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Apoyo de América del Valle -FPDT- al SME

A los trabajadores del SME y de todo el país:

A sus familias:

Quiero recordar que lo que detonó la lucha en Atenco fue el decreto presidencial de Vicente Fox que expropiaba nuestras tierras para la construcción del aeropuerto internacional.

Igual que a ustedes, sin consulta alguna, de un día a otro la imposición de los de arriba nos arrebataba la herencia de nuestros abuelos y el patrimonio de nuestros hijos.

Como es su costumbre, el PRIAN anunció el atropello con gran júbilo, mas nunca contaron que ese mismo día, el pueblo también decidió luchar y dar la vida si fuese necesario, antes que entregar a nuestra madre tierra.

Nueve meses después de una lucha sin descanso, con la decisión firme hasta vencer y toda la solidaridad que buscamos y construimos con el pueblo, Atenco derrotó los intereses millonarios del PRIAN y de los dueños del dinero.

Hoy la afrenta es mayúscula y lo que está en juego no es poco: es el destino de la clase trabajadora y del país entero. Por eso desde Atenco les recordamos que no hay decreto que la firmeza del pueblo no pueda echar abajo. Si Atenco pudo derrotar el decreto del despojo, ustedes, más de 40 mil trabajadores también pueden lograrlo.

La última palabra la tienen ustedes, y si ustedes llaman a vencer, a su lado todo el pueblo, hasta vencer estaremos. Sí es posible la victoria mientras nos mantengamos luchando. ¡Desde el exilio, el SME somos todos!

América Del Valle (perseguida política del Estado mexicano).

Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra

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Trasladan a penal nayarita a líder agrario chiapaneco

Tuxtla Gutiérrez, Chis., 17 de octubre.

José Manuel Hernández Martínez ,”Chema”, dirigente de la Organización Campesina Emiliano Zapata (OCEZ), fue trasladado al penal de máxima seguridad de Nayarit y, según el subsecretario de Gobierno, Nemesio Ponce Sánchez, la medida fue por “seguridad” del reo.

Chema, acusado de despojo, fue detenido el 30 de septiembre en su vivienda del predio 28 de Junio del municipio de Venustiano Carranza.

Sus captores y el Ministerio Público lo interrogaron en torno a presuntos vínculos con grupos insurgentes, con integrantes de la diócesis de San Cristóbal y de organizaciones sociales defensoras de derechos humanos.

A las 16 horas del viernes, luego que sus familiares acudieron a visitarlo al penal de El Amate, donde se encontraba encarcelado, Chema fue sacado y trasladado vía aérea al penal de máxima seguridad de Nayarit.

Hoy, cuando sus parientes e integrantes de la OCEZ regresaron no lo encontraron. Horas más tarde el subsecretario general de gobierno, Nemesio Ponce, les informó del traslado.

“¿No que tanto exigían por su seguridad? Pues por su propia seguridad se le trasladó al penal de máxima seguridad de Nayarit”, nos dijo el subsecretario”, explicó José de la Torre.

Incluso, en tono de burla, nos ofreció boletos de avión para visitarlo en Nayarit, señalaron los familiares del detenido.

De la Torre ha sido líder del movimiento campesino en Chiapas; en 40 años ha logrado, con movilizaciones sociales, que se reconozca el derecho de propiedad de unas 5 mil hectáreas en favor de los comuneros de Venustiano Carranza. Estas acciones han ocasionado en su comunidad la muerte de unos 30 campesinos, y cárcel de un centenar.

Chema había sido encarcelado en otras dos ocasiones.

En 1984 Amnistía Internacional lo adoptó como preso de conciencia porque sus detenciones se dieron en el marco de su lucha social.

Apenas en julio pasado, José María emprendió una huelga de hambre para exigir a las autoridades la entrega de unas 200 hectáreas de tierra que le pertenecen a los miembros de su organización.
http://www.jornada.unam.mx/2009/10/18/index.php?section=estados&article=028n3est

Banco Popular Autónomo Zapatista (Banpaz)

La Realidad, Chiapas. Todos los días los pueblos zapatistas enfrentan nuevos retos para hacer realidad la autonomía de sus territorios. Una historia de logros y tropiezos, de crear, inventar y poner en práctica nuevas ideas. De perder el miedo a equivocarse en un camino que iniciaron en 1994, formalizaron con la creación de los gobiernos autónomos en el 2005 y siguen construyendo todos los días. Y todo en medio del hostigamiento militar y paramilitar, el acoso policiaco y los proyectos gubernamentales encaminados a dividir a las comunidades, a lo que se suman las miles de carencias de los más de 40 municipios autónomos en resistencia. La autonomía se construye, casi, sobre la nada. Y sobre la nada nació hace más de un año el insólito Banco Popular Autónomo Zapatista (Banpaz), en la región de la selva fronteriza.

Lograr la autosuficiencia en condiciones de extrema precariedad suena imposible, pero no para los zapatistas que, asegura Roel, de la Junta de Buen Gobierno Hacia la esperanza, “demostramos que se pueden hacer las cosas de otra manera…imagínate, un banco anticapitalista, sin señores banqueros y con beneficios para el pueblo”.

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La sede del gobierno autónomo de la selva fronteriza es el caracol “Madre de los caracoles del mar de nuestros sueños”. La región cuenta con cuatro municipios autónomos y es la primera en echar a andar el banco popular, una iniciativa que tiene su mayor fortaleza, como todos los proyectos autónomos, en la decisión de las asambleas comunitarias. Su concepción, discusión, aceptación y puesta en práctica es una muestra del ejercicio colectivo y democrático que predomina en las comunidades indígenas zapatistas.

El proceso autonómico de las bases de apoyo del EZLN incluye sistemas de salud, educación, proyectos productivos, medios de comunicación y nuevas formas de comercialización de sus productos, todo en condiciones precarias pero con la finalidad mayor de poner en práctica una de las premisas fundamentales del zapatismo: la del mandar obedeciendo, que se traduce en formas de gobiernos que basan sus decisiones en los consensos de los pueblos. Pero nada es ideal ni carente de problemas. Los hay “y muchos… el asunto es que aquí les buscamos la solución entre todos. Si una cosa no nos funciona no nos quedamos conformes. Le buscamos la forma. Nos lo tomamos en serio y luego sale. Todo el mundo se equivoca, pero cuando la equivocación es colectiva pues ahí no hay culpable…”, explica Roel, autoridad autónoma que está por finalizar su gestión al frente de la Junta de buen gobierno.

Y precisamente uno de estos problemas es que a pesar de que cuentan con un sistema de salud autónomo, resulta insuficiente para la atención de enfermedades graves y en estos casos los pacientes tienen que salir de sus pueblos para buscar ayuda especializada, necesitando dinero para transportarse y pagar los servicios médicos. El dinero no lo tienen y buscan a quién pedir prestado.

Hace unos años comenzó a vislumbrarse en las cañadas de la selva Lacandona el fantasma de la migración. Cientos de indígenas, zapatistas y no, salieron de la zona en busca de trabajo. La baja de precios de sus productos agrícolas y los intermediarios para su comercialización, provocaron el flujo de hombres, jóvenes en su mayoría, a ciudades turísticas del sur del país (Cancún y Ciudad del Carmen) y, por supuesto, hacia Estados Unidos. Empezaron a llegar las divisas a las comunidades y algunas familias “se hicieron de un dinerito” con el que iniciaron el negocio de la usura o el coyotaje, como se le conoce en la región.

La necesidad urgente de dinero para enfrentar un problema de salud grave, por un lado, y el incremento del coyotaje, por el otro, conformaron un escenario en el que empezó a predominar el abuso de los prestadores, quienes cobran un interés de entre el 15 y 20 por ciento mensual. Ahorcados, sin ninguna otra opción, los indígenas de cualquier filiación política recurren a estos préstamos. Pero los zapatistas empezaron a inconformarse y “a buscarle cómo salir de esta situación”.

“La gente de los pueblos empezó a discutir cómo resolver el problema de los réditos. Empezaron las asambleas en el 2008 y pueblo por pueblo fuimos discutiendo la idea de formar un pequeño banco para cubrir las necesidades de urgencia de salud, los casos graves que no pueden cubrir los servicios de salud autónomos”, explica Roel.

En los casos de urgencias, añade, “se necesita trasladar al enfermo a recibir atención especializada y pues al no haber dinero se tenía que recurrir a los coyotes. Así nació la idea de hacer mejor un banco de préstamos y empezó la discusión de cómo hecerle. Las comunidades decidieron que sí se cobraran intereses, pero que fueran muy bajos. Con esos intereses se incrementaría el fondo del banco para hacer otros préstamos. Al final de la discusión se acordó que fuera el 2 por ciento de interés mensual”.

Una vez decidido el interés para préstamos por motivos de salud, las asambleas discutieron los préstamos para proyectos colectivos, cooperativas y sociedades. Y ellos mismos acordaron un interés del 5 por ciento. En un principio se pensó también en préstamos para proyectos individuales, pero, explican, “nos dimos cuenta que eran para puro negocio y los suspendimos, quedando sólo vigentes los préstamos por problemas de salud y para después los préstamos para proyectos colectivos. Lo importante aquí es que ninguna decisión es individual y los pueblos son los que analizan cada paso y van decidiendo lo que les conviene”, señala el integrante de la Junta de Buen Gobierno.

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El aval de cada solicitante es la autoridad de la comunidad a la que pertenece y el pueblo queda como testigo. De esta manera, todo el pueblo está enterado de que uno de sus compañeros solicitó al banco un dinerito y que lo tiene que pagar. Ellos mismo, los que piden el préstamo, son los que se ponen el plazo para cubrirlo, de acuerdo a sus gastos. Puedes ser seis meses, un año o más, según cada quien. También se enteran de cada préstamo los pueblos de los otros municipios autónomos, pues se trata, señalan las autoridades de la región, “de que todos estemos comprometidos “.

Para hacer posible el banco popular, el fondo inicial provino de un aporte del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN); de una parte de las ganancias del transporte colectivo que es administrado por la Junta; y de una donación que llegó de afuera para un niño enfermo, “quien no necesitaba de todo el dinero que le estaban mandando y junto con la familia y la asamblea decidieron que lo que no ocupaba se aportara al fondo colectivo”. Asimismo, decidieron que el impuesto que los pueblos cobran a las compañías que están construyendo caminos que pasan por sus comunidades, también se añadiera al fondo del banco.

En este proyecto, advierte Roel, “no hay sentido de negocio. Es sólo una necesidad de los pueblos y hasta ahora todos están contentos porque ven que está funcionando y se están resolviendo los problemas en colectivo”.

Para los pueblos en rebeldía, el Banco Popular Autónomo Zapatista (Banpaz) “es, sin duda, parte de nuestra autonomía, en la que nosotros mismos podemos crear nuestros propios recursos económicos, nuestros alimentos, nuestros servicios de salud y educación, nuestros medios de comunicación y modos de comercialización. Así lo estamos haciendo, cada vez con menos dependencia de afuera, porque al principio (hace ya seis años), empezamos con más apoyos del exterior. Ahora somos cada vez más independientes y, por lo tanto, cada vez más autónomos”.

De hecho, este es uno de los primeros proyectos de la autonomía zapatista en el que no interviene ningún factor o asesoría de la sociedad civil nacional e internacional. “Todo fue interno. Lo que pasa es que nosotros le probamos hasta que algo funcione. Y si no nos funciona no nos quedamos conformes y le buscamos otra forma”, afirma Roel, con la convicción y el orgullo de quien ha crecido a lo largo de 25 años con la lucha zapatista.

“La colectividad —sostiene— es la base y lo que más nos fortalece como zapatistas”. Y, dentro de este proceso, la Junta de Buen Gobierno de la selva fronteriza analiza como uno de sus máximos logros la participación de la mujer en los trabajos de la autonomía. Con su inclusión, afirman, “ha cambiado la vida de los pueblos. Poco a poco lo vamos entendiendo. Y pues aquí ya todo se cambió”.

A los niños y niñas que han crecido en la autonomía “ya no les cuesta la participación de la mujer”. En otro momento, admiten los miembros de Junta, “los préstamos del Banpaz hubieran sido impensables para mujeres y sólo se les hubieran dado a los hombres, pero ahora también se les dan a ellas y quedan como responsables”.

Aquí, afirman “ya todo es muy otro”.

GLORIA MUÑOZ RAMÍREZ

http://desinformemonos.org/2009/08/insolito-banco-anticapitalista-en-la-selva-lacandona-2/

Boletín de prensa de la Comisión Civil Internacional de Observación por los Derechos Humanos (CCIODH)

El sistema mexicano penaliza a las víctimas mientras protege, cuando no premia, a los responsables de violaciones a los derechos humanos

Recientes resoluciones de los órganos de procuración e impartición de justicia en México demuestran una vez más la existencia de una política de estado que, mediante la simulación de un escrupuloso respeto a la ley, sólo consigue asegurar la impunidad de los responsables directos e intelectuales de graves violaciones de los derechos humanos. Por el contrario, ese mismo sistema de procuración e impartición de justicia se muestra implacable con los luchadores sociales que se oponen a las políticas gubernamentales de forma legítima y pacífica.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación y el caso Oaxaca

Esta semana, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia afronta la discusión del caso Oaxaca a partir del proyecto de dictamen elaborado por el Ministro Mariano Azuela. La propuesta exonera de toda responsabilidad a las autoridades y funcionarios tanto estatales como federales que participaron en la represión del movimiento social oaxaqueño durante 2006 y 2007. Tras un análisis aparentemente riguroso y ajustado a la ley, el proponente en realidad descontextualiza lo ocurrido en Oaxaca hasta el punto de pretender que los poderes públicos no tuvieron otro remedio que utilizar de manera legítima la fuerza para restablecer “el orden y la paz social” tras meses de “paciente” negociación con el movimiento social oaxaqueño.

En el proyecto del Ministro Azuela faltan datos y hechos constatados por diversas organizaciones de derechos humanos y la misma Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH). Si los hubiera incorporado, la Suprema Corte tendría un panorama bien distinto, como ha constatado la propia CCIODH en sus dos visitas a la entidad: el objetivo de los órganos de poder era destruir un movimiento social legítimo y pacífico. Para ello se valió de detenciones selectivas de líderes sociales, secuestros y detenciones ilegales, manejo político como amenaza de órdenes de aprehensión muchas veces sin fundamento, exilio forzado por amenazas de muerte, detenciones masivas y encarcelamiento prolongado de cientos de personas que finalmente han sido exoneradas de cualquier delito, tortura, violaciones, dilación y desobediencia de los jueces del fuero común en la aplicación de los amparos emitidos por jueces federales, imputaciones falsas a miembros del movimiento para encubrir a funcionarios públicos … y decenas de homicidios de indiscutible carácter político que nunca han sido resueltos por la justicia estatal y federal. Es significativo el caso de Brad Will con la detención y procesamiento de Juan Manuel Martínez Moreno como responsable de este homicidio en contra de las evidencias y testimonios que acusan a funcionarios públicos municipales como los autores del hecho.

No será aplicando el principio de presunción de inocencia a los poderes públicos como la Suprema Corte alcanzará la verdad. Tampoco desechando los testimonios de las víctimas al tiempo que no cuestiona la veracidad de los partes policiales. Con un dictamen de estas características lo único que se consigue es legitimar la represión.

El ministro Azuela considera que los poderes públicos intervinieron de forma legítima para restaurar el orden social y la libertad ciudadana, derechos que el Estado tiene la obligación de garantizar. La pregunta que cabe hacerse es si es posible que en un contexto de terror político como el que vivió Oaxaca se puede ejercer el derecho que todo ciudadano tiene siempre de cambiar de modo pacífico sus órganos de gobierno.

Atenco y Chiapas : no hay justicia para las víctimas

Hace pocos días la Fiscalía Especial para los Delitos de Violencia en contra de las Mujeres, después de más de tres años de investigación, notificó la resolución sobre denuncia presentada por 11 mujeres por tortura y violencia sexual durante los hechos de Atenco. En esta resolución la Fiscalía trasladaba la denuncia a la Procuraduría del Estado de México por considerar que los 34 policías señalados son estatales y no poder imputar a ningún agente federal.

Se da el caso de que la procuraduría estatal ya ha dado el caso por cerrado, condenándose a un solo agente por “actos libidinosos” a una pena de 3 años de prisión que ha sido sustituída por una multa. En el resto de casos, los acusados han sido exonerados por un amparo de la justicia federal que detectó errores inadmisibles en el procedimiento, procedimiento que fue tramitado por la misma Procuraduría Estatal, la misma que también asesoró a los agentes en el amparo que acabó otorgándoles la libertad sin cargos.

Este es un caso aberrante de juez y parte en el que, aplicando las garantías a las que todo procesado tiene derecho, se consagra la injusticia y la impunidad. Una vez más, exonerando a los responsables directos de la represión, los responsables políticos, en este caso paradigmático también responsables últimos del procedimiento, se aseguran asimismo la impunidad.

La Comisión Nacional de Derechos Humanos, la Fiscalía Especial para los Delitos de Violencia en contra de las Mujeres y la misma Suprema Corte en su dictamen han señalado que hubo tortura y violaciones. La pregunta que cabe hacerse es qué órgano jurisdiccional debe imputar, procesar y condenar los responsables directos y los responsables intelectuales, por acción u omisión, de estos delitos.

En este mismo caso, las propias víctimas fueron consignadas e ingresadas en prisión por largos períodos y en muchos casos liberadas con posterioridad libres de cargos. Contrasta también la inoperancia de la procuración de justicia con la dureza de las condenas contra los luchadores sociales de San Salvador Atenco, a los que estado mexicano ha sentenciado a permanecer en prisión por 30, 65 ó 110 años.

Desgraciadamente, los hechos se repiten: se espera para los próximos días la resolución de la SCJN que afectará al caso de 31 personas condenadas por la Masacre de Acteal. Por defectos en el procedimiento ya fueron liberadas recientemente 20 personas y todo hace suponer que lo mismo ocurrirá en esta nueva resolución.

Esta comisión ha defendido siempre que el sistema de procuración e impartición de justicia debe asegurar el derecho al debido proceso de cualquier imputado en una causa penal. Pero lo que la Suprema Corte no debe hacer en ningún caso es exonerar de facto con sus resoluciones a asesinos confesos que han sido reconocidos por las víctimas, sino buscar el procedimiento adecuado para que la reparación de una injusticia no consagre otra mayor.

Porque la injusticia y la impunidad provocan que los hechos se repitan una y otra vez: en estos días se cumple un año de la masacre de Chinchultik en el estado de Chiapas con el resultado de 6 indígenas asesinados en un operativo policial sin que a día de hoy se haya dado satisfacción ni se haya establecido justicia sobre estos hechos tan graves, cuya responsabilidad depende del gobierno del estado.

El circulo de la impunidad de la justicia mexicana

El ascenso en la carrera judicial o política de personas con responsabilidad en la investigación y protección de los derechos humanos, atendiendo más a los compromisos políticos que a su verdadera responsabilidad y competencia es un freno para la auténtica justicia. Así se ha manifestado ante los recientes nombramientos del nuevo responsable de la Secretaría de Gobernación, la Procuradoría General de la República o la presidencia de la Comisión de Seguridad Nacional del Congreso.

Por el contrario, los defensores de los derechos humanos sufren hostigamiento y amenazas que entorpecen su actividad sin que estos casos sean investigados con la celeridad y exigencia necesarios.

Esta situación de abandono hace que finalmente las víctimas de estos atropellos no tengan otras vías que recurrir al sistema internacional de justicia, como sucede en el caso de Acteal y en el de las mujeres de Atenco.

Todo ello conforma un panorama muy grave en el que los conflictos sociales, lejos de afrontarse las causas que los generan, son tratados como meros asuntos de orden público mientras se criminaliza a los opositores aplicándoles medidas represivas desmedidas y ejemplarizantes para el resto de la sociedad. Esta política hace crecer una espiral de violencia e impunidad que en vez de resolver los problemas no hace sino agravarlos. Desgraciadamente, este diagnóstico que describimos y comprobamos en los conflictos de Oaxaca, Chiapas y Atenco, es hoy en día comparable a otras situaciones en el resto de la República

Como expresión de parte de la sociedad civil internacional, llamamos a la defensa y la vigilancia de los derechos humanos individuales y colectivos frente a estos abusos del poder contra las comunidades y las personas que luchan de forma legítima por mejores condiciones de vida y un mundo mejor para todos.

Barcelona, a 13 de octubre de 2009.

Comisión de prensa

La Sociedad Civil Las Abejas denuncia hostigamiento por parte de las autoridades del estado

A la Comisión Interamericana de Derechos Humanos

A todas las Organizaciones Sociales y Políticas

A todos los defensores de los Derechos Humanos

A las Organizaciones No Gubernamentales

A los pueblos de México y del Mundo

A la prensa Nacional e Internacional

A la Otra Campaña y

A la opinión pública

Ante la grave situación que se vive en nuestro país, hoy a 60 días de que la SCJN violó la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, por la liberación de los 20 paramilitares que participaron directamente en la Masacre de Acteal. Nuevamente ya tiene previsto otra decisión que va en el mismo sentido, poner en libertad a otros 31 paramilitares. Y que según la versión de estos asesinos, respaldados por el mal gobierno y sus abogados sólo 5 son confesos.

En nuestra región hay indignación, hay angustia y un dolor muy tremendo. Además quieren borrarnos y desaparecernos para deslindar su responsabilidad sobre la Masacre de Acteal.

El día de hoy queremos informar y denunciar claramente que el Gobierno Federal y Estatal sigue insistiendo en querer entrar nuestra Comunidad de Acteal, donde viven Las Abejas.

Primero, Sabines mando una carta para solicitar con la Mesa Directiva una reunión. Nuestra respuesta fue que NO. Posteriormente, a través del Obispo de San Cristóbal de las Casas, del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas y con el Comisionado de la ONU trataron de insistir en un encuentro con Las Abejas. Y lo más reciente es la información siguiente:

1.- Durante el miércoles 7 de octubre llegaron a la Oficina de las Abejas de Acteal en diferente momento personas sospechosas:

A las 10:30 am tres personas sin identificarse y de sexo masculino llegaron a ofrecer drenaje domestico.

  • A las 12:00 del día llegaron 5 hombres sin identificarse, con una cámara de video y un celular grababan, diciendo que traían de regalo una Virgen. La Mesa Directiva respondió que no tenían información de la parroquia y que se tiene ni información y que se retiraran del lugar. Los hombres respondieron que la Parroquia ya estaba enterada y había autorizado la entrega de la Virgen.
  • A las 5:30 pm llegarón 5 hombres pidiendo autorización para que un helicóptero aterrizara en nuestra comunidad de Acteal para el día domingo 11 de octubre, porque el arzobispo de Tuxtla estaba haciendo un recorrido en comunidades de los Municipios de Comitán, Bachajón, Oxchuc y Chenalho. La Mesa Directiva respondió que no tenían información de la Parroquia y preguntamos si el Obispo Felipe Arizmendi sabía de esta visita. Los hombres no respondieron la pregunta y se retiraron diciendo que regresarían al día siguiente por la autorización.

2.- El día sábado 10 de octubre a las 9:30am (hora de Dios) se estacionaron 2 camiones con 15 a 20 hombres. Dos de ellos se dirigieron a la Oficina de las Abejas pero un habitante se dio cuenta y los intercepto para preguntarles el motivo de su llegada. Estas dos personas respondieron que traían un templete porque la esposa del Gobernador Sabines traería una Virgen de regalo para el día siguiente (Domingo). El habitante les dijo que no podían entrar y que no se autorizaba la entrada de la esposa de Sabines. Mientras tanto otros dos hombres bajaron y se dirigieron a la tienda de las mujeres e interrogaron a una muchacha con las siguientes preguntas: ¿el monumento que esta aquí son todos los que murieron?, ¿Tú estabas grande cuando ocurrió la Masacre de Acteal?, ¿Hay camino para que un carro puedan entrar al Centro de tu Comunidad?, ¿Hay espacio grande en el centro? Uno de ellos le dice a su compañero: ¿qué vamos hacer para entrar con las cosas? Y respondió: vamos a platicar en el camino lo que me dijeron que hiciéramos. Se subieron enojados al camión. Al darse cuenta que al lugar se acercaban los observadores civiles con cámaras, arrancaron y se fueron a otra parte de Acteal donde hay priístas.

Ante estos hechos, Las Abejas investigamos y por fuente confiable supimos que un integrante de la Procuraduría de Justicia del Estado invito al Rector General de la Basílica Monseñor Diego Monrroy para poder entrar a Acteal.

El día de ayer domingo, nunca llego la esposa de Sabines solo unos chalanes de él llegaron a Acteal Viejo donde hay priistas, para regalar bicicletas, platos y cosas que no sirven. Se ve muy claro que a la mera hora tuvieron que organizar la entrega de estos “regalos” para tratar de tapar su estrategia de hostigamiento.

Esto es una muestra clara que el Gobierno Federal y Estatal quiere acabar y callar a Las Abejas. Por eso, su maña de publicar en los periódicos que le sirven de que las armas que le encontraron a un habitante de Yabteclum (comunidad cercana a Acteal) el 30 de septiembre de este año se entregaría a miembros de las Abejas para vengarse de los paramilitares que la SCJN liberó y que dentro de poco piensa liberar a otros 31. Así, tienen pretexto para que la PGR, Policía Estatal Preventiva y su Ejército entren y se justifique ante la sociedad mexicana e internacional su incursión. Criminalizando a la lucha de la Sociedad Civil de las Abejas, que solo buscamos la paz y la justicia y confundiendo a la opinión pública sobre nuestra lucha justa.

Otra palabra que queremos dar es ¿Por qué la justicia en México, es tan injusta?

En la actualidad, mucha gente no entiende la lucha de los pueblos y organizaciones sociales, pero, les decimos y refrescamos su pensamiento, la masacre de Acteal en el año de 1997, fue por conflicto político, por intereses del poder y del dinero. Aunque los que mataron en Acteal no hayan sido directamente Ernesto Zedillo, Emilio Chuayffet, Gral. Enrique Cervantes, Gral. Renan Castillo, pero, ellos escribieron el plan contra insurgente para formar a los paramilitares quienes se encargarían de meterles miedo y terror a los zapatistas y a la Organización pacifista “Las Abejas” de Chenalhó, Chiapas. A pesar de evidencias, de testimonios, de documentación en cámaras de video y de foto de los hechos previos de Acteal, ni los encargados de la administración de la justicia y mucho menos el poder ejecutivo ha hecho una investigación y dictaminado que la masacre fue un crimen de Estado. No, los gobiernos actuales nunca van a llevar a juicio a los exgobernante responsables del crimen, porque son amigos, porque obedecen al mismo patrón, al mismo sistema opresor y saqueador.

En los siguientes días la “Suprema Corte de los ricos y criminales” (así lo nombraremos de hoy en adelante, porque de justicia nada tienen, son una vergüenza para nuestra patria) determinarán la situación de 31 paramilitares, que es muy probable que los liberen y que eso no nos extraña. El análisis de nuestro corazón y pensamiento, queda bien claro que esos ministros, tienen orden y contrato con los autores intelectuales de liberar a los asesinos de Acteal. También pensamos que hay un contrato con los paramilitares de cuántos años podrían estar encarcelados y que después se les promovería su liberación con el apoyo de los abogados del CIDE, ¿a poco no? No tenemos conocimientos académicos u otros títulos, pero tampoco somos tontos.

Sabemos que los poderosos les arde y pica nuestra palabra, querrán hacernos daños, querrán soltar a sus paramilitares y acabar de una vez con nosotros, pero no por eso vamos a bajar la voz. Nuestra palabra hablará por donde quiera, nuestros comunicados seguiremos escribiendo con tinta de sangre de nuestros hermanos y hermanas masacrados. Nuestra lucha y aporte para la construcción de un mundo justo y más humano, estarán frescos y firmes. Si los autores materiales e intelectuales se quedan libres por la “justicia” de los ministros de la “Suprema Corte de los ricos y criminales”, la conciencia e historia del pueblo mexicano les quedará marcado para siempre y que las generaciones de las generaciones lo recordarán y conmemorarán. Estamos seguros que así será, entonces cuando suceda eso, habrá hecho el pueblo una justicia justa y humana.

Ya estamos más que seguros que los ministros harán su trabajo como lo hicieron el pasado 12 de agosto, pero, no quiere decir que ya vamos a quedar tirados por el suelo, sino, lo contrario, vamos a caminar para hablar con otros pueblos, con otras consciencias, con otras víctimas de crímenes de estado, para que juntos busquemos una justicia alternativa y popular.

A T E N T A M E N T E

La Voz de la Sociedad Civil Las Abejas.

Por la Mesa Directiva:

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Sebastián Pérez Vázquez

Presidente

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Mariano Gómez López

Secretario General

Pedro Jiménez Arias

Vice Presidente

Manu Chao cumple con Fidel Castro y rinde homenaje al Che

La capital cubana fue escenario el viernes del segundo concierto al aire libre de un cantante extranjero en menos de un mes. La convocatoria no fue blanca ni apolítica, como la de Juanes y los músicos que le acompañaron el pasado 20 de septiembre en la Plaza de la Revolución.

En esta ocasión el protagonista era Manu Chao y el propósito más bien rojo: rendir homenaje al Che Guevara en el 42º aniversario de su muerte en Bolivia. El autor de Desaparecido ofreció un concierto acústico, a dos guitarras y bongó, y dedicó “a los enemigos del pueblo cubano” la canción que dice “…lo que me hizo tu maldad no tiene nombre / pero ha llegado sin piedad el contragolpe”.

La escalinata de la Universidad de La Habana, con todo, se quedó grande. Acudieron miles de personas, pero bastantes menos de lo que se había esperado teniendo en cuenta que había varios datos a favor: el concierto era gratuito, era viernes noche y la organización había sido oficial, por la asociación de jóvenes creadores Hermanos Saiz, en colaboración con el Ministerio de Cultura y el Instituto Cubano de la Música.

Manu Chao compartió escena con Kelvis Ochoa, uno de los músicos de Habana Abierta que, después de probar suerte en España, ha regresado y ahora triunfa en su país. Actuaron también los trovadores Adrián Berasaín, Fernando Béquer y Tony Ávila.

La idea de rendir tributo musical al Che Guevara curiosamente procede de Fidel Castro. Se le ocurrió al Comandante antes de enfermar, durante la última estancia de Manu Chao en la isla, en marzo de 2006, cuando ofreció un concierto con su grupo Radio Bemba Sound System en el malecón de La Habana, frente a misión diplomática de Estados Unidos. El músico francoespañol se comprometió entonces. Y ahora cumplió su palabra.

“El Che es y seguirá siendo una figura emblemática para la izquierda mundial”, dijo esta semana, cuando le preguntaron porqué quería cantar a la memoria del guerrillero. Mañana lunes, Manu Chao ofrecerá un segundo concierto en la ciudad central de Santa Clara, donde están enterrados los restos del Che Guevara.

Manu Chao en esta ocasión llegó a la isla sin su banda, acompañado sólo de Madjid, a la guitarra, y Miguel, en la percusión menor. Con ellos ofreció un concierto repleto de energía. Repasó sus éxitos, desde las famosas Clandestino y Desaparecido, de sus primeros discos, hasta temas como Calle o Tómbola, incluidos en su último trabajo, Baionarena, un concierto de dos horas y media grabado en vivo en Baiona (Francia), que salió a la venta en septiembre.

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No deja de ser curioso que las letras y el mensaje de Manu Chao no tengan tanta pegada en la isla como fuera de ella. El público era en su mayoría muy joven y alternativo, y aún así -o quizás por ello- pocos se sabían las canciones. Entre las primeras filas los más afines bailaron y botaron durante los 45 minutos en los que Manu Chao actuó en solitario. Incluso se subieron al escenario un par de espontáneos con una bandera de la Venezuela bolivariana tratando de besarle. Inmediatamente, un policía de uniforme y con cara de pocos amigos subió al escenario, y el propio artista tuvo que detenerle.

Y mientras un grupo de artistas plásticos pintaban varios cuadros en homenaje al Che, Kelvis Ochoa levantó a los asistentes con su música pegajosa y festiva, también nostálgica, compuesta en gran parte en la época de su exilio madrileño. Otra paradoja más, a tono con el final del concierto, que acabó con ambos en la escalinata al ritmo de Volando voy, volando vengo.

http://www.elpais.com

Campaña Nacional e Internacional por la libertad de José Manuel Hernández Martínez

chemalibertadexigenEl Observatorio para la Protección de los Defensores de Derechos Humanos, programa conjunto de la Organización Mundial Contra la Tortura (OMCT) y de la Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH), solicita su intervención URGENTE ante la siguiente situación en México.

Descripción de la situación:

El Observatorio ha recibido información del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas, A.C, sobre la detención del Sr. José Manuel Hernández Martínez, integrante de la Organización Campesina Emiliano Zapata (OCEZ) – Región Carranza y destacado líder social de su comunidad, la cual tuvo lugar en la comunidad “28 de Junio” del municipio de Venustiano Carranza en el Estado de Chiapas.

Según la información recibida, en la mañana del 30 de septiembre de 2009, miembros de un operativo conjunto de la Procuraduría General de la Republica (PGR) y la Procuraduría General de Justicia del Estado de Chiapas (PGJE) ingresaron en la comunidad “28 de Junio” del mencionado municipio, en una camioneta de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) ataviados con uniformes de la misma, y procedieron a detener al Sr. José Manuel Hernández Martínez, también conocido como “Don Chema”.

Según las informaciones, los miembros del operativo no se identificaron en el momento de la detención. Además, el Sr. Hernández Martínez ha denunciado que durante su interrogatorio en las instalaciones de la PGJE se le preguntó insistentemente: si pertenecía al Ejército Popular Revolucionario (EPR) y al Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) y, si tenía alguna relación con Monseñor Samuel Ruiz García y Diego Cadenas, respectivamente Presidente y Director del Centro FRAYBA, con el párroco de Venustiano Carranza o con la Sra. Yolanda Castro Apreza, integrante del Frente Nacional de Lucha por el Socialismo (FNLS).

El Sr. José Manuel Hernández Martínez fue acusado por la Procuraduria General de Justicia del Estado de Chiapas (PGJE) de asociación delictuosa, despojo agravado y daños, por hechos presuntamente cometidos en 2003 en Venustiano Carranza; además de atentados contra los símbolos de la patria y conspiración, entre otros delitos. El Sr. José Manuel Hernández Martínezpermanece detenido en el Centro Estatal para la Reinserción Social de Sentenciados No. 14 El Amate (CERSS No. 14 El Amate), en el municipio de Cintalapa, Chiapas.

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Contexto y Antecedentes de la situación:

Según las informaciones, en julio de 2009 el Obispo Samuel Ruiz García y el Sr. Diego Cadenas Gordillo, del Centro FRAYBA, preguntaron personalmente al Sr. Juan Sabines Guerrero, Gobernador de Chiapas, y al Sr. Nemesio Ponce, Subsecretario General de Gobierno, si el PGJE investigaba a diversos activistas sociales y defensores de los derechos humanos por su presunta vinculación al EPR y al EZLN. En aquel momento, el Gobernador del Estado de Chiapas negó que hubiera orden alguna de investigar a los defensores de derechos humanos. El Centro FRAYBA pidió una confirmación escrita de esta respuesta del Gobernador, la cual nunca recibió. De hecho, las informaciones recibidas añaden que la detención del Sr. José Manuel Hernández Martínez demuestra que el PGJE sí habría iniciado investigaciones en contra de los defensores de derechos humanos en la zona, vinculándolos con grupos sociales, considerados insurgentes.

Por otra parte, anteriormente, el 26 de septiembre de 2009, en horas de la noche, el Centro de Formación y Capacitación para Mujeres de la Asociación Civil K’inal Antasetik, ubicado en San Cristóbal de Las Casas, fue rociado con gasolina y seguidamente, incendiado. Algunas de las jóvenes que residen en el centro consiguieron apagar el incendio. Según las informaciones, un hombre vestido de negro y con pasamontañas fue visto en las instalaciones momentos antes de iniciarse el fuego.

Además, durante los meses anteriores a los hechos aquí descritos, el Frente Nacional FNLS denunció públicamente que la Sra. Yolanda Castro Apreza, cofundadora de la Asociación K’inal Antsetik, y el Sr. Daniel Alfonso Luna Alcántara, ambos integrantes del FNLS, sufrieron reiterados hostigamientos por medio de vigilancia policial; también se denunció el robo de una memoria externa USB del domicilio de la Sra. Yolanda Castro.

Según las denuncias, la detención arbitraria del Sr. José Manuel Hernández Martínez por parte de la PGR y la PGJE, y el ataque contra las instalaciones del colectivo K’inal Antsetik serían una prueba de la estrategia de contra insurgencia del gobierno hacia las organizaciones campesinas, la población civil y los defensores y defensoras de los derechos humanos en Chiapas, acusados por el gobierno de estar vinculados a los movimientos sociales que éste considera insurgentes.

El Observatorio señala que ya se han presentado anteriormente actos de hostigamiento contra movimientos sociales y contra los defensores de los derechos humanos en Chiapas, así como contra integrantes del Centro FRAYBA, en particular contra su Presidente, el Obispo Don Samuel Ruiz García, y su Director, el Sr. Diego Cadenas Gordillo, así como el ataque y agresión física contra el Sr.Ricardo Lagunes Gasca, abogado del mencionado Centro.

El Observatorio manifiesta su rotundo rechazo de la detención del Sr. José Manuel Hernández Martínez, así como del tipo de interrogatorio al que fue sometido, y teme que estos actos estén motivados por sus actividades de promoción y defensa de los derechos humanos como miembro de la OCEZ – Región de Carranza. A este respecto, el Observatorio señala su preocupación por la seguridad y por la integridad física y psicológica de todos los miembros de grupos de defensa de los derechos humanos, quienes se encuentran en riesgo, así como por la obstrucción de la importante labor que desempeñan en varias comunidades del Estado de Chiapas.

Acción solicitada:

Por favor escribir a las autoridades mexicanas urgiéndolas a:

i. Tomar las medidas más adecuadas para garantizar la seguridad y la integridad física y psicológica del Sr. José Manuel Hernández Martínez, de la Sra. Yolanda Castro Apreza y del Sr. Daniel Alfonso Luna Alcántara, y de sus familiares, así como de los demás miembros de sus respectivas organizaciones: la Organización Campesina Emiliano Zapata – Región Carranza, la AsociaciónK’inal Antsetik y el Frente Nacional de Lucha por el Socialismo, y en general, de todos los defensores de derechos humanos en Chiapas;

ii. Ordenar la liberación inmediata del Sr. José Manuel Hernández Martínez, teniendo en cuenta que su detención es arbitraria en la medida en que éstapretende sancionar sus actividades de defensa de los derechos humanos;

iii. Realizar una investigación inmediata, independiente, exhaustiva e imparcial en torno a los hechos arriba denunciados, con el fin de identificar a los responsables, llevarlos ante un tribunal competente, independiente e imparcial y aplicarles las sanciones penales y/o administrativas previstas por la ley;

iv. Poner fin a todo tipo de hostigamiento en contra de los defensores de derechos humanos en México, y en este caso particular en el Estado de Chiapas;

v. Asegurar la aplicación de lo dispuesto por la Declaración sobre los Defensores de los Derechos Humanos, adoptada por la Asamblea general de la ONU el 9 de diciembre de 1998, en particular en lo referente a la protección del derecho de toda persona “individual o colectivamente, a promover y procurar la protección y realización de los derechos humanos y las libertades fundamentales en los planos nacional e internacional” (Art.1) y a “garantizar la protección […] de toda persona, individual y colectivamente, frente a toda violencia, amenaza, represalia, discriminación, negativa de hecho o de derecho, presión o cualquier otra acción arbitraria resultante del ejercicio legítimo de los derechos mencionados en la […] Declaración” (Art. 12.2);

vi. De manera general, conformar sus acciones a lo dispuesto por los Pactos y Convenciones Internacionales de Derechos Humanos ratificados por México.

Direcciones

  • Licenciado Juan Gabriel Coutiño Gómez, Magistrado Presidente del Tribunal Superior de Justicia, Palacio de Justicia, Libramiento Norte Oriente No.2100 Fraccionamiento El Bosque, C.P. 20047 Tuxtla Gutiérrez, ChiapasTel-Fax: + 52 (961) 617 87 00; + 52 (961) 616 53 50 E-mail:administrator@mail.scjn.gob.mx
  • Licenciado Raciel López Salazar, Procurador General de Justicia de Chiapas, Libramiento Norte Y Rosa Del Oriente, No. 2010, Col. El Bosque, C.P. 29049 Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. Conmutador: + 52 (961) 617 23 00. Teléfono: + 52 (961) 616 53 74 ; + 52 (961) 616 53 76 ; + 52 (961) 616 57 24, + 52 (961) 616 34 50 E-mail: raciel.lopez@pgje.chiapas.gob.mx

· Señor Presidente Felipe de Jesús Calderón Hinojosa, Residencia Oficial de los Pinos, Casa Miguel Alemán, Col. San Miguel Chapultepec, C.P. 11850, México DF. Tel.: + 52 5527891100 FAX: + 52 5552772376; + 52 5527891113 E-mail:felipe.calderon@presidencia.gob.mx

  • Licenciado Fernando Francisco Gómez-Mont Urueta, Secretario de Gobernación, Bucareli 99, 1er. piso, Col. Juárez, Delegación Cuauhtémoc, México D.F., C.P. 06600, México, Fax: +52 55 5093 3414 E-mail:secretario@segob.gob.mx
  • Licenciado Mauricio E. Montes de Oca Durán, Unidad para la promoción y defensa de los derechos humanos SEGOB. E-mail: mmontesdeoca@segob.gob.mx

La OCEZ – Región Carranza es una organización campesina que lucha en favor de la propiedad de la tierra de los campesinos en dicha región. La organización había firmado recientemente, un Pacto de Gobernabilidad con el Gobierno de Chiapas y ha estado dialogando con el Sr. Nemesio Ponce Sánchez, Subsecretario General del Gobierno de Chiapas para dar solución a las diferentes demandas sociales, agrarias y legales de los campesinos de la zona.

Ambas organizaciones son consideradas organizaciones guerrilleras por el gobierno del Estado de Chiapas.


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