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Wirikuta fest.

 

Oaxaca. Posicionamiento de organizaciones oaxaqueñas sobre Ley de protección al maíz.

Diez años después de que se denunció la contaminación transgénica en los maíces nativos de Oaxaca, ahora se presentan ante el Congreso del Estado dos propuestas de ley que pretenden proteger al alimento básico de la población Oaxaqueña. Lamentablemente las propuestas de “Ley de Sustentabilidad de los Maíces Nativos del Estado de Oaxaca” impulsada por la Dip. Carolina Aparicio Sánchez (PRI) y la “Ley de Fomento y Protección del Maíz Criollo como Patrimonio Alimentario del Estado de Oaxaca“ impulsada por la Dip. Marlene Aldeco Reyes Retana (PAN), a propuesta de la Lic. Maricela Silva de la Fundación para el Desarrollo Social Coatlicue, A.C., no protegen nuestro maíz nativo. Al contrario, están facilitando su saqueo por empresas transnacionales que tratan de dominar la producción alimentaria del planeta.

Estas dos iniciativas de ley agreden la inteligencia de la población oaxaqueña, por ignorar la lucha de resistencia contra la siembra de maíces transgénicos que se inició después de que en el año 2001 se descubriera la contaminación por transgénicos en los maíces nativos de la Sierra Juárez, los Valles Centrales y el Istmo. Nuestra lucha también fue ignorada por el legislativo federal al aprobarse en 2005 la Ley de Bioseguridad y Organismos Genéticamente Modificados beneficiando a empresas transnacionales como Monsanto. A pesar de que esa ley contiene un Régimen de Protección Especial del Maíz, a partir del año 2009 el Presidente Felipe Calderón empezó a otorgar permisos para siembras de maíces transgénicos en México, incrementándose la posibilidad de contaminación a las semillas de la región de origen del maíz.

Las organizaciones suscritas denunciamos las propuestas impulsadas por los Partidos de Acción Nacional (PAN) y el Partido Revolucionario Institucional (PRI) por vulnerar de manera desvergonzada los derechos de nuestros pueblos y comunidades indígenas y campesinas a su libre determinación y soberanía alimentaria.

La iniciativa del PAN es una copia de las leyes de Tlaxcala y Michoacán ya bastante criticadas a nivel nacional por organizaciones con prestigio en la defensa del maíz. La propuesta del PRI revela su desconocimiento total de la realidad en el campo Oaxaqueño, pues ignora la política neoliberal asumida desde hace 30 años por su partido, a la que el PAN simplemente ha dado continuidad destruyendo sistemáticamente la soberanía alimentaria de los campesinos mexicanos a través del Tratado de Libre Comercio, que llevó a la abolición de subsidios a la producción del campo y consecuentemente a la importación de maíz de los Estados Unidos.

Ambas iniciativas de ley otorgan certeza jurídica solo a productores registrados, término que excluye a los campesinos indígenas que producen para autoconsumo, quienes siguen siendo la mayoría en el estado a pesar de las políticas públicas establecidas en su contra. Las iniciativas están orientadas a localidades con producción intensiva, dedicadas a la utilización de fertilizantes, herbicidas y pesticidas, que favorecen a la agroindustria y a productores de alto rendimiento.

Buscan el establecimiento de “fronteras agrícolas”, que limitarán las zonas de cultivo de campesinos de montaña. Esta disposición va de la mano con los programas de conservación que el gobierno está impulsando en toda la República Mexicana que impiden la agricultura sostenible y ecológica en la milpa tradicional.

Ambas propuestas de ley prevén la creación de un organismo central que tendrá el control sobre todas las actividades que tengan relación con el maíz y lo establecen como el enlace único entre el estado y los productores, excluyendo a los campesinos y quitándoles la capacidad de decidir sobre cualquier asunto que tenga que ver con sus semillas. Fomentan también la creación de un padrón de productores que serán los únicos beneficiarios de los apoyos y programas productivos.

Obligan a los campesinos a facilitar sus semillas y sus conocimientos a “mejoradores” a través de bancos de germoplasma. Esto abrirá el acceso a nuestras semillas a empresas transnacionales que esperan patentar las cualidades del maíz creadas con el trabajo milenario de convivencia, selección y adaptación de nuestros antepasados.

Al igual que las leyes de maíz recientemente aprobados en Tlaxcala y Michoacán, las propuestas para Oaxaca no prohíben la siembra o el almacenamiento de transgénicos. En lugar  de prohibirlos, instrumentan y legalizan la entrada de transgénicos con el respaldo de la Ley federal de Bioseguridad y Organismos Genéticamente Modificados (“Ley Monsanto”). Además fomentan el conflicto existente entre las cabeceras municipales y sus agencias al aludir únicamente a las autoridades municipales en la toma de decisiones. Se ignora la institucionalidad comunitaria indígena y campesina, como la asamblea y la figura del comisariado de bienes comunales y/o ejidales.

Denunciamos la actuación del poder legislativo a nivel federal y estatal que  de manera clandestina, y sin obtener el consentimiento previo, libre e informado de las comunidades indígenas y rurales presentan iniciativas de leyes que no retoman las necesidades reales de éstas; por el contrario, instrumentan mecanismos que violentan sus derechos fundamentales  reconocidos en instrumentos internacionales como el Convenio 169 de la Organización Internacional de Trabajo y la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas y que, de acuerdo a la reciente reforma a la Constitución Federal en materia de Derechos Humanos, debe ser tomado en cuenta como si fuera disposición constitucional.

Además exigimos al gobierno del Lic. Gabino Cué Monteagudo que se revisen los programas fuertemente dependientes de agroquímicos como “Maíz para Todos” y en su lugar se diseñen apoyos que promuevan la siembra de maíces nativos y el uso de técnicas agroecológicas que no contribuyen al calentamiento global.

Finalmente demandamos que la Secretaría de Asuntos Indígenas se involucre en el proceso de legislación sobre el maíz que afecta tanto la cultura y la vida de los pueblos indígenas del Estado de Oaxaca.

¡No más simulaciones de protección de derechos que terminan siendo agresiones para los pueblos del maíz!

En defensa de la soberanía alimentaria y la libre determinación de los pueblos indígenas.

INSTANCIAS QUE SUSCRIBEN EL PRESENTE DOCUMENTO

Por parte del Colectivo Oaxaqueño en Defensa de los Territorios: Unión de Organizaciones de la Sierra Juárez de Oaxaca (UNOSJO S.C.); Servicios del Pueblo Mixe (SERMIXE A.C.); Servicios para una Educación Alternativa (EDUCA A.C.); Centro de Derechos Indígenas Flor y Canto A.C.; Centro Regional de Derechos Humanos Bartolomé Carrasco Briseño (BARCA A.C.); Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez A.C.

Por parte de las Organizaciones civiles de Oaxaca: Iniciativas para el Desarrollo de la Mujer Oaxaqueña AC (IDEMO); Organización de Agricultores Biológicos (ORAB A.C.); Asamblea Mixe para el Desarrollo Sostenible (ASAM-DES. A.C.); Centro de Estudios de la Región Cuicateca (CEREC); Nashwin, Biología y Cultura de Oaxaca; Centro de Desarrollo Comunitario Centéotl A. C.; Comité de Defensa Integral de Derechos Humanos Gobixha A.C. (CODIGO DH); Tequio Jurídico A. C.; Enlace de Pueblos y Organizaciones Costeñas Autónomas, (EPOCA, A.C.); Centro de Apoyo al Movimiento Popular Oaxaqueño (CAMPO A.C.); Grupo de teatro comunitario Shi’bdao, puesta en escena “La Diosa del Maíz”; Alianza Cívica Pinotepa Nacional, A.C.; ENLACE, Comunicación y Capacitación A.C.; Centro de Apoyo para la Educación y Creatividad Calpulli A.C.; Ecosta Yutu Cuii A.C.; Espiral por la Vida A.C.; MAIZ-MIXTECA (Movimiento Agrario Indígena Zapatista); La Ventana, Investigación y Divulgación Científica para el desarrollo Regional A.C.; Consorcio para el Dialogo Parlamentario y la Equidad Oaxaca A.C.; Ojo de Agua Comunicación;

Unión de Comunidades Cafetaleras del sector Rincón de Ixtlán de Juárez (UCC), integrado por las comunidades: Santa Cruz Yagavila, San Juan Yagila, Santiago Teotlasco, Santa María Soogochí, San Juan Tepanzacoalco, San Pedro Yaneri, Comunidad de Capulalpam de Méndez, Oaxaca.

Por parte de Organizaciones Nacionales: Centro de Estudios para el Cambio en el Campo Mexicano (CECCAM); Centro Nacional de Ayuda a las Misiones Indígenas, A. C. (CENAMI); Investigación y Acción Biocultural, Anima Mundi, A.C.; Consultoría Técnica Comunitaria A.C. Chihuahua, México; Alianza Sierra Madre A.C.; Colectivo Hoja verde, México D.F.; Red Tuxtleca de Maíz Nativo, Parroquia de la Sagrada Familia, Bowerasa A.C.

http://proyectoambulante.wordpress.com

Campaña Nacional contra la Desaparición Forzada.

México 23 de diciembre del 2010

Sr. Felipe Calderón Hinojosa

Presidente de la República

Presente

Como es de su conocimiento, este 23 de diciembre entrará en vigor la Convención Internacional para la Protección de todas las personas contra las Desapariciones  Forzadas, la cual ha sido firmada y ratificada por nuestro país.

Sin embargo, el Gobierno Mexicano no ha reconocido la competencia del Comité Contra la Desaparición Forzada, órgano encargado de revisar el cumplimiento de la Convención y de recibir las peticiones de personas desaparecidas, entre otras facultades, contraviniendo con este hecho el verdadero espíritu de defensa de los derechos humanos establecido en la Convención.

Por ello, organizaciones de derechos humanos, sociales y de familiares de víctimas de desaparición forzada, preocupadas por las limitaciones a la verdad, la justicia y la lucha contra la impunidad que esta negativa implica, hacemos un llamado urgente a su gobierno para que, en virtud de su activa participación en la redacción de esta convención:

1.- Realice de manera inmediata todas las acciones necesarias para reconocer la competencia del Comité contra la desaparición forzada.

2.- En caso de que su gobierno presente candidatos para formar parte del Comité Contra la desaparición Forzada, se haga tras un proceso de consulta y diálogo con las organizaciones de familiares de desaparecidos y organizaciones de derechos humanos, de manera que el proceso de elección sea lo más transparente posible.

Considerando que la Convención sólo podrá ser un instrumento útil  para las víctimas de desaparición forzada, familiares y organizaciones de derechos humanos una vez que la competencia del Comité sea reconocida, apelamos al compromiso por el respeto a los derechos humanos que su gobierno enuncia para que esta Convención sea adoptada de manera integral lo antes posible.

Para efecto de cualquier comunicación ponemos a sus ordenes el correo: desaparecidos.presentacion@gmail.com

 

ATENTAMENTE

Federación Latinoamericana de Asociaciones de Familiares de Detenidos Desaparecidos (FEDEFAM), Comité Monseñor Romero, Comité Cerezo México, Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos “Hasta Encontrarlos”, Nacidos en la Tempestad A.C,Organización de Pueblos Indígenas Zapotecos A.C, Izquierda Democrática Popular, Centro de Defensoria en Derechos Humaanos IIN NTUSU, Asociación de Familiares de Detenidos Desaparecidos y Víctimas de Violaciones a los  Derechos Humanos (AFADEM), El Centro de Pastoral Obrera de Cd. Juárez AC, Fundación Diego Lucero A.C,Centro de Estudios y Taller Laboral AC, Frontera con Justicia A.C, Amig@s de Mumia de México, Frente Nacional de Lucha por el Socialismo, Red 19 de octubre, Grupo de Mujeres de San Cristóbal de las Casas A.C, Colectivo de Jóvenes por la Democracia y la Equidad de Género, Frente Estatal Contra la Represión(FECR-Sonora), Corriente Sindical Independiente,  Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo AC (Cepad), Red Magisterial Popular Chiapas-México, COCYP Chiapas-México, Frente Popular “Ricardo Flores Magón” Chiapas-México,  Colectivo Para Todos Todo (España), Servicios y Asesoría para la Paz,  Frente del Pueblo en la Otra Campaña, Komite Internazionalistak, (País Vasco) Movimiento Migrante Mesoamericano, Unión Campesina Indígena Popular Cuauhtémoc AC, Consejo Nacional Ciudadano (CONALCI), Movimiento Sueco por la Reconciliación, Taller de Desarrollo Comunitario, Comité de Familiares y Amigos de Secuestrados, Desaparecidos y Asesinados en Guerrero, Fundación Mundubat,(España) Comisión Ciudadana de Derechos Humanos del Noroeste AC, Centro de Investigación y Solidaridad Obrera A.C, Ciencia y Comunidad A.C, Asociación Esperanza Contra la Desaparición Forzada y la Impunidad AC, Unión de Ciudadanos Heberto Castillo A.C, Comité de Derechos Humanos de las Huastecas y Sierra Oriental ( CODHHSO), Comité 68, Grupo Tacuba, A.C, Asociación Ciudadana Contra la Impunidad A.C, Red de Defensa de los Derechos Humanos (REDDH), Alianza Mujer Azteca, Red Solidaria Década Contra la Impunidad, Frente Estudiantil Revolucionario, Joven Guardia Revolucionaria, Plataforma de Solidaridad con Chiapas de Madrid, (España) Centro Social y Comunitario La Toma, Red Itinerante por el Ejercicio Pleno de Nuestra Sexualidad, Grupo de Tecnología Alternativa SC, Acción Urgente para Defensores de los  Derechos Humanos A.C., Resistencia Civil Pacífica en NL, Gilberto López y Rivas, Enrique González Ruiz, Marylena Bustamante Ortíz, Gloria Angélica Fernández Vélez, Raúl A. Rubio Cano, Álvaro Albarrán González, Gladys López Hernández, Carmen Huerta Crespo, Alma Clarisa Rico Díaz, Rodolfo Trujillo Fritz, Ma. de Lourdes González, Gerardo López Amaro, Judith Arteaga Romero, Federico Reyes Grande, Carlota Guzmán de la Garza, Graciela Salazar Reyna, Luis Manuel Rodríguez Sánchez, Horacio Cervantes Martínez, Daniel Morales Ramírez, Alicia Dorantes Camacho, Alejandra Cárdenas Santana, Ángel Tamariz Sánchez, Emmanuel González-Ortega, Raquel García Palacín, Daniela Velázquez Ramírez, Hugo Herrera, Olivia Domínguez Prieto, Silvia González Quintero, Margarita Favela Gavia, Gloria Yolanda Oropeza Guzmán, Lylia Palacios Hernández, Diana López Santiago, Darrin Wood, Marlene Mar Santamaría, Mónica Soto Elízaga, Feliciano Hernández González, Carolina Oropeza, Evangelina Cortés Lara, Héctor Camero Haro, Lena García Feijoo, Fernando Matamoros Ponce, Victória Grabois, Gerardo González, Irene Montes de Oca, Teresa Chávez Pacheco, María Luisa Moncayo,José Alejandro Zamudio Rosales, Sara Rosenberg, Itzel González Romero, Ana María Dubaniewicz, María de Jesús Herrera López, Patricia de Oteyza, Jorge Luis Suárez Essport,Yunuen Madrigal, Jaime Hervella, Lucero Mendizábal, Guadalupe Licibeth Gutiérrez, Mauricio Schoijet,Sergio Romero Romero, José Antulio Fernandez Maldonado,  Gloria Analco, Arturo Gamiz García, Verónica Oikión Solano, Núria Morelló Calafell, Ana María Rita Merlo, Maricruz Flores Martínez.

 

Cc: Secretaria de Gobernación, Unidad para la  promoción y defensa de los derechos Humanos Segob, Comisión Nacional de Derechos Humanos, Secretaria  de Relaciones exteriores, Presidente de la Mesa Directiva del Senado de la República, Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados,  Comisión de Derechos Humanos del Senado, Oficina en México del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Grupo de Trabajo sobre Desapariciones forzadas o Involuntarias de la ONU.

DENUNCIA POPULAR ANTE LA PROFEPA EN CONTRA DE LOS PERMISOS A LA SIEMBRA DE MAÍZ TRANSGÉNICO EN MÉXICO

DENUNCIA POPULAR ANTE LA PROFEPA EN CONTRA DE LOS PERMISOS A LA SIEMBRA DE MAÍZ TRANSGÉNICO EN MÉXICO

El gobierno federal pone el centro mundial de origen y diversidad del maíz en una situación de contingencia ambiental y peligro inminente

Un colectivo de científicos y organizaciones civiles presentaron esta mañana una Denuncia Popular ante la Profepa (Procuraduría Federal de Protección al Ambiente) contra los permisos de siembra experimental de maíz transgénico, basados en los dictámenes de bioseguridad vinculantes emitidos por la Semarnat y los permisos autorizados por la Secretaría de Salud, firmada por Grupo de Estudios Ambientales, Unión de Científicos Comprometidos con la Sociedad, Greenpeace México, Centro de Investigación y Capacitación Rural, Semillas de Vida, Asociación Nacional de Empresas Comercializadoras de Productores del Campo, El Poder del Consumidor, así como Elena Álvarez-Buylla, Eckart Boege, Antonio Turrent, Álvaro Salgado, Elena Lazos, Alejandro Nadal, Carlos Ávila Bello, Rodrigo Gutiérrez, Cristina Barros, Marco Buenrostro y Mayra Carrillo. Se trata de un proceso abierto en el que otras organizaciones y personas ya han manifestado su interés por sumarse o presentar la denuncia directamente a la Profepa.

Con las regulaciones en bioseguridad de Organismos Genéticamente Modificados (OGM) impuestas por el gobierno mexicano y los 24 permisos recién autorizados para que las corporaciones Monsanto, Dow Agroscience y Phi México inicien la siembra experimental de maíz transgénico en Sonora, Sinaloa, Chihuahua y Tamaulipas, México como centro de origen y diversificación continua del maíz se encuentra en una situación de total vulnerabilidad para proteger tan importante planta en la vida del pueblo mexicano y para la alimentación mundial.

La lucha por un verdadero régimen de protección para el maíz que prohíba la siembra de maíz transgénico y su entrada al país, se ha dado desde diversos espacios y ámbitos. Centenares de comunidades, organizaciones campesinas e indígenas, sociales y civiles, científicos independientes y cientos de miles de ciudadanos han manifestado de múltiples maneras su rechazo al maíz transgénico, a lo largo de la última década.

“Como parte de este proceso y con fundamento en los Artículos 8 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 189 y siguientes de la Ley General del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente; 118, 119 y 134 del Reglamento Interior de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, entre otros, hoy presentamos la Denuncia Popular en contra de los actos de las autoridades que señalamos como responsables: las secretarías de Agricultura, de Medio Ambiente y de Salud han cometido actos violatorios de la normatividad en materia ambiental, de bioseguridad y de vida silvestre, entre otros, afectando cuestiones de orden público e interés social”, explican los denunciantes en el texto entregado a la Profepa.

“Aportamos las pruebas científicas que evidencian la situación de riesgo o amenaza de contingencia ambiental que implica la siembra de maíz transgénico en México, poniendo en peligro inminente la integridad de varios ecosistemas y agroecosistemas y su biodiversidad, en particular de las razas y variedades de maíz y sus parientes silvestres. Las autoridades están propiciando daños ambientales irreversibles, violan el Principio de Precaución contenido en diversos tratados internacionales firmados por el gobierno mexicano, así como varios derechos y garantías individuales y colectivos del pueblo de México y, en particular, de los pueblos campesinos e indígenas y agricultores”, dijo Alma Piñeyro del Instituto de Ecología de la UNAM y de la Unión de Científicos Comprometidos con la Sociedad (UCCS).

También denunciaron la simulación de “bioseguridad” que intentan impulsar a través de las zonas restringidas para la siembra de maíz transgénico previstas en la Ley de Bioseguirdad (Zonas Libres de Transgénicos, Centros de Origen, Centros de Diversidad y Áreas Naturales Protegidas). Y demandan la creación de un Régimen de Protección Especial para el Maíz que determine al territorio nacional c omo centro de origen y diversificación continua con el fin de ser protegido integralmente, como unidad territorial donde existen infinidad de registros y procesos vivos de creación y diversificación continua del maíz, así como de flujos tradicionales de semillas. Un verdadero régimen de protección debe establecerse en base al Principio de Precaución, a la obligación de un sistema sui generis de bioseguridad para el maíz como cultivo originario y tomando en cuenta las Recomendaciones emitidas por la Comisión de Cooperación Ambiental de América del Norte en 2004.

“La Denuncia refleja el largo proceso de análisis de las políticas, las leyes y los reglamentos y las luchas legales que varios hemos emprendido; incluye la defensa de los derechos individuales, colectivos y del territorio, y se sustenta en numerosos estudios científicos independientes. Revela las múltiples trampas establecidas en el propio sistema “legal” impuesto al pueblo de México, para satisfacer los requerimientos de unas cuantas corporaciones transnacionales, pues todos los permisos de siembra otorgados y las nuevas solicitudes que siguen llegando al Senasica, son de maíces patentados por las mismas, principalmente por Monsanto”, afirmó Catherine Marielle del Grupo de Estudios Ambientales (GEA AC).

“No debemos subordinar al interés comercial de unas cuantas corporaciones trasnacionales la legislación, los posibles riesgos a la salud de las personas, a la contaminación de uno de los acervos de germoplasma más ricos del mundo, de los ecosistemas y agrosistemas mexicanos. Con cara a las necesidades de alimentación del pueblo de México y ante la necesidad de aumentar la productividad en condiciones ambientales adversas que impone el cambio climático el país, se puede aumentar sustancialmente su producción con sus propios recursos genéticos sin la necesidad de recurrir a los monopolios comerciales de las transnacionales”, señaló el Dr. Eckart Boege, del Instituto Nacional de Antropología e Historia.

“El consumo nacional actual de maíz es de 32 millones de toneladas anuales, de las que 10 millones se importan del mercado internacional, el cual contiene más de 50% de grano transgénico. No es necesario recurrir a la tecnología de maíz transgénico y a la importación de grano para corregir este déficit. Hay evidencias de que el campo mexicano tiene la capacidad potencial de producir más de 57 millones de toneladas anuales de maíz con tecnologías no transgénicas, si se aprovecha racionalmente sus recursos, entre los que se cuenta a la mega diversidad en maíz, la mega diversidad en fauna insectil benéfica, la notable disponibilidad de agua dulce y ciclo agrícola de invierno, ambos inexplotados en ocho estados del Sur-Sureste del país, y la significante reserva de tierras de labor, ampliamente subexplotada en el sistema de ganadería extensiva”, destacó el Dr. Antonio Turrent, miembro de la UCCS.

“Esta denuncia ambiental es fruto de una construcción colectiva y plural, entre científicos, organizaciones y expertos en leyes. Reúne una información valiosa para seguir impulsando acciones de defensa legal y profundizar en la reflexión. Invitamos a todos los interesados a conocerla y apoyarla, con el fin de lograr que las autoridades retrocedan en su afán de priviliegiar a los intereses corporativos y reinstalen la moratoria a las siembras a campo abierto de maíz transgénico en el territorio nacional, así como a la entrada de maíz transgénico en grano o en semillas híbridas contaminadas. La Profepa está obligada a responder si acepta el estudio de la Denuncia dentro de los próximos 10 días”, concluyó C. Marielle.

Nota: La Denuncia Popular puede consultarse y firmarse en: www.gea-ac.org

Si decides adherirte, por favor envíanos un correo a: geasas@laneta.apc.org con el mensaje:“Apoyo la Denucia Ambiental”

En el cuerpo del texto escribe tu nombre completo y nosotros te incluiremos.

Para mayor información comunicarse con:

Dra. Elena Álvarez-Buylla: Laboratorio de Biología Molecular del Instituto de Ecología de la UNAM y Coordinación de la UCCS – Tel. 56 22 90 13.
Catherine Marielle: Programa Sistemas Alimentarios Sustentables de GEA AC:
geasas@laneta.apc.org – Tels. 56 19 28 92 y 56 17 90 27

Exigiendo justicia y dignidad: Defensores y defensoras de los derechos humanos en México

Las autoridades mexicanas no cumplen con su obligación de proteger a los defensores y defensoras de los derechos humanos frente a los homicidios y al hostigamiento y las agresiones que amenazan sus vidas, ha advertido hoy Amnistía Internacional en un nuevo informe.

El informe, titulado Exigiendo justicia y dignidad: Defensores y defensoras de los derechos humanos en México, describe más de 15 casos de defensores que han sido víctimas de homicidio, agresiones, hostigamiento y amenazas o han sido encarcelados por cargos falsos entre 2007 y 2009 para impedirles que realicen su labor.

“Defender los derechos humanos en México puede costar la vida, y el gobierno no está haciendo lo suficiente para resolver el problema”, ha dicho Nancy Tapias Torrado, investigadora sobre defensores de los derechos humanos de Amnistía Internacional. “Cuando se ataca, amenaza o mata a un defensor o defensora de los derechos humanos, se envía un peligroso mensaje a muchos otros y se niega la esperanza a todas las personas en cuyo favor trabaja este defensor”.

Amnistía Internacional considera que hay decenas de casos de este tipo, que muy pocos se investigan eficazmente y que aún menos se llevan ante la justicia. En ninguno de los incluidos en el informe se ha llevado a cabo una investigación completa, y sólo en dos de ellos se ha detenido a algún sospechoso.

Los defensores y defensoras de los derechos humanos actúan para proteger y promover los derechos humanos. Los Estados tienen la responsabilidad de proteger a estas personas y de garantizar que pueden desempeñar su trabajo.

Los y las activistas que trabajan para proteger los derechos de las comunidades que viven en la pobreza, los que defienden los derechos de los pueblos indígenas o trabajan para proteger el medio ambiente corren especial riesgo de ser atacados. Se considera que su trabajo interfiere con poderosos intereses políticos o económicos. Con mucha frecuencia se los ve como personas que ocasionan problemas, no defensores de los derechos humanos que trabajan por una sociedad mejor donde el respeto a los derechos humanos sea una realidad.

Obtilia Eugenio Manuel, fundadora y presidenta de la Organización del Pueblo Indígena Me’phaa (OPIM) en Guerrero, estado del sur de México, ha sido víctima de numerosas amenazas de muerte y actos de intimidación desde 1998.
La campaña de intimidación contra ella se agravó tanto en los últimos años que el miedo obligó a Obtilia y su familia a huir de su comunidad. Por ejemplo, en enero de 2009, un hombre que la había seguido en varias ocasiones le gritó: “Qué, ¿te sientes muy valiente? ¿Eres una verdadera mujer? Ojalá tu también te vayas a la cárcel […] si no te vas a la cárcel, te vamos a matar”.

Ninguna de las amenazas ni de los actos de intimidación contra ella han sido investigados.

Otro caso fue el de Ricardo Murillo Monge, portavoz y miembro fundador de Frente Cívico Sinaloense (FCS), quien fue encontrado muerto en su automóvil en la ciudad de Culiacán, Sinaloa, el 6 de septiembre de 2007. Sólo dos años después, el 31 de agosto de 2009, Salomón Monárrez, otro portavoz del FCS, sobrevivió por poco a un intento de asesinato.

“El gobierno mexicano debe desarrollar urgentemente un programa eficaz e integral de protección para los defensores y defensoras de los derechos humanos”, ha dicho Nancy Tapias Torrado.

El informe Exigiendo justicia y dignidad: Defensores y defensoras de los derechos humanos en México podrá consultarse en www.amnesty.org a partir del jueves 21 de enero a las 17:00 horas GMT.

Más información:

En México: Arturo Ávila, móvil (México): 55 51 80 99 18, comunica@amnistia.org.mx

En Londres: Josefina Salomon, móvil (UK):+44 7778 472 116, jsalomon@amnesty.org


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