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“Cultivos transgénicos: El caso de México con énfasis en el maíz”

Tribunal Permanente de los Pueblos Capítulo México

Invitación a la preaudiencia científica

“Cultivos transgénicos: El caso de México con énfasis en el maíz”

que se llevará a cabo los días 12, 13 y 14 de noviembre

en el Auditorio Alberto Barajas Celis,

Facultad de Ciencias, UNAM

Cartel_Preaudiencia_maiz

Maíz transgénico en México: científicos críticos chocan contra trasnacionales.

                  Diez años atrás Ignacio Chapela, ecólogo y microbiólogo de la Universidad de California en Berkeley, y uno de sus discípulos, David Quist, hicieron un descubrimiento que desmentía uno de los principales supuestos de la biotecnología genética del maíz. Como él dice, “le levantamos la sotana” a esa industria, dominada por un puñado de corporaciones trasnacionales. En diciembre de 2001 la revista científica internacional Nature divulgó ese estudio, que demostraba la presencia de transgenes en cultivos de la sierra norte de Oaxaca, uno de los centros de origen en territorio nacional, muy lejos de los sitios donde se experimentaba con esos productos.

A Chapela le ocurrió lo que a muchos otros expertos que han encendido las alarmas sobre los peligros de la biotecnología. Él y Quist fueron víctimas de una virulenta campaña de desprestigio dentro y fuera de los campus universitarios. Hoy, Chapela reconoce en entrevista: “Fue algo dañino para mi carrera, eso hay que aceptarlo. Al mismo tiempo fue muy educativo y permitió ver el trasfondo de la situación”.

Esa controversia es reflejo de cómo en la última década la investigación sobre los impactos del maíz transgénico en las razas criollas y la discusión sobre la mejor forma de regular la explotación de esos productos se han convertido en pugna que enfrenta al conocimiento científico contra el afán de lucro. Es una arena en la que los conflictos de intereses no son ajenos a las decisiones políticas, debate que en ocasiones origina disputas que repercuten en las publicaciones científicas más prestigiadas del mundo.

En esta industria la necesidad de financiar investigaciones precisas sobre efectos a largo plazo suele chocar con las presiones de empresas que entienden esos procesos como “pérdida de tiempo” y, por tanto, de dinero.

Aquel artículo de Nature, que en años recientes ha sido refrendado con nuevas investigaciones que confirman el contagio de transgenes en cultivos de maíz, fue impactante porque, según explica Elena Álvarez Buylla, del Instituto de Ecología de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), “las compañías siempre argumentaron que los organismo genéticamente modificados eran una tecnología precisa y controlable”. La revelación cuestionó uno de los preceptos fundamentales de la industria y demostró que la tecnología no se podía contener.

Desde entonces el debate en torno a si esa contaminación efectivamente se da y puede provocar daños a la biodiversidad del grano ha sido constante entre los expertos. Pero no para las industrias, que lo descartan de entrada.

Para sostener la inexistencia del contagio, Alejandro Monteagudo, director de Agro Bio (asociación que integra a las trasnacionales productoras de transgénicos), se apoya en otro estudio realizado en 2005 por investigadores del Instituto Nacional de Ecología (INE) y de la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad, dependientes de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat). Éste se divulgó en la revista PNAS, de la Academia Nacional de Ciencias de Estados Unidos, el cual contradecía el hallazgo inicial del propio INE y descartó el riesgo de contaminación.

En 40 años de biotecnología, promesas incumplidas

A 10 años de distancia, Chapela, quien aún se desempeña como investigador en Berkeley, recuerda: “En ese momento tuvimos la oportunidad de levantar la sotana a la religión de la biotecnología. Probamos que lo que prometían no estaba ahí, sobre todo el control. Nos dimos cuenta de la influencia de fuerzas corruptas que nada tienen que ver con la ciencia ni con la economía. Ésa fue la gran revelación”.

Dice en entrevista: “Hoy vemos las consecuencias. Estamos cumpliendo 40 años de biotecnología y vemos que no ha dejado nada. Aun así, siguen empujando sus productos con artimañas”.

–El acoso que sufrió en aquel momento, ¿cómo lo recuerda?

–Fue impresionante ver el nivel de coordinación e influencia de las empresas no sólo en México, sino en Estados Unidos y en el mundo angloparlante.

En esos años el periodista inglés Jonathan Matthews siguió el rastro de los correos electrónicos que difamaban a Chapela y descubrió que los dos supuestos investigadores que comenzaron la campaña, Mary Murphy y Andura Smetecek, eran publirrelacionistas al servicio de la trasnacional Monsanto.

Agrega: “Los autores de las cartas en mi contra publicadas en Nature tienen conflicto de intereses directo. Están relacionados con otro escándalo en Berkeley en 1998, en el que Novartis (otra de las grandes de la biotecnología) invirtió 25 millones de dólares en investigaciones. Con ello buscó comprar al profesorado entero”, denunció Chapela en La Jornada en 2002. Por ello el ecólogo fue despedido de su cátedra, que posteriormente recuperó.

Estudios contradictorios

Una vez que se publicaron en México los estudios que corroboraron la presencia de transgénicos en los cultivos tradicionales de maíz, el INE y la Conabio pidieron a Álvarez Buylla y a Rafael Rivera, actual director del Centro de Investigaciones Avanzadas de Irapuato, corroborar la información.

Sin embargo, Sol Ortiz y Exequiel Ezcurra, entonces adscritos al INE, y Jorge Soberón, secretario ejecutivo de la Conabio en aquel momento, “con quienes trabajábamos, decidieron separarse de la investigación, asignar recursos independientes a un proyecto paralelo. En 2005 la revista PNAS publicó su reporte sobre la inexistencia de transgenes en la misma zona donde Chapela y Quist los detectaron”, afirma Álvarez Buylla.

Cuando Science pidió a Álvarez Buylla comentar ese artículo, se dio cuenta de que era el mismo estudio para el que creía estar trabajando, pero con conclusiones contrarias a la evidencia científica que había descubierto.

Ante ello, el equipo del IE enfrentó un nuevo reto: obtener suficientes datos para confirmar la primera conclusión de la contaminación. Y lo logró: encontró evidencias de que había transgenes no sólo en las razas de maíz que habían detectado Quist y Chapela, sino también en Yucatán, Guanajuato y varias zonas de Oaxaca.

Elena Álvarez intentó publicar el nuevo aporte en PNAS. Sin embargo, a pesar de las críticas positivas, no se divulgó. Aquí, nuevamente, apareció el conflicto de intereses. En ese momento la vicepresidenta de dicha academia era Barbara Schaal, de la Universidad de Washington e integrante del comité del Centro de Ciencias de Danforth Plant, institución que se había beneficiado con una donación de 70 millones de dólares de Monsanto. Schaal vetó el artículo que contenía la evidencia científica sobre la movilidad de los transgenes de maíz de un campo de cultivo a otro. Más tarde el estudio de los universitarios se publicó en la revista Molecular Ecology.

Angélica Enciso y Blanche Petrich

http://www.jornada.unam.mx/2012/02/14/politica/002n1pol

México. Siembra de transgénicos vulnerará derechos de campesinos.

+Se vulnerarán los derechos de campesinos, opina investigadora

+Contaminados, 65% de acervos maiceros en Estados Unidos: investigadora de la UNAM

+Autoridades descartan daños y científicos exponen argumentos

En México las autoridades responsables de la bioseguridad apoyan las siembras comerciales de maíz transgénico con el argumento de que éstas han estado al alcance de los consumidores más de 15 años sin que se hayan encontrado daños en la salud. También descartan que el flujo genético de un sembradío a otro contagie plantaciones de maíces criollos con transgenes.

El responsable de la política de bioseguridad sobre los transgénicos en México, Ariel Álvarez, expone que esos productos no son otra cosaque la continuación de un proceso de mejoramiento agrícola, pues ahora podemos identificar genes y ponerlos en las plantas sin tener que hacer cruzas.

Después de que a escala mundial se han consumido alimentos genéticamente modificados por 15 años, ¿dónde están los elementos que nos van a decir de un probable daño en cuestiones de salud?, se pregunta. Hay estudios sobre búsqueda de transgenes en materiales criollos, pero quiero ver las consecuencias en esos materiales, dice en entrevista el secretario ejecutivo de la Comisión Intersecretarial de Bioseguridad y Organismos Genéticamente Modificados (Cibiogem).

–Las alertas vienen de científicos y de organizaciones sociales.

–Cuando nos dicen que hay algún estudio, quisiera verlo para evaluar. Cuando tengamos acceso a alguno que diga que hace daño, nuestra obligación es tomarlo y enviarlo a la Secretaría de Salud, ver lo que han dicho el organismo europeo de inocuidad alimentaria y otros. Si hay certezas científicas sobre los riesgos, los permisos se pueden revocar.

Frente a argumentos científicos como los del Laboratorio de Genética Molecular del Desarrollo y Evolución de Plantas, del Instituto de Ecología de la UNAM, o de Ignacio Chapela, de la Universidad de Berkeley, Ariel Álvarez responde: Dicen que habrá flujo de genes y que esa acumulación hará que desaparezca el maíz criollo. Uno piensa y dice: ¿cuál es el mecanismo que tendría que asumir para que cuando se acumulen o haya transgenes hagan daño a un material criollo? ¿Por qué considerar que todos los criollos deciden morirse el mismo día?

Explica que para detectar la presencia de maíz genéticamente modificado se aplican encuestas a productores, por ejemplo en Oaxaca,para así conocer lo que están sembrando, si han tenido problemas, si hubo aumento o decremento de rendimientos, tamaño, color, sabor, forma. Lo que se busca, dice, no es ver si hay un transgen, sino cuáles son las consecuencias.

Sobre este método, Chapela rebate: Es falso que se pueda detectar visualmente la presencia de transgénicos. Es como preguntar si por aquí pasó un microbio.

Actualmente Chapela trata de desarrollar métodos sencillos para que campesinos y consumidores puedan detectar y hacer un mapeo de transgénicos, porque los que existen están monopolizados por la empresa Genetic ID, que tiene capturado a Cibiogem y no permite que otros actores académicos entren.

Por su parte, Elena Álvarez Buylla, del Instituto de Ecología de la UNAM, advierte que en Estados Unidos más de 65 por ciento de acervos de maíz que no debieran tener transgenes ya están contaminados. Las empresas no han podido segregar sus líneas de producción y eso es preocupante. No hay que olvidar que algunos son maíces biorreactores, que producen fármacos y sustancias industriales, que no son aptos para el consumo.

La organización que preside, la Unión de Científicos Comprometidos con la Sociedad, ha expresado su preocupación, ya que los permisos de siembra experimental de maíz genéticamente modificado ya liberados en Sonora y Sinaloa son próximos a territorios indígenas –yaqui, mayo, tepehuán, pima y guarojío–, donde existen numerosas variedades nativas.

Angélica Enciso L. y Blanche Petrich

Oaxaca: ley y despojo del maíz autóctono.

Hace diez años se descubrió en la Sierra Norte de Oaxaca maíz contaminado con trangenes. Desde esa fecha, las comunidades indígenas del estado han luchado contra los cultivos transgénicos. El último episodio de esta batalla es el pronunciamiento de 35 organizaciones contra dos propuestas de ley que supuestamente pretenden proteger el maíz nativo, pero no prohíben la siembra o el almacenamiento de semillas genéticamente modificadas y, en cambio, instrumentan y legalizan su entrada al campo oaxaqueño.

Aunque produce sólo poco menos de 4 por ciento del maíz que se cosecha en el país, Oaxaca es uno de los siete estados con el mayor número de unidades de producción del cereal. Se siembra en 567 de los 570 municipios de la entidad. La mayor parte de quienes lo cultivan pertenece a alguno de los 15 pueblos indígenas que viven en la entidad. El grano es el centro de su alimentación y está estrechamente ligado a su cultura. Sus productores pertenecen a los estratos más pobres de la población y lo siembran, generalmente, en superficies menores a cinco hectáreas, en tierras de mala calidad y condiciones fisiográficas desfavorables.

En noviembre de 2001, los científicos de la Universidad de Berkeley Ignacio Chapela y David Quist encontraron maíz nativo contaminado con transgenes en comunidades de la Sierra Norte de Oaxaca. A pesar de la campaña de descrédito montada por las empresas que fabrican semillas, que logró que la revista Nature se retractara de la publicación del artículo de Chapela y Quist, el Instituto Nacional de Ecología (INE) y la Comisión Nacional de Biodiversidad (Conabio) confirmaron la contaminación. El informe documentó que en el almacén Diconsa de Ixtlán, Oaxaca, se había encontrado contaminación transgénica del maíz destinado a la venta para consumo humano (véase Ana de Ita, Reporte de los ciudadanos del mundo. México: maíz transgénico en el centro de origen).

El descubrimiento detonó la organización de la respuesta social y la integración de distintas luchas de regiones, comunidades y organizaciones. Las comunidades y los campesinos oaxaqueños han estado desde entonces a la vanguardia de la resistencia contra la contaminación.

Como parte de esta lucha, el pasado 25 de agosto, 35 organizaciones firmaron un pronunciamiento rechazando dos propuestas de ley que pretenden proteger al alimento básico de la población oaxaqueña, que –aseguran– facilitan el saqueo del maíz nativo por empresas trasnacionales.

Las propuestas de ley fueron presentadas al Congreso del estado por los partidos Revolucionario Institucional (PRI) y Acción Nacional (PAN). La priísta fue elaborada por la diputada Carolina Aparicio Sánchez y fue bautizada como Ley de Sustentabilidad de los Maíces Nativos del Estado de Oaxaca. La panista, llamada Ley de Fomento y Protección del Maíz Criollo como Patrimonio Alimentario del Estado de Oaxaca, fue presentada por la legisladora Marlene Aldeco Reyes Retana (PAN), a propuesta de Maricela Silva, de la Fundación para el Desarrollo Social Coatlicue.

Las comunidades indígenas consideran que las dos iniciativas de ley agreden la inteligencia de la población oaxaqueña. Sostienen que vulneran de manera desvergonzada los derechos de nuestros pueblos y comunidades indígenas y campesinas a su libre determinación y soberanía alimentaria.

La iniciativa del PAN es una copia de las leyes de Tlaxcala y Michoacán, muy criticadas a escala nacional e internacional. La propuesta del PRI desconoce la realidad en el campo oaxaqueño. Ambas otorgan certeza jurídica sólo a productores registrados, término que excluye a los campesinos indígenas que producen para autoconsumo. Están orientadas a localidades con producción intensiva, dedicadas al uso de fertilizantes, herbicidas y pesticidas, que favorecen a la agroindustria y a productores de alto rendimiento.

Según las organizaciones, ambas propuestas prevén la creación de un organismo central que tendrá el control sobre todas las actividades que tienen relación con el maíz y establecen que será el enlace único entre el estado y los productores, excluyendo a los campesinos y quitándoles la capacidad de decidir sobre cualquier asunto que tenga que ver con sus semillas. Fomentan también la creación de un padrón de productores que serán los únicos beneficiarios de los apoyos y programas productivos.

Asimismo, obligan a los campesinos a facilitar sus semillas y sus conocimientos a mejoradores a través de bancos de germoplasma. Así, advierten las comunidades, se permitirá el acceso de sus semillas a empresas trasnacionales.

Como sucede con las leyes de maíz recientemente aprobadas en Tlaxcala y Michoacán, las propuestas para Oaxaca no prohíben la siembra o el almacenamiento de transgénicos. Por el contrario, instrumentan y legalizan la entrada de transgénicos con el respaldo de la Ley federal de Bioseguridad y Organismos Genéticamente Modificados (ley Monsanto).

De acuerdo con los pueblos oaxaqueños en resistencia a los trasgénicos, las iniciativas de ley fomentan el conflicto entre las cabeceras municipales y sus agencias, al aludir únicamente a las autoridades municipales en la toma de decisiones. Se ignora la institucionalidad comunitaria indígena y campesina, como la asamblea y la figura del comisariado de bienes comunales y/o ejidales.

Como acontece con otras legislaciones que dicen defender los maíces autóctonos, las propuestas de ley oaxaqueñas simulan ayudar a la conservación del cereal, pero en los hechos abren la puerta a que los pequeños productores pierdan el control sobre sus semillas, dan a los gobiernos licencia para expropiar los saberes tradicionales campesinos y crean las condiciones para que las empresas privadas se apropien y patenten esa simiente. No puede extrañar, entonces, que quienes por 10 años han luchado contra el maíz transgénico en el agro oaxaqueño se opongan a esas iniciativas.

Luis Hernández Navarro

http://www.jornada.unam.mx/2011/10/04/opinion/021a2pol

Monsanto, crisis alimentaria y maíz en México.

Monsanto ha convertido la caída de las reservas internacionales de maíz y el desastre causado por el frío en los cultivos del cereal en el norte del país en su mejor argumento para apresurar la imposición de la siembra comercial de maíz transgénico en México, presentando sus semillas manipuladas como la solución ante la escasez y encarecimiento de la gramínea.

Y va más allá: en conferencia de prensa, el presidente de la trasnacional en América Latina, José Manuel Maduro, se atreve a afirmar que “…la decisión de México de no avanzar en ello [los transgénicos] ha llevado a importar 10 millones de toneladas de maíz y por eso urge una decisión al respecto.” Monsanto intenta asustar con el petate del muerto.

El cinismo de Monsanto parece no tener límites. Ahora resulta que México perdió autosuficiencia en maíz e importa millones de toneladas anuales no por una política agropecuaria favorable a las trasnacionales y un modelo de libre comercio injusto, que privilegia las compras al exterior y ha abandonado a la mayoría de los productores nacionales, sino porque el país no ha adoptado la siembra comercial del maíz transgénico.

Esta persistente labor de la trasnacional ha tenido efecto. Después de que el gobierno a finales del año pasado le negara autorización para la siembra piloto de maíz transgénico en Sinaloa, ahora la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA) acaba de otorgar a Monsanto un permiso para la siembra de maíz amarillo genéticamente modificado resistente al herbicida glifosato, en programa piloto para el presente ciclo agrícola en Tamaulipas.

Sin embargo, el verdadero peligro —mortal para la alimentación, la salud y la cultura del país— está en optar por Monsanto en vez de fortalecer la agricultura nacional. La siembra de maíz transgénico acentuará la pérdida de soberanía alimentaria del país y contaminará las razas nativas del grano.

Según la Comisión Nacional para el Uso y Conocimiento de la Biodiversidad (CONABIO), en Tamaulipas se encuentran 16 razas de las 59 que existen de maíz nativo. Un estudio reciente de la CONABIO concluye que las liberaciones de maíz transgénico deberían estar a cargo “sólo [de] instituciones públicas debidamente capacitadas en materia de seguridad y en las zonas de menor riesgo.” El estudio fue financiado por la SAGARPA y, contraviniendo sus propias recomendaciones, se dio a conocer al mismo tiempo que fue aprobado el permiso de siembra piloto a Monsanto en Tamaulipas—estado que, como el resto del norte y todo el territorio de México, es centro de origen de maíz.

Campaña de presión

Hay una campaña intensa de promoción de los transgénicos en México: los grandes agricultores del norte del país presionan para que el gobierno agilice el establecimiento de la siembra comercial de maíz transgénico y en la prensa y la televisión no falta quien se vuelva eco de las tesis de Monsanto. Incluso a la Feria Internacional del Libro del Palacio de Minería llegó la propaganda entreverada con posiciones científicas. El programa de la tradicional feria auspiciada por la Universidad Nacional Autónoma de México incluyó una serie de conferencias denominada “Los organismos transgénicos han llegado a palacio”, encabezada por el promotor estelar de la biotecnología al servicio de las trasnacionales, Luis Herrera-Estrella. El científico mexicano, promovido como el coinventor de los transgénicos, se ha vuelto un defensor de los planteamientos de Monsanto, empresa que, según él mismo dice, le arrebató la patente de esa tecnología.

Sin embargo, son públicas las relaciones entre el CINVESTAV —donde labora el investigador— y la trasnacional. Herrera-Estrella ha sido denunciado incluso como ejecutor de “trabajo sucio” para Monsanto. Después de que Ignacio Chapela, profesor de la Universidad de Berkeley, reveló la contaminación transgénica en cultivos de maíz en Calpulapan, Oaxaca, en el otoño de 2001, Monsanto enderezó contra él una campaña de desprestigio de la que Herrera-Estrella no sería del todo ajeno. Tras años de persecución y cuando ya dos revisores externos internacionales para la Universidad de Berkeley habían aceptado dar permanencia a Chapela como profesor de tiempo completo e investigador, fue detenido su contrato al ser recibida la carta de un experto en su contra. El remitente era Luis Herrera-Estrella.

El ciclo de pláticas de la feria del libro sólo ofreció el punto de vista favorable al uso de transgénicos. Y ése fue uno de los reclamos de parte del público en la conferencia de Herrera-Estrella.

La presidenta de la Unión de Científicos Comprometidos con la Sociedad (UCCS), Elena Álvarez-Buylla, presente entre el público, ofreció rápidamente un punto de vista crítico sobre la biotecnología transgénica e informó sobre un científico francés reconocido por su investigación independiente acerca de los riesgos de los transgénicos quien recientemente ganó un proceso contra grupos de biotecnología que habían desencadenado una campaña para desacreditarlo. Ella no pudo extenderse mucho por la descortesía desmesurada de Herrera-Estrella y sus seguidores quienes, incómodos por los comentarios, le quitaron la palabra. También se señaló la omisión del expositor respecto a los daños comprobados a la salud ocasionados por el glifosato, herbicida producido por Monsanto, asociado a una de sus variantes de maíz transgénico.

La agresiva operación de opinión pública para introducir en México el maíz modificado genéticamente por Monsanto ocurre después de que el año pasado trascendiera el declive de las ganancias de la compañía y una baja en sus acciones debido a la disminución de ventas en Sudamérica y Europa del herbicida Roundup y de semillas transgénicas de maíz y soya.

El mercado mexicano representa para Monsanto ganancias potenciales por el orden de los 400 millones de dólares al año y algunos en el gobierno consideran que esas son muchas razones para desdeñar cualquier riesgo sobre los maíces nativos, la economía o la salud de los mexicanos.

Mientras en la Unión Europea, de acuerdo con un informe de Amigos de la Tierra Internacional dado a conocer hace unas semanas, los cultivos transgénicos van en picada, al tiempo que aumenta el número de países que los prohíben.

Según esa fuente, siete estados miembro de la UE han prohibido el cultivo del maíz transgénico de Monsanto por las evidencias acumuladas sobre sus impactos en el ambiente y la economía y por la aplicación del principio de precaución en la salud. La oposición pública a los transgénicos se ha incrementado hasta el 61 por ciento.

Inopinadamente —y no sin contradicciones—, en diciembre el gobierno federal mexicano negó el permiso a Monsanto para la siembra piloto de maíz transgénico en cien hectáreas de Sinaloa, un estado al noroeste del país. La siembra piloto es la segunda fase, posterior a la experimental y previa a la libre producción y comercio, de las tres fases establecidas por la Ley de Bioseguridad de Organismos Genéticamente Modificados.

A partir de octubre del 2009, pocos meses después de una reunión de Felipe Calderón con Hugh Grant, presidente de Monsanto, el gobierno federal aprobó 29 solicitudes de experimentación de maíz transgénico, rompiendo una moratoria vigente durante más de una década. La mayoría de las licencias fue para Monsanto y para Dow Agro Science, con el fin de “probar” maíces resistentes a herbicidas y a plagas en más de una docena de hectáreas.

El año pasado, tras mantener en secreto los predios de experimentación y sin informar adecuadamente los resultados del proceso, violando así la Ley de Bioseguridad, el gobierno aceptó 20 solicitudes más de las trasnacionales señaladas, a las cuales se añadió Syngenta. De otorgarse los permisos, las siembras de maíz transgénico ocuparían más de mil hectáreas.

Las contradicciones y titubeos en la posición gubernamental al negar los primeros permisos para la fase piloto en Sinaloa y la aprobación de un cuarto de hectárea en Tamaulipas se deben probablemente al inicio de la temporada electoral —crucial para el régimen que tratará de eludir el costo político de sus decisiones—, a la acción de las organizaciones campesinas y ecologistas y a la importante labor de organismos como la UCCS.

Desde finales de 2009, la Unión Nacional de Organizaciones Regionales Campesinas Autónomas (UNORCA) inició una campaña mediante foros de análisis, y en medios y bardas bajo el lema de: ¡No al maíz transgénico, fuera Monsanto! Se llevaron a cabo foros en Navojoa (a pocos kilómetros de uno de los centros de experimentación transgénica), Chilpancingo y Zacatecas. El año pasado en Guadalajara y en Morelia se denunció la experimentación de maíz transgénico en México como un crimen de lesa humanidad. Son ya muchas las voces que se han levantado contra este atropello: desde la UCCS hasta el ayuntamiento de Tepoztlán, en el estado sureño de Morelos, que inició una controversia constitucional contra la siembra del maíz transgénico en el país.

¿Soberanía alimentaria o dependencia?

Hace unos días, la UNORCA en voz de su dirigente nacional Olegario Carrillo advirtió que México no necesita echarse en brazos de Monsanto para recuperar su autosuficiencia en maíz. De hecho, ceder a las presiones de la trasnacional, que sólo busca apoderarse de la riqueza agro genética de los mexicanos, significaría profundizar la fuerte dependencia alimentaria activada por el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, cuando las importaciones ya rebasan el 40 por ciento de lo que el país consume, según datos de la Auditoría Superior de la Federación.

El problema de fondo no es tecnológico sino que el gobierno mexicano carece de una política benigna para el campo y no existen metas de producción de alimentos. El régimen neoliberal ha preferido favorecer las importaciones y beneficiar a las trasnacionales que se han ido apoderando de todo el proceso productivo.

En este contexto, miente la trasnacional al afirmar que su biotecnología pueda resolver el problema alimentario en México: está plenamente documentado que los transgénicos no incrementan la producción. Los maíces transgénicos no han sido concebidos para incrementar los rendimientos; la gran mayoría de los transgénicos están diseñados para resistir la aplicación de herbicidas producidos por la misma Monsanto. En cambio, generan mayor dependencia por la necesidad de comprar semilla y por la contaminación de las variedades nativas, y ocasionan daños al medio ambiente, a la economía y a la salud de las personas.

Por otro lado, se podría duplicar la producción anual de maíz en México (24 millones de toneladas) si se cambiara la política agropecuaria apoyando a los campesinos y se cultivaran más hectáreas en el sur y sureste, donde hay agua suficiente. La riqueza genética del maíz mexicano permitiría elevar la producción, sin tener que pagar regalías a Monsanto, porque hay en el país unas 60 razas nativas y miles de variedades adaptadas a todo tipo de terrenos y climas.

La trasnacional niega el riesgo de contaminación del maíz mexicano por el transgénico patentado por ella pese a que está comprobado que no es posible la convivencia de la tecnología transgénica con la biodiversidad. Monsanto miente porque esa estrategia forma parte de su historia de protección de sus ganancias por encima de la salud de las personas, del medio ambiente y del bienestar general, como ha sido demostrado en investigaciones a lo largo de los años.

La UCCS, basada en reportes de la FAO, UNESCO, entre otros, afirma que los transgénicos además de no aumentar los rendimientos, incrementan los agrotóxicos, destruyen el suelo, y no benefician a los agricultores pobres ni a los consumidores. Además, contribuyen a la crisis climática debido a que refuerzan un modelo de agricultura dependiente del petróleo en insumos y transporte. Las organizaciones campesinas y los científicos comprometidos proponen un modelo alternativo sustentable, basado en la conservación de la biodiversidad, el reciclaje de nutrientes, aprovechar la sinergia entre cultivos, conservación de suelos y recursos estratégicos (el agua, por ejemplo), así como la incorporación de nuevas biotecnologías integrales en sistemas sustentables.

Los científicos han concluido que el campo mexicano cuenta con los recursos necesarios para garantizar la autosuficiencia alimentaria con tecnología no transgénica. Según el investigador Antonio Turrent Fernández, los pequeños agricultores, ejidatarios y comuneros pueden jugar un papel clave en la producción de alimentos básicos y en el manejo de los recursos fitogenéticos de los que México es centro de origen y diversidad. Pero se requiere inversión pública en infraestructura, investigación, transferencia de tecnología y servicios —es decir, cambiar radicalmente el modelo predominante y la orientación del presupuesto público—, y reimplantar la moratoria al cultivo de maíz transgénico.

Alfredo Acedo es director de comunicación social y asesor de la Unión Nacional de Organizaciones Regionales Campesinas Autónomas México.

http://www.cipamericas.org

Monsanto, food crisis and transgenic corn in Mexico.

Monsanto has turned the drop in international corn reserves and the havoc wreaked on Mexican corn production by an unexpected cold snap into an argument for speeding up commercial planting of its genetically modified (GM) corn in Mexico. The transnational is claiming that its modified seeds are the only solution to scarcity and rising grain prices.

At a press conference, the transnational’s Latin American President José Manuel Maduro went even further by blaming restrictions on GM corn production in the country for the high level of post-NAFTA imports of the staple. “Mexico’s decisión to not move forward [on transgenics] has led to the importation of 10 million tons of corn, a situation that demands a swift response.”

That Monsanto would use the boogeyman of food dependency to scare Mexico into accepting GM corn shows the company’s immense cynicism. Now according to Monsanto, the reasons that Mexico lost corn self-sufficiency and start importing millions of tons annually had nothing to do with agricultural policies that support transnationals, or an unjust free trade model that favors imports and has abandoned the majority of national producers. Instead, it’s because the country has not embraced the commercial use of transgenic corn.

As the food crisis looms, the real danger – for the nourishment, health and culture of the country – is in choosing the Monsanto agenda over strengthening national agriculture. The cultivation of transgenics will accelerate the loss of Mexico’s food sovereignty and contaminate vital native strains of corn.

Pressure Campaign

Monsanto’s diligent PR hard work is paying off. After originally denying authorization for a pilot program to cultivate its GM corn in Sinaloa last year, the Ministry of Agriculture, Livestock, Development, Fisheries and Food (SAGARPA) just gave the company the green light to plant genetically modified yellow corn resistant to the herbicide glyphosate as a part of a pilot program in Tamaulipas’ current agricultural cycle.

According to the National Commission for the Use and Understanding of Biodiversity (CONABIO), Tamaulipas is home to 16 of the 59 remaining strains of native corn. A recent study by the CONABIO concluded that releases of transgenic corn should be handled “only by public institutions adequately trained in security, and carried out in low-risk areas.”  The study was financed by SAGARPA and was announced at the same time as the permit for the Tamaulipas pilot project, going against its own recommendations. Tamaulipas, like the rest of the northern region and all of Mexico, is a center of origin for corn.

There is an intense PR campaign to open the door to transgenics in Mexico: industrial farmers in the north are pushing the government to ease the establishment of commercial transgenic corn operations and the national press is not short on people willing to echo Monsanto’s sound bites.

This year’s International Book Fair in Mexico City was invaded by the campaign’s propaganda, cloaked in scientific jargon. The fair, sponsored by the National Autonomous University of Mexico, included a series of conferences designed to convince the public about the benefits of GMOs, led by all-star biotech cheerleader, Luis Herrera-Estrella. The Mexican scientist, hailed as a co-inventor of transgenics, has become a defender of Monsanto’s efforts in spite of the fact that, as he tells it, the company commandeered his patent for the technology.

Herrera-Estrella has been accused of doing Monsanto’s dirty work. The relationship between CINVESTAV, where the researcher works, and the transnational is public knowledge. After Berkeley Professor Ignacio Chapela revealed GM contamination in corn crops in Calpulapan, Oaxaca in the fall of 2001, Monsanto launched a smear campaign against him. After years of persecution and when two international Berkeley reviewers had recommended tenure, Chapela’s contract was suspended after the university received a letter against him from an expert. The author was Luis Herrera-Estrella.

The conferences at the book fair only presented a favorable view of transgenics, leading to complaints from some members of the public. The president of the Union of Socially Concerned Scientists Elena Álvarez-Buylla presented a brief critical perspective on transgenic biotechnology, including information about a French scientist recognized for his independent research into the risks of GMOs, who recently won a suit against biotech groups that carried out a smear campaign to discredit him. Álvarez-Buylla was cut off by Herrera-Estrella, who was clearly annoyed by the criticisms and insisted that as the conference organizer he should be the sole presenter. Another attendee challenged the failure to mention the proven health risks posed by glyphosate, a Monsanto herbicide associated with one of its transgenic corn strains.

The aggressive PR operation to promote the introduction of GM corn in Mexico comes after the company reported declining profits last year and a drop in its share price due to shrinking sales of Roundup and GM soy and corn seeds in South America and Europe.

The Mexican market represents potential earnings of $400 million annually for Monsanto and for some government officials that’s enough to turn a blind eye toward any risk to native corn species, the economy or Mexican health.

Meanwhile in the European Union, according to a report from Friends of the Earth International released several weeks ago, transgenic crops are plummeting at the same time that more and more countries are prohibiting them.

Seven EU member states prohibit the planting of Monsanto’s transgenic corn due to mounting evidence about environmental and economic impacts, and to apply the precautionary principle that stipulates that when impact on human health is unknown precaution is warranted. Polls show that public opposition to transgenics is as high as 61 percent.

Unexpectedly, and not without contradictions, the Mexican federal government denied Monsanto’s permit for a pilot project of 100 acres of GM corn in the northeastern state of Sinaloa. Pilot projects are the second regulatory phase, following the experimental phase and preceding commercial production, of the three phases established by the Law of Genetically Modified Organism Biosecurity.

Beginning in October of 2009, a few months after a meeting between Felipe Calderón and Monsanto President Hugh Grant, the federal government approved 29 applications for experimental transgenic corn plots, breaking a decade-long moratorium. Most of the licenses were issued to Monsanto and Dow Agro Science to test corn strains resistant to herbicides and blight on more than a dozen hectares.

Last year, after keeping the sites secret and without adequately disclosing the results of the experimental plantings in violation of the Biosecurity Law, the government accepted 20 more applications from the aforementioned transnationals, plus Syngenta. If all these permits are authorized, there would be more than 1,000 hectares planted with transgenic corn.

The contradictions and waffling in the government’s original position to at first deny permits for pilot projects in Sinaloa and then approve the quarter-hectare project in Tamaulipas are probably due to the fast-approaching electoral season – crucial for the ruling party, which will try to avoid the political costs of its decisions. The actions of peasant farmer organizations and the important work of expert groups like the UCCS have played an important role in holding back the mass cultivation of GMOs in Mexico.

Since the end of 2009, The National Union of Regional Autonomous Campesino Organizations (UNORCA) started a campaign with the slogan “No to transgenic corn! Monsanto out of Mexico!” that includes the use of forums, mass media and public spaces to inform debate on GMOs in Mexico. Public forums were held in Navojoa (a few miles from one of the centers of transgenic experimentation), Chilpancingo y Zacatecas. Last year in Guadalajara and Morelia, the forums condemned transgenic corn experimentation as a crime against humanity.

There are now many voices speaking out against the imposition of GMOs: from the UCCS to the city council of Tepoztlán in the southern state of Morelos, which filed a constitutional challenge against the planting of transgenic corn in the country.

Food Sovereignty or Food Dependency?

The national head of UNORCA, Olegario Carrillo, asserts that Mexico doesn’t need to embrace Monsanto to regain corn self-sufficiency. Giving in to the transnational’s pressure to gain control over Mexico’s agro-genetic wealth would mean deepening the debilitating food dependence brought on by NAFTA; food imports already constitute more than 40 percent of what Mexico consumes, according to data from the Chief Auditor of the Federation.

The fundamental problem is not technological, but that the Mexican government lacks policies to promote rural development or goals in domestic food production. The neoliberal regime has chosen to promote imports and support the transnationals that have been taking over the production process.

Monsanto is lying when it implies that its biotechnology can resolve Mexico’s food crisis: it is amply documented that transgenics don’t increase yields. Transgenic corn strains weren’t designed to increase yield. The vast majority of transgenic crops are designed to resist the application of herbicides also manufactured by Monsanto. They actually create more dependency due to the need to buy seed and the contamination of native varieties. They also damage the environment, the economy and human health.

On the other hand, annual corn harvests in Mexico could be doubled if agricultural policy were reformed to support small farmers and to encourage cultivation of more acres in the south and southeast where there is sufficient water. The genetic wealth of Mexican corn could raise production, with farmers saving seed and not required to pay royalties to Monsanto, because the 60 native species and thousands of varieties are adapted to local soils and climates.

Monsanto denies the risk of transgenic contamination of native species, despite evidence that the coexistence of transgenics and biodiversity is impossible. Hiding the truth has been an integral part of Monsanto’s corporate strategies throughout its history, as the company seeks to protect profits at the expense of human health, the environment and general well-being.

The UCCS, based on FAO and UNESCO reports, affirms that transgenics not only do not increase yields, they have the negative impacts of raising agrochemical levels and destroying the soil. These studies also show few or no benefits to poor farmers or consumers. Additionally, GM crops contribute to the climate crisis because they reinforce an oil-dependent agricultural model. Peasant farmer organizations and committed scientists propose an alternative sustainable model, based on conservation of biodiversity, nutrient recycling, crop synergy, conservation of soil and strategic resources (such as water), and incorporating new biotechnologies compatible with sustainable systems.

Scientists have concluded that the Mexican countryside has the resources necessary to guarantee food sovereignty without adopting transgenic technology. According to researcher Antonio Turrent Fernández, small-scale producers, ejido members and communal landowners can play a key role in the production of basic foods and the management of Mexico’s diverse genetic resources. But this requires public investment in infrastructure, research, technology transfer and services – that is to say a radical change in the dominant model and budget priorities. It also requires the reinstatement of the moratorium on transgenic corn.

Alfredo Acedo is communications director and advisor to the National Union of Regional Autonomous Campesino Organizations (Unión Nacional de Organizaciones Regionales Campesinas Autónomas, UNORCA) Mexico.

Editor: Laura Carlsen                          Translator: Murphy Woodhouse

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