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México, sin posibilidad de declarar zonas libres de transgénicos.

En el país ni una sola área ha sido declarada zona libre de transgénicos, reconocen la Sagarpa, el Senasica y la Cibiogem. La falta de una norma oficial imposibilita las declaratorias, aseguran las dependencias. A casi 1 década de la publicación de la Ley de Bioseguridad, para las comunidades y los productores la posibilidad de que se declare oficialmente a su territorio libre de organismos genéticamente modificados es nula, pese a que la legislación lo contempla. Sin prisa por redactar el instrumento, las instituciones gubernamentales, que han aprobado la siembra de transgénicos en México al menos desde hace 20 años, niegan las declaratorias. Bajo este argumento, y no obstante que se cumplió con el engorroso procedimiento, las solicitudes hechas por productores de miel en Yucatán fueron rechazadas. Sagarpa, Senasica y Cibiogem se deslindan.

En México no existen zonas libres de transgénicos, revela la Comisión Intersecretarial de Bioseguridad de los Organismos Genéticamente Modificados (Cibiogem).

En respuesta a una solicitud de información hecha por Contralínea, la Secretaría Ejecutiva de la Cibiogem –que encabeza Sol Ortiz García– reconoce que, a la fecha, las autoridades mexicanas no han declarado a ningún territorio libre de organismos genéticamente modificados. Ello, pese a que la Ley de Bioseguridad de Organismos Genéticamente Modificados (LBOGM), vigente desde 2005, lo permite.

A casi 1 década de la publicación de la ley, y a 2 décadas de la introducción de cultivos transgénicos en el país, no existen los mecanismos que respalden el derecho de las comunidades y productores a declarar su territorio libre de organismos genéticamente modificados.

 “No se cuenta con la norma oficial para la declaración de zonas libres de transgénicos”, justifica, en entrevista, Hugo Fragoso Sánchez, director general de Inocuidad Agroalimentaria, Acuícola y Pesquera del Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (Senasica), órgano desconcentrado de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa).De acuerdo con Fragoso Sánchez, la Cibiogem es la instancia que coordina la preparación de la norma, y aunque desconoce cuándo estará lista, asegura que ya se encuentra en proceso. “Está en construcción. En este momento no existe un procedimiento para declarar zonas libres. El artículo 90 no da los detalles y no corresponde a la Sagarpa establecerlo”.

Con base en la falta de normatividad, la Dirección que ahora preside Hugo Fragoso negó –por conducto de su entonces titular Octavio Carranza de Mendoza– la declaratoria a productores de miel de 10 municipios de Yucatán. “La Sagarpa aún no cuenta con los instrumentos normativos a que se refiere el citado artículo [artículo 90], así como los acuerdos previstos en la fracción II del mismo”, respondió Carranza de Mendoza a la petición en los oficios B00.04.03.O2-11496, 11497, 11498, 11499, 11500, 11501, 11502, 11503, 11504 y 11505, fechados el 30 de noviembre de 2012.

De esa manera, el gobierno federal habría resuelto las solicitudes planteadas por apicultores mayas de Halachó, Muna, Oxkutzcab, Peto, Santa Elena, Ticul, Tixméhuac, Tekax, Tizimín y Tzucacab.

No obstante la negativa, los productores de miel cumplieron con el procedimiento contemplado en el artículo 90 de la LBOGM.

Fue en septiembre de 2012 cuando solicitaron por escrito a la entonces gobernadora de Yucatán, Ivonne Aracelly Ortega Pacheco, así como a los presidentes municipales respectivos, se diera inicio al trámite comprendido en la ley.

En sesiones de cabildo, efectuadas entre septiembre y octubre del mismo año, los ayuntamientos aprobaron las propuestas de las comunidades.

Con el visto bueno municipal, los apicultores de los 10 municipios se dirigieron a Eduardo Adolfo Batllori Sampedro, secretario de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente (Seduma) local, para informarle de las decisiones y pedirle que solicitara la opinión favorable del Poder Ejecutivo de Yucatán.

A través de su titular, en octubre de 2012, la Seduma le dio a conocer al entonces titular de la Sagarpa, Francisco Mayorga Castañeda, la opinión favorable del gobierno del estado. Con los oficios VI/01337/2012, VI/01338/2012, VI/01339/2012, VI/01340/2012, VI/01341/2012, VI/01342/2012, VI/ 01343/2012, VI/01344/2012, VI/01345/2012 y VI/01346/2012, de fecha 29 de octubre de 2012, le expone que remite la solicitud escrita de las comunidades interesadas con el objeto de que la Sagarpa establezca zonas libres de transgénicos para la generación de productos orgánicos y otros de interés de las comunidades solicitantes.

Ante la negativa, el 5 de agosto de 2013, los apicultores presentaron una demanda de amparo que fue rechazada por el Juzgado Tercero de Distrito de Yucatán, por lo que se presentó recurso de queja. El Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo y Administrativa dio la razón a los quejosos ordenando la admisión de la demanda de amparo, que quedó asentada bajo el número de expediente 1101/2013.

Tras varios aplazamientos, el juicio de amparo aún está por resolverse. “La Sagarpa y el Senasica no han enviado documentación que les ha sido requerida por el Juzgado Tercero de Distrito”, explica Jorge Fernández, que forma parte del equipo de abogados que lleva la defensa legal de las comunidades.

Soya transgénica contamina miel

Tal como lo documentó Contralínea en su edición 325, el 6 de junio de 2012 la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación aprobó a Monsanto Comercial, SA de CV, el cultivo a escala comercial de soya genéticamente modificada sobre 253 mil hectáreas en la Península de Yucatán, la Planicie Huasteca y Chiapas.

El permiso se otorgó a pesar de que la siembra piloto y experimental de soya genéticamente modificada habría contaminado 40 toneladas de miel producidas en la Península de Yucatán, como lo demostraría el desvío que hicieron los comercializadores del cargamento dirigido originalmente a la Unión Europea, ocurrido en 2012. También, los siete amparos que interpusieron organizaciones y comercializadoras de miel para evitar la nueva autorización.

 “Existe una coincidencia geográfica entre las zonas de producción de miel en la Península de Yucatán y los polígonos propuestos de liberación al ambiente de soya genéticamente modificada”, observó la Comisión Nacional para el Conocimiento y el Uso de la Biodiversidad (Conabio) en el Análisis de riesgo 007/2012. En éste se lee: “recomendación final: no se considera viable la liberación en los polígonos solicitados”.

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De 2005 a 2012, el Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria ha otorgado, al menos, 15 autorizaciones para la siembra de soya transgénica en las fases previas a la comercial (experimental y piloto) en Chiapas y la Península de Yucatán (Quintana Roo, Yucatán y Campeche).

México es el sexto productor y tercer exportador mundial de miel de abeja después de Argentina y China. El 85 por ciento de la producción nacional se destina a la Unión Europea, principalmente a Alemania, donde goza de prestigio.

Alrededor de 41 mil apicultores mexicanos, en su mayoría campesinos e indígenas, dependen de dicha actividad. En 2010 produjeron 55 mil 684 toneladas de miel con un valor de casi 1 mil 726 millones de pesos.

Tan sólo en la Península de Yucatán se contabilizan al menos 17 mil productores apícolas. El 90 por ciento de la producción de miel de la Península se exporta y corresponde a cerca del 60 por ciento de toda la miel que sale del país.

El 6 de septiembre de 2011, un fallo de la Corte de Justicia de la Unión Europea en Alemania, por el caso C-442/09, colocó a los apicultores como afectados directos de los cultivos de organismos genéticamente modificados.

En su resolución, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea prohíbe la comercialización de mieles que contengan polen de origen transgénico no autorizado (como el maíz MON 810 de Monsanto) como consecuencia de un principio de tolerancia cero. Al tratarse de polen de plantas transgénicas autorizadas para alimentación, el Tribunal europeo determinó que si el contenido de polen transgénico sobrepasa el 0.9 por ciento del polen total debe indicarse en la etiqueta la leyenda: “contiene ingredientes modificados genéticamente”. Y esto aplica para todos los productores, lo que incluye a los mexicanos.

 “La comercialización de miel con este etiquetado parece casi imposible, cualquiera que sea su origen, dado que la gran mayoría de los consumidores europeos rechazan los alimentos transgénicos”, asegura en entrevista Remy Vandame, investigador en el Colegio de la Frontera Sur.

La afectación involucra no sólo a la miel convencional, sino también a la calificada como orgánica. De acuerdo con los estándares internacionales, la miel orgánica debe estar libre de transgénicos.

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México es el tercer exportador mundial de miel orgánica. Este producto supera en un 30 por ciento el precio de la miel convencional; el mercado global de esta miel se estima en 6 mil 500 toneladas, de las cuales Alemania consume 2 mil 500.

Los principales estados productores en el país son Yucatán, Campeche, Quintana Roo, Chiapas, Veracruz, Oaxaca, Zacatecas y Jalisco. A decir del reporte de la Conabio, Chiapas exporta alrededor del 80 por ciento de su producción y ocupa el primer lugar en exportación de miel orgánica.

Según el artículo 90, en el país se podrían declarar zonas libres de transgénicos para la protección de productos agrícolas orgánicos y “otros de interés de la comunidad solicitante”, cuando se trate de organismos genéticamente modificados “de la misma especie a las que se produzcan mediante procesos de producción de productos agrícolas orgánicos, y se demuestre científica y técnicamente que no es viable su coexistencia o que no cumplirían con los requisitos normativos para su certificación”.

En opinión de Antonio Serratos, doctor en biotecnología, la ley deja fuera a la miel, porque no es un producto agrícola.

El también profesor en la Universidad Autónoma de la Ciudad de México agrega que al introducir el término “orgánico” en la ley se descartó de tajo la protección a la mayor parte de los cultivos del campo mexicano. Sin posibilidad de pagar una certificación de “producto orgánico”, que se renueva cada año con precios de al menos 15 mil pesos, a sus productores, campesinos e indígenas se les niega la posibilidad de declarar su parcela zona libre de transgénicos.

En los últimos 10 años, el cultivo de productos orgánicos pasó apenas de 21 mil a 512 mil hectáreas; y de 13 mil productores que se dedicaban a esta actividad a 170 mil, informa la Sagarpa.

Durante la cuarta sesión del Consejo Nacional de Producción Orgánica, el director en jefe de la Agencia de Servicios a la Comercialización y Desarrollo de Mercados Agropecuarios (Aserca), Baltasar Hinojosa, informó que 85 por ciento de la producción orgánica del país se exporta y sólo el 15 por ciento se consume a nivel nacional.

Sagarpa y Senasica, sin preocupaciones

Para Fragoso Sánchez el hecho de que se permita desde hace décadas la siembra de transgénicos en el país no representa riesgo alguno para la producción orgánica: “Nosotros pensamos que los sistemas de producción: transgénico, orgánico y convencional, pueden coexistir”.

—¿Es delicada la situación de los productores de miel de la península de Yucatán?

—A mí me parece que no. Este año no hemos tenido una sola detección y ningún retorno de miel de Europa a México. Consideramos que es factible que puedan coexistir los dos sistemas de producción sin poner en riesgo a los productores de miel orgánica o no orgánica.

Elva Mendoza.

http://contralinea.info/archivo-revista/index.php/2014/07/08/mexico-sin-posibilidad-de-declarar-zonas-libres-de-transgenicos/

Declaración: 9ª Asamblea Nacional de Afectados Ambientales.

A cinco años de haber iniciado nuestro camino común, en defensa de nuestros derechos, nuestros territorios y en resistencia contra todo tipo de agravios, los más de 500 participantes de 66 organizaciones provenientes de 15 estados (Distrito Federal, Morelos, Tlaxcala, Baja California, Jalisco, Puebla, México, Veracruz, Hidalgo, Querétaro, Quintana Roo, Coahuila, Oaxaca, Michoacán y, particularmente, de 54 comunidades del estado de Guanajuato), nos reunimos por novena ocasión en Atotonilco, San Miguel de Allende, Guanajuato en un momento de emergencia comparable sólo con los tiempos que precedieron los alzamientos por la independencia y la revolución. Acudimos aquí a participar en la preaudiencia sobre la Destrucción del sistema hídrico nacional y para refrendar nuestra sólida existencia como Asamblea Nacional.

Nuestra presencia en la Cuenca de la Independencia tiene un significado múltiple: primero, para evidenciar la devastación hídrica y ambiental que vive la región norte del estado de Guanajuato, al igual que otras regiones del país, ocasionada por la criminal sobreexplotación agroindustrial de los acuíferos que lleva a cabo una oligarquía voraz para servir a los intereses del libre comercio trasnacional, traicionando y arriesgando la viabilidad misma de la reproducción de la vida mediante el envenenamiento del agua con arsénico y fluoruro, afectando la salud de decenas de miles de personas; en segundo lugar, la región del bajío es el centro de la apuesta económica del ilegítimo régimen que nos gobierna y que se dispone, además de sobreexplotar a los trabajadores jóvenes y destruir amplias regiones con ductos y redes energéticas privatizadas, despojar de sus aguas a muchas otras regiones del país con tal de concentrar la insustentable fabricación de vehículos automotores en una entidad ya marcada por la crisis hídrica; en tercer lugar, estamos aquí para recordar la lucha popular gestada en esta misma región hace 203 años y que nos sirve hoy como lección para fortalecer nuestra resistencia y abrir el camino para unirnos con todas aquellas luchas hermanas nuestras en defensa de aquello que es más fundamental: nuestra Nación, que para nosotros se manifiesta en la lucha digna del magisterio, en la resistencia contra la privatización energética, en la defensa contra la criminalización y la represión de la protesta social y en defensa de nuestro maíz.

Lo que nos unifica con esas luchas es la identificación común de agravios y los responsables de la catástrofe que vive hoy México. Al igual que muchas otras resistencias en nuestro país, consideramos que el Pacto firmado por los poderosos no es otra cosa que un pacto de muerte de nuestra Nación. Por ello nos sumamos a la lucha contra la reforma educativa, la reforma energética, la reforma fiscal y llamamos a todas las organizaciones honestas de nuestro país a avanzar coordinadamente en ese sentido desde varios frentes como los que se están abriendo en estos días. Nuestra lucha contra lo que representa el mal llamado “Pacto por México” forma parte de lo que numerosas organizaciones del país hemos denominado el crimen de desviación de poder por el que acusamos al Estado mexicano ante el Tribunal Permanente de los Pueblos hace dos años.

El enjuiciamiento al Estado Mexicano que llevamos a cabo desde el Tribunal Permanente de los Pueblos, como parte de los esfuerzos por frenar el desastre y construir alternativas, tendrá uno de sus momentos más importantes del 15 al 17 de noviembre de este año en la ciudad de México, cuando, como Asamblea participaremos en la audiencia temática sobre Devastación ambiental y derechos de los pueblos como síntesis de un incansable trabajo que a la fecha implica la realización de 15 preaudiencias y la documentación de más de 200 casos de conflicto socio-ambiental en casi todos los estados del país. El trabajo de documentación y argumentación de los pueblos de México sobre la destrucción ambiental del país no tiene ningún precedente en la historia nacional. Igualmente, nos sumaremos al trabajo común establecido con nuestros hermanos de la Red en Defensa del Maíz, en la audiencia temática sobre Violencia contra el Maíz, la Soberanía Alimentaria y la Autonomía, que se realizará del 19 al 21 de noviembre, también en la ciudad de México. No olvidamos que también participaremos con nuestras acusaciones en la audiencia transversal sobre Represión de los Movimientos Sociales que ocurrirá del 23 al 24 de noviembre próximos, en la que denunciaremos las múltiples agresiones que han recibido los pueblos y comunidades que participamos en esta Asamblea Nacional de Afectados Ambientales, incluyendo los crímenes impunes de compañeros nuestros como Bernardo Vásquez Sánchez, asesinado el 15 de marzo de 2012 y a quien no olvidaremos.

A cinco años de habernos fundado como Asamblea, pensamos que nuestro trabajo conjunto ha rendido frutos y nos ha llevado a una maduración y crecimiento. Hoy somos más fuertes, más solidarios, estamos vinculados más orgánicamente y sostenemos los principios que nos dimos desde el inicio: la autonomía de las luchas, el respeto a la Asamblea como máximo órgano de decisión, el abandono de formas autoritarias y el respeto por el saber colectivo de todos los pueblos. Sobre esta base, sentimos que podemos abrir nuevas alianzas y tejer nuevas relaciones, como los que ya hemos comenzado a abrir con las luchas ambientales en el Norte y otras regiones del país, con organizaciones sindicales, con el magisterio democrático y con las organizaciones sociales que defienden el rescate de la Nación.

Como Asamblea Nacional de Afectados Ambientales deseamos expresar nuestra solidaridad con todos aquellos pueblos y comunidades que han sido afectados por la convergencia de los huracanes Ingrid, en el Golfo de México y Manuel, en el Pacífico, combinada con la negligencia criminal del Estado mexicano que omitió toda prevención para mitigar los efectos de este desastre. Nos referimos especialmente a nuestros hermanos del Consejo de Ejidos y Comunidades Opositores a la Presa La Parota (CECOP), en Acapulco y de las comunidades de la región de la montaña de Guerrero, donde no ha llegado ningún apoyo, a pesar de tener noticia de varias muertes. También hacemos mención de los pobladores de las comunidades de La Mira y El Habillal, en Lázaro Cárdenas, Michoacán, cuyas viviendas fueron arrasadas por los deslaves y el desbordamiento de la presa de jales, resultado de la obscena explotación minera que realiza la trasnacional Arcelor-Mittal en esa zona. Exigimos que los gobiernos federal, de Michoacán y Guerrero proporcionen ayuda a todos los afectados, especialmente a los más pobres y no sólo a unos cuantos. Llamamos a todos los pueblos y organizaciones participantes en la Asamblea, así como a todas las organizaciones a sumarse a las labores de acopio de víveres y apoyo para las comunidades a las que el Estado mexicano no está dispuesto a ayudar.

En el último año, muchos de nuestros hermanos han sufrido represiones y violencia por defender su territorio y sus recursos. Expresamos todo nuestro apoyo a nuestros compañeros de San Francisco Xochicuautla, Lerma, Estado de México frente a la represión que sufrieron el pasado 14 de mayo; también expresamos nuestra condena contra la i represión de los comuneros de Tepoztlán, Morelos, por oponerse a la ilegal ampliación de la autopista La Pera-Cuautla.

Como Asamblea Nacional de Afectados Ambientales seguimos exigiendo la liberación de todos los ejidatarios presos de la comunidad de San Pedro Tlanixco, Estado de México, injustamente encarcelados por defender sus aguas y que cese el hostigamiento del gobierno del Estado de México a esa comunidad.

La Asamblea Nacional de Afectados Ambientales expresa toda su solidaridad y apoyo al plantón permanente de la Coordinadora de Pueblos en Defensa del Río Atoyac, en el estado de Veracruz, para evitar el despojo de las aguas del nacimiento del río a través del ilegal proyecto Bandera Blanca. Para la Asamblea, esta lucha —que integra a los pueblos de toda la cuenca— es un ejemplo de integralidad y solidaridad recíproca entre comunidades para la defensa del territorio y la restauración de los ecosistemas y los derechos colectivos de los pueblos.

Como Asamblea, también nos manifestamos en alerta y nos sumamos a la exigencia del Movimiento Ciudadano en Defensa de la Loma de Santa María y de la Coordinadora Michoacana de Afectados Ambientales de que en la ciudad de Morelia, Michoacán, los gobiernos federal, estatal y municipal cancelen definitivamente la construcción ilegal del ramal Camelinas del Libramiento sur de Morelia. Esta obra pone en peligro las vidas de más de 7 mil personas por riesgo geológico, debido a que está realizando sobre una falla geológica, además de que pone en riesgo el abasto del 40% del agua de la ciudad de Morelia.

Este 2013, año de la resistencia contra el maíz transgénico, logramos que no se aprobara la siembra comercial de maíz transgénico, pero aún estamos en emergencia por el riesgo de que envenenen nuestras mesas. Monsanto y otras transnacionales siguen presentando solicitudes para liberaciones de siembra comercial de maíz transgénico en millones de hectáreas de varios estados del país. La Asamblea Nacional de Afectados Ambientales refrenda su exigencia de cancelar todas las siembras de transgénicos en México y no autorizar ni la siembra comercial ni de ningún otro tipo de maíz transgénico. Llamamos a todos los pueblos, colectivos y organizaciones a seguir en alerta, difundir información y hacer acciones para exigir la prohibición de los transgénicos en México y en el mundo.

Convocamos a todas las organizaciones sociales del país a sumarse a las movilizaciones magisteriales, estudiantiles, obreras, populares y de los pueblos afectados, especialmente las del 12 de octubre y la del 18 de noviembre en que confluiremos la Asamblea Nacional de Afectados Ambientales y la Red en Defensa del Maíz en una jornada de lucha. En este llamado, participaremos con todas las organizaciones que integran el esfuerzo de la Proclama por el Rescate a la Nación.

Por último queremos dedicar nuestros trabajos en la preaudiencia y en la Asamblea Nacional de Afectados Ambientales a la memoria de nuestra querida compañera Teresa Martínez, fundadora de Cedesa, quien durante 50 años peleó por las tierras, las aguas y los derechos de las comunidades de la Cuenca de la Independencia y nos abrió su corazón para aprender que el trabajo comunitario siempre fortalece a los pueblos.

Atotonilco, San Miguel de Allende, Guanajuato, a 22 de septiembre de 2013.

Pronunciamiento de la cátedra “Tata Juan Chávez Alonso”.

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A los pueblos y gobiernos del mundo.

A la Sexta Nacional e Internacional.

A las alumnas y alumnos de la Escuelita Zapatista.

Así como es en el tiempo y en nuestra historia con la madre tierra; los pueblos, naciones y tribus indígenas Yaqui, Mayo, Náyeri, Wixárika, Rarámuri, Odam, Nahua, Purépecha, Nañu o Ñuhu, Mazahua, Popoluca, Tzotzil, Chol, Tzeltal, Tojolabal, Zoque, Totonaco, Coca, Mame, Binnizá, Chinanteco, Ikoot, Mazateco, Chontal, Ñu Saavi, Chatino, Triqui, Afromestizo, Mehpa, Nancue Ñomndaa, Ñhato y Maya Peninsular de los estados de Sonora, Chihuahua, Veracruz, Durango, Nayarit, Jalisco, Michoacán, Querétaro, San Luis Potosí, Morelos, Estado de México, Guerrero, Distrito Federal, Puebla, Tlaxcala, Oaxaca, Tabasco, Yucatán y Campeche; así como los pueblos  Ixil, Quiche, Quechua y Nasa de los países de Guatemala, Peru y Colombia que hemos caminado juntos y atentos, como hijos todos y todas de la madre tierra, nos encontramos y nos reconocimos los días 17 y 18 de agosto de 2013 en San Cristobal de las Casas, Chiapas, en las instalaciones de CIDECI-Unitierra, para recordar y actuar consecuentemente con la palabra viva de nuestro hermano mayor Tata Juan Chávez Alonso quien nos enseña, nos guía y cuya memoria a un año de su ausencia  se convierte en esperanza y fuerza para los pueblos que nos refundamos y reconstituimos porque hemos decidido seguir siendo los indios que somos, seguir hablando la lengua que nos hablamos, seguir defendiendo el territorio que vivimos.

Nos reconocemos en la lucha por el respeto a nuestro modo de vida ancestral, lucha que emprendimos juntos y en la que hemos hablado, hemos exigido y hemos sido reiteradamente traicionados por los malos gobiernos.

Hemos aprendido en este camino de lucha que los poderosos no tienen respeto por la palabra, la traicionan y violentan una y otra vez a lo largo y ancho de este país que se llama México, desde el desconocimiento a los Acuerdos de San Andrés Sakamchén de los Pobres, la contra reforma indígena del 2001 y las innumerables traiciones a nuestros pueblos de las diversas regiones y luchas en un México indio que se encuentra vivo, de pié  y con un solo corazón que se hace grande, tan grande como es el dolor que sufrimos y como la esperanza que luchamos, pues, a pesar de la guerra de exterminio que se ha vuelto más violenta que nunca aquí estamos.

Nos reconocemos en el camino de nuestra historia y nuestros antepasados que son presente, futuro y espejo de la autonomía ejercida en los hechos, como única vía del porvenir de nuestra existencia y que se vuelve nuestra vida comunitaria, asambleas, prácticas espirituales, culturales, autodefensa y seguridad, proyectos educativos y de comunicación propias, reivindicaciones culturales y territoriales en las ciudades por los pueblos desplazados o invadidos con una memoria histórica viva.

Somos los indios que somos, decididos a reconstituirnos en otro mundo posible.

Ese espejo profundo, antiguo y nuevo son las luchas que somos y por las que nos pronunciamos con un solo corazón y una sola palabra.

1. Exigimos la inmediata liberación de los presos políticos en nuestro país, particularmente la de nuestro compañero indígena Totzil Alberto Patishtán que lleva 13 años preso injustamente purgando una ilegal sentencia  de 60 años. Asimismo exigimos la libertad de nuestros seis hermanos Nahuas de la comunidad de San Pedro Tlanixco, presos injustamente desde hace 10 años en el penal de Almoloya  por defender el agua de su comunidad. Se trata de nuestros hermanos Pedro Sánchez, con una sentencia de 52 años, Teófilo Pérez, con una sentencia de 50 años, Rómulo Arias, con una sentencia de 54 años y de los compañeros Marco Antonio Pérez, Lorenzo  Sánchez y Dominga González quienes actualmente están siendo procesados; igualmente exigimos la cancelación de las órdenes de aprehensión en contra de Rey Perez Martinez y Santos Alejandro Álvarez, también de Tlanixco; la libertad de los compañeros presos de la comunidad tzeltal de Bachajón, Chiapas, Miguel de Meza Jiménez y Antonio Estrada Estrada; de los compañeros Loxichas Eleuterio Hernández García, Justino Hernández José, Zacarías Pascual García López, Abraham García Ramírez, Fortino Enríquez Hernández, Agustín Luna Valencia y Alvaro Sebastián Ramírez, presos en el CEFERESO número seis de Huimanguillo, Tabasco; así como de Pablo López Álvarez de San Isidro Aloapan, Oaxaca, preso en el penal de Villa de Etla.

2. Denunciamos que los malos gobiernos y las empresas trasnacionales se han valido de grupos paramilitares para imponer megaproyectos extractivos mediante la explotación ilegal de minerales y maderas preciosas, particularmente en la costa Nahua y la meseta purépecha de Michoacán y la comunidad nahua de Ayotitlán, en la sierra de Manantlán, Jalisco

3. Demandamos justicia para la comunidad nahua  de Santa María Ostula, en la Costa de Michoacán, donde los malos gobiernos, coludidos con los cárteles del narcotráfico, han protegido el despojo de las tierras ancestrales de la comunidad, el saqueo de recursos naturales por grupos de la delincuencia organizada y la sangrienta represión a la organización comunal que ha derivado en asesinatos y desapariciones.

 4. Saludamos la lucha histórica de la comunidad de Cherán, Michoacán y el digno ejercicio del derecho de autodefensa que  ha florecido en el pueblo Purépecha en defensa de su propia vida, sus familias, su cultura y territorio, amenazado por la complicidad de los malos gobiernos con grupos paramilitares y narco paramilitares, siendo sus exigencias la seguridad, justicia y reconstitución del territorio.

 5. Así también saludamos la defensa digna que las comunidades y barrios indígenas vienen haciendo de los saberes tradicionales y del cultivo de maíz nativo.

 6. Repudiamos la represión al pueblo Ikoot de San Mateo del Mar y San Dionisio del Mar, así como al pueblo binniza de Juchitán y la colonia Álvaro Obregón; exigimos la liberación inmediata de Alejandro Regalado Jiménez y Arquímedes Jiménez Luis, así como la inmediata cancelación de los corredores eólicos a manos de las empresas españolas Endesa, Iberdrola, Gamesa y Unión Fenosa que en la región del Istmo invaden y destruyen las tierras comunales y los sitios sagrados de los pueblos arriba mencionados.

 7. Exigimos que se detenga la represión contra la comunidad de San Francisco Xochicuautla del Estado de México, así como la cancelación definitiva del proyecto carretero denominado autopista privada Toluca-Naucalpan, igualmente apoyamos la solicitud de medidas cautelares ante el Sistema Interamericano de Derechos Humanos para los habitantes de dicha comunidad.

 8. Exigimos al mal gobierno federal que cumpla con la cancelación de la construcción del Acueducto Independencia que pretende despojar a la Tribu Yaqui del agua que históricamente ha defendido en el rio Yaqui, reiterando nuestra palabra de que actuaremos en consecuencia ante cualquier intento de represión al campamento en resistencia que se mantiene en la carretera internacional a la altura de Vícam, primera cabecera de la Tribu Yaqui.

 9. Exigimos el cese de la represión y el retiro de la fuerza pública de la comunidad de Huexca, Morelos, por la construcción de una termoeléctrica; la cancelación del acueducto y la extracción del agua del río Cuautla, pues, afectará a 22 ejidos del municipio de Ayala, así mismo  el cese al hostigamiento contra 60 comunidades de Morelos, Puebla y Tlaxcala que pretenden ser despojados por la instalación de un gasoducto, todo esto como parte del Proyecto Integral Morelos, que pretende destruir la vida campesina de estos territorios para convertirlos en industrias y autopistas y exigimos el respeto al guardián sagrado: volcán Popocatépetl, igualmente depredado por la inmoderada tala clandestina de sus bosques.

 10. Nos solidarizamos con la lucha de la comunidad Coca de Mezcala, en Jalisco, por la recuperación de su territorio y exigimos la cancelación de las órdenes de aprehensión vigentes en contra de comuneros cuyo delito ha sido defender su tierra.

 11. Exigimos el respeto al territorio comunal y a la asamblea general de comuneros de Tepoztlán, sumándonos a la exigencia de la cancelación de la autopista La Pera-Cuautla, asimismo rechazamos la campaña de mentiras y engaños a la opinión pública por parte del gobierno de Morelos para justificar el despojo.

 12. Advertimos que existe un ataque sin precedentes a los pilares sagrados del mundo reconocidos y sostenidos por los pueblos originarios y que con certeza defienden a nombre de la vida en el Universo, como son los  territorios sagrados de Wirikuta y Hara Mara en los estados de San Luis Potosí y Nayarit, amenazadas por proyectos capitalistas mineros y turísticos con la complicidad de los malos gobiernos nacionales y estatales, asimismo hacemos nuestra la exigencia de cancelación de la totalidad de las concesiones mineras y turísticas en dichos territorios y en la totalidad de los territorios indígenas. Repudiamos la campaña de confrontación que han llevado a cabo la minera First Majestic Silver y el mal gobierno municipal de Catorce, San Luis Potosí. Saludamos  al pueblo digno campesino de Wirikuta que ha decidido alzar la voz en defensa de su tierra, agua, salud y medio ambiente y la hermandad con el pueblo Wixárika.

 13. En el mismo sentido advertimos que no nos mantendremos al margen del intento de destrucción del sitio sagrado Muxatena y 14 sitios sagrados más del pueblo Náyeri ante el proyecto de construcción de la Presa de Las Cruces en el rio San Pedro Mezquital, en el estado de Nayarit.

 14. Denunciamos las invasiones a manos de empresas agroindustriales en los territorios indígenas y campesinos que deliberadamente alteran las lluvias para su propio beneficio y destruyendo la vida campesina, como es el caso de la comunidad nahua de Tuxpan, Jalisco y el Altiplano Potosino en el territorio sagrado de Wirikuta.

 15. Exigimos la cancelación de concesiones mineras en el corazón de la sierra de Santa Marta, en territorio Popoluca y denunciamos el intento de invasión de de las tierras comunales de San Juan Volador del municipio de Pajapan por la empresa eólica Dragón, en el sur de Veracruz.

 16. Exigimos la cancelación del proyecto carretero Tuxtepec- Huatulco, el llamado  corredor turístico Chinanteco en el territorio Chinanteco, así como la cancelación de las reservas ecológicas en la región norte de Oaxaca.

 17. Exigimos la cancelación del acueducto impulsado por el mal gobierno de Guerrero que pretende despojar a los pueblos Na savi, Nancue  Ñomndaa y Afromestizo del agua del río San Pedro de la costa chica de Guerrero.

 18. Repudiamos el intento de inundación de los lugares sagrados del pueblo Guarijio de Alamo; Sonora, con la construcción de la presa Pilares, así como el desvío del río Sonora en perjuicio de la nación Komkaak, a la que se ha privado del agua desde hace 4 meses en provecho de los grandes terratenientes agrícolas de la costa de Sonora.

 19. Denunciamos la política de exterminio por parte del gobierno del Distrito Federal contra las comunidades y pueblos de la sierra del Ajusco, mediante el despojo y la devastación de los territorios ejidales  y comunales de San Miguel Xicalco y San Nicolas Totolapan, respaldamos y reconocemos a los subdelegados comunitarios en resistencia de San Miguel y Santo Tomas Ajusco.

 20. Saludamos la lucha de la Comunidad Autónoma de San Lorenzo Azqueltán, en el estado de Jalisco y reconocemos a sus autoridades autónomas, manteniéndonos atentos y solidarios a su lucha por el reconocimiento de su territorio ancestral.

 21. Saludamos y reconocemos la renovación de las autoridades de la comunidad autónoma Wixárika de Bancos de San Hipólito, Durango, asimismo apoyamos su lucha por el reconocimiento territorial ancestral que por más de 45 años ha venido exigiendo.

 22. Hacemos responsables a los funcionarios públicos de la delegación política de Xochimilco por amenazas al compañero Carlos Martínez Romero del pueblo de Santa Cruz Acalpixca por la defensa del agua y el territorio.

 23. Nos sumamos a los reclamos de las decenas de comunidades nahuas y totonacas de la Sierra Norte de Puebla que exigen la cancelación de las concesiones a empresas mineras y la implementación de proyectos hidroeléctricos, así como la cancelación de las concesiones mineras en la Sierra Sur y Costa de Oaxaca a la empresa Altos Hornos de México.

 24. Apoyamos la lucha de la comunidad de Conhuas en Calakmul, Campeche, por la defensa de su territorio y de su trabajo digno, al mismo tiempo exigimos cese las agresiones en contra de la comunidad por el gobierno de ese Estado.

 25. Exigimos el reconocimiento de las tierras comunales de San Pedro Tlaltizapán en la rivera del Chignahuapan, Estado de México, y el cese de los proyectos inmobiliarios en terrenos comunales.

 26. Exigimos respeto a las tierras recuperadas por la Unión Campesina Indígena Autónoma de Río Grande, Oaxaca, y saludamos a su campamento en resistencia.

27. Igualmente exigimos respeto al funcionamiento de la Radio comunitaria Ñomndaa, voz del pueblo amuzgo en Xochistlahuaca, Guerrero, así como el respeto de todas las radios comunitarias en los distintos territorios indígenas del país.

28. Reiteramos la exigencia de que el Estado mexicano garantice las condiciones de seguridad de Raúl Gatica del Consejo Indígena y Popular de Oaxaca-Ricardo Flores Magón.

29. Exigimos el respeto a las economías comunitarias que funcionan de manera autónoma y al margen del mercado libre que impone el capitalismo, como son los casos del uso del tumin en el territorio totonaca de Papantla, Veracruz, y el Consejo del Trueque en las comunidades del municipio de Tianguistenco, en el Estado de México.

Reconocemos, apoyamos y animamos las luchas por la autonomía y libre determinación de todos los pueblos indígenas que conformamos el Congreso Nacional Indígena, desde la Península de Yucatan hasta la Península de  Baja California.

Esto es lo que somos, nuestra palabra y nuestra lucha irrenunciable, somos pues el Congreso Nacional Indígena y nuestro es el futuro de nuestros pueblos.

A 18 de agosto del 2013.

Desde CIDECI- UNITIERRA, San Cristobal de las Casas, Chiapas.

 

Por la reconstitución integral de nuestros pueblos

Nunca Más Un México Sin Nosotros

 

CONGRESO NACIONAL INDÍGENA

Devastación Ambiental y Derechos de los Pueblos en el Estado de Michoacán. Preaudiencia TPP.

CONVOCATORIA  

Preaudiencia del Tribunal Permanente de los Pueblos Capítulo México sobre la Devastación Ambiental y Derechos de los Pueblos en el Estado de Michoacán

y

8° Asamblea Nacional de Afectados Ambientales

Del 9 al 11 de noviembre de 2012, comunidad de Cherán, Michoacán

Preaudiencia sobre la Devastación Ambiental y Derechos de los Pueblos en el Estado de Michoacán

En el marco del proceso del Tribunal Permanente de los Pueblos Capítulo México (2011-2014) y en específico dentro del eje temático “Devastación ambiental y derechos de los pueblos”, más de una decena de comunidades y organizaciones del Estado de Michoacán se han dado a la tarea de organizar la denuncia colectiva de sus agravios en la Preaudiencia titulada “Devastación Ambiental y Derechos de los Pueblos en el Estado de Michoacán”.

La comunidad sede de la Preaudiencia es la comunidad indígena purépecha de San Francisco Cherán. Durante los 2 últimos años los habitantes de Cherán han sido víctimas de la agresión del crimen organizado quienes han talado de manera ilegal 20,000 de las 27,000 hectáreas de los bosques comunales, además de haber asesinado a varios miembros de la comunidad. Esta situación de violencia se ha desarrollado sin la ayuda o intervención del Estado Mexicano. Esto ha llevado a la comunidad a organizarse y generar por sí misma la seguridad y mecanismos de defensa a partir de su organización tradicional y autoridades comunitarias. Esta experiencia de organización hace de Cherán una de las más emblemáticas luchas comunitarias de México y requiere la solidaridad de la mayor cantidad de representantes de otras luchas de Michoacán y el país.

Una decena más de casos del estado de Michoacán serán presentados durante la Preaudiencia, todos ellos relacionados con alguna agresión socio-ambiental, tal es el caso del proyecto de vialidad Altozano-Camelinas que cruza el Área Natural Protegida de la Loma de Santa María, zona de recarga del 40% del agua para la ciudad de Morelia; habitantes de Lázaro Cárdenas, luchadores en contra de un gran proyecto de infraestructura asociado a un puerto marítimo que conecta con rutas comerciales de Estados Unidos y China; las comunidades indígenas de Patamban y Tengüencho, en la defensa de sus bosques contra las plantaciones agroindustriales de aguacate; la comunidad de Zacapu, defendiendo sus humedales y laguna ubicados dentro de un Área Natural Protegida en contra de un proyecto turístico; la comunidad de Agangueo, en contra de un despojo por Minera México y por la defensa del bosque que alberga cada año a la mariposa Monarca; las comunidades de La Minzita, Cerros del Sur y Hacienda del Quinceo, luchando en contra del despojo de espacios públicos y contra la urbanización salvaje, entre otras.

8° Asamblea Nacional de Afectados Ambientales

La Asamblea Nacional de Afectados Ambientales (ANAA) es un espacio de convergencia de más de 130 luchas locales con presencia en casi la mitad de los estados de la república mexicana (Oaxaca, Chiapas, Guerrero, Veracruz, Puebla, Tlaxcala, México, Morelos, Michoacán, Jalisco, Guanajuato, San Luis Potosí, Sonora, Nayarit, Chihuahua, Quintana Roo y el Distrito Federal). Los participantes de la ANAA pertenecen a luchas locales urbanas y rurales que se encuentran en un proceso de defensa de sus territorios, prácticas productivas tradicionales y el espacio donde habitan en contra de las agresiones de grandes industrias y proyectos de infraestructuras (presas, mineras, carreteras, basureros, confinamientos de residuos tóxicos, granjas industriales de cerdos, aeropuertos, centros comerciales y proyectos habitacionales, etc.), así como por los impactos sociales, económicos y en salud humana derivados de esos proyectos y de las políticas públicas que amenazan con destruir el tejido social, mediante la privatización de los servicios públicos (como el manejo de agua, el manejo de basura, la educación, la cultura, la distribución y producción de energía y alimentos, la vivienda, el transporte, etc.).

PROGRAMA DE ACTIVIDADES

Viernes  9 de noviembre. Preaudiencia TPP

De 9 a 14 horas             Presentación Cherán

Acusación general de la devastación ambiental del Estado de Michoacán.

Presentación de casos

De 14 a 16:30 horas.     Comida

De 16:30 a 20 horas.     Continúa presentación  de casos

 

Sábado 10 de noviembre. Inicia 8° ANAA y dictamen Preaudiencia

De 9 a 9:30 horas.          Inauguración: Saludo tradicional y palabras  por Cherán y CECOP

De 9:30 a10:30 horas. Saludos de las luchas que llegan por primera vez a la ANAA.

De 10:30  a 11 horas.    Informe de actividades ANAA

De 11 a 12 horas.                   Panel sobre la situación nacional

De 12 a 14:30 horas.     Mesas de trabajo temáticas

De 14:30 a 16:30 hrs    Comida

De 16:30 a 20:00 hrs.   Mesas de trabajo integrales. Plan de trabajo conjunto

De 20 a 21 horas.          Presentación del dictamen de la preaudiencia TPP

De 21 a 22:30 horas.     Cena y evento cultural.

Domingo 11 de noviembre. Finaliza la  8° ANAA

De 9 a 14 horas                      Plenaria. Exposición y aprobación de las relatorías de las mesas temáticas e integrales. Pronunciamientos y lugar de la 9° ANAA.

De 14 a 16 horas.          Comida y posterior regreso de los participantes hacia sus comunidades.

Para poder tener una buena Asamblea —en términos organizativos—, les pedimos a todas las comunidades, organizaciones y redes que atiendan los siguientes puntos:

1)    a solicitud de la comunidad de Cherán, le pedimos que antes del 27 de octubre nos confirmen la asistencia de sus comunidades y organizaciones;

2)   que envíen a la Asamblea el número de participantes que asistirán y en qué medio de transporte llegarán;

3)   los representantes de luchas que participen por primera vez en la Asamblea, les pedimos que envíen, al correo de la Asamblea (afectadosambientales@yahoo.com.mx) un breve resumen de su caso, con el fin de programar su participación en la plenaria;

4)   con el fin de agilizar el registro de los participantes, les pedimos que hagan llegar al correo electrónico de la Asamblea (afectadosambientales@yahoo.com.mx) la lista con los nombres y afiliación o procedencia de los participantes, para poder preparar y tener listos sus gafetes al momento de su arribo. Todo esto es indispensable para poder hacer el cálculo de los requerimientos de alimentos y de los espacios de trabajo y alojamiento;

5)   la Asamblea no cuenta con ningún tipo de financiamiento oficial ni de algún otro tipo, de manera que no es posible, dadas las enormes limitaciones económicas, apoyar con los gastos a ninguna organización. Todos dependemos de la solidaridad y el trabajo común para llevar a buen término este evento tan importante. Algunas organizaciones regionales en distintos estados están en proceso de cooperar entre sí para rentar autobuses y ahorrar colectivamente en los costos de transportación.

6)   Se reciben donativos voluntarios a la cuenta bancaria: Santander 56557947327 a nombre de Ana María García Castrejón integrante del equipo organizativo de Michoacán.

Solicitamos a todos los participantes a la Asamblea que:

  • Lleven, cada uno, su propio plato, vaso y cuchara y apoyar en las labores de limpieza del recinto donde se llevará a cabo la Asamblea.
  • Lleven su propia cobija o bolsa de dormirCONSIDERANDO QUE HABRÁ MUCHO FRÍO EN LA COMUNIDAD DE CHERÁN (llegando incluso a temperaturas bajo 0°C en esa época del año),  así como unimpermeable porque es muy probable que llueva durante la realización de la Asamblea.
  • En caso de contar con casa de campaña, se recomienda que la lleven consigo.
  • Llevar papel sanitario y jabón para manos.

Con el fin de que todos podamos participar de una manera segura y fluida en la Asamblea, la comunidad de Cherán informa a todos que debemos seguir, al pie de la letra, las siguientes normas de convivencia individual y colectiva:

REGLAMENTO

  • Está absolutamente prohibido el consumo de bebidas alcohólicas y sustancias enervantes EN TODO EL TERRITORIO DEL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO CHERÁN por ende dentro de la sede y en los alrededores del lugar donde se llevará a cabo la 8ª Asamblea Nacional de Afectados Ambientales. Toda persona que sea sorprendida ingiriendo bebidas alcohólicas o enervantes en los espacios de la Asamblea será invitada a retirarse de la comunidad.
  • Por cuestión de la seguridad colectiva, todos los delegados, observadores, miembros de la prensa y organizadores deberán portar consigo y a la vista, en todo el tiempo que dure la Asamblea, su gafete de identificación.
  • Cada uno de los participantes en la Asamblea debe apoyar en el lavado de los utensilios de comida que se utilicen, así como de aquellas actividades que se requieran para optimizar el proceso organizativo de la Asamblea.
    • Se pide a todos los asistentes a la Asamblea que, de ser posible, se abstengan de introducir al espacio de la Asamblea refrescos, agua embotellada o cualquier otro producto cuyo empaque termine en el basurero de la comunidadEn caso de que los asistentes deseen consumir este tipo de productos en el recinto de la Asamblea, se les pedirá que los conserven y se los lleven de vuelta a sus lugares de origen. Queremos hacer de esta Asamblea, un evento que no genere residuos para la comunidad que nos recibe.

México: Nace el Frente Amplio en Defensa del Agua y contra su Privatización (FADAP).

Los movimientos, sindicatos, comités vecinales, estudiantiles, organizaciones, colectivos e investigadores abajo firmantes, decidimos sumar fuerza, articular nuestras luchas y trabajar en un frente común, autónomo y apartidista, en defensa del agua y contra su privatización, ante las decisiones unilaterales del actual sistema político neoliberal, que prioriza el beneficio de empresas nacionales y trasnacionales en detrimento de la naturaleza y los derechos humanos de las y los jaliscienses.

El nacimiento de este Frente se enmarca en la conmemoración del día mundial del agua, la culminación del VI Foro Mundial del Agua realizado en Marsella, Francia y la trascendental incorporación del derecho humano al agua en nuestra constitución.

Como Frente Amplio en Defensa del Agua y contra su Privatización (FADAP), estamos preocupados por el agravamiento y surgimiento de conflictos en torno al agua en el estado de Jalisco, generados por las actuales políticas hídricas que se contraponen a los derechos de las poblaciones a decidir sobre su territorio y sus recursos naturales, afectando gravemente la salud, la vida y los ecosistemas del planeta.

La contaminación industrial de los ríos, la construcción de grandes obras de infraestructura como presas, acueductos, macro plantas de tratamiento y el manejo de los sistemas de agua en manos de la iniciativa privada son formas de privatización, en donde el agua es manejada desde una lógica de mercado y de ganancia y no como un derecho humano y bien común fundamental para la vida.

En este Frente participamos habitantes de poblaciones afectadas por los siguientes conflictos: la tendencia privatizadora del Organismo Operador SIAPA, la contaminación del río Santiago, la construcción de la presa El Zapotillo, el proyecto de construcción del Segundo Acueducto del Lago de Chapala, la defensa del agua del pueblo Wixarika, la protección de la zona de El Bajío del Arenal en Zapopan y de las cuencas de la Zona Metropolitana de Guadalajara (ZMG) a través de comités vecinales.

Como Frente:

1. Rechazamos la construcción de la Presa El Zapotillo y exigimos su inmediata cancelación:

La lucha de Temacapulín, Acasico y Palmarejo es en favor de los ríos, los pueblos y la vida. Estas comunidades resisten desde hace 7 años ante la construcción de la presa El Zapotillo, proyecto que comenzó a promoverse desde el año 2005, y de manera ilegal en 2009 inició su construcción.

Para intentar justificar este proyecto, no se tomaron en cuenta los efectos sociales, ambientales ni culturales, sino solamente los criterios económicos. Tampoco se consideró la búsqueda de otras opciones sustentables, que garanticen los derechos de todos y todas, pues existen alternativas viables y que no implican la construcción de represas para el abasto de agua y su gestión integral.

La propuesta de las comunidades opositoras a la construcción de la Presa El Zapotillo es la Revolución del Agua, que se fundamenta en el cambio del modelo de gestión donde no prime una lógica económica o mercantil, donde el agua sea considerada sustento de culturas y no una oportunidad de negocio.

2. Exigimos el saneamiento integral del río Santiago y la atención urgente a la salud de las poblaciones afectadas:

Las condiciones de vida para la población que habita las márgenes del río Santiago no han mejorado, y continúan las violaciones a los derechos a la salud y a un medio ambiente sano. Las acciones emprendidas por las autoridades demuestran, en general, el incumplimiento de las leyes y normas correspondientes, una falta de voluntad política, y avances muy limitados por parte de algunos organismos gubernamentales.

En materia de salud, persiste un círculo vicioso de inacción y la negativa constante de la Secretaría de Salud Jalisco (SSJ) de las afectaciones a la salud de la población de El Salto y Juanacatlán, así como la renuencia a indagar de manera científica la relación entre contaminación y salud en la zona.

La industria sigue en la impunidad, a pesar de que sus descargas sean las más tóxicas. La Comisión Nacional del Agua (CONAGUA) es sistemáticamente omisa en aplicar la NOM-001-SEMARNAT-1996 y persiste su ausencia en la zona, así como su discurso de protección a la industria respaldado por las autoridades del estado de Jalisco.

Reiteramos nuestra preocupación por el deficiente programa de saneamiento de la Comisión Estatal del Agua (CEA), ya que no tratará la totalidad de las aguas residuales de esta cuenca, sino únicamente las aguas domésticas, más no las industriales de esta la zona industrial de mayor importancia en el estado.

Desaprobamos el discurso actual de la CEA que afirma que con la macro planta de tratamiento El Ahogado se solucionará el problema del Santiago.

3. Reprobamos la tendencia privatizadora del Sistema Intermunicipal de Agua y Alcantarillado (SIAPA) y la simulación de su refundación a METROAGUA:

El 14 de Diciembre de 2011, el Consejo de Administración del SIAPA, en voz del entonces presidente Héctor Vielma Ordoñez, anunció la refundación del Organismo Operador de Agua, con los argumentos de eficientar, transparentar, disminuir la burocracia y despolitizar el Organismo, iniciando a partir de enero de 2012, con el cambio de nombre a METROAGUA y de manera cronológica en un tiempo de 10 meses concluir su transformación.

En los últimos dos años, las y los trabajadores de base, afiliados al Sindicato de Empleados Públicos del Sistema Intermunicipal de Agua y Alcantarillado (SEPSIAPA), venimos observando y denunciando cómo esta administración, viene utilizando e incrementando empresas privadas para desarrollar las actividades propias de los trabajadores del Organismo.

La experiencia nos ha mostrado que cuando las empresas privadas se involucran en el manejo del agua no sólo no cumplen con lo que se esperaba de ellas, sino que además suelen traer nuevos problemas y complicaciones. Casos y experiencias que documentan estas fallas y abusos, sobran: el caso de ICA y Veolia en Aguascalientes; Proactiva Medio Ambiente (Veolia, FCC e ICA), y Gutsa en el Distrito Federal; Grupo Mexicano de Desarrollo y Bal-Ondeo en Cancún; Mexicana de Gestión de Agua S.A. de C.V. en Navojoa, Sonora; ICA y Veolia en Puebla; Aguas de Saltillo en Saltillo, Coahuila, entre otras.

De acuerdo con investigaciones, producto de la documentación de casos de privatización de organismos municipales y metropolitanos del agua, la privatización fomenta la corrupción, el alza de tarifas, los cortes de agua y la pérdida de empleo, ya que se “recortan” plazas de base al encomendar ciertas funciones a otras empresas.

Demandamos se abra un proceso amplio de consulta a la ciudadanía para la discusión, toma de decisiones y la proyección de una restructuración seria de un SIAPA sustentable, que contenga una amplia difusión social en la convocatoria y no sea una convocatoria selecta y reducida a sus intereses, en donde no sólo se toque el tema de las tarifas y de la cobranza.

Los actuales Presidentes Municipales, miembros del Consejo, sólo son administradores del Organismo Operador de Agua, no sus dueños. Hacemos un llamado a la ciudadanía en general a emprender una amplia Jornada EN DEFENSA DEL SERVICIO PÚBLICO DEL AGUA.

4. Nos oponemos a la construcción del Segundo Acueducto del Lago de Chapala:

El Movimiento Ciudadano No al nuevo Acueducto, Sí al Lago de Chapala, fue fundado hace poco más de un año, en enero del 2010, ante la coyuntura del proyecto de construcción de un nuevo acueducto para llevar agua del Lago de Chapala a la ZMG.

Este Movimiento aglutina por lo menos 10 de los municipios que se localizan alrededor del Lago de Chapala; 85% de los habitantes ribereños dependen directamente del lago.

Los movimientos que defienden el Lago de Chapala han presentado propuestas y alternativas, entre ellas la captación de agua pluvial y la reparación de redes de distribución del agua potable en la ZMG. Sin embargo, los funcionarios defienden y justifican el proyecto del segundo acueducto, y mantienen una cerrazón permanente ante alternativas verdaderamente sustentables.

5. Afirmamos que el respetar, proteger y garantizar el derecho humano al agua es una obligación del Estado mexicano, reconocido en los artículos 2º, 4º y 27º de la Constitución Mexicana, en diversos tratados internacionales de los que México es parte y en las resoluciones de la Asamblea General de las Naciones Unidas sobre el Derecho al Agua y el Saneamiento. Además, el derecho al agua es condición para la realización de otros derechos humanos.

6. Compartimos la visión de las comunidades campesinas e indígenas, que consideran al agua como indispensable para toda vida y, por lo tanto, como un elemento divino, insustituible y que no tiene precio.

7. Demandamos justicia y equidad en la distribución y acceso a servicios de agua y saneamiento de calidad para todas y todos, garantizando el manejo sustentable, democrático, justo y equitativo del agua.

8. Convocamos a las legisladoras y legisladores a emprender un amplio proceso de consulta y discusión sobre la orientación y contenido para la formulación de una nueva Ley Nacional y Estatal de Aguas, que coloque en el centro a la ciudadanía y sus derechos reconocidos claramente por la reciente reforma al artículo 4º Constitucional.

9. Exigimos detener y revertir los procesos de privatización de los servicios de agua, los cortes, las altas tarifas, los megaproyectos como el Zapotillo y el Segundo Acueducto del Lago de Chapala, situaciones todas que se traducen en violaciones al derecho humano al agua.

10. Llamamos a toda la ciudadanía de Jalisco, a organizarse, movilizarse, defender sus derechos y a ser parte de este Frente Amplio en Defensa del Agua y contra su Privatización.

¡POR LA INCLUSIÓN DEL PUEBLO EN LA TOMA DE DECISIONES!

¡NI UNA GOTA MÁS AL CAPITAL!

Guadalajara, Jalisco, México. A 21 de marzo de 2012

Frente Amplio en Defensa del Agua y contra su Privatización

Amigos del Lago, A.C.

Casa Ciudadana en Defensa de la Economía

Central Unitaria de Trabajadores (CUT)

Ciudadanos por el Medio Ambiente (CIMA)

Colectivo ARVOL (Arte y Cultura por la Evolución del Hombre A.C.)

Colectivo de Abogados

Comité Ciudadano de Defensa Ambiental de El Salto

Colectivo de Organizaciones Ciudadanas de Occidente (COCO)

Comité Salvemos Temaca, Acasico y Palmarejo

Comité de Vecinos en defensa del Agua de la Colonia Santa Margarita

Comité de Vecinos en defensa del Agua de la Colonia San Sebastián

Comité de Vecinos en defensa del Agua de la Colonia Lomas del Gallo

Comité de Vecinos en defensa del Agua de la Colonia El Campesino

Comité de Vecinos en defensa del Agua de la Colonia Loma Bonita

Comité de Vecinos en defensa del Agua de la Colonia La Magdalena

Comité de Vecinos en defensa del Agua del Parque de la Solidaridad

Comunidad Wixarika de Santa Catarina

Fundación Lerma- Chapala- Santiago

Instituto de Investigación del Cáncer Biosmedica, A.C. (INICABI)

Instituto de Investigación en Salud Ocupacional

Instituto Mexicano Para el Desarrollo Comunitario, A.C. (IMDEC)

Instituto de Valores Integrales y Desarrollo Ambiental, A.C. (GPO. VIDA)

La Otra Jalisco

Mesa de Ecología de la Asamblea Popular Jalisco

Movimiento Ciudadano, NO al Nuevo Acueducto, SI al Lago de Chapala

Organización Juvenil de Comunistas en México

Parlamento de Colonias

Red de Investigadores Sociales del Agua

Sindicato de Empleados Públicos del Sistema Intermunicipal de Agua y Alcantarillado (SEPSIAPA)

Unidad Social para el Desarrollo Integral Comunitario, A.C. (USDIC)

México. Reservaciones de maíz: los centros de origen y diversidad.

La Ley de Bioseguridad y Organismos Genéticamente Modificados, conocida popularmente como Ley Monsanto, fue una expresión de la falta de voluntad política del Congreso de la Unión para prohibir la siembra de maíz transgénico en México por ser centro de origen y diversidad. Una pieza que faltaba para operar bajo esta ley era la determinación de los centros de origen y diversidad del cultivo, sin que esto hubiera impedido –a partir del decreto presidencial del 2009– el avance en paralelo de los permisos para la siembra experimental y piloto de maíz transgénico en nueve estados del norte del país, además de Nayarit.

El pasado 17 de noviembre, las secretarías de Agricultura Ganadería Pesca y Alimentación (Sagarpa) y de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) determinaron en un acuerdo los centros de origen y diversidad del maíz, en los que se prohíbe sembrar maíz transgénico, debido a que éste no puede coexistir con el maíz nativo sin contaminarlo. Las áreas no incluidas abarcan más de una tercera parte del territorio y podrán sembrarse con maíz transgénico si otros factores tales como ser zonas desérticas, escarpadas, forestales, áreas naturales protegidas, o ciudades no lo impiden.

El problema de clasificar centros de origen y diversidad, implica que las otras regiones no lo son. Al ser el maíz un cultivo de polinización cruzada, resulta inútil delimitar fronteras que el viento y los insectos no respetan. Tampoco es posible poner un freno a los intercambios de semillas y conocimientos entre pueblos, mismos que dieron origen a una gran diversidad de razas y variedades culturalmente modificadas a través de los siglos. Delimitar regiones es impedir el intercambio de semillas y saberes de los cuales el maíz es producto.

La contaminación transgénica del maíz nativo fue comprobada en muchas regiones del país, hace más de 10 años, a pesar de estar vigente una moratoria que prohibía la siembra de maíz transgénico. Se encontró maíz nativo contaminado en regiones ahora clasificadas como centro de origen y diversidad, de ahí que abrir regiones al cultivo genéticamente modificado provocará que esta contaminación se expanda velozmente.

El riego fue uno de los criterios fundamentales para definir las regiones aptas para sembrar maíz transgénico. Dado que estas semillas fueron diseñadas para la agricultura industrial se seleccionaron casi todas las zonas de riego de los 10 estados del norte del país para permitir su cultivo, aunque actualmente se encuentren sembradas con maíz convencional y otros granos. En el norte de México se produce cerca de un cuarto de la producción de maíz que consume todo el país, y a pesar de que utilizan semillas híbridas comerciales, en esta región también se localizan 29 de las 61 razas existentes en México, tal como mencionó el documento Turrent.

Pero la posibilidad de sembrar maíz transgénico no se limita a los estados del norte, si no que incluye lunares en Campeche, Chiapas, Guanajuato, Guerrero, Jalisco, Michoacán, Nayarit, Oaxaca, Quintana Roo, San Luis Potosí, Tabasco, Veracruz, Yucatán y Zacatecas. Estos lunares abarcan zonas de riego o de alto potencial productivo, como La Fraylesca y el Soconusco, en Chiapas; Mascota, en Jalisco; Apatzingán, en Michoacán; Coyuca, Petatlán y Atoyac, en Guerrero, que pueden ser de interés para las agroindustrias. También involucran áreas naturales protegidas por su biodiversidad, como El Ocote y Montes Azules, en Chiapas, en las que por ley está prohibido sembrar transgénicos.

Uno de los criterios utilizados para determinar los centros de origen y diversidad fue la presencia indígena; sin embargo, ignoraron territorios habitados por los pueblos mayo, kiliwa, paipal, cucapa, kumial, maya, kickapoo, tseltal, mam, chol, lacandón, tarahumara, guarijio, tepehuano, pima, chichimeco, nahua, huichol, huave, chontal, zoque, zapoteco, huasteco, pápago, yaqui, totonaco, popoluca, chinanteco, descendientes de quienes domesticaron el maíz en México.

A pesar de ser territorio maya, una amplia zona de la península de Yucatán no fue clasificada como centro de origen y diversidad, y coincide con la región actualmente invadida por la soya transgénica, que quizá piensen rotar con maíz transgénico.

El maíz ha caminado con los pueblos a lo largo de su historia, es producto del intercambio y la transmisión del conocimiento que no conocen fronteras, de ahí que los campesinos e indígenas, junto con los científicos y amplios sectores sociales, reclamemos que todo México es centro de origen y diversidad del maíz.

Ana de Ita

Chiapas, México: A punto de estallar otros Acteal.

La estrategia que comprende el despojo de territorio y agresiones paramilitares contra comunidades zapatistas avanza en Chiapas y presenta una nueva escalada de violencia.

En este momento dos comunidades zapatistas, una en la Selva Lacandona y otra en la zona montañosa del norte de Chiapas, están, cada una, a merced de centenar y medio de paramilitares armados que invadieron sus territorios.

El primero es el caso del poblado Nueva Purísima, del municipio autónomo Francisco Gómez, en la Selva Lacandona: el  lunes pasado alrededor de 150 personas armadas, algunas transportadas en camionetas de la presidencia municipal de Ocosingo, invadieron 178 hectáreas cultivadas por zapatistas.

El otro caso es el de la comunidad de San Patricio, del municipio autónomo La Dignidad, en la zona montañosa del norte de Chiapas, que denuncia que más de 150 paramilitares armados invadieron en días pasados sus terrenos y la tienen cercada.

En San Patricio las bases zapatistas reconocieron entre los invasores a policías municipales y dirigentes del grupo paramilitar Paz y Justicia. Los hombres portan armas de grueso calibre y postrados en los caminos y en la montaña prohíben que alguien salga de la comunidad.

Esta situación lleva 11 días en San Patricio y se vuelve más alarmante, pues los paramilitares disparan sus armas para impedir que   la gente se abastezca de sus cultivos o recoja leña.

Además los paramilitares ya se apropiaron de sus cosechas y algunos animales, destruyeron los corrales de cría de animales, quemaron 18 hectáreas de pastizales y derribaron 200 árboles de madera fina.

En contraste, las bases zapatistas están desarmadas, sufriendo escases de alimento y de leña.

En Nueva Purísima y San Patricio el estallido de violencia está latente.

¿Porqué tanta agresión contra poblaciones desarmadas que viven de proyectos colectivos autosustentables agrícolas y de cría de animales?

Estos no son casos ni nuevos ni aislados. Las bases zapatistas resisten, desde su irrupción en 1994, una estrategia contrainsurgente del Estado que entre otras modalidades comprende la de provocar conflictos con comunidades no zapatistas o crear grupos paramilitares.

De esta manera, sin involucrar directamente a las fuerzas armadas, pueblos indígenas en pobreza extrema, con altos grados de alcoholismo y en pugna interna por apoyos partidistas y asistenciales, atacan a pueblos zapatistas.

El despacho jurídico Rafferty Kobert Tenenholtz Bounds & Hess, P.A. de Miami quiere exhibir la creación de esa estrategia contrainsurgente, pues esta semana presentó, en un tribunal de Connecticut, una demanda judicial contra el expresidente Ernesto Zedillo por la matanza de Acteal.

Como se sabe, la masacre la perpetró un grupo paramilitar contra una población indígena indefensa, dejando un saldo de 45 víctimas, entre éstas 21 mujeres y 15 infantes, en 1997.

Zedillo vive en Connecticut y da clases en la Universidad de Yale. Hasta allá lo alcanzó la impunidad cometida en la masacre de Acteal, pues una ley federal del país vecino permite a extranjeros el derecho a demandar a residentes en suelo estadounidense por delitos de lesa humanidad.

El despacho jurídico que representa a un puñado de sobrevivientes de Acteal buscará probar la implementación del “Plan de Campaña Chiapas 94”, según el cual el expresidente dotó de armas a grupos  indígenas locales para que hostigaran y atacaran a poblaciones neutrales y zapatistas.

Bajo el gobierno de Zedillo salió a la luz Paz y Justicia, el grupo paramilitar que tiene cercado a San Patricio.

En 1997 a Paz y Justicia se le acusó de cercar comunidades simpatizantes zapatistas del municipio de Tila. El grupo les impidió el tránsito carretero, el paso de comida y medicinas, y se le responsabilizó de cometer violaciones sexuales y 46 asesinatos.

El EZLN también ha denunciado otras modalidades de esa estrategia contrainsurgente: despojo violento o burocrático de los terrenos apropiados por el EZLN durante la insurrección de 1994, proliferación de programas asistenciales a comunidades rivales, creación de nuevos asentamientos castrenses, entre otros.

Sin embargo en los últimos meses se han incrementado las  agresiones y despojos de otros grupos paramilitares como la Organización Regional de Cafeticultores de Ocosingo (ORCAO), o de militantes del PRI, PAN y PRD en comunidades de la Selva Lacandona, Los Altos de Chiapas y la selva fronteriza.

El caso de San Patricio evidencia la provocación abierta para que el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) tome de nuevo las armas.

EL EZLN depuso las armas cuando tras el rechazo legislativo de los Acuerdos de San Andrés Larráinzar en 2001, decidió convertirse en un movimiento civil pacífico. Las depuso, pero no las entregó. Y el subcomandante Marcos ha dicho que sólo las utilizarán para defenderse.

Si el EZLN respondiera a la violencia paramilitar, el Estado justificaría el uso de la fuerza castrense para tomar el territorio zapatista y así sofocar la experiencia autónoma.

Se pensó que la experiencia zapatista sucumbiría con el tiempo. Lo cierto es que si bien bajó en visibilidad, consolida su  autonomía y sirve de inspiración a etnias que impulsan procesos similares.

La lección autonómica zapatista es simple: rechaza cualquier apoyo partidista o programa gubernamental; no participa en elecciones; promueve la organización colectiva, horizontal e incluyente; creó programas de salud, educación, gobierno e impartición de justicia con identidad propia; estableció proyectos productivos autosustentables y protege su tierra y recursos naturales.

Si bien es simple, esa lección también es poderosa, pues mueve conciencias colectivas en un momento en el que la crisis capitalista provoca que gobiernos e iniciativa privada codicien las extensiones de tierra y los recursos naturales de territorios indígenas.

De esta manera, comienza a proliferar la resistencia activa de  comunidades indígenas en salvaguarda de su riqueza natural.

Lo vemos actualmente en el pueblo yaqui de Vicam, Sonora, que ha cerrado carreteras en protesta por la construcción de un acueducto que los despojará de miles de hectáreas de riego.

También lo vemos en la población purépecha de Cherán, Michoacán, que se atrincheró en defensa de sus bosques ante la devastación impune cometida por talamontes.

De idéntica manera se actúa en Ostula, Michoacán, donde la población nahua creó un movimiento de autodefensa para recuperar más de 700 hectáreas de propiedad comunal arrebatadas por los caciques del lugar.

Y estamos a punto de verlo en comunidades indígenas de la montaña de Guerrero, sede de la afamada policía comunitaria, que se oponen a la llegada de compañías mineras canadienses a sus bosques.

La autonomía zapatista inspira por igual la lucha de etnias o poblaciones rurales de Oaxaca, Veracruz, Jalisco, Baja California, Campeche, entre otros estados.

Todo indica que la lección zapatista se extenderá en el país conforme se agudice más la crisis capitalista.

Así es como desde lugares apartados y empobrecidos se fortalecen retículas de lucha y sobrevivencia. Se trata de nuestros propios indignados.

Sin embargo, la autonomía zapatista está más vulnerable que nunca. En los últimos tres meses grupos paramilitares agredieron a comunidades zapatistas de cada uno de los cinco Caracoles en las que éstas se aglutinaron por regiones: Oventic, La Garrucha, Morelia, La Realidad  y  Roberto Barrios.

Ahora San Patricio, en el Caracol de Roberto Barrios “Nueva semilla que va a producir”, y Nueva Purísima, en el Caracol de La Garrucha “El camino del futuro”, están en peligro de sufrir otra masacre como la de Acteal.

La responsabilidad del desenlace de estas invasiones paramilitares recae directamente en el gobierno estatal de Juan Sabines y el gobierno federal de Felipe Calderón.


@twewwter

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