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Guerrero, Mexico: Las indígenas violadas y la evasión de la Secretaria de la Defensa Nacional.

Aun cuando la Corte Interamericana de Derechos Humanos emitió en octubre del año pasado su fallo sobre las dos indígenas guerrerenses violadas por elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional en 2002 y exigió al gobierno de Felipe Calderón acatar las sentencias, 10 meses después la justicia no llega para ellas. Los defensores de las agraviadas aseguran que la dependencia recurre a argucias legales para exonerar a los militares inculpados y dejar el asunto en manos de la PGR. Con la determinación aparente de dar cumplimiento a las sentencias emitidas en octubre de 2010 por la Corte Interamericana de Derechos Humanos contra México, en las que se acusa a un grupo de militares de violar sexualmente a dos indígenas guerrerenses, el 29 de julio último la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) decidió trasladar los expedientes del caso a la Procuraduría General de la República (PGR).

MÉXICO, D.F. (Proceso).- Las indagatorias sobre Inés Fernández Ortega y Valentina Rosendo Cantú, quienes fueron agredidas en 2002 por un grupo de soldados, no sólo estuvieron en instancias castrenses durante nueve años, sino que incluso “tienen vicios de origen”, pues el propósito era exculpar a los responsables de la agresión, comenta el abogado del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, Vidulfo Rosales Sierra, quien lleva la defensa de las agraviadas.

“Tenemos elementos para considerar que los expedientes que la Procuraduría General de Justicia Militar (PGJM) envió a la PGR están construidos para que se declaren cerrados o bien que los militares responsables que fueron identificados por Inés y Valentina con nombre y apellidos hayan sido dados de baja”, dice el litigante a Proceso.

Afirma que la PGR podría declinar competencia a favor de la procuraduría de Guerrero, en un intento por librar la responsabilidad que como institución tiene el Ejército mexicano en las violaciones a derechos humanos.

En sus sentencias, el organismo interamericano subraya que las denuncias de Rosendo Cantú y Fernández Ortega son fundadas, toda vez que aportaron elementos sobre las vejaciones que recibieron por parte de tropas de la Sedena en febrero y marzo de 2002, respectivamente. Por esa razón, la corte determinó la responsabilidad de México en los dos casos, pues se violentó la integridad personal, la dignidad y la vida privada de las dos indígenas; además, las autoridades incumplieron su “obligación de garantizar, sin discriminación, el derecho de acceso a la justicia” (Proceso 1770).

A Rosales Sierra le sorprende que, luego de varios años de negarse a remitir los casos a la PGR aun después de emitidas las sentencias del tribunal de la Organización de Estados Americanos (OEA), la Sedena haya atendido la petición. No obstante, advierte que en el fondo esa declinatoria es producto de la exigencia de organizaciones ciudadanas para que se controlen los excesos de las Fuerzas Armadas contra la población civil, así como de la reforma constitucional en materia de derechos humanos y la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en el análisis de la sentencia de la desaparición forzada de Rosendo Radilla emitida por el mismo tribunal interamericano.

En las notificaciones de la PGJM enviadas a Fernández Ortega y Rosendo Cantú, apunta Rosales, “los militares insisten en que son competentes para conocer el caso, al citar nueve artículos del Código de Justicia Militar, y trasladan los expedientes a la PGR con los argumentos de la existencia de las sentencias de la Corte Interamericana y la solicitud de declinatoria que las señoras hicieron el 27 de julio a la PGJM”.

Los oficios –de los cuales Proceso tiene copia– están fechados el martes 9 y tienen la rúbrica de la agente del Ministerio Público Militar, teniente de corbeta Karla Roberta Espinosa de la Orta. En ellos, la Sedena admite que en los casos de las indígenas se “denuncian presuntas violaciones a los derechos”.

Y aclaran que, por existir sentencias del organismo interamericano contra el Estado mexicano, el 20 de julio de 2011 la fiscalía militar “tuvo a bien acordar la INCOMPETENCIA” para seguir conociendo las indagatorias SC/179/2009/II-E y SC/180/2009/II-E relativas a Fernández Ortega y Rosendo Cantú, respectivamente.

De acuerdo con las notificaciones, entregadas a Inés y Valentina el viernes 12, las averiguaciones previas fueron enviadas a la Subprocuraduría Regional de Control de Procesos y Amparo de la PGR el 29 de julio último “a fin de que determine lo que a derecho proceda”.

La sentencia de la Corte

Después de nueve años de enfrentarse al fuero militar como defensor de las indígenas me’phaa, Rosales Sierra asegura que la Sedena “tiene un as bajo la manga para exonerar a los responsables (de las agresiones a sus clientes) y dejar intocable al Ejército mexicano”.

El abogado del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan explica: en el fuero militar “las investigaciones tomaron un rumbo tendencioso, enfocado a exonerar a los militares responsables y encaminado a desacreditar los señalamientos concretos que hicieron Valentina e Inés”.

Relata también que en 2006 la PGJM archivó las averiguaciones previas por considerar que no había responsabilidad de personal castrense en los abusos cometidos contra las indígenas. No obstante, en 2008 los casos se reabrieron en el fuero militar, luego del litigio que se dirimió en Washington ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

Incluso, añade, a finales de ese año la PGJM envió los expedientes de las dos indígenas a la Procuraduría de Justicia de Guerrero, para que investigara sobre la responsabilidad de civiles en las violaciones sexuales.

Rosales Sierra destaca que aun cuando él y los representantes legales insistieron desde el principio en que la PGR asumiera las indagatorias “siguiendo la línea de la responsabilidad de militares y no de posibles civiles”, la dependencia federal sólo aceptó colaborar con su similar guerrerense.

“En esa parte del proceso –la diligencia se realizó el 14 de agosto de 2009, precisa el defensor–, Inés y Valentina reconocieron a sus agresores en un álbum fotográfico. Ese día ambas señalaron con nombres, apellidos, cargos y los mandos militares a quienes las agredieron”. Se trata, dice, de dos cabos de transmisiones y dos soldados de infantería del 41 Batallón de Infantería bajo el mando de las bases de operaciones Ríos y Méndez.

El compendio fotográfico tenía más de 300 imágenes de militares que entre diciembre de 2001 y abril de 2002, participaron en la Operación Azteca en la cordillera de la Montaña de Guerrero que atraviesa los municipios de Acatepec y Ayutla.

En febrero de 2002, Valentina Rosendo fue atacada en el río cercano a su comunidad, Barranca Bejuco. Antes, un piquete de militares le preguntó si sabía sobre “los encapuchados” que operan en la región. Al mes siguiente, Inés Fernández fue violada en su vivienda frente a sus hijos. ¿El motivo? No supo responder en español a las tropas que ingresaron a su domicilio para interrogarla.

“Tan pronto como se hizo este reconocimiento –retoma el abogado de Tlachinollan– la procuraduría (de Guerrero) declinó competencia a favor de la PGJM (el 30 de octubre de 2009) y quedaron pendientes otras diligencias, entre ellas citar a declarar a los militares responsables, hacer más retratos hablados. Pero como las averiguaciones aún estaban en manos del Ejército, las autoridades desacreditaron los testimonios de las víctimas”.

Procuraduría militar, argucias

Al llevar el caso a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, Rosales Sierra y los demás defensores se enteraron de que en noviembre de 2009 la PGJM pidió a una psicóloga militar que determinara si era posible que Valentina Rosendo recordara con nitidez los rasgos físicos de quienes la agredieron en febrero de 2002. “La psicóloga emitió incluso un dictamen teórico y técnico, pero nunca entrevistó a Valentina”, se queja Rosales.

En el caso de Inés Fernández, sus defensores obtuvieron un documento fechado el 20 marzo de 2010 y firmado por la agente del Ministerio Público militar Karla Roberta Espinosa de la Orta en la que ésta solicitaba a la PGR un perito en identificación de personas o identificación físiognómica para que determinara la veracidad de su testimonio.

En el oficio, del que este semanario tiene copia, Espinosa de la Orta antepone la “garantía constitucional de todo inculpado, el derecho a una defensa adecuada”. Y, ante el reconocimiento que hizo Fernández Ortega el 14 de agosto 2009, la agente ministerial comenta que existía “la necesidad URGENTE” de que interviniera en el caso el perito de la PGR para que respondiera al siguiente cuestionario:

1. Que diga el perito en qué casos se solicita la elaboración de un retrato hablado; 2. Que diga el perito si es recomendable mostrarle fotografías al testigo o víctima antes de realizar un retrato hablado; 3. Que diga el perito si es confiable un retrato hablado realizado después de 7 años 4 meses y 23 días (en negritas en el original) de la fecha que sucedieron los hechos y siendo el día de los hechos la primera y única vez que se vio al presunto agresor; 4. Que diga el perito si es posible la correspondencia de identidad entre un retrato hablado y una fotografía; 5. Que diga el perito si los rasgos fisonómicos de los supuestos agresores que señala la ciudadana Inés Fernández Ortega en su declaración de fecha 24 de marzo de 2002 ante el ministerio público de Allende en la ciudad de Ayutla de los Libres, estado de Guerrero, dentro de la indagatoria ALLE/SC/5776/2002, coinciden con los rasgos proporcionados por la propia denunciante para la elaboración de los retratos hablados de fecha 14 de agosto de 2009.

El 24 de marzo de 2010, la directora ejecutiva de Laboratorios del Departamento de Retrato Hablado, dependiente de la Dirección General de Coordinación de Servicios Periciales de la PGR, Sara Mónica Medina Alegría, notificó a la PGJM la designación de Edmundo Acacio Cebreros, perito en materia de identificación fisiognómica, quien debía acudir a la fiscalía militar el 26 de marzo de ese año a las 10:00 horas a realizar la diligencia solicitada.

Medina Alegría dirigió el oficio al coronel Aníbal Trujillo Sánchez, jefe de la sección de Averiguaciones Previas y Asuntos Especiales de la PGJM en ese momento, según la copia del documento obtenido por Proceso. Hoy, Trujillo Sánchez es subdirector de Asuntos Internacionales de la División General de Derechos Humanos de la Sedena. Con ese cargo, el militar acudió a la Corte Interamericana el 28 de junio siguiente.

En ese foro, participó en dos sesiones para dar seguimiento a las medidas provisionales ordenadas por el tribunal interamericano a favor de 107 personas relacionadas con las sentencias de las indígenas guerrerenses, así como de 37 familiares y defensores de tres jóvenes de apellido Alvarado: José Ángel, Rocío Irene y Nitza Paola, detenidos y desaparecidos por miembros de la Sedena en Chihuahua en diciembre de 2009.

En una reunión privada que se efectuó previamente a la sesión para abordar este último caso, Trujillo Sánchez consideró “terrorífico” que la Corte Interamericana de Derechos Humanos transmitiera en vivo la audiencia y que se difundieran los nombres de los militares involucrados. Ninguna de las audiencias relacionadas con México fue difundida después del comentario de Trujillo (Proceso 1809).

Información escamoteada

La defensa de Inés Fernández dice que no tiene las respuestas que dio el perito de la PGR a la fiscalía castrense, porque hasta ahora no ha tenido acceso a las averiguaciones previas. Lo que ha obtenido, dice, corresponde a documentos enviados por el tribunal internacional ante las solicitudes de información que ha hecho al Estado mexicano.

“Por el contenido de las preguntas que se le hicieron al perito –sostiene Rosales Sierra– no se requiere mayor ciencia para saber hacia dónde va la averiguación previa integrada por los militares: a exonerar a los responsables, más que a acreditar su participación en los hechos.”

El abogado de las indígenas, quien ha recibido amenazas por su defensa, expresa su temor de que la PGR archive los casos, aun cuando está obligada a completar las investigaciones, realizar las diligencias pendientes, consignar las averiguaciones y solicitar las órdenes de aprehensión contra los militares responsables.

“También cabe la posibilidad de que los agresores hayan sido dados de baja para librar al Ejército de responsabilidad y entonces enviar el caso a la procuraduría de Guerrero”, dice.

Relata que en la reunión para el cumplimiento de las sentencias del tribunal interamericano, realizada el 19 de mayo último en la Secretaría de Gobernación, él y sus colegas se levantaron de la mesa “cuando los representantes de la PGR se negaron a atraer las averiguaciones previas e instruyeron a la procuraduría estatal para que tomara las investigaciones, situación que, por cierto, rechazó el procurador de Guerrero (Alberto López Rosas)”.

Desde entonces Gobernación no ha vuelto a convocar a los abogados, quienes no saben con detalle si se está dando cumplimiento a las sentencias emitidas por la Corte Interamericana.

El director del centro Tlachinollan, Abel Barrera Hernández, comentó que en estos días enviará una carta al subsecretario de Asuntos Jurídicos y Derechos Humanos de esa dependencia, Felipe de Jesús Zamora Castro, responsable de que se acaten las sentencias del organismo dependiente de la OEA.

En el escrito, del que este semanario tiene copia, Barrera Hernández, quien recientemente fue premiado por Amnistía Internacional (AI) por su trabajo al frente de Tlachinollan, pide al funcionario una fecha para un nuevo encuentro de trabajo en el que las autoridades entreguen copia de los expedientes que la Sedena envió a la PGR.

Asimismo, recuerda al representante del gobierno de Felipe Calderón que el 15 de marzo último, “en presencia de las señoras Fernández Ortega y Rosendo Cantú”, él mismo firmó el “acuerdo para el cumplimiento de las sentencias dictadas por la Corte Interamericana”.

El abogado Rosales Sierra acota: “Cuando tengamos el expediente, promoveremos diligencias para esclarecer los hechos. Pero antes debemos decir que la declinatoria de competencia se dio por una coyuntura política. La prueba está en que no hay avances en los demás resolutivos de las sentencias, que tienen que ver con salud y educación”.

http://www.proceso.com.mx/?p=279345

Entrega del premio ‘Trayectoria Humana’ 2011 a Ernesto Zedillo Ponce de León

A la atención de la Fundación Cristóbal Gabarrón

            Nos dirigimos a ustedes para manifestar nuestra opinión sobre la concesión del premio ‘Trayectoria Humana’ 2011, otorgado recientemente al ex-presidente mexicano Ernesto Zedillo Ponce de León.

             A continuación resumimos de manera concisa, información relacionada con la gestión presidencial de Ernesto Zedillo, específicamente en cuanto a la política represora en el sureño estado de Chiapas, aunque hay diversos casos que, junto con el explicado a continuación, podrían ser presentados en un juicio político.

            Nuestra manera de ver y conocer la situación social, política y económica de México, tanto en el periodo durante el cual Zedillo ejerció la presidencia, como actualmente, nos lleva a considerar que el enfoque presentado en cuanto a ‘Trayectoria Humana’ del ex-presidente y pregonado al hacerlo merecedor de este reconocimiento y los hechos históricos en los cuales ha participado es por lo menos, incongruente.

            Durante el periodo presidencial de Carlos Salinas de Gortari (1998 -1994), Ernesto Zedillo fue un personaje fundamental en la imposición de reformas y políticas sociales que condenaron a la población más desfavorecida a sumirse en la pobreza de forma cada vez mas pronunciada. Al inicio de su sexenio, una de las crisis económicas más devastadoras que ha padecido el país dejó en la calle a miles de personas. Posteriormente, Ernesto Zedillo se proclamó como salvador de la economía mexicana al decretar que el pago de la deuda bancaria se hiciera con dinero de las arcas públicas.

Bajo el argumento de haber encabezado el saneamiento y recuperación de la economía, el expresidente Zedillo ha sido alabado por los organismos económicos mundiales, escuelas de negocios y empresas trasnacionales, pero dentro y fuera de México, las y los ciudadanos conscientes no olvidamos los daños generados durante su gobierno.

Aparte de los problemas económicos, generados en gran parte por las políticas impuestas desde el Fondo Monetario Internacional -organismo para el cual pretendía postularse como director gerente en meses pasados-, Zedillo tuvo la opción de hacer cumplir las exigencias de las y los indígenas chiapanecos centenariamente invisibilizados pero en resistencia, representados por el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN), pero no lo hizo.

                     Fue en los inicios de su ejercicio presidencial cuando se establecieron diálogos entre el EZLN y el gobierno federal, el grupo rebelde hizo un llamado previo a todos los interlocutores interesados de la sociedad para establecer foros cuyo resultado es el que se presentó ante la mesa de diálogo con el gobierno, y que al final fueron llamados ‘Los Acuerdos de San Andrés’, que posteriormente dieron  base jurídica a la propuesta de reforma constitucional que, entre otras cosas reconocía la autonomía de hecho y de derecho de los pueblos indígenas. Ernesto Zedillo, máximo responsable del gobierno mexicano, no respetó los Acuerdos de San Andrés, por el contrario, el Senado mexicano aprobó una reforma constitucional que ignoraba los acuerdos pactados previamente.

En respuesta, las comunidades indígenas no reconocieron la ley impuesta, cerraron comunicaciones con el gobierno mexicano y crearon los municipios autónomos, una expresión de desobediencia civil pacífica, lo que para una parte importante de la ciudadanía, investigadores, escritores y periodistas críticos, fue una confirmación de la incapacidad e indisposición del gobierno para escuchar y atender a su pueblo.

 22 de Diciembre de 1997, Acteal, Chiapas.

            De acuerdo a información del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas (Frayba), mientras los representantes del gobierno mexicano se sentaban a dialogar por un proceso de paz, el ejército mexicano comenzó la implementación, por órdenes del ejecutivo federal, de una estrategia contrainsurgente descrita como “guerra de baja intensidad”. La estrategia planteaba el entrenamiento de grupos armados al interior de las comunidades indígenas que hicieran el “trabajo sucio” y con eso lograr hacer parecer los ataques como conflictos intra e inter comunitarios, a la par de un desarrollo propagandístico que tiene como objetivo desacreditar la información que incrimine las acciones gubernamentales.

            El temor desencadenado como consecuencia del continuo hostigamiento de los habitantes de las comunidades por parte de los grupos paramilitares, llevó al desplazamiento de alrededor de 9.000 personas en el área. El reacomodo poblacional masivo significó numerosas amenazas y la presencia de varios cuarteles militares a la entrada de las comunidades, muchos de los cuales permanecen hasta la fecha.

            El 22 de diciembre de 1997, un grupo de indígenas tsotsiles equipados con armas de grueso calibre dispararon en contra de 45 personas (18 mujeres adultas, cinco de ellas con embarazos hasta de 7 meses de gestación; 7 hombres adultos; 16 mujeres menores de edad, entre los 8 meses y los 17 años de edad; 4 niños entre los 2 y los 15 años de edad) e hirieron a 26, en su mayoría menores de edad, varios de ellos resultaron con lesiones permanentes.

            Las personas atacadas se encontraban refugiadas en la comunidad de Acteal debido al continuo hostigamiento de grupos armados que quemaban sus casas y cultivos, y robaban sus pertenencias. Estaban completamente desarmados. El ataque fue perpetrado por alrededor de 90 personas, según refieren testigos oculares y el hecho de que un puesto de operaciones mixtas (fuerza militar, judicial y de seguridad pública) se encontrara asentado a 200 metros ha servido para justificar las opiniones que apuntan hacia una responsabilidad directa del estado mexicano.

            El hecho de que no ha sido investigado ningún funcionario de alto rango, como el ex presidente Ernesto Zedillo o los mandos militares -el primero autor intelectual y los segundos cómplices de la matanza-, hace entender a las comunidades indígenas que los asesinatos se han mantenido impunes, incluso al día de hoy, la mayoría de los responsables materiales de la masacre que en su momento fueron aprehendidos, han sido puestos en libertad recientemente.

            Para las organizaciones de Derechos Humanos vinculadas con Chiapas, para la sociedad civil organizada tanto a nivel nacional como internacional, es claro que la trayectoria humana de Ernesto Zedillo, en el contexto de beneficios o avances para la sociedad mexicana  es cuestionable y consideramos que debería ser analizada desde un enfoque menos acrítico.

Atentamente.

Grupo de Apoyo a la Zona Costa de Chiapas.

Mexicanxs en Resistencia desde Barcelona.

Adherentes a La Zezta Internacional

Conexión de Recursos para la Acción Comunitaria (CRAC)

Educación para la Acción Crítica (EdPAC)

Grupo de investigación en DDHH y Sostenibilidad Catedra UNESCO en Sostenibilidad

Producciones Informativas Nube Roja

Movimiento Ciudadano de Mexicanos en Barcelona.

Personas a título individual.

 

Enlace a la nota :

 

Ernesto Zedillo, premiado con el Gabarrón a la Trayectoria Humana

http://www.elnortedecastilla.es/v/20110712/cultura/ernesto-zedillo-premiado-gabarron-20110712.html

El jurado destaca el papel del expresidente mexicano en la modernización de su país

PREMIADOS 2011

Artes Plásticas: Richard Rogers.

Artes Escénicas: José Mercé.

Ciencia e Investigación: Pedro Cavadas.

Deportes: Maratón de Nueva York.

Economía: Eric Maskin.

Letras: Carlos Fuentes.

Pensamiento y Humanidades: Azar Nafisi.

Restauración y Conservación: Stéphanne Pennec.

Trayectoria Humana: Ernesto Zedillo.

«Ernesto Zedillo se entregó a México. Es un servidor público intachable», destacó el jurado.

Ernesto Zedillo (1951, México DF), presidente de México entre 1994 y 2000, fue galardonado ayer con el Premio Internacional de la Fundación Cristóbal Gabarrón a una Trayectoria Humana. El jurado se reunió en Valladolid para la lectura del fallo tras una «deliberación intensa y larga» al término de la cual se decidió por unanimidad que el político y economista tiene tras de sí una trayectoria profesional sobradamente relevante para erigirse en acreedor de un premio que cuenta en su nómina con figuras internacionales del prestigio de Sami Naïr (2006), Julio María Sanguinetti (2007), la Fundación Vicente Ferrer (2008), Morgan Tsvangirai (2009) o Antonio Garrigues Walker (2010).

El jurado, presidido por Miguel Ángel Cortés Martín, diputado por Valladolid y exsecretario de Estado de Cultura y de Cooperación Internacional y para Iberoamérica, destacó la importancia de su liderazgo al impulsar «reformas modernizadoras decisivas en el terreno de lo político y económico en su país», así como su papel como «actor fundamental en las relaciones con España y en el fortalecimiento de la Comunidad Iberoamericana».

Junto a Cortés Martín, la responsabilidad de la decisión recayó en Ignacio Fernández Sobrino, director regional de Onda Cero, José Manuel Herrero Mendoza, secretario General de la Consejería de la Presidencia de Castilla y León, Sonia Segura, presidenta diplomática internacional y Enrique Ybarra e Ybarra, presidente de la Fundación Vocento.

 

 

Centro de DDHH Tlachinollan: La resistencia y el fulgor de los pueblos originarios de México.

Desde La Montaña de Guerrero, México, y en nombre de mis compañeros y compañeras del Centro de Derechos Humanos Tlachinollan, reciban un saludo plagado de gratitud por honrar a las defensoras y los defensores de México con la distinción tan inmerecida que nos otorgan esta noche. En el corazón grande y generoso de los pueblos na’saavi, me’phaa, nahuas y na’ncue de La Montaña y la Costa Chica de Guerrero, Amnistía Internacional tiene un lugar privilegiado, porque en esos enclaves del olvido, la defensa de los derechos humanos se nutre del cariño y la solidaridad de todos ustedes.

En México, la lucha por la justicia y los derechos humanos se ha tornado en una experiencia cada vez más dolorosa y peligrosa. La muerte ha surcado nuestras sierras y avenidas porque se nos ha impuesto como un destino fatídico la guerra contra el narcotráfico a la que se aventuró el gobierno federal, dejando inerme a la sociedad.

En el Sur de México, los pueblos se mantienen en pie de lucha defendiendo sus territorios y su propia sobrevivencia. En Guerrero, los indígenas y campesinos pelean con ahínco para romper los muros del silencio, destruir las cadenas de la injusticia y remontar el lastre de la discriminación y el racismo.

La gesta por los derechos humanos en nuestro país ha sido heroica. Los ciudadanos y ciudadanas han abierto nuevos caminos con la fuerza de sus manos y con el acero de su dignidad. En Guerrero, los defensores y las defensoras se han forjado en medio de la represión, enfrentando la persecución y los encarcelamientos. Tlachinollan nació en medio de esta revuelta, dentro de un estado y una región donde hombres y mujeres han pagado con su vida el costo de nuestros derechos. Aún persiste en el estado el dolor por los desaparecidos y la indignación por la impunidad de la que goza el Ejército Mexicano.

A lo largo de 17 años, nuestro caminar se ha encontrado con los pasos firmes de quienes han sido víctimas de graves violaciones a los derechos humanos y con la larga marcha de los pueblos originarios que avanzan inspirados por la sabiduría milenaria de sus ancestros. Con ellos y ellas, hemos enfrentado el acecho constante de quienes se niegan a respetar nuestro trabajo y se empeñan en destruir nuestros sueños como defensoras y defensores.

A pesar de las amenazas, que nos obligaron a cerrar nuestra oficina en el municipio de Ayutla por más de dos años, Tlachinollan sigue transitando por los senderos escabrosos de la población más desamparada de La Montaña.

Los logros que hemos podido acariciar están llenos de lágrimas y tragos amargos, porque en México la lucha por la justicia implica luto y destierro. Así lo han vivido Inés Fernández Ortega y Valentina Rosendo Cantú, dos mujeres indígenas que, sufriendo atentados y amenazas en su búsqueda por la justicia, llevaron al Estado mexicano ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos para que respondiera por las violaciones sexuales y torturas que en su contra cometieron soldados del Ejército durante 2002. Las sentencias, dictadas el año pasado, representaron un trascendental triunfo para ellas; sin embargo, el gobierno mexicano se niega a cumplir los fallos al mantener las investigaciones en la justicia militar, con el fin de seguir prodigando impunidad al Ejército. Valentina e Inés nos han dado el ejemplo más nítido de cómo debemos defender la vida y la dignidad por encima de todo. Es por ello que invitamos a la comunidad internacional a unirse a su reclamo para exigir al Estado mexicano que cumpla las sentencias dictadas por la Corte Interamericana.

Las graves violaciones de derechos humanos que desde hace décadas suceden en Guerrero, y que se han condensado en cuatro sentencias dictadas por la Corte Interamericana, se han extendido a todo el país con la llamada “guerra contra el narcotráfico”. Las Fuerzas Armadas mexicanas persisten con sus prácticas impunes que han ocasionado muertes, desapariciones, violaciones sexuales, torturas y detenciones arbitrarias. El poder supremo del Ejército no permite controles externos por parte de las autoridades civiles. El despliegue militar en todo el territorio nacional alienta la confrontación bélica y, en consecuencia, han aumentado las violaciones a los derechos humanos. Ante tanta violencia, el dolor y el silencio de las víctimas se han convertido en un catalizador de la indignación y la protesta que ha convocado a los ciudadanos y ciudadanas de México en las recientes movilizaciones que cimbraron a las estructuras del poder, pues, en palabras del poeta Javier Sicilia, esa falsa batalla le está robando a México su dignidad.

Frente al desolador panorama de mi país, la alegría que hoy desborda nuestros corazones se contiene al traer a la memoria a Raúl Lucas Lucía y Manuel Ponce Rosas, dos defensores na’saavi ejecutados en Ayutla durante 2009; y se comprime al recordar a las defensoras y defensores amenazados de Guerrero. A ellos y a todos los caídos por la “guerra” que no es de nosotros dedicamos este premio. Ellas y ellos son la buena semilla de la nueva gesta por los derechos humanos en México.

Amigos y amigas de Amnistía Internacional, desde el corazón generoso de la gente de La Montaña, les digo qué grande ha sido la dicha al sentirnos acompañados siempre por ustedes. Son nuestra protección, nuestro refugio y nuestra inspiración. Sus cartas, que llegan a La Montaña en todos los idiomas, son la muestra más tangible de su cariño, su valor, su solidaridad y su compromiso, como sucedió con Raúl Hernández, quien encontró en sus misivas fuerza para conquistar su libertad. Con ustedes hemos aprendido a caminar en medio de la oscuridad. Con acciones sencillas pero efectivas, han logrado dar un giro esperanzador a la vida de los olvidados y excluidos. Su vela encendida esparce su luz por toda La Montaña para derribar los paredones de la impunidad. En medio de la noche aciaga y sin estrellas que vivimos en México, vemos en el horizonte que también resplandece la luz creciente de Amnistía Internacional que nos impulsa para alcanzar el amanecer de la justicia. Que no se pare nunca este movimiento de esperanza, que sus voces y sus luces nunca se apaguen y que la flor y el canto, que es como nuestros abuelos nombraron a la poesía y a la música, inspiren siempre el trabajo solidario de Amnistía Internacional.

El mejor premio para Tlachinollan y para Amnistía Internacional es que el gobierno mexicano cumpla con las sentencias de la Corte Interamericana para que florezca la justicia en Guerrero y en nuestro país.

Felicidades y larga vida por el fulgor de sus 50 años.

Muchas gracias.

**Palabras pronunciadas en la entrega del VI Premio de Derechos Humanos de Amnistía Internacional en Berlín, Alemania, el 27 de mayo 2011

*Antropólogo; director del Centro de Derechos Humanos de La Montaña Tlachinollan

Asesinan al campesino ecologista Javier Torres Cruz en Guerrero, México.

Asesinan al campesino ecologista Javier Torres Cruz en la Sierra de Petatlán, Guerrero.

BOLETÍN DE PRENSA

•    Asesinan al campesino ecologista Javier Torres Cruz en un paraje cercano a la comunidad de La Morena, en la Sierra de Petatlán, Guerrero.

•    Javier Torres Cruz era un líder comunitario que había enfrentado al narco-cacique de la zona Rogaciano Alva Álvarez y a sus grupos de sicarios y era uno de los testigos clave en la investigación del asesinato de la defensora de derechos humanos Digna Ochoa y Plácido.

•    En diciembre del 2008 fue retenido, secuestrado, torturado y desaparecido durante 10 días por miembros del Ejército Mexicano integrantes del 19 Batallón de Infantería, y desde esa fecha se encontraba bajo amenazas e intimidación constante por parte de efectivos militares.

El día de ayer lunes 18 de abril del 2011 a las 5:30 de la tarde, fue asesinado por un grupo de sujetos armados el campesino ecologista Javier Torres Cruz, de 30 años de edad, Torres Cruz fue asesinado cuando transitaba por un lugar conocido como “Puerto de la Mosca”, paraje cercano a la comunidad de La Morena donde habitaba Javier con su familia.Según la información proporcionada por familiares de Javier y por algunos testigos de los hechos, un grupo de sujetos armados atacó arteramente a Javier quien se trasladaba en compañía de su hermano Felipe Torres quien resultó herido en este ataque; cuando transitaban por el mencionado paraje, “Puerto de la Mosca” es ubicado y ha sido señalado como el lugar de operación de un grupo de sicarios al servicio de Rogaciano Alva Álvarez que son conocidos como “Los Arreola” por pertenecer a la familia de ese nombre.Este ataque en contra de Javier Torres se circunscribe dentro de una serie de otras agresiones, amenazas y actos de intimidación en su contra desde el año 2007 cuando decidió declarar ante la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal para señalar a los responsables del asesinato de la defensora de derechos humanos Digna Ochoa y Plácido asesinada en el año 2001, a raíz de esa declaración y de su férrea denuncia pública en contra de las atrocidades y violaciones cometidas por el narco-cacique Rogaciano Alva Álvarez, y de su labor como ecologista en la región, tanto fuerzas militares como civiles armados dirigieron una serie de ataques que concluyeron el día de ayer con su muerte.

Es importante destacar el periodo de 10 días que permaneció desaparecido Javier Torres Cruz del 1 al 10 de diciembre del 2008, durante el cual fue torturado y amenazado de muerte por militares pertenecientes al 19 Batallón de Infantería del Ejército Mexicano quienes según le externaron a Torres “actuaban para la gente de Rogaciano”, desaparición y tortura que nunca fue investigada por las autoridades competentes.

Otros hechos que se relacionan con las amenazas en contra de Javier se ubican durante el año 2009 cuando por lo menos en 6 ocasiones distintas, elementos del Ejército ingresaron a la comunidad de  La Morena agrediendo a familiares de Javier y amenazándolo de muerte,  todas estas violaciones así como las incursiones fueron denunciadas puntualmente, sin que hasta la fecha la autoridad competente haya resuelto algún caso.

La agresión más reciente y quizá la más grave antes del asesinato de Javier, se ubica el 16 de febrero de 2010 cuando de nueva cuenta elementos del Ejército Mexicano irrumpieron en las cercanías de la comunidad de La Morena abriendo fuego en contra de hombres y mujeres que trabajaban en el campo en ese momento, resultando asesinado Adolfo Torres Rosas y herido Isaías Torres Rosas (ambos primos de Javier), deteniendo arbitraria e injustamente a Anselmo Torres Quiroz (abuelo de Javier) y  Húber Vega Correa (amigo de la familia), estos últimos dos permanecen hasta el día de hoy  injustamente presos en el penal de Acapulco por presuntos delitos contra la salud, que les fueron fabricados por los militares en su incursión.

Estos hechos se denunciaron y actualmente está abierta una investigación en el Ministerio Público Militar bajo la Av Prev 27ZM/16/2010 para deslindar responsabilidades y sancionar a los militares que dispararon por la espalda contra un grupo de hombres y mujeres campesinos desarmados.

En todos estos hechos existen dos constantes, el uso de la fuerza y de la violencia por civiles armados y militares en contra de Javier Torres Cruz y su familia, y la ominosa complicidad de las autoridades estatales y federales para investigar y sancionar a los responsables.

El asesinato del campesino ecologista Javier Torres Cruz, no puede quedar en la impunidad por todo lo que representa, por haber tenido la fuerza, el coraje y el respaldo comunitario para denunciar los abusos y atrocidades del narco-cacique Rogaciano Alva Álvarez y por haber enfrentado y denunciado los abusos militares que se comenten en la sierra de Petatlán desde hace muchos años.

El gobierno del estado de Guerrero tiene que actuar inmediatamente para recabar las pruebas y los testimonios necesarios para detener, desarmar y desmovilizar al grupo conocido como “Los Arreola” quienes actúan bajo las órdenes del grupo criminal del cacique preso en el penal de máxima seguridad del Altiplano.

Este asesinato lo haremos del conocimiento de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, de la Oficina del Alto Comisionado para los derechos Humanos de la ONU en México y de todas aquellas organizaciones civiles defensoras de derechos humanos que seguirán exigiendo castigo a los responsables, alto a la impunidad y alto a los abusos militares en Guerrero y en todo México.

ANAD / CCTI

SOBRE LAS GUERRAS. Subcomandante Insurgente Marcos.

SOBRE LAS GUERRAS
(Fragmento de la carta primera del SupMarcos a Don Luis Villoro, inicio del intercambio epistolar sobre Ética y Política. Enero-Febrero del 2011).

Parte 2 de las 4 que conforman la carta primera, misma que aparecerá completa en el próximo número de la Revista Rebeldía.

“(…).

Como pueblos originarios mexicanos y como EZLN algo podemos decir sobre la guerra. Sobre todo si se libra en nuestra geografía y en este calendario: México, inicios del siglo XXI…


II.- LA GUERRA DEL MÉXICO DE ARRIBA.

“Yo daría la bienvenida casi a cualquier guerra
porque creo que este país necesita una”.

Theodore Roosevelt.

 

Y ahora nuestra realidad nacional es invadida por la guerra. Una guerra que no sólo ya no es lejana para quienes acostumbraban verla en geografías o calendarios distantes, sino que empieza a gobernar las decisiones e indecisiones de quienes pensaron que los conflictos bélicos estaban sólo en noticieros y películas de lugares tan lejanos como… Irak, Afganistán,… Chiapas.

Y en todo México, gracias al patrocinio de Felipe Calderón Hinojosa, no tenemos que recurrir a la geografía del Medio Oriente para reflexionar críticamente sobre la guerra. Ya no es necesario remontar el calendario hasta Vietnam, Playa Girón, siempre Palestina.

Y no menciono a Chiapas y la guerra contra las comunidades indígenas zapatistas, porque ya se sabe que no están de moda, (para eso el gobierno del estado de Chiapas se ha gastado bastante dinero en conseguir que los medios no lo pongan en el horizonte de la guerra, sino de los “avances” en la producción de biodiesel, el “buen” trato a los migrantes, los “éxitos” agrícolas y otros cuentos engañabobos vendidos a consejos de redacción que firman como propios los boletines gubernamentales pobres en redacción y argumentos).

La irrupción de la guerra en la vida cotidiana del México actual no viene de una insurrección, ni de movimientos independentistas o revolucionarios que se disputen su reedición en el calendario 100 o 200 años después. Viene, como todas las guerras de conquista, desde arriba, desde el Poder.

Y esta guerra tiene en Felipe Calderón Hinojosa su iniciador y promotor institucional (y ahora vergonzante).

Quien se posesionó de la titularidad del ejecutivo federal por la vía del facto, no se contentó con el respaldo mediático y tuvo que recurrir a algo más para distraer la atención y evadir el masivo cuestionamiento a su legitimidad: la guerra.

Cuando Felipe Calderón Hinojosa hizo suya la proclama de Theodore Roosevelt (algunos adjudican la sentencia a Henry Cabot Lodge) de “este país necesita una guerra”, recibió la desconfianza medrosa de los empresarios mexicanos, la entusiasta aprobación de los altos mandos militares y el aplauso nutrido de quien realmente manda: el capital extranjero.

La crítica de esta catástrofe nacional llamada “guerra contra el crimen organizado” debiera completarse con un análisis profundo de sus alentadores económicos. No sólo me refiero al antiguo axioma de que en épocas de crisis y de guerra aumenta el consumo suntuario. Tampoco sólo a los sobresueldos que reciben los militares (en Chiapas, los altos mandos militares recibían, o reciben, un salario extra del 130% por estar en “zona de guerra”). También habría que buscar en las patentes, proveedores y créditos internacionales que no están en la llamada “Iniciativa Mérida”.

Si la guerra de Felipe Calderón Hinojosa (aunque se ha tratado, en vano, de endosársela a todos los mexicanos) es un negocio (que lo es), falta responder a las preguntas de para quién o quiénes es negocio, y qué cifra monetaria alcanza.

Algunas estimaciones económicas.

No es poco lo que está en juego:

(nota: las cantidades detalladas no son exactas debido a que no hay claridad en los datos gubernamentales oficiales. por lo que en algunos casos se recurrió a lo publicado en el Diario Oficial de la Federación y se completó con datos de las dependencias e información periodística seria).

En los primeros 4 años de la “guerra contra el crimen organizado” (2007-2010), las principales entidades gubernamentales encargadas (Secretaría de la Defensa Nacional –es decir: ejército y fuerza aérea-, Secretaría de Marina, Procuraduría General de la República y Secretaría de Seguridad Pública) recibieron del Presupuesto de Egresos de la Federación una cantidad superior a los 366 mil millones de pesos (unos 30 mil millones de dólares al tipo de cambio actual). Las 4 dependencias gubernamentales federales recibieron: en 2007 más de 71 mil millones de pesos; en 2008 más de 80 mil millones; en 2009 más de 113 mil millones y en 2010 fueron más de 102 mil millones de pesos. A esto habrá que sumar los más de 121 mil millones de pesos (unos 10 mil millones de dólares) que recibirán en este año del 2011.

Tan sólo la Secretaría de Seguridad Pública pasó de recibir unos 13 mil millones de pesos de presupuesto en el 2007, a manejar uno de más de 35 mil millones de pesos en el 2011 (tal vez es porque las producciones cinematográficas son más costosas).

De acuerdo al Tercer Informe de Gobierno de septiembre del 2009, al mes de junio de ese año, las fuerzas armadas federales contaban con 254, 705 elementos (202, 355 del Ejército y Fuerza Aérea y 52, 350 de la Armada.

En 2009 el presupuesto para la Defensa Nacional fue de 43 mil 623 millones 321 mil 860 pesos, a los que sumaron 8 mil 762 millones 315 mil 960 pesos (el 25.14% más), en total: más de 52 mil millones de pesos para el Ejército y Fuerza Aérea. La Secretaría de Marina: más de 16 mil millones de pesos: Seguridad Pública: casi 33 mil millones de pesos; y Procuraduría General de la República: más de 12 mil millones de pesos.

Total de presupuesto para la “guerra contra el crimen organizado” en 2009: más de 113 mil millones de pesos

En el año del 2010, un soldado federal raso ganaba unos 46, 380 pesos anuales; un general divisionario recibía 1 millón 603 mil 80 pesos al año, y el Secretario de la Defensa Nacional percibía ingresos anuales por 1 millón 859 mil 712 pesos.

Si las matemáticas no me fallan, con el presupuesto bélico total del 2009 (113 mil millones de pesos para las 4 dependencias) se hubieran podido pagar los salarios anuales de 2 millones y medio de soldados rasos; o de 70 mil 500 generales de división; o de 60 mil 700 titulares de la Secretaría de la Defensa Nacional.

Pero, por supuesto, no todo lo que se presupuesta va a sueldos y prestaciones. Se necesitan armas, equipos, balas… porque las que se tienen ya no sirven o son obsoletas.

“Si el Ejército mexicano entrara en combate con sus poco más de 150 mil armas y sus 331.3 millones de cartuchos contra algún enemigo interno o externo, su poder de fuego sólo alcanzaría en promedio para 12 días de combate continuo, señalan estimaciones del Estado Mayor de la Defensa Nacional (Emaden) elaboradas por cada una de las armas al Ejército y Fuerza Aérea. Según las previsiones, el fuego de artillería de obuseros (cañones) de 105 milímetros alcanzaría, por ejemplo, para combatir sólo por 5.5 días disparando de manera continua las 15 granadas para dicha arma. Las unidades blindadas, según el análisis, tienen 2 mil 662 granadas 75 milímetros.

De entrar en combate, las tropas blindadas gastarían todos sus cartuchos en nueve días. En cuanto a la Fuerza Aérea, se señala que existen poco más de 1.7 millones de cartuchos calibre 7.62 mm que son empleados por los aviones PC-7 y PC-9, y por los helicópteros Bell 212 y MD-530. En una conflagración, esos 1.7 millones de cartuchos se agotarían en cinco días de fuego aéreo, según los cálculos de la Sedena. La dependencia advierte que los 594 equipos de visión nocturna y los 3 mil 95 GPS usados por las Fuerza Especiales para combatir a los cárteles de la droga, “ya cumplieron su tiempo de servicio”.

Las carencias y el desgaste en las filas del Ejército y Fuerza Aérea son patentes y alcanzan niveles inimaginados en prácticamente todas las áreas operativas de la institución. El análisis de la Defensa Nacional señala que los goggles de visión nocturna y los GPS tienen entre cinco y 13 años de antigüedad, y “ya cumplieron su tiempo de servicio”. Lo mismo ocurre con los “150 mil 392 cascos antifragmento” que usan las tropas. El 70% cumplió su vida útil en 2008, y los 41 mil 160 chalecos antibala lo harán en 2009. (…).

 

En este panorama, la Fuerza Aérea resulta el sector más golpeado por el atraso y dependencia tecnológicos hacia el extranjero, en especial de Estados Unidos e Israel. Según la Sedena, los depósitos de armas de la Fuerza Aérea tienen 753 bombas de 250 a mil libras cada una. Los aviones F-5 y PC-7 Pilatus usan esas armas. Las 753 existentes alcanzan para combatir aire-tierra por un día. Las 87 mil 740 granadas calibre 20 milímetros para jets F-5 alcanzan para combatir a enemigos externos o internos por seis días. Finalmente, la Sedena revela que los misiles aire-aire para los aviones F-5, es de sólo 45 piezas, lo cual representan únicamente un día de fuego aéreo.” Jorge Alejandro Medellín en “El Universal”, México, 02 de enero de 2009.

Esto se conoce en 2009, 2 años después del inicio de la llamada “guerra” del gobierno federal. Dejemos de lado la pregunta obvia de cómo fue posible que el jefe supremo de las fuerzas armadas, Felipe Calderón Hinojosa, se lanzara a una guerra (“de largo aliento” dice él) sin tener las condiciones materiales mínimas para mantenerla, ya no digamos para “ganarla”. Entonces preguntémonos: ¿Qué industrias bélicas se van a beneficiar con las compras de armamento, equipos y parque?

Si el principal promotor de esta guerra es el imperio de las barras y las turbias estrellas (haciendo cuentas, en realidad las únicas felicitaciones que ha recibido Felipe Calderón Hinojosa han venido del gobierno norteamericano), no hay que perder de vista que al norte del Río Bravo no se otorgan ayudas, sino que se hacen inversiones, es decir, negocios.

Victorias y derrotas.

¿Ganan los Estados Unidos con esta guerra “local”? La respuesta es: sí. Dejando de lado las ganancias económicas y la inversión monetaria en armas, parque y equipos (no olvidemos que USA es el principal proveedor de todo esto a los dos bandos contendientes: autoridades y “delincuentes” -la “guerra contra la delincuencia organizada” es un negocio redondo para la industria militar norteamericana-), está, como resultado de esta guerra, una destrucción / despoblamiento y reconstrucción / reordenamiento geopolítico que los favorece.

Esta guerra (que está perdida para el gobierno desde que se concibió, no como una solución a un problema de inseguridad, sino a un problema de legitimidad cuestionada), está destruyendo el último reducto que le queda a una Nación: el tejido social.

¿Qué mejor guerra para los Estados Unidos que una que le otorgue ganancias, territorio y control político y militar sin las incómodas “body bags” y los lisiados de guerra que le llegaron, antes, de Vietnam y ahora de Irak y Afganistán?

Las revelaciones de Wikileaks sobre las opiniones en el alto mando norteamericano acerca de las “deficiencias” del aparato represivo mexicano (su ineficacia y su contubernio con la delincuencia), no son nuevas. No sólo en el común de la gente, sino en altas esferas del gobierno y del Poder en México esto es una certeza. La broma de que es una guerra dispareja porque el crimen organizado sí está organizado y el gobierno mexicano está desorganizado, es una lúgubre verdad.

El 11 de diciembre del 2006, se inició formalmente esta guerra con el entonces llamado “Operativo Conjunto Michoacán”. 7 mil elementos del ejército, la marina y las policías federales lanzaron una ofensiva (conocida popularmente como “el michoacanazo”) que, pasada la euforia mediática de esos días, resultó ser un fracaso. El mando militar fue el general Manuel García Ruiz y el responsable del operativo fue Gerardo Garay Cadena de la Secretaría de Seguridad Pública. Hoy, y desde diciembre del 2008, Gerardo Garay Cadena está preso en el penal de máxima seguridad de Tepic, Nayarit, acusado de coludirse con “el Chapo” Guzmán Loera.

Y, a cada paso que se da en esta guerra, para el gobierno federal es más difícil explicar dónde está el enemigo a vencer.

Jorge Alejandro Medellín es un periodista que colabora con varios medios informativos -la revista “Contralínea”, el semanario “Acentoveintiuno”, y el portal de noticias “Eje Central”, entre otros -y se ha especializado en los temas de militarismo, fuerzas armadas, seguridad nacional y narcotráfico. En octubre del 2010 recibió amenazas de muerte por un artículo donde señaló posibles ligas del narcotráfico con el general Felipe de Jesús Espitia, ex comandante de la V Zona Militar y ex jefe de la Sección Séptima -Operaciones Contra el Narcotráfico- en el gobierno de Vicente Fox, y responsable del Museo del Enervante ubicado en las oficinas de la S-7. El general Espitia fue removido como comandante de la V Zona Militar ante el estrepitoso fracaso de los operativos ordenados por él en Ciudad Juárez y por la pobre respuesta que dio a las masacres cometidas en la ciudad fronteriza.

Pero el fracaso de la guerra federal contra la “delincuencia organizada”, la joya de la corona del gobierno de Felipe Calderón Hinojosa, no es un destino a lamentar para el Poder en USA: es la meta a conseguir.

Por más que se esfuercen los medios masivos de comunicación en presentar como rotundas victorias de la legalidad, las escaramuzas que todos los días se dan en el territorio nacional, no logran convencer.

Y no sólo porque los medios masivos de comunicación han sido rebasados por las formas de intercambio de información de gran parte de la población (no sólo, pero también las redes sociales y la telefonía celular), también, y sobre todo, porque el tono de la propaganda gubernamental ha pasado del intento de engaño al intento de burla (desde el “aunque no lo parezca vamos ganando” hasta lo de “una minoría ridícula”, pasando por las bravatas de cantina del funcionario en turno).

Sobre esta otra derrota de la prensa, escrita y de radio y televisión, volveré en otra misiva. Por ahora, y respecto al tema que ahora nos ocupa, basta recordar que el “no pasa nada en Tamaulipas” que era pregonado por las noticias (marcadamente de radio y televisión), fue derrotado por los videos tomados por ciudadanos con celulares y cámaras portátiles y compartidos por internet.

Pero volvamos a la guerra que, según Felipe Calderón Hinojosa, nunca dijo que es una guerra. ¿No lo dijo, no lo es?

“Veamos si es guerra o no es guerra: el 5 de diciembre de 2006, Felipe Calderón dijo: “Trabajamos para ganar la guerra a la delincuencia…”. El 20 de diciembre de 2007, durante un desayuno con personal naval, el señor Calderón utilizó hasta en cuatro ocasiones en un sólo discurso, el término guerra. Dijo: “La sociedad reconoce de manera especial el importante papel de nuestros marinos en la guerra que mi Gobierno encabeza contra la inseguridad…”, “La lealtad y la eficacia de las Fuerzas Armadas, son una de las más poderosas armas en la guerra que libramos contra ella…”, “Al iniciar esta guerra frontal contra la delincuencia señalé que esta sería una lucha de largo aliento”, “…así son, precisamente, las guerras…”.
Pero aún hay más: el 12 de septiembre de 2008, durante la Ceremonia de Clausura y Apertura de Cursos del Sistema Educativo Militar, el autollamado “Presidente del empleo”, se dio vuelo pronunciando hasta en media docena de ocasiones, el término guerra contra el crimen: “Hoy nuestro país libra una guerra muy distinta a la que afrontaron los insurgentes en el 1810, una guerra distinta a la que afrontaron los cadetes del Colegio Militar hace 161 años…” “…todos los mexicanos de nuestra generación tenemos el deber de declarar la guerra a los enemigos de México… Por eso, en esta guerra contra la delincuencia…” “Es imprescindible que todos los que nos sumamos a ese frente común pasemos de la palabra a los hechos y que declaremos, verdaderamente, la guerra a los enemigos de México…” “Estoy convencido que esta guerra la vamos a ganar…”
(Alberto Vieyra Gómez. Agencia Mexicana de Noticias, 27 de enero del 2011).

Al contradecirse, aprovechando el calendario, Felipe Calderón Hinojosa no se enmienda la plana ni se corrige conceptualmente. No, lo que ocurre es que las guerras se ganan o se pierden (en este caso, se pierden) y el gobierno federal no quiere reconocer que el punto principal de su gestión ha fracasado militar y políticamente.

¿Guerra sin fin? La diferencia entre la realidad… y los videojuegos.

Frente al fracaso innegable de su política guerrerista, ¿Felipe Calderón Hinojosa va a cambiar de estrategia?

La respuesta es NO. Y no sólo porque la guerra de arriba es un negocio y, como cualquier negocio, se mantiene mientras siga produciendo ganancias.

Felipe Calderón Hinojosa, el comandante en jefe de las fuerzas armadas; el ferviente admirador de José María Aznar; el autodenominado “hijo desobediente”; el amigo de Antonio Solá; el “ganador” de la presidencia por medio punto porcentual de la votación emitida gracias a la alquimia de Elba Esther Gordillo; el de los desplantes autoritarios más bien cercanos al berrinche (“o bajan o mando por ustedes”); el que quiere tapar con más sangre la de los niños asesinados en la Guardería ABC, en Hermosillo, Sonora; el que ha acompañado su guerra militar con una guerra contra el trabajo digno y el salario justo; el del calculado autismo frente a los asesinatos de Marisela Escobedo y Susana Chávez Castillo; el que reparte etiquetas mortuorias de “miembros del crimen organizado” a los niños y niñas, hombres y mujeres que fueron y son asesinados porque sí, porque les tocó estar en el calendario y la geografía equivocados, y no alcanzan siquiera el ser nombrados porque nadie les lleva la cuenta ni en la prensa, ni en las redes sociales.

Él, Felipe Calderón Hinojosa, es también un fan de los videojuegos de estrategia militar.

Felipe Calderón Hinojosa es el “gamer” “que en cuatro años convirtió un país en una versión mundana de The Age of Empire -su videojuego preferido-, (…) un amante -y mal estratega- de la guerra” (Diego Osorno en “Milenio Diario”, 3 de octubre del 2010).

Es él que nos lleva a preguntar: ¿está México siendo gobernado al estilo de un videojuego? (creo que yo sí puedo hacer este tipo de preguntas comprometedoras sin riesgo a que me despidan por faltar a un “código de ética” que se rige por la publicidad pagada).

Felipe Calderón Hinojosa no se detendrá. Y no sólo porque las fuerzas armadas no se lo permitirían (los negocios son negocios), también por la obstinación que ha caracterizado la vida política del “comandante en jefe” de las fuerzas armadas mexicanas.

Hagamos un poco de memoria: En marzo del 2001, cuando Felipe Calderón Hinojosa era el coordinador parlamentario de los diputados federales de Acción Nacional, se dio aquel lamentable espectáculo del Partido Acción Nacional cuando se negó a que una delegación indígena conjunta del Congreso Nacional Indígena y del EZLN hicieran uso de la tribuna del Congreso de la Unión en ocasión de la llamada “marcha del color de la tierra”.

A pesar de que se estaba mostrando al PAN como una organización política racista e intolerante (y lo es) por negar a los indígenas el derecho a ser escuchados, Felipe Calderón Hinojosa se mantuvo en su negativa. Todo le decía que era un error asumir esa posición, pero el entonces coordinador de los diputados panistas no cedió (y terminó escondido, junto con Diego Fernández de Cevallos y otros ilustres panistas, en uno de los salones privados de la cámara, viendo por televisión a los indígenas hacer uso de la palabra en un espacio que la clase política reserva para sus sainetes).

“Sin importar los costos políticos”, habría dicho entonces Felipe Calderón Hinojosa.

Ahora dice lo mismo, aunque hoy no se trata de los costos políticos que asuma un partido político, sino de los costos humanos que paga el país entero por esa tozudez.

Estando ya por terminar esta misiva, encontré las declaraciones de la secretaria de seguridad interior de Estados Unidos, Janet Napolitano, especulando sobre las posibles alianzas entre Al Qaeda y los cárteles mexicanos de la droga. Un día antes, el subsecretario del Ejército de Estados Unidos, Joseph Westphal, declaró que en México hay una forma de insurgencia encabezada por los cárteles de la droga que potencialmente podrían tomar el gobierno, lo cual implicaría una respuesta militar estadunidense. Agregó que no deseaba ver una situación en donde soldados estadunidenses fueran enviados a combatir una insurgencia “sobre nuestra frontera… o tener que enviarlos a cruzar esa frontera hacia México.

Mientras tanto, Felipe Calderón Hinojosa, asistía a un simulacro de rescate en un pueblo de utilería, en Chihuahua, y se subió a un avión de combate F-5, se sentó en el asiento del piloto y bromeó con un “disparen misiles”.

¿De los videojuegos de estrategia a los “simuladores de combate aéreo” y “disparos en primera persona”? ¿Del Age of Empires al HAWX?

El HAWX es un videojuego de combate aéreo donde, en un futuro cercano, las empresas militares privadas (“Private military company”) han reemplazado a los ejércitos gubernamentales en varios países. La primera misión del videojuego consiste en bombardear Ciudad Juárez, Chihuahua, México, porque las “fuerzas rebeldes” se han apoderado de la plaza y amenazan con avanzar a territorio norteamericano-.

No en el videojuego, sino en Irak, una de las empresas militares privadas contratadas por el Departamento de Estado norteamericano y la Agencia Central de Inteligencia fue “Blackwater USA”, que después cambió su nombre a “Blackwater Worldwide”. Su personal cometió serios abusos en Irak, incluyendo el asesinato de civiles. Ahora cambió su nombre a “Xe Services LL” y es el más grande contratista de seguridad privada del Departamento de Estado norteamericano. Al menos el 90% de sus ganancias provienen de contratos con el gobierno de Estados Unidos.

El mismo día en el que Felipe Calderón Hinojosa bromeaba en el avión de combate (10 de febrero de 2011), y en el estado de Chihuahua, una niña de 8 años murió al ser alcanzada por una bala en un tiroteo entre personas armadas y miembros del ejército.

¿Cuándo va a terminar esa guerra?

¿Cuándo aparecerá en la pantalla del gobierno federal el “game over” del fin del juego, seguido de los créditos de los productores y patrocinadores de la guerra?

¿Cuándo va poder decir Felipe Calderón “ganamos la guerra, hemos impuesto nuestra voluntad al enemigo, le hemos destruido su capacidad material y moral de combate, hemos (re) conquistado los territorios que estaban en su poder”?

Desde que fue concebida, esa guerra no tiene final y también está perdida.

No habrá un vencedor mexicano en estas tierras (a diferencia del gobierno, el Poder extranjero sí tiene un plan para reconstruir – reordenar el territorio), y el derrotado será el último rincón del agónico Estado Nacional en México: las relaciones sociales que, dando identidad común, son la base de una Nación.

Aún antes del supuesto final, el tejido social estará roto por completo.

Resultados: la Guerra arriba y la muerte abajo.

Veamos que informa el Secretario de Gobernación federal sobre la “no guerra” de Felipe Calderón Hinojosa:

“El 2010 fue el año más violento del sexenio al acumularse 15 mil 273 homicidios vinculados al crimen organizado, 58% más que los 9 mil 614 registrados durante el 2009, de acuerdo con la estadística difundida este miércoles por el Gobierno Federal. De diciembre de 2006 al final de 2010 se contabilizaron 34 mil 612 crímenes, de las cuales 30 mil 913 son casos señalados como “ejecuciones”; tres mil 153 son denominados como “enfrentamientos” y 544 están en el apartado “homicidios-agresiones”. Alejandro Poiré, secretario técnico del Consejo de Seguridad Nacional, presentó una base de datos oficial elaborada por expertos que mostrará a partir de ahora “información desagregada mensual, a nivel estatal y municipal” sobre la violencia en todo el país.” (Periódico “Vanguardia”, Coahuila, México, 13 de enero del 2011)

Preguntemos: De esos 34 mil 612 asesinados, ¿cuántos eran delincuentes? Y los más de mil niños y niñas asesinados (que el Secretario de Gobernación “olvidó” desglosar en su cuenta), ¿también eran “sicarios” del crimen organizado? Cuando en el gobierno federal se proclama que “vamos ganando”, ¿a qué cartel de la droga se refieren? ¿Cuántas decenas de miles más forman parte de esa “ridícula minoría” que es el enemigo a vencer?

Mientras allá arriba tratan inútilmente de desdramatizar en estadísticas los crímenes que su guerra ha provocado, es preciso señalar que también se está destruyendo el tejido social en casi todo el territorio nacional.

La identidad colectiva de la Nación está siendo destruida y está siendo suplantada por otra.

Porque “una identidad colectiva no es más que una imagen que un pueblo se forja de sí mismo para reconocerse como perteneciente a ese pueblo. Identidad colectiva es aquellos rasgos en que un individuo se reconoce como perteneciente a una comunidad. Y la comunidad acepta este individuo como parte de ella. Esta imagen que el pueblo se forja no es necesariamente la perduración de una imagen tradicional heredada, sino que generalmente se la forja el individuo en tanto pertenece a una cultura, para hacer consistente su pasado y su vida actual con los proyectos que tiene para esa comunidad.

Entonces, la identidad no es un simple legado que se hereda, sino que es una imagen que se construye, que cada pueblo se crea, y por lo tanto es variable y cambiante según las circunstancias históricas”. (Luis Villoro, noviembre de 1999, entrevista con Bertold Bernreuter, Aachen, Alemania).

En la identidad colectiva de buena parte del territorio nacional no está, como se nos quiere hacer creer, la disputa entre el lábaro patrio y el narco-corrido (si no se apoya al gobierno entonces se apoya a la delincuencia, y viceversa).

No.

Lo que hay es una imposición, por la fuerza de las armas, del miedo como imagen colectiva, de la incertidumbre y la vulnerabilidad como espejos en los que esos colectivos se reflejan.

¿Qué relaciones sociales se pueden mantener o tejer si el miedo es la imagen dominante con la cual se puede identificar un grupo social, si el sentido de comunidad se rompe al grito de “sálvese quien pueda”?

De esta guerra no sólo van a resultar miles de muertos… y jugosas ganancias económicas.

También, y sobre todo, va a resultar una nación destruida, despoblada, rota irremediablemente.

(…)

Vale, Don Luis. Salud y que la reflexión crítica anime nuevos pasos.

Desde las montañas del Sureste Mexicano.

Subcomandante Insurgente Marcos.
México, Enero-Febrero del 2011

http://enlacezapatista.ezln.org.mx/2011/02/14/sobre-las-guerras-fragmento-de-la-carta-primera-del-sci-marcos-a-don-luis-villoro-inicio-del-intercambio-epistolar-sobre-etica-y-politica/

CIDH: Estado mexicano culpable de violación a indígenas Me’phaa.

Responsabiliza la CIDH al Estado mexicano en 2 casos de violación.

+Inés Fernández y Valentina Rosendo, abusadas por militares en 2002

+El gobierno hará lo necesario para ejecutar la sentencia: Gobernación

La Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) concluyó que el Estado mexicano es responsable de tortura y violación sexual contra dos indígenas Me’phaa. El tribunal notificó ayer cada una de las sentencias por los casos de Inés Fernández Ortega y Valentina Rosendo Cantú, abusadas por militares en Guerrero en 2002, en las que señaló que las autoridades mexicanas son responsables de violaciones de los derechos humanos de ambas mujeres.

La CIDH exige a los poderes de los tres niveles de gobierno reparar íntegramente los daños; garantizar la seguridad futura de ambas mujeres, sus familias y las organizaciones civiles que las apoyaron; que las investigaciones por estos abusos se trasladen a la justicia civil –actualmente se encuentran en el fuero militar–; sancionar a los responsables, y adecuar la legislación y práctica internas de los tratados internacionales ratificados por México, a fin de que lo sucedido a Fernández y Rosendo no se repita, así como modificar el Código de Justicia Militar para que los delitos de soldados contra ciudadanos sean atendidos por los tribunales civiles.

Con estos suman tres los fallos de la CIDH contra el Estado mexicano por actos cometidos por el Ejército. En noviembre de 2009 emitió una resolución por el caso de Rosendo Radilla Pacheco, desaparecido por militares en la década de los años 70, donde señaló a México como responsable de impunidad y demandó analizar el fuero militar. Posteriormente acusó al país por el caso del campo algodonero referente a los feminicidios en Ciudad Juárez, Chihuahua.

En tanto, el Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, la Organización del Pueblo Indígena Me’phaa y el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (Cejil) –que acompañaron a las víctimas en su búsqueda de justicia–, así como el gobierno federal, fueron notificados ayer por la CIDH de las sentencias.

Las ONG informaron que en sus fallos el tribunal reconoció como hecho incontrovertible que las dos mujeres fueron violadas y torturadas por elementos castrenses y que el Estado mexicano les negó la justicia (por ocho años la han buscado). Resaltaron que durante el litigio ante el organismo internacional, el gobierno negó la violencia sufrida y puso en entredicho la veracidad de su testimonio, ratificado ayer por la CIDH.

Las resoluciones asientan que al no procurar justicia y garantizar la impunidad de los responsables “el Estado es directamente responsable de haber violado el derecho a una vida libre de violencia; a no ser torturado; a la integridad personal de los familiares de las víctimas; a la protección de la dignidad y la vida privada; a las garantías judiciales, y a la protección judicial. También ha incumplido con la obligación de adecuar la ley interna con los tratados internacionales.

De acuerdo con la Convención Americana sobre Derechos Humanos, las sentencias son definitivas y no pueden ser impugnadas por el Estado, por lo que está obligado a cumplirlas.

La CIDH mandató realizar procedimientos disciplinarios para los funcionarios negligentes que obstaculizaron el avance de las indagatorias, proveer servicios médicos adecuados a las afectadas y continuar en la estandarización de un protocolo de actuación respecto de la atención e investigación de violaciones sexuales.

Fijó como medidas de satisfacción la publicación de las partes pertinentes de la sentencia (en español y me’phaa), el reconocimiento de responsabilidad y una petición de perdón público de las más altas autoridades federales y estatales junto con la provisión de atención médica y sicológica a las víctimas y sus familiares. Asimismo, establece que es necesario el consentimiento expreso de las afectadas en la publicidad de algunas medidas.

La CIDH fijó plazos para el cumplimiento de los mandatos que van de tres meses a un año, y en algunos casos específicos, un periodo más largo.

Por la tarde, la Secretaría de Gobernación, en un boletín, aseveró que en atención a sus compromisos internacionales, el gobierno mexicano llevará a cabo todas las acciones necesarias para ejecutar la sentencia.

Reiteró su pleno compromiso con la promoción y protección de los derechos humanos; en particular con el combate a la violencia contra las mujeres y niñas, así como su plena colaboración con el sistema interamericano de derechos humanos

Periódico La Jornada
Sábado 2 de octubre de 2010, p. 12

http://www.jornada.unam.mx/2010/10/02/index.php?section=politica&article=012n1pol

Centro Prodh: El Estado mexicano no logra rebatir evidencias de tortura a ecologistas.

– Rodolfo Montiel rinde convincente  testimonio tras once años de lucha por la defensa de los bosques

– Perita de la PGR reconoce ante la Corte Interamericana que los certificados médicos oficiales no son adecuados para detectar la tortura

– El fuero militar no garantiza la imparcialidad para investigar tortura: Comisión Interamericana

El día de ayer el defensor de los bosques Rodolfo Montiel Flores, víctima de detención arbitraria y tortura en 1999 a manos del Ejército por su activismo ambientalista, rindió ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, su testimonio sobre las violaciones a derechos humanos cometidas por el Estado mexicano en su contra y en contra de su colega y también campesino ecologista, Teodoro Cabrera García. La sala de audiencias se encontraba repleta por el evento.

En sus alegatos orales el Estado mexicano pretendió evadir su responsabilidad en las graves violaciones perpetradas contra Montiel y Cabrera.  No obstante, para mitigar el impacto de la eventual sentencia de la Corte, siguió sosteniendo a pesar de los elementos de prueba y testimonios presentados en estos dos días, que el Ejército no incurrió en ningún acto arbitrario o abusivo en contra de los ecologistas en mayo de 1999.  Sin embargo, pretendió ocultar la indebida extensión de la jurisdicción militar en el caso de los ecologistas a lo que a preguntas expresas de los jueces tuvieron que aceptar que no ha dado cumplimiento a los estándares de protección de derechos humanos.

Por su parte, el doctor Christian Tramsen, médico danés con tres décadas de experiencia que realizó una revisión médica a Rodolfo Montiel y Teodoro Cabrera durante su encarcelación, rindió su testimonio experto. Detalló las secuelas físicas de tortura encontradas en las víctimas.  Tramsen, experto en medicina forense, explicó cómo él y el médico argentino, internacionalmente reconocido experto forense, doctor Morris Tidball-Binz, viajaron a Iguala, Guerrero, en representación de la organización internacional Médicos por los Derechos Humanos (Physicians for Human Rights), para realizar los exámenes médicos que demostraron que ambas víctimas habían sido sometidas a torturas que les provocaron daños en diversas partes del cuerpo, como las piernas, la región lumbar y los genitales. Explicó que los síntomas encontrados sólo pueden explicarse por haber sufrido actos de tortura como los descritos por las víctimas.

El Estado presentó como única declarante a una perita de laProcuraduría General de la República (PGR),  la doctora Juana Ma. del Carmen Gutiérrez Hernández, quien, ante las preguntas de la Comisión Interamericana y de los representantes de las víctimas (el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro y el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional), tuvo que admitir que los certificados médicos emitidos diariamente por peritos adscritos a la PGR en los casos de las personas detenidas, no constituyen un examen médico completo ni cumplen con los estándares para la detección de tortura (Protocolo de Estambul).

La misma perita, que basó parte de su testimonio en dos certificados médicos emitidos por el Ejército, al ser preguntada sobre cuáles eran sus fuentes de información acerca de la metodología empleada por lo s médicos militares en el momento de revisar a las personas detenidas, admitió que no contaba con ninguna.  Aunque señaló reiteradamente que el Protocolo de Estambul es el instrumento idóneo para investigar la existencia de tortura mediante un examen médico,  pretendió descartar el examen realizado por los doctores Tramsen y Tidball-Binz, pese a ser éste último uno de los autores que contribuyeron a la creación del mismo Protocolo y, por lo tanto, uno de los más reconocidos expertos mundiales en la detección de tortura.

En el marco de esta audiencia, por primera vez en más de cinco años, Rodolfo Montiel se ha encontrado con su esposa Ubalda Cortés. Montiel, exiliado del país debido a las amenazas que ha recibido en México, no ha podido estar con su familia a partir de la violencia empleada contra él y sus colegas defensores de los bosques por el Estado mexicano.

El Centro Prodh y Cejil, en congruencia con sus alegatos, mantenemos firme la acusación al Estado mexicano por su actuación represiva, mediante el uso de la fuerza militar y el empleo desviado del sistema de justicia, particularmente la jurisdicción militar, en contra de los campesinos organizados que defendieron legítimamente sus bosques de la devastación permitida por las mismas autoridades gubernamentales. Junto con la Comisión Interamericana –que demandó al Estado ante la Corte– mantenemos que fueron violados los derechos al debido proceso porque la tortura debió ventilarse ante la autoridad civil y no ante la militar, como sucedió y sigue sucediendo en México ante este tipo de casos.

Rodolfo Montiel pidió a la Corte IDH que ordene al Estado mexicano tomar las medidas necesarias para proteger a los defensores ambientalistas.  Igualmente pidió que se establezcan mecanismos de control para garantizar que no continúe la práctica de encarcelar a personas inocentes con base en confesiones arrancadas bajo tortura y, en especial, que el Ejército deje de patrullar y cometer abusos que permanecen impunes contra las comunidades. Con él seguiremos insistiendo para que su exigencia de justicia sea asumida en México.

Las y los jueces de la Corte Interamericana se pronunciarán sobre el caso mediante una sentencia definitiva –y de cumplimiento obligatorio– cuya emisión se espera para fines del presente año- Los representantes confiamos a que el Máximo Tribunal Americano tienen elementos suficientes para condenar al Estado Mexicano y ordenar  una reparación integral del daño a los campesinos ecologistas.

http://www.redtdt.org.mx


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