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Trasnacionales liberan, por “accidente”, 800 toneladas de transgénicos.

Las trasnacionales Monsanto, Bayer, Almidones Mexicanos y CPIngredientes derramaron por accidente 800 toneladas de maíz y algodón transgénicos en territorio nacional, entre 2010 y 2013, revelan reportes oficiales. A pesar de que ello ha implicado la contaminación del ambiente, hasta la fecha ninguna autoridad federal las ha sancionado. Los siete incidentes –que afectaron a las entidades de Chihuahua, Guanajuato y Veracruz– dejan al descubierto la inexistencia de protocolos de bioseguridad, opina investigador.

 

De 2010 a 2013 se liberaron accidentalmente más de 800 toneladas de organismos genéticamente modificados en el país, revela información de la Comisión Intersecretarial de Bioseguridad de los Organismos Genéticamente Modificados (Cibiogem), instancia del Poder Ejecutivo federal integrada por los titulares de las secretarías de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa); Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat); Salud; Educación Pública; Hacienda y Crédito Público, y Economía, así como por el director general del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt).
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Las liberaciones derivan de siete incidentes que fueron reportados vía correo electrónico o vía telefónica al Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (Senasica), órgano desconcentrado de la Sagarpa. Dichos incidentes habrían ocurrido en tres estados de la República: Chihuahua, Guanajuato y Veracruz, asienta información a la que Contralínea tuvo acceso.
Monsanto Comercial, SA de CV; Bayer de México, SA de CV; Almidones Mexicanos, SA de CV, y CPIngredientes, SA de CV, son las empresas involucradas.
Las trasnacionales notificaron a la autoridad el derrame de 712.5 toneladas de grano de maíz amarillo genéticamente modificado y 90.32 toneladas de semillas de algodón genéticamente modificado.
En total, al menos 802.82 toneladas de transgénicos habrían sido liberadas al ambiente, debido, principalmente, a “descarrilamientos”, según se lee en el reporte de la Cibiogem.
Sin proporcionar mayores detalles sobre las causas del accidente, ubicación exacta, protocolos de seguridad aplicados y el estatus en el que se encuentran las contingencias, la Cibiogem reporta que “el Senasica realizó la visita de inspección al lugar del incidente y determinó las medidas de seguridad necesarias con el objetivo de evitar, disminuir o mitigar los posibles riesgos que esta liberación accidental pudiera ocasionar a la sanidad animal, vegetal y acuícola”.
Las liberaciones.
Con el derrame de 631 toneladas de grano de maíz amarillo, CPIngredientes, SA de CV, es la empresa que liberó la mayor cantidad de organismos genéticamente modificados. El 30 de marzo de 2010, la empresa notificó del descarrilamiento, en Veracruz, de 12 tolvas de ferrocarril con cargamento de grano de maíz amarillo genéticamente modificado, procedente de Estados Unidos.
Junto con National Starch, CPIngredientes conforma Ingredion Incorporated. La compañía procesa maíz, tapioca, trigo, papas y otras materias primas en ingredientes para la comida, bebida, la elaboración de cerveza, la industria farmacéutica y sectores industriales.
Entre los productos que ofrece se encuentran los edulcorantes, como la dextrosa o los jarabes de maíz de alta fructosa (reemplazo del azúcar en refrescos y jugos de frutas); almidones; fibra soluble; estevia; sacarina; aspartame; glucosa; polioles (edulcorantes alternativos sin azúcar y bajos en calorías), biomateriales; aceite de maíz, que puede ser utilizado en lociones, cremas, talco para bebé, maquillajes, champú, y agroproductos para la alimentación animal como la pasta de germen, el gluten o el salvado de maíz.
De acuerdo con el portal de internet de la empresa global con sede en Westchester, Illinois, Chicago, y presencia en América del Norte, Suramérica, Asia y el Pacífico, Europa, Oriente Medio y África, Ingredion Incorporated se dice comprometida con el medio ambiente “teniendo operaciones y proveedores socialmente responsables, y enfocándonos en la seguridad y prosperidad de nuestra gente, socios y de las comunidades en las que operamos”.
Almidones Mexicanos (Almex) es la segunda empresa con mayor cantidad de organismos genéticamente modificados liberados al ambiente. El 18 de agosto de 2010 notificó del derrame de “aproximadamente 20 toneladas” de grano de maíz amarillo genéticamente modificado en Guanajuato, por el descarrilamiento de ocho tolvas de ferrocarril.
Un mes después, el 8 de septiembre de 2010, Almex reportó un nuevo incidente por descarrilamiento. En elaccidente, registrado en el kilómetro A-430 –entre León y Pedrito– Distrito de la División Centro México en el estado de Guanajuato, se habrían liberado 20 toneladas de maíz amarillo con “posible” modificación genética.
Dos años después, el 10 de mayo de 2012, Almex liberó 41.5 toneladas de grano amarillo genéticamente modificado procedente de Estados Unidos, debido al descarrilamiento de cuatro tolvas de ferrocarril ocurrido en los municipios de Silao y Fausto Rodríguez, también en Guanajuato.
Constituida desde 1960, Almidones Mexicanos, SA de CV, es una empresa dedicada a la manufactura y comercialización de derivados de maíz. Entre los productos que ofrece están el almidón, la glucosa, la dextrosa, el jarabe de maíz de alta fructosa, forrajes, y aceite comestible de maíz, producto comercializado por Promotora de Productos y Mercados Mexicanos, SA, una de las subsidiarias de Almex bajo la marca Maceite.
En 2005, Almex recibió la certificación ISO-9001:2000, y en 2010, la ISO-22000. Archer Daniels Midland (ADM) y Tate and Lyle son accionarias de la empresa que, de acuerdo con su portal de internet, está comprometida con el bienestar, la salud, la vida, el medio ambiente y la inocuidad.
Bayer y Monsanto liberan algodón transgénico.
Más de 90 toneladas de semilla de algodón modificado fueron vertidas en tres accidentes. El último fue registrado en diciembre de 2013 sobre el kilómetro 187 y 188 de la carretera Chihuahua-Delicias, en Chihuahua.
El 7 de enero de 2011, también en Chihuahua, Monsanto Comercial, SA de CV, y Bayer de México reportaron el derrame accidental de 66.32 toneladas de semilla de algodón que contenía material genéticamente modificado.
El 27 de enero de 2012, Monsanto Comercial reportaba nuevamente un incidente en ese estado, en el cual se derramaron 4 toneladas del organismo genéticamente modificado.
CIBIOGEM y SENASICA
De acuerdo con la Cibiogem y el Senasica, los siete accidentes registrados en el Sistema Nacional de Información son los únicos que se han dado en territorio nacional desde la llegada de los transgénicos al país.
En respuesta escrita a Contralínea, ambas dependencias argumentan que “todos los casos se atendieron implementando [sic] las medidas de bioseguridad pertinentes […] En general mediante la recolección y monitoreo de plantas voluntarias para su eliminación”.
Sobre los costos, señalan, son meramente administrativos: “Incluyen procesar el aviso, enviar las notificaciones formales cuando proceda y supervisar la implementación [sic] de las acciones y medidas necesarias. Los costos operativos comúnmente los asume el interesado o responsable, según el caso”.
Con respecto de las sanciones a las que se han hecho acreedores las empresas que han liberadoaccidentalmente transgénicos, responden las dependencias que la Ley de Bioseguridad de Organismos Genéticamente Modificados (LBOGM) no tipifica sanciones para liberaciones accidentales, sino la ejecución de medidas de bioseguridad.
 “El artículo 121 establece como condición para aplicar sanciones que los responsables deben tener ‘pleno conocimiento’, situación que no se cumple en las liberaciones accidentales, pues conceptualmente no son previsibles o intencionadas. El artículo 119 de la LBOGM establece en su fracción XXII como una infracción no aplicar las medidas ordenadas por una autoridad (Semarnat o Sagarpa), y el artículo 120 establece una multa de 15 a 30 mil salarios mínimos si se incurre en este supuesto. Hasta la fecha, en todos los incidentes se han llevado a cabo las medidas de bioseguridad ordenadas.”
Para José Antonio Serratos, miembro de la Unión de Científicos Comprometidos con la Sociedad, profesor de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, los accidentes registrados ponen en entredicho la existencia de mínimos parámetros de bioseguridad en el país.
El también investigador experto en biotecnología subraya que los accidentes son factores de riesgo, focos de contaminación, porque podrían generar la reproducción de semilla transgénica. “Llama la atención la cantidad”. Además de que resultan muy convenientes para las trasnacionales que cuentan con la propiedad industrial de los granos derramados.
 “Son organismos vivos. El origen y traslado debe ser regulado a plenitud y sobre todo en el Centro de Origen y Diversidad Genética tanto del maíz como del algodón”.
Elva Mendoza, @elva_contra

http://contralinea.info/archivo-revista/index.php/2015/01/18/trasnacionales-liberan-por-accidente-800-toneladas-de-transgenicos/

 

 

 

 

 

 

Global Assault on Seed Sovereignty.

Global Assault on Seed Sovereignty through Trade Deals Is Assault on Human Rights, Protest is Fertile

The multinational seed industry is continuing its multipronged attack on the most basic of human rights, the access to seed. Lobbyists of the seed industry are using trade agreements to pressure nations into adopting strict measures such as UPOV agreements that ensure the protection and ownership of new plant varieties for plant breeders. On top of this, corporate seed industry lobbyists are proposing revisions to the UPOV convention that promote further monopolisation of the seed industry through ‘harmonisation’ of procedures for registering and testing new plant varieties.

Protests in many regions around the world are putting up much needed resistance against this corporate takeover of the food system, successfully forcing governments to delay and even repeal the agreements. These movements are an inspiration for our continual global struggle against the relentless onslaught of agribusiness whose current biggest targets are the ‘untapped’ markets of the global South, with the spotlight on Africa and other regions where seeds have not yet been commercialized, and are still used in traditional systems that allow seed saving and exchange.

What is UPOV?

The International Union for the Protection of New Varieties of Plants or UPOV is a Geneva-based intergovernmental union so far of around 70 countries that accept common rules for recognizing and protecting the ownership of new plant varieties by plant breeders. First established in 1961, the convention entered into force in 1968 and was revised in 1972, 1978 and 1991. The latest version, UPOV-91 significantly increases the protection of plant breeders, handing over monopoly of seed rights, and even making it illegal for the farmer to save and exchange seeds for replanting.  See [1] The Corporate Takeover of Seed under Many GuisesSiS 64, for more details.

UPOV builds on the World Trade Organisation’s agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights (TRIPS) that was adopted in 1994 as the first international treaty to establish global standards for intellectual property rights over seeds. This has allowed corporations to force the “harmonisation” of patent laws across countries, ostensibly to create a unified global intellectual property regime with minimum standards and establish a dispute settle system to ensure its application and compliance.

Today all member countries are part of the 1978 or 1991 Act. Back in 1998, there were only 37 countries in UPOV, the majority industrialised. With recent international trade agreements however, the global South have been pressured to join, being told that intellectual property protection benefits the biotechnology industry and hence the national economy as well as food security. These claims are unfounded, and in fact untrue; UPOV works to increase the profit of multinational corporations in the North, and is proving to be a threat to food security especially for people in the South.

Proposed ‘harmonisation’ of UPOV system further erodes seed sovereignty

In the 88th meeting of the Consultative Committee (CC) of UPOV on 15 October 2014 in Geneva, lobby organisations representing the corporate seed industry pushed for further ‘harmonisation’ of the UPOV plant breeders system [2]. Their proposals include an international filing system,  a UPOV quality assurance program and a central examination system for variety denominations, disguised as an “international system of cooperation” that would actually provide further protection to breeders with regards to filing and examination of new varieties in destination countries. In reality, these changes would increase patenting and biopiracy by commercial plant breeders, while placing the costs of the new system on individual nations and not the corporations commercialising the seed variety.

The International Seed Federation, the International Community of Breeders of Asexually Ornamental Fruit Plants (CIOPORA) and CropLife International, represent corporations that include Monsanto, DowAgroSciences, Syngenta, Bayer, and DuPont Pioneer, which together already control 75 % of private sector plant breeding research and 60 % of the commercial seed market. The new proposals would further increase the monopoly. These pro-industry organisations proposed an international filing system of cooperation (IFC) for registering a plant variety that would use a single application form in the language of choice of the breeder and submitted to the destination country for planting the seeds. The IFC would then be involved in distributing processed applications to target countries. This, they suggested would result in more applications by breeders for more crops, in more regions and countries. One of the most dangerous aspects of the proposals is that such applications would be confidential with regards to the pedigree and parental lines of hybrids, thereby greatly facilitating biopiracy.  A preliminary review of the IFC would be sent to the destination country for DUS (Distinct, Uniform and Stable) testing, all at the expense of the destination country, which the lobbyists proposed, should take place in centralised “centres of excellence” that would need to be developed. Breeders would send plant materials and fees for DUS testing to the centres of their choice, likely leaving governments without access to the plant material. The industry lobbyists further propose that the IFC should force UPOV member countries to implement these procedures themselves. These changes will compromise the right of UPOV member states to control the processing and examination of plant variety protection applications, and hence their national right to control their own food system in accordance with local climactic and ecological conditions that can decide the success or failure of a crop.

The proposed changes, such as the potential to increase the number of crop varieties, do not necessarily translate to lower food prices or higher food production. It does however impact small-scale farmers who rely on informal seed saving and swapping systems, a common practice in most developing nations, pushing up the price of seed and affecting livelihoods and food access in the process.

The seed industry claims that such proposals would benefit small and medium scale farmers, though as shown in the case of the EU Community Plant Variety Rights (CPVR), which was the premise for these new changes, it increased the share of breeder’s rights for large corporations.   The CPVR, based on UPOV-91, gives sweeping intellectual property (IP) rights protection valid throughout the EU territory via a single protection title obtained in any EU country. Data from a 2011 Greens/EFA Group in the EU Parliament show that this system overwhelmingly benefits large-scale breeders such as multinational corporations, with the top five seed companies applying for 91 % of intellectual property right protection. Monsanto and Syngenta were responsible for 57 % of plant protection rights applications for tomatoes in 2011, compared to 12 % in 2000. Further, most applications come from just a few EU countries, mainly Germany, The Netherlands and France, suggesting that few countries are benefitting from this system. The European Patent Office has already gone so far as granting patents on over a hundred conventionally bred varieties, such as broccoli bred to have a large head to facilitate mechanical harvesting (EP 1597965), and fungus-resistant tomatoes. Thanks to work by the large coalition of organisations behind No Patents on Seeds, the tomato patent (EP1812575) of Monsanto has now been revoked, on grounds of fraudulent abuse of the seed laws in claiming as invention an already existing natural variety of tomato [3].

International trade agreements force seed privatisation, destroy livelihoods and enslave people

The first globalisation of the seed/food market came with European colonialism. Colonising countries forced local farmers in many nations to give up their local food production for plantations, to be replaced by enslaved and indentured labour to grow luxury crops for export back to their countries. Today, the philosophy of food production underlying the new international trade agreements align with the colonial way of thinking – that food should be produced for international export to the financial benefit of powerful corporations and nations – in a direct assault on people’s sovereignty over their natural resources, farming systems and food access as well as their human right to dignified living standards free of exploitation and dependence.

One of the first international trade agreements negotiated outside the multilateral arena that incorporated seed privatisation policies was the North America Free Trade Agreement (NAFTA) between the US, Canada and Mexico in 1994. The NAFTA agreement set a precedent for all US trade deals to follow, with the EU also following suit with its own similar trade agreements so they too, would not lose out in the Mexican market. NAFTA obliged Mexico to join UPOV. Not only did the agreement directly restrict seed saving in Mexico through UPOV, but it also undermined their agricultural industry through other mechanisms including the dumping of staple crops at below production costs to Mexico. The US subsidises farmers for many overproduced stable crops which are then sold so cheaply that they undermine local agriculture, destroying farmers’ livelihoods and local peoples’ access to food. The dumping of US staple crops (corn, soy, wheat, cotton) and meat wiped an estimated 12.8 billion US dollars off the Mexican producers’ earnings during 1997-2005 [4]. Corn, in particular, originated in Central America and was considered sacred by the Mayan people and others. Another pre-condition of NAFTA was the liberalisation of the communally owned ‘ejido’ land system. Under 1991 reforms, the constitutional right to ejidos was eliminated, though already existing ejidos were allowed to remain under community control [5].  These policy changes seriously damaged the Mexican food system originally focused on local consumption and replaced it with an export-orientated fiefdom of the US. Food imports in Mexico have gone up from 16 % before NAFTA to 42 % in 2014 [4]. While the US exports its overproduced staples, it imports much of its fresh produce from Mexico.

Horrendous work conditions are endured by employees of huge mega farms that supply blemish-free, immaculate produce to the US, highlighting the real impacts of these trade agreements on peoples’ lives. A recent report by Richard Marosi and Don Bartletti for the LA Times reveals a land of mono-cropped fields, devoid of people and filled with billboards for agribusiness in these poor, rural indigenous areas of the country [6]. Following an 18 month investigation, they found that many farm labourers work 6 days a week for 8-12 US dollars a week; often trapped for months in rat-infested camps without reliable water supply and clean toilets. Many have had their wages withheld for months to prevent them leaving at peak harvest time; they face threats of violence, and can head home at the end of the week penniless after getting past the barbed wire fences designed to keep them inside working.

Mexico and the 11 other members of the proposed Trans-Pacific Partnership (TPP) Free Trade Agreement (Australia, Brunei Darussalam, Canada, Chile, Japan, Malaysia, New Zealand, Peru, Singapore, Vietnam and of course, the US) are now facing even more extreme attacks on their agricultural industry. The TTP is being dubbed one of the most ambitious trade agreements in history, and also one of the most dangerous not least because of the secrecy surrounding the negotiations.  Details of negotiations have come mostly through leaks. Some of the negotiation text from May 2014 called for all member states to adopt UPOV-91 and the outright patenting of plants and animals [7]. Many agreements also come with severe punishments for farmers who break the IP laws. It will also undermine local agriculture as seen with NAFTA, where harmonisation of trade policies will pit farmers from different regions against each other, forcing for example the Mexican coffee farmers to compete with Vietnamese coffee farmers. The existing communal ejido land is proposed to be under a fast-track system for privatisation. TTP will also prohibit labelling of genetically modified (GM) foods, so countries with existing labelling laws such as Japan would have to reverse their policies.

In 2006, the US closed big deals with Colombia and Peru that included the adoption of UPOV-91, as well as with all Central American countries through other agreements. The European Free Trade Association (EFTA) made similar agreements with Colombia and Peru in 2008 and with Central American countries in 2013 (see [8] for in depth report). The Caribbean states currently have an agreement to consider adopting UPOV-91, though only one nation Trinidad and Tobago has signed up. The Americas have been where agribusiness made their largest gains in recent years, but now Africa is the new target.  African countries and the EU recently finished talks that contain a commitment to negotiate common IP standards expected to lead to UPOV commitments. The G8 New Alliance has also pushed for over 200 policy changes in participating African countries to open up their seed markets, with Ghana fighting vigorously to prevent their politicians from passing the new plant breeder’s bill that includes UPOV-91 (see [1]).

In Asia, Sri Lanka is proposing a new Seed Act that would require farmers to register and certify all seed and planting material in the country. This has led to large campaigns by organisations such as the Movement of Land and Agricultural Reform (MONLAR) to prevent it coming into force. Elsewhere, other nations such as Canada are facing similar battles, where Bill C-18, the Agricultural Growth Act that includes UPOV-91, was passed in November 2014. The National Farmers Union are deeply concerned over the bill [9]; the President of the Union Jan Slomp called it “one of the most farmer unfriendly mechanisms we have ever seen”, while the Vice-President Anne Slater stated: “This legislation makes it possible for seed companies to collect End-Point Royalties on a farmer’s entire crop. It also gives seed companies the possibility to create monopolies to control future breeding by others through the Act’s ‘essentially derived’ clause, which gives breeders full control of any new varieties that exhibit characteristics of a company’s already-protected variety.”

Thankfully many nations have seen successful protests hinder the free trade agreements and seed privatisation policies. Guatemala repealed the ‘Monsanto Law’ this year after it failed to meet the requirements of consulting indigenous communities, resulting in a 10-day protest. The “Law for the Protection of New Plant Varieties” was highly unpopular with civil societies and indigenous communities that would prevent them from saving seeds. Colombia has temporarily suspended its deals to adopt UPOV-91, also as a result of large scale protests. We need to build on the successes of these movements and comprehensively reject UPOV 91 if we are to protect the sovereignty of the seed.

¡Semillas campesinas, libres de transgénicos!

 

 

Cartel Vandana convocantes

La publicación de estudios científicos, bajo escrutinio.

Probablemente es del conocimiento de nuestros lectores la existencia de un estudio científico realizado por un grupo de investigadores franceses, liderado por el profesor Gilles-Eric Séralini. Dicho estudio fue publicado en septiembre de 2012 en la importante revista científica internacional ‘Food and Chemical Toxicology’ (FCT).

El estudio publicado en FCT ha sido el experimento de mayor duración realizado (2 años) sobre el efecto del herbicida ‘Roundup’ y el maíz transgénico NK603 -modificado para tolerar dicho herbicida- ambos productos de la compañía transnacional Monsanto. Dicho estudio fue realizado en ratas y en él se reportó una mayor incidencia de afectaciones en el hígado, riñones, aparición de más tumores y a edad más temprana, así como la muerte prematura de algunos ejemplares alimentados con maíz transgénico y el mencionado herbicida. Sobra decir que la investigación generó una gran polémica en el mundo científico, en la industria agroalimentaria, y en general en los consumidores.

A finales del mes de noviembre, se dio a conocer la noticia de que la revista que había publicado el estudio del Dr Séralini y colaboradores retiraban (retractamiento) la publicación de este estudio de la revista FCT por razones que, de acuerdo a la opinión de científicos críticos, carece de fundamentos científicos, son inéticas e incluso ilegales, y de ser un ataque a la ciencia independiente, además de poner nuevamente bajo los reflectores el control que corporaciones transnacionales, en este caso semilleras, podrían ejercer en el mundo científico, desde universidades públicas hasta la publicación de estudios críticos.

En un comunicado, el Dr Wallace Hayes -editor en jefe de la revista FCT- menciona que después de realizar nuevamente un estudio ‘exhaustivo’ de los resultados de Séralini, no se ha encontrado ninguna evidencia de fraude o manipulación intencional de los datos generados durante el estudio. Sin embargo, menciona solamente una razón para retractar el estudio: ‘los resultados, aunque no son incorrectos, no son concluyentes’. Hayes menciona que los resultados no son concluyentes por el reducido número de animales usado para el estudio y particularmente por la variedad de ratas utilizadas para dicho estudio (la variedad Sprague-Dawley).

Debe mencionarse también que originalmente el estudio de Séralini fue publicado en 2012 en FCT después de ser revisado por 5 árbitros científicos (referees) cuando normalmente los estudios son revisados por 2 o 3.

Vale la pena analizar con mayor profundidad algunos de los argumentes presentados por ‘Food and Chemical Toxicology’ para retractar el estudio de Séralini.

La variedad de ratas Sprague-Dawley utilizadas en el estudio del grupo francés son las más comúnmente usadas para estudios toxicológicos, además, en este tipo de estudios es aceptable usar 10 animales por grupo, mientras que para estudios sobre cáncer se recomienda un número mayor de individuos debido a que esta enfermedad es menos común y probablemente más difícil de detectar, así al aumentar el número de individuos evaluados, se disminuye la posibilidad de detectar falsos negativos. Con respecto a la aparición de tumores, esta variedad de ratas desarrollan tumoraciones espontáneamente, por lo que un aumento en la incidencia es indicativa de efectos provocados por el tratamiento experimental, es por esto que dicha variedad de ratas es usada en estudios toxicológicos. La misma variedad de ratas fueron utilizadas en estudios científicos de otros grupos y que finalmente fueron publicados en FCT en los años 2007, 2005, 2002, 1997.

Inevitablemente llama la atención el hecho de que por lo menos un estudio que propone la inocuidad del maíz transgénico, publicado en FCT no generó mayor debate, ni llamó tanto la atención, ni fue sujeto de un estudio tan ‘exhaustivo’ por parte de los editores de la revista, aunque se trataba de estudios de la inocuidad de maíz transgénico en ratas (¡la misma variedad de ratas usadas en el estudio de Séralini!). Uno de estos estudios fue usado como argumento para que Monsanto obtuviera una autorización para su maíz modificado (Hammond, B.G., Dudek, R., Lemen, J.K., Nemeth, M.A., 2006b. Results of a 90-day safety assurance study with rats fed grain from corn borer-protected corn. Food Chem Toxicol 44, 1092-1099).

El factor Goodman

Otro hecho que levanta sospecha sobre los motivos para el retractamiento del estudio de Séralini es que Richard E. Goodman, antiguo profesor del Programa de Investigación en alergias alimentarias de la Universidad de Nebraska, y también ex empleado de Monsanto entre 1997 y 2004 -con quien publicó estudios sobre la alergenicidad de los cultivos transgénicos-, fuera contratado a principios de 2013 como ‘Editor asociado en Biotecnología’ por la revista FCT, aunque esta ya contaba con la asesoría experta del Dr José L. Domingo, profesor de Toxicología y Salud Ambiental. No hay pruebas de que el Dr Goodman tenga responsabilidad en el proceso que retiró el estudio del Dr Séralini de FCT, pero llama la atención el hecho de su contrato con la revista poco tiempo después de la publicación del estudio de Séralini y pone alertas ante la potencial influencia de las corporaciones sobre las juntas editoriales de revistas científicas.

La falta de conclusiones definitivas no es un fundamento para retirar un artículo científico ya publicado. El obtener conclusiones definitivas de una investigación científica es un hecho más bien raro, y por lo mismo, la decisión sobre la definitividad de las conclusiones de un estudio científico no debería estar limitada a un editor o grupo editorial. De hecho, el avance de la ciencia se nutre de los nuevos cuestionamientos que surgen a partir de investigaciones científicas previas. De ahí que deban promoverse y financiarse investigaciones serias, críticas e independientes para sumar argumentos al debate, en este caso, de los cultivos transgénicos. Quedan las preguntas: ¿Qué propósito o sentido tendrá el proceso de revisión rigurosa, científica y arbitrada en el contexto de que se haya retractado un estudio ya publicado? ¿Qué sucederá si en estudios futuros se confirman los resultados encontrados por Séralini?

Dado que actualmente se pregona que la ciencia puede ser una herramienta que ayude a resolver los problemas por los que atravesamos, la sociedad debe estar atenta a las investigaciones científicas que se realizan tanto en nuestro país como a nivel mundial y que muchas veces se autoproclaman como avances para la humanidad.

Un punto muy importante a considerar es que hasta ahora las publicaciones derivadas de investigaciones científicas hechas en México son realizadas mayormente en instituciones públicas, a partir de los presupuestos otorgados por el gobierno, que a su vez provienen de los impuestos que pagan las y los ciudadanos. Tenemos el derecho de saber qué investigación científica se hace, y los resultados de ésta. Estemos atentos.

http://pagina3.mx/al-grano/12511-la-publicacion-de-estudios-cientificos-bajo-escrutinio.html

Contralínea: El cártel del agro.

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El mercado agroalimentario mexicano, en poder de 42 compañías trasnacionales. Monsanto, Dupont, Agromex, Pionner, Syngenta y Limagrain controlan la producción de semillas y fertilizante. Otras, una vez que llega a sus manos el producto (maíz, frijol, sorgo, leche), incrementan los precios al consumidor hasta en un 200 por ciento: Minsa, Maseca, Cargill, Bimbo, Bachoco, Pilgrim’s Pride, Tyson Foods y Lala, por mencionar algunas. En el caso del maíz, son dos los consorcios que acaparan la producción y distribución; en el caso del frijol, controlan más del 70 por ciento, y en la leche, alrededor del 55 por ciento.

“Si fuera mujer de la Revolución, andaría con mi rifle cargado, pero ya no se trata de eso, sino de negociar. Toda mi vida he luchado por lo que padecemos los campesinos, porque uno ve las anomalías que hay en los pueblos y los ejidos, ve uno cosas que hacen hervir la sangre”, dice una mujer de 70 años, hija de campesinos, heredera del México agrario y sobreviviente de este sector.

Manuela Cervantes es originaria de Antonio Amaro, Durango. Llegó a la Ciudad de México acompañando la caravana de maquinaria agrícola que recorrió Paseo de la Reforma el pasado 5 de noviembre.

La anciana es productora de frijol en el Norte del país; por ello padeció por tres ciclos agrícolas la sequía. Este año, relata, “fuimos socorridos con las lluvias, hubo buenas cosechas; el problema es el precio al que nos quieren comprar: no está bien, nos quieren dar 6 u 8 pesos por kilo. Mientras en las tiendas cuesta casi 20 pesos.

“Ninguna autoridad hace hincapié en tener un precio fijo para el frijol; dejan que los coyotes [compradores intermediarios] hagan su agosto. ¡Hasta en 2 pesos lo hemos llegado a regalar, así no se puede vivir!”, dice en entrevista con Contralínea.

Ésta es la realidad para millones de agricultores. Productores de maíz, frijol, sorgo, leche, entre otros, que padecen una sequía de precios, ante la falta de regulación por parte del Estado. Así lo indica el texto Acuerdos nacionales para el desarrollo del campo mexicano, elaborado por El Barzón (Unión Nacional de Productores Agropecuarios, Comerciantes, Industriales y Prestadores de Servicios). Éste revela el nombre de 42 empresas que tienen en su poder el mercado mexicano de los alimentos.

Semillas en poder de cuatro empresas

En el estudio –firmado por Alfonso Ramírez Cuéllar, presidente de El Barzón; Angely Vanessa Amezcua Chávez, coordinadora de Proyecto Agua y Energía de la organización, y Manuel Alvarado Pérez, representante en Zacatecas– se documenta que en el control de insumos para la producción se encuentran Monsanto, Pionner, Syngenta y Limagrain. Éstas acaparan el 94 por ciento de la venta de 2.6 millones de bolsas de 20 kilogramos de semillas. “Y cuentan con todo el poder y la determinación de apoderarse de un mercado potencial que alcanza las 7.6 millones de bolsas que se requieren para cubrir las necesidades nacionales, bajo un verdadero programa de producción y de productividad”.

El análisis que se discute actualmente entre organizaciones campesinas y funcionarios de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa) menciona que este poder en el mercado de las semillas ha dejado en la marginación al Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias, a los centros de investigación y ha debilitado al extremo a las pequeñas empresas productoras de semillas que se localizan en algunas regiones del país.

Alfonso Ramírez Cuéllar, presidente nacional de El Barzón, dice en entrevista que hay una ausencia total de política agropecuaria y alimentaria. El gobierno carece de una estrategia. “Somos 4 millones de unidades productivas y 119 millones de consumidores. El grave problema es que este mercado tiene control absoluto en insumos, acopio, comercialización y ventas al menudeo. Son un cártel agropecuario”.

Ejemplo de las afectaciones es Daniel Juárez, productor de frijol, quien buscó un nuevo impulso para su economía luego de que no había ganancias. Pensó que con la compra de la semilla de maíz de alto rendimiento que vende Monsanto obtendría una “mejor cosecha”.

 “Somos un grupo de 15 productores que nos animamos a entrarle a la tecnología, pero debido a la jodidez no se pudo: los fertilizantes están muy caros y no pudimos sacar la cosecha”, explica.

Del grupo, algunos deben 30 mil; otros, 50 mil. Daniel es de estos últimos. “Creo que se van a llevar lo que tenga, porque dinero no tengo”, comenta.

—¿Y qué tiene?

—Un tractor muy garra.

—¿Y qué va a hacer después?

—No sé, pero hay que seguir sembrando…

Frijol, arrebatado

En el campo, las historias trágicas abundan. El zacatecano Francisco Delgado resume la situación: los ejidatarios y productores de escasos recursos están desapareciendo. “Cada año nos endeudamos más, y para pagar se empieza con vender la chivita, la vaquita, los animales y hasta la casa; al último rematan con las parcelas. Por eso, un sinnúmero de personas se están quedando sin tierra”.

Tiene 62 años y desde pequeño se ha dedicado al campo. Su alimentación y la de sus ocho hijos está basada en el producto que él y su familia trabajan, además de tortilla, nopales, chile y rábanos.

 “Los pocos acaparadores de frijol que hay, quién sabe quien los apoyará. Nos están matando de hambre e ignorancia de generación en generación. Mientras ellos [los acaparadores] con residencias, nosotros seguimos viviendo en casas de adobe con piso de tierra. Ignorantes, todos nuestros hijos porque no tenemos posibilidad de mandarlos a la escuela. El principal problema no es vender la cosecha: nos la arrebatan, nos la roban. El frijol lo hemos llegado a vender hasta en 1.2 pesos, eso ocurrió en 2004. Hoy los precios no son los más convenientes para las familias del campo”, dice.

El documento de El Barzón indica que en este mercado –que involucra a 180 mil productores y casi 1 millón de toneladas del grano– los índices de concentración superan el 70 por ciento, y el acopio y comercialización lo ejercen principalmente Bodega de Granos El Alazán y el Rocío, Ramos Hernández Internacional, Empacadora Abetos, Grupo Patrón, la Castellana y Productos Verde Valle.

 “El poder es absoluto para la manipulación del inventarios, de los cupos y tiempos de importación, la distribución de mercados y la colusión para fijar precios”, dice el informe.

Maíz a la baja

Heraclio Rodríguez es originario de Cuauhtémoc, Chihuahua, productor de maíz y carne. Su economía también padece por la falta de regulación en los precios. Relata que en 2010 llegaron a vender el grano en 5.30 pesos. Hoy los intermediarios lo quieren comprar en 2.50, y aun así están esperando a que baje más precio. En Cuauhtémoc, dice, se vive cada día más pobre, con más necesidades, hambre, violencia y menos condiciones para sus hijos.

En su análisis, El Barzón también documenta que el peso de la concentración en el mercado de harina de maíz es extremo. Tan “sólo Maseca y Minsa controlan el 94 por ciento de una de las industrias sobre las que descansa la mayor producción de tortilla”.

México produce un promedio de 20 millones de toneladas de maíz al año. Éste es el esfuerzo de poco más de 2 millones de campesinos, donde el 85 por ciento cuenta con una extensión de tierra menor a las 5 hectáreas, según datos de la organización.

El Barzón indica que la evolución de las empresas procesadoras de alimentos ha dado lugar a que sean ellas mismas las que tienen el control del acopio y la comercialización del grano. En esa situación se encuentra Cargill y sus vínculos societarios con la Comercializadora AOASS de Sonora; Archer-Daniels-Midland, en sociedad con Maseca y dueña de Amex (Algodones Mexicanos) y la Comercializadora de granos del Grupo Patrón; Bimbo, que opera Molinos del Sureste; y Provemex, del Grupo Tayson de México.

 “Estos vínculos les permiten convertirse en los principales vehículos para canalizar y beneficiarse de los distintos programas de apoyo a la comercialización y de los innumerables subsidios y de los cupos de importación”, indica El Barzón.

Litro de leche a 5 pesos

Raymundo González, productor de leche en Chihuahua, vino a la Ciudad de México en la caravana agrícola. Para él y sus compañeros, la producción del lácteo ha sido buena este año. No obstante, los precios que ofrecen empresas como Lala y Zaragoza no alcanzan a cubrir sus costos. “Nos ofrecen 5 pesos por cada litro, cuando ellos empaquetan y lo venden en 15 pesos. Así, no hay modo de vivir bien”.

Calcula que para poder solventar los costos de producción, el precio de cada litro debería ser de 7 pesos: “Con eso nos conformamos”. Ante la falta de regulación en los precios de compra y la crisis económica que padecen los productores de leche, “muchos han tenido que vender su ganado, no hay ni para comprar la pastura; una paca cuesta 120 pesos y no rinde”.

El Barzón documenta que el mercado de la leche tiene un valor de poco más de 40 mil millones de pesos. El control de la leche pasteurizada y ultrapasteurizada se concentra en el Grupo Lala y Ganaderos Productores de Leche Pura (Alpura), con el 55 por ciento del mercado. Le siguen Nestlé, Lechera Guadalajara y Grupo Zaragoza.

 “El problema mayor está en la fragmentación y la falta de infraestructura que padecen miles de productores. El 30 por ciento de las 789 mil unidades realiza la ordeña de manera artesanal y un número mayor está sujeto a problemas de alimentación de baja calidad e insuficiencia de infraestructura de enfriamiento y conservación, lo que provoca que sus ingresos se vean disminuidos en más del 30 por ciento con relación a los obtenidos bajo un sistema más especializado”, muestra el análisis.

Fertilizantes y sorgo

Ramón Magaña es productor de sorgo, originario de Pénjamo, Guanajuato. Dice que los más de 5 mil productores que hay en la región están a punto de perder la cosecha de este año.

Explica que los acaparadores pretenden pagar el producto a un precio de 2.8 pesos: “es muy bajo”. Mientras, el abono y los fertilizantes siguen “muy caros y no vamos a poder pagar con la cosecha la deuda que adquirimos para comprarlos”.

Y es que los mismos que les venden la semilla les prestan la mercancía a crédito que no alcanzan a pagar. Es entonces cuando tienen que vender un pedacito de tierra o los tractores para saldar sus compromisos. Don Ramón vendió una camioneta el año pasado, pues ya adeudaba más de 30 mil pesos. “Este año no sé qué voy a vender, ya no tengo con qué pagar”, dice.

De acuerdo con el documento de El Barzón, en semillas, fertilizantes y plaguicidas están siempre las mismas empresas que se han apoderado de los elementos esenciales que integran el paquete tecnológico indispensable para las actividades agrícolas.

El potencial de los rendimientos ha sido captado por Bayer de México, Cheminova, Agromex, Arysta, Dupont y las grandes empresas que son capitaneadas por Monsanto.

Estos grupos empresariales también son fuente de financiamiento. Desarrollan programas de capacitación, promotoras de agricultura por contrato y han establecido todo un sistema de operación que descansa en la exclusividad y las ventas atadas. “Es una estructura de mercado dominada en lo absoluto por una sola política de calidades, precios, variedades y centros de distribución”, dice el documento.

José Narro Céspedes, dirigente de la Coordinadora Nacional Plan de Ayala, comenta que la administración federal se sigue operando una política que favorece a los grandes monopolios agroalimentarios. A ellos, dice, van destinados los créditos, subsidios, los apoyos a la comercialización y un mecanismo de precios a favor.

Advierte que el sector está a punto de tronar porque lo que pagan a los agricultores es menor a los costos de producción. Ésta es la continuidad de un modelo instalado hace más de 30 años con el neoliberalismo.

Deuda impagable

Federico Ovalle Vaquera, secretario general de la Central Independiente de Obreros Agrícolas y Campesinos (CIOAC), comenta que es incuantificable la deuda que hay en el campo mexicano, ya que muchos de los que aquí trabajan acuden a agiotistas para poder solventar el ciclo agrícola; otros, expone, son sujetos de crédito de las mismas empresas que les venden las semillas o los fertilizantes; los menos, de la banca privada o pública.

“Estamos buscando que se modifique el modelo de desarrollo; el campo ya no aguanta más. Las deudas con loscoyotes ya no se pueden sostener. La propuesta es que entre el gobierno y las organizaciones se pueda establecer una empresa pública que garantice la compra de los productos a buen precio, además de que recupere la producción de semillas”, dice el secretario de la CIOAC.

Néstor Osornio, productor de maíz, frijol y haba en el Estado de México, expone que ante la crisis del sector poco a poco se ha reducido el poder adquisitivo de cada familia. “Mis hijos trabajan en el campo, tuvieron que dejar la escuela cuando estaban en la preparatoria porque no había la economía para continuar”.

Él tiene una deuda con Grupo Financiero Banorte, que en 2009 le autorizó un préstamo por 30 mil pesos.  No obstante, a la fecha el monto del crédito se ha duplicado por los intereses. Paga lo que está a su alcance, pero termina de cubrirlo después de 4 años. “Lo único que tengo que pueden embargar son mis tierras”, comenta.

Benito González Contreras, dirigente de El Barzón en Morelos, expone que su estado se encuentra prácticamente como hace 100 años, cuando Emiliano Zapata estaba levantado en armas: “Los productores sobreviven de milagro, las cosechas se pagan muy baratas y los insumos están por los cielos. Nada más se va sacando para subsistencia; por desgracia el gobierno ha permitido que se monopolicen los productos”.

Según sus cálculos, la mayoría de los 2 mil productores de sorgo está endeudada con la Financiera Rural; otros, con la banca extranjera y hasta con agiotistas. Dedicado a la siembra del maíz, el productor asegura que los coyotes que minan con su producción son Cargill, Monsanto, Maseca: “Se hacen cada vez más ricas y los campesinos más pobres. El campo es tan bondadoso que subsistimos con lo que podemos. El gobierno quiere tenernos como consumidores y no como productores”.

Los cárnicos

Además de los cereales, semillas y fertilizantes, El Barzón indica que los índices de concentración en el mercado de carne de bovino –donde existen 1.13 millones de unidades de producción y que tienen un valor de más de 60 mil millones de pesos– está dominado por el Grupo Viz-SuKarne en más del 20 por ciento; control compartido con el Consorcio Internacional de Carnes (Grupo ViBa), Procarnes Procesadas y Empacadora de Carnes (don Fileto), Carnes la Laguna, el Grupo Industrial Arias, Pradera Huasteca, Grupo Gusi y las Uniones Ganaderas de Tabasco y Sonora.

En carne de pollo, la producción de traspatio y de pequeña escala prácticamente está sometida a un proceso de aniquilamiento. La concentración permite el dominio de tres grandes empresas: Bachoco, Pilgrim’s Pride y Tyson, con 1 mil 400 millones de aves y el control absoluto del alimento balanceado y de la venta final del producto.

Para la realización del presente trabajo, Contralínea solicitó entrevista con el titular de la Sagarpa, Enrique Martínez y Martínez, a través de Pedro Hernández, subdirector de Atención a Medios de la dependencia. Hasta el cierre de edición, no se obtuvo respuesta.

Érika Ramírez

@erika_contra

http://contralinea.info/archivo-revista/index.php/2013/11/26/el-cartel-del-agro/

Violencia contra el maíz, la soberanía alimentaria y la autonomía.

cartel audiencia temática maíz

 

El maíz no es una cosa, un producto; es un tramado de relaciones, es la vida de millones de campesinos cuyo centro civilizatorio milenario es la comunidad y la vida en la siembra.

Siendo México centro de origen del maíz, uno de los cuatro alimentos cruciales para la humanidad, los ataques al maíz y a los pueblos que lo cultivan, son un ataque contra las estrategias más antiguas y con más posibilidades de futuro de la humanidad.

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El transgénico de la discordia.

Alineado con las empresas transnacionales más grandes del mundo que producen maíz transgénico como son Semillas y Agroproductos Monsanto, S. A. de C.V.; Dow AgroSciences de México, S.A. de C.V.; PHI México, S.A. de C.V. y Sygenta Agro S.A . de  C.V.; el gobierno de Enrique Peña Nieto litiga a favor de ellas para que un magistrado federal levante la restricción de “siembra” y les permita inundar dos millones de hectáreas del norte del país con su semilla modificada.

En un hecho histórico, el pasado 17 de septiembre el Juzgado XII de distrito en materia civil en el Distrito Federal aceptó la demanda de “acción colectiva” promovida 50 personas morales y 20 organizaciones sociales resolviendo en su beneficio al otorgarles una “medida precautoria” que en los hechos significó detener la entrega de permisos de siembra de maíz transgénico por parte de las autoridades federales.

El recurso de la colectividad, representada por Adelita San Vicente Telles, directora de la fundación Semillas A.C. y René Sánchez Galindo, abogado de Colectivas A.C., fue notificado a Sagarpa y Semarnat el 3 y 4 de octubre; de inmediato, sus titulares Enrique Martínez y Martínez y Juan José guerra Abud, –cercanos colaboradores del Ejecutivo Federal–, ordenaron a sus áreas jurídicas apelar la resolución, ganarla y entregar lo más pronto posible los permisos para siembra de maíz transgénico. Así lo demuestran documentos en poder del semanario.

Se trata de los dos recursos de apelación de 25 fojas cada uno presentados el 9 de octubre por Sagarpa y el 10 de octubre por Semarnat ante el Segundo Tribunal Unitario en Materia Civil y Administrativo del Primer Circuito, donde demandan “revocar” el congelamiento de los permisos para siembra.

Los argumentos de ambas dependencias federales van desde la violación a su derecho de audiencia hasta el que se les coartan sus facultades para regular este tipo de actividades.

Luego de mostrarle ambas apelaciones, el abogado defensor de la colectividad, René Sánchez Galindo acusa al gobierno de litigar en favor de la empresa; a su vez, la representante de la “acción colectiva”, San Vicente Telles ofrece datos que muestran los vínculos que hay entre ex empleados de las transnacionales y quienes durante el sexenio de Calderón o de Peña Nieto ocuparon u ocupan posiciones en órganos claves para autorizar permisos ya sea en etapa experimental, piloto o de siembra.

Un juez incongruente: gobierno

Antes que las afectadas directas por la suspensión de los permisos de siembra, Monsanto, Dow Agrosciencies, Syngenta o PHI, el gobierno de Peña Nieto se apresuró a defenderlas al exigir ante el II Tribunal Unitario la revocación de la medida precautoria.

En la apelación de 25 fojas encabezada por la abogada de Sagarpa, Mireille Roccatti Velazquez,  sostiene que el juez “no observó” los artículos 219, 222, 610 y 611 del código Federal de Procedimientos Civiles; en especial que antes de dictar la medida precautoria el juez debe “dar vista por tres días a la parte demandada para que manifieste lo que a su derecho convenga y solicitará opinión de órganos competentes”.

Y añade en su página seis, “…ese tribunal de Apelación podrá advertir que el acuerdo que se impugna es ilegal, toda vez que de los autos que integran el cuaderno relativo a  la medida precautoria solicitada por la colectividad actora, no se observa que haya otorgado a mi representada su garantía de audiencia prevista en el artículo 11 del código…y menos aún que se haya allegado de la opinión de los organismos competentes en la materia”.

Y sigue: “dos requisitos que el A quo (juez) debió desahogar de manera obligatoria, pues el precepto legal en estudio no señala como acto potestativo el que el juez ‘podrá’ dar vista a las medidas precautorias solicitadas, ni indica que podrá” allegarse de la opinión de organismos…sino que el juzgador ‘deberá’ otorgar la citada garantía de audiencia y  ’solicitará’ la opinión; de ahí lo ilegal del acuerdo apelado”.

Roccatti alega que el juez “indebidamente” únicamente tomó en consideración los argumentos expuestos por la colectividad actora, pero el código Federal de Procedimientos civiles dispone de manera precisa cuáles son los requisitos que habrán de colmarse por parte del juzgador….las cuales dejó de observar en perjuicio de mi representada”.

Por lo que hace a Semarnat, el representante legal Mario Moreno García en su recurso de apelación entregado el 10 de octubre al Tribunal Unitario alega que se violaron los artículos 585, 610  y 611 del mismo Código “y en contra de los principios de congruencia y exhaustividad que toda resolución…debe colmar”.

Luego insiste en el mismo argumento de que se debió dar vista en un plazo de tres días “y solicitarse la opinión tecno-científica de los organismos competentes” como es la Procuraduría Federal e Protección al Medio Ambiente.

“Estamos”, dice el abogado Moreno García, “en presencia de un procedimiento en materia civil que es de estricto derecho, es decir, debe de resolverse conforme a la letra de la ley” en términos del 19 del Código Civil Federal y 14, último párrafo de la Constitución que “consagra la garantía o derecho humano de previa audiencia con relación a los actos de privación por parte de la autoridad”.

Luego alega que la resolución “causa agravio a esta autoridad recurrente…en virtud de que atenta contra los principios de congruencia y exhaustividad”.

La Sagarpa en su alegato destaca que la solicitud de liberación de permisos en etapa comercial de organismo genéticamente modificados “queda comprendida dentro de las facultades de Sagarpa”.

Los procedimientos seguidos por las autoridades, agrega en la pagina 18 del recurso de apelación, “constituyen un motivo de daño a la parte actora o al medio ambiente sino las actividades clandestinas o realizadas en inobservancia del marco legal, pues podrían constituir un riesgo al realizarse sin observar las directrices establecidas”. Y como el otorgamiento de los permisos buscan el que éstos se lleven a cabo de la forma, en los lugares y zonas conforme lo determina la ley de Bioseguridad (…) y en el caso a estudios con el otorgamiento de la medida precautoria solicitada, “se coartan las facultades de las autoridades codemandadas en la instancia para regular las actividades inherentes a organismos genéticamente modificados, (…) es decir, va en contra de la propia naturaleza de dichas medidas precautorias…”.

Por todo lo anterior, tanto Sagarpa como Semarnat piden “revocar o modificar” la suspensión de permisos para la siembra de maíz transgénico.

La demanda incluye a las cuatro empresas ya mencionadas, Monsanto, Dow Agrosciences, PHI y Syngenta, sin embargo las tres primeras se negaron a recibir la notificación que les entregó el actuario en donde se les participa de la detención de la siembra, en tanto que la última sí la recibió pero no a realizado acción alguna contra la resolución del juez.

Una de las críticas que hace la representante de la colectividad, Adelita San Vicente Tello, es que se haga una revisión del “conflicto de intereses” en que pudieran caer los encargados de realizar las indagaciones por parte del gobierno e incluso de los investigadores que certifican a las transnacionales sobre el no daño al medio ambiente y el humano que puede provocar el uso de maíz transgénico y su relación con las transnacionales que buscan la siembra.

Así por ejemplo recuerda que Bruno Ferrari fue el encargado de la venta de Seminis a Monsanto para en 2007 ser nombrado por Felipe Calderón como titular de la Unidad de Relaciones Económicas y Cooperación Internacional de la Secretaría de Relaciones Exteriores; en enero de 2008 se va a director general de Promexico y en julio de 2010 es nombrado titular de la Secretaría de Economía desde donde se autorizan los cupos de importación y exportación de diversos alimentos.

Con la aprobación en 2005 de la Ley de Bioseguridad de Organismos Genéticamente Modificados, durante el sexenio de Felipe Calderón las cuatro transnacionales mencionadas empezaron a solicitar y a recibir permisos para la “experimentación”, primero y luego prueba “piloto” de siembra de maíz transgénico.

Del 2009 al 20012 se recibieron 186 solicitudes y autorizaron 114 permisos, según datos del Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (Senasica) de Sagarpa, una de las dependencias del gobierno encargada de clasificar autorizar los permisos y el número de hectáreas autorizadas.

Aquí en Senasica, reclama San Vicente, pero en la dirección de Bioseguridad para organismos genéticamente modificados estaba Silvia Elena Rojas Villegas quien antes había sido empleada de la transnacional PHI y en su gestión al frente de la dirección esta empresa recibió permisos al igual que Dow Agrosciences.

Además está la Coordinación de análisis de Riesgo y Bioseguridad (Conabio) la cual tiene a su cargo la Comisión Intersecretarial de Bioseguridad de los Organismos Genéticamente Modificados (Cibiogem) que está vinculado a la dirección general del Conacyt. La Cibiogem tiene un secretariado ejecutivo que en los hechos es la cabeza del organismo, el reclamo de Adelita San Vicente es que desde abril de 2007 al frente de Cibiogem estuvo Ariel Álvarez Morales y todavía en marzo de 2013 figuraba como secretariado ejecutivo. Hoy, en su página de internet, aparece vacante.

Lo grave del caso, dice San Vicente es que antes de llegar al cargo, Ariel Álvarez desde su puesto de académico en el Centro de Investigación de Estudios Avanzados (Cinvestav) perteneciente al Politécnico Nacional “respaldó los primeros permisos que pidió Monsanto porque las empresas siempre deben contar con un respaldo técnico. Más aún, desde el sexenio de Vicente Fox, él presentó un proyecto “maestro de maíz” que curiosamente heredó su nombre a un proyecto que Monsanto tiene con la Confederación Nacional Campesina, sector del PRI y del cual reciben millonarios recursos”. Otro personaje, que en su momento también denunció Adelita San Vicente es Sandra Patricia Piña Salinas quien en el sexenio pasado estuvo al frente de la Dirección de Políticas y Normatividad de la Cibiogem y antes, fue coordinadora técnica de Agrobio México, asociación que aglutina a las empresas transnacionales que impulsan el maíz transgénico.

Hoy en ese puesto está Sol Ortiz, un personaje que a decir de San Vicente cuenta con laboratorios para detección de transgénicos aunque rechaza tener conocimiento de una posible vinculación con las transnacionales.

Y para cerrar con broche de oro entre proclives de los transgénicos e instituciones de gobierno está el químico Bolívar Zapata, quien según San Vicente creó un transgénico. Este reconocido científico fungió como coordinador de Ciencia y Tecnología en el equipo de transición de Enrique Peña Nieto y el pasado 4 de enero lo nombró “enlace entre la Presidencia de la República y el Conacyt”, el mismo al que está vinculada la Cibiogem, organismo público.

En juego un billón de dólares

Lo que está en juego en términos monetarios con la autorización de siembra para el comercio del maíz transgénico, explica Víctor Suárez, director de la Asociación Nacional de Empresas Comercializadoras de Productores del Campo (ANEC), son mil 200 millones de dólares, porque no sólo es la venta de la semilla transgénica sino también del herbicida que forzosamente se tendría que utilizar porque tiene el gen que resiste a las plagas.

Denuncia que la CNC, sector del PRI, ha respaldado la siembra del maíz transgénico mediante un convenio de Monsanto en donde recibe por lo menos un millón de dólares al año a través de la confederación Nacional de Productores Agrícolas de Maíz, y donde se comprometen a cuidar en el sur el país al maíz criollo mientras que Monsanto va por las hectáreas del norte para el transgénico.

Detalla que en el norte del país hay 2 millones de hectáreas para siembra de maíz transgénico en zonas de Sinaloa, Tamaulipas y Sonora. “Es la superficie más comercial, que tiene sistema de riego y usa semillas híbridas de maíz y la que tiene mayor desarrollo tecnológico. Los productores se niegan a usar maíz transgénico porque obtienen más tonelaje con el híbrido”.

Aparte están 800 mil hectáreas en Jalisco, Nayarit, Guanajuato que son de temporal y son de ciclo para siembra primavera-verano.

El doctor Antonio Turrent Fernández, presidente de la Unión de Científicos Comprometidos con la Sociedad y un estudioso de los efectos negativos de los productos transgénicos, destaca que gracias a la suspensión precautoria que otorgó el juez a la colectividad en septiembre pasado, es que se pudo detener la siembra de 2 millones de hectáreas en la zona norte del país y la cual empieza su ciclo en otoño-invierno.

En una amplia explicación, el doctor trae a colación varios experimentos que se han hecho con ratas y cerdos alimentadas con maíz transgénico, pues este último es quien tiene el modelo de mamíferos más parecido al de los humanos. Los resultados en un corto periodo de tiempo fueron la presencia de cáncer y hubieron de ser sacrificados antes de su periodo normal de vida.

Aclara que lo hallado fue que el mal “estuvo asociado en mayor frecuencia con individuos alimentados con maíz transgénico, esto no prueba que el consumo del transgénico le causó el cáncer, lo que prueba es que se asoció” y eso ya es grave.

Otro aspecto es que se afectan los mantos acuíferos. Pero además de los efectos nocivos para el humano que aún esta en prueba experimental es el daño grave a la planta nativa del maíz, al criollo y al híbrido que al mezclase con la polinización se contamina del gen transmutado, pero no sólo eso, está en cámara de diputados una minuta, avalada ya en Senado, que establece que al tener un productor un maíz que tiene su gen se le podrían cobrar regalías, es decir, se aprobaría la patente el maíz transgénico.

 Por

Jesusa Cervantes.

http://www.proceso.com.mx

Número: 1930.


@twewwter

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