discutieron la región. Concluyeron que las relaciones entre Estados Unidos y México estaban en buenas condiciones. Pero había una nube en el horizonte, dijeron. La llamada “apertura democrática” era una amenaza potencial, pues México podría optar por sus intereses propios en vez de permanecer bajo el control de Estados Unidos. Bueno, hubo una respuesta a eso. La solución se llama TLCAN.

Uno de los principales objetivos el Tratado, y se dijo abiertamente, sólo cito, fue“ponerle candados a México” para que cumpliera con las “reformas”, es decir las reglas neoliberales. Si se consigue encerrar a México en esas reglas mediante un tratado, aún si hubiera “apertura democrática” (esa cosa tan peligrosa), no podrá hacer mucho gracias a los candados. Ésa es la ruta en la que está México. Nada lo obliga a permanecer ahí, pero sigue en eso. Fue concertado y deliberado, y ahora México se encuentra atrapado de un modo que el resto de países no. Y tendrá que zafarse por su cuenta. Puede. Como en el Cono Sur, Argentina logró quitarse de encima al Fondo Monetario Internacional. México no tendría que seguir en el TLCAN. Nunca fue un acuerdo entre la gente de América del Norte. De hecho, la mayoría se opuso. Y los hicieron tragárselo de todos modos, casi en secreto. No sorprende que haya resultado tan dañino para el pueblo trabajador de los tres países.

Uno de los objetivos de Tratado es sacar a la gente de sus tierras. Hay una teoría económica abstracta según la cual México no debería producir maíz. El lugar que lo inventó no debería estarlo cultivando. ¿Por qué? Porque los agrobísnes, bien subsidiados, lo producen más barato. En consecuencia, los mexicanos han de trasladarse a las ciudades y buscar trabajos que no existen, y dirigirse entonces a la frontera porque en México no tuvieron modo de sobrevivir. Esto es parte del TLCAN.

Las resistencias populares en México tienen sus propias características específicas. En Estados Unidos es distinto. Una diferencia es que las tribus nativas fueron diezmadas en el norte, mientras que en México prevalecen en gran número. En esto, el país es comparable, tal vez, más con Europa que con Estados Unidos. Pero cada lugar es distinto.

Los tiempos actuales son más esperanzadores que antes para las comunidades indígenas. Y más esperanzadores que nunca en el pasado. El proceso de empujar a la gente a estados nacionales homogéneos ha sido brutal y agresivo. Esto viene de siglos atrás, cuando Europa intentó imponer sistemas así en todas partes. El proceso también ha sido evidente en otros sistemas imperiales, como el de los aztecas. Siempre son agresivos, brutales y violentos, y siempre han encontrado resistencia.

Ésta es la primera vez que existe una significativa solidaridad internacional y popular que nace de las comunidades regionales. El efecto de los zapatistas es el caso clásico que inspira a buena parte del movimiento global por la justicia, y queda en condiciones de establecer una solidaridad mutua.

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CENCOS: Raúl Hernández, activista mexicano liberado y luego amenazado.

Raúl Hernández, activista mexicano de defensa de los derechos de los indígenas y preso de conciencia, fue puesto en libertad el 27 de agosto tras pasar más de dos años en prisión. Sin embargo, en los días siguientes a su liberación, él y otros activistas indígenas han sido amenazados, y corren grave peligro.

El 27 de agosto, Raúl Hernández, de la Organización del Pueblo Indígena Me’phaa (OPIM), fue absuelto de un cargo de asesinato por el que llevaba recluido desde abril de 2008 en el municipio de Ayutla, estado de Guerrero, en el sur de México.

El júbilo por el reconocimiento de su inocencia y del uso indebido del sistema de justicia que lo tuvo recluido durante tanto tiempo se ha visto frenado tras recibirse las nuevas amenazas. El 28 de agosto, una hija de Inés Fernández fue abordada en el centro de Ayutla por dos hombres. Inés Fernández es miembro de la OPIM; en 2002 fue violada por soldados, y ha llevado su campaña por la justicia a la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

Los dos hombres que se acercaron a su hija amenazaron a su familia de muerte si permanecía en Ayutla. En la amenaza se hacía referencia también a Raúl Hernández. El 30 de agosto, Álvaro Ramírez Concepción, coordinador de la Organización para el Futuro del Pueblo Mixteco (OFPM), fue alcanzado por los disparos de un grupo de hombres mientras trabajaba en una parcela de tierra cerca de Juquila, en el municipio de Ayutla.

Resultó herido de gravedad, y más tarde fue llevado al hospital, donde sigue recibiendo atención médica. Audencio Ramírez Concepción, Ambrosio García Catarino y Ramón García Guadalupe también resultaron heridos. Los atacantes huyeron del lugar, y continúan en libertad. La OPIM y la OFPM son organizaciones estrechamente relacionadas entre sí, con sede en Ayutla. Los activistas de ambas han sido blanco de amenazas y ataques.

En abril de 2009, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos dictó medidas provisionales en las que ordenaba al gobierno mexicano que garantizara la seguridad de 109 defensores y defensoras de los derechos humanos de Guerrero, especialmente aquellos que trabajan con la OPIM y la OFPM, tras el homicidio de dos dirigentes de la OPIM.

ESCRIBAN INMEDIATAMENTE, en español o en su propio idioma:

  • manifestando satisfacción por la liberación de Raúl Hernández tras pasar dos años en prisión;
  • expresando preocupación por la amenaza contra Raúl Hernández, Inés Fernández y la familia de ésta, y pidiendo a las autoridades que cumplan las medidas provisionales dictadas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos y garanticen la seguridad de todos los amenazados, conforme a los deseos de los propios afectados;
  • expresando preocupación por el ataque y las heridas sufridos por el activista de la OFPM Álvaro Ramírez Concepción, y pidiendo que se garantice su seguridad y la de los demás hombres heridos en el ataque;
  • pidiendo una investigación inmediata, exhaustiva e imparcial sobre las amenazas y el ataque, con el fin de garantizar que los responsables comparecen ante la justicia y que los activistas de la OPIM y la OFPM pueden llevar a cabo sus actividades legítimas sin temor a represalias.

ENVÍEN LLAMAMIENTOS ANTES DEL 14 DE OCTUBRE DE 2010 A:

Lic. José Francisco Blake Mora
Secretario de Gobernación
Secretaría de Gobernación
Bucareli 99, 1er. piso, Col. Juárez Delegación Cuauhtémoc México DF, CP 06600, MÉXICO
Fax: +52 55 5093 3414
Correo-e.: secretario@segob.gob.mx
Tratamiento: Estimado Señor Secretario

Lic. Zeferino Torreblanca Galindo
Palacio de Gobierno
Edificio Centro, Piso 2
Ciudad de los Servicios
Chipancingo, Guerrero México, CP 39075 Fax: +52 747 471 9956
Correo-e.: gobernador@guerrero.gob.mx
Tratamiento: Estimado Gobernador

Lic. David Augusto Sotelo Rosas
Procuraduria General de Justicia de Guerrero
Carretera Nacional México-Acapulco Km. 6+300
Tramo Chilpancingo-Petaquillos
Chilpancingo 39090, Guerrero, México
Fax: +52 747 472 2328
Correo-e.: procurador@pgjgro.gob.mx
Tratamiento: Estimado Procurador

Envíen también copia a la representación diplomática de México acreditada en su país. Consulten con la oficina de su Sección si van a enviar los llamamientos después de la fecha antes indicada. Esta es la quinta actualización de AU 314/08 (AMR 41/059/2008). Más información: www.amnesty.org/es/library/info/AMR41/059/2008/es

Información difundida por el Área de Comunicación y Visibilidad de Cencos

http://www.cencos.org

Informe que presenta el Centro Tlachinollan en su XVI Aniversario.

Informe ejecutivo.

Hace 16 años en nuestro corazón existía la vaga sensación de lo que significaba entregar nuestras energías a la causa de los derechos humanos, poco sabíamos de los secretos colectivos que han hecho trascender a lo largo de los siglos a estos pueblos forjados en la cultura del don, su fuerza histórica es la memoria digna y rebelde de quienes son fieles a sus raíces para resistir comunitariamente a las políticas etnocidas.

La lucha por los derechos humanos posee el encanto del arcoíris que siempre aparece hermoso en el firmamento, pero nunca se tiene la dicha de acariciar la belleza de sus colores. Cuando lo contemplamos nos atrapa el deseo de llegar al lugar donde nace y la realidad es que se difumina cuando avanzamos hacia su encuentro. Desde que abrimos las puertas de este Centro acariciamos la idea de que la justicia podría ser un bien tangible construido con la fuerza de los pobres.

Nunca creímos que esta obra representaría una tarea gigantesca que no puede ser levantada con pocas manos, que más bien necesitaba de la solidaridad y la inteligencia de quienes siempre han estado trabajando por esta causa en los diferentes rincones de la Montaña. No bastaba con esperar la visita de la población agraviada en el cuarto de un hotel habilitado como oficina sino que  fue un imperativo ético de salir al encuentro de los que sufren, de estar presentes en los lugares más apartados donde el gobierno se ensaña contra los indefensos, de asumir con sencillez nuestra impericia para ser compañeros y compañeras útiles en los momentos más difíciles que enfrentan las víctimas, de ablandar nuestro corazón para poder contagiarnos de los nobles sentimientos que cultiva la gente de la Montaña.  Nos vimos obligados a desinstalarnos de nuestro propio espacio y hasta de nuestros mismos hábitos de vida, también nos sigue costando mucho desmontar nuestras formas de pensar y de concebir los derechos humanos para recuperar nuevas prácticas comunitarias que definen la naturaleza de los derechos colectivos de los pueblos indígenas. Siempre nos ha interpelado el sentido de reciprocidad y de trato igualitario que prevalece en las relaciones intracomunitarias, esta práctica ha sido muy difícil fusionarla a nuestros estilos y maneras de trabajar como organismo de derechos humanos. Este ejercicio no se suscribió al ámbito intelectual sino que fue una interpelación a nuestra vida y un llamado para asumir esta causa como parte de un proyecto existencial. Los testimonios a flor de piel de quienes eran víctimas de alguna violación a sus derechos humanos fueron moldeando nuestras maneras de tratar y de escuchar.

El registro permanente de los casos, los rostros y las voces de hombres y mujeres de los tres pueblos se anidaron en nuestro corazón que también se entristece como el de todos ellos y ha querido robustecerse como el corazón grande que poseen los defensores y defensoras comunitarias que están en la base y en la primera línea de fuego.

Desde el caso del profesor Magencio Abad Zeferino quien fue detenido de manera arbitraria y posteriormente torturado junto con su hijo por miembros del Ejército en diciembre de 1996, hasta los casos de Inés Fernández Ortega y Valentina Rosendo Cantú, dos indígenas me´phaa que fueron torturadas y violadas sexualmente por militares en febrero y marzo del 2002, como Centro de Derechos Humanos siempre nos han inspirado sus convicciones y anhelos para alcanzar la justicia sacrificando todo. Ellos y ellas guían nuestros pasos, nos marcan la ruta para caminar siempre de frente y cuesta arriba. Aprendimos a adquirir valor al ver que la gente había vencido el miedo para bajar a Tlapa o Ayutla a pedir justicia. La presencia de las víctimas de violaciones a derechos humanos siempre nos indicaba que habían decidido salir de su comunidad para caminar varias horas, pasar hambres y enfrentar desprecios con tal de exigir justicia. Esos grandes obstáculos que enfrenta cotidianamente la población indígena los han superado porque ya no están dispuestos a sufrir más ultrajes y agresiones de los policías y los militares. Con ese valor heroico nos hemos tenido que cobijar para salir al frente con los pies bien plantados en la tierra y encarar al poder impune.

Inés y Valentina nos enseñaron a superar las barreras lingüísticas, nunca consintieron el silencio cómplice ni aceptaron la sumisión, tampoco se hicieron rehenes de la burla y la estigmatización promovida por la mayoría de los hombres de sus comunidades.  A nadie le pidieron permiso para denunciar públicamente esta aberración ni les tembló la voz para decir la verdad de estos hechos deleznables. Bajaron a Ayutla y a Tlapa para encarar a los cómplices de los verdugos y para demostrar que no claudicarían en su afán por la justicia. Fueron ellas las que desenmascararon la simulación de un sistema de justicia estatal que se subordina y somete a los dictados de los militares. No consintieron por dignidad y convicción que el mismo Ejército se transformara en juez y parte de la canallada que ellos mismos habían protagonizado. A pesar de que el mundo se les derrumbaba (cuando  miembros de su misma comunidad se hacían cómplices del Ejército para intimidarlas y obligarlas a desistirse), ellas descubrían la mezquindad, la cobardía y la pequeñez de los hombres que vieron la conveniencia de dejarlas solas en su lucha. Siempre han luchado a brazo partido y a contra corriente, sufriendo en todo momento amenazas, injurias y desprecios.

Las mismas fuerzas represivas del Estado se han empeñado en destruir su vida, en cerrarles el camino a la justicia y en no permitir que su verdad desnude a un Ejército violador de derechos humanos que cobardemente se refugia en el fuero militar. El aparato represivo y diplomático del Estado mexicano se ha acuerpado para seguir defendiendo al Ejército y atentar contra la vida y la seguridad de Inés, Valentina y sus familiares. Tuvieron el descaro de ir a la Corte Interamericana de Derechos Humanos para defender al Ejército y denigrar la honorabilidad de dos mujeres heroicas, con gran cinismo evaden los cuestionamientos de fondo para amortiguar el duro golpe que le propiciará la Corte por ser un país que violenta los derechos humanos de la población más indefensa. Ellas han dado todo, por eso lograron llegar hasta la Corte Interamericana. Fueron ocho años de amenazas, de acoso sistemático, de agresiones físicas, de afectación al patrimonio familiar, de atentar contra sus hijas y de nunca dejarlas vivir con tranquilidad en sus domicilios. A pesar de las denuncias y de las medidas provisionales las  autoridades federales y estatales siguen siendo comparsas de los que han hecho la vida imposible de Inés y Valentina. Se trata de una estrategia diseñada por las fuerzas más oscuras que se mueven dentro de los altos círculos del poder para no permitir que los fueros se restrinjan y se terminen y para que los poderosos sean llamados a cuentas por cualquier ciudadano o ciudadana.

En este periodo que va de junio de 2009 a mayo de 2010, se ha incrementado el número de detenciones a defensores y defensoras de derechos humanos logrando documentar 26 casos. A pesar de las medidas provisionales con que cuentan 108 defensores y defensoras de derechos humanos de diciembre del 2009 a junio de este año se han suscitado nueve casos de amenazas que se suma a los siete casos que se registraron de mayo a noviembre de 2009. En los últimos dos meses el gobierno del estado reactivó las órdenes de aprehensión contra integrantes de la Organización para el Futuro del Pueblo Mixteco (OFPM), de la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación en Guerrero (CETEG) y egresados de la normal rural de Ayotzinapa. Esta ofensiva se extendió también hacia las miembros de la Coordinadora Regional de Autoridades

Comunitarias (CRAC), los opositores de la minera Media Luna y contra integrantes del Frente Opositor al Muelle de Icacos (FOMI) así como del Colectivo contra la Tortura y la Impunidad (CCTI). Por parte del Ejecutivo no ha cejado en su postura reduccionista de catalogar a los luchadores sociales como delincuentes y ha mantenido una postura inflexible de no permitir el desistimiento de las órdenes de aprehensión contra defensores y defensoras que en el proceso penal han logrado demostrar que fueron víctimas de delitos fabricados. El caso de Raúl Hernández ha alcanzado una dimensión internacional por las claras evidencias que existen en el expediente de que hubo consigna para encarcelar a los miembros de la Organización del Pueblos Indígena Me´phaa (OPIM). Estas razones políticas siguen causando  graves daños a Raúl que lleva más de dos años y tres meses pagando injustamente un delito que nunca cometió. La arbitrariedad del poder no escucha razones ni argumentos de fondo que han planteado organizaciones de gran prestigio de Amnistía Internacional que ha declarado como preso de conciencia a Raúl porque es insostenible jurídicamente la acusación que se le imputa.

En este último tramo del sexenio perredista ha resurgido la violencia política como una expresión funesta del vacío de autoridad que experimenta la mayoría de guerrerenses. El descrédito en el sistema de justicia es atroz y lo que es peor se ha dejado que los personajes siniestros vuelvan por sus fueros. La protección y alta permisividad a los violadores de derechos humanos ha sido un factor endógeno para alentar la impunidad y la violencia protagonizada por el crimen organizado. Las denuncias en lugar de resolver los delitos son un factor de riesgo que muy pocos ciudadanos están dispuestos a correr por que saben que no vale la pena apostarle a un órgano investigador que no es confiable y que fácilmente se colude con los intereses ocultos de las mafias. A los partidos políticos y sus precandidatos el tema de la militarización, los derechos humanos, el acceso a la justicia, los derechos de los pueblos indígenas, los derechos de las mujeres no forman parte de la agenda para el próximo sexenio porque en lugar de representar un negocio lucrativo requiere un compromiso serio y responsable con la sociedad que se organiza y que no está dispuesta a recibir migajas ni a continuar con poses y discursos demagógicos que sólo sirve para reproducir este sistema injusto.

El gran desafío que tenemos las y los guerrerenses es luchar contra el hambre, el desempleo, el analfabetismo, las enfermedades, la inseguridad, la militarización y la corrupción de los políticos. No podemos  eludir las enseñanzas que nos han brindado generosamente quienes sin pretenderlos han allanado el camino para alcanzar la justicia en el plano internacional. Guerrero es el único estado que tiene cuatro casos en la Corte Interamericana de Derechos Humanos: el de Rosendo Radilla, Inés Fernández, Valentina Rosendo y los campesinos ecologistas. Estos cuatro casos tienen un denominador común que es el Ejército como el autor de las violaciones a los derechos humanos. Son casos que nos remiten a la época de la guerra sucia y a los años recientes donde los nuevos gobiernos neoliberales le otorgaron facultades extra constitucionales al Ejército para salir de los cuárteles e instalarse en las comunidades indígenas, atendiendo el libreto de la guerra de contrainsurgencia. Los cuatro casos se enmarcan dentro de esta estrategia contrainsurgente que tiene licencia para desaparecer personas, violar sexualmente a mujeres indígenas y torturar a defensores de derechos humanos.

En nuestro país el fuero civil se negó a investigar estos delitos de lesa humanidady puso en manos de la justicia militar los casos para hacer más cruento el sufrimiento de quienes esperaban el apoyo del Estado  para castigar a los responsables.

A pesar de tanta desolación nuestro credo por la justicia y por el respeto a los derechos humanos sigue siendo una fuerza que nace desde el fondo de nuestro corazón. A pesar de la pesada noche de la impunidad y de la tempestad de la violencia los defensores y defensoras no cejaremos en nuestra lucha para exigir la libertad inmediata e incondicional de Raúl Hernández Abundio y de demandar el cumplimiento cabal de la sentencia que emita la Corte Interamericana de Derechos Humanos en los casos de Inés Fernández y  Valentina Rosendo Cantú.

La esperanza nos mantiene unidos y con mucho ánimo, tenemos la certeza de que el gran sacrificio que han hecho Inés y Valentina tendrá sus frutos en este invierno cuando los ministros de la Corte llamen a cuentas al Estado mexicano por haber violado los derechos humanos de Inés y de Valentina.

En estos 16 años, en el jardín de los defensores y defensoras de los derechos humanos empieza a florecer la lucha por la justicia  y nos alienta a que juntos construyamos este nuevo amanecer en las montañas del sur.

Tlapa, Guerrero, México a 24 de julio del 2010

16 ANIVERSARIO

Centro de Derechos Humanos de la Montaña

Tlachinollan A.C.

Mina 77 Col. Centro C.P. 4130

Tlapa de Comonfort Guerrero, México

Tel. +52 (757) 47 61220 /  47 6 1200

http://www.tlachinollan.org.com

Se recrudece la represión oficial contra activistas de derechos humanos en Guerrero: Tlachinollan.

Tlapa, Gro., 25 de julio. Las órdenes de aprehensión contra defensores de los derechos humanos han aumentado en Guerrero en meses recientes y a la fecha hay 26 profesores, activistas, indígenas y estudiantes detenidos y procesados, aseguró Abel Barrera Hernández, presidente del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan.

El sábado por la noche en Tlapa, durante la celebración del 16 aniversario de la institución, Barrera Hernández destacó que de mediados de 2009 a mayo de 2010 ha aumentado el número de detenciones, y en siete meses se han efectuado nueve. Además, en junio el gobierno de Zeferino Torreblanca reactivó las órdenes de aprehensión contra integrantes de la Organización para el Futuro del Pueblo Mixteco y de la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación en Guerrero.

Otros perseguidos son militantes de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias, egresados de la normal rural de Ayotzinapa, opositores a la empresa minera Media Luna e integrantes del Frente Opositor al Muelle de Icacos y del Colectivo contra la Tortura y la Impunidad.

El gobierno estatal cataloga a los luchadores sociales como delincuentes, les gira órdenes de aprehensión y los procesa aun cuando los procesos se basan en delitos prefabricados, como ocurrió en el caso de Raúl Hernández, miembro de la Organización del Pueblos Indígena Me’phaa, preso en Ayutla de los Libres desde hace más de dos años, sostuvo.

En el último año del actual sexenio resurgió la violencia política como expresión funesta de la protección a los violadores de derechos humanos, lo que alienta la impunidad, dijo.

Guerrero, recordó, es el único estado del país que tiene pendientes cuatro casos en la Corte Interamericana de Derechos Humanos: los de Rosendo Radilla, Inés Fernández, Valentina Rosendo y los campesinos ecologistas, cuyo denominador común han sido los abusos perpetrados por militares, señaló.

Guerrero, recordó, es el único estado del país que tiene pendientes cuatro casos en la Corte Interamericana de Derechos Humanos: los de Rosendo Radilla, Inés Fernández, Valentina Rosendo y los campesinos ecologistas, cuyo denominador común han sido los abusos perpetrados por militares, señaló.

Sergio Ocampo Arista

Periódico La Jornada
Lunes 26 de julio de 2010, p. 33

http://www.jornada.unam.mx/2010/07/26/index.php?section=estados&article=033n2est


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