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México. Tribunal Permanente de los Pueblos: Sobre el asesinato de Bernardo Vásquez.

PRONUNCIAMIENTO ANTE EL ASESINATO DE BERNARDO VÁSQUEZ SÁNCHEZ OPOSITOR AL PROYECTO MINERO DE SAN JOSÉ DEL PROGRESO, OAXACA.

México, D.F. a 16 de marzo de 2012.

A los pueblos de México y el mundo,
A los medios de comunicación,
A las autoridades del Estado de Oaxaca de Juárez,
Al Ejecutivo Federal,

A Bernardo Vázquez Sánchez hace rato que los sicarios de la minera canadiense Fortuna Silver Mines lo andaban buscando para matarlo. ¿Cuántos asesinatos más van a perpetrar para continuar extrayendo el oro de la región e intoxicando mortalmente las aguas del Valle de Ocotlán?

El día de ayer jueves 15 de marzo de 2012 alrededor de las 20:20 hrs, fueron emboscados y atacados a quemarropa con armas de fuego de 9mm los compañeros Bernardo Vásquez Sánchez, quien resultó asesinado después de recibir dos balazos en el pecho, así como su hermano Andrés Vásquez Sánchez quien fue herido de bala en un brazo y la compañera Rosalinda Dionicio, quien también fue herida con dos impactos de bala en la pierna y el hombro; todos ellos miembros de la Coordinadora de Pueblos Unidos del Valle de Ocotlán (COPUVO), cuando se dirigían a bordo de un automóvil hacia su comunidad fueron interceptados en el crucero de Santa Lucía Ocotlán.

Bernardo Vásquez Sánchez, ultimado en los lamentables hechos de esta noche, era uno de los dirigentes de la Coordinadora de Pueblos Unidos del Valle de Ocotlán, quienes desde 2008 han rechazado al proyecto minero comandado por la empresa minera Cuzcatlán filial de la empresa canadiense Fortuna Silver Mines. Dicho proyecto minero se lleva a cabo en flagrante violación de lo establecido en el Convenio 169 de la OIT, que estipula la consulta previa, libre e informada para la realización de proyectos en territorios indígenas.

Antecedentes

En repetidas ocasiones los miembros de la COPUVO denunciaron que la empresa minera estaba financiando a grupos armados en la comunidad con el aval del presidente municipal de San José del Progreso (Alberto Mauro Sánchez). Las autoridades estatales hicieron caso omiso a dichas denuncias, al grado de afirmar que el grupo inconforme solamente buscaba desestabilizar a la comunidad, cuando era todo lo contrario.

Esta terrible agresión es la segunda en lo que va de este año en contra los defensores ambientales de la comunidad de San José del Progreso, Ocotlán. El pasado 18 de enero de 2012 el presidente municipal –ahora prófugo de la justicia- Alberto Mauro Sánchez, acompañado de su hermano, Carlos Sánchez Muñoz y el regidor Gabriel Pérez Ruiz, frente a la policía de este municipio agredieron impunemente, con armas de alto poder y uso exclusivo del ejército (R-15), a pobladores de esa comunidad que en ese momento solicitaban información en torno al intento de la empresa minera Cuzcatlán de pasar una tubería destinada a transportar agua de un pozo profundo, ocasionando la muerte del ciudadano Bernardo Méndez Vásquez, (que en eso entonces los sicarios confundieron con el ahora finado Bernardo Vázquez) así como a Abigaíl Vásquez Sánchez, hermana de Bernardo Vázquez Sánchez.

A lo anterior habría que recordar que el presidente municipal de esta comunidad cuenta con una denuncia ante la PGR por la portación y uso de este tipo de armas de alto poder, en otros conflictos violentos previamente ocurridos en esta comunidad, lo que valdría para que dicho personaje fuese cesado de sus funciones y detenido en una cárcel de alta seguridad.

Después de la agresión de enero las autoridades municipales se dieron a la fuga, razón por la cual las autoridades del Gobierno del Estado de Oaxaca se vieron obligadas a tomar las instalaciones de la presidencia municipal de San José del Progreso. No obstante, el grupo de autoridades criminales regresaron recientemente a la comunidad para con todo cinismo seguir atendiendo como “autoridades municipales” en una casa particular ubicada Av. Carranza No 1 esquina con Reforma, dentro de esta comunidad, sin que las autoridades del estado procedieran a detener a este grupo de asesinos al servicio de la empresa minera canadiense. De ahí que los miembros de la comunidad con plena razón atribuyan este nuevo crimen el edil Mauro Alberto Sánchez y demás integrantes del Cabildo de San José el Progreso, así como a Aarón Pérez y Servando Díaz, sin excluir de la responsabilidad principal al propio Gobierno del Estado de Oaxaca precedido por Gabino Cué, que ha permitido que las cosas lleguen hasta este punto.

Bernardo sabía perfectamente que lo estaban literalmente cazando. Aun así no se dejó intimidar en ningún momento y se mantuvo valientemente peleando, junto con sus compañeros de San José, por la defensa de las tierras, aguas y condiciones generales de vida de su comunidad. El pueblo de San José se encuentra actualmente al borde de un estallido social que podría resultar mucho más costoso. Lo cual ya debe estar bien calculado por esta empresa minera, especializada y capacitada en Perú en la implementación de este tipo de ingeniería y el maquillado de este tipo de conflictos supuestamente presentados como comunitarios.

¿Cuántos muertos más tendremos que esperar para que el gobierno federal termine con su criminal y devastadora política de promoción de la mega minería tóxica canadiense?

Ante estos hechos denunciamos:

· Nuestra exigencia a las autoridades estatales y federales la justicia y castigo a los responsables de la muerte de Bernardo Vásquez Sánchez, asesinado el día 15 de marzo del 2012.

· Nuestra exigencia a las autoridades estatales y federales la justicia y castigo a los responsables de la muerte de Bernardo Méndez Vásquez, asesinado el día 18 de enero del 2012 a casi dos meses de su muerte.

· Protección inmediata a la familia Vásquez Sánchez, quien ha perdido a un hijo y dos más han sido heridos de bala, así como a todos los luchadores sociales de la comunidad.

· Responsabilizamos al presidente municipal de San José del Progreso, Alberto Mauro Sánchez y a la empresa minera Cuzcatlán-Fortuna Silver Mines por los cobardes asesinatos de Bernardo Méndez Vásquez y Bernardo Vásquez Sánchez.

· Responsabilizamos al titular del Gobierno de Estado de Oaxaca, Gabino Cué, por la opacidad e indolencia con la que ha actuado ante el conflicto social de San José del Progreso, traicionando su mandato de velar por los intereses populares y no por los de empresas extranjeras.

· Nuestra exigencia al Gobierno Federal la salida inmediata de la empresa asesina canadiense Fortuna Silver Mines del territorio nacional, que desde su llegada es la causante de los actos violentos en la comunidad de San José del Progreso, que ya ha cobrado dos muertos y al menos tres heridos.

Atentamente,

 Asamblea Nacional de Afectados Ambientales.

http://www.tppmexico.org/

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México: CONGRESO NACIONAL INDÍGENA: Comunicado urgente.

CONGRESO NACIONAL
INDIGENA

(Comunicado urgente, 4 /XI / 2011)

Al Pueblo de México.

A los Pueblos, naciones, tribus, barrios, comunidades, colectivos y
organizaciones indígenas honestas.

A los medios de comunicación.

A la sociedad civil nacional e internacional.

A La Otra Campaña.

A la Comisión Sezta Nacional e Internacional.

Las autoridades, delegados, comisarios, consejeros, principales, delegados y representantes de pueblos, naciones, tribus, comunidades, barrios, organizaciones y colectivos indígenas honestos participantes en el Congreso Nacional Indígena, Adherentes a la VI Declaración de la Selva Lacandona,  manifestamos nuestra solidaridad con las hermanas y hermanos de los pueblos  Ikoot, Binnizá y Afrodescendientes,  integrantes de la Asamblea de los Pueblos Indígenas del Istmo de Tehuantepec en Defensa de la Tierra y el Territorio (APIITDTT), que hoy son víctimas de las peores formas de criminalización de su lucha por parte de los malos gobiernos de Felipe Calderón y Gabino Cue, quienes con su mutismo, complacencia, racismo  condescendencia y malinchismo se muestran cómplices de las empresas transnacionales españolas en la violación directa  de derechos de pueblos y comunidades indígenas del Istmo de Tehuantepec, en el marco de la imposición del denominado megaproyecto Corredor Eólico del Istmo.

En Oaxaca, la criminalización y represión de los movimientos sociales ha venido siendo una constante en los gobiernos de José Murat, Ulises Ruíz y Gabino Cué, permitiendo, propiciando  y solapando la existencia y acción de grupos paramilitares prácticamente en todas las regiones del estado, así lo demuestran los casos de San Juan Copala, San Isidro Aloapan, Yosotatu, Tanetze, Xochiapan, Tuxtepec, Unión Hidalgo, Juchitán y la propia Lu’lá’, ciudad de Oaxaca; en estas localidades la acción de grupos armados y pistoleros al servicio de las empresas transnacionales y cacicazgos coludidos con el gobierno del estado en turno han cobrado vidas de un sinnúmero de activistas y luchadores sociales, en su mayoría indígenas. Con toda esta cauda de impunidad a cuestas, resulta aberrante e inexplicable que la ONU haya  entregado recientemente  reconocimientos por la observancia de Derechos Humanos al gobierno del estado de Oaxaca.

Manifestamos
nuestro  repudio a la violenta represión promovida y ejercida  en  contra de la Asamblea de los Pueblos Indígenas del Istmo de Tehuantepec en Defensa de la Tierra y el Territorio (APIITDTT), por parte de la empresa Desarrollos Eólicos Mexicanos (DEMEX, filial de la española Renovalia Energy), quienes  los pasados 18 y 28  de octubre, acompañados de policías federales y ministeriales agredieron físicamente a compañeras y compañeros de la APIITDTT en los terrenos comunales de Unión Hidalgo y Juchitán, resultando lesionados de dichas acciones represivas, así como el asesinato del C. Reynaldo Ordaz Velázquez, empleado de la empresa DEMEX, originario de la comunidad de La Venta, Agencia Municipal de Juchitán, Oaxaca. Pedimos la investigación de estos hechos descartando la responsabilidad de Rodrigo Flores Peñaloza, en tanto no se encontraba en el lugar de los hechos y puesto que los únicos armados fueron los paramilitares y esquiroles pagados por DEMEX y los policías municipales de La Venta, Oaxaca.

Exigimos
la cancelación inmediata del megaproyecto Corredor Eólico del Istmo, particularmente en los casos de los parajes de Unión Hidalgo (Piedra Larga, Las Palmas, El Llano y Zapotal), así como en el caso del Parque Eólico San Dionisio, que se pretende imponer por la española PRENEAL en la Isla de Pueblo Viejo, ya que en estos dos últimos casos se ha incurrido y se incurre en   la permanente violación de nuestros derechos como pueblos y comunidades indígenas, reconocidos en los Acuerdos de San Andrés, que para nosotros es la máxima Ley de nuestros derechos en México, así como  en el Convenio 169 de la OIT, en la Declaración Universal de los Derechos de los Pueblos Indígenas de la ONU y en la propia Ley de Derechos Indígenas del Estado de Oaxaca.   Las supuestas bondades de la generación de energía limpia, también resultan una falacia pues se han afectado extensiones de montaña baja y manglar en las distintas áreas de la planicie, redundando en pérdidas de acuíferos, soberanía alimentaria y especies en peligro de extinción tanto de aves como de otras especies.

De la misma manera, responsabilizamos directamente a los malosgobiernos, tanto de la federación como del estado de Oaxaca, así como a losgolpeadores y paramilitares contratados por la empresa DEMEX, ante el mutismo y la condescendencia de las autoridades municipales, estatales y federales, por las agresiones y afectaciones físicas y morales que hasta ahora se han dado desde el mes de junio y los pasados 18 y 28 de octubre, así como de las nuevas agresiones  que puedan ser víctimas cualesquier integrante de la Asamblea de Pueblos Indígenas del Istmo de Tehuantepec en Defensa de la Tierra y el Territorio (APIITDTT), en particular exigimos el cese el hostigamiento jurídico, se cancelen las averiguaciones previas y posibles y vigentes  órdenes de aprehensión en contra de las compañeras Maribel González Pedro, Guadalupe Castellanos Ramírez, Lucila Bettina Cruz Velázquez, así como de los compañeros Rodrigo Flores Peñaloza y Juan Regalado Martínez.

Los pueblos y comunidades indígenas en lucha y resistencia por la defensa de nuestras tierras y territorios ¡NO SOMOS DELINCUENTES NI NARCOTRAFICANTES¡, por lo que exigimos se suspendan los patrullajes del ejército y la marina de las comunidades de Xadani, Juchitán, Unión Hidalgo y San Dionisio del Mar, así como de la mayoría de las comunidades y ciudades del istmo de Tehuantepec; al igual que en los casos de Michoacán, Guerrero y Oaxaca, demandamos que regresen los militares y marinos a sus cuarteles; no toleraremos más la presencia de la Marina en nuestros territorios y  nuestras casas amedrentando e intimidando a nuestras familias, esposos, esposas, madres, padres e hijos y responsabilizamos directamente a Felipe Calderón de estas acciones anticonstitucionales y de las consecuencias que de ellas se puedan derivar.

Anticipamos que la actual campaña represiva de los malos gobiernos de Felipe Calderón y Gabino Cue, para lo cual recurren al uso de fuerzas militares, marina, paramilitares, policía municipal y esquiroles de la CTM, en contra de nuestros pueblos y comunidades, para despojarnos de nuestras tierras y territorios,  no nos amedrentan ni intimidan en nuestra decisión de reunirnos los pueblos indígenas de México afectados por las empresas transnacionales, para dialogar  y reflexionar sobre posibles soluciones a esta problemática  en nuestro próximo Taller Nacional a realizarse en territorio del pueblo Ikoot, Istmo de Tehuantepec, los próximos 26 y 27 de noviembre; hacemos extensiva la invitación a los adherentes de La Otra Campaña y a las organizaciones civiles defensoras de Derechos Humanos, para observar y  garantizar un buen resultado de este próximo encuentro.

Exhortamos a la sociedad civil oaxaqueña, a los pueblos, naciones, tribus, comunidades, barrios, organizaciones, colectivos y personas honestas indígenas, que representan a la población mayoritaria del estado de Oaxaca, así como a la Sección XXII del SNTE, a promover el diálogo y la organización  desde abajo a fin de evitar el despojo que los malos gobiernos y las empresas transnacionales quieren realizar de las tierras, territorios y recursos de nuestros pueblos.

¡LA TIERRA, LA
MONTAÑA, LOS BOSQUES, LAS PLAYAS,  EL
AGUA Y EL AIRE NO SE VENDEN, SE AMAN Y SE DEFIENDEN¡

¡¡NUNCA MAS UN
MEXICO SIN NOSOTROS¡¡

Por el Congreso Nacional Indígena:

Pueblo Wixárika: Autoridades agrarias y comunitarias de Bancos de San Hipólito, Santa
Catarina Tuapurie y San Andrés Cohamiata, San Sebastián Teponahuastlán
(Jalisco, Zacatecas y Durango); Consejo Regional Wixárika en defensa de
Wirikuta.

 

Tribu Yaqui: Autoridades y gobernadores tradicionales de los ocho pueblos de la
Tribu Yaqui, Sonora, en Resistencia contra el Acueducto ‘Independencia’.

Pueblo Purhépecha: Comunidad Indígena Purhepecha de Cherán;

 Autoridades comunitarias de
Nurío, Michoacán.

 

Pueblo Ikoot: Autoridades Municipales y agrarias de San Mateo del Mar;

Asamblea de Comuneros de Xacambaj, Pueblo Viejo, San Dionisio del Mar,
Oaxaca.

 

Pueblo Nahua: Concejo de Autoridades comunales Autónomas de Ostula, Coire y
Pomaro, de la costa de Michoacán.

Comunidad Indígena de Tuxpan, Jalisco.

Comisariado del Ejido Indígena de Ayotitlán, Mpio. De Cuautitlán, Jalisco.

Consejo de Mayores, Autoridades tradicionales de Ayotitlán, Sierra de
Manantlán, Jalisco.

Comuneros de Milpa Alta, D.F.
en resistencia contra el Arco Sur.

Colectivo Ce-Acatl, D.F.

Pueblo Ñhomdäh: Comunidad de Xochistlahuaca y Radio Comunitaria ‘La palabra del
agua’, Guerrero.

Pueblo Ñhañhu: Comuneros y colectivo cultural y Radio Comunitaria  de San Pedro Atlapulco, Estado de México.

Pueblo Me’pha: Consejo Regional de Autoridades Comunitarias/Policía Comunitaria de
Tlapa, Paraje Montero  y San Luis
Acatlán, Guerrero.

Pueblo Coca: Comunidad Indígena de Mezcala Jalisco.

 Pueblo Ñhu Sabi y Binnizá:
 ConsejoIndígena Popular de Oaxaca- Ricardo Flores Magón (CIPO-RFM), Oaxaca, Colectivo

el Cortamortaja y Radio Arco Iris, Jalapa del Marqués, Oaxaca.

Pueblo Tsotsil y Tseltal:

Plantón defamiliares de presos políticos en Huelga de Hambre por su Libertad, Plaza de laPaz, Catedral de San Cristóbal de las Casas, Chiapas.

Acompañantes:

Asociación Jalisciense de Apoyo
a Grupos Indígenas (AJAGI, A.C.)

Unidad de Apoyo a Comunidades Indígenas (UACI), Universidad de
Guadalajara.

Asesoría Agraria, A.C.

In Oaxaca, México, a struggle against wind energy companies from Spain.

To the peoples of Oaxaca
To the peoples of México
To the peoples of the world

The voracity and greed of the rich have no limits, and the rich don’t hesitate to spill the blood of campesinos and workers in order to impose their interests. The rebellions against capitalist greed are now spreading throughout the whole world, from Egypt to Chile, and from Greece to the United States, where people are now joining forces with the long, ancestral resistance of the original peoples against colonialist capitalist invaders. Yesterday, October 28, 2011, in Oaxaca, México, the struggle against transnational wind energy companies on the Isthmus of Tehuantepec resulted in the loss of yet another life and in wounds inflicted on 20 people. In some cases, the wounds were very serious.

Yesterday, October 28, 2011 there was a confrontation on the Pan American Highway just outside the La Venta Community in Juchitán, Oaxaca, when a group of thugs and policemen commanded by the La Venta municipal agent Ventura Ordaz Santiago, tried to violently clear a roadblock set up by campesinos opposed to the wind energy project in an effort to prevent the extraction of materials from their land that would be used for the construction of more wind energy parks in the region. The comrades tried to defend themselves from this attack, and in the confusion one of the aggressors was killed and twenty campesinos opposed to the wind energy project were badly wounded. The attack occurred seven days after the campesinos opposed to the project received death threats that were documented by Amnesty International and a few hours after professor Rodrigo Flores Peñaloza, in the city of Oaxaca, publicly denounced the imminent aggression against his comrades. The Gabino Cue State Government of Oaxaca did absolutely nothing to prevent the attack despite repeated denunciations.

The local press and state government officials are now maintaining a suspicious, hermetic silence regarding the events, at the same time that gunmen on the Isthmus of Tehuantepec hunt down the campesino comrades that they hold responsible for the death of the citizen killed yesterday in a quest for vengeance.

In the face of the complicit silence of the Gabino Cue Monteagudo state government, which has already resulted in one death and could unleash even greater violence, we denounce these acts before the men and women of the world, human rights organizations, and social organizations in resistance that are struggling for a better world.

Moreover, we denounce the fact that these acts on the Isthmus are part of the strategy of the Gabino Cue government to set social movements against each other, allow their conflicts to fester, and incite violence between peoples. The aim is to make the plunder of transnational corporations against the indigenous peoples of Oaxaca seem like inter-community conflicts. This has occurred in San Juan Cópala, the Isthmus of Tehuantepec, and is now the government strategy in San Miguel Chimalapa.

We hold these large Spanish companies directly responsible; DEMEX (RENOVALIA), GES SCADA, GAMESA, CIISA.

We also hold the individuals who headed the violent evacuation directly responsible: Pedro Santiago Rasgado, henchman of Ulises Ruiz Ortiz and Ventura Ordaz Santiago, municipal agent of La Venta, Juchitán.

We hold Oaxaca state Governor Gabino Cue Monteagudo and his Secretary of the Interior Jesús Martínez Álvarez responsible for their perverse policy of setting social movements and organizations against each other and instigating fratricidal war between brothers and sisters, indigenous peoples, and poor people, while granting full guarantees and concessions to transnational corporations and rich people in general for their businesses.

We firmly demand the clarification of the events that occurred on the Pan American Highway yesterday, October 28, 2011, and express our confidence in the innocence of our campesino comrades opposed to the wind energy project.

PUNISHMENT FOR ALL GUILTY PARTIES!
NO TO THE TRANSNATIONAL WIND PROJECT!
PUNISHMENT FOR THE KILLER ULISES RUIZ ORTIZ!
JUSTICE FOR OAXACA!

Assembly of the Indigenous Peoples of the Isthmus in Defense of the Land and Territory
VOCAL, Oaxacan Voices Constructing Autonomy and Freedom

Oaxaca de Magon, City of Resistance, October 29, 2011

http://elenemigocomun.net

Suicidio gubernamental desconocer la asamblea en Oaxaca y desproteger su maíz nativo.

OAXACA VIVE un momento terrible de su historia. Tras la prolongada represión emprendida por Ulises Ruiz, tras la batalla por la dignidad en Oaxaca que protagonizó el pueblo oaxaqueño rural y urbano sin distinción de identidades, tras la persecución que desató el susodicho gobernador, tras la vasta descomposición que dejó en diversas regiones de la entidad (nomás miren San Juan Copala o San José del Progreso ahora), resulta que el gobierno de Gabino Cué —gobernador en quien tanta gente puso esperanzas— ha emprendido una de las más funestas y radicales reformas legislativas en la historia de la entidad.

Por una parte, siguiendo la reverberación de otras leyes que dicen defender el maíz, como la de Tlaxcala y Michoacán, Oaxaca salen con una “Ley de Sustentabilidad de los Maíces Nativos del Estado de Oaxaca”, impulsada por una diputada del PRI y con la “Ley de Fomento y Protección del Maíz Criollo como Patrimonio Alimentario del Estado de Oaxaca” impulsada por una diputada del PAN, a propuesta de la Fundación para el Desarrollo Social Coatlicue, AC que, como afirma un buen número de organizaciones sociales, indígenas y de la sociedad civil, “agreden la inteligencia de la población oaxaqueña, por ignorar la lucha de resistencia contra la siembra de maíces transgénicos que se inició después de que en el año 2001 se descubriera la contaminación por transgénicos en los maíces nativos de la Sierra Juárez, los Valles Centrales y el Istmo” y por si fuera poco “no protegen nuestro maíz nativo. Al contrario, están facilitando su saqueo por empresas transnacionales que tratan de dominar la producción alimentaria del planeta”.

De aprobarse, cualquiera de ellas vulneraría “de manera desvergonzada los derechos de nuestros pueblos y comunidades indígenas y campesinas a su libre determinación y soberanía alimentaria”.

Tales iniciativas “le otorgan certeza jurídica sólo para productores registrados”, término que excluye a los campesinos indígenas que producen sus propios alimentos. “Las iniciativas están orientadas a localidades con producción intensiva, dedicadas a la utilización de fertilizantes, herbicidas y pesticidas, que favorecen a la agroindustria y a productores de alto rendimiento”. Aspectos graves son el establecimiento de “fronteras agrícolas” que “limitarán las zonas de cultivo de campesinos de montaña”, lo que busca promover seudo programas de conservación que impiden “la agricultura sustentable y la milpa tradicional”; el impulso a la “creación de un organismo central que tendrá el control sobre todas las actividades que tengan relación con el maíz y lo establecen como el enlace único entre el Estado y los productores, excluyendo a los campesinos y quitándoles la capacidad de decidir sobre cualquier asunto que tenga que ver con sus semillas”, y el hecho de “obligar a los campesinos a facilitar sus semillas y sus conocimientos a ‘mejoradores’ a través de bancos de germoplasma. Esto abrirá el acceso a nuestras semillas a empresas transnacionales que esperan patentar las cualidades del maíz creadas con el trabajo milenario de convivencia, selección y adaptación de nuestros antepasados”. Por si fuera poco, al igual que con la ley de Tlaxcala, no se prohibe expresamente ni la siembra ni el almacenamiento, sino que se legaliza que las cabeceras municipales tomen decisiones al respecto, lo que de facto “ignora la institucionalidad comunitaria indígena y campesina, como las asambleas y la figura del comisariado de bienes comunales y/o ejidales”.

Mas toda la estructura del estado de Oaxaca es atacada. El paquete de reformas constitucionales es algo que, según sus autores, “fortalece la relación entre los poderes, la cultura de la legalidad, los órganos autónomos, la participación ciudadana y la autonomía del Poder Judicial”, pero en los hechos es un ataque frontal a los pueblos indios porque “da marcha atrás a las conquistas de la década anterior e intenta desmantelar su régimen de gobierno y socavar su autonomía. En particular, el apartado C del artículo 25 desconoce a la asamblea, órgano supremo de gobierno en cuatro de cada cinco municipios de Oaxaca, y la despoja de todo su poder de decisión. En un intento de justificar esta exclusión, se ha asimilado la asamblea al cabildo abierto, cuando se trata de dos espacios y figuras enteramente distintos”.

Como las leyes del maíz, las reformas constitucionales de Oaxaca son tramposas en su conjunto: por un lado relegan todo lo referente con la equidad de género, y por otro dicen introducir “instrumentos de la democracia participativa propuestas por la sociedad civil como el referéndum, el plebiscito y la revocación de mandato, pero lo hace en términos demagógicos y engañosos. Crea inmensos obstáculos para su aplicación, por ejemplo al exigir 20 por ciento del padrón electoral para solicitar referéndum o plebiscito —diez veces más de lo que establece como requisito la reforma equivalente a nivel federal que acaba de aprobarse—, o al plantear procedimientos tan complejos para la revocación del mandato que podrían dilatar tanto como lo que dura el mandato que pretende revocarse. En vez de facilitar la participación ciudadana se le burocratiza, subordinando la gestión autónoma a órganos controlados por los partidos”.

Cué la tiene difícil. Son innumerables (muchas más de cien) las organizaciones que ya publicaron un manifiesto para protestar contra estas reformas, conocido como Para hacernos valer, del 11 de mayo. Muchí simas de éstas coinciden también en el pronunciamiento contra las leyes de supuesta defensa del maíz conocido comoPronunciamiento a todos los pueblos y comunidades de Oaxaca, México y América Latina que siembran y comen maíz, de agosto de este año. Conforme las adhesiones aumentan, el anuncio de una nueva coyuntura de articulación y cohesión en Oaxaca se vuelve más factible y más cercana.

Ramón Vera Herrera

http://www.jornada.unam.mx/2011/09/10/oja173-asamblea.html

Comunicado: Comité por la Defensa y Justicia para el Municipio Autónomo de San Juan Copala.

Al pueblo explotado de México y el mundo:
A la Otra Campaña Nacional e Internacional:
A las Organizaciones solidarias con la lucha Triqui:
A todos los Organismos de derechos Humanos independientes:

Octubre, 2010

La autonomía en la región triqui se declara formalmente en el año de 2007, con el consenso de 10 comunidades; estableciéndola en el centro ceremonial de San Juan Copala, Oaxaca. La historia del pueblo triqui nos habla de más de 500 años de resistencia a la conquista e intervención de múltiples entes políticos, a través de la colonización interna y externa del sistema capitalista para generar violencia entre las comunidades triquis.

Antes surgieron múltiples intentos entre los triquis para establecer la paz en la región y así enfrentar la guerra colonizadora capitalista. Se creó el CLUB en los 70´s y el MULT en los 80´s, este comienza a tener una política diferente en el año del 2003 con la conformación del Partido unidad Popular, el cual se quiso imponer a la postura de no a los partidos políticos, por lo cual varios fundadores del MULT conforman el Movimiento de Unificación y Lucha Triqui Independiente (MULTI), el cual después de un acuerdo con la población triqui da paso a la formación del Municipio autónomo de San Juan Copala.
El Municipio Autónomo logra detener la violencia en la región y frenar los asesinatos por un tiempo, por eso la autonomía fue generando la simpatía entre los triquis. En noviembre del 2009 el Estado intensifica la represión por medio de un cerco paramilitar, operado por las dirigencias de MULT-PUP y UBISORT (se impide el paso a una caravana del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra de Atenco), lo que coincide además con la aparición de los procesos electorales para renovar alcaldías en octubre de ese año. Luego de cerca de 30 asesinatos desde el 2008 a la fecha en San Juan Copala, el Municipio Autónomo fue desalojado por más de 500 hombres armados apoyados por la policía estatal y municipal, el 13 de septiembre del 2010, destruyendo, quemando y robando las casas.
Por estos hechos la Comisión interamericana de Derechos Humanos (CIDH) “… solicitó al Estado mexicano establecer medidas cautelares en favor de 135 triquis del municipio autónomo de San Juan Copala –todas y todos ellos desalojados- ante las agresiones de grupos paramilitares” (La Jornada, 10 de octubre). Pero el 16 de octubre fueron emboscados triquis desplazados de la comunidad, siendo asesinadas dos personas, y dos más resultaron gravemente heridas, pese a las medidas cautelares.
Desde que surgió el Municipio Autónomo de San Juan Copala la estrategia de lucha ha sido pacifica y la orientación era hacer una lucha sin responder con violencia a la violencia.
El asesinato del dirigente del MULT, Heriberto Pazos, responde a la política represiva del Estado y de intereses políticos para seguir explotando, reprimiendo, colonizando. Después de atacar a la Autonomía, ahora quieren exterminar todo vestigio de la lucha triqui, atacando en su mayoría a esta comunidad, sin importar su afiliación o postura política, teniendo más justificaciones para seguir reprimiendo al Municipio Autónomo.

No olvidamos los asesinatos de Teresa Bautista, Felicitas Martínez, Héctor Antonio Ramírez, Elías Fernández de Jesús, José Celestino Hernández, Beatriz Alberta Cariño, Jiry Jaakkola, Timoteo Alejandro Ramírez (siendo este el líder moral de la comunidad triqui en el municipio), Tleriberta Castro, Antonio Ramírez, Antonio Cruz, Rigoberto González, Pedro Santos, David García, Paulino Ramírez, Serafín Ubaldo Zurita, Teresa Ramírez, ocurridos desde la fundación del Municipio Autónomo a la fecha.

Ninguno de ellos mereció la atención del Estado para asignarles guardias, ni siquiera un pronunciamiento del Gobernador, tanto del saliente (el asesino Ulises Ruiz) como del que está por asumir el cargo (Gabino Cué).

Hacemos responsable al Estado por no haber impedido la masacre en Copala y de haber asesinado a un dirigente del MULT, ya que solo alguien con los recursos suficientes pudo haber burlado la seguridad de Heriberto Pazos quien en vida conformó el Partido de Unidad Popular (PUP), el cual fue participe en algunas alianzas con el PRI y con cierto vinculo al PAN, y que en declaraciones se opuso al proyecto de autonomía.

Nos pronunciamos en contra de que ese asesinato de Estado, sea el pretexto de las autoridades y los paramilitares para seguir masacrando, hostigando y amenazando a los simpatizantes del municipio autónomo en las comunidades, los que se encuentran en los plantones de la ciudad de Oaxaca y en la de México, DF.

Exigimos que las medidas cautelares se hagan extensivas a las familias del municipio autónomo que no son contempladas y el cumplimiento de las mismas.

¡Justicia para San Juan Copala!
¡No a la impunidad, castigo a los culpables materiales e intelectuales de los asesinatos!
¡Respeto al Municipio Autónomo de San Juan Copala!

Comité por la Defensa y Justicia para el Municipio Autónomo de San Juan Copala


@twewwter

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