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Suspensión a siembra de maíz transgénico en México pero, ¡La lucha sigue!

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El pasado 10 de octubre empezamos el día con la noticia de que el Juzgado Federal 12º en Materia Civil del DF emitió la suspensión de permisos a empresas semilleras transnacionales como Monsanto, Dupont, Pioneer para sembrar maíz modificado genéticamente (maíz transgénico) en México.

Aunque lo hemos hecho en ocasiones anteriores, expliquemos nuevamente qué es el maíz transgénico.

El maíz transgénico es uno al que se ha insertado en su genoma una o más secuencias de información genética provenientes de otros organismos (bacterias, virus, otras especies de plantas) para otorgarle propiedades que naturalmente no tenía ese maíz anteriormente. Estas inserciones o modificaciones se hacen en laboratorios biotecnológicos (muchas de las veces, extranjeros) y forman parte de paquetes tecnológicos que generalmente se venden a agricultores de países del Sur global (México, Honduras, La India, Paraguay, Argentina, Chile, Brasil, etc.) aunque también se comercializan en Estados Unidos y hasta hace poco tiempo en algunos países de Europa.

Desde hace varios años se vienen publicando investigaciones científicas muy serias y críticas que han analizado el efecto de los transgénicos (muchas de estas se han enfocado a estudiar los efectos del maíz transgénico en la salud humana y de los ecosistemas) y han arrojado resultados que todos debemos conocer para tener una opinión sólida sobre las implicaciones de que se permita la siembra de maíz transgénico o no en nuestro país.

México es el centro de origen y diversidad del maíz. Esto significa que fue en diversos lugares de nuestro país donde se originaron las variedades de maíz tal y como lo conocemos hoy. Cada vez que nos alimentamos con un producto hecho con maíz nativo (tortillas, pozole, tamales, tlayudas, tlacoyos, etc.) nos llevamos a la boca aproximadamente 10 mil años de una historia de acompañamiento mutuo entre las poblaciones mexicanas antiguas y el maíz mexicano. El origen mismo de la agricultura.

¿Qué significado tiene que se siembre maíz transgénico de manera masiva en México?

Debemos mencionar que las corporaciones a las cuales ahora se les ha negado el permiso para sembrar maíz transgénico a nivel experimental no están en México desde hace poco tiempo. Estas empresas llegaron al país como una de las consecuencias devastadoras de la entrada en vigor del Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos, Canadá y México. Como mencionamos al principio, las agroindustrias ofrecen paquetes tecnológicos (que incluyen a las semillas transgénicas) argumentando que los rendimientos en la cosecha aumentarían, que se utilizarían menos fertilizantes, que las plantas serían resistentes a agroquímicos, a algunas plagas, a la sequía, etc.

La realidad es que a lo largo del tiempo esas promesas han demostrado ser falsas: se ha comprobado que deben utilizarse más fertilizantes en los campos transgénicos, han surgido ‘malezas’ que son resistentes a los agroquímicos, incluso se ha mostrado de manera científica que los fertilizantes asociados a las plantas transgénicas potencialmente pueden provocar daños renales o hepáticos. En Sudamérica se han reportado aumentos en el número de diferentes tipos casos de cáncer en la población expuesta a agroquímicos usados en campos transgénicos.

Un dato que debe alertarnos a todos: Desde 2012 se reportó que ratas que fueron alimentadas con maíz transgénico tuvieron mayores índices de cáncer y de enfermedades hepáticas y renales en comparación con las ratas control. (¡LAS RATAS FUERON ALIMENTADAS CON UNA DE LAS VARIEDADES DE MAÍZ QUE UNA DE LAS CORPORACIONES PRETENDE SEMBRAR MASIVAMENTE EN MÉXICO, Y NUESTRO PAÍS OCUPA EL SEGUNDO LUGAR EN EL MUNDO EN CONSUMO DE MAÍZ POR HABITANTE!)

El hecho de que el país sea centro de origen del maíz indica que las variedades de maíz que se conocen hoy en día son capaces de crecer en las muy diferentes condiciones climáticas y geográficas que hay en México: algunas están adaptadas a condiciones de muy poca humedad, otras a crecer a altitud de más de 2000 metros sobre el nivel del mar, algunas crecen en zonas costeras, etcétera. Debe considerarse que tal variedad de maíces permitiría potencialmente adaptar las más convenientes a las condiciones climáticas cambiantes debido al calentamiento del planeta. Sería un crimen que se perdieran esa riqueza al contaminarse los maíces con transgenes.

Otro dato importantísimo para México: Recientemente se ha dado a conocer que en el mundo aproximadamente el 70% de los alimentos son producidos por campesinos o comunidades rurales o indígenas. Algunos de los efectos de la siembra masiva de maíz transgénico en México serían la desaparición completa de la vida en el campo, la condena al hambre de comunidades rurales que subsisten de la producción de granos para autoconsumo y la pérdida definitiva de la soberanía alimentaria.

El hecho de que por ahora legalmente se haya declarado la suspensión en los permisos para la siembra de maíz transgénico en México no debe entenderse como un triunfo definitivo, sino como un tiempo valiosísimo que debe utilizarse para acercar información veraz a la población, generar debates abiertos en los que se escuche a las partes afectadas (quienes paradójicamente hasta ahora no han tenido voz en las decisiones definitivas): campesinos, indígenas, consumidores.

Debe considerarse también que si bien se ha suspendido temporalmente el otorgamiento de permisos para sembrar transgénicos en el país, actualmente hay parcelas en las que se están evaluando cultivos transgénicos cuyos permisos fueron otorgados previamente y sin evaluar las evidencias de riesgos potenciales que hemos señalado previamente y dichas siembras no se han suspendido, por lo que no estamos libres de peligro.

La población debe estar atentísima al proceso jurídico que ahora inicia, no sería sorprendente que las corporaciones semilleras intenten corromper los procesos que se están abriendo, esto con el fin de continuar sus negocios a costa de nuestra salud. Ha pasado en otros países.

Sería un retroceso muy grave que se proclamen líderes o dirigentes de una lucha que es de todas y todos, ya que todos comemos maíz; además de que será un proceso de larga duración y se antoja muy desgastante. Este tiempo de suspensión de la siembra de transgénicos debe ser aprovechado por los colectivos, redes y organizaciones que defienden el maíz para coincidir, llevar información a la población, coordinar acciones, compartir foros y debates… en defensa del maíz nativo mexicano.

http://pagina3.mx/aqui-entre-nos/11680-suspension-a-la-siembra-de-maiz-transgenico-en-mexico-pero-ila-lucha-sigue.html

Preaudiencia TPP: Militarización de fronteras,criminalización y desaparición forzada de migrantes en tránsito.

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Convocatoria a la PRE-AUDIENCIA:

Militarización de las fronteras, criminalización y desaparición forzada de migrantes en tránsito

lunes 19 de agosto, 9 a 18 hras., Sala Digna Ochoa, CDHDF, Av. Universidad 1449, Metro Viveros; rueda de prensa martes 20 ago. 11 AM; mesas redondas y actividades culturales lunes 19 a viernes 23 de agosto, todo en la misma sede

En el marco de la conmemoración del 3er aniversario de la Masacre de 72 migrantes en San Fernando, Tamaulipas

Denunciantes invitados: Don Raúl Vera, Padre Alejandro Solalinde (Ixtepec, Oax.), Padre Pedro Pantoja (Saltillo, Coah.), Fray Tomás González (La 72, Tenosique, Tab.),  Padre Heyman Vásquez (Arriaga, Chiapas); Rubén Figueroa y José Jacques Medina (Movimiento Migrante Mesoamericano), Las Patronas (Veracruz), Comités de Base de la Asamblea Popular de Familiares de Migrantes (APOFAM) (Tlaxcala), defensores y familiares de víctimas de la Masacre (Brasil, Guatemala, El Salvador, Honduras, Ecuador), Abel Barrera (CDH Tlachinollan, Tlapa, Gro.); Wilner Metelus (Comité de Defensa de Ciudadanos Naturalizados y Afro-Mexicanos)

Jorge Fernández Souza, Gilberto López y Rivas (observadores invitados)

Jurados: Dr. Jorge Bustamante (ex relator ONU derechos humanos de migrantes, COLEF), Iver Orstavik (Fundación Rafto pro Derechos Humanos; Bergen, Noruega), Leticia Calderón  (Instituto Mora), Laura Carlsen (Programa de las Américas-CIP), José Rosario Marroquín (Centro PRO DH), Pedro González Gómez (Asamblea de Migrantes Indígenas del DF), David Velasco (ITESO), Jesús Antonio de la Torre Rangel (UAA), Luis Daniel Vázquez (FLACSO), Miguel Pulido (FUNDAR), Azadeh Shahshahani (National Lawyers´ Guild, Estados Unidos/Irán), Hans Egil Offerdal (teólogo, Univ. de Bergen, Noruega),  Immanuel Ness (CUNY Center for Workers Education, Brooklyn College), representante del Haldane Society of Socialist Lawyers (Reino Unido); Rosa Martha Zárate (Alianza de ExBraceros del Norte), Gilberto Parra (Centro Jalisciense de Atención al Adulto Mayor y Migrante, Guadalajara)

Jurados honorarios: Mumia Abu Jamal, Alberto Patishtán

Rueda de prensa: 11 AM, martes 20 de agosto, 2013 Sala Digna Ochoa, CDHDF, Av. Universidad 1449, Metro Viveros, Coyoacán

Mesas redondas (todas en CDHDF):

martes 20 de ago., 13 a 15 hras. con miembros del jurado internacional

miércoles 21 de ago., 10 a 13 hras.  (caso exBraceros)

16 a 19 hras. (derechos al refugio y asilo)

Durante la semana del 19 al 23 habrá actividades culturales:

Teatro, música y clown: 17 a 19 hras.; cine 19-20 hras.

http://www.tppmexico.org

Monsanto se va de Europa ¿Haremos que se vaya de América?

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Aún cuando puede parecer que el poder y la influencia de las transnacionales es casi absoluto, una pequeña esperanza se abre en la lucha de los pueblos ante la corporación semillera Monsanto que a principios de esta semana ha hecho pública su decisión de no seguir promoviendo ni comercializando cultivos transgénicos en Europa.

En declaraciones a un periódico alemán, la representante de Monsanto en ese país, Ursula Lüttmer-Ouazane, mencionó: ‘Hemos llegado a la conclusión de que en este momento no hay una amplia aceptación’. Representantes de la gigante multinacional semillera indicaron también que no buscarán nuevas aprobaciones para plantas modificadas genéticamente dada la baja demanda de sus productos y ante una oposición y rechazo a la tecnología cada vez mayor del público en general: ‘No tiene sentido luchar contra molinos de viento’, fue la declaración de la portavoz de Monsanto.

Este anuncio se hizo público sólo unos días después de salir a la luz y de manera escandalosa el descubrimiento en campos agrícolas en Oregon, Estados Unidos de trigo transgénico de Monsanto (Roundup Ready) que no tenía la autorización para ser sembrado de manera comercial. Este hecho plantea nuevamente los altos riesgos de la investigación científica con intereses corporativos de fondo, la relajada legislación sobre patentes y liberación comercial de transgénicos y principalmente, los riesgos para la biodiversidad, la seguridad alimentaria  y la salud de la población mundial.

El anuncio de la salida de Monsanto de Europa debe confirmarse en los hechos, ya que es el Estado Español donde se cultiva más del 90% del maíz transgénico (Bt). La comunidad autónoma de Aragón es la que cuenta con una mayor superficie de cultivo de maíz modificado, seguida de Cataluña y Extremadura.  Sin embargo, Francia, Alemania, Austria, Hungría, Grecia, Luxemburgo, Bulgaria y Polonia han prohibido tanto la entrada como la siembra de maíz transgénico en sus territorios.

¿Saldrá Monsanto de América Latina? ¿Qué pasa en México?

Los voceros de Monsanto en Europa también mencionaron que ‘venderían semillas transgénicas únicamente en aquellos lugares en los que cuentan con amplio apoyo por parte de los agricultores así como de políticos y un sistema regulatorio funcional‘ pero, ¿cuales son esos lugares? Desde hace mucho tiempo, diversas organizaciones de indígenas, campesinos, activistas, científicos críticos de toda América Latina vienen denunciando la contaminación de sus campos agrícolas y su modo de vida por los cultivos transgénicos. Se ha alertado a la población por los daños a la salud asociados a los herbicidas que se usan en la fumigación de soya transgénica en países del cono sur; en diferentes medios de información se han mencionado casos de muerte masiva de abejas, o la disminución en la población de mariposas monarca debido posiblemente pesticidas o quizá a las mismas plantas transgénicas; se han vaticinado los incalculables daños a la biodiversidad y a la cultura milenaria por la siembra comercial y consumo masivo de maíz transgénico.

Los lugares a los que se refieren los voceros de Monsanto son nuestras comunidades y países: Argentina, Brasil, Costa Rica, Chile, Guatemala, Honduras, México, Paraguay, Uruguay, etc., en resumen casi toda América, y que como refieren de manera maliciosa los agentes de Monsanto, son lugares en los que hay apoyo y complicidad de políticos que modifican las leyes para que la semillera aterrice y haga negocios.

Hace unos pocos días se demostró a nivel mundial el rechazo a Monsanto a través de masivas manifestaciones, se empiezan a recoger las primeras victorias con el anuncio de la salida de la corporación de Europa, y debe mencionarse que ese pequeño pero significativo triunfo se dio en gran parte a organizaciones de consumidores críticos, que desde el principio rechazaron que los transgénicos estuvieran en su mesa. Lamentablemente en México no hay asociaciones sólidas de consumo crítico, debemos fortalecer ese aspecto y hermanarlo a organizaciones campesinas e indígenas, que son quienes producen el maíz que alimenta a nuestros países.

Depende de nosotros mismos y de manera organizada y horizontal hacer que Monsanto se vaya de América, que se vaya a la quiebra en todo el mundo.

http://pagina3.mx/al-grano.html

Pronunciamiento: Red en Defensa del Maíz enero de 2013.

Pronunciamiento

Red en Defensa del Maíz

enero de 2013

 

*Reunidos en nuestra primera asamblea de 2013, nosotras, las comunidades organizaciones y personas que nos reconocemos en la Red en Defensa del Maíz desde hace once años, elevamos nuestra voz para repetir una vez más que rechazamos tajantemente la introducción, el trasiego, la comercialización, intercambio, experimentación, almacenaje y la siembra de cualquier cultivo transgénico.

* En particular rechazamos todo lo relacionado con el maíz transgénico por atentar directamente contra más de diez mil años de cuidado del maíz nativo, por atacar directamente las estrategias agrícolas y de subsistencia de los pueblos y las comunidades; por atentar contra la seguridad y la soberanía alimentarias de México, por atentar contra la producción libre y autónoma de alimentos con semillas nativas nacionales libre de patentes y sin modificación transgénica. Por atentar contra la salud de la población en general.

* Lo hemos dicho antes ya, pero es necesario repetirlo también: México y toda Mesoamérica (y más) es centro de origen y diversificación del maíz. Por tanto rechazamos el empeño del gobierno por imponernos unos supuestos centros de origen que presuponen que hay otros muchos sitios donde se puede plantar cultivos transgénicos. Exigimos la integridad política, biológica y territorial de México como país CENTRO DE ORIGEN y Diversidad Continua, encarnado en la vigencia de los pueblos indígenas.

* Hoy, a nuestros reclamos de once años de resistencia —desde que se descubrió la contaminación a trasmano que intentó el gobierno en Oaxaca, lo que dio pie a la formación de nuestra Red—, tenemos que sumar nuestra palabra a todas aquellas voces que ya sonaron la alarma ante la mera posibilidad de que se aprueben los permisos solicitados para sembrar transgénicos comercialmente en más de 2 millones 400 mil hectáreas, en los estados de Sinaloa y Tamaulipas. Siendo estas entidades sitios que siembran enormes cantidades para consumo humano en las grandes ciudades del país, se las inundaría con un maíz contaminado que en otros países ha sido objeto de estudio y han hallado que es nocivo para la salud. Lo mismo que hemos venido diciendo desde nuestras comunidades y organizaciones durante estos once años.

* Saludamos entonces los trabajos del doctor Seralini que con gran valentía ha estado enfrentando los intereses de las agroindustrias. Seralini y su equipo siguen sin callarse ante lo que consideran un gran daño potencial a la salud humana con posibilidades de ocasionar cáncer en su ingestión repetida, lo que desmiente las afirmaciones de Monsanto de que los transgénicos son inocuos.

* Nos preocupa la situación en que se encuentran los agricultores de Sinaloa y Tamaulipas (y en general del norte del país). Suponemos que probablemente las empresas semilleras los presionan con ofrecerles sólo semillas transgénicas, por parte de Monsanto, Pioneer y Dow para que siembren las variedades transgénicas que les están ofreciendo y casi que forzando a utilizar, y les decimos a todas esas personas, sean agricultores privados, ejidatarios u organizaciones de productores, que consideren el enorme daño que estos cultivos van a ocasionar a la biodiversidad del maíz (por la enorme erosión a las variedades del maíz nativo), a las estrategias independientes de producción agrícola, al futuro de las familias productoras, a la seguridad alimentaria y la salud de la población mexicana. A fin de cuentas promoverá una dependencia brutal hacia unas cuantas voraces corporaciones.

Sabemos que las presiones son muchas, y que en las condiciones de crisis en México y en el mundo es difícil zafarse de ellas, pero desde acá, cariñosamente, les hacemos un llamado a dialogar con la Red en Defensa del Maíz, para que juntos entendamos el momento que vivimos, en algún sitio y tiempo que podamos acordar; para que discutamos los graves riesgos que tenemos por delante y las maneras más dignas que podemos todavía emprender (junto con muchas personas) para salvar al maíz, uno de los cuatro cultivos más importantes en la historia del mundo.

* Saludamos a todas las comunidades y organizaciones que desde el nivel local y regional han logrado establecer acuerdos, estatutos o reglamentos —como un freno real a la entrada de los transgénicos a sus lugares y enclaves mediante una actitud de atención, alerta y cuidado; desechando o frenando todas las semillas extrañas, las semillas híbridas o ajenas que los programas de gobierno o las empresas quieren imponerle a las comunidades a cambio de otros programas o proyectos.

* Esa moratoria real, se ha mantenido estos once años y México sigue siendo un país donde todavía no nos vencen los transgénicos. Por eso es importante ahora, ante una emergencia tan grave como la que vivimos, redoblar esfuerzos, atención, cuidados, para mantener y reforzar las semillas nativas y los canales de confianza que hacen posible su intercambio seguro y la diversidad que es su corazón, al tiempo de desterrar toda semilla ajena, sobre todo si son semillas que nos promueve el gobierno y las empresas.

* Por supuesto, ahora ya no sólo es un problema de siembra atenta, cultivo cuidadoso o intercambio de semillas por los canales de confianza. Ahora también debemos prestar atención a la procedencia de todo el maíz que consumamos, sabedores de que hay ahora infinidad de productos que lo contienen. Entonces debemos redoblar la atención para desechar los productos procesados que contienen algún ingrediente basado en maíz industrial, pues seguramente éste será transgénico.

* Queremos ahora invitar a muchas organizaciones que han dado muestras de estar genuinamente preocupadas por la inminente invasión transgénica a que sumemos esfuerzos para trabajar: a veces juntos, a veces cada quien en sus esfuerzos propios, para erradicar totalmente a los OGM de México y del mundo. No siempre coincidiremos en todas las acciones, pero seguramente nos acompañaremos en algunas de ellas. Saludamos especialmente al Yo soy 132 ambiental, a los Jóvenes ante la Emergencia Nacional, a las organizaciones de Movimiento Urbano Popular (en particular a la Unión Popular Revolucionaria Emiliano Zapata-UPREZ), y a los científicos comprometidos, a los científicos éticos, como la Unión de Científicos Comprometidos con la Sociedad (UCCS), por haber hecho sonar la alarma en esta coyuntura y haber sumado sus fuerzas para exigir que NO se otorguen los permisos de siembra comercial que se pretendían aprobar desde el gobierno de Felipe Calderón.

* Así consideramos un triunfo ser parte del esfuerzo nacional de haber podido esgrimir argumentos, exigir a las autoridades y alzar nuestra voz, para frenar los permisos durante el gobierno anterior, pero no consideramos que el peligro pasó. Sabemos muy bien que en cualquier momento pueden recomenzar los esfuerzos por que se aprueben los permisos. Por ahora, debemos aprovechar el tiempo para convocar más respaldos internacionales y toda la resistencia nacional posible. En ese contexto internacional saludamos las manifestaciones que desde Berlín coincidieron con muchas organizaciones mexicanas para hacer patente nuestro agravio por la posible aprobación de los permisos de siembra comercial de los transgénicos, y a la organización Avaaz, que juntaron más de 40 mil firmas en una campaña de solidaridad con la lucha en México.

*Saludamos también la digna lucha que se libra contra la invasión de transgénicos o contra las privatizadoras leyes de semillas como UPOV o de variedades vegetales en todo el continente: en Paraguay, donde incluso hubo un golpe de Estado para favorecer a la agroindustria; en Honduras, Costa Rica, Colombia, Ecuador, Bolivia, Chile, Argentina y Uruguay. Allá, como en México la gente está en resistencia. Sepan que reconocemos que nuestra lucha por las semillas nativas y una agricultura independiente es la misma.

* Una parte crucial de ese esfuerzo de defensa del maíz es sin duda el Tribunal Permanente de los Pueblos, al que reconocemos su esfuerzo por abrir un espacio para que la sociedad mexicana exprese sus agravios y plantee sus exigencias —ante personas de reconocida autoridad moral, a nivel internacional, que darán fe de que nuestros agravios son reales y de que nuestros señalamientos de responsabilidad y están planteados con objetividad y documentación suficiente para configurar casos jurídicos con pruebas suficientes. Reivindicamos entonces ser parte del Capítulo México del Tribunal Permanente de los Pueblos ante el cual presentamos ya un borrador de demanda que se irá refinando conforme más casos y argumentaciones se presenten en las diversas preaudiencias que vamos planificando a lo largo de este año.

* Por todo lo anterior, y haciendo eco con la resistencia que surge de todo el país, nos sumamos a la propuesta de las comunidades y organizaciones de Oaxaca, de declarar 2013 como año de resistencia contra el maíz transgénico y en defensa del maíz nativo y de la vida y autonomía de los pueblos del maíz.

* Por último, queremos salir al paso de ciertas informaciones que señalan que estamos en contra de los permisos de siembra porque no hay las condiciones de bioseguridad suficientes, según nota de Matilde Pérez, en La Jornada del día 16 de enero. Queremos enfatizar que si bien estamos contra los permisos de siembra comercial como es público y sabido, para nosotros es crucial señalar que NO HAY BIOSEGURIDAD ALGUNA QUE PUEDA SERVIR CONTRA LOS TRANSGÉNICOS.

 

Nosotros no planteamos mejores medidas de bioseguridad u otras medidas de bioseguridad.

En cambio…

Rechazamos cualquier siembra o comercialización, almacenamiento, trasiego, experimentación, siembra comercial de maíz transgénico en cualquier parte del territorio nacional.

No a los organismos genéticamente modificados,

No al maíz transgénico.

Moratoria y prohibición definitiva a los transgénicos.

Queremos un mundo libre de transgénicos.

 

Red en Defensa del Maíz:

Comunidades Indígenas campesinas: Hopelchén, Suctuc, Xcalot Akal, X kix, Bolonchen, Xbilinkok, Ebula, Crucero San Luis de la región de Los Chenes del estado de Campeche; Maní, Vicente Guerrero del Sur del Estado de  Yucatán; Comunidades del Municipio de Las Margaritas de a zona de la Frailesca del Estado de  Chiapas; Salto de Agua, Arroyo Largo, El Coyol, Ángel R. Cabada de Los Tuxtla, Huayacocotla del Estado de Veracruz; Santa Cruz de la Montaña Centro del Estado de Guerrero; Yayalag; Lachixila, La Selva, de Camotlan; Guelatao; Analco Ixtlán de Juárez Sierra Norte, Alotepec Mixe, El Porvenir, Maguey Largo Valles Centrales,  Comunidades de la Sierra Sur, San Miguel Chongos de la Chontal, San Miguel Tenango, Comunidades del Istmo de Tehuantepec, del Estado de Oaxaca; Bienvenido Hermenegildo Galeana Sierra Norte del Estado de Puebla; Huejutla, Oxeloco, Atlaco, Atlajco de la Huasteca Hidalguense; Zacatepec del Estado de Tlaxcala, Comunidades Rarámuris de la Sierra Tarahumara del Estado de Chihuahua; Palos Altos, El Grullo, Ixtlahuacan, San Sebastián Teponahuaxtlán,  del Estado de Jalisco; Comunidades de los Municipios de Dolores Hidalgo, San Miguel del norte del Estado de Guanajuato; La Magdalena Contreras de Distrito Federal; Lerma Estado de México.

Organizaciones Indígenas y civiles de las regiones: Ka Kuxtal Much Meyaj A.C.; T’oojil Xíimbal SC, Misioneros, Escuela de Agroecología, Misión de Guadalupe, Tequio Jurídico AC, UNOSJO, Ser Mije, Uken Ke Uken, Colectivo Oaxaqueño por la Defensa del Territorio,  ORAB AC, UNISUR, GEA AC, CONTEC AC, SINE AC, CREO AC, OMSA, CEDESA AC, CODECIN, UCANG, comunidades Campesinas en Camino, CACID AC.

Organizaciones Civiles: Ceccam AC, Ccasifop AC, Colectivo por la Autonomia, Grupo ETC, Cenami AC, GRAIN, Jóvenes ante la Emergencia Nacional, 132 Ambiental, Unión Popular Revolucionaria Emiliano Zapata UPREZ, Movimiento Urbano Popular, Via CAMPESINA, Asamblea Nacional de Afectados Ambientales

 

Migrantes centroamericanos: miles suben a la bestia.

El día 17 partió de Arriaga el tren La Bestia con mil 500 migrantes indocumentados sobre 40 vagones, rumbo a Ixtepec, Oaxaca. El recorrido de 300 kilómetros se realiza en 12 horas, en esta ocasión durante el día con temperaturas de 40 grados. Cientos de indocumentados no abordaron ese tren por precaución al ver abarrotados los vagones que cuentan con una rejilla a la que es más fácil asirse o amarrarse por la cintura para no caer si los vence el sueño. Ante el temor de sufrir una caída de seis metros de un tren en movimiento, cientos de posibles viajeros se quedaron por dos días en distintos lugares para esperar al próximo tren. Algunos esperan en la Casa del migrante “Hogar de la misericordia” que dirige el presbítero Heyman Vázquez Medina, otros más en las vías y cercanías del ferrocarril, expuestos a asaltos, y otra buena cantidad en posadas económicas, incluso pernoctan entre las tumbas y criptas del panteón municipal.

Mientras esperan a que venga de regreso el tren de Ixtepec, que se descarriló sin consecuencias graves en su última ruta, los migrantes buscan trabajo informal en Arriaga para conseguir pesos mexicanos y llamar a casa, comprar agua, comida y con suerte una linterna. Ante las altas temperaturas, otros se dan un baño en el diminuto caudal del río Lagarteros.

De Ecuador, Honduras, Nicaragua, El Salvador y Guatemala. Hombres y mujeres, incluso embarazadas y algunos niños. Pretenden llegar al centro y norte de México y a Estados Unidos, “para encontrar trabajo”, a decir de Josefa, salvadoreña de 26 años que espera el tren en la casa hogar junto con su hijo de cuatro años.

“Los maras no dejan trabajar, quieren jalar a los niños y maridos, si no se les unen los matan, en mi colonia mataron a tres niñas por ir a la escuela en un barrio distinto al suyo, hace pocos días a un niño lo quisieron matar por lo mismo. Yo quiero que mi hijo estudie porque yo no pude. En mi tierra si la gente sale de noche, desaparece y luego aparecen muertos sin cabeza, vivimos con miedo y desesperación. Aquí en México hay gente linda, los negocios están abiertos hasta la noche. Vengo con mi esposo y suegro, si no, no me hubiera atrevido”.

Josefa cuenta: “Salí de El Salvador hace ocho días, llegué aquí en cuatro usando combi y caminando, tardamos mucho porque el niño se cansa de caminar y lo tenemos que cargar, tengo miedo de una violación pero quiero seguir, aquí la gente regala cosas de vez en cuando para mi hijo. El otro día en el tren iban más de mil personas y viendo a los mutilados no me quise arriesgar”.

Walter, 25 años, músico: “En El Salvador los maras matan a jóvenes, los acusan de pandilleros, me perseguían. Tuve un altercado por ser homosexual, me intentaron violar. Ya viví un año en el Distrito Federal, tenía los papeles para sacar mi fm2 pero tardé, fui a Tapachula para sacar pasaporte pero los papeles caducaron, me pedían una carta de oferta de trabajo que no pude obtener y cerraron mi caso. En el df limpié casas, cuidé a una señora diabética y vendí en un tianguis. La gente al ver que soy centroamericano siempre me quería cobrar más y me miraban de manera extraña, también encontré gente buena, hice amigos. La primera vez fue duro porque es muy difícil ser homosexual y migrante. En Medias Aguas muchos quieren robarnos, nos golpean y violan, pero tenemos que viajar en el tren con los delincuentes armados. Paleros les dicen a los ladrones”.

Una hondureña de 35 años espera al tren: “Soy madre de familia, salí para mejorar con un amigo, un muchacho que me dejó botada aquí. Era un conocido pero tomaba mucho, cuando llegamos al albergue se puso a tomar y molestar, lo corrieron pero no me fui porque no puedo arriesgar mi vida por andar con él. Le pague diez mil lempiras y aquí me pedía veinticinco mil más, quería venir comiendo bien, comprando ropa y zapatos, prometió llevarme al DF.

“Tengo miedo de subirme al tren porque cuando lo corrieron y no me quise ir con él, me amenazó, es amigo de los zetas y tengo miedo de encontrármelo en el camino, dijo que avisaría a los zetas pa’ que me encuentren, pero Dios siempre le pone a uno gente buena en el camino. Quiero ir al df y de ahí a Monterrey pero no más arriba. Nunca me he subido al tren, me da miedo caerme.

Un empleado de Ferrocarril del Itsmo de Tehuantepec, empresa que transporta harina de Minsa, cemento de Cemex y granos de Conasupo cuenta que a pesar de ver cotidianamente desde hace cinco años a los cientos de indocumentados que trepan los vagones, se sigue sorprendiendo al ver los enormes grupos de personas que caminan por las vías cuando la máquina llega.

Al atardecer del jueves 19 por fin llega la locomotora de La Bestia, reúne los vagones de las empresas mencionadas y los transfiere de cuatro carriles a una línea principal. Tras el primer pitido, de inmediato abordan “los mejores” vagones quienes esperaron en las vías calientes y a la sombra de los escasos árboles. Los vagones óptimos son los que tienen escaleras completas para llegar al techo, dos pasillos con perforaciones dentadas para mejor agarre de los zapatos. Los migrantes usan cartones como colchonetas; los más precavidos llevan un lazo para amarrarse por la cintura en caso de quedar dormidos en algún momento de las doce horas a Ixtepec. Es necesario llevar la mayor cantidad posible de agua pues el metal se pone caliente. A veces el viaje es al sol; ésta vez será de noche, con ráfagas que tambalean a cualquiera al cruzar La Ventosa.

En los vagones “seguros” viajan mujeres, parejas y familias, algunas con niños muy pequeños; también los más precavidos y experimentados. Sentados en los primeros sitios, algunos festejan con una cerveza en lata, llaman a casa desde sus celulares para anunciar que están por partir.

En los vagones posteriores suben los “mecateros”, que se sirven de un lazo para ir escalando a falta de escalera. En el techo de esos vagones no hay una sola saliente para asirse. El tren va a tope; entre los indocumentados se infiltran los “halcones”, informantes de los traficantes o polleros. Su labor es investigar en qué condiciones viajan los centroamericanos, cuánto dinero traen o cuánto podrían conseguir con sus familiares vía telefónica para ser extorsionados en el camino.

Conforme pasan las horas y el trabajo de unión de los contenedores avanza, aparecen “de quién sabe dónde” grupos de 50 a 100 jóvenes en el lado opuesto, ocupando la vía. Cargan mochilas. Optimistas los más chicos, sonríen, vestidos a la última moda centroamericana, gorras con estampados brillantes y tenis. Dirigen señas y muecas a las cámaras de televisión y los fotógrafos que acudieron a registrar esta escena que desde 2005 no se había repetido. Un éxodo poco común dicen algunos. Sobre las vías, mujeres de Arriaga venden agua mineral a diez pesos, afocadores a treinta, tortas, comida casera. Unos misioneros mormones aprovechan para predicar un poco. Flashes. El tren se va.

Texto y fotografía: Moysés Zúñiga
Arriaga, Chiapas. 20 de abril

http://www.jornada.unam.mx/2012/05/12/oja-miles.html

La Via Campesina Centroamericana. Comunicado.

Nuestra región atraviesa una profunda crisis alimentaria  y  represión campesina

 

Reunidas las organizaciones campesinas, indígenas y afrodecendientes  de Centroamérica, hoy 25 de Enero del 2012, expresamos ante la opinión pública nacional, regional e internacional, la situación crítica que vivimos las familias en el campo tales como: la represión, criminalización a nuestras luchas, destrucción de cultivos, persecución judicial, el acaparamiento de tierra y la explotación de los Bienes Naturales mediante la implementación de los mega proyectos,  como  mono cultivos, minería e hidroeléctricas  en la región.

Toda esta conflictividad genera a nuestros pueblos un déficit de la Soberanía Alimentaria esto lleva a una crisis profunda, hambruna y extrema pobreza en las comunidades campesinas teniendo mayor impacto en las mujeres, niños y ancianos.

Expresamos nuestro repudio y condenamos los ataques sistemáticos que sufren nuestros hermanos y hermanas del Bajo Aguán en Honduras; así como los compañeros y compañeras del Valle del Polochic en Guatemala.

Exigimos al presidente Porfirio Lobo Sosa (Honduras) y Otto Pérez Molina (Guatemala) buscar una solución inmediata a los conflictos de tierra de las comunidades y no ser cómplices de los terratenientes y empresarios nacionales e internacionales, cuya única respuesta es la represión y el sicariato contra los campesinos y campesinas.

La Vía Campesina Centroamérica hace un llamado enérgico a los gobiernos, movimientos sociales, a los pequeños y medianos productores, trabajadores e intelectuales de Latinoamérica y el mundo, exigir políticas púbicas a favor de las y los campesinos, promover acciones que mejoren las condiciones de vida en el campo, una verdadera Reforma Agraria Integral y así enfrentar las crisis a las que nos ha impuesto el modelo neoliberal.

Exigimos el cumplimiento de los derechos de las mujeres y las juventudes, como la salud, educación, el acceso a la tierra, a la infraestructura, asistencia técnica, semillas nativas y créditos favorables para asegurar el desarrollo integral.

El Movimiento Campesino Centroamericano está convencido del rol que juegan las  mujeres y las nuevas generaciones en la estabilidad y continuidad de nuestra sociedad en su conjunto.

Las organizaciones de Centroamérica hacemos un llamado a la comunidad nacional e internacional a expresar nuestra solidaridad  con las campesinas y campesinos del Movimiento  Unificado Campesino del Aguán – MUCA en Honduras y de los pueblos originarios que habitan las riveras del Valle Polochic en Guatemala y los demás movimientos campesino que luchan en nuestra región.

Llamamos e invitamos a unificar esfuerzos, apoyar y respaldar una Campaña de Solidaridad a favor de las comunidades que luchan por el acceso a la tierra y defensa a la madre naturaleza.

Saludamos al pueblo Nicaragüense por la lucha y esfuerzo que hacen por el incremento de la producción la cual genero un crecimiento  económico del 4% contrario a la situación que viven los países arriba mencionado.

 

¡¡Reforma Agraria… Urgente  y necesaria!!

¡¡ Resistimos… y Venceremos!!

¡¡Con la mujer en la casa…  La reforma agraria se atrasa!!

¡¡Juventud Campesina… Asumiendo retos para el Cambio!!

¡¡Globalicemos la lucha… Globalicemos la esperanza!!

 

Tegucigalpa – Honduras, 25 Enero del 2012

Stop Land-Grabbing Now!

Nyeleni, November 19, 2011

We, women and men peasants, pastoralists, indigenous peoples and their allies, who gathered together in Nyeleni from 17-19 November 2011, are determined to defend food sovereignty, the commons and the rights of small scale food providers to natural resources. We supported the Kolongo Appeal from peasant organizations in Mali, who have taken the lead in organising local resistance to the take-over of peasants’ lands in Africa. We came to Nyeleni in response to the Dakar Appeal, which calls for a global alliance against land-grabbing.

In the past three days, peasants, pastoralists and indigenous peoples have come together from across the world for the first time to share with each other their experiences and struggles against land-grabbing. In Mali, the Government has committed to give away 800 thousand hectares of land to business investors. These are lands of communities that have belonged to them for generations, even centuries, while the Malian State has only existed since the 1960-s. This situation is mirrored in many other countries where customary rights are not recognised. Taking away the lands of communities is a violation of both their customary and historical rights.

Secure access to and control over land and natural resources are inextricably linked to the enjoyment of the rights enshrined in the Universal Declaration of Human Rights and several regional and international human rights conventions, such as the rights to an adequate standard of living, housing, food, health, culture, property and participation. We note with grave concern that states are not meeting their obligations in this regard and putting the interests of business interests above the rights of peoples.

Land-grabbing is a global phenomenon led by local, national and transnational elites and investors, and governments with the aim of controlling the world’s most precious resources. The global financial, food and climate crises have triggered a rush among investors and wealthy governments to acquire and capture land and natural resources, since these are the only “safe havens” left that guarantee secure financial returns. Pension and other investment funds have become powerful actors in land-grabbing, while wars continue to be waged to seize control over natural wealth. The World Bank and regional development banks are facilitating land grabs by promoting corporate-friendly policies and laws, facilitating capital and guarantees for corporate investors, and fostering an extractive, destructive economic development model. The World Bank, IFAD, FAO and UNCTAD have proposed seven principles that legitimise farmland grabbing by corporate and state investors. Led by some of the world’s largest transnational corporations, the Alliance for a Green Revolution in Africa (AGRA) aims to transform smallhold agriculture into industrial agriculture and integrate smallhold farmers to global value chains, greatly increasing their vulnerability to land-loss.

Land-grabbing goes beyond traditional North-South imperialist structures; transnational corporations can be based in the United States, Europe, Chile, Mexico, Brazil, Russia, India, China, South Africa, Thailand, Malaysia and South Korea, among others. It is also a crisis in both rural and urban areas. Land is being grabbed in Asia, Africa, the Americas and Europe for industrial agriculture, mining, infrastructure projects, dams, tourism, conservation parks, industry, urban expansion and military purposes. Indigenous peoples and ethnic minorities are being expelled from their territories by armed forces, increasing their vulnerability and in some cases even leading to slavery. Market based, false solutions to climate change are creating more ways to alienate local communities from their lands and natural resources.

Despite the fact that women produce most of the world’s food, and are responsible for family and community well being, existing patriarchal structures continue to dispossess women from the lands that they cultivate and their rights to resources. Since most peasant women do not have secure, legally recognised land rights, they are particularly vulnerable to evictions.

The fight against land-grabbing is a fight against capitalism, neoliberalism and a destructive economic model. Through testimonies from our sisters and brothers in Burkina Faso, Columbia, Guatemala, Democratic Republic of Congo, France, Ghana, Guinea Bissau, Honduras, India, Indonesia, Mali, Mauritania, Mozambique, Nepal, Niger, Senegal, South Africa, Thailand and Uganda, we learned how land-grabbing threatens small scale, family based farming, nature, the environment and food sovereignty. Land grabbing displaces and dislocates communities, destroys local economies and the social-cultural fabric, and jeopardizes the identities of communities, be they farmers, pastoralists, fisherfolk, workers, dalits or indigenous peoples. Those who stand up for their rights are beaten, jailed and killed. There is no way to mitigate the impacts of this economic model and the power structures that promote it. Our lands are not for sale or lease.

But we are not defeated. Through organisation, mobilisation and community cohesiveness, we have been able to stop land-grabbing in many places. Furthermore, our societies are recognising that small-scale, family based agriculture and food production is the most socially, economically and environmentally sustainable model of using resources.

Recalling the Dakar Appeal, we reiterate our commitment to resist land-grabbing by all means possible, to support all those who fight land-grabs, and to put pressure on national governments and international institutions to fulfill their obligations to defend and uphold the rights of peoples. Specifically, we commit to:

Organise rural and urban communities against land-grabs in every form.

Strengthen the capacities of our communities and movements to reclaim and defend our rights, lands and resources.

Win and secure the rights of women in our communities to land and natural resources.

Create public awareness about how land grabbing is creating crises for all society.

Build alliances across different sectors, constituencies, regions, and mobilise our societies to stop land-grabbing

Strengthen our movements to achieve and promote food sovereignty and genuine agrarian reform

In order to meet the above commitments, we will develop the following actions:

  • Report back to our communities the deliberations and commitments of this Conference.
  • Institutionalise April 17 as the day of global mobilisation against land-grabbing; also identify additional appropriate dates that can be used for such mobilisations to defend land and the commons.
  • Develop our political arguments to expose and discredit the economic model that spurs land-grabbing, and the various actors and initiatives that promote and legitimise it.
  • Build our own databases about land-grabbing by documenting cases, and gathering the needed information and evidence about processes, actors, impacts, etc.
  • Ensure that communities have the information they need about laws, rights, companies, contracts, etc., so that they can resist more effectively the business investors and governments who try to take their lands and natural resources.
  • Set up early warning systems to alert communities to risks and threats.
  • Establish a Peoples’ Observatory on land-grabbing to facilitate and centralise data gathering, communications, planning actions, advocacy, research and analysis, etc.
  • Strengthen our communities through political and technical training, and restore our pride in being food producers and providers.
  • Secure land and resource rights for women by conscientising our communities and movements, targeted re-distribution of land for women, and other actions make laws and policies responsive to the particular needs of women.
  • Build strong organisational networks and alliances at various levels–local, regional and international–building on the Dakar Appeal and with small-scale food producers/providers at the centre of these alliances.
  • Build alliances with members of pension schemes in order to prevent pension fund managers from investing in projects that result in land grabbing.

Make our leaders abide by the rules set by our communities and compel them to be accountable to us, and our communities and organisations.

  • Develop our own systems of legal aid and liaise with legal and human rights experts.
  • Condemn all forms of violence and criminalisation of our struggles and our mobilizations in defense of our rights.
  • Work for the immediate release of all those jailed as a result of their struggles for their lands and territories, and urgently develop campaigns of solidarity with all those facing conflicts.
  • Build strategic alliances with press and media, so that they report accurately our messages and realities; counter the prejudices spread by the mainstream media about the land struggles in Zimbabwe.
  • Develop and use local media to organise members of our and other communities, and share with them information about land-grabbing.
  • Take our messages and demands to parliaments, governments and international institutions.
  • Identify and target local, national and international spaces for actions, mobilizations and building broad-based societal resistance to land-grabbing.
  • Plan actions that target corporations, (including financial corporations), the World Bank and other multilateral development banks that benefit from, drive and promote land and natural resource grabs.
  • Expand and strengthen our actions to achieve and promote food sovereignty and agrarian reform.
  • Support peoples’ enclosures of their resources through land occupations, occupations of the offices of corporate investors, protests and other actions to reclaim their commons.
  • Demands that our governments fulfill their human rights obligations, immediately stop land and natural resource transfers to business investors, cancel contracts already made, and protect rural and urban communities from ongoing and future land-grabs.

We call all organizations committed to these principles and actions to join our Global Alliance against Land-Grabbing, which we solemnly launch today here in Nyeleni.

Globalise the struggle! Globalise hope!

Analysis: Hidden Hegemony: Canadian Mining In Latin America.

Canada’s mining industry is the largest in the world, and in 2004 its world market share accounted for 60 percent of all mining companies. In fact, the entire Latin American region is second only to Canada in terms of the breadth of its mining exploration and development activity.[i] In what some call the “halo effect,” Canadian industries have been perceived as the more conscientious alternative to their U.S. equivalents. Since Canadian industries are understood to have socially responsible practices, especially in contrast to those of American companies, they are typically welcomed abroad.[ii] Nonetheless, recent accusations that the Canadian mining company Pacific Rim played a role in the death squad killings of anti-mining activists in El Salvador has brought this reputation into question, while further investigation into the Canadian government’s regulation reveals that the government has mandated no true restrictions on its industry’s mining practices abroad. Left to its own accord, the Canadian mining industry has no problem destroying landscapes, uprooting communities, and even resorting to violence to promote its interests; for this reason, only government regulation can affect true change. A recent move by the Peruvian government to protect citizens near the city of Puno demonstrates that Latin American governments may finally be willing and able to regulate Canadian mining companies operating within their nations.

The Evolution of Canadian Mining in Latin America

In the period from 1990 to 2001, mineral investment in Latin America increased by 400 percent, and by 2005, the region was receiving 23 percent of total worldwide exploration investments. The Canadian mining industry’s share of the Latin American market is the largest of any country, at 34 percent in 2004.[iii] However, even with a substantial flow of Canadian investment in the mining sectors of these countries, living standards have not tangibly improved for those in proximity of the mines, despite the image portrayed by the mining industry.

For a large part of the 20th century, the majority of the mineral wealth in Latin America was government property. Beginning in the 1980′s, the regional shift to neo-liberalism also saw the transfer of state property to transnational corporations. [iv] The immediate entry of the Canadian mining industry into the Latin American market corresponds with this neo-liberal shift. The Canadian government used various means to facilitate and promote the Canadian mining industry’s entry into the region including funds from the World Bank, IMF and incentives provided by Canadian foreign policy initiatives themselves. Since the 1980s, structural adjustment programs implemented in Latin America have opened the region’s markets to incentivize investment from the world’s wealthiest nations. Canada has been a particularly vocal advocate of these measures, hoping to expand its economic interests in Latin America. [v]

Canada also promotes its economic reach in Latin America through Free Trade Agreements. In addition to its leadership role in NAFTA, Canada has established Free Trade Agreements or Foreign Investment Protection Agreements with many Latin American states, and has been a principal proponent of the Free Trade Area of the Americas.[vi] Canada’s Free Trade Agreement with Peru allowed the country to become Canada’s third-largest trading partner in Latin America by 2007.[vii] This increase is largely attributed to the rising price of mineral resources, especially since, “Gold and other precious metals constituted more than 53 percent of Peruvian exports to Canada in 2007.”[viii]

The Canadian government’s most controversial means of promoting its mining interests in Latin America is through foreign aid. Under the pretext of foreign aid, the Canadian International Development Agency or CIDA awarded Peru with a CAD 9.6 million, USD 6.2 million[ix] investment to the Mineral Resource Reform Project in a move meant to promote Canadian mining interests in the nation.[x]

One Canadian Mining Company’s Response to Resistance

Canadian mining companies often resort to extreme measures to promote their interests. The Canadian government has failed to regulate its mining industry abroad, but accusations that Pacific Rim, a mining company based in Vancouver, played a role in the deaths of anti-mining reporters in El Salvador demonstrates the extent of destruction that mining can reach in the region when left unchecked. In a July 12, 2011 statement, Senator Patrick Leahy of Vermont condemned the killings of anti-mining activists in El Salvador following the June 14, 2011 discovery of Juan Francisco Duran Ayala’s body; he was last seen posting flyers critical of gold mining in the region. His death is the most recent of numerous violent attacks against anti-mining activists in the country’s Cabañas region. [xi] In 2010, three anti-mining activists in the region were gunned down, after receiving numerous death threats citing their activism regarding the El Dorado mine in El Salvador. As a result, the Inter-American Commission on Human Rights demanded that the Salvadoran government protect the rights of journalists and the media. [xii]

One radio station in El Salvador, Radio Victoria, reports receiving death threats as well as threats on family members unless they curb their anti-mining expression.[xiii] Reporters without Borders described the station’s critical role, saying, “For nearly a decade, Radio Victoria has been the mouthpiece of local communities and environmental activists opposed to the mining operations of Vancouver-based Pacific Rim Mining Corp. The station has played a key role in providing the local population with information about the dangers that the mining poses to their health and even their survival.”[xiv] Given Radio Victoria’s strong anti-mining stance, one reporter said, “We don’t trust the men who are protecting us. The mining company has connections with the local authorities. I don’t trust the local police.”[xv] The Prosecutor General’s Office is in charge of this investigation, but despite the national and international attention surrounding the events, no report was issued as of June 2011.[xvi] The failure to produce any real answers surrounding these threats and murders suggests that Pacific Rim’s influence may reach beyond local death squads to the Salvadoran government.

The Negative Effects of Canadian Mining Around the World

Canadian industries operating abroad have always benefitted from positive perceptions of the nation’s practices resulting from the aforementioned “halo effect.”[xvii] However, in truth, Canadian mining often has drastic consequences for local environments and communities; thus, recent activities, in reality, stand to dampen this image. Across the globe, Canadian mining companies destroy landscapes, contaminate the environment, and disturb the lives of locals. Meanwhile, the Canadian government does little, if anything, to hold these companies accountable for their exploits. In effect, environmental groups recognize that Canadian mining firms are “just as bad as the most ruthless of American companies.”[xviii]

To illustrate, one Canadian gold mining company, Goldcorp, maintains mines in the following Latin America nations: Mexico, Guatemala, the Dominican Republic, Honduras, Brazil, Chile, and Argentina. Goldcorp represents just one of the many Canadian mining companies in Latin America, yet its mines have been associated with numerous infractions, including the destruction of archaeological sites, acid mine drainage, water resource depletion in drought-prone areas, polluting water resources with copper and iron, high levels of arsenic and lead in local inhabitants, mercury poisoning, pipeline bursts, and disregarding the pleas of locals.[xix]

The Effects of Mining on the Environment

Depletion of water resources and contamination are the principal negative ramifications of mining, in addition to physical destruction. Mining companies often forcibly monopolize water resources, as many mining techniques require large amounts of water. As a result, local communities are left with a profound shortage or impaired quality of water. For example, Goldcorp’s Marlin mine in Guatemala uses approximately 2,175,984,000 liters per year compared to the 153,300 used by an average North American citizen or the average 13,505 liters used by an African citizen.[xx] The problem is exacerbated in areas that receive as little as 150 mm of rainfall per year such as northwest Argentina, where the joint venture Alumbrera mine operated by Goldcorp, Xstrata and Northern Orion depletes the already precarious water supply, leaving locals in desperation.[xxi]

Water pollution has a more detrimental and long-lasting effect on the environment than water depletion. Acid Mine Drainage (AMD), the most common form of mining contamination, occurs when sulfides housed in the rock are exposed to air during excavation, forming sulfuric acid. This acid runs off into nearby streams and lakes, polluting the surrounding watershed. The acid dissolves other heavy metals it encounters such as copper, lead, arsenic, zinc, selenium and mercury, which further pollute the surface and ground water of the region.[xxii] AMD can continue for thousands of years after the mine is closed, as illustrated by a 2,000-year-old mine in Great Britain that continues to produce AMD today. Goldcorp mines have been associated with AMD in four Latin American countries: Mexico, Honduras, Guatemala, and Argentina.[xxiii]

Cyanide, used to extract gold and silver from the surrounding rock, makes large-scale processing possible, but when released into the environment, it can have serious consequences. On average, 70 tons of waste is created in the processing of 1 ounce of gold. At Goldcorp’s San Martín mine in Honduras, an average of .78 ounces of gold is extracted from every ton of ore, and an enormous amount of rock must be moved. When chemically treated rock and ore, known as ‘mine tailings,’ spill during transport, the water supply can become contaminated with cyanide.[xxiv] Though mining companies report that cyanide is broken down by sunlight and transformed into a nontoxic form, it frequently harms, or even kills, aquatic life.[xxv] At the La Coipa mine in Chile, a former Goldcorp holding, mercury as well as cyanide was discovered in groundwater as a result of mine seepage. Blood samples taken from the local community population near Goldcorp’s San Martín mine in Honduras registered high levels of mercury, lead and arsenic.[xxvi]

False Hope and Canadian Bill C-300

The Canadian mining industry’s operations in Latin America have unquestionably harmed the surrounding environments and communities and influenced the policies of the host nations.[xxvii] Despite this, the Canadian government refuses to enforce any type of human rights regulations outside of Canadian territory; instead, the government supports the mining industry both financially and politically regardless of its practices. Several enlightened segments of the Canadian government took a stand against the government’s policy with respect to foreign mining practices, but to no avail. The parliamentary Standing Committee for Foreign Affairs and International Trade issued a report calling for reforms regarding mining in foreign countries. However, the government responded stating that no precedent for prosecuting or regulating practices outside of the Canadian territory currently exists. The government established a round-table to address the issue, viewed by many critics as an ineffective stalling tactic. [xxviii]

Canadian Bill C-300, also known as the Responsible Mining Bill, provided a glimmer of hope for increased accountability of Canadian mining industry practices in the developing world. The bill would have ensured compliance with the stringent international environmental practices the Canadian government claims to uphold, as well as reaffirmed Canada’s commitment to human rights. Additionally, the bill would have outlined environmental standards for the Canadian extractive industry, provisions for grievances to be brought before the ministers of Foreign Affairs and International Trade, and public reporting of any dismissed complaint in the Canada Gazette.[xxix] According to Bill C-300, any government funding for Canadian extractive companies abroad would be contingent upon compliance with the aforementioned standards and would require confirmation by the local Canadian embassy. C-300 was the legal apparatus to ensure acceptable practices by Canadian mining firms abroad. Although C-300 passed on the second reading in 2009, the bill ultimately failed to pass the final vote in the House of Commons on October 27, 2010.[xxx] This was an unfortunate victory for the Canadian mining industry, and was yet another sign that the current Conservative government does not support human rights and environmental health, at least not when Canada’s extractive industry could see its profit margin adversely affected in any way.

However, the government holds that it does in fact support human rights in developing nations through the controversial IMF and World Bank structural adjustments plans.[xxxi] In spite of Canada’s rather flattering reputation for high moral standards, at least in comparison to the U.S., Canada’s support for human rights appears quite dubious at times. Ottawa refused to sign the United Nations’ Draft Declaration on the Rights of Indigenous Peoples that requires consent from indigenous groups before any projects can commence on their land. Canada, along with Australia, called for revision, which significantly slowed the process and ultimately blocked its passage. [xxxii] The failure of this declaration was a certain victory for the Canadian mining industry in Latin America, which conducts its business almost exclusively on inhabited territory.

Nearly all new mine locations are located either on inhabited lands or close to established communities. Given the almost certain environmental degradation and pollution associated with mines, as well as the possible disruption in game and foul patterns, local communities tend to oppose mining. Though permission is technically required from indigenous communities before exploration or mining can begin on their lands, this is often a mere formality that does not even remotely protect the interests of the community. Because of this, mining is a persistent source of conflict in the region, pitting local and indigenous communities against large Canadian mining companies.[xxxiii]

Responses to Canadian Mining

Latin American resistance appears inevitable given the contradiction between the government’s policies and the citizens’ sentiments. Many Latin American citizens express little confidence in the private sector’s management of mineral extraction industries.[xxxiv] Local communities typically bear the brunt of mining cost, while profits are carted off to foreign headquarters of the mining company, leaving only a fractional percentage of profits within the capital or other major cities of the host nation. Since neither the Canadian government nor the respective national governments protect the rights of local community members, these communities are forced to stand up for themselves through protests and blockades.

Changing Times– One Latin American Country Turns Feisty and Stands up to Mining

Despite the efforts of Canadian mining companies to go to unacceptable lengths to ensure their interests seemingly at any cost, recent action taken by the Peruvian government may demonstrate a change in policy with regard to the Andean nation’s support of Canadian mining companies. In 2007, the Peruvian government granted a concession to the Canadian company Bear Creek Mining for rights to land near Puno, on the shore of Lake Titicaca. In early May of this year, protests broke out in the Puno region, demanding a halt to mining exploration and a revocation of the concession. Originally, protesters were relatively peaceful, blocking the Bolivian border crossing and other highways. However, in late May the protests turned violent, and participants began torching government buildings and threatening to interfere with the June 5 presidential election. The García government responded by putting a hold on all new concessions for twelve months, but this was not enough for the protesters; they later blockaded more roads and spread unrest throughout the entire Puno region, threatening other industries there as well. The government decided to revoke Bear Creek’s concession, despite outrage expressed on behalf of the company. Unfortunately, this decision was not made until the police fired on a group of protesters headed toward the Juliaca airport.[xxxv]

This decision by the Peruvian government symbolized a decisive victory for local interests and demonstrated a shift in government policy. Until recently, Peruvian government policy mechanically supported economic interests over those of its citizens. This policy shift was likely invigorated as a result of the June 5 presidential election, in which the left-leaning populist Ollanta Humala was elected. In the Puno department, Humala, a champion of rights and economic prosperity for all Peruvians, won the election decisively with 78 percent of the vote, the largest margin of all 26 of Peru’s departments.[xxxvi]

Conclusion

Canada, a country with a supposed commitment to environmental health and human rights, has the largest extractive industry presence in Latin America. Nevertheless, the Canadian government refuses to take any action when its extractive industry’s practices fail to guarantee an accord with the country’s broader allegiances to ethical practices abroad. Unchecked mining in Latin America has grievous repercussions for the environment and the populations in surrounding areas. However, given the large political and economic influence that the Canadian extractive industry wields, even at times resorting to violence, Latin American governments often neglect the best interests of their citizens and environment when they act to join forces with foreign multinationals against their own citizens. Fortunately, this trend seems to be changing, as seen with the Peruvian government’s revocation of Bear Creek Mining’s concession amidst the uproar from local communities. Sadly, this movement turned violent before the government reacted in the name of its own citizens. For this reason, it is imperative that Ottawa hold its industries accountable to some approximation of environmental and human rights standards, both at home and abroad.

References for this article can be found here.

About the author:

COHA

COHA, or Council on Hemispheric Affairs, was founded in 1975, the Council on Hemispheric Affairs (COHA), a nonprofit, tax-exempt independent research and information organization, was established to promote the common interests of the hemisphere, raise the visibility of regional affairs and increase the importance of the inter-American relationship, as well as encourage the formulation of rational and constructive U.S. policies towards Latin America.

[1][i.] Gordon, Todd and Webber, Jeffery R. ‘Imperialism and Resistance: Canadian mining companies in Latin              America’, Third World Quarterly, 29:1, 70

[1][ii.] Derek Abma, “Our halo is wearing thin amid business scandals,” Vancouver Sun, July 1, 2011, accessed July   5, 2011, http://www.vancouversun.com/story_print.html?id=5034584&sponsor=.

[1][iii.] Todd Gordon and Jeffery R. Webber, ‘Imperialism and Resistance: Canadian mining companies in Latin             America’, Third World Quarterly, 29:1, 72

[1][iv.] Todd Gordon and Jeffery R. Webber, ‘Imperialism and Resistance: Canadian mining companies in Latin            America’, Third World Quarterly, 29:1, 67-8

[1][v.] Todd Gordon and Jeffery R. Webber, ‘Imperialism and Resistance: Canadian mining companies in Latin             America’, Third World Quarterly, 29:1, 66

[1][vi.] Todd Gordon and Jeffery R. Webber, ‘Imperialism and Resistance: Canadian mining companies in Latin            America’, Third World Quarterly, 29:1,

[1][vii.] Stephen J. Randall, “Canada, the Caribbean and Latin America: Trade, Investment and Political Challenges,” Canadian International Council, accessed July 7, 2011, http://www.opencanada.org/wp-            content/uploads/2011/05/Canada-the-Caribbean-and-Latin-America_-Trade-Investment-and-      Political-Challenges-Stephen-J.-Randall.pdf.

[1][viii.] Ibid.

[1][ix.] “Historical Exchange Rates,” Accessed July 8, 2011, Oanda.com, http://www.oanda.com/currency/historical-   rates/.

[1][x.] Todd Gordon and Jeffery R. Webber, ‘Imperialism and Resistance: Canadian mining companies in Latin              America’, Third World Quarterly, 29:1, 69

[1][xi.] “Statement Of Senator Patrick Leahy On Violence Against Antimining Activists In El             Salvador,”             Accessed July 21, 2011, The Office of Senator Patrick Healy,               http://leahy.senate.gov/press/press_releases/release/?id=e29a4642-bd56-46e1-  bda8-                94799fff9e53

[1][xii.]Edgardo Ayala. ” Radio Station under Threat in Mining Region,” Accessed July, 21, 2011, Inter Press Service,                 http://ipsnews.net/news.asp?idnews=56111

[1][xiii.] Ibid.

[1][xiv.] Ibid.

[1][xv.] Ibid.

[1][xvi.] Ibid.

[1][xvii.] Derek Abma, “Our halo is wearing thin amid business scandals,” Vancouver Sun, July 1, 2011, accessed July               5, 2011, http://www.vancouversun.com/story_print.html?id=5034584&sponsor=.

[1][xviii.] Ibid.

[1][xix.] “Investing in Conflict, Public Money, Private Gain: Goldcorp in the Americas,” Rights Action, Accessed June               22, 2011, http://www.rightsaction.org/Reports/research.pdf.

[1][xx.] Ibid.

[1][xi.] Ibid.

[1][xii.] Ibid.

[1][xiii.] Ibid.

[1][xiv.] Ibid.

[1][xv.] Ibid.

[1][xvi.] Ibid.

[1][xvii.] Todd Gordon and Jeffery R. Webber, ‘Imperialism and Resistance: Canadian mining companies in Latin          America’, Third World Quarterly, 29:1, 64

[1][xviii.] Todd Gordon and Jeffery R. Webber, ‘Imperialism and Resistance: Canadian mining companies in Latin         America’, Third World Quarterly, 29:1, 69

[1][xxix.] Joan Russow, “Canada Day 2011: 100 Reasons to Not Celebrate,” Pacific Free Press, July   1, 2011,   Accessed July 7, 2011, http://www.pacificfreepress.com/news/1-/9099-100-reasons-to-not-       celebrate-canada-day.html.

[1][xxx.] Ibid.

[1][xxxi.] Todd Gordon and Jeffery R. Webber, ‘Imperialism and Resistance: Canadian mining companies in Latin          America’, Third World Quarterly, 29:1, 70

[1][xxxii.] Ibid.

[1][xxxiii.] Todd Gordon and Jeffery R. Webber, ‘Imperialism and Resistance: Canadian mining companies in Latin        America’, Third World Quarterly, 29:1, 68

[1][xxxiv.] Todd Gordon and Jeffery R. Webber, ‘Imperialism and Resistance: Canadian mining companies in Latin       America’, Third World Quarterly, 29:1, 72

[1][xxxv.] Lucien Chauvin, ” Peru’s Airport Siege: A Bad Omen for the New President,” Time, June   27, 2011,                Accessed July 7, 2011, http://www.time.com/time/world/article          /0,8599,2079964,00.html#ixzz1RWaxRMv0.

[1][xxxvi] Ibid.

http://www.eurasiareview.com/hidden-hegemony-canadian-mining-in-latin-america-analysis-28072011/

PROCESO: Los nuevos esclavos de los cárteles.


El cáncer de la violencia por narcotráfico lleva aparejados muchos otros, pero las autoridades no pueden con ninguno de ellos. En los últimos cuatro años, por ejemplo, los secuestros se dispararon en el país, con la diferencia de que ahora grupos criminales, como Los Zetas, plagian de manera indiscriminada a todo tipo de jóvenes y los “reclutan” para su causa. Lo grave es que los convierten en sus esclavos, sostiene el sacerdote Alejandro Solalinde. Es por ello que el religioso participa en la organización de la segunda caravana internacional Paso a Paso Hacia la Paz, cuyo cometido es alzar la voz por los migrantes indocumentados que padecen lo indecible durante su trayecto a Estados Unidos.

El secuestro de migrantes centroamericanos y mexicanos es ya un gran negocio para el crimen organizado. Y aun cuando las autoridades han firmado acuerdos, pactos y tratados, nada frena ese delito que, de acuerdo con cifras conservadoras de agrupaciones nacionales y extranjeras, deja ganancias de por lo menos 50 millones de dólares al año a los grupos delincuenciales.

Un informe reciente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) sostiene que desde 2008 se han registrado alrededor de 20 mil secuestros anuales. Durante su trayecto a Estados Unidos, los indocumentados son objeto de innumerable vejaciones de organizaciones criminales.

Alejandro Solalinde, quien dirige el albergue Hermanos en el Camino, ubicado en Ixtepec, Oaxaca, advierte que Los Zetas suelen secuestrar a hombres y mujeres y los obligan a trabajar para ellos como halcones. Asegura que él ha recibido testimonios de los plagiados, según los cuales los sicarios los adiestran y los convierten en su ejército de reserva.

En entrevista telefónica la víspera de la marcha contra los secuestros y violaciones a los derechos de los migrantes, que se inició el sábado 23 de manera simultánea en Nicaragua, Honduras, El Salvador y Guatemala, y culminará en México el domingo 31, Solalinde manifiesta que se trata de una nueva versión de la leva en la que los migrantes centroamericanos y mexicanos son tomados como “desechables”.

El infierno

Los plagios de migrantes por parte de zetas comenzaron a denunciarse hace dos años. Al principio los sicarios no pedían rescate a los familiares, más bien obligaban a sus víctimas a trabajar para ellos.

Según los testimonios reunidos por Solalinde, luego de llevar tiempo desaparecidos, algunos jóvenes llamaban por teléfono a sus familiares para decirles que no dijeran nada al Ejército o la policía ni intentaran buscarlos; les comentaban que estaban trabajando para Los Zetas y que mejor se olvidaran de ellos porque nunca los iban a soltar. Los migrantes, insiste el entrevistado, “están atrapados. Los sicarios primero los entrenan y luego los ponen a trabajar en las plazas nacionales que controlan, o incluso fuera del país.

“No se pueden salir del entorno al que los confinan porque los matan. Tuvimos información de que un par de jóvenes de Veracruz fueron obligados a participar en una matanza en Guatemala. (Los Zetas) se los llevaron para allá y los forzaron a matar a la gente. ¡Imagínese lo que estarán haciendo en otros lados del país.”

Encargado del área pastoral de migrantes de la Conferencia del Episcopado Mexicano y del albergue Hermanos en el Camino, Solalinde comenta que lo mejor que les podría pasar a esos “nuevos esclavos” del crimen organizado es que los metieran a la cárcel porque, aunque les den una sentencia larga, por lo menos se zafarían del poder de los narcotraficantes.

Tras mencionar las entidades en las que ocurre este fenómeno, insiste en que es Veracruz el territorio donde es mayor el reclutamiento forzado. Y advierte que ahora los criminales están secuestrando a los adolescentes de los pueblos y ciudades veracruzanas.  “Esto lo sabe el gobernador Javier Duarte. Él es consciente de lo que está pasando en Veracruz. Le hemos dicho que ya se están llevando a los jóvenes de su estado a otros lados

para que trabajen para Los Zetas, pero no ha hecho nada, pese a las denuncias presentadas en las que incluso están involucradas autoridades locales”, relata Solalinde.

–Usted ha hablado de que en Veracruz hay fosas clandestinas y que incluso otros sacerdotes le han comentado sobre ese tema –se le pregunta.

–Sí. A los que no aceptan (trabajar para las organizaciones criminales) los matan y los desaparecen; son desechables, pues los sustituyen por otros. Así pasó con los migrantes de San Fernando (Tamaulipas). Algunos sobrevivientes dijeron que los habían matado (a sus compañeros) por negarse a trabajar para ellos. Los matan y los entierran en fosas.

Seguramente eso está pasando en Veracruz, pero también en el Estado de México. Señala que han tenido información de que en territorio mexiquense Los Zetas también plagian a los migrantes para reclutarlos en sus filas. Y, al igual que lo hacen con los jóvenes de Veracruz, los llevan a otras entidades como carne de cañón.

Foro de denuncia

Alejandro Solalinde adelanta que la delegación de la Relatoría sobre Trabajadores Migratorios y Miembros de sus Familias de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de la OEA –integrada por el expresidente español Felipe González; el secretario ejecutivo del organismo internacional, Santiago A. Cantón, y el abogado especialista de dicha relatoría, Álvaro Botero– analizará la denigrante situación que viven los migrantes.

“Todo ha empeorado. Hoy, las extorsiones, secuestros y reclutamiento no sólo afectan a los jóvenes migrantes, también a hombres de cualquier edad y a mujeres. Es una nueva esclavitud, es una catástrofe. Creo que lo único que nos queda es presionar en foros internacionales porque aquí nadie hace caso (a las denuncias)”, advierte.

El Informe alternativo sobre protocolo facultativo de la Convención sobre los Derechos del Niño elaborado por la Red por los Derechos de la Infancia en México (Redim) y presentado a la ONU a finales del año pasado, sostiene que el reclutamiento de menores para el crimen organizado se incrementó de 25 mil a 35 mil en los últimos cuatro años.

De acuerdo con el análisis, hace una década la edad de los reclutados oscilaba entre 20 y 35 años. Ahora, los jóvenes de entre 12 y 15 años ingresan a las filas de la delincuencia organizada.  El documento señala que de diciembre de 2006 a octubre de 2010, entre mil 60 y mil 200 menores fueron víctimas de la guerra del gobierno federal contra el crimen organizado.

Además, se incrementó en 34% el número de arrestos de adolescentes acusados de tener vínculos con organizaciones delincuenciales, portación de armas y delitos contra la salud. El obispo de la diócesis de Saltillo, Raúl Vera, también ha denunciado el reclutamiento forzado de niños de 12 años en Coahuila por parte de zetas “para entrenarlos y utilizarlos posteriormente como halcones”.

El miércoles 13, al terminar la peregrinación de la diócesis de Saltillo a la Basílica de Guadalupe, el obispo Vera dijo que algunos de los niños reclutados reciben hasta mil 500 pesos como pago cada semana.

El Centro de Derechos Humanos Fray Juan de Larios, perteneciente al obispado de la diócesis de Saltillo, tiene registradas 185 desapariciones forzadas en Coahuila, en tanto que las autoridades estatales aseguran que han recibido 219 denuncias de desaparición de personas.

El mes pasado, Vera declaró que el crimen organizado obtiene 50 millones de dólares al año por el secuestro de migrantes que atraviesan territorio nacional. El día 14, en Saltillo, al concluir el taller internacional por el “Derecho a emigrar sin violencia”, el obispo manifestó la urgencia de “remover este espantoso calvario que están padeciendo nuestros hermanos migrantes”.

Comentó también que en diversos países hay preocupación por la grave situación por la que atraviesan los migrantes indocumentados en territorio nacional durante su itinerario hacia Estados Unidos, aun cuando el gobierno federal les otorgue un estatus migratorio regular

durante su estancia en el país; eso puede lograrse si ellos consiguen una visa o se da un acuerdo de supresión de visas entre México y sus países de origen, sobre todo los de Centroamérica, expuso Vera.

Los participantes exigieron que se garantice la seguridad de los migrantes; que se reconozca, garantice y proteja el derecho de defender a los indocumentados, así como a la casa del  migrante y a personas defensoras de derechos humanos; asimismo, poner fin a la impunidad  de las autoridades y perseguir, consignar y sancionar a los autores de secuestros, masacres, violencia sexual y otros abusos contra los migrantes.

Además, dijeron que, para enfrentar la ineficiencia de instituciones de procuración de justicia a  niveles estatal y federal, debe crearse una instancia especializada para investigar los delitos conforme a los estándares internacionales de derechos humanos y que esté en contacto permanente con las organizaciones sociales defensoras de los migrantes.

La nueva caravana

Para denunciar las violaciones, secuestros, extorsiones y reclutamiento forzado de jóvenes, Solalinde organizó dos movilizaciones en los últimos meses.

La primera, llamada Paso a Paso hacia la Paz, fue la del 8 de enero pasado en la ciudad de Arriaga, Chiapas, y culminó en el albergue Hermanos en el Camino, en Ixtepec, Oaxaca.  Durante el trayecto, en la población de Chahuites, los organizadores se entrevistaron con el gobernador Gabino Cué. En la segunda, realizada el 8 de mayo, los migrantes centroamericanos cargaron cruces de madera para escenificar el suplicio que significa su paso por México; incluso se unieron a la Marcha por la Paz que encabezó el escritor Javier Sicilia desde Cuernavaca y que terminó en el Zócalo de la Ciudad de México.

En esta nueva caravana Paso a Paso Hacia la Paz, que desde el sábado 23 avanza hacia México, Solalinde y organizaciones como el Movimiento Migrante Mesoamericano, Litigio Estratégico en Derechos Humanos, A.C., Nuestros Lazos de Sangre, Familia Latina Unida, Alianza Braceros del Norte, y la Red Migrante y Cultura Migrante congregaron a migrantes de Honduras, El Salvador y Guatemala.

El objetivo es llegar a Ixtepec, Oaxaca, el jueves 28 y realizar ahí varios eventos. Luego, los participantes marcharán a Coatzacoalcos, Veracruz, donde tendrán un encuentro con los integrantes de la relatoría de la CIDH, que realizan su segunda visita a México –la primera fue en 2002–, para discutir con ellos sobre los derechos humanos de los migrantes ilegales.

En un comunicado difundido a principios de junio, cuando anunciaron la segunda caravana Paso a Paso Hacia la Paz, los organizadores señalan que el origen de los secuestros de migrantes en México está vinculado con los territorios controlados por el crimen organizado.

Dicen, por ejemplo, que ese delito se observa particularmente en Tamaulipas, Tabasco y Veracruz, donde la delincuencia organizada cuenta con la complicidad de autoridades locales, estatales y federales.

“Lamentablemente, en esos estados la justicia es una quimera remota, una ambición atrincherada, el espejismo de una democracia fallida. Es en esas tierras en las que ocurren los secuestros masivos en contra de la población migrante, siempre bajo la opacidad de una autoridad omisa, insensible y sin vocación ni preparación para enfrentar al crimen organizado.”

En su documento señalan que el estado “pionero” de esta situación es Veracruz, que se ha convertido en lugar de referencia en cuanto a secuestros y agresiones cometidas en contra del flujo migratorio en tránsito por sus localidades.

También denuncian que la población civil de ese estado se encuentra paralizada por la impunidad pues las autoridades dejaron de lado su tarea de velar por el bienes­tar social y la procuración de justicia. “El simple hecho de pronunciar la palabra zeta puede ser motivo de persecución, extorsión e incluso la muerte”, advierten.

Los Zetas, exponen, obtienen ganancias millonarias mediante el secuestro masivo de los migrantes cuya penuria los obliga a viajar en trenes de carga; lo que se traduce en la multiplicación de cementerios escondidos, fosas resguardadas en el olvido y cadáveres sepultados en la deshonra del gobierno mexicano.

“La masacre de nuestros hermanos centroamericanos es evidente. Por los más de 10 mil secuestros cada seis meses, las familias residentes en Estados Unidos y Centroamérica han pagado el precio de la incompetencia gubernamental y la cotidiana corrupción que abruma al país.”

Exponen que la segunda caravana Paso a Paso Hacia la Paz constituye un esfuerzo por frenar y difundir a nivel internacional la innegable realidad de los secuestros de migrantes en tránsito por México, e insisten en que el gobierno de Veracruz no hace nada por frenar los secuestros y el reclutamiento forzado de migrantes y población juvenil.

Por ello, advierten, ese tramo de la caravana Paso a Paso Hacia la Paz constituye un riesgo necesario porque el gobierno de Veracruz ha negado sistemáticamente los secuestros:  “No hay información sobre servidores públicos que hayan sido procesados por sus nexos con el

crimen organizado –dicen–, salvo un agente municipal y algunos centroamericanos. Sin embargo, nunca se han levantado cargos contra los líderes de la delincuencia organizadacontra los funcionarios de gobierno que, por comisión y omisión, han permitido el secuestro.”

José Gil Olmos

http://www.proceso.com.mx

VIII FORO MESOAMERICANO DE LOS PUEBLOS. Minatitlán, Veracruz, México

Reunidos los días 8,9 y 10 de Abril del 2011en este pueblo de Minatitlán, Veracruz, México en el corazón de la tierra olmeca, los representantes de organizaciones, comunidades, redes y movimientos de toda Mesoamerica emitimos la presente Declaratoria.

Los pueblos de Mesoamerica vivimos hoy una de las etapas más difíciles de nuestra ya larga historia ; los grandes megaproyectos como el Plan Puebla-Panamá ( hoy Proyecto Mesoamerica) y los Tratados de Libre Comercio sólo han traído más miseria y violencia para nuestras gentes. En nuestros territorios se vive  una nueva invasión. Millones de hogares mesoamericanos están hoy desgarrados por la pobreza y la migración y somos las mujeres las que sufrimos con mayor fuerza la discriminación y la violencia.

Los derechos de nuestros pueblos son pisoteados por oligarquías al servicio de las grandes corporaciones trasnacionales. La creciente militarización demuestra que la democracia en nuestros países es sólo una farsa. La persecución en contra de los hombres y mujeres que defienden sus derechos es una muestra más que quienes nos gobiernan son súbditos del gran capital y de sus proyectos de muerte.

Como resultado de la terrible desigualdad que existe en nuestros países, diariamente miles y miles de mesoamericanos dejamos nuestras casas, para viajar al Norte en busca de empleo. Los migrantes son objeto de gravísimas violaciones a sus derechos, a diario decenas mueren por accidentes, pero también por ataques y agresiones del crimen organizado y de la policía. Esta tragedia en buena parte es responsabilidad de los gobiernos y en particular del mexicano que le hace el trabajo sucio a los intereses norteamericanos

En los últimos años nuestros territorios han sido escenario de grandes siniestros, miles y miles han muerto o han perdido sus viviendas , animales y cultivos. El llamado Cambio Climatico producido por el ritmo enloquecido del modelo capitalista neoliberal afecta principalmente a los más pobres. La Madre Tierra viene sufriendo grandes daños y son las mismas empresas y gobiernos responsables de este desastre quienes promueven falsas soluciones, como el REDD que significa el despojo y la privatización de selvas y bosques muchas de ellas de propiedad inmemorial de los pueblos indios.

En nuestros países, son muchas las  familias que han  sido desplazadas de sus hogares, por la construcción de represas hidroeléctricas, carreteras y otros proyectos como los de ganadería extensiva. También son muchos los pobladores que han sido  desalojados de sus viviendas por proyectos de urbanización salvaje.

Las inversiones extranjeras apoyadas por los gobernantes de nuestros países están orientadas al saqueo de nuestros recursos naturales, hoy mismo el 14% del territorio mesoamericano ha sido concesionado a empresas mineras extranjeras principalmente canadienses, las cuales explotan brutalmente la fuerza de trabajo de nuestra gente, destruyen ríos, contaminan tierras y dividen comunidades. Los gobiernos de Norteamerica, Asia y Europa impulsan iniciativas de muerte disfrazadas de cooperación y a través del llamado Libre Comercio  sólo buscan favorecer los intereses de  las grandes empresas trasnacionales.

Los pueblos de Mesoamerica somos herederos de antiguas culturas, contamos con costumbres y conocimientos  milenarios y con una larga tradición de resistencia y lucha. En base a esta historia es que este Foro  condena  al Modelo Neoliberal el cual es  impulsado por los gobiernos y empresas trasnacionales; modelo  que sólo nos ha empobrecido y que ha dañado profundamente a nuestra Madre Tierra.

Es por ello que este VIII Foro Mesoamericano de los Pueblos ha tomado los siguientes acuerdos:

Luchar por la Soberanía Alimentaria, la defensa de nuestras semillas nativas y de los conocimientos tradicionales.

Impulsar la defensa de los Derechos Humanos, y en contra de la Militarización, la criminalización de la protesta. Exigimos cese el feminicidio y la discriminación hacia las mujeres y la  comunidad lésbico-gay.

Defender nuestras tierras y recursos naturales, enfrentando los proyectos hidroeléctricos, mineros,  turísticos, de ganadería extensiva, plantaciones forestales y de infraestructura. Lucharemos en contra del desplazamiento de población por parte de estos megaproyectos y de los desarrollos urbanos.

Movilizarnos en contra de la persecución que sufren los y las  jóvenes por el sólo hecho de ser jóvenes. Asimismo intensificaremos nuestra acción en contra de  las agresiones que sufren a diario los migrantes.

Rechazar el papel del Banco Mundial en el financiamiento de las falsas soluciones a la crisis climática. Que el desastre lo paguen quienes lo provocaron

Fortalecer la solidaridad entre nuestros pueblos en su lucha por transformar radicalmente esta realidad injusta y caminar juntos por la construcción de  sociedades equitativas, justas y libres.

Ante el gran reto que tenemos enfrente los pueblos de Mesoamerica se hace necesario que impulsemos  una nueva etapa de movilización conjunta, para lo cual  aportaremos nuestros esfuerzos para construir juntos y juntas un instrumento de coordinación y comunicación que nos permita movilizarnos  para derrotar al sistema capitalista, neoliberal y patriarcal.

Hoy nace en Minatitlán, un nuevo movimiento, el movimiento de los pueblos mesoamericanos. En el día que recordamos la muerte de Emiliano Zapata, nacemos con dignidad y coraje en este nuevo caminar, que es el caminar de nuestros antepasados y que será el caminar de nuestros hijos e hijas.

Basta ya de despojos, basta ya de miseria y atropellos, Es la hora de los Pueblos de Mesoamerica Libre

Minatitlán, Veracruz . a 10 de Abril del 2011
Organizaciones, Pueblos, Redes de Guatemala, México, Nicaragua, El Salvador, Panamá, Honduras y Costa Rica.


@twewwter

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