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A 2 años de los asesinatos de Bety Cariño y Jyri Jaakola.

A Felipe Calderón Hinojosa
Presidente de Mexico

A Gabino Cué Monteagudo
Gobernador de Oaxaca

A la opinión pública

Dos años pueden decirse fácil para quienes no han perdido de manera violenta a un ser querido; para quienes deciden los cambios que enfrentan la mayoría, argumentado que lo hacen por el bienestar del país; para quienes dicen representar a México e imponen, con soberbia, estrategias de control social para generar miedo y, con ello, militarizan el país y endurecen su política para criminalizar a las sociedad hasta llegar a establecer un Estado terrorista que persigue, asesina, encarcela y desaparece a quienes estamos en descuerado con ustedes.

Esta guerra es una cortina de humo que oculta lo que realmente está pasando: el despojo de nuestros territorios, el saqueo de nuestros recursos naturales, la pérdida de nuestra soberanía, el desmantelamiento de toda resistencia, la ruptura del tejido social y el desmantelamiento las formas de organización de los pueblos originarios que se ha manteniendo milenariamente. Todo esto busca someter nuestras voluntades a un acto de obediencia, lo cual ha generando una profunda herida en nuestro país, en nuestros pueblos, y ha dejado a miles de hijos huérfanos, mujeres viudas, madres sin hijos y esposos, mujeres desaparecidas y ultrajadas, todos víctimas de una violencia que no se detiene y se repite de continuo en este país.

Además, a dos años no puedo hablar de Bety Cariño y Jyri Jaakkola sin nombrar y demandar justicia por los asesinatos de muchos dirigentes sociales, mujeres y hombres defensores de nuestros derechos. Niños, mujeres y hombres que hoy viven desplazados de sus comunidades por defender la autonomía y la autoderteminación de los pueblos; porque proponen una manera diferente de hacer política, misma que nace y se construye desde abajo. Todas estas mujeres y hombres en algún momento tomaron la decisión de no quedarse callados y enfrentar la tiranía que aún prevalece en nuestro país, lo cual no es cosa fácil, pues está solapada por las instancias que deberían impartir justicia, la clase política, los partidos políticos y el crimen organizado. Al final, son todas lo mismo.

A dos años del arrebato de nuestra compañera Bety, el gobierno que representa Felipe Calderón ha incumplido una y otra vez su palabra. ¿Donde están los compromisos de la procuradora, quien se llenó la boca al decir que ya se había detenido a gente implicada en este asesinato? Porque quienes estuvieron ahí conocen sus nombres: Rufino Juárez no fue detenido ni ha sido juzgado por el asesinato de Bety Cariño y de Jyri Jaakkola. ¡No nos quieran engañar!

Porque hoy, una vez más, después de dos años, seguimos viendo cómo se encumbre y se defiende a asesinos y tiranos como Ulises Ruiz Ortiz y todos los que decidieron el ataque a la caravana que se dirigía a San Juan Copala el 27 de abril de 2010.

Ante la ausencia e incompetencia de la Procuraduría tuvimos que ser nosotros, los familiares, quienes indagáramos y buscáramos la verdad. Por otro lado, en los últimos días, representantes del Gobierno Federal buscan por todos los medios evitar acciones legales contra Ulises Ruiz Ortiz. De esta forma, pregunto: ¿cuáles son los compromisos que mantienen, señor presidente, señor gobernador, a dos años de mentiras al gobierno finlandés, a los familiares de Jyri, a l@s eurodiputad@s y a una sociedad que demanda JUSTICIA, como los familiares de los 60 mil muertos de este sexenio? Sólo quiero decirles que nosotros, al igual que ustedes, ¡sabemos la VERDAD! Sabemos que ustedes NO quieren se resuelva este crimen.

Asimismo, para nosotros no basta con detener a los asesinos materiales de Bety: exigimos el desmantelamiento de las redes de control y de impunidad, se castiguen a todos los responsables implicados, entre los que destacan funcionarios de los tres niveles del anterior gobierno de Oaxaca, muchos de ellos vinculados a los paramilitares de UBISORT.

Y nuevamente invitamos a la movilización que realizaremos el día 27 de abril en Huajuapan de León, Oaxaca, a la altura de El Chacuaco, a las 9 de la mañana. Los familiares de Bety y el Movimiento Agrario Indígena Zapatista esperamos nos acompañen, para recordar y decirle a Bety vive en la memoria de los que buscamos un mundo diferente, en la historia de un pueblo que sigue luchando por su dignidad y en nuestros corazones.

¡Por la desmilitarización y desparamilitarización de Oaxaca y del país!

¡Justicia a todas y todos los 60 mil muertos por la guerra contra el crimen organizado!

¡Cárcel a los responsables materiales e intelectuales de la ejecución de Bety y Jyri!

¡Justicia para Bety Cariño!

¡Justicia para Jyri Jaakkola!

¡Justicia para nuestras familias!

¡Basta ya de impunidad!

Omar Esparza
MAIZ

http://www.proyectoambulante.org

Pedro Matías Arrazola: La guerra civil triqui.

San Juan Copala, Oaxaca, se convirtió en el eje de la lucha fratricida que libran tres organizaciones de la etnia triqui. Las tres se disputan a tiros el control político de la región.

La más reciente ofensiva, que en abril pasado causó la muerte de dos activistas de los derechos humanos, llegó a su punto más sangriento el 17 de septiembre, cuando comandos del MULT y la Ubisort (presuntamente financiados por la administración oaxaqueña) se lanzaron al saqueo y al asesinato de los habitantes de Copala, quienes se habían declarado municipio autónomo… Y sin embargo los líderes de las tres organizaciones se dicen dispuestos al diálogo.

JUXTLAHUACA, OAX.- Con una “estrategia de contrainsurgencia y táctica paramilitar”, los grupos armados que operan en la región triqui sometieron a tiros y expulsaron a casi todos los habitantes de San Juan Copala.

Durante casi un año los integrantes del Movimiento de Unificación y Lucha Triqui (MULT) y la Unidad de Bienestar Social de la Región Triqui (Ubisort) tuvieron bajo asedio a esa comunidad indígena que era controlada por el Movimiento de Unificación y Lucha Triqui Independiente (MULTI), que en 2006 se escindió de la primera organización y al año siguiente declaró la independencia del municipio.

Según fuentes gubernamentales, alrededor de 800 habitantes de San Juan Copala tuvieron que refugiarse en las comunidades aledañas. Uno de los desplazados comenta: “Aquí (en el municipio autónomo) ya no somos libres; no hay gobierno. Aquí gobiernan las armas. Ni el Ejército es capaz de entrar y los policías le tienen miedo a los paramilitares”.

Ahora, dicen los desplazados, los paramilitares van por las comunidades de Agua Fría, Yosoyuxi, Paraje Pérez y Santa Cruz a fin de dominar la región Triqui Baja.

Si alguien quiere entrar a San Juan Copala necesita un salvoconducto. Si no lo tiene puede morir.

El pasado 27 de abril, una caravana humanitaria que llevaba alimentos a esa comunidad fue emboscada. En el ataque murieron la activista mexicana Beatriz Cariño y el finlandés Jyri Jaakkola (Proceso 1748). La violencia entre triquis ha durado al menos 29 años. Los mismos que tiene el Movimiento de Unificación y Lucha Triqui.

Para llegar a la comunidad de Rastrojo, centro de operaciones del grupo, hay que librar varios retenes de militantes armados. Exmilitantes de esa organización, que pidieron a Proceso no revelar sus nombres, afirman que los miembros del MULT disponen de armas de uso exclusivo del Ejército y radios de comunicación, por lo que cada vez que un desconocido entra a la zona todas las comunidades se enteran de inmediato.

Exintegrantes de la organización afirman que localizar a Rufino Merino Zaragoza, lugarteniente de Heriberto Pazos Ortiz, líder del MULT, es difícil: nunca se sabe dónde se harán sus reuniones; por motivos de seguridad siempre tienen lugar en lugares diferentes. “Hay 10 o 15 hombres armados a su lado, además de un equipo de seguridad de ocho personas”.

Aunque en Rastrojo no hay un campo formal de entrenamiento militar, la instrucción para el uso de armas se realiza ahí con las plantaciones como tiro al blanco. Ahora, se quejan algunas indígenas consultadas por este semanario, “se entrenan apuntando y tiroteando a las mujeres, a los niños, a los pollos, los marranos y los perros”.

Denuncian que a los niños se les enseña a ser asesinos. Aunque no los reclutan directamente, a menores de entre 12 y 16 años los convencen de que “son más fuertes si tienen un arma… entonces van solitos”.

También les venden la idea de que “el estudio no sirve, el estudio no te va a defender de una bala” y les dicen que les van a pagar 20 mil pesos si matan a alguien. “Su pobreza y el ansia de poder y dinero los motivan a enrolarse en el agrupo armado”, dice uno de los entrevistados.

Funcionarios del gobierno oaxaqueño, cuyos nombres se reservan, informan que los tres grupos de la Región Triqui están armados.

Agregan que para entrar a la región triqui es necesario el salvoconducto de los líderes del MULT (Heriberto Pazos Ortiz o Rufino Merino Zaragoza), de la Ubisort (Rufino Juárez Hernández y Antonio Cruz López) o del MULTI (Jorge Albino Ortiz).

Las mismas fuentes señalan, sin embargo, que el gobierno del estado financia al MULT con 200 millones de pesos anuales y a la Ubisort con 60 millones.

Estado fallido

Para el apoderado legal de la arquidiócesis de Antequera Oaxaca, Francisco Wilfrido Mairen Peláez, San Juan Copala representa el fracaso de la política. “No hay que ir más lejos para comprobar el Estado fallido”, afirma.

Agrega que si Felipe Calderón y Ulises Ruiz son incapaces de pacificar a la comunidad triqui, “menos van a poder ganar la guerra contra el crimen organizado”.

Lo más lamentable, dice, es que “el gobierno de Ulises Ruiz se ha convertido en una carroza para sacar los muertos o ambulancia para ir por los heridos de la zona de guerra en que se ha transformado San Juan Copala debido a su ineptitud para atender los grandes problemas de Oaxaca”.

El subsecretario de Gobierno estatal, Joaquín Rodríguez Palacios, reconoce que desde octubre del año pasado se reiniciaron las hostilidades entre triquis; sin embargo en marzo de este año se recrudecieron y desde entonces “tenemos un estado de excepción” en San Juan Copala.

“No tenemos garantizados los insumos para los alimentos de la comunidad, están suspendidos los servicios educativos, no se inició el ciclo escolar 2010-2011, no hay servicios de salud y no hay agua potable ni energía eléctrica”.

Todo esto, según Rodríguez Palacios, es consecuencia de la inseguridad y la incertidumbre ante la ausencia de los instrumentos de seguridad que tiene el estado y de la impunidad con la que se han conducido los agresores de uno y de otro lado.

Recordó que en abril de 1997, con Diódoro Carrasco Altamirano como gobernador, se logró suscribir un Acuerdo de Paz, Tranquilidad y Concordia en la Región Triqui, que se ratificó en junio de 2001 en el gobierno de José Murat Casab; sin embargo, en la administración de Ulises Ruiz no se llegó a ningún acuerdo con las facciones en pugna.

“El estado incurre en una grave omisión porque no está proporcionando lo que por garantía constitucional pertenece a los habitantes de San Juan Copala: la seguridad y el derecho a la vida”, dice el funcionario estatal.

“Además no hay servicios y eso es gravísimo. Están en un estado de excepción, en un estado de sitio porque no tenemos presencia de gobierno”.

La fractura

Las fuentes del gobierno oaxaqueño informan que el MULT –que lleva 29 años en la región encabezado por Heriberto Pazos Ortiz– en algún momento se consideró de izquierda, pero

durante la administración de Murat Casab fue cooptada por el gobierno priista, a tal grado que en 2004 apoyaron a Ulises Ruiz por medio del Partido de Unidad Popular.

Ese hecho generó una división. En 2006 un grupo se escindió del MULT y formó el MULTI, que en enero de 2007 creó –siguiendo el ejemplo del EZLN en Chiapas– el municipio autónomo de San Juan Copala que, de acuerdo con la división territorial, política y administrativa de Oaxaca, tiene la categoría de agencia municipal de Santiago Juxtlahuaca.

La Ubisort, dicen las fuentes, creció al amparo del PRI y en años recientes ha tenido el apoyo de Jorge Franco Vargas, exsecretario general de Gobierno de Ulises Ruiz.

Ahora las tres agrupaciones se disputan el territorio triqui, particularmente San Juan Copala, donde el MULT –que había venido perdiendo fuerza– trata de recuperar poder mediante las armas.

Hay un autogobierno armado en la región triqui porque los líderes del MULT se erigen en poder supremo, designan a personas incondicionales y los improvisan como jueces o ministerios públicos para castigar a quien se rebela o no cumple sus órdenes.

Pedro Matías

http://www.proceso.com.mx

Amnistía Internacional:PADRES FINLANDESES BUSCAN JUSTICIA PARA SU HIJO ASESINADO POR DEFENDER DERECHOS HUMANOS EN MÉXICO.

En una conferencia celebrada hoy, 24 de agosto, Amnistía Internacional y la familia Jaakkola recordaron que defender los derechos humanos puede costar la vida en México. Asimismo, pidieron a las autoridades realizar investigaciones eficaces de los ataques contra defensores y defensoras así como asegurar la protección de quienes estén actualmente en peligro.

El padre y la madre del observador finlandés de derechos humanos Jyri Jaakkola, asesinado en Oaxaca el 27 de abril, llegaron a México hace tres días para exigir justicia. Junto con su hijo fue asesinada la defensora de derechos indígenas Bety Cariño mientras realizaban tareas humanitarias.

El asesinato de Jyri Jaakkola y Bety Cariño es sólo un ejemplo de los muchos ataques que han sufrido quienes defienden derechos humanos en México durante los últimos años. Amnistía Internacional ha denunciado numerosos casos de asesinato, amenaza de muerte, agresión y hostigamiento judicial. Los responsables, sean agentes del estado o no, rara vez rinden cuentas ante la justicia, lo cual crea una cultura de impunidad que resulta una amenaza grave para las y los defensores a la hora de realizar su trabajo. Quienes defienden a los grupos más marginalizados son a menudo quienes enfrentan los mayores riesgos.

“Estoy muy afligida de saber que lo que le pasó a mi hijo y a Bety también le ha pasado a muchos otros defensores de derechos humanos en México”, dijo Eve Jaakkola, madre de Jyri. “Mi hijo estaba interesado en luchar por la justicia, la paz y el respeto mutuo entre los seres humanos. Por eso llegó hasta Oaxaca para acompañar a los pueblos indígenas y aprender de ellos.”

El gobierno del Presidente Calderón Hinojosa se ha comprometido ante la ONU y en su propio Programa Nacional de Derechos Humanos a implementar un mecanismo de protección para todas y todos los defensores en riesgo. “A pesar de tantas promesas, aún no se ven los resultados” dijo Alberto Herrera Aragón, Director Ejecutivo de Amnistía Internacional México. “El gobierno federal debe implementar un mecanismo de protección para defensores en riesgo y un protocolo de investigación para evitar que los ataques queden en la impunidad.”

“Si las autoridades están comprometidas a acabar con la impunidad en los casos de ataques contra defensores de derechos humanos, deben demostrarlo garantizándoles verdad, justicia y reparación a los familiares de Jyri Jaakkola y Bety Cariño”, dijo Alberto Herrera

Alberto Herrera también recordó que el preso de conciencia y defensor de derechos humanos Raúl Hernández todavía sigue en prisión en el Estado de Guerrero por un delito fabricado. El juez de la causa resolverá su situación en los próximos días.

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Información de contexto

Hombres armados asesinaron a Jyri Antero Jaakkola y Alberta Cariño Trujillo, conocida como Bety, el 27 de abril de 2010 en el Estado de Oaxaca. Jyri  y Bety formaban parte de una caravana humanitaria que se proponía llevar alimentos a la comunidad indígena de San Juan Copala y documentar la situación de derechos humanos. Otras personas sobrevivieron el ataque con graves heridas.

Grupos armados se han disputado el control político de San Juan Copala desde hace años. Según informes recibidos por Amnistía Internacional, algunos de estos grupos tienen vínculos con autoridades estatales. La comunidad de San Juan Copala sigue sitiada por estos grupos sin que las autoridades garanticen sus derechos.

La investigación de los hechos ocurridos el 27 de abril está en manos de la Procuraduría General de la República. Hasta el momento nadie ha sido puesto a disposición de la justicia por estos crímenes.

Jyri Jaakkola, de 33 años, vivía en Finlandia, de donde era también originario. Llegó a México a principios de 2010 y se trasladó a Oaxaca para conocer sobre los pueblos indígenas locales y enseñar sobre el uso responsable de los recursos naturales y el cambio climático.

Bety Cariño era la coordinadora del Centro de Apoyo Comunitario Trabajando Unidos (CACTUS) en Huajuapan de León, Oaxaca. Trabajaba en comunidades indígenas dando talleres sobre derechos de las mujeres y promoviendo la creación de radios comunitarias. Había denunciado el asesinato de las locutoras de origen Triqui Felícitas Martínez y Teresa Bautista ocurrido en San Juan Copala en 2008.

Materiales complementarios

Petitorio online de Amnistía Internacional sobre la situación de los defensores de derechos humanos en México: http://alzatuvoz.org/defiendeles/

Fotos de Bety Cariño y Jyri Jaakkola: https://adam.amnesty.org/asset-bank/action/quickSearch?keywords=109588+OR+109589+OR+109590+OR+109591+OR+102755 (números 109588, 109589, 109590, 109591, 102755)

Documento de caso sobre la situación de la defensora Alba Cruz: http://www.amnesty.org/en/library/info/AMR41/052/2010/es

Documento de caso sobre la situación de la defensora Obtilia Eugenio Manuel: http://www.amnesty.org/en/library/info/AMR41/053/2010/es

Informe “Exigiendo justicia y dignidad. Defensores y defensoras de derechos humanos en México”, 21 de enero de 2010: http://www.amnesty.org/en/library/info/AMR41/032/2009/es

Más información: Arturo Ávila, Encargado de prensa de Amnistía Internacional México. Móvil: 55 51 80 99 18, email: comunica@amnistia.org.mx.

http://www.amnesty.org

“Misión oficial” europea revisará caso Copala.

BRUSELAS, 18 de junio (apro).- El mismo día (el pasado martes 15) en que el presidente mexicano Felipe Calderón anunció que contratará agencias de relaciones públicas para que “promuevan” la imagen del país en el extranjero, diputadas del Parlamento Europeo informaron que viajarán a México para pedir de manera directa a las autoridades que castiguen a los asesinos del activista finlandés Jyri Jaakkola y la mexicana Beatriz Cariño, ejecutados el pasado 27 de abril, cuando la caravana de paz en la que se dirigían a San Juan Copala, Oaxaca, fue atacada por un grupo armado.

Entre el 30 de junio y el 4 de julio próximos, las eurodiputadas Satu Hassi, de Finlandia, y Franziska Keller, de Alemania, estarán en la Ciudad de México y en Oaxaca, previo a las elecciones para gobernador que tendrán lugar en esta última entidad el domingo 4 de julio.

El objetivo de esa “misión oficial” es, por un lado, “conocer el grado de avance de las investigaciones” en torno de los asesinatos de Jaakkola y Cariño y, por otro, “pedir la identificación y castigo de los autores, tanto materiales como intelectuales, de dichos crímenes”, señala un comunicado del grupo de los Verdes del Parlamento Europeo, al que pertenecen ambas eurodiputadas.

El mismo documento indica que Hassi y Keller pedirán a los funcionarios mexicanos con los que se entrevisten “la disolución de los grupos ilegales armados en Oaxaca”, así como “una solución duradera al conflicto sufrido por los indígenas triques que haga valer su derecho a una vida digna, según sus criterios, y en acuerdo con el derecho nacional e internacional”.

En México, las eurodiputadas se entrevistarán con organizaciones defensoras de los derechos humanos y con la representante en el país de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Adriana Valiña.

Según la agenda provisional, las legisladoras europeas buscarán también reunirse con el procurador general de la República, Arturo Chávez Chávez, y con el titular de la Unidad para la promoción y defensa de los derechos humanos de la Secretaría de Gobernación, José Antonio Guevara Bermúdez.

En Oaxaca, donde estarán el 2 y 3 de julio, Keller y Hassi tramitan citas con el gobernador Ulises Ruiz; el secretario de gobierno, Evencio Nicolás Martínez Ramírez; la procuradora de justicia, María de la Luz Candelaria Chiñas, y el secretario de Seguridad Pública, Javier Rueda Vázquez.

El pasado 5 de mayo, Hassi acusó la “cultura de impunidad” que reina en México, lo que hace temer a la familia Jaakkola, comentó la eurodiputada, de que los asesinos de Jyri sean protegidos por las autoridades estatales y federales.

“Sin presión internacional –añadió–, mucha gente que conozco desconfía que se lleve a cabo una investigación” (Proceso 1749).

Decepcionante

Satu Hassi había acudido previamente a la embajadora de México ante la Unión Europea, Sandra Fuentes-Beráin, para que ésta le explicara y aclarara sus dudas respecto de los hechos ocurridos el 27 de abril en Oaxaca.

La cita con Fuentes-Beráin, celebrada el 6 de mayo pasado, a la que también asistió la eurodiputada Heidi Hautala, fue “extremadamente decepcionante”.

Así lo reportó un documento interno del grupo verde del Parlamento Europeo, fechado el 10 de mayo y dirigido a todos los miembros de esa bancada, sus consejeros y asistentes, para informarles del caso

En ese reporte se asegura que la embajadora mexicana “presentó sus condolencias por el ‘accidente’ que costó dos vidas”, que “no había grupos paramilitares en México” y que, “en cambio, había muchas fuerzas paralelas en Oaxaca”, por lo que “el conflicto en ese estado era de carácter inter-étnico e inter-religioso”.

Fuentes-Beráin, continúa el reporte, también explicó a Hassi y Hautala que “el sistema judicial en México es extremadamente complicado, por lo que es muy frecuente que los culpables no sean llevados ante la justicia”.

La diplomática, prosigue el reporte, las invitó a México para “ver la realidad”, y les pidió acompañar al país en su esfuerzo para lograr una reforma del sistema judicial” y dejar de informarse con revistas como Proceso, que “odian al gobierno y no son creíbles, según ella”, acota el mencionado documento.

El pasado martes 1, en una rueda de prensa realizada en el marco de la visita de Omar Esparza, esposo de Beatriz Cariño, al Parlamento Europeo, Hautala, quien es la presidenta del Subcomité de Derechos Humanos de ese recinto, dijo:

“Tuvimos contacto con la embajadora mexicana ante la UE, quien de manera desafortunada utilizó las palabras equivocadas al asegurar que había sido un accidente” la muerte de Cariño y Jaakkola.

Tras ese “decepcionante” encuentro con Fuentes-Beráin, las eurodiputadas confirmaron la necesidad de enviar una delegación oficial a México.

Preparados

El pasado 2 de junio tuvo lugar una reunión del Subcomité de Derechos Humanos del Parlamento Europeo.

Un oficial del secretariado general del Consejo –la institución que representa a los 27 gobiernos de la UE– tomó nota de las partes sustanciales de tal encuentro. El 7 de junio transmitió tales notas a las delegaciones en Bruselas de esos 27 gobiernos. El objetivo: mantenerlas informadas de las principales preocupaciones del Parlamento Europeo en la materia.

En ese documento de tres páginas, con el número de expediente 10756/10, destacan las menciones sobre la situación de los derechos humanos en México.

Y señala: “La presidencia (del Subcomité de Derechos Humanos del Parlamento Europeo) mencionó varios casos individuales y colectivos de violaciones a los derechos humanos alrededor del mundo, entre otros, los asesinatos de Beatriz Cariño y Jyri Antero Jaakkola en Oaxaca, México”.

El documento indica que la eurodiputada lituana Laima Liucija Andrikiene, del grupo del Partido Popular Europeo, manifestó su preocupación por “los recientes asesinatos de periodistas en México”.

Un oficial de la Comisión Europea, la institución que gestiona las relaciones de la UE con México, explicó –dice el documento del Consejo– que ésta “sigue estrechamente la situación en México, y que regularmente aborda asuntos de derechos humanos en sus contactos bilaterales con las autoridades mexicanas”.

Ese oficial mencionó en particular el caso de “las fuerzas militares utilizadas para acciones policiacas (en la lucha contra el narcotráfico) y la situación de los defensores de derechos humanos y de la libertad de expresión”, y subrayó que tales temas fueron “notablemente” discutidos con el gobierno mexicano en el primer diálogo de derechos humanos que tuvo lugar el pasado 12 de mayo en el Distrito Federal.

El mismo oficial de la Comisión Europea consideró que las autoridades de México “habían mostrado generalmente su compromiso para mejorar su récord de violaciones a los derechos humanos”.

El 10 de junio pasado, el caso Jaakkola salió nuevamente durante la reunión del Subcomité de Derechos Humanos del Parlamento Europeo con Juan Duarte Cuadrado, presidente del Grupo de Trabajo del Consejo sobre Derechos Humanos.

En esa ocasión, Duarte, también director de la Oficina de Derechos Humanos del Ministerio de Exteriores de España, confirmó que la UE había tratado el asesinato de Jaakkola con los diplomáticos del gobierno calderonista durante la Cumbre bilateral que se realizó el 16 de mayo en Santander, previa a la cumbre euro-latinoamericana.

Sin embargo, Duarte reconoció que “los mexicanos venían muy preparados” para poder minimizar la gravedad de las violaciones a los derechos humanos en el país, por lo que los europeos, explicó, se quedaron sin argumentos para profundizar en la discusión sobre ese y otros casos referidos.

“Para la próxima que discutamos con los mexicanos temas de derechos humanos, hay que prepararse mejor”, fue la recomendación de Duarte a los eurodiputados.

http://www.proceso.com.mx/rv/modHome/detalleExclusiva/80504

Complicidad de instituciones del estado y federales ante la impunidad en San Juan Copala. CCIODH.

Boletín de prensa de la Comisión Civil Internacional de Observación por los Derechos Humanos (CCIODH)

Complicidad de instituciones del estado y federales ante la impunidad en San Juan Copala (Oaxaca)

“La Comisión considera que los hechos ocurridos en Oaxaca son un eslabón de una estrategia jurídica, policiaca y militar, con componentes psicosociales y comunitarios cuyo objetivo último es lograr el control y amedrentamiento de la población civil en zonas donde se desarrollan procesos de organización ciudadana o movimientos de carácter social no partidista” (Informe de la CCIODH, 2007)

Esta fue la primera de las conclusiones que emitimos tras nuestra visita a Oaxaca a finales de enero de 2007. Consideramos que el cerco armado con el que desde finales de 2009 se somete al municipio de San Juan Copala en el estado de Oaxaca reitera con crudeza la necesidad de insistir sobre el diagnóstico que la CCIODH realizó en aquel momento frente al conjunto de conflictos que afectan a dicha región mexicana.

Hay que recordar que pese a la vulneración múltiple de derechos individuales y colectivos que el cerco armado implica, cuya gravedad se intensifica cada día que pasa, y pese a la clara identidad de los responsables de tales violaciones (UBISORT-Unión de Bienestar Social de la Región Triqui, organización vinculada al PRI), no ha habido ninguna intervención para levantarlo por parte del estado.

A esta situación ya de por sí inaceptable, se le suman los últimos sucesos acaecidos ya denunciados en el anterior boletín de la CCIODH:

Por un lado, el ataque a la primera caravana humanitaria de solidaridad y observación realizada el pasado 27 de abril en la que resultaron asesinados la activista y defensora de Derechos Humanos Beatriz Cariño y el observador internacional Jyri Jaakkola. Todos los indicios, así como las amenazas públicas de Rufino Juárez Hernández (dirigente de UBISORT) contra la caravana, apuntan a que los responsables de la acción armada y de los asesinatos son miembros del grupo paramilitar UBISORT.

Por otro lado, los asesinatos del lider triqui y promotor de la autonomía Timoteo Alejandro Ramírez y su esposa Tleriberta Castro Aguilar acaecidos el pasado 20 de mayo.

Los nuevos acontecimientos, no hacen más que agravar la situación de sitio en la que se encuentra el Municipio:

El pasado 8 de junio, una nueva caravana solidaria partió hacia San Juan Copala con la intención de romper el cerco impuesto por UBISORT, así como para llevar ayuda humanitaria a los habitantes del municipio autónomo. De nuevo, fue notificada públicamente así como de forma particular a las autoridades responsables para que garantizaran: el derecho a la libre circulación, la seguridad de las más de 350 personas que participaban y la llegada de 30 toneladas de suministros a los habitantes de la comunidad.

La caravana salió acompañada de una considerable presencia policial dado el contexto de amenazas existente. Ni aun así pudo llegar a su destino. La policía no quiso actuar ni posibilitar el paso de la caravana. Dicho contingente policial no rechazó, y con ello habilitó, las amenazas y las acciones de bloqueo realizadas por miembros de UBISORT. Finalmente, la fuerza pública, pese a la evidencia de la actuación delictiva que estaban presenciando, se retiró y recomendó la finalización de la caravana por razones de seguridad.

La condición que impuso UBISORT para dejar pasar la caravana fue que sus miembros formaran parte de la misma y entraran en San Juan Copala. Resulta evidente que se trataba de una condición imposible por inaceptable, que solo pretendía servir de soporte a la decisión de las autoridades de no hacer nada para asegurar que la caravana podía acceder al municipio cercado.

Ante estos últimos acontecimientos, la CCIODH concluimos que:

Las autoridades, nuevamente, no dan cumplimiento a su obligación constitucional de dar protección y seguridad a una iniciativa de la sociedad civil pacífica y humanitaria para hacer llegar los suministros y romper el cerco al que está sometido de forma violenta y armada el municipio autónomo en defensa de su derecho reconocido a organizarse.

La complicidad de instituciones del estado y federales en estos hechos tan graves, apoya y confirma la impunidad de los agresores y conforma el patrón de control y amedrentamiento en contra del municpio autónomo de San Juan Copala por parte de organismos del estado cuya obligación es la contraria: hacer respetar derechos fundamentales reconocidos por la constitución mexicana y las normas internacionales.

A más de un mes de los asesinatos ocurridos el 27 de abril y de las declaraciones efectuadas por el Presidente de México en la cumbre de Madrid ante la presidenta de Finlandia en las que manifestó la máxima celeriadad en la investigación, detención y debido proceso de los responsables directos de estos hechos delictivos, no se ha producido ninguna actuación que permita confiar en que así ocurra ni por parte de las autoridades de Oaxaca ni por parte de las autoridades federales.

En este sentido se ratifica un patrón de actuación ya denunciado en el informe de la CCIODH de 2007: “6- Los poderes públicos no han garantizado el pleno ejercicio de la libertad de expresión, pensamiento, asociación, reunión, participación política, libre circulación y manifestación. Se ha impedido mediante el uso de la fuerza física y la coacción el ejercicio de estos derechos fundamentales”.

Lo que acontece hoy en San Juan Copala, tiene un denominador común que la CCIODH ha denunciado en Chiapas, Atenco, Oaxaca: en todos ellos se combaten los procesos de autonomía legítimos y pacíficos mediante la represión directa o mediante la actuación de grupos paramilitares protegidos y amparados por las autoridades. Esta situación explosiva anuncia un aumento de la violencia que impide, al no tratar las causas de los conflictos, llegar a acuerdos que permitan una solución justa y dialogada

Las autoridades de San Juan Copala han llamado a insituciones internacionales para que aseguren la llegada de los suministros a las comunidad y con ello se rompa el cerco al que están sometidos. Es responsabilidad de estas instituciones coadyugar activamente para que sea posible. En otras palabras: será responsabilidad de las instituciones los efectos que puedan derivarse de la continuidad del cerco armado.
La indefensión e impunidad generalizadas por la falta de respuesta institucional, fuerza a la sociedad civil nacional e internacional la que tendrá que interpelar y movilizarse para que los derechos individuales y colectivos del pueblo de San Juan Copala sean respetados.

Barcelona, a 15 de junio de 2010.

Comisión Civil Internacional de Observación por los Derechos Humanos
C/ de la Cera, 1 bis. 08001 Barcelona
tel: 935113966, fax: 933290858
cciodh@pangea.org
http://cciodh.pangea.org

Acción Urgente: Nueva balacera, un herido, reforzan bloqueo a San Juan Copala.

CENTRO REGIONAL DE DERECHOS HUMANOS

“BARTOLOMÉ CARRASCO BRISEÑO” A. C.

Lunes 7 de Junio del año 2010

ACCIÓN URGENTE

  • Continúa el clima de violencia, hostigamiento y agresión  a la comunidad de San Juan Copala.
  • Incrementan bloqueo y tiroteos constantes.
  • Herido Melitón Rodríguez Martínez.

Después de los lamentables asesinatos de Bety Cariño, Jiri Jaakkola, Timoteo Ramírez y Tleriberta Castro, y de la retención arbitraria e ilegal de 12 personas por casi doce horas, y a pocas horas del arribo de la nueva caravana “Bety Cariño y Jiri Jaakkola”, se siguen realizando los siguientes:

HECHOS:

  1. En el amanecer del Viernes 4 de Junio aparecen grandes piedras en la carretera a San Juan Copala, precisamente en el tramo de la Sabana. Se presume que para colocarlas se usó maquinaria pesada, con la intención de que no puedan ser removidas.
  2. El sábado 5 de Junio a las 9:20 pm un grupo paramilitar tirotea la comunidad de San Juan Copala desde 5 diferentes puntos, resultando herido de 4 balazos en una pierna el joven de 20 años MELITÓN RODRÍGUEZ MARTÍNEZ. El cual, hasta el momento no ha podido ser trasladado para su correspondiente atención médica, permaneciendo en grave peligro.
  3. El domingo 6 de junio desde las 8:15 pm un grupo paramilitar tirotea nuevamente la comunidad de San Juan Copala, sin que hasta el momento tengamos información de las consecuencias derivadas de este último ataque.

Con la agresión continua, violenta y de mala fe a la Comunidad de San Juan Copala y por el grave riesgo en que se encuentra MELITÓN RODRÍGUEZ MARTÍNEZ y las personas que habitan la Comunidad, pues está en serio peligro su integridad y su vida, es que solicitamos de manera urgente hagan llamamientos al gobierno del Estado de Oaxaca y al Gobierno Federal para exigir:

  • ATENCIÓN MÉDICA URGENTE A MELITÓN RODRÍGUEZ MARTÍNEZ Y A OTROS HABITANTES QUE PUDIERAN ESTAR HERIDOS.
  • FRENAR DE INMEDIATO LA AGRESIÓN, VIOLENCIA E IMPUNIDAD GENERADA EN CONTRA DE LOS HABITANTES DEL MUNICIPIO AUTÓNOMO DE SAN JUAN COPALA.
  • INVESTIGAR Y DETENER AL GRUPO PARAMILITAR CAUSANTE DE TODOS ESTOS DELITOS.
  • EXIGIR GARANTÍAS DE SEGURIDAD Y LIBRE TRÁNSITO PARA QUE LA CARAVANA “BETY CARIÑO Y JIRI JAAKKOLA” PUEDA REALIZAR SU MISIÓN HUMANITARIA EL DÍA MARTES 8 DE JUNIO.

Enviar sus llamamientos a:

Lic. Felipe de Jesús Calderón Hinojosa

Presidente Constitucional de la República Mexicana

Residencia Oficial de los Pinos, Casa Miguel Alemán, Col. San Miguel Chapultepec, C.P. 11850, México DF. Tel: +52 55 27891100; Fax: +52  55 527 72 376. E-mail: felipe.calderon@presidencia.gob.mx

Lic. Fernando Francisco Gómez-Mont Urueta

Secretario de Gobernación

Bucareli 99, 1er. piso, Col. Juárez, Delegación Cuauhtémoc, México D.F., C.P. 06600, México, FAX +52 (55) 5093 34 14. E-mail: secretario@segob.gob.mx

Lic. Arturo Chávez Chávez

Procurador General de la República

Procuraduría General de la República, Paseo de la Reforma nº 211-213, Piso 16, Col. Cuauhtémoc, Del. Cuauhtémoc, México D.F., C.P. 06500, Fax: +52 55 53 46 09 08; + 52 55 27 89 11 13 (si responde una voz, digan: “tono de fax, por favor”), E-Mail: ofproc@pgr.gob.mxwmaster@pgr.gob.mx.

Embajada de la República de Finlandia en México

S.E. Sra. Ulla Marianna Vaisto,

Embajadora Extraordinaria y Plenipotenciaria

Monte Pelvoux 111, piso 4, Lomas de Chaputlepec, 11000 México DF

Tel. +52 (55) 5540 6036 Fax +52 (55) 5540 0114 E-mail: finmex@prodigy.net.mx sanomat.mex@formin.fi

Embajada de la República Federal de Alemania en México

S.E. Sr. Roland Michael Wegener,

Embajador Extraordinario y Plenipotenciario

Horacio 1506, Col. Los Morales, 11530 México D.F.

Tel.+52 (55) 5283 2200 Fax +52 (55) 5281 2588 E-mail: info@mexi.diplo.de

Embajada del Reino de Bélgica en México

S.E. Sr. Boudewijn E. G. Dereymaeker,

Embajador Extraordinario y Plenipotenciario

Alfredo Musset 41, Col. Polanco, 11550 México DF

Tel. +52 (55) 5280 0758; fax +52 (55) 5280 0208 E-mail: mexico@diplobel.fed.be

Embajada de la República Italiana en México

S.E. Sr. Roberto Spinelli,

Embajador Extraordinario y Plenipotenciario

Paseo de las Palmas 1994, Col. Lomas de Chapultepec, 11000 México DF

Tel. +52 (55) 5596 3655 Fax +52 (55) 5596 2472 y 5596 7710

E-mail: segreteria.messico@esteri.it

Lic. Ulises Ruiz Ortiz

Gobernador Constitucional del Estado de Oaxaca

E-mail: gobernador@oaxaca.gob.mx

Fax:   (+52) 5020530

Lic. Ma. De la Luz Candelaria Chiñas

Procuradora General de Justicia del Estado de Oaxaca

Fax. 01951 5115174, 019515115121

E-mail: procuraduria7@oaxaca.gob.mx

Lic. Javier Rueda Vázquez

Secretario de Seguridad Pública del Estado de Oaxaca

Heroico Colegio Militar 317

Reforma, 68050 Oaxaca, 01 951 132 5748

Dr. Raúl Plascencia Villanueva

Presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos

(55) 56 81 71 99, E-mail: correo@cndh.gob.mx

Dr. José  Antonio Guevara Bermúdez

Titular de la Unidad para la Promoción y Defensa de los Derechos Humanos – SEGOB

Av. Paseo de la Reforma 99 Piso 19 Tabacalera, Cuauhtémoc, Distrito Federal, 06030, Tel: (55) 5551-28-00 Ext: 11863, E-mail: jguevara@segob.gob.mx

S.E. Sr. Juan José  Gómez Camacho

Misión Permanente de México ante las Oficinas de Naciones Unidas en Ginebra

Fax +41 (22) 748 0708, E-mail: mission.mexico@ties.itu.int

S.E. Sra. Sandra Camila Fuentes-Berain Villenave

Embajadora de México ante las Comunidades Europeas y Observadora Permanente en el Consejo de Europa

Fax +32 2 644 08 19 Tel. +32 (2) 629 0777 E-mail: embamex@embamex.eu

Sr. Alberto Brunori

Representante en México de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos

Fax +52 (55) 5061 6358; E-mail: oacnudh@ohchr.org

Sr. Santiago Cantón

Secretario Ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos

Fax +1 (202) 458 3992 E-mail: cidhoea@oas.org

Sra. Navanethem Pillay

Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos

Fax +41 22 917 9000 E-mail: civilsocietyunit@ohchr.org

Favor de marcar copia de sus escritos a:

Centro Regional de Derechos Humanos “Bartolomé Carrasco Briseño” A. C.

Mariano Azuela 203, Col. José Vasconcelos, C. P. 68120, Oaxaca México

Tel/Fax (01951) 51 4 16 34, E-Mail: barcadh09@gmail.com

Mpo. Autónomo S. Juan Coapala: Caravana Humanitaria “Bety Cariño/Jyri Jaakkola” a S. Juan Copala, Oax. 8 jun 2010.

A los pueblos indígenas de México y del mundo
A los comunicadores y medios de comunicación
A la opinión publica nacional internacional
A los organismos de Derechos Humanos nacionales internacionales
Al movimiento social, organizaciones democráticas al pueblo de México y del mundo
A la otra Campaña
A las mujeres y hombres que sueñan en un mejor mañana y un mundo diferente.

Las comunidades, colonias y personas que integran el Municipio Autónomo de San Juan Cópala hemos sufrido durante los meses recientes una escalada de embates violentos en nuestra contra, la gente que esta comprometida con este proyecto ha resistido valientemente y aquellas personas que confian en nuestro destino como pueblo indígena se han arriesgado junto con nosotros para defenderlo a toda costa.

Un claro ejemplo de ello fue la lamentable pérdida de Bety Cariño y Jyri Jaakkola en el ataque armado a la caravana humanitaria del pasado 27 de abril, quienes expusieron sus propias vidas con tal de informar al mundo las condiciones infrahumanas en que viven los pobladores de San Juan Copala, asediados por el acecho militar de un grupo paramilitar que asola día y noche a nuestros compañeros y compañeras.

Porque el mundo necesita conocer estas condiciones y conocer la complicidad de las autoridades del gobierno de Oaxaca con este grupo paramilitar, es que hacemos un llamado nuevamente a la comunidad nacional e internacional, a todos los países del mundo para romper de una buena vez el cerco paramilitar en donde viven mas de 70 familias que se encuentran en condiciones inhumanas y en condiciones de violación permanente a sus derechos, al ejercicio de su propias formas de organización social, política y cultural y al pleno ejercicio de su vida y convivencia comunitaria..

Porque el silencio no puede ser impuesto por el ruido de las armas: Convocamos a La caravana humanitaria “Bety Cariño y Jyri Jaakkola” que se realizara el día 8 de junio de 2010 rectificando a tod@s que no será el día 30 de mayo como fue publicado en algunos medios de comunicación, debido a que se necesita buscar y asegurar el acopio de alimentos y víveres suficiente para estas familias por varias semanas mas y sobre todo para conseguir las condiciones de seguridad indispensables para su realización y no poner en riesgo a ninguna de las personas que decidan acompañarnos.

Las condiciones humanitarias son extremas por lo que la gente no aguanta mas, sin agua, luz, ni alimentos, las familias necesitan de nuestro apoyo y solidaridad, por lo que pedimos que se coordinen las organizaciones de derechos humanos nacionales e internacionales y se sumen a la convocatoria inicial que pedimos coordinar al Centro de Derechos Humanos “Bartolome Carrasco” de Oaxaca (BARCA), es especial solicitamos la incorporación de la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos Todos los Derechos para Todos y todas, al Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez y al Centro Nacional de Comunicación Social, para que en conjunto puedan coberturar la caravana y llevar a buen puerto esta misión humanitaria.

Hacemos un llamado también a la Cruz Roja Internacional, a Amnistía Internacional, a Brigadas Internacionales de Paz y a la oficina de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos de la ONU en México a sumarse en la medida de sus posibilidades a esta caravana.

A los medios de comunicación nacionales e internacionales, comprometidos con la verdad, para que documenten y verifiquen la realidad de San Juan Copala, para que le cuenten al Mundo como viven los sometidos y explotados de México y Oaxaca, para que vean de primera mano las condiciones inhumanas que Bety Cariño y Jyri Jaakkola qusieron documentar perdiendo la vida en ello.

La integridad y seguridad de todos y todas las que acompañen esta caravana es únicamente del Estado Mexicano en su conjunto, los derechos tutelados en nuestra constitución y en los tratados internacionales no pueden ser limitados por grupos paramilitares o gobiernos corruptos.

La Caravana Humanitaria “Bety Cariño y Jyri Jaakkola” logrará romper el cerco paramilitar y salvarles la vida a más de 70 familias que están sobreviviendo en condiciones inhumanas.

¡Porque los derechos del pueblo Triqui no están bajo el control de ningún grupo paramilitar!

¡Porque la justicia y la paz solo se alcanzan construyendo desde abajo!

¡Todas y todos a San Juan Copala el próximo 8 de junio!

Autoridades del Municipio Autónomo de San Juan Copala


@twewwter

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