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Acteal vs. Zedillo

Demanda contra un expresidente mexicano por crímenes de guerra

El pasado 16 de Septiembre de 2011 en el estado norteamericano de Connecticut fue presentada una demanda contra el ex presidente mexicano Ernesto Zedillo.

Dicha denuncia fue presentada por un grupo de familiares de 10 víctimas de la masacre en contra de 45 indígenas tzotziles, principalmente mujeres y niños, ocurrida en de Acteal en Chiapas, el 22 de diciembre de 1997, a manos de un grupo paramilitar, que como actualmente se sabe, contó con adiestramiento y armamento provisto por el ejército mexicano.

Los familiares de las víctimas, cuyos nombres no se conocen, son representados por el despacho Rafferty Kobert Tenenholtz Bounds & Hess, con sede en Miami, Florida, en Estados Unidos.

Dicha querella está sustentada en los delitos de: crímenes de guerra, crímenes contra la humanidad, castigo cruel, inhumano y degradante, terror y violencia para violar la libertad de asociación, terror y violencia para violar la libertad de pensamiento, opinión política y libertad para ejercer derechos políticos. Cabe decir que la demanda (que busca únicamente la reparación económica de los daños) fue presentada en Estados Unidos porque este país contempla en sus leyes la posibilidad de juzgar crímenes contra la humanidad, con base el llamado principio de Jurisdicción Universal.

En su momento fueron detenidos y consignados algunos participantes materiales de los asesinatos, pero nunca fueron enjuiciados altos mandos del ejército o mandos políticos locales o federales; sin embargo, durante 2009 fueron liberados los autores materiales de la masacre, con lo cual se encendieron de nuevo las alarmas dentro de la comunidad de Acteal y en el estado de Chiapas por temor a represalias.

En los últimos días el caso de la demanda contra Ernesto Zedillo ha dado varios giros al darse a conocer declaraciones de diversas partes involucradas directa o indirectamente con la demanda.

La Sociedad Civil de las Abejas, en Acteal, Chiapas se han desmarcado de la demanda argumentando que ésta únicamente busca vender la memoria de las personas masacradas y no hacer justicia verdadera, y han mencionado que el único representante legal de las Abejas es el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas, quien años antes interpuso una denuncia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

Por otro lado, el obispo emérito Raúl Vera, quien en 1997 formaba parte de la diócesis de San Cristóbal de las Casas, en Chiapas, ha señalado que posiblemente la demanda interpuesta tiene un trasfondo de venganza política desde la cúpula del poder en México.

El pasado 10 de enero, trascendió en algunos medios de comunicación mexicanos que la Secretaría de Relaciones Exteriores de México solicitó inmunidad para Ernesto Zedillo bajo la condición de ex presidente, y en un comunicado al Departamento de Estado de Estados Unidos, la Secretaría de Relaciones Exteriores argumenta que Ernesto Zedillo ‘recibió’ el conflicto de la administración anterior, es decir, de la administración del entonces presidente Carlos Salinas de Gortari, y por lo tanto Zedillo no es responsable de la masacre de Acteal.

Debe señalarse que la matanza de Acteal se dio bajo un contexto de permisividad y promoción desde el gobierno de diversos grupos paramilitares con órdenes de violentar al Ejército Zapatista de Liberación Nacional y las comunidades chiapanecas en resistencia, además de los órdenes de aprehensión que emitió Ernesto Zedillo contra el EZLN en el marco del proceso del diálogo para la paz en Chiapas y las reformas constitucionales que exigían los zapatistas, conocidas como Acuerdos de San Andrés Larráinzar.

Se ha comentado en diversos espacios que la solicitud de inmunidad para Zedillo promovida desde el gobierno federal mexicano tiene el trasfondo de sentar precedente ante una eventual demanda contra Felipe Calderón, actual presidente de México, por su ‘guerra contra el narcotráfico’ que ha dejado hasta inicio de 2012, más de 45 000 muertos en el país.

Se perfila una decisión política muy complicada para el gobierno de los Estados Unidos, considerando que Zedillo es miembro y consejero de instituciones financieras mundiales mientras que por otro lado, el gobierno estadounidense debería proceder de acuerdo a las propias leyes del país norteamericano: o acepta la demanda en contra de Zedillo y lo juzga por crímenes contra la humanidad, u otorga la inmunidad solicitada por el gobierno de México y pasa a la historia como juez y parte en la matanza de Estado de 45 indígenas mexicanos y las muertes que en el futuro se presenten en una posible demanda en contra de Felipe Calderón.

De cualquier manera, la justicia en México ha sido rebasada.

eww

Fuentes:
Diario La Jornada.
Sin embargo.mx.
Acteal.blogspot.com
Acteal97.com

¿Quién quiere el “estallido social”en México?

¿Quién quiere el “estallido social”en México?

¿Busca el gobierno federal panista, con sus socios gobernadores del PRI y el PRD, exasperar a los movimientos y las resistencias sociales? La represión, mal disfrazada de “combate a la delincuencia”, está pudriendo la convivencia en las comunidades y genera un agudo estado de sitio en Chiapas, Guerrero y Oaxaca.
De origen, el gobierno calderonista (como antes el foxista y el zedillista) ha hecho difícil la paz, pero ahora, Felipe Calderón Hinojosa está dispuesto a hacerla imposible. Golpea a la clase trabajadora, extingue por decreto al Sindicato Mexicano de Electricistas que no se le plegó, del mismo modo que el gobierno de Juan Sabines Guerrero la emprende en Chiapas contra la OCEZ-Región Carranza, por no obedecer sus condiciones de “gobernabilidad”.

Por lo visto, un presunto “estallido social inminente” forma parte de los planes gubernamentales. Todas las experiencias autonómicas están bajo asedio. El municipio autónomo de San Juan Copala, en la región triqui de Oaxaca, es atacado a tiros por sicarios priístas directamente ligados al gobernador más asesino del país, Ulises Ruiz, el que no cayó. Allí también la intención es impedir los acuerdos de convivencia.
Resulta paradójico que lo que más “amenaza” a los actuales gobiernos es la paz. Pretenden gobernar en estado de guerra.

En Guerrero también es escandalosa la agresión sostenida y virulenta contra los pueblos, sus resistencias y los derechos humanos. En Suljaa’ (Xochistlahuaca), la siniestra cacique priísta Acaedeth Rocha Ramírez lleva adelante, impune y apoyada por el gobierno estatal perredista de Zeferino Torreblanca, una agresión a fondo contra Radio Ñomndaa, La Palabra de Agua, que no es sólo una estación de radio, sino todo un estandarte de la autodeterminación indígena y la construcción de ese otro mundo posible. También crece la hostilidad militar contra la Policía Comunitaria de la Montaña y la Costa Chica. Y en días pasados, en Puerto las Ollas, poblado fuertemente patrullado por el Ejército federal, los gatilleros del narcocacique Rogaciano Alva Álvarez ejecutaron a tres muchachos de la comunidad.

Los pueblos autónomos zapatistas en Chiapas viven un cotidiano sitio castrense, hoy aderezado con maliciosos rumores de presuntas agresiones en los Altos, la zona norte y la selva Lacandona. A la vez, se mantiene y agudiza la hostilidad paramilitar y policiaca contra las comunidades indígenas de la Otra Campaña, y se desata una tormenta de mentiras judiciales y mediáticas contra organizaciones afines al zapatismo como Las Abejas de Chenalhó, y contra los diáconos indígenas de la iglesia católica.

¿Quién quiere guerra en México? Sepultados por la nota roja, se acumulan asesinatos de indígenas, tortura, prisión, balaceras, secuestros, incursiones militares y policiacas, despojos de tierra y agua, acusaciones tan graves como falsas, impulso oficial a paramilitares. Pura provocación criminal. El gobierno de Calderón quiere la guerra. Eso da qué pensar.

http://www.jornada.unam.mx/2009/11/16/oja151-umbral.html


@twewwter

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