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CNI: SOBRE LA OLA REPRESIVA EN CONTRA DE LOS PUEBLOS.

POSICIONAMIENTO DEL CNI SOBRE LA OLA REPRESIVA  EN CONTRA DE LOS PUEBLOS

A los pueblos originarios de México y el Mundo

A la Sexta Nacional e Internacional

Al Ejército Zapatista de Liberación Nacional

A la memoria de Don Félix Serdán Nájera,

Hermano principal.

Reunidos en la comunidad de Amatlán de Quetzalzoatl, municipio de Tepoztlán, Morelos, los pueblos naciones y tribus que conformamos el Congreso Nacional Indígena analizamos la ola represiva de los capitalistas narco gobernantes que pretenden apoderarse de nuestra patria.

El embate en nuestra contra no tiene que ver con los colores de los partidos que arriba gobiernan, ni en la forma y modo como sean elegidos o impuestos,  pues todos y cada uno de ellos tienen como fin administrar el despojo que de más arriba imponen, no tiene que ver con la mentira electorera a la que llaman democracia y que no es más que un reflejo de la descomposición que entraña el sangriento capitalismo neoliberal y que engendra eso que llaman “reformas estructurales”, que son, por la supervivencia de los pueblos dolidos en el campo y la ciudad; impuestas a costa del dolor, de la libertad y la vida de nuestra gente.

La represión que los malos gobiernos han ejercido en contra de nuestros pueblos es en respuesta a nuestra decisión de no parar nuestra resistencia para no dejar de existir por obra de la cruenta guerra de exterminio. No tiene que ver solo con una persecución política, sino que es una reacción de los que arriba diseñan el despojo para consolidar sus intereses asentados sobre la explotación, el despojo, la represión y el desprecio que pueden tomar diferentes rostros y reflejos:

  • Hoy nos siguen haciendo falta 46 compañeros de la escuela Normal Rural Isidro Burgos de Ayotzinapa, asesinados y desaparecidos por los tres órdenes de los malos gobiernos, por todos los partidos políticos que hacen del terror un negocio y una forma de gobernar. Mientras el Estado criminal apuesta al olvido los pueblos apostamos a reconstruir, a no olvidar y a no perdonar, pues lo que está en juego es el futuro, que al igual que la historia, nos pertenecen.
  • La comunidad Tzeltal de San Sebastián Bachajón, en el municipio de Chilón Chiapas, ha enfrentado las fuerzas represivas del mal gobierno que pretenden despojarla de las cascadas de Agua Azul para ser entregadas los intereses capitalistas. Apenas el 21 de marzo del presente año más de 600 integrantes de las fuerzas de seguridad gubernamentales incendiaron la sede regional San Sebastián de nuestros hermanos y los medios libres que se han solidarizado con su lucha han sido agredidos por las fuerzas de seguridad pública mientras la policía estatal y el ejército mexicano han escalado la ocupación de su territorio en respaldo de los grupos paramilitares.
  • La comunidad Nahua de Santa María Ostula, en la costa de Michoacán ha enfrentado desde el año 2009, el asecho de supuestos grupos  de la delincuencia organizada, coludidos con todos niveles del  mal gobierno ha costado la desaparición de 5 comuneros y el asesinato de 32 mas. El pasado 16 de marzo la Marina Armada intentó desalojar y desarmar  a la policía comunitaria que mantiene un reten sobre la carretera costera a la altura del poblado de Xayakalan, territorio recuperado en el año de 2009, acción a la que la comunidad respondió cerrando la carretera costera, pues permitir el desarme de los comunitarios significa quedar en manos de los narco paramilitares y de esa manera consolidar el despojo contra la comunidad para los megaproyectos de muerte como es el narcotráfico, el turismo trasnacional y la explotación minera. Todo protegido y auspiciado por los malos gobiernos.
  • Siguen presos los compañeros Mario Luna y Fernando Jiménez, voceros de la tribu Yaqui, en Sonora, sobre la base de haberles fabricado delitos graves basados en el no reconocimiento de las formas ancestrales de organización de los pueblos y la jurisdicción del gobierno tradicional Yaqui. A la fecha persiste la orden de aprehensión contra el compañero Tomás Rojo, pretendiendo usar la división y la traición como mecanismo de guerra. Asimismo las amenazas de muerte e intentos de homicidio en contra de Lauro Baumea a quien quemaron su vehículo afuera de su domicilio, además de amenazar con atentar contra la vida de su familia. Todo esto para concretar el robo del agua del río Yaqui.
  • Siguen presos los compañeros loxichas en el estado de Oaxaca quienes llevan 18 años secuestrados por los malos gobiernos como parte de su política contrainsurgente y terrorista en medio de grandes proyectos mineros trasnacionales, al igual que los hermanos Nahuas de San Pedro Tlanixco en el Estado de México, quienes llevan 12 años presos por defender el agua en contra de que les fuera robada para campos agroindustriales.
  • El despojo a comunidades y ejidos en los estados de Morelos, Puebla y Tlaxcala a través del llamado Proyecto Integral Morelos está siendo acompañada de una persecución contra los pueblos del volcán Pocatepetl que se oponen a entregar su territorio, su seguridad y su agua a trasnacionales para la imposición de carreteras, acueductos, gaseoductos y termoeléctricas custodiadas por todos los órdenes represivos del mal gobierno. Actualmente existen numerosas órdenes de aprehensión en contra de quienes han alzado la voz contra esta destrucción acompañada de policías y militares que acompañan la maquinaria, misma que en los últimos días se ha expresado en los trabajos de entubamiento del río Cuautla para favorecer a la Termoeléctrica de Huexca en detrimento de los ejidos del municipio de Ayala.
  • La comunidad de San Francisco Xochicuautla, en el Estado de México, mantiene una lucha en contra del despojo de su territorio por la construcción de una autopista privada, e incluso los comuneros han perdido la libertad para platicar en sus asambleas comunales que han sido tomadas por decenas de granaderos que buscan consolidar el despojo agrario.
  • Mientras resistimos al despojo en nuestras comunidades, miles de compañeros deben migrar para buscar alternativas para su sustento, muchos de ellos llegan a campos de concentración donde son explotados y esclavizados, como es el caso de San Quintín, en Baja California Sur, donde los malos gobiernos reprimen las movilizaciones que buscan mejores condiciones de trabajo para miles de jornaleros agrícolas. La mayoría de ellos de origen indígena.

Estamos convencidos que para parar esta guerra no bastan las consignas; tampoco será volteando a ver los calendarios, geografías y formas de los de arriba, sino que necesitamos hacer un nuevo país, un nuevo mundo.

Lo saben también los poderosos que han agudizado el hostigamiento militar en los caracoles zapatistas de La Realidad y Oventik y agresiones paramilitares por grupos promovidos, financiados y entrenados por los malos gobiernos, como Pojcol, CIOAC Histórica y ORCAO, que  ejercen una violencia sistemática en contra las comunidades bases de apoyo zapatistas, quienes con su organización autónoma hacen brillar el horizonte que es una esperanza civilizatoria y que tiene sus raíces antiguas en nuestras culturas como pueblos originarios.

Por todo lo anterior declaramos:

  1. Que no pararemos en la lucha por reconstruir lo y reconstituirnos como pueblos originarios, pues nuestra lucha es por la vida y seguir existiendo.
  2. Que intensificaremos la lucha por la libertad de los presos políticos, la presentación de los desaparecidos y la justicia para los asesinados.
  3. Que la ola represiva es en respuesta a esa resistencia contra el despojo que no conoce fin pues su origen está en el origen mismo del mundo y por lo tanto no es negociable.
  4. Que seguiremos tejiendo desde abajo y a la izquierda un nuevo mundo posible y necesario, pues solo así podrá brillar la paz para nuestros pueblos y el fin de la represión.
  5. Saludamos la realización del homenaje a los compañeros Luis Villoro Toranzo y al maestro zapatista Galeano que tendrán lugar en el caracol de Oventik, Chiapas el 2 de mayo de 2015.

Amatlán de Quetzalcoatl, Tepoztlán, Morelos

A 22 de marzo de 2015

Por la Reconstitución Integral de Nuestros Pueblos

Nunca Más un México Sin Nosotros

Congreso Nacional Indígena.

Luis Hernández Navarro: Pedro Leiva y el Manifiesto de Ostula.

A fines de septiembre de este año, en la tercera edición de las Jornadas Andino-Mesoamericanas, el comunero nahua Pedro Leiva Martínez tomó la palabra. Con firmeza explicó: Para nosotros la guerra todavía no ha terminado. Todavía seguimos combatiendo a aquellos que nos han pisoteado. Nosotros el fusil no lo hemos soltado, el fusil todavía lo traemos en la mano. Todavía seguimos luchando, seguimos defendiéndonos.

El 6 de octubre, pocos días después de explicar en la ciudad de México la historia de su lucha, Pedro Leiva fue asesinado en las inmediaciones del territorio recuperado de Xayakalan. Las autoridades y la prensa local quisieron presentar el homicidio como resultado de un pleito familiar en una noche de tragos. Pero la versión está llena de contradicciones e inconsistencias.

La muerte forma parte de una sangrienta represión por parte de pequeños propietarios y sus pistoleros contra los comuneros de Ostula, que no perdonan a los indígenas el haber recuperado mil 300 hectáreas que los agricultores y ganaderos mestizos comenzaron a invadir hace 40 años. Desde el 26 de julio de 2008 han sido asesinados 27 comuneros, tres de ellos maestros rurales, y secuestrados-desaparecidos cinco más. Varias de las víctimas eran autoridades comunales, responsables de la encargatura o integrantes de la policía comunitaria.

Leiva Domínguez fue asesinado a pocos días de que la comunidad concluyera una consulta interna a fin de analizar y tomar decisiones en torno a la negociación que el gobierno de Michoacán y la Secretaría de la Reforma Agraria (SRA) sostienen con las partes para intentar dar certeza jurídica a la comunidad sobre la posesión y propiedad del territorio. Sin embargo, la consulta no ha finalizado debido a la ola de violencia que padecen los representantes comunitarios. Pedro fue parte de la comisión negociadora de los indígenas nahuas.

Las tierras comunales, amparadas por títulos primordiales, fueron recuperadas después de una larga y tenaz labor organizativa, acompañada de la recuperación de la autoestima y la dignidad indígena. Además del robo de su territorio, la gente de razón humillaba cotidianamente a los comuneros. Pedro explicó cómo nos hierve la sangre al mirar tanto despojo, y cómo es necesario decirle ¡basta! al temblor que trae uno en su corazón.

Debido a que los partidos políticos en lugar de servir a los comuneros de Ostula los dividían, éstos, en asamblea general, decidieron no votar. Los políticos se acercaban a ellos en tiempo de elecciones. Les daban frijol o láminas y les pedían su voto y luego olvidaban sus promesas. En el camino los comuneros formaron, sin pedir permiso al gobierno, su propia policía comunitaria y su guardia comunal, encargadas de la autodefensa y de la aplicación de su propia justicia.

Pedro nació en la comunidad La Palma Sola y era vecino de la ranchería Xayacalan, en el municipo de Aquila, Michoacán. Al morir tenía 34 años y estaba casado con Luz Aurora Ramírez Martínez. Era hijo del comisario de bienes comunales y tenía cuatro hermanos.

La comunidad recuperó sus tierras el 29 de junio de 2009. Ese día –contó Pedro– “llega mi padre y me dice: ‘hijo, prepárate, la comunidad te necesita. Es necesario que vayamos por nuestras tierras. Yo no sé quienes vayan a regresar. Tengo cinco hijos, pero no sé cuántos vayan a regresar. Vayan a casa, díganle a su madre que les prepare unos lonches. Cómprense un encendedor, una linterna y llévense un nailon. Llévense sus resorteras y un cuchillo o navaja’. Nos íbamos yendo a la batalla. Éramos nuevos.”

Ese 29 de junio centenares de comuneros fueron a rescatar lo que era suyo. Desde sus casas, los pequeños propietarios les espetaban con burla: Oh, indios, ¿para dónde van? No es tiempo de cangrejos. Los indígenas les respondieron que no iban por cangrejos, sino por sus tierras. Previamente, dentro del paraje habían metido ya unas mil personas. Sin embargo, la gente de razón había contratado a un grupo de paramilitares para hacerles frente. Recibieron a los comuneros con disparos de armas de alto calibre. Igual, los indígenas no se rajaron, se encomendaron a Dios y se siguieron de frente. Las tierras fueron recuperadas.

Desde ese día, grupos armados asuelan la comunidad y asesinan a sus dirigentes, sin que el gobierno intervenga, se investiguen los crímenes ni se castigue a los culpables.

Pedro era delegado de la comunidad ante el Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad. “Tenemos que luchar –decía–, venga lo que se venga, pase lo que pase, contra quien sea. Una lucha no es fácil; es desgastante, tanto económica como física y emocionalmente. Nos quieren meter miedo con sus armas, con sus aparatos de poder. Pero ya no hay que tenerles miedo, tenemos que luchar sin miedo, por nuestra tierra, por nuestra libertad, por nuestra dignidad.”

Oscurecida por la guerra contra el narcotráfico del presidente Felipe Calderón se libra otra guerra: la de exterminio contra los pueblos indígenas en México. No es exageración. Día a día se asesina a dirigentes indígenas; ganaderos y empresas mineras y forestales invaden sus tierras y territorios, y se militarizan sus comunidades. El asesinato de Pedro es el último episodio de esta afrenta.

El 13 y 14 de junio de 2009 fue promulgado un documento de enorme trascendencia histórica: el Manifiesto de Ostula. Fue aprobado por pueblos y comunidades indígenas de nueve estados de la República que asistieron como delegados a la 25 asamblea de la región Pacífico-sur del Congreso Nacional Indígena. La proclama advierte que los pueblos originarios padecen una guerra de exterminio neoliberal que pone en riesgo su seguridad, existencia y sobrevivencia. Frente a ella, reivindica que los indígenas tienen el inalienable derecho, derivado del artículo 39 constitucional, a organizarse y realizar la defensa de su vida, de su seguridad, de sus libertades y derechos fundamentales y de su cultura y sus territorios. La muerte de Pedro Leiva Martínez es un dramático recordatorio de la pertinencia del Manifiesto de Ostula.

http://www.jornada.unam.mx/2011/10/18/opinion/025a2pol

Comunicado sobre medidas cautelares de la CIDH a favor de Ostula, Michoacán.

A los medios de comunicación nacionales e internacionales
A las organizaciones civiles de derechos humanos
Al Congreso Nacional Indígena
PRESENTES

Por este medio reciban un afectuoso saludo de parte de la Asociación Jalisciense de Apoyo a los Grupos Indígenas, y nos dirigimos respetuosamente a ustedes para hacer de su conocimiento que el día 21 de septiembre de 2010 la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) emitió la recomendación de medidas cautelares MC- 264-10, a favor de los comuneros y autoridades de Santa María Ostula en la costa Nahua de Michoacán, ante el asecho, amenazas, asesinatos, secuestros y desapariciones forzadas perpetradas por grupos paramilitares, después de la histórica recuperación de tierras invadidas efectuada por la comunidad el 29 de junio de 2009.

El documento señala:

“En vista de la gravedad y urgencia de los hechos alegados y la falta de información sobre el paradero de las tres personas desaparecidas, la CIDH considera que corresponde otorgar medidas cautelares en los términos del artículo 25(2) de su reglamento con el fin de garantizar la vida e integridad personal de Gerardo Vera Orcino, Javier Martínez Robles y Francisco de Asís Manuel. En consecuencia, la Comisión solicita al Gobierno de México que:

1. Informe sobre el paradero de Gerardo Vera Orcino, Javier Martínez Robles y Francisco de Asís Manuel, en su estado de salud y la situación de seguridad en la cual se encuentran;

2. Adopte las medidas necesarias para garantizar la vida y la integridad física de Gerardo Vera Orcino, Javier Martínez Robles y Francisco de Asís Manuel; e

3. Informe sobre las acciones adoptadas a fin de investigar los hechos que dieron lugar a la adopción de medidas cautelares”.

Al mismo, la CIDH solicita “la presentación de información sobre el cumplimiento de las medidas cautelares adoptadas, dentro del plazo de 15 días y actualizar dicha información de forma periódica.”

ANTECEDENTES:

Luego de 40 años de infructíferas negociaciones con instancias gubernamentales, el 29 de junio de 2009 la comunidad recuperó mas de 1000 hectáreas de tierras invadidas por ricos mestizos de La Placita, Mich. Para dicha movilización la asamblea comunal reorganizó su policía comunitaria y nombró una guardia comunal, cuya encomienda fue velar por la seguridad de los comuneros y por la integridad de su territorio.

Ese mismo día los comuneros fueron atacados con armas de grueso calibre por grupos paramilitares ligados a bandas del crimen organizado, agresión que fué repelida por la guardia comunal logrando con éxito la recuperación de la tierra, formando un nuevo centro de población al que llamaron Xayakalan. Desde ese día se suscitaron una serie de ataques, que motivaron la solicitud de intervención a la CIDH.

Gerardo Vera Orcino y Javier Martínez Robles, son comuneros y activistas que fueron secuestrados- desaparecidos por un comando fuertemente armado en la cabecera municipal de Aquila, Michoacán en plena luz del día 22 de febrero de 2010.

Francisco de Asís Manuel, es Presidente del Comisariado de Bienes Comunales, secuestrado- desaparecido el 20 de abril de 2010 a manos de un comando que portaba igualmente armas de grueso calibre. De ambos se desconoce su paradero.

El 7 de Mayo de 2010, un grupo de 150 paramilitares incursionó por la cabecera de Ostula e ingresaron a la encargatura de El Faro en la comunidad de El Coire, con la finalidad expresa de asesinar al presidente suplente del comisariado de esa comunidad el C. Valentín Álvarez. Este comando no fue detectado por ninguno de los numerosos cuerpos de seguridad federales y estatales presentes en la zona.

El día 29 de junio de 2010, fecha en que la comunidad celebraba el primer aniversario de la fundación de Xayakalan, el C. Máximo Magno Valladares, autoridad local en la encargatura de El Potrero, perteneciente a Ostula fué secuestrado- desaparecido por un grupo paramilitar.

A partir de esa fecha se registraron una serie de asesinatos, y asedio por grupos paramilitares que han generado terror en las comunidades nahuas de la costa:El 17 de julio pasado, Humberto Santos Valladares fue asesinado en la carretera federal; el día 19 del mismo mes, Roberto Arceo fue baleado también en la carretera; ocho días después, el 27, fueron asesinados Venancio Ramírez Cirino, Manuel Flores Álvarez y Miguel Ángel Flores Álvarez; y una semana después, el 3 agosto, fue asesinado José Martínez Ramos. Todos eran nahuas de la costa michoacana.

A la fecha suman ya 12 ejecuciones y cuatro desapariciones de manera forzada.

Estos actos fueron seguidos de inconstitucionales cateos y detenciones por parte de elementos de La Marina Armada de México, quienes se hicieron acompañar de militares extranjeros que portaban chalecos de la DEA estadounidense.

CONSIDERACIONES.

El Tribunal Unitario Agrario No. XXXVIII con sede en la ciudad de Colima, en el cual se desahoga el juicio agrario, ordenó reconstruir el polígono comunal  debido a las notorias y documentadas inconsistencias técnicas del Plano Definitivo que delimita la propiedad comunal. Mismas que en 1958 debieron corregirse de fondo, acción que omitió en su momento la autoridad agraria. Violando con ello la responsabilidad que el Estado Mexicano adquiere al ser firmante del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo en sus artículos 13 y 14.

Artículo 14

2. Los gobiernos deberán tomar las medidas que sean necesarias para determinar las tierras que los pueblos interesados ocupan tradi cionalmente y garantizar la protección efectiva de sus derechos de propiedad y posesión.

3. Deberán instituirse procedimientos adecuados en el marco del sistema jurídico nacional para solucionar las reivindicaciones de tierras formuladas por los pueblos interesados.

Es urgente la implementación de mecanismos que garanticen la posesión legal del territorio ancestral de la comunidad mediante el Programa de Atención a Conflictos Sociales del Medio Rural (COSOMER), en el que la SRA otorgue una “indemnización” económica a los supuestos pequeños propietarios de La Placita y contribuir con ello a mitigar la violencia.

Resulta relevante la implementación de medidas cautelares ordenada por la CIDH, toda vez que a pesar de que los actos de violencia han sido perpetrados por grupos ajenos a los órganos Estatales, se solicita al gobierno mexicano que informe del paradero de los desaparecidos e implemente medidas para garantizar su vida e integridad física.

Dado que el Estado no ha sido capaz de garantizar la seguridad en la costa nahua, es urgente el reconocimiento y respeto a las policías comunitarias de Ostula, Coire y Pómaro para que puedan desempeñar sus legítimas funciones de manera legal y se evite la criminalización de dichos mecanismos autónomos, respaldados también por los lineamientos constitucionales, así como los convenios internacionales en materia de derechos humanos.

Sin mas por el momento agradecemos la atención al presente comunicado y quedamos atentos de cualquier duda o aclaración pertinente.

Atentamente
A 28 de septiembre de 2010
Asociación Jalisciense de Apoyo a los Grupos Indígenas

Ostula, autonomía bajo asedio narcoparamilitar.

Nahuas de la costa de Michoacán crean la Guardia Comunal para enfrentar paramilitares que asedian sus montes. “No nos levantamos en armas contra el gobierno –aclaran–; ejercemos el derecho que como pueblo indígena tenemos de defender nuestro territorio y nuestra comunidad”. Desde que decidieron construir su autonomía y recuperar sus tierras, cuentan 12 asesinatos y cuatro desapariciones forzadas, entre ellas la del presidente de Bienes Comunales. En busca de los líderes indígenas, caravanas con decenas de hombres pertrechados con AK-47, fornituras y pasamontañas recorren la carretera federal y las brechas que comunican Ostula. “Los narcos hacen labores de contrainsurgencia”, denuncian los comuneros Xayacalan, Xayacalan, Michoacán. El estrépito de las olas en la playa se confunde con la algarabía de decenas de niños que corren tras un balón. Como un solo rumor, un solo bullicio, el viento trae la algazara y el estruendo del mar hasta la choza donde autoridades agrarias y civiles de Ostula hacen el recuento de su lucha. Hay victorias, pero también sacrificios y pérdidas irreparables. Saben que aún no han ganado su tierra ni la paz. “Pero ya ganamos la organización; pase lo que pase, la autonomía va a continuar”, aseguran.

Uno a uno, líderes de esta comunidad han sido asesinados o desaparecidos de manera forzada: en poco más de un año, Ostula cuenta 12 ejecutados y cuatro levantados. En todos los casos, las agresiones han sido cometidas por grupos de mestizos armados con AK-47 y AR-15. Según la ley vigente en México, todos los fusiles de asalto son de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas; pero los temibles AK-47 son tan populares entre los grupos del crimen organizado que en este país han sido rebautizados como cuernos de chivo.

Mientras sus padres organizan la resistencia, niños de todas las encargaturas de la comunidad de Ostula juegan futbol en la playa. Los pocos que usan zapatos son conminados a dejarlos fuera de la “cancha” para no estar en ventaja frente a la mayoría descalza. Han improvisado las porterías con bejucos. Por momentos, deben recuperar de las olas el balón de plástico. Ríen despreocupados en una zona que hasta antes de la llegada de la Guardia Comunal y Policía Comunitaria había sido lugar de enfrentamientos y asesinatos. El “lugar de los danzantes con máscara” (significado del topónimo Xayacalan) es la única encargatura de la comunidad de Ostula –e incluso de la costa de Michoacán– libre de delincuencia.

Fuera de este paraje recolonizado por los nahuas, los levantones y las ejecuciones se suceden sin que autoridad alguna contenga a los grupos de hombres armados que recorren los poblados y rancherías de la comunidad en resistencia.

Ahí vienen los narcoparamilitares

La desaparición forzada más reciente se cometió la noche del 29 de junio pasado, unas horas después de que la víctima hubiera acudido a la encargatura de Xayacalan a la celebración de la recuperación de la comunidad de Ostula de más de 1 mil 300 hectáreas que se encontraban en poder de “pequeños propietarios”. Alrededor de las 10 de la noche, un grupo de 11 hombres armadoslevantó de su casa a Máximo Magno Valladares, en la serrana encargatura de El Potrero, de la que es representante.

Mes y medio antes, el 20 de abril de 2010, un grupo de 22 hombres había sitiado la casa de Francisco de Asís Manuel, presidente del Comisariado de Bienes Comunales –la máxima representación agraria de la comunidad ante las autoridades mestizas–. Armados con AK-47, los asaltantes secuestraron al líder de la comunidad de Ostula. No han pedido rescate. Desde entonces, nada se sabe del indígena nahua.

“En esta lucha, muchos vamos a morir; y no quiero que se pongan tristes, porque nuestros hijos y nietos verán el fruto de nuestro sacrificio y sabrán cómo se defienden las tierras comunales”, había dicho Francisco de Asís Manuel en una asamblea comunitaria, algunos días antes de su desaparición forzada. Esas palabras, reproducidas en mantas y carteles, cuelgan en la encargatura de Xayacalan, el epicentro actual de la lucha de la comunidad de Ostula.

A sus 60 años, todos le llamaban Panchito. Pero los hombres mestizos que lo sacaron de su casa el 20 de abril pasado le vociferaban ¡Paco! Llegaron a la encargatura de La Palma Sola en una camioneta con redilas. Pasaban de las 23:30. Le gritaban que saliera, que lo traerían de vuelta en unas horas.

Como la familia no abrió, ocho individuos armados derribaron las puertas. El resto permaneció alrededor del domicilio. Golpearon a los tres hombres y dos mujeres que encontraron al interior de la casa. Preguntaron por armas. Sin que lo pudieran acreditar, dijeron ir “de parte de Mario Álvarez (López) y de Lico (Federico González)”.

El primero fue presidente municipal de Aquila de 2005 a 2007 y es la principal figura del Partido Revolucionario Institucional en la región. El segundo es un supuesto ganadero. Ambos viven en La Placita, la comunidad de “pequeños propietarios” y ejidatarios que disputan más de 1 mil 300 hectáreas a la comunidad de Ostula. Entre las tierras recuperadas por los indígenas nahuas, se encuentran 300 hectáreas que había cercado Mario Álvarez y otras 30 que había ocupado Federico González.

El presidente del Comisariado de Bienes Comunales fue el tercer desaparecido de manera forzada. Antes de él, el 22 de febrero pasado, habían sido levantados los comuneros Gerardo Vera Orcino y Javier Martínez Robles. Ambos, destacados activistas de la comunidad en lucha por la tierra. Un grupo armado los sacó de la fonda donde almorzaban, en la cabecera municipal de Aquila, Michoacán.

Además de las cuatro desapariciones forzadas, grupos armados han asesinado a 12 comuneros de Ostula desde que esta comunidad instauró su Policía Comunitaria y Guardia Tradicional, y con ellas recuperó 1 mil 300 hectáreas de tierras que les marcan sus títulos primordiales.

Los ejecutados (incluidos dos comuneros de El Coire), hasta la primera mitad de julio, eran Diego Ramírez Domínguez; Simón Pineda Verdía y Simón Pineda, hijo; Erik Nemecio Domínguez; Quintín Réyez; Froylán Medina Álvarez, y Demetrio Álvarez.

Destaca el caso del profesor Diego Ramírez Domínguez, quien además de comunero, uno de los principales interlocutores de la comunidad con las autoridades mestizas y con las organizaciones sociales solidarias con Ostula, era coordinador de la comisión para la recuperación de las tierras invadidas. Fue asesinado el 26 de julio de 2008. Su cuerpo fue encontrado destrozado precisamente en el paraje de Xayacalan, territorio que originó el conflicto de Ostula con los “pequeños propietarios”.

Sin embargo, en las últimas semanas las agresiones contra la comunidad se han intensificado. El 17 de julio pasado, Humberto Santos Valladares fue asesinado en la carretera federal; el día 19 del mismo mes, Roberto Arceo fue baleado también en la carretera; ocho días después, el 27, fueron asesinados Venancio Ramírez Cirino, Manuel Flores Álvarez y Miguel Ángel Flores Álvarez; y una semana después, el 3 agosto, fue asesinado José Martínez Ramos. Todos eran nahuas de la costa michoacana.

Pero los grupos armados no sólo cometen asesinatos y levantones contra la comunidad en resistencia. También realizan incursiones de manera intempestiva en las calles y parajes de la comunidad. El 7 de mayo pasado, más de 150 personas, armadas con AK-47 y perfectamente pertrechadas, ingresaron a la comunidad de Ostula a repartir “propaganda”. Después tomaron la carretera federal y llegaron a la vecina comunidad El Coire –la cual, junto con la de Pomaro, ambas nahuas, son solidarias de la lucha de Ostula–. Ahí intentaron asesinar al suplente del presidente del Comisariado de Bienes Comunales de El Coire, Valentín Álvarez Medina.

—Acababa de salir de mi casa. Me encontraba en un lugar donde rentan computadoras porque quería revisar mi correo. Yo los vi pasar, pero no me imaginé que iban a mi casa. Mi esposa tampoco estaba en la casa, pues había salido a la tienda. Los pistoleros llegaron y torturaron a mis hijos. Les preguntaban por mí y les ponían los cuernos de chivo en sus cabecitas y en sus pechos.

—Cuántos años tienen tus hijos.

—Uno, nueve años; otro, seis, y otro, cuatro –dice el joven líder nahua, quien por las amenazas debió exiliarse de la región.

Como líder de El Coire, detuvo la entrada del Programa de Certificación de Bienes Comunales en su comunidad y, en apoyo a la de Ostula, encabezó a un grupo de la Policía Comunitaria.

El mensaje impreso que los pistoleros dejaron en las comunidades nahuas el 7 de mayo pasado fue: “Nosotros somos a los que ustedes llaman ‘los de La Placita’. Queremos deslindarnos de hechos que también a nosotros nos indignan, como el secuestro de su comisariado (Francisco de Asís, por quien no se ha pedido rescate). Nuestra lucha no es por la tierra sino por el territorio. Queremos protegerlos de nuevos ataques por parte de otros grupos”.

El grupo salió de nuevo a la carretera federal sin que fuera “detectado” por ninguna de las corporaciones policiacas y castrenses desplegadas en la zona. Los comuneros de Ostula afirman que los agresores eran de La Placita, poblado mestizo vecino donde vive la mayoría de los “pequeños propietarios” con los que mantienen la disputa de las tierras.

El 27 de agosto pasado, “el cártel” regresó. Entraron ostentando sus AK-47 hasta la tenencia o cabecera de Santa María Ostula. Dijeron que llevaban flores a la virgen. Ni siquiera se cubrieron el rostro. Llegaron en seis camionetas. Algunos pobladores realizaron llamadas a los cuarteles de la Marina, pero “nunca nadie llegó; y luego agarraron la carretera federal sin que fueran detenidos por alguien”, se quejan los nahuas.

José Guadalupe de Asís Alejo, hijo del presidente de Bienes Comunales desaparecido, señala: “Lo que quieren es que aflojemos en la lucha. Pero no vamos a aflojar, así nos maten a más. Lo que está pasando ahorita es muy delicado. No tenemos representante agrario y el gobierno se está encajando. Pero la comunidad está en pie de lucha”.

Ahí vienen los marinos… y la DEA

Y es que las incursiones armadas a las encargaturas y tenencia de Ostula no sólo son obra de los grupos armados ilegales, sino de las corporaciones policiacas y militares del Estado mexicano. Tres días antes de la incursión de los paramilitares, el 4 de mayo de 2010, en un operativo conjunto entre el Ejército Mexicano, la Marina Armada de México y la Policía Federal, alrededor de 900 efectivos cercaron la tenencia de Santa María Ostula. Los uniformados dijeron buscar armas. No las encontraron y no hubo detenidos.

No fue la primera vez que fuerzas castrenses intentaran “desarmar” a los nahuas. A mediados de julio de 2009, alrededor de 11 efectivos de la Marina Armada de México ingresaron intempestivamente a la encargatura de Xayacalan y desarmaron a ocho integrantes de la Guardia Comunal que defiende esas tierras. Cuando los marinos intentaban salir, se encontraron rodeados por más de 200 integrantes de la misma Guardia y de la Policía Comunitaria de Ostula. Las negociaciones duraron poco más de media hora.

“El camino de salida es libre, almirante; pero regresen lo que nos quitaron. Si no, no hay salida; nosotros nunca hemos agredido a nadie; lo que hacemos es defender a nuestra gente y nuestras tierras”, habría dicho el entonces encargado de la seguridad en Xayacalan, J Trinidad de la Cruz Crisóstomo, un aguerrido comunero de 73 años de edad. Los marinos tuvieron que devolver las armas que, dicen los nahuas, son herramientas de trabajo y escopetas de calibre 22.

Camisola desabotonada y remangada, huaraches de tres agujeros (“no aguanto los zapatos”), sombrero de palma, campesino resuelto, J Trinidad fue de los primeros impulsores en la comunidad de la reactivación de la Policía Comunitaria y de la Guardia Comunal. Encabezó la recuperación de las tierras de Xayacalan, donde ya se encontraban los “pequeños propietarios” lotificando decenas de hectáreas de playa y de monte selvático.

—¿La “J”, don Trinidad, es de José o de Juan?

—No, así me llamo. Ése es mi primer nombre, “J” –explica con seriedad–. No sé qué pasaría: si mi padre me quería poner un José o un Juan, pues ya no se le hizo. Siempre he sido J Trinidad; así dice mi acta (de nacimiento)… ¡Imagínese! ¡Y luego me llega un papel del gobierno donde me dice: “C J”! –señala, festivo, antes de romper en risas.

Pero los marinos también realizan “censos” entre los campesinos. A cada encargatura llegan a preguntar el número de hombres, mujeres, niños, tiendas, herramientas de trabajo. “Sólo unos cuantos despistados de una encargatura les han contestado; y eso porque nos agarraron descuidados. Ya se resolvió en la asamblea que no les vamos a decir nada”, señala la voz cascada de J Trinidad.

El pasado 2 de agosto, los comuneros Timoteo Ramírez Cirino, de la encargatura El Dúin, y Arnoldo Robles Luna, de la tenencia de Ostula, fueron detenidos por efectivos de la Armada. El comunicado 197/2010 de la Secretaría de Marina dice que los campesinos fueron detenidos en la carretera federal costera cuando viajaban en una camioneta tipo pick up y luego de que ignoraran el alto que les marcaron los marinos. El boletín de prensa agrega que a los campesinos se les aseguraron dos AK-47, un revólver 38 súper, diversos cargadores y municiones, y “pantalones tipo militar”.

Los habitantes de Ostula refieren una versión distinta. Señalan que Ramírez Cirino y Robles Luna fueron detenidos en sus domicilios sin que existieran órdenes de aprehensión. Aseguran que los efectivos castrenses registraron sus casas y que al primero les sustrajeron 6 mil pesos. Además, que los marinos les sembraron las armas. También señalan que esos domicilios no fueron los únicos allanados: que de la casa de Semeí Verdía sustrajeron 12 mil pesos, aunque al campesino no lo detuvieron, pues no lo hallaron en su domicilio. Agregan que los marinos eran acompañados de “personas extranjeras que usaban chalecos que decían DEA”.

La Marina Armada de México, a través de la X Zona Naval Militar con sede en el puerto de Lázaro Cárdenas, ha anunciado la construcción de tres cuarteles en la costa nahua: en Maruata, La Placita y La Tupitina; además, se construirán dos aeropistas: una en Caleta de Campos y otra en Maruata.

Dividir a la comunidad

En los últimos operativos y en los recorridos por las encargaturas, los marinos dicen a quienes quieran escucharlos que la persona que los está “denunciando” es Trinidad Verdía Zepeda, jefe de Tenencia Municipal, una de las máximas autoridades de la comunidad. Los campesinos consideran que la difamación es parte de la estrategia “contrainsurgente” que se aplica sobre Ostula. El objetivo sería sembrar división en una comunidad que expulsó a todos los partidos políticos y que por consenso reactivó la Policía Comunitaria y la Guardia Comunal.

El líder de 28 años de edad también ha tenido que salir de la comunidad y ha debido mantenerse oculto por las amenazas que pesan en su contra.

—No me agüito; no me preocupo por mí. Yo sé que la vida no la tenemos comprada –dice, mientras entrelaza las manos. Baja el tono de su voz y agrega pausadamente:

—No tengo miedo; lo que sí tengo es coraje, rabia, tristeza. Eso siento. No nos hacen justicia a los indígenas. Pero miedo, ya no. Ya sabemos que no somos inmortales, que a cada santo se le llega su día. Pa’ qué tener miedo, si una vez te va a tocar y ya ni modo.

Llama a los grupos armados que los acosan a que los dejen en paz.

—No sabemos por qué se está metiendo el narcotráfico. A nosotros no nos interesa la droga. Nos interesan nuestras tierras y nuestra gente. Tal vez con nuestra organización de autonomía y recuperación de tierras los afectamos en algo; pero nuestro problema eran los pequeños propietarios nada más. No teníamos ni idea que se iban a meter los narcos.

Ostula, autonomía histórica

Formalmente, Ostula pertenece al municipio de Aquila. Sin embargo, la comunidad nahua ha mantenido formas de gobierno y estructuras propias que le han permitido vivir con relativa autonomía desde la Colonia. Junto con las también comunidades de Pomaro y El Coire, se ha resistido por siglos a la expropiación de sus tierras. En el siglo XIX, fue un dique en la región a las leyes de desamortización, las cuales sí terminaron con la vecina comunidad indígena de Maquilí: la tierra comunal fue privatizada y los indígenas que se opusieron fueron exterminados.

Actualmente, la comunidad de Ostula está integrada por una tenencia o cabecera (Santa María Ostula) y 22 encargaturas o poblados dependientes. Se trata de un territorio de aproximadamente 20 kilómetros de playa y 24 mil hectáreas de sierra de selva tropical, selva caducifolia y bosque de coníferas: playas apacibles y montes húmedos y abigarrados.

La máxima autoridad es la Asamblea General de Gobierno, compuesta por los más de 585 comuneros enlistados en el padrón y por los hijos de éstos, es decir, por prácticamente todos los mayores de edad: alrededor de 2 mil personas. Mediante esta asamblea, designan a sus autoridades agrarias, civiles y religiosas.

Los cargos de las autoridades agrarias son: Comisariado de Bienes Comunales (presidente, secretario y tesorero) y Consejo de Vigilancia (presidente, secretario y tesorero). Los de las civiles son un jefe de Tenencia (o cabecera) y 22 jefes de encargaturas (o poblados). Las autoridades religiosas son cuatro jueces tradicionales, quienes se encargan del culto. A la reunión de los tres tipos de autoridades más delegados de cada encargatura y los mayores de la comunidad (en total 144 integrantes) se le llama Consejo Comunal.

La Policía Comunitaria fue nombrada por la Asamblea Comunitaria. Está integrada por 400 habitantes de las 23 encargaturas y la tenencia. La Guardia

Comunal está compuesta por 150 personas y es parte de la propia Policía Comunitaria.

Desde el 29 de junio de 2009, la comunidad de Ostula ocupa casi la totalidad de lo que indican sus títulos primordiales, cuando mediante su Guardia Comunal y Policía Comunitaria ocupó el paraje de Xayacalan y montes circundantes: 1 mil 300 hectáreas que ya lotificaban y vendían grupos de mestizos avecindados en el poblado La Placita.

El conflicto agrario

En la costa de Michoacán, sólo existía la propiedad comunal, la de los pueblos nahuas de Pomaro, El Coire, Ostula, Maquilí y Aquila. El conflicto con los “pequeños propietarios” se sembró en 1911, cuando un embate contra la propiedad de los pueblos indígenas acabó con la comunidad de Maquilí. Las tierras de esta comunidad se privatizaron y con ello dieron origen a cinco “pequeñas propiedades” y, más tarde, a un ejido de mestizos en la región. Ahora son estos propietarios quienes disputan parte de las tierras de Ostula y reclaman más hectáreas para sí.

En 1953, el Departamento Agrario (antecedente de la actual Secretaría de la Reforma Agraria) inició los trabajos técnicos para titular las tierras de la comunidad de Ostula. El reconocimiento de las tierras sería total. Sin embargo, de manera abrupta, se cancelaron esos trabajos. Tres años después se realizaron nuevas “mediciones” y el gobierno “reconoció” cinco pequeñas propiedades dentro del polígono comunal que marcan los títulos primordiales de Ostula, a la que sólo se le reconocieron 19 mil 24 hectáreas.

—La resolución se hizo de manera deficiente: las distancias, los rumbos, las medidas en general que contiene la resolución, y que también están contenidas en el acta de posesión y deslinde, y en el plano definitivo, no coinciden con la realidad. Al momento en que se intenta realizar una medición de campo con los datos de esta resolución, es imposible construir un plano –explica el abogado Carlos González García, representante de la comunidad de Ostula ante los tribunales agrarios.

El defensor agrega: “Si intentamos reconstruir el plano de la comunidad con esos datos y partimos del Océano Pacífico, toda la parte de la sierra queda fuera. Y si intentamos reconstruir el plano iniciando por la parte Norte de la montaña, toda la costa queda fuera de la resolución. Sobre la base de esta resolución defectuosa, los ‘pequeños propietarios’ y las personas a su sueldo fueron invadiendo las tierras de comunidad”.

Pero no fue todo. Luego de que las autoridades cercenaran tierras de la comunidad de Ostula para entregárselas a los “pequeños propietarios”, los particulares siguieron ampliándose. Más de 1 mil hectáreas ocuparon de facto en los años siguientes. Y el conflicto siguió creciendo, pues los primeros cinco “pequeños propietarios” vendieron las tierras recién ocupadas a otros particulares. Para justificar la posesión, explotaron las tierras: cultivaron palmeras y tamarindo.

Carlos González destaca que, cuando la comunidad decidió recuperar sus tierras el 29 de junio de 2009, sólo recuperó hasta donde marca la resolución presidencial y no hasta donde señalan sus títulos primordiales

—Aun cuando sabe que los títulos primordiales le otorgan la propiedad hasta el paraje Las Majaguas, la comunidad de Ostula sólo recuperó hasta donde marca la resolución presidencial, es decir, hasta La Cananguancera o Estación 149. Lo anterior con el objetivo de que el problema no escale, no se haga mayor.

Las tierras que la comunidad recuperó no sólo estaban en posesión de los pequeños propietarios, sino también de un ejido: La Placita. En 1967, el gobierno federal había “dotado” de tierras a los mestizos asentados en la costa michoacana.

Hasta el momento, y luego de las movilizaciones de la comunidad de Ostula, el Tribunal Superior Agrario ha ordenado al Tribunal Unitario Agrario, con sede en Colima, realizar un nuevo plano.

—Adicionalmente a este trámite judicial que se lleva en los tribunales agrarios, se inició un proceso conciliatorio ante la Secretaría de la Reforma Agraria para intentar que, a través del Cosomer (Programa de Atención a Conflictos Sociales en el Medio Rural), el gobierno federal entregue una especie de indemnización a los pequeños propietarios. De ese modo, el juicio ya no continuaría –explica el abogado Carlos González García.

Los nahuas no entienden por qué puede haber alguien que les dispute las tierras de las cuales conservan los títulos primordiales. Voz ronca y apagada, Magdaleno Jerónimo Reyes manotea sobre los planos de la comunidad.

—No es mentira lo que nosotros decimos. A’i está el plano. Y nosotros vamos a reconocer hasta‘onde diga el plano. Esto nos dejaron nuestros abuelos mayores. Ellos cuidaron. Nosotros estamos cuidando. Y nuestros hijos van a estar cuidando –termina casi en grito el campesino de 67 años.

El Manifiesto de Ostula

A principios de junio de 2009, los ejidatarios y los “pequeños propietarios” de La Placita ya habían ingresado al predio de Xayacalan y habían comenzado a regalar lotes a quienes quisieran unírseles contra la comunidad de Ostula. Al sentirse engañados por los gobiernos federal y estatal y despojados por los pudientes de La Placita, “el coraje y la rabia” fueron más grandes que el miedo.

Así, en asamblea decidieron nombrar a la Policía Comunitaria y a la Guardia Comunal. Y acordaron recuperar sus tierras. El 14 de junio de 2009, en la XXV Reunión Plenaria del Congreso Nacional Indígena, Región Centro Pacífico, nueve comunidades nahuas, siete purépechas, cuatro wixaritari, cuatro rarámuri, una hñahñü, una binnizá, una coca, una tzeltal y una nu’saavi respaldaron la decisión de la comunidad de Ostula y emitieron un manifiesto.

En el documento, los pueblos indios firmantes desconocieron las reformas a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y leyes federales que atentan contra la propiedad comunal. Y señalaron que sólo reconocían como Ley Suprema y Constitución de los Pueblos Indígenas de México a los acuerdos de San Andrés, firmados entre el gobierno federal y el Ejército Zapatista de Liberación Nacional en San Andrés Larráizar (o Sakamchén de los Pobres, como le llaman los tzotziles).

“Hemos agotado todas las vías legales y jurídicas para la defensa y reconocimiento de nuestras tierras y territorios y sólo hemos recibido negativas, moratorias, amenazas y represión por parte del Estado, como es el caso de esta comunidad de Santa María Ostula. El camino que sigue es continuar ejerciendo nuestro derecho histórico a la autonomía y libre determinación. Insistimos en que la tierra, que es nuestra madre, no se vende: con la vida se defiende.

“Exigimos el respeto a los acuerdos y decisión asumidos por las hermanas y hermanos comuneras y comuneros indígenas de la comunidad nahua de Ostula, aprobados en su asamblea general, que han acordado la recuperación, por la vía de los hechos, de las tierras que les pertenecen. Responsabilizamos a los malos gobiernos federal y estatal de cualquier acción represiva que se ejerza en contra de nuestras hermanas y hermanos indígenas nahuas de Ostula. Exhortamos a todas y todos los pueblos, naciones y tribus participantes en nuestro Congreso Nacional Indígena y adherentes a La Otra Campaña a estar alertas y en permanente comunicación.”

Además, los mismos pueblos emitieron el Manifiesto por el derecho a la autodefensa. En el documento se señala: “Que de frente a la guerra de exterminio neoliberal, nuestros pueblos, tribus o naciones, así como las comunidades que los integran tienen el inalienable derecho, derivado del artículo 39 constitucional, para organizarse y realizar la defensa de su vida, de su seguridad, de sus libertades y derechos fundamentales y de su cultura y territorios”.

El miedo

—En la Asamblea, decidimos que cero partidos políticos. Un día antes de que recuperáramos las tierras, reafirmamos que nada de partidos políticos, que ya no los íbamos a volver a aceptar. Y es que, además, no los necesitamos. Al contrario, nos dimos cuenta que si los hubiéramos aceptado, ellos nos hubieran desbaratado todo –dice Trinidad Verdía Zepeda.

Agrega: “No necesitamos partidos; todos somos la comunidad de Ostula. Así cambiamos la historia de Ostula y sacamos a nuestras autoridades por unanimidad”.

Evaristo Domínguez Ramos, integrante del Consejo Comunal dice que, junto con los partidos, se fue el miedo.

—Antes sí teníamos miedo. Por eso no nos decidíamos a recuperar las tierras. Ahorita ya se nos acabó el miedo, aunque estén desapareciendo a nuestros compañeros. Por miedo, le creíamos al gobierno. Pero cuando ya el engaño fue mucho y vimos que la razón se la dio a los invasores, pues como que el miedo se transformó en coraje. Nos armamos de valor y vinimos a recuperar las tierras.

A decir de los comuneros, el intento de “despojo” de tierras contra los nahuas de Ostula podría deberse a que la comunidad está en contra del plan turístico que impulsan los gobiernos federal y estatal. El objetivo es detonar la inversión extranjera en la zona y construir una autopista que vincule los puertos de Lázaro Cárdenas y Manzanillo.

—Los “pequeños propietarios” de La Placita ya han dicho que si ellos se quedan con la tierra, no habrá problema para el desarrollo turístico. Mientras, las comunidades de Ostula, El Coire y Pomaro representan un obstáculo para el gran capital. Las comunidades indígenas no van a vender los más de 100 kilómetros de playas que poseen entre las tres.

El Plan Regional para el Desarrollo Turístico Integral de la Costa de Michoacán fue presentado en febrero de 2006. Está a cargo del Fondo Nacional de Fomento al Turismo. Entre las “debilidades” que señala el documento ejecutivo del proyecto, se encuentran “los procesos de toma de decisión lentos en las comunidades nahuas” y el “bajo nivel educativo general y poca capacitación específicamente turística”.

El encargo

La luz se ha disipado por completo. Los planos del territorio de Ostula, extendidos en una mesa desvencijada, son repasados una y otra vez –lámpara de pilas en mano– por los campesinos nahuas.

Magdaleno Jerónimo Reyes, de 67 años, casi grita para hacerse escuchar. Aparta su sombrero de palma con una mano; con la otra sostiene un cigarrillo.

—No es mentira lo que decimos. Vea. Fíjese en el plano. Sobre el plano nos vamos a ir. Y hasta donde dice el plano, hasta ahí vamos a reconocer. Esto nos dejaron nuestros abuelos mayores. Ellos cuidaron. Los estamos cuidando nosotros. Y los hijos lo van a seguir cuidando.

Los hombres de la Guardia Comunal

Con tranquilidad, los integrantes de la Guardia Comunal caminan los linderos que se han dispuesto defender. Con seriedad, asumen su tarea. Quienes se encuentran en la playa, por momentos se distraen con los cientos de cangrejos que corretean de una zanja a otra. Quienes en el monte ahuyentan el sopor mascando hojas de guayabo. Algunos cuelgan hamacas para turnarse en la velada.

Mayoritariamente, jóvenes de entre 17 y 32 años siempre están atentos a los consejos y órdenes de los viejos. Rostros bronceados, camisolas desabotonadas, difícilmente se les ve sonreír:

—Debemos llevar el orden; que no se salgan de control las cosas. Estamos para que no haya violencia y para que no se le falte el respeto a ninguno de los de la comunidad y de los visitantes –dice Pedro, de 32 años y quien se encuentra a cargo de la Guardia Comunal en Xayacalan.

Ningún asomo de titubeo entre las decenas de muchachos con morral al hombro.

—Estamos en resistencia para que nuestros hijos tengan un futuro mejor –explica Óscar, de 26 años, y que proviene de la encargatura La Palma Sola.

—Han sido atacados. ¿Sientes algún temor? –se le pregunta.

—Hay un poco de temor; pero qué le va a hacer uno. Seguramente nos va a tocar algún día. Así que no hay que agüitarse; hay que echarle pa’ delante. Sí vamos a recuperar las tierras, primero dios; vamos bien; nomás hay que permanecer unidos.

Están conscientes de que el verdadero riesgo comienza cuando salen de Xayacalan, solos, rumbo a sus encargaturas.

—Pero todo vale la pena –ataja Pedro–. Y, como encargado del orden, le puedo decir que estamos para servir a la comunidad y a cualquier persona que venga con buenas intenciones. Y cuando alguien venga con malas intenciones, procederemos con nuestro deber… Y vamos a hacer lo que tenemos que hacer.

Zósimo Camacho

Contralínea 201 / 26 de Septiembre de 2010

http://contralinea.info/

Ostula, entre el acoso y la esperanza.

Xayakalan, Michoacán. El pasado 29 de junio se conmemoró el primer año del día en que cientos de hombres y mujeres indígenas de la comunidad nahua de Santa María de Ostula, bajaron de su comunidad, enclavada en la sierra madre del sur, con destino a sus territorios ancestrales en la costa michoacana, para recuperar un territorio de aproximadamente 700 hectáreas que les había siendo despojado por un pequeño grupo de mestizos del poblado cercano de La Placita, caciques con fuerte poder económico y político en la región, además ligados al narcotráfico.

Esta recuperación abrió un referente de gran importancia para entender las formas en cómo se organizan y resisten las poblaciones campesinas del México indígena ante el acoso y la lógica de exterminio en el capitalismo contemporáneo, situando a esta comunidad en un lugar importante del imaginario que hoy sigue dando vida a las modernas luchas autónomas de emancipación.

Los comuneros nahuas de Ostula, apoyados por sus vecinos de Coire y Pómaro, reagruparon para la recuperación a sus cuerpos de policía comunitaria, forma ancestral de autodefensa para muchas de las comunidades indígenas de México y tras el enfrentamiento con los guardias de los caciques lograron replegarlos y tomar control de la zona que hasta el día de hoy resguardan. En forma simultánea, la comunidad de Ostula comenzó ese día la edificación del poblado de Xayakalan construyendo más de veinte casas y la jefatura del lugar. Estas dos estrategias les han permitido mantener el control de la zona y dar los primeros pasos en la construcción del proyecto autónomo del poblado Xayakalan.

Santa María de Ostula es, junto con Coire y Pómaro, una de las tres comunidades indígenas nahuas de la zona costa-sierra del municipio de Aquila, en el estado mexicano de Michoacán. Su territorio es rico en recursos naturales, su colorido paisaje hace contrastar el verde de las montañas casi vírgenes, habitadas por múltiples especies de flora y fauna, con el café y el azul de sus  largos linderos de playas y mares. La gente de este lugar vive principalmente de sus cultivos, la producción es destinada en su mayoría al autoconsumo y aunque el comercio de los productos del campo en los mercados locales y la migración nacional e internacional en forma temporal son también formas importantes para el sustento de la vida, el trabajo de la tierra sigue siendo el que hace de Ostula una comunidad con fuertes grados de autorregulación.

Un conflicto limítrofe con grandes inconsistencias

La comunidad de Ostula cuenta con títulos de propiedad que avalan la posesión de los terrenos recuperados hace un año, estos títulos datan de la época virreinal y fueron confirmados en una resolución presidencial en 1964. Sin embargo, hay algunos factores que hacen que el conflicto no haya podido tener una salida por la vía legal.

La resolución presidencial que acredita a la comunidad de Ostula como propietaria de la zona de playa que hoy se conoce como Xayakalan, tuvo grandes inconsistencias cuando se hicieron las mediciones sobre los linderos. Los encargados por parte de las autoridades de medir los terrenos en los años sesenta no tenían conocimiento de la zona y redujeron el territorio de la comunidad indígena dejando cientos de hectáreas como pequeña propiedad. Esto ocasionó que desde finales de los años sesenta los grupos de pequeños propietarios comenzaran a invadir la propiedad comunal.

La comunidad de Ostula no dejó de insistir en el reconocimiento de su territorio desde hace varias décadas, sin tener una respuesta satisfactoria por parte de las autoridades. Después de varias ocupaciones por parte de los grupos de rancheros de La Placita, en últimos tiempos es cuando la comunidad de Ostula decide no tolerar más esta situación. Don Trino Cruz, comunero de Ostula, explica: “Cuando nosotros vimos que hicimos una lucha por la vía legal y no conseguimos nada, que el gobierno no nos atendió y nos dio la espalda durante tantos años, tuvimos que organizarnos por nuestra cuenta y así recuperar nuestras tierras que ya estaban ocupando los supuestos pequeños propietarios. Por eso nos organizamos y ahora estamos aquí viviendo en Xayakalan”.

La autonomía en la cotidianidad

Este primer año de resistencia en la comunidad se han vivido con una intensa actividad cotidiana en el poblado de Xayakalan. Los días pasan entre las guardias que los hombres de la policía comunitaria llevan a cabo en recorridos por todo el territorio y los turnos que las mujeres hacen para tener listos los almuerzos en el comedor comunitario.

Aunque hay ya un asentamiento importante de gente viviendo en el nuevo poblado, la mayoría de los hombres y mujeres que participan en las labores de alimentación y resguardo del lugar vienen del centro de la comunidad en la sierra a unos 15 kilómetros de Xayakalan.

Han sido meses de un intenso trabajo de rotación de turnos para la vigilancia y para organizar la comida. Sin embargo a la mayoría parece agradar este trabajo. El comedor comunitario y los rondines de la policía comunitaria se vuelven espacios cotidianos donde la socialización permite pasar ratos amenos, las mujeres del comedor se ponen al día de la vida de la comunidad mientras desgranan el maíz para las tortillas, de la misma forma lo hacen los hombres que mantienen los campamentos en la playa mientras cuidan la zona de alguna incursión enemiga.

Los días son complementan con el trabajo en la construcción de nuevas viviendas. En un principio se construyeron poco más de veinte casas de adobe y techo de lámina de asbesto, y en los meses posteriores se han construido por lo menos otras diez de palos y techo de palma. La idea, tal como la platican los comuneros, es que poco a poco la gente de Ostula vaya ocupando el territorio para vivir o sembrar parcelas. Este proceso ha ido teniendo resultados visibles desde el día de la recuperación hasta ahora que se cumple un año de la resistencia.

Otro de los resultados que pueden verse en el proceso autónomo es el cultivo y cosecha de los huertos comunitarios. En una de las asambleas realizada en el mes de abril, las autoridades del comisariado de bienes comunales, informaron a la comunidad los datos de las primeras cosechas de tamarindo y el monto de lo recaudado por las ventas de este. En esa ocasión el tamarindo de manchó debido a las lluvias no previstas y se tuvo que vender por debajo del costo por kilo, lo que habla de la dificultad para mantener estos procesos vivos y de cómo la construcción de un proyecto autónomo es también ir aprendiendo de las dificultades.

Entre el acoso y la esperanza

Estos meses de resistencia han estado marcados también por hechos dolosos contra la comunidad de Ostula. El año de la resistencia ha dejado ocho asesinatos que los comuneros atribuyen a la venganza por parte de los caciques de La Placita. Del mismo modo, han desaparecido de forma forzada tres de los hombres que son piezas claves en la lucha: los comuneros Javier Martínez Robles y Gerardo Vera Orcino y el presidente del comisariado de bienes comunales, Francisco de Asis Manuel.

Con todo lo que significa el dolor de las muertes y las desapariciones, la comunidad de Ostula sabe que los tiempos de lucha serán así y que la mejor forma de rendir tributo a los comuneros que ya no están es honrando la memoria y la vida de compromiso que ellos mantenían. Por eso el 29 de junio pasado celebraron el aniversario de la resistencia con un emotivo evento al que dieron el nombre de  jornadas conmemorativas “Por la vida, la tierra y la autonomía de los pueblos originarios”, cuya convocatoria fue dirigida a sus vecinos de Coire y Pómaro, a organismos de derechos humanos, a medios de comunicación, a los pueblos indios del Congreso Nacional Indígena y a la Otra Campaña.

Ostula y el nuevo poblado de Xayakalan cumplieron así un año de una historia que puede leerse desde la dignidad, un año de una resistencia que desafía todos los vicios de la clase en el poder y el amargo sabor de enfrentar al crimen organizado.

En la fiesta de aniversario se recordó la frase pronunciada por Fransisco de Asis Manuel, presidente de bienes comunales, durante la última asamblea en la que estuvo presente: “En esta lucha vamos a morir y no quiero que se pongan tristes porque nuestros hijos y nietos verán el fruto de nuestro sacrificio y sabrán como se defienden las tierras comunales”.

http://desinformemonos.org/


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