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La publicación de estudios científicos, bajo escrutinio.

Probablemente es del conocimiento de nuestros lectores la existencia de un estudio científico realizado por un grupo de investigadores franceses, liderado por el profesor Gilles-Eric Séralini. Dicho estudio fue publicado en septiembre de 2012 en la importante revista científica internacional ‘Food and Chemical Toxicology’ (FCT).

El estudio publicado en FCT ha sido el experimento de mayor duración realizado (2 años) sobre el efecto del herbicida ‘Roundup’ y el maíz transgénico NK603 -modificado para tolerar dicho herbicida- ambos productos de la compañía transnacional Monsanto. Dicho estudio fue realizado en ratas y en él se reportó una mayor incidencia de afectaciones en el hígado, riñones, aparición de más tumores y a edad más temprana, así como la muerte prematura de algunos ejemplares alimentados con maíz transgénico y el mencionado herbicida. Sobra decir que la investigación generó una gran polémica en el mundo científico, en la industria agroalimentaria, y en general en los consumidores.

A finales del mes de noviembre, se dio a conocer la noticia de que la revista que había publicado el estudio del Dr Séralini y colaboradores retiraban (retractamiento) la publicación de este estudio de la revista FCT por razones que, de acuerdo a la opinión de científicos críticos, carece de fundamentos científicos, son inéticas e incluso ilegales, y de ser un ataque a la ciencia independiente, además de poner nuevamente bajo los reflectores el control que corporaciones transnacionales, en este caso semilleras, podrían ejercer en el mundo científico, desde universidades públicas hasta la publicación de estudios críticos.

En un comunicado, el Dr Wallace Hayes -editor en jefe de la revista FCT- menciona que después de realizar nuevamente un estudio ‘exhaustivo’ de los resultados de Séralini, no se ha encontrado ninguna evidencia de fraude o manipulación intencional de los datos generados durante el estudio. Sin embargo, menciona solamente una razón para retractar el estudio: ‘los resultados, aunque no son incorrectos, no son concluyentes’. Hayes menciona que los resultados no son concluyentes por el reducido número de animales usado para el estudio y particularmente por la variedad de ratas utilizadas para dicho estudio (la variedad Sprague-Dawley).

Debe mencionarse también que originalmente el estudio de Séralini fue publicado en 2012 en FCT después de ser revisado por 5 árbitros científicos (referees) cuando normalmente los estudios son revisados por 2 o 3.

Vale la pena analizar con mayor profundidad algunos de los argumentes presentados por ‘Food and Chemical Toxicology’ para retractar el estudio de Séralini.

La variedad de ratas Sprague-Dawley utilizadas en el estudio del grupo francés son las más comúnmente usadas para estudios toxicológicos, además, en este tipo de estudios es aceptable usar 10 animales por grupo, mientras que para estudios sobre cáncer se recomienda un número mayor de individuos debido a que esta enfermedad es menos común y probablemente más difícil de detectar, así al aumentar el número de individuos evaluados, se disminuye la posibilidad de detectar falsos negativos. Con respecto a la aparición de tumores, esta variedad de ratas desarrollan tumoraciones espontáneamente, por lo que un aumento en la incidencia es indicativa de efectos provocados por el tratamiento experimental, es por esto que dicha variedad de ratas es usada en estudios toxicológicos. La misma variedad de ratas fueron utilizadas en estudios científicos de otros grupos y que finalmente fueron publicados en FCT en los años 2007, 2005, 2002, 1997.

Inevitablemente llama la atención el hecho de que por lo menos un estudio que propone la inocuidad del maíz transgénico, publicado en FCT no generó mayor debate, ni llamó tanto la atención, ni fue sujeto de un estudio tan ‘exhaustivo’ por parte de los editores de la revista, aunque se trataba de estudios de la inocuidad de maíz transgénico en ratas (¡la misma variedad de ratas usadas en el estudio de Séralini!). Uno de estos estudios fue usado como argumento para que Monsanto obtuviera una autorización para su maíz modificado (Hammond, B.G., Dudek, R., Lemen, J.K., Nemeth, M.A., 2006b. Results of a 90-day safety assurance study with rats fed grain from corn borer-protected corn. Food Chem Toxicol 44, 1092-1099).

El factor Goodman

Otro hecho que levanta sospecha sobre los motivos para el retractamiento del estudio de Séralini es que Richard E. Goodman, antiguo profesor del Programa de Investigación en alergias alimentarias de la Universidad de Nebraska, y también ex empleado de Monsanto entre 1997 y 2004 -con quien publicó estudios sobre la alergenicidad de los cultivos transgénicos-, fuera contratado a principios de 2013 como ‘Editor asociado en Biotecnología’ por la revista FCT, aunque esta ya contaba con la asesoría experta del Dr José L. Domingo, profesor de Toxicología y Salud Ambiental. No hay pruebas de que el Dr Goodman tenga responsabilidad en el proceso que retiró el estudio del Dr Séralini de FCT, pero llama la atención el hecho de su contrato con la revista poco tiempo después de la publicación del estudio de Séralini y pone alertas ante la potencial influencia de las corporaciones sobre las juntas editoriales de revistas científicas.

La falta de conclusiones definitivas no es un fundamento para retirar un artículo científico ya publicado. El obtener conclusiones definitivas de una investigación científica es un hecho más bien raro, y por lo mismo, la decisión sobre la definitividad de las conclusiones de un estudio científico no debería estar limitada a un editor o grupo editorial. De hecho, el avance de la ciencia se nutre de los nuevos cuestionamientos que surgen a partir de investigaciones científicas previas. De ahí que deban promoverse y financiarse investigaciones serias, críticas e independientes para sumar argumentos al debate, en este caso, de los cultivos transgénicos. Quedan las preguntas: ¿Qué propósito o sentido tendrá el proceso de revisión rigurosa, científica y arbitrada en el contexto de que se haya retractado un estudio ya publicado? ¿Qué sucederá si en estudios futuros se confirman los resultados encontrados por Séralini?

Dado que actualmente se pregona que la ciencia puede ser una herramienta que ayude a resolver los problemas por los que atravesamos, la sociedad debe estar atenta a las investigaciones científicas que se realizan tanto en nuestro país como a nivel mundial y que muchas veces se autoproclaman como avances para la humanidad.

Un punto muy importante a considerar es que hasta ahora las publicaciones derivadas de investigaciones científicas hechas en México son realizadas mayormente en instituciones públicas, a partir de los presupuestos otorgados por el gobierno, que a su vez provienen de los impuestos que pagan las y los ciudadanos. Tenemos el derecho de saber qué investigación científica se hace, y los resultados de ésta. Estemos atentos.

http://pagina3.mx/al-grano/12511-la-publicacion-de-estudios-cientificos-bajo-escrutinio.html

Violencia contra el maíz, la soberanía alimentaria y la autonomía.

cartel audiencia temática maíz

 

El maíz no es una cosa, un producto; es un tramado de relaciones, es la vida de millones de campesinos cuyo centro civilizatorio milenario es la comunidad y la vida en la siembra.

Siendo México centro de origen del maíz, uno de los cuatro alimentos cruciales para la humanidad, los ataques al maíz y a los pueblos que lo cultivan, son un ataque contra las estrategias más antiguas y con más posibilidades de futuro de la humanidad.

TPP Maíz Programa al público1

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“Cultivos transgénicos: El caso de México con énfasis en el maíz”

Tribunal Permanente de los Pueblos Capítulo México

Invitación a la preaudiencia científica

“Cultivos transgénicos: El caso de México con énfasis en el maíz”

que se llevará a cabo los días 12, 13 y 14 de noviembre

en el Auditorio Alberto Barajas Celis,

Facultad de Ciencias, UNAM

Cartel_Preaudiencia_maiz

El transgénico de la discordia.

Alineado con las empresas transnacionales más grandes del mundo que producen maíz transgénico como son Semillas y Agroproductos Monsanto, S. A. de C.V.; Dow AgroSciences de México, S.A. de C.V.; PHI México, S.A. de C.V. y Sygenta Agro S.A . de  C.V.; el gobierno de Enrique Peña Nieto litiga a favor de ellas para que un magistrado federal levante la restricción de “siembra” y les permita inundar dos millones de hectáreas del norte del país con su semilla modificada.

En un hecho histórico, el pasado 17 de septiembre el Juzgado XII de distrito en materia civil en el Distrito Federal aceptó la demanda de “acción colectiva” promovida 50 personas morales y 20 organizaciones sociales resolviendo en su beneficio al otorgarles una “medida precautoria” que en los hechos significó detener la entrega de permisos de siembra de maíz transgénico por parte de las autoridades federales.

El recurso de la colectividad, representada por Adelita San Vicente Telles, directora de la fundación Semillas A.C. y René Sánchez Galindo, abogado de Colectivas A.C., fue notificado a Sagarpa y Semarnat el 3 y 4 de octubre; de inmediato, sus titulares Enrique Martínez y Martínez y Juan José guerra Abud, –cercanos colaboradores del Ejecutivo Federal–, ordenaron a sus áreas jurídicas apelar la resolución, ganarla y entregar lo más pronto posible los permisos para siembra de maíz transgénico. Así lo demuestran documentos en poder del semanario.

Se trata de los dos recursos de apelación de 25 fojas cada uno presentados el 9 de octubre por Sagarpa y el 10 de octubre por Semarnat ante el Segundo Tribunal Unitario en Materia Civil y Administrativo del Primer Circuito, donde demandan “revocar” el congelamiento de los permisos para siembra.

Los argumentos de ambas dependencias federales van desde la violación a su derecho de audiencia hasta el que se les coartan sus facultades para regular este tipo de actividades.

Luego de mostrarle ambas apelaciones, el abogado defensor de la colectividad, René Sánchez Galindo acusa al gobierno de litigar en favor de la empresa; a su vez, la representante de la “acción colectiva”, San Vicente Telles ofrece datos que muestran los vínculos que hay entre ex empleados de las transnacionales y quienes durante el sexenio de Calderón o de Peña Nieto ocuparon u ocupan posiciones en órganos claves para autorizar permisos ya sea en etapa experimental, piloto o de siembra.

Un juez incongruente: gobierno

Antes que las afectadas directas por la suspensión de los permisos de siembra, Monsanto, Dow Agrosciencies, Syngenta o PHI, el gobierno de Peña Nieto se apresuró a defenderlas al exigir ante el II Tribunal Unitario la revocación de la medida precautoria.

En la apelación de 25 fojas encabezada por la abogada de Sagarpa, Mireille Roccatti Velazquez,  sostiene que el juez “no observó” los artículos 219, 222, 610 y 611 del código Federal de Procedimientos Civiles; en especial que antes de dictar la medida precautoria el juez debe “dar vista por tres días a la parte demandada para que manifieste lo que a su derecho convenga y solicitará opinión de órganos competentes”.

Y añade en su página seis, “…ese tribunal de Apelación podrá advertir que el acuerdo que se impugna es ilegal, toda vez que de los autos que integran el cuaderno relativo a  la medida precautoria solicitada por la colectividad actora, no se observa que haya otorgado a mi representada su garantía de audiencia prevista en el artículo 11 del código…y menos aún que se haya allegado de la opinión de los organismos competentes en la materia”.

Y sigue: “dos requisitos que el A quo (juez) debió desahogar de manera obligatoria, pues el precepto legal en estudio no señala como acto potestativo el que el juez ‘podrá’ dar vista a las medidas precautorias solicitadas, ni indica que podrá” allegarse de la opinión de organismos…sino que el juzgador ‘deberá’ otorgar la citada garantía de audiencia y  ’solicitará’ la opinión; de ahí lo ilegal del acuerdo apelado”.

Roccatti alega que el juez “indebidamente” únicamente tomó en consideración los argumentos expuestos por la colectividad actora, pero el código Federal de Procedimientos civiles dispone de manera precisa cuáles son los requisitos que habrán de colmarse por parte del juzgador….las cuales dejó de observar en perjuicio de mi representada”.

Por lo que hace a Semarnat, el representante legal Mario Moreno García en su recurso de apelación entregado el 10 de octubre al Tribunal Unitario alega que se violaron los artículos 585, 610  y 611 del mismo Código “y en contra de los principios de congruencia y exhaustividad que toda resolución…debe colmar”.

Luego insiste en el mismo argumento de que se debió dar vista en un plazo de tres días “y solicitarse la opinión tecno-científica de los organismos competentes” como es la Procuraduría Federal e Protección al Medio Ambiente.

“Estamos”, dice el abogado Moreno García, “en presencia de un procedimiento en materia civil que es de estricto derecho, es decir, debe de resolverse conforme a la letra de la ley” en términos del 19 del Código Civil Federal y 14, último párrafo de la Constitución que “consagra la garantía o derecho humano de previa audiencia con relación a los actos de privación por parte de la autoridad”.

Luego alega que la resolución “causa agravio a esta autoridad recurrente…en virtud de que atenta contra los principios de congruencia y exhaustividad”.

La Sagarpa en su alegato destaca que la solicitud de liberación de permisos en etapa comercial de organismo genéticamente modificados “queda comprendida dentro de las facultades de Sagarpa”.

Los procedimientos seguidos por las autoridades, agrega en la pagina 18 del recurso de apelación, “constituyen un motivo de daño a la parte actora o al medio ambiente sino las actividades clandestinas o realizadas en inobservancia del marco legal, pues podrían constituir un riesgo al realizarse sin observar las directrices establecidas”. Y como el otorgamiento de los permisos buscan el que éstos se lleven a cabo de la forma, en los lugares y zonas conforme lo determina la ley de Bioseguridad (…) y en el caso a estudios con el otorgamiento de la medida precautoria solicitada, “se coartan las facultades de las autoridades codemandadas en la instancia para regular las actividades inherentes a organismos genéticamente modificados, (…) es decir, va en contra de la propia naturaleza de dichas medidas precautorias…”.

Por todo lo anterior, tanto Sagarpa como Semarnat piden “revocar o modificar” la suspensión de permisos para la siembra de maíz transgénico.

La demanda incluye a las cuatro empresas ya mencionadas, Monsanto, Dow Agrosciences, PHI y Syngenta, sin embargo las tres primeras se negaron a recibir la notificación que les entregó el actuario en donde se les participa de la detención de la siembra, en tanto que la última sí la recibió pero no a realizado acción alguna contra la resolución del juez.

Una de las críticas que hace la representante de la colectividad, Adelita San Vicente Tello, es que se haga una revisión del “conflicto de intereses” en que pudieran caer los encargados de realizar las indagaciones por parte del gobierno e incluso de los investigadores que certifican a las transnacionales sobre el no daño al medio ambiente y el humano que puede provocar el uso de maíz transgénico y su relación con las transnacionales que buscan la siembra.

Así por ejemplo recuerda que Bruno Ferrari fue el encargado de la venta de Seminis a Monsanto para en 2007 ser nombrado por Felipe Calderón como titular de la Unidad de Relaciones Económicas y Cooperación Internacional de la Secretaría de Relaciones Exteriores; en enero de 2008 se va a director general de Promexico y en julio de 2010 es nombrado titular de la Secretaría de Economía desde donde se autorizan los cupos de importación y exportación de diversos alimentos.

Con la aprobación en 2005 de la Ley de Bioseguridad de Organismos Genéticamente Modificados, durante el sexenio de Felipe Calderón las cuatro transnacionales mencionadas empezaron a solicitar y a recibir permisos para la “experimentación”, primero y luego prueba “piloto” de siembra de maíz transgénico.

Del 2009 al 20012 se recibieron 186 solicitudes y autorizaron 114 permisos, según datos del Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (Senasica) de Sagarpa, una de las dependencias del gobierno encargada de clasificar autorizar los permisos y el número de hectáreas autorizadas.

Aquí en Senasica, reclama San Vicente, pero en la dirección de Bioseguridad para organismos genéticamente modificados estaba Silvia Elena Rojas Villegas quien antes había sido empleada de la transnacional PHI y en su gestión al frente de la dirección esta empresa recibió permisos al igual que Dow Agrosciences.

Además está la Coordinación de análisis de Riesgo y Bioseguridad (Conabio) la cual tiene a su cargo la Comisión Intersecretarial de Bioseguridad de los Organismos Genéticamente Modificados (Cibiogem) que está vinculado a la dirección general del Conacyt. La Cibiogem tiene un secretariado ejecutivo que en los hechos es la cabeza del organismo, el reclamo de Adelita San Vicente es que desde abril de 2007 al frente de Cibiogem estuvo Ariel Álvarez Morales y todavía en marzo de 2013 figuraba como secretariado ejecutivo. Hoy, en su página de internet, aparece vacante.

Lo grave del caso, dice San Vicente es que antes de llegar al cargo, Ariel Álvarez desde su puesto de académico en el Centro de Investigación de Estudios Avanzados (Cinvestav) perteneciente al Politécnico Nacional “respaldó los primeros permisos que pidió Monsanto porque las empresas siempre deben contar con un respaldo técnico. Más aún, desde el sexenio de Vicente Fox, él presentó un proyecto “maestro de maíz” que curiosamente heredó su nombre a un proyecto que Monsanto tiene con la Confederación Nacional Campesina, sector del PRI y del cual reciben millonarios recursos”. Otro personaje, que en su momento también denunció Adelita San Vicente es Sandra Patricia Piña Salinas quien en el sexenio pasado estuvo al frente de la Dirección de Políticas y Normatividad de la Cibiogem y antes, fue coordinadora técnica de Agrobio México, asociación que aglutina a las empresas transnacionales que impulsan el maíz transgénico.

Hoy en ese puesto está Sol Ortiz, un personaje que a decir de San Vicente cuenta con laboratorios para detección de transgénicos aunque rechaza tener conocimiento de una posible vinculación con las transnacionales.

Y para cerrar con broche de oro entre proclives de los transgénicos e instituciones de gobierno está el químico Bolívar Zapata, quien según San Vicente creó un transgénico. Este reconocido científico fungió como coordinador de Ciencia y Tecnología en el equipo de transición de Enrique Peña Nieto y el pasado 4 de enero lo nombró “enlace entre la Presidencia de la República y el Conacyt”, el mismo al que está vinculada la Cibiogem, organismo público.

En juego un billón de dólares

Lo que está en juego en términos monetarios con la autorización de siembra para el comercio del maíz transgénico, explica Víctor Suárez, director de la Asociación Nacional de Empresas Comercializadoras de Productores del Campo (ANEC), son mil 200 millones de dólares, porque no sólo es la venta de la semilla transgénica sino también del herbicida que forzosamente se tendría que utilizar porque tiene el gen que resiste a las plagas.

Denuncia que la CNC, sector del PRI, ha respaldado la siembra del maíz transgénico mediante un convenio de Monsanto en donde recibe por lo menos un millón de dólares al año a través de la confederación Nacional de Productores Agrícolas de Maíz, y donde se comprometen a cuidar en el sur el país al maíz criollo mientras que Monsanto va por las hectáreas del norte para el transgénico.

Detalla que en el norte del país hay 2 millones de hectáreas para siembra de maíz transgénico en zonas de Sinaloa, Tamaulipas y Sonora. “Es la superficie más comercial, que tiene sistema de riego y usa semillas híbridas de maíz y la que tiene mayor desarrollo tecnológico. Los productores se niegan a usar maíz transgénico porque obtienen más tonelaje con el híbrido”.

Aparte están 800 mil hectáreas en Jalisco, Nayarit, Guanajuato que son de temporal y son de ciclo para siembra primavera-verano.

El doctor Antonio Turrent Fernández, presidente de la Unión de Científicos Comprometidos con la Sociedad y un estudioso de los efectos negativos de los productos transgénicos, destaca que gracias a la suspensión precautoria que otorgó el juez a la colectividad en septiembre pasado, es que se pudo detener la siembra de 2 millones de hectáreas en la zona norte del país y la cual empieza su ciclo en otoño-invierno.

En una amplia explicación, el doctor trae a colación varios experimentos que se han hecho con ratas y cerdos alimentadas con maíz transgénico, pues este último es quien tiene el modelo de mamíferos más parecido al de los humanos. Los resultados en un corto periodo de tiempo fueron la presencia de cáncer y hubieron de ser sacrificados antes de su periodo normal de vida.

Aclara que lo hallado fue que el mal “estuvo asociado en mayor frecuencia con individuos alimentados con maíz transgénico, esto no prueba que el consumo del transgénico le causó el cáncer, lo que prueba es que se asoció” y eso ya es grave.

Otro aspecto es que se afectan los mantos acuíferos. Pero además de los efectos nocivos para el humano que aún esta en prueba experimental es el daño grave a la planta nativa del maíz, al criollo y al híbrido que al mezclase con la polinización se contamina del gen transmutado, pero no sólo eso, está en cámara de diputados una minuta, avalada ya en Senado, que establece que al tener un productor un maíz que tiene su gen se le podrían cobrar regalías, es decir, se aprobaría la patente el maíz transgénico.

 Por

Jesusa Cervantes.

http://www.proceso.com.mx

Número: 1930.

Victor M. Toledo: Ciencia traicionada.

Más que embustero, engañoso, tramposo o falso, el que miente se define mejor como aquel que falta a la verdad. Una mujer u hombre de ciencia es un miembro de la sociedad que se ha formado y especializado en el uso del pensamiento objetivo, la aplicación impecable de la razón, la artesanía de la lógica. Su calidad se mide por su capacidad para dejar fuera de sus observaciones y análisis los valores subjetivos. Esta premisa opera como fantasma vigilante sobre las acciones y actitudes de todo investigador. A los científicos suele acusárseles de racionalistas, cuando llevan al extremo su mirada racional, y es una rareza afirmar que un científico miente. Y sin embargo, este panorama idealizado del quehacer científico se ve frecuentemente negado por la realidad. Más aún cuando el aparato científico y tecnológico se ve cooptado, dominado y conducido por los intereses estrictamente mercantiles de las empresas y las corporaciones, es decir, cuando el conocimiento se privatiza y deja de ser social y público.

En México, estas rarezas existen y persisten. Un ejemplo notable es el de los académicos dedicados a investigar y producir organismos genéticamente modificados (OGM). Esta rama de la biotecnología se encuentra impulsada y dominada por gigantescas corporaciones, como Monsanto, Bayer, Syngenta, Pioneer y Dow. Algunos, quizás muchos, de los investigadores dedicados al tema poseen acciones en una o más de una de esas compañías, generando lo que se denomina un conflicto de interés. A manera de ejemplo hacemos un breve recuento de afirmaciones realizadas reiteradamente por el prestigiado investigador Francisco Bolívar Zapata, tomadas de varias conferencias como las ofrecidas el 26 de abril de 2013 en la Facultad de Química de la UNAM, y el 20 de septiembre pasado en la Judicatura Federal.

“Gracias a los transgénicos, ahora se podrán combatir todas las plagas de las siembras (…) ahora tenemos la oportunidad de producir alimentos que no necesitarán esas sustancias plaguicidas, porque ya está probado que las siembras de transgénicos, no utilizan ninguna forma de plaguicida” (…) Además, está probado, que los OGM no afectan la biodiversidad” (…)Está probado que la alimentación con transgénicos es totalmente sana. No existen pruebas sólidas de problemas de salud” (…) Se habla mucho de un estudio que hicieron en Francia, por un tal Seralini” que no tiene ningún valor científico, porque usó ratas que de por sí se producen cáncer” (…) Existen las compañías que producen plaguicidas, y como los transgénicos ya no los necesitan, están desesperadas por volver a tomar el mercado (Por ello) esos grupos que están queriendo detener los transgénicos (…) son grupos pagados por las compañías productoras de plaguicidas.”

Veamos qué dice la evidencia científica*. Tanto el maíz como la soya genéticamente modificados requieren de un herbicida al que son tolerantes y que es producido por las mismas compañías: el glifosato. Dado que es común la aparición de malezas resistentes a ese herbicida, los cultivos transgénicos requieren de más pesticidas como el paraquat (prohibido en Europa), la atrazina y el 2,4 D. En el caso de Sudamérica, donde la soya transgénica se ha expandido explosivamente, existe una correlación directa con el incremento de los pesticidas. En 2010, casi la mitad de las ventas de pesticidas de Brasil fueron para los cultivos de soya, y en Argentina, Bolivia y Uruguay la cantidad de glifosato utilizado rebasó los 225 millones de litros. Las aplicaciones se realizan con avionetas fumigadoras y con grandes maquinarias que rocían los campos.

Muchas de las áreas cultivadas se encuentran literalmente pegadas a pueblos o bordes de ciudades, por lo que los agroquímicos son dispersados sobre casas, escuelas u hospitales. En Argentina, el primer Encuentro Nacional de Médicos de Pueblos Fumigados (2010) denunció que se han incrementado las enfermedades graves vinculadas a los agroquímicos.

La expansión de los OGM ha devastado la biodiversidad, especialmente en las regiones tropicales. Piense el lector lo que significa desaparecer toda la variedad de especies vegetales y animales en una superficie de 43 millones de hectáreas, casi la cuarta parte de México, que es la superficie sembrada en Sudamérica con una sola y solitaria especie: ¡soya transgénica! No existe antecedente en la historia natural del planeta de alguna monotonía biológica semejante. Además, el monocultivo soyero ha sido la causa de enormes superficies deforestadas en la amazonía brasileña, Argentina (seis provincias) y Bolivia (cuatro tipos de bosques), así como de la supresión de cultivos dirigidos a la alimentación humana (arroz, maíz, trigo, leche y carne).

En el caso del maíz transgénico su posible siembra comercial resulta una amenaza para la diversidad genética de las 60 variedades originales, resultado de un proceso de domesticación que tomó 7 mil años, las cuales serían contaminadas por el flujo génico. Hoy se investigan otros posibles efectos sobre polinizadores e insectos, como la emblemática mariposa monarca.

Afirmar que los cultivos transgénicos son alimentos sanos resulta temerario. La evidencia del estudio publicado por un grupo francés encabezado por Gilles-Eric Séralini en 2012, que alimentó ratas durante toda su vida con granos de maíz de Monsanto MON NK603 llama al menos a ser precavidos. Las ratas del laboratorio generaron tumores de mama (hembras) y sufrieron daños severos al hígado y al riñón (machos) que les provocaron la muerte.

Monsanto pretende introducir el mismo grano en el norte de México (Sinaloa, Chihuahua, Durango y Tamaulipas) en un país cuyos ciudadanos consumen cada año 12 millones de toneladas de maíz. Finalmente nadie, y menos un académico, puede ignorar a los más de 2 millones de ciudadanos que salieron a las calles de 436 ciudades de 52 países para protestar contra Monsanto y los alimentos transgénicos el 24 de mayo de este año, acto a escala global que se repitió el pasado 12 de octubre. ¿O acaso tendrán las compañías productoras de plaguicidas capacidad de compra sobre esos millones?

Además de haber sido creador y fundador del Instituto de Biotecnología de la UNAM, el científico Bolívar Zapata ha sido miembro de la Junta Directiva de la UAM, la UNAM y el Conacyt. En 1994 ingresó como miembro de El Colegio Nacional y fue presidente de la Academia Mexicana de Ciencias. Sus innumerables distinciones lo convierten en el científico mexicano más premiado de toda la historia. Destacan dos premios nacionales, el Premio Príncipe de Asturias de España y el premio de The Third World Academy of Sciences. Apenas el pasado 2 de abril, el Presidente de México lo nombró coordinador de Ciencia, Tecnología e Innovación de la Presidencia. Su trayectoria es impecable y más que brillante. ¿Entonces? Lo único que sabemos es que su caso no es único. Ahí están los premios Nobel William Schockley y James Watson, el descubridor del ADN, denostados por sus declaraciones racistas. Hoy la única garantía es una ciencia con ética y científicos comprometidos con la sociedad y con la naturaleza. Ni más… ni menos.

http://www.jornada.unam.mx/2013/10/21/opinion/020a2pol

Entrevista a Silvia Ribeiro: Las transnacionales alimentarias.

Dictamen: Preaudiencia Nacional ‘Contaminación Transgénica del Maíz Nativo’ abril, 2013.

Dictamen que presentan Camila Montecinos, Joel Aquino y Gustavo Esteva dictaminadores en la Preaudiencia Nacional: ‘Contaminación Transgénica del Maíz Nativo’, celebrado en San Luis Beltrán Oaxaca, Oaxaca, los días 26 y 27 de abril de 2013.

©FulvioEccardimaíz

A pesar de todo lo que han hecho sucesivos gobiernos para desmantelar la Constitución Política de México, el pacto social y político y el proyecto de nación que mexicanas y mexicanos definieron hace casi 100 años sigue siendo su Carta Magna: un documento que es aún fuente de derecho y de unión para ellas y ellos.

El artículo 39 de la Constitución establece que la soberanía nacional pertenece esencial y originariamente al pueblo de México. Pertenece a todos y cada uno de quienes vinieron a presentar aquí sus casos y a rendir sus testimonios. No son representantes de mexicanos y mexicanos. Son pueblo mexicano. Son los titulares de la soberanía nacional.

Desde esa condición han acudido a esta pre-audiencia a denunciar la violación sistemática de la soberanía de la que son titulares por parte de quienes la propia Constitución designa como garantes de esa soberanía.

Hemos escuchado atentamente los casos y testimonios, sólidamente sustentados, que demuestran este hecho de extrema gravedad: buena parte del territorio mexicano al que se refiere la soberanía —un territorio que por miles de años han cuidado y protegido los pobladores originarios mediante tradiciones de responsabilidad que continúan los actuales titulares de la soberanía—, ha sido entregado a intereses privados y entidades extranjeras.

Además del derecho a la cultura, los pueblos indígenas cuentan con el derecho de propiedad sobre los territorios que han ocupado tradicionalmente. El gobierno se ha comportado como propietario de esos territorios, asumiendo dominio sobre ellos. Esta postura pudo tener sentido en el marco del proyecto nacionalista que emanó de la Revolución Mexicana. Representó una posición digna frente al capital extranjero para defender la soberanía nacional. Sin embargo, en vista de que el gobierno mexicano se ha apartado explícitamente del proyecto contenido en la Constitución de 1917, tal postura carece ya de sustento. El gobierno, por ejemplo, está transfiriendo el dominio del subsuelo, por medio de concesiones, a empresas transnacionales, en demérito de la propiedad y posesión indígena sobre sus territorios. Queda claro que para los pueblos indígenas ya no basta con ser propietarios de la superficie de sus tierras y territorios. La siembra de maíz transgénico y la minería afectan la vida misma tanto de indígenas como de no indígenas.

Todo esto implica una desviación de poder, que podemos demostrar con las pruebas que se nos han allegado. Se ha desviado mediante nuevas leyes  y a través de políticas y programas. Los poderes constituidos han empleado sus facultades para desmantelar las leyes y disposiciones que protegen la soberanía y el territorio, lo mismo que los derechos de los campesinos, a fin de acomodarlas a los intereses de corporaciones privadas y entidades extranjeras. Las políticas y programas que han aplicado están claramente en contra de los intereses campesinos y a favor de las mismas corporaciones.

Esta pre-audiencia se concentra en el maíz. Hemos escuchado numerosas expresiones de lo que significa para el pueblo mexicano. He aquí algunas de ellas, que reproducimos textualmente:

* Los oaxaqueños no entenderíamos la vida sin maíz. Es nuestro principal alimento y fundamento de nuestra cultura.

* El maíz es quien cuida a la comunidad. Es quien nos ha permitido vivir y resistir durante miles de años.

* Nosotros los campesinos no tenemos otra opción más que seguir sembrando para continuar nuestra manera de vida.

* No podemos vivir sin maíz, seguiremos luchando por mantener nuestra forma de vida y al maíz en ella.

* Yo quiero dejar mi maíz a mis hijos, a mis nietos, quiero que mis hijos tengan salud, que convivan con el maíz nativo y todo lo que les rodea, el frijol, la calabaza y los quelites porque aquí está la vida.

* Quiero seguir cuidando mi maíz nativo y a mi tierra porque mi maíz y mi tierra son sagrados y eso quiero dejar a mis hijos y a mis nietos.

* El maíz es nuestra vida.

* En el maíz recreamos nuestra espiritualidad como pueblo indígena.

* El maíz es nuestra carne y nuestros huesos; es salud, historia y autonomía.

* El maíz somos nosotros y es patrimonio nacional.

* Producimos maíz para dar vida a nuestras comunidades y a la humanidad

* Nuestra relación con el maíz es sagrada: es el tesoro más preciado que los hombres y mujeres de maíz podemos tener.

Ésa es la experiencia del maíz. Esto es lo que se han negado a ver los gobiernos, en su afán perverso de reducirlo a una cosa, una mercancía, un objeto más que se compra y se vende en el mercado y que puede ofrecerse al mejor postor.

Se nos dijo ayer, en uno de los casos presentados: “Denunciamos el cinismo, la irresponsabilidad y perversidad con la que las instituciones gubernamentales han tratado el problema. Los hombres y mujeres oaxaqueños estamos sembrando nuestros maíces aún en contra de un sistema que quiere acabar con el campo oaxaqueño y mexicano.”

Uno de los crímenes más serios que han cometido los gobiernos mexicanos es el crimen de empeñarse en eliminar a los campesinos, destruyendo de esa manera una sabiduría milenaria que es la base histórica y cultural de la nación.

Desde hace sesenta años esta obsesión parece perseguir a todos los gobernantes. Varios de ellos han llegado a decir que México nunca podrá ser un país moderno mientras más de la tercera parte de la población viva en el campo; repetían, una y otra vez, que debía imitarse el modelo de Estados Unidos, en que sólo 2.5% de la población laboral producía alimentos para el mundo. Varios secretarios de agricultura declararon públicamente que su obligación era deshacerse de millones de campesinos. Y se diseñaron políticas y programas con ese propósito. Varios ejemplos de esa mentalidad criminal se mencionaron en la pre-audiencia.

* Los campesinos lucharon para tener pequeñas tiendas Conasupo en sus comunidades, administradas por ellos mismos, para poder acceder a bajo precio a productos de primera necesidad que no pueden producir. Desde hace muchos años, la red de tiendas de Diconsa, 23 mil establecimientos en 93% de los municipios del país, se usa con un propósito perverso. Con el pretexto de abatir el precio de los alimentos, se ha dedicado a desalentar la producción local de maíz y a crear el riesgo de la contaminación transgénica.

* Uno tras otro se fueron eliminando todos los instrumentos públicos de apoyo al campo creados en función de los compromisos de la revolución. Es cierto que se habían corrompido y que tenían carácter clientelar. Pero representaban una derrama económica para los campesinos, que se acostumbraron a depender de ella. Éste fue uno de sus efectos más negativos, que se padeció inmensamente cuando se cancelaron.

En 1945 era rural el 75% de la población. En medio siglo la proporción se invirtió. Si bien es cierto que muchos campesinos migraron a las ciudades deslumbrados por las luces de neón y las promesas de la modernización, es preciso reconocer que otros muchos fueron literalmente expulsados de sus comunidades, tanto por formas de destrucción ambiental de las que en general no fueron responsables como por políticas y programas que impedían la prosperidad rural y dejaban a los jóvenes sin perspectivas dignas en sus propias comunidades —lo que se convirtió también en un motivo básico de emigración.

La reforma del artículo 27 constitucional, realizada con el abierto propósito de lanzar al mercado la tierra ejidal, estaba claramente asociada con la obsesión de los gobernantes de deshacerse de los campesinos.

La invasión transgénica forma parte de esa estrategia. Como se reveló con toda claridad en los testimonios presentados, el maíz transgénico no ofrece ventaja alguna para los campesinos y el país. Por lo contrario, los cultivos transgénicos se han utilizado como instrumento de control de la agricultura y la destrucción de las bases de la autonomía de los pueblos. Además, ya se demostró en repetidos estudios que la transgenie, por naturaleza, disminuye la producción.

En realidad, la invasión de maíz transgénicoque se ha estado preparando desde el gobierno, al servicio de las corporaciones que lo crearon y lo comercializan, corresponde a una estrategia perversa que fue rigurosamente descrita en la audiencia. Se trata ante todo de controlar el mercado de semillas en México, que representa 200  mil toneladas y  mil 200 millones de dólares al año. Para este fin, se han estado modificando las leyes para beneficio de las grandes corporaciones y perjuicio de los pequeños productores, colocando a éstos al margen de la ley cuando venden o intercambian las semillas que producen.

La otra parte de esta pinza perversa es la que alude a la inseguridad alimentaria. Importamos ya la tercera parte del maíz que consumimos; en unos diez años estaríamos importando la mitad. Se está propalando la ilusión de que el transgénico podría resolver el problema aumentando la producción, lo que carece de todo sustento y nos muestra la gravedad del peligro que se enfrenta. En cinco de los ocho millones de hectáreas dedicadas al maíz no podrían funcionar las semillas transgénicas. En buena parte de la superficie maicera sólo pueden funcionar las semillas nativas. Es este el crimen que se quiere cometer: con la contaminación transgénica se perdería toda capacidad productiva. Si el maíz ya no rinde, si ya no pueden cultivarlo porque todo se ha contaminado y el transgénico no podrá prosperar, los campesinos abandonarán sus tierras. Y esto es, a final de cuentas, lo que acaso se busca. Que las dejen para poder entregarlas a otros intereses.

La contaminación transgénica puede verse como efecto directo del Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Fue descubierta cuando existía una moratoria para el cultivo transgénico. Pero existía una disposición del TLCAN, que propiciaba su libre circulación, bajo la falsa premisa de equivalencia sustancial, es decir, que el transgénico es igual al criollo o al nativo, una premisa también adoptada por los órganos internacionales.

A partir de 2001 las importaciones de maíz crecieron exponencialmente. Aunque estaba protegido en el TLCAN, el gobierno alentó esas importaciones, por encima de las cuotas establecidas y sin cobrar los aranceles pactados. Se realizó así un agresivo dumping a los productores nacionales, desalentándolos, obligándolos a abandonar el cultivo o el campo. Desaparecida la Conasupo, nueve empresas transnacionales absorbieron 50% de las importaciones.

Distribuido por Diconsa, el maíz importado llegó a todas partes. La gente no supo que era transgénico. Traerlo al país era un gran negocio: México no cobraba arancel y Estados Unidos apoyaba con subsidios.

Y es así como un efecto perverso del TLC fue destruir la soberanía alimentaria en las comunidades.

Se trata de un crimen histórico de inmensas proporciones y consecuencias.

Escuchamos testimonios que demuestran fehacientemente que la contaminación transgénica es intencional y representa un desvío del poder, al emplear el aparato estatal a favor de intereses privados.

Los transgénicos son un instrumento corporativo. Pertenecen a seis empresas transnacionales, que forman un oligopolio. Monsanto controla el 85% del mercado.

Todos los transgénicos están protegidos bajo derechos de propiedad intelectual. Reproducirlos y usarlos sin permiso de los titulares de estos derechos constituye un delito. Los genes de Monsanto están patentados. La empresa sabe que la contaminación es inevitable, una vez que se realice la siembra extensa. Será un crimen con premeditación, alevosía y ventaja, porque busca intencionalmente apropiarse de todas las redes alimentarias. En Estados Unidos, Monsanto y Dupont ya han ganado juicios por 23 millones de dólares y arreglos fuera de tribunales por 200 millones de dólares más, por los granos contaminados. Pronto empezarán a demandar a productores mexicanos.

El crimen es aún más grave porque México es centro de origen de maíz, y por tanto, constituye el reservorio genético de uno de los tres principales cultivos del mundo, una de las bases principales de la alimentación a nivel global. Es también reservorio de los saberes necesarios para mantener vivo al maíz.

Hacemos un extrañamiento a los órganos de Naciones Unidas, que saben bien que proteger los centros de origen es esencial para mantener los cultivos vivos. Sería la primera vez en que un centro de origen se ha contaminado y esos órganos no han hecho nada al respecto, por eso las comunidades denuncian a estos organismos en esta pre-audiencia.

Esto resulta aún más grave ante la perspectiva de cambio climático. Sabemos bien de la perspectiva: donde hay sequía habrá más sequía; donde hay mucha lluvia lloverá más. Las semillas nativas tienen la diversidad que permitiría encontrar la respuesta a los cambios en las condiciones climáticas. Esas razas y variedades tienen los caracteres de herencia que necesitaremos.

Es un crimen abominable, que por ningún motivo debe permitirse, hacer que esas razas y variedades desaparezcan.

Este crimen insoportable es aún más grave si consideramos lo que ya mencionamos antes: que las políticas y programas del gobierno, en su desviación de poder, han socavado la soberanía alimentaria de las comunidades, en el ejercicio sistemático de violencia burocrática, social y policiaca.

 “Perder el maíz nativo alimento de nuestros pueblos es perder la autonomía,” se dijo en la presentación de uno de los casos. Aquí está el meollo de la cuestión.

En una lucha de siglos, las comunidades han logrado fortalecer su autonomía y construir formas propias de vida y de gobierno. En Oaxaca, como se subrayó en las presentaciones, se sigue “practicando y fortaleciendo la comunalidad”. De esa manera se lograron niveles sólidos de autosuficiencia y se ha practicado una efectiva soberanía alimentaria. Toda esta construcción está basada en el maíz. Cada familia, cada comunidad, cada región, se empeña en producir maíz suficiente para el consumo cotidiano. Y existen mecanismos complejos para hacer frente a las dificultades periódicas, cuando las calamidades naturales o las irregularidades del clima impiden que se alcancen los niveles normales de autosuficiencia.

En esta organización se basa la cultura de los pueblos indígenas y en ella está el tejido social que aún nos permite existir como nación. El lema que circula desde hace una década, “Sin maíz no hay país”, es una expresión eficaz de lo que todo esto significa. En estas tierras se inventó el maíz, en un diálogo profundo con la naturaleza; aquí se le multiplicó, se le diversificó, se le adaptó a las mil diferentes condiciones de nuestra realidad. En ese proceso el maíz nos inventó como pueblo y se estableció como la base de nuestra cultura.

Un ejemplo claro que se expresó en la pre-audiencia fue destacar que la riquísima gastronomía mexicana está claramente fincada en el maíz, pero buena parte de lo que todavía cocinan y comen mexicanas y mexicanos sólo es posible con semillas nativas. La contaminación transgénica haría desaparecer buena parte de lo que comemos.

Este patrón de supervivencia y prosperidad se encuentra hoy seriamente debilitado por la agresión sistemática que han sufrido todos los pueblos, por el conjunto de políticas y programas concebidos abiertamente contra ellos. Por las mismas condiciones que afectan la vida de las comunidades, el país entero se encuentra afectado de una debilidad sustancial en su soberanía: la dependencia del exterior en materia alimentaria.

En 1971 exportábamos maíz. Es cierto que en esos años había familias que no tenían suficiente, pero el hecho es que podían generarse excedentes y colocarlos en el exterior. Perder la autosuficiencia no fue una consecuencia del crecimiento demográfico o de condiciones climáticas adversas. No fue porque los productores decidieron abandonar sus tareas y dedicarse a otra cosa. Fue una acción sumamente costosa, en que el gobierno invirtió inmensos recursos para provocar la deficiencia de maíz. Hoy, un gran porcentaje de este maíz importado va directo a alimentar a pollos y cerdos en las granjas industriales, o se utiliza como insumo para emulsificantes, estabilizadores y edulcorantes. No va directo al consumo humano como luego se cree. Todavía entre el 30 y 40% del maíz que se produce en México alimenta directamente a las propias familias y la comunidad. Y ya sumado, un 50% del maíz mexicano proviene de producción campesina en pequeño.

En esta pre-audiencia se nos hicieron llegar, con los testimonios, documentos en los que se demuestra, con sólido fundamento científico, que existe un enorme potencial productivo por el que podría recuperarse en pocos años la autosuficiencia nacional de maíz.

Enrique Peña Nieto y sus funcionarios no son jurídicamente responsables de los crímenes en serie contra la agricultura campesina cometidos a lo largo de 60 años. Pero son moral y políticamente responsables porque la actual administración no solamente continúa esa orientación anticampesina sino que la está profundizando —lo que los puede hacer jurídicamente responsables.

Uno de los testimonios señaló: “Que ya no se establezcan programas con la careta de apoyar al campo y que sólo benefician a las empresas agroindustriales amigas de los altos funcionarios. Que no se trate de engañarnos regalándonos comida dizque nutritiva, porque sabemos que lo único que persiguen es despojarnos de los alimentos que producimos localmente.”

Se trata, muy concretamente, de uno de los programas de la nueva administración. Su campaña contra el hambre no se dirige realmente contra esta vieja enemiga de la humanidad que vuelve a aparecer entre nosotros

Los testimonios presentados en la pre-audiencia mostraron con toda claridad la grave complicidad que en todos estos crímenes ha tenido el establecimiento científico. No sólo se trata de la campaña de descrédito contra quienes presentaron honestamente los resultados de sus investigaciones y dieron a conocer las primeras pruebas de contaminación transgénica, reconociendo abiertamente que su trabajo había sido posible por su colaboración con el sistema científico indígena. Se trata también del boicot sistemático a que se vieron expuestos cuantos se interesaban en el tema y, finalmente, de la corrupción misma de la aún llamada investigación científica.

Se nos ofrecieron testimonios de la forma en que se procedió a la falsificación de pruebas, a la distorsión del método, a la presentación mentirosa de los resultados, al ocultamiento de información. Se constituyó así una auténtica conspiración en que los funcionarios del gobierno, las corporaciones privadas y los supuestos científicos realizaron actividades criminales para ocultar la información sobre la contaminación transgénica.

Es importante destacar, en este aspecto, que en los propios testimonios se nos informó, con sólidas bases en estudios científicos serios, que no estamos ante hechos irremediables e irreversibles. La acción de las comunidades, en el marco de políticas y programas que se propongan lo contrario de lo que han hecho hasta ahora, podrían poner remedio a los daños que hasta ahora se han causado y abrir otra opción. Eso requeriría otro tipo de ciencia, que supiera articular sus métodos y concepciones con la ciencia indígena, ésa que fue capaz de crear el maíz y centenares de miles de variedades adaptadas a los más diversos nichos ecológicos en el curso de diez mil años.

Esto es muy distinto a lo que se intentó hacer con información distorsionada. Como era imposible desechar las pruebas de la contaminación que había ocurrido, lo que se intentó fue demostrar que en esos mismos lugares había desaparecido, lo que implicaba que era posible limitar o contener la contaminación. Los casos que se han presentado en esta pre-audiencia permiten refutar en forma contundente este intento perverso de una parte del establecimiento científico, coludido con las autoridades y las corporaciones privadas para negar información a la población y continuar la promoción descarada de la invasión transgénica.

 “Los hombres y mujeres de maíz”, se dijo en la pre-audiencia, “exigimos volver al Estado de derecho”.

Es importante destacar que esta exigencia es presentada por pueblos que han padecido por más de 500 años el uso perverso de los instrumentos jurídicos contra ellos, pueblos que han padecido no solamente leyes injustas, que los ignoran y discriminan, sino tribunales corruptos y racistas. Son pueblos que han sabido reconocer y mantener en sus propios ámbitos el concepto de derecho, la validez y legitimidad del procedimiento formal, la necesidad de normas que propicien la convivencia armónica.

Son estos pueblos los que ahora exigen a quienes han destruido el Estado de derecho (tan laboriosamente construido por mexicanas y mexicanos) que regresen a él. Están conscientes de las limitaciones de su exigencia. Están pidiendo a criminales en serie que detengan su carrera enloquecida al abismo, en el que ellos mismos se precipitan al arrastrarnos a todos al desastre natural y social. Lo hacen porque es su convicción que nunca debe renunciarse a la exigencia de que la autoridad cumpla sus obligaciones. Y lo hacen porque están dirigiéndose al más alto de todos los tribunales, al de las ciudadanas y los ciudadanos, al de los pueblos, al de quienes, con su movilización, pueden imponer la voluntad popular para salvar a nuestra comunidades, a nuestras culturas, a nuestro país y a final de cuentas a la Madre Tierra que se encuentra en riesgo.

Hacemos nuestras las demandas que se presentaron en la pre-audiencia, tras introducir en ellas modificaciones que resultan de la presentación de los casos y testimonios, y las incluimos en nuestro dictamen como recomendaciones expresas al Estado mexicano. Es decir, el Estado mexicano debería:

*Abrogar de forma inmediata la Ley de Bioseguridad de Organismos Genéticamente Modificados, sus reglamentos y demás disposiciones jurídicas que abren las puertas para que el Gobierno autorice la siembra de maíz transgénico en el país. En su lugar, se debería declarar a Oaxaca y a todo el territorio de México territorio prohibido para el cultivo, experimentación, transporte, almacenamiento y comercialización de transgénicos,  negando cualquier posibilidad de siembras comerciales del  maíz transgénico.

*Reafirmar que el maíz es fundamento de la cultura material y simbólica de mexicanas y mexicanos, pilar de la soberanía nacional, condición sustancial de supervivencia de las comunidades campesinas e indígenas y base de la alimentación de la población. En consecuencia, el Estado tiene la obligación de concebir e implementar políticas de apoyo diferenciado al entramado de relaciones que forman la cultura de maíz.

*Renunciar a las políticas agrarias, agrícolas y comerciales que han causado la crisis del campo mexicano. El gobierno debería orientar sus políticas al fortalecimiento de la economía campesina, los pequeños productores y las comunidades indígenas, a la autosuficiencia nacional en la producción de alimentos básicos y a la reafirmación de la soberanía alimentaria.

* Revisar el capítulo agrícola del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, especialmente lo relativo al comercio de los granos básicos, entre otras cosas para revertir los efectos del dumping sistemático practicado por los agroexportadores estadounidenses y las grandes empresas importadoras en contra de la economía campesina y mexicana.

* Combatir la corrupción de la investigación científica en el área de los organismos genéticamente modificados, y su connivencia con corporaciones privadas dedicadas a impulsarlos y articulándola con la ciencia indígena.

* Suspender de inmediato las autorizaciones para la liberación de todo tipo de maíz transgénico, incluyendo a los campos de cultivo ya existentes, y prohibir por completo los cultivos genéticamente modificados y el uso de tecnologías “terminator”.

* Difundir en forma permanente y amplia, a través de medios públicos, privados e independientes, información relativa a los riesgos de la contaminación transgénica, dando especial cabida a los estudios científicos que muestran sus daños y sus impactos sobre la salud, el ambiente y la producción.

* Respetar la soberanía y la autonomía de los pueblos originarios.

* Suspender de inmediato las importaciones de maíz transgénico, así como la distribución de “paquetes tecnológicos” y alimentos contaminados de transgénicos.

* Elevar a rango constitucional la prohibición de organismos genéticamente modificados en el territorio nacional y adecuar de inmediato las legislaciones secundarias.

* Establecer un Régimen de Protección para el Maíz Nativo.

* Establecer una norma eficaz para la etiquetación de todos los alimentos transgénicos con información suficiente para la población consumidora sobre los riesgos que implican.

* Aplicar rigurosamente los procedimientos de consulta y consentimiento previos, libres e informados, que forman parte de la ley suprema a través de los tratados internacionales, antes de implementar programas gubernamentales en las comunidades indígenas.

* Detener la siembra y movilización en el territorio nacional de otros granos y semillas transgénicas como soya, algodón y canola, así como los ensayos de campo con organismos transgénicos.

* Restringir las importaciones de maíz a los casos en que la cosecha nacional sea insuficiente y una vez que la producción nacional se haya comercializado, vigilando rigurosamente, en las fronteras, que ninguna importación contenga transgénicos. No debe permitirse la entrada de una sola tonelada de maíz por encima de la cuota sin pagar arancel; por el contrario, debe imponérsele el máximo permitido por el TLCAN, haciendo valer el principio de soberanía alimentaria y la prioridad del consumo del maíz nativo.

* Concentrar todas las compras de Diconsa, empresa responsable de la contaminación transgénica, en organizaciones de productores mexicanos, realizándolas a un precio justo. Diconsa debe retirar de inmediato los maíces transgénicos que haya distribuido, alertando a las comunidades respectivas sobre los riesgos de su empleo.

* Expulsar del país a las empresas multinacionales responsables de la contaminación transgénica, entre las que se encuentran Monsanto, Novartis, DuPont y Aventis.

* Oponerse oficialmente a las patentes y propiedad intelectual sobre la vida en México y en cualquier parte del mundo.

* Someter los bancos de germoplasma en México, incluyendo el del CIMMYT, a revisiones cuidadosas hasta que se asegure que sus colecciones se encuentran libres de contaminación transgénica.

* Reconocer constitucionalmente los derechos indígenas, tal como fueron plasmados en los Acuerdos de San Andrés y emplear los instrumentos del Convenio 169 de la OIT para garantizar la autodeterminación de los pueblos indígenas de México sobre sus recursos naturales, con absoluto respeto a la consulta previa, libre e informada.

* Formular políticas ambientales, agrícolas y alimentarias sustentables, justas y soberanas, elaborándolas junto con la sociedad civil en base a la autodeterminación de los pueblos sobre sus bienes naturales, el respeto a los derechos indígenas y campesinos, la conservación de la biodiversidad y el principio de soberanía alimentaria.

* Establecer legalmente que ningún ser vivo, ni en su totalidad ni en sus componentes, pueda ser reclamado por derechos de propiedad intelectual ni sujeto a convenios de bioprospección.

Es obvio que ante los riesgos tan evidentes no basta con hacerle recomendaciones al Estado: estas recomendaciones son, al mismo tiempo, asuntos pendientes que la sociedad civil mexicana e internacional tendría también que asumir como luchas urgentes que tienen que estar en el centro de sus reivindicaciones.

En el marco de esta pre-audiencia, por su tema, su lugar y su contexto, queremos reafirmar que las reformas constitucionales indígenas realizadas hasta hoy son un mero engranaje y en ocasiones no el fundamental. Las políticas hegemónicas están operando por encima de los avances jurídicos. Se están haciendo arreglos por encima de la Constitución y de la normatividad internacional vigente. Tales arreglos, por ejemplo, niegan a los pueblos el carácter de sujetos de derecho y rechazan implícitamente la autonomía que formalmente quedó enunciada en 2001.

Se han estado promulgando leyes sobre la diversidad que refuerzan la privatización y de hecho perfilan la paulatina desaparición del espacio propio del derecho público al hacer del Estado un simple promotor y certificador de las operaciones “privadas” de los inversionistas. En esta operación participan, junto con los gobiernos de América Latina, organismos públicos multilaterales como la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (fao), el Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente (pnuma), la Organización Mundial del Comercio (omc) y la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (ompi), y organismos financieros como el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo.

Nos parece importante, asimismo, señalar que en el texto del nuevo artículo 2o constitucional se determinó que la autonomía se ejercería “con respeto a las modalidades de propiedad y tenencia de la tierra establecidas en esta Constitución y a las leyes de la materia, así como a los derechos adquiridos por terceros o por integrantes de la comunidad.” De esta manera, en forma enteramente anómala e inaceptable, el supuesto nuevo derecho constitucional para los pueblos indígenas nació supeditado a las leyes, cuestión contraria al principio de jerarquía de normas.

Los dictaminadores compartimos y acogemos plenamente la demanda de acabar con toda forma de violencia contra el maíz, la soberanía alimentaria  y la autonomía de los pueblos que la cuidan.  Esto exige acabar con todas las fuentes de contaminación transgénica, por los agroquímicos, híbridos y otras formas de tecnología que destruyen el maíz y crean dependencia.

Siendo el maíz, como hemos escuchado en los testimonios y casos, una expresión fundamental del alma y del cuerpo de los pueblos de México, es de vital importancia que las demandas que lleguen a la audiencia final del Tribunal Permanente de los Pueblos posean toda la fuerza y urgencia que se requieren. Por esto, nos parece útil dejar claramente establecidos los siguientes puntos:

* La ley de Bioseguridad de Organismos Genéticamente Modificados, la Ley de Producción, Certificación y Comercialización de Semillas y la Ley Federal de Variedades Vegetales son leyes que administran la producción, distribución y fomento de maíz transgénico en México, por lo que se deben dejar de aplicar inmediatamente, estableciendo una prohibición de facto, y a continuación abrogar estas leyes y realizar una reforma constitucional en la que se establezca la prohibición definitiva de la introducción, siembra, comercialización, importación, almacenamiento, distribución, investigación y experimentación de semillas transgénicas de maíz y se declare que todo México es centro de origen y diversidad biológica, descartando definitivamente la idea de construir mapas de centros de origen. Hay suficientes argumentos y pruebas científicas de daños a la salud y al medio ambiente para sustentar esta prohibición.

* La ley de biodiversidad ignora que la domesticación y diversificación de plantas es un proceso vivo, continuo y actual, y deja en estado de indefensión a los productores y comunidades que han sido los creadores de esta riqueza genética que ha hecho de México un centro de diversificación a nivel mundial. El artículo sobre zonas libres de transgénicos no establece la protección adecuada para los productores convencionales y orgánicos. A los primeros los ignora por completo, y a los segundos les impone un régimen de protección insuficiente y, además, muy difícil de alcanzar. Se deja en estado de indefensión a la mayoría de los productores agrícolas mexicanos, que no podrán escoger si quieren o no transgénicos en sus cultivos. Uno de los problemas centrales en este capítulo es que la carga de la prueba la tienen precisamente los afectados, que deberán comprobar científicamente la inviabilidad de la coexistencia entre cultivos libres de transgénicos y los que sí incorporan esta tecnología. Los transgénicos no pueden convivir con especies que no han sido genéticamente modificadas, pues las contaminan y alteran su genoma. Finalmente, el procedimiento administrativo es muy complicado y está diseñado más para dificultar la designación de zonas libres que para protegerlas.

* Proponemos que se aproveche el marco del TPP para declarar al maíz y a la milpa como un bien común de los pueblos del mundo, que han intercambiado libremente y con responsabilidad las semillas, y saben en dónde y cómo usarlas como elemento básico de la vida y de su subsistencia. Son los propios pueblos, no entidades privadas o gubernamentales, quienes deben decidir cómo intercambiar, cuándo y dónde.

La denuncia presentada en esta pre-audiencia, así como los casos, testimonios y probanzas aducidas, demuestran que la devastación de la vida campesina, la migración forzada, la pérdida de biodiversidad y los daños al ambiente y la salud han sido causadas directamente por las políticas agrarias y agrícolas, las políticas públicas de “asistencia” (como la Cruzada contra el Hambre) , así como por la política económica y la comercial, vinculadas con los tratados de libre comercio adoptados por el Estado mexicano y otros instrumentos nacionales e internacionales, relacionados con la autorización de transgénicos, que fomentan los monocultivos, la agroindustrialización y el acaparamiento de tierras.

Deseamos dejar constancia que el Convenio de Cartagena obliga a los gobiernos que lo suscribieron a aceptar los transgénicos, por lo que lejos de ser un instrumento de protección, que debemos invocar, forma parte de lo que debemos rechazar. Igualmente, el Convenio de Biodiversidad, al contrario de los tratados de libre comercio, queda sujeto a la interpretación de los estados, y despoja a los pueblos de la soberanía sobre la biodiversidad, que pasa a ser patrimonio controlado por los gobiernos. Este instrumento internacional es usado como el paraguas que en nombre de la diversidad y sustentabilidad ha introducido una postura conservacionista y proclive al fomento del capital, antes que una que combine el factor cultural y social con el ambiental. En contraste, defendemos una postura que vincula a los pueblos, el ambiente y la transformación, considerándolos como actores colectivos e individuales dotados de conocimientos importantes sobre el ambiente natural o sobre medios de utilizarlo.

Igualmente, nos parece importante señalar que al caracterizar el cultivo de maíz transgénico como delito debemos tomar en cuenta que hasta ahora los tribunales internacionales no abordan delitos cuya base constituya un delito “económico”.

Los argumentos de las comunidades indígenas y campesinas afectadas no sólo defienden sus propios derechos y formas de vida. Están defendiendo a la humanidad entera.

De acuerdo con la cultura y filosofía de los pueblos indígenas, el maíz no es mercancía, es el sustento principales de las comunidades, de la familias. En la preaudiencia, quedó claro que en México lo que hace posible que la gente sobreviva hasta en comunidades abandonadas es el maíz.

Si la cultura sobrevive en las comunidades es por la milpa, lo dicen todos. Aquí entre los dictaminadores nos preguntamos: “¿A qué se debe que haya sobrevivido el tequio?, ¿A qué se debe que sobreviven los servicios comunitarios?, ¿A qué se debe que sobreviva el sistema de cargos?, ¿A qué se debe que sobreviva la medicina tradicional?, ¿A qué se debe que continúen las fiestas tradicionales comunitarias y haya una gran solidaridad entre las familias y entre los pueblos? Se debe fundamentalmente al sistema alimentario propio: al maíz”, contestan una y otra y otra vez.

Afortunadamente, en las comunidades todavía existen miles y miles de familias que resisten produciendo sus propios alimentos, porque no hay otra forma de defensa que la de hacer posible la autonomía a través de la milpa. La única posibilidad de ejercitar la libre determinación y autonomía de los pueblos consiste en que cada pueblo, cada familia que tenga la capacidad de reconstruir su autosuficiencia alimentaria del país y la soberanía alimentaria propia.

Sabemos que en muchas regiones del país los campesinos y la gente de las ciudades por igual, serán sometidos, aplastados, porque el gobierno les va a vender maíz de pésima calidad. Las transnacionales se van a encargar de traer maíz NO APTO para consumo humano para llevarlo a las casas. “Antes no había enfermedades degenerativas en los pueblos”, nos dicen los participantes. “De 30 años para acá, aparecen cientos de miles de enfermos, diabéticos, de cáncer, de hipertensión, tan terrible es la dimensión de las enfermedades degenerativas que ha rebasado la capacidad de las instituciones de salud”. Ahora el gobierno dice que no hay capacidad económica para afrontar estos problemas. Primero se permite la venta de alimentos plagados de tóxicos y cuando afloran las enfermedades públicas no pueden atender a quienes sufren las consecuencias. Por eso el asunto del maíz sigue siendo para nosotros el asunto clave de la política social, el asunto clave de una política educativa y de una verdadera reforma educativa.

Cuando no pierden su memoria histórica, lo primero que tienen que hacer los pueblos es resolver la autosuficiencia alimentaria: maíz, frijol, calabaza y todos los cultivos que se recogen en la milpa. Ésa es una estrategia eficaz, inteligente y creativa de combatir el hambre, no llevar a la mesa de las familias campesinas comida industrializada que para lo único que va a servir es para enfermar a los niños, como sucede en las escuelas oficiales. Por eso la tarea, la responsabilidad que tenemos que asumir es que cada uno de nosotros se convierta en defensor del maíz, en defensor de las tradiciones comunitarias. Que todo el pueblo mexicano, que consume maíz impulsemos la revaloración del maíz en México y en el mundo. ¿Qué otra forma existe para que los pueblos de México combatan el hambre?

Los dictaminadores celebran el proceso que ha permitido llegar a esta pre-audiencia. Pretendemos que nuestras sugerencias y recomendaciones específicas enriquezcan a quienes presentaron los casos y testimonios, a fin de fortalecerlos en la perspectiva de la audiencia final ante el Tribunal Permanente de los Pueblos.


@twewwter

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