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A 2 años de los asesinatos de Bety Cariño y Jyri Jaakola.

A Felipe Calderón Hinojosa
Presidente de Mexico

A Gabino Cué Monteagudo
Gobernador de Oaxaca

A la opinión pública

Dos años pueden decirse fácil para quienes no han perdido de manera violenta a un ser querido; para quienes deciden los cambios que enfrentan la mayoría, argumentado que lo hacen por el bienestar del país; para quienes dicen representar a México e imponen, con soberbia, estrategias de control social para generar miedo y, con ello, militarizan el país y endurecen su política para criminalizar a las sociedad hasta llegar a establecer un Estado terrorista que persigue, asesina, encarcela y desaparece a quienes estamos en descuerado con ustedes.

Esta guerra es una cortina de humo que oculta lo que realmente está pasando: el despojo de nuestros territorios, el saqueo de nuestros recursos naturales, la pérdida de nuestra soberanía, el desmantelamiento de toda resistencia, la ruptura del tejido social y el desmantelamiento las formas de organización de los pueblos originarios que se ha manteniendo milenariamente. Todo esto busca someter nuestras voluntades a un acto de obediencia, lo cual ha generando una profunda herida en nuestro país, en nuestros pueblos, y ha dejado a miles de hijos huérfanos, mujeres viudas, madres sin hijos y esposos, mujeres desaparecidas y ultrajadas, todos víctimas de una violencia que no se detiene y se repite de continuo en este país.

Además, a dos años no puedo hablar de Bety Cariño y Jyri Jaakkola sin nombrar y demandar justicia por los asesinatos de muchos dirigentes sociales, mujeres y hombres defensores de nuestros derechos. Niños, mujeres y hombres que hoy viven desplazados de sus comunidades por defender la autonomía y la autoderteminación de los pueblos; porque proponen una manera diferente de hacer política, misma que nace y se construye desde abajo. Todas estas mujeres y hombres en algún momento tomaron la decisión de no quedarse callados y enfrentar la tiranía que aún prevalece en nuestro país, lo cual no es cosa fácil, pues está solapada por las instancias que deberían impartir justicia, la clase política, los partidos políticos y el crimen organizado. Al final, son todas lo mismo.

A dos años del arrebato de nuestra compañera Bety, el gobierno que representa Felipe Calderón ha incumplido una y otra vez su palabra. ¿Donde están los compromisos de la procuradora, quien se llenó la boca al decir que ya se había detenido a gente implicada en este asesinato? Porque quienes estuvieron ahí conocen sus nombres: Rufino Juárez no fue detenido ni ha sido juzgado por el asesinato de Bety Cariño y de Jyri Jaakkola. ¡No nos quieran engañar!

Porque hoy, una vez más, después de dos años, seguimos viendo cómo se encumbre y se defiende a asesinos y tiranos como Ulises Ruiz Ortiz y todos los que decidieron el ataque a la caravana que se dirigía a San Juan Copala el 27 de abril de 2010.

Ante la ausencia e incompetencia de la Procuraduría tuvimos que ser nosotros, los familiares, quienes indagáramos y buscáramos la verdad. Por otro lado, en los últimos días, representantes del Gobierno Federal buscan por todos los medios evitar acciones legales contra Ulises Ruiz Ortiz. De esta forma, pregunto: ¿cuáles son los compromisos que mantienen, señor presidente, señor gobernador, a dos años de mentiras al gobierno finlandés, a los familiares de Jyri, a l@s eurodiputad@s y a una sociedad que demanda JUSTICIA, como los familiares de los 60 mil muertos de este sexenio? Sólo quiero decirles que nosotros, al igual que ustedes, ¡sabemos la VERDAD! Sabemos que ustedes NO quieren se resuelva este crimen.

Asimismo, para nosotros no basta con detener a los asesinos materiales de Bety: exigimos el desmantelamiento de las redes de control y de impunidad, se castiguen a todos los responsables implicados, entre los que destacan funcionarios de los tres niveles del anterior gobierno de Oaxaca, muchos de ellos vinculados a los paramilitares de UBISORT.

Y nuevamente invitamos a la movilización que realizaremos el día 27 de abril en Huajuapan de León, Oaxaca, a la altura de El Chacuaco, a las 9 de la mañana. Los familiares de Bety y el Movimiento Agrario Indígena Zapatista esperamos nos acompañen, para recordar y decirle a Bety vive en la memoria de los que buscamos un mundo diferente, en la historia de un pueblo que sigue luchando por su dignidad y en nuestros corazones.

¡Por la desmilitarización y desparamilitarización de Oaxaca y del país!

¡Justicia a todas y todos los 60 mil muertos por la guerra contra el crimen organizado!

¡Cárcel a los responsables materiales e intelectuales de la ejecución de Bety y Jyri!

¡Justicia para Bety Cariño!

¡Justicia para Jyri Jaakkola!

¡Justicia para nuestras familias!

¡Basta ya de impunidad!

Omar Esparza
MAIZ

http://www.proyectoambulante.org

Comunicado: Comité por la Defensa y Justicia para el Municipio Autónomo de San Juan Copala.

Al pueblo explotado de México y el mundo:
A la Otra Campaña Nacional e Internacional:
A las Organizaciones solidarias con la lucha Triqui:
A todos los Organismos de derechos Humanos independientes:

Octubre, 2010

La autonomía en la región triqui se declara formalmente en el año de 2007, con el consenso de 10 comunidades; estableciéndola en el centro ceremonial de San Juan Copala, Oaxaca. La historia del pueblo triqui nos habla de más de 500 años de resistencia a la conquista e intervención de múltiples entes políticos, a través de la colonización interna y externa del sistema capitalista para generar violencia entre las comunidades triquis.

Antes surgieron múltiples intentos entre los triquis para establecer la paz en la región y así enfrentar la guerra colonizadora capitalista. Se creó el CLUB en los 70´s y el MULT en los 80´s, este comienza a tener una política diferente en el año del 2003 con la conformación del Partido unidad Popular, el cual se quiso imponer a la postura de no a los partidos políticos, por lo cual varios fundadores del MULT conforman el Movimiento de Unificación y Lucha Triqui Independiente (MULTI), el cual después de un acuerdo con la población triqui da paso a la formación del Municipio autónomo de San Juan Copala.
El Municipio Autónomo logra detener la violencia en la región y frenar los asesinatos por un tiempo, por eso la autonomía fue generando la simpatía entre los triquis. En noviembre del 2009 el Estado intensifica la represión por medio de un cerco paramilitar, operado por las dirigencias de MULT-PUP y UBISORT (se impide el paso a una caravana del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra de Atenco), lo que coincide además con la aparición de los procesos electorales para renovar alcaldías en octubre de ese año. Luego de cerca de 30 asesinatos desde el 2008 a la fecha en San Juan Copala, el Municipio Autónomo fue desalojado por más de 500 hombres armados apoyados por la policía estatal y municipal, el 13 de septiembre del 2010, destruyendo, quemando y robando las casas.
Por estos hechos la Comisión interamericana de Derechos Humanos (CIDH) “… solicitó al Estado mexicano establecer medidas cautelares en favor de 135 triquis del municipio autónomo de San Juan Copala –todas y todos ellos desalojados- ante las agresiones de grupos paramilitares” (La Jornada, 10 de octubre). Pero el 16 de octubre fueron emboscados triquis desplazados de la comunidad, siendo asesinadas dos personas, y dos más resultaron gravemente heridas, pese a las medidas cautelares.
Desde que surgió el Municipio Autónomo de San Juan Copala la estrategia de lucha ha sido pacifica y la orientación era hacer una lucha sin responder con violencia a la violencia.
El asesinato del dirigente del MULT, Heriberto Pazos, responde a la política represiva del Estado y de intereses políticos para seguir explotando, reprimiendo, colonizando. Después de atacar a la Autonomía, ahora quieren exterminar todo vestigio de la lucha triqui, atacando en su mayoría a esta comunidad, sin importar su afiliación o postura política, teniendo más justificaciones para seguir reprimiendo al Municipio Autónomo.

No olvidamos los asesinatos de Teresa Bautista, Felicitas Martínez, Héctor Antonio Ramírez, Elías Fernández de Jesús, José Celestino Hernández, Beatriz Alberta Cariño, Jiry Jaakkola, Timoteo Alejandro Ramírez (siendo este el líder moral de la comunidad triqui en el municipio), Tleriberta Castro, Antonio Ramírez, Antonio Cruz, Rigoberto González, Pedro Santos, David García, Paulino Ramírez, Serafín Ubaldo Zurita, Teresa Ramírez, ocurridos desde la fundación del Municipio Autónomo a la fecha.

Ninguno de ellos mereció la atención del Estado para asignarles guardias, ni siquiera un pronunciamiento del Gobernador, tanto del saliente (el asesino Ulises Ruiz) como del que está por asumir el cargo (Gabino Cué).

Hacemos responsable al Estado por no haber impedido la masacre en Copala y de haber asesinado a un dirigente del MULT, ya que solo alguien con los recursos suficientes pudo haber burlado la seguridad de Heriberto Pazos quien en vida conformó el Partido de Unidad Popular (PUP), el cual fue participe en algunas alianzas con el PRI y con cierto vinculo al PAN, y que en declaraciones se opuso al proyecto de autonomía.

Nos pronunciamos en contra de que ese asesinato de Estado, sea el pretexto de las autoridades y los paramilitares para seguir masacrando, hostigando y amenazando a los simpatizantes del municipio autónomo en las comunidades, los que se encuentran en los plantones de la ciudad de Oaxaca y en la de México, DF.

Exigimos que las medidas cautelares se hagan extensivas a las familias del municipio autónomo que no son contempladas y el cumplimiento de las mismas.

¡Justicia para San Juan Copala!
¡No a la impunidad, castigo a los culpables materiales e intelectuales de los asesinatos!
¡Respeto al Municipio Autónomo de San Juan Copala!

Comité por la Defensa y Justicia para el Municipio Autónomo de San Juan Copala

San Juan Copala:Nueva Agresión, 2 asesinados y un herido grave.

A LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN HONESTOS

A LOS ORGANISMOS DE DERECHOS HUMANOS

A LOS PUEBLOS INDIGENAS DE MEXICO

A LA OTRA CAMPAÑA

AL EJERCITO ZAPATISTA DE LIBERACION NACIONAL

A OAXACA, MEXICO Y EL MUNDO

Compañeras, compañeros:

La comunidad Triqi de San Juan Copala hoy desplazada de su pueblo por el mal gobierno y sus sicarios se dirigen a las mujeres y hombres que tienen bueno su corazón para denunciar que la maldad y la ambición del poderoso no tiene limites, y no conformes con despojarnos de nuestro pueblo, los habitantes de Copala aun fuera de nuestra tierra seguimos siendo masacrados por paramilitares al servicio de este maldito sistema capitalista, quienes todavía tienen la desfachatez de llamarse gente de izquierda.

Ayer por la tarde fueron brutalmente asesinados en una emboscada en el paraje tres cruces cuando se dirigían a Yosoyuxi Copala los compañeros Teresa Ramírez Sánchez y Serafín Ubaldo resultando herido de gravedad el compañero Jordán Ramírez González. Los últimos informes que tenemos es que Jordán no pudo ser atendido en el Hospital de Juxtlahuaca por que criminales de estos grupos se encontraban a las afueras y no conformes con eso anduvieron patrullando con hombres armados buscando a nuestro compañero para rematarlo mientras la policía hace como que no ve o como que no está, esto se explica porque Jordán es de los compañeros mas comprometidos con la autonomía y por que fue de los últimos en salir de Copala el día 19 de septiembre. Primero quiso estar seguro que ya no quedaba nadie de los compañeros para salir, solo entonces decidió salir él.

Es esa la respuesta del gobierno mexicano a las medidas cautelares que dicto la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Es esa la respuesta del MULT por no aceptar su dialogo amañado y convenenciero. Lo que para nosotros resulta mas doloroso es que hoy todavía haya quienes se atrevan a ver este genocidio como una lucha interétnica cuando en realidad se trata de terminar con una forma de gobierno diferente al de este sistema criminal. Se trata de un genocidio para sepultar nuestra historia porque le tienen miedo. Se trata de una masacre que grupos PRIISTAS realizan contra nuestro pueblo por no alinearnos sumisamente como lo hizo la dirigencia del MULT con los dos últimos gobiernos de Oaxaca. Para los que no saben la UBISORT nació en el año 1994 y en 2006 prácticamente desapareció pues solo quedaron de ella unos cuantos pistoleros que siempre han trabajado directamente con los gobiernos( toño pajaro, Rufino Juárez…). Nosotros no nos someteremos jamás para permitir el robo de nuestros recursos naturales, nosotros no nos alinearemos jamás para sus campañas a favor del PRI con su partido CARICATURA regalo de José Murat.

Los niños, mujeres , ancianos, todos los autónomos como nos llaman en nuestra región preguntamos: ¿Así se va a un dialogo?. Respondemos a quienes en días pasados de manera por demás cobarde nos invitan a deponer las armas y sentarnos al dialogo: No creen señores que si tuviéramos armas nosotros, por el mínimo sentido de sobre vivencia, los muertos fueran de los dos lados?. Ya basta, infórmense bien y si de veras son adherentes a la otra campaña hagan honor a su militancia.

Llamamos a todos los compañeros de la otra campaña que en verdad lo son y a los que sin ser de la otra son compañeros en verdad a visitar nuestro campamento donde poco a poco van llegando los compañeros desplazados, en el zócalo de Oaxaca, y donde compañeros médicos de esos que este país tanto necesita, o sea de esos médicos que caminan abajo y al izquierda, curan a nuestros heridos ahí se podrán informar por su misma voz quien los hirió y quien masacro a nuestro pueblo.

¡Respeto a la vida y a la dignidad de los desplazados!

¡Basta de silencio cómplice!

¡No más violencia!

R E S P E T U O S A M E N T E

MUNICIPIO AUTONOMO DE SAN JUAN COPALA

Avaricia minera, trasfondo en San Juan Copala,Oaxaca.

La agresión de los paramilitares de Ubisort y MULT-PUP contra el municipio autónomo de San Juan Copala ha sido cuidadosamente descifrada y denunciada. Falta, sin embargo, atender un punto que reilumina la interpretación: los yacimientos mineros de Juxtlahuaca, el pequeño municipio donde el gobierno de Oaxaca decidió, desde 1948, encerrar y castigar al ancestral Chumaa de San Juan Copala, arrebatándole a esta asamblea territorial de los triquis su reconocimiento como municipio soberano de la entidad.

Aunque con tradición minera, Oaxaca y el sureste de México eran consideradas regiones de baja productividad minera. Pero la enormísima demanda global de minerales, la consiguiente crisis de reservas mineras, y la revolución en las técnicas y la geografía de la extracción, hacen que hoy se pretenda explotar reservas de rocas con muy poca y dispersa mineralización.

Con estos criterios, ahora 70 por ciento del territorio nacional, según declara cínicamente Sergio Almazán (director general de la Cámara Minera de México), es considerado como susceptible de contener “grandes yacimientos”.

No parecen importar el inquietante agotamiento de los recursos, la elevación de sus precios, la aplicación de nuevas y costosas técnicas extractivas, la escala descomunal de las minas, la baja tasa y la alta masa de ganancias, y los descomunales pasivos ambientales que se generan.

Es la minería a cielo abierto, que demuele montañas enteras con 2 ó 3 grandes explosiones por día. En breves lapsos se forman descomunales cráteres de 6 kilómetros de largo, 2 a 4 de ancho y entre 3 y 5 de profundidad, mientras millones de toneladas de roca se trituran al tamaño de una pulgada, para luego lixiviarlas con grandes montos de variadas sustancias químicas. Hay una brutal ruptura de los flujos subterráneos de agua, una contaminación indescriptible de los ríos, mientras montañas de lodos tóxicos se disuelven con las lluvias, envenenando regiones y poblaciones enteras.

Con esta nueva sobreexplotación, las mineras chocan frontalmente con comunidades, regiones o naciones y entonces recurren a la violencia abierta para imponer sus intereses monetarios.

En México, los gobiernos neoliberales reformaron la Ley de Minas en 1992, 1995 y en 2005, y aplican políticas económicas que le entregan nuestras rocas a empresas privadas, mexicanas o extranjeras. Desclasificaron los minerales estratégicos (con excepción del uranio), permitieron concesiones de estos materiales a las transnacionales (sobre todo canadienses), otorgaron concesiones de hasta 50 años (ampliables a 100) y mezclan concesiones de exploración y de explotación.

El sureste mexicano adquirió así una importancia inusitada. Sin considerar exhaustiva la información del oficial Consejo de Recursos Minerales  (CRM), éste rebela el nuevo significado de Oaxaca, pues la reporta como una de las principales áreas mineras del país. En 2007, el crm reportaba 4 yacimientos de molibdeno, 5 de mercurio, 6 de níquel, 8 de uranio, 8 de cobalto, 9 de torio, 18 de titanio, 22 de antimonio, 32 de manganeso, 34 de zinc, 51 de cobre, 52 de plomo, 55 de fierro, 192 de oro y 194 de plata: yacimientos simples o polimetálicos concentrados en la Mixteca, los Valles Centrales y la Sierra Sur. De 570 municipios oaxaqueños, 201 poseen yacimientos mineros estratégicos.

Como en África o Colombia, las grandes empresas mineras transnacionales, sobre todo las canadienses, promueven la ingeniería de conflictos en las comunidades, y los desplazamientos y el exterminio en zonas prioritarias para la explotación, hay que repasar la geografía de los asesinatos de lideres comunitarios cometidos en los últimos sexenios en Oaxaca.

La virulencia de las empresas mineras en las zonas de su interés que están pobladas es un hecho documentado y cada vez más habitual en Oaxaca: pobladores envenenados en la cuenca alta del río Largo por la extracción de oro en Calpulalpan (Sierra Norte); asedio contra la población y emigración de Loxichas para extraer titanio en la Sierra Sur; diez años de provocaciones constantes en las inmediaciones de Textitlán y Zaniza, en la Sierra Sur por un descomunal yacimiento de hierro; las recientes provocaciones que padecen los habitantes de San José del Progreso, Magdalena Ocotlán, Maguey Largo y el Cuajilote por frenar las minas de oro que se pretenden abrir en Valles Centrales.

Es prioritario indagar los motivos de los asesinatos comunitarios ocurridos en Oaxaca. Revisar la larga lista de asesinatos políticos fríamente planeados en torno del municipio autónomo de San Juan Copala. Ocurre que en el municipio de Juxtlahuaca se localizan once yacimientos de metales importantes. Tres de antimonio, dos de cobre, dos de fierro, uno de oro, uno de plata, y dos polimetálicos: uno de oro, plata y antimonio, en el extremo norte del municipio; otro de cinco metales (oro, plata, antimonio, plomo y zinc) a menos de cuatro kilómetros de San Juan Copala.

Si el último yacimiento polimetálico ya se concesionó a alguna empresa privada que todavía nos es desconocida (lo que es casi seguro por la última reforma a la ley minera), es probable que los empresarios de esta potencial mina a cielo abierto (ubicada en los 17°:09’ N y 97°:59’ O) procurarán que el ancestral Chumaa (en los 17°:11’ N y 97°:57’ O) del municipio autónomo de San Juan Copala sea devorado por su correspondiente cráter.

Andrés Barreda

http://www.jornada.unam.mx/2010/10/09/oja162-copala.html

San Juan Copala y el Estado fallido.

Las circunstancias que se viven en dos extremos del país –Ciudad Juárez, Chihuahua, y San Juan Copala, Oaxaca– dejan claro lo que la propaganda mediática del centro quiere borrar: la evidencia de un Estado fallido. Aunque las circunstancias son distintas en los factos –Ciudad Juárez es rehén del narcotráfico; San Juan Copala, de paramilitares–, en sustancia son idénticas: ambos lugares son la muestra más clara de que vivimos en un país donde el Estado, que ha entrado en crisis, claudicó en su vocación fundamental – garantizar la seguridad y la libertad de los ciudadanos– para convertirse en garante de la impunidad del poder.

Pero si la situación de Ciudad Juárez es terrible, la de San Juan Copala es peor. Aquí no es el vacío del gobierno el que impera, sino el uso ilegal del Estado para destruir uno de los fundamentos del Estado moderno: la subsidiaridad, es decir, el respeto máximo al derecho a la autodeterminación o, mejor, a la libre determinación de todos y cada uno de los miembros de una estructura social a autogobernarse.

San Juan Copala es una comunidad triqui de alrededor de 750 habitantes. Su lengua es una variante del mixteco. En diciembre de 2007, apoyándose en una declaración de la ONU, como consecuencia del movimiento zapatista, se convirtió en municipio autónomo, es decir, dejó de formar parte del de Santiago Juxtlahuaca.

La respuesta por parte del gobierno a esta proclamación no fue, como debía esperarse, aceptarla y trabajar con ella bajo el principio de la subsidiaridad, sino formar grupos paramilitares a través de una organización llamada Unidad para el Bienestar Social de la Región Triqui (Ubisort), y poner a San Juan Copala en estado de sitio.

El 27 de abril de 2010 una caravana humanitaria, compuesta por 27 personas y seis vehículos se puso en marcha. Su intención era romper el cerco ilegal y llevar víveres y medicamentos a sus pobladores. Cerca de la población la caravana fue brutalmente atacada por los paramilitares. La mexicana Bety Cariño y el finlandés Jyri Jaakkola murieron; otros fueron heridos durante la huida, y varios más, retenidos y liberados días después. Desde entonces no sólo nadie ha podido entrar en San Juan Copala, sino que el estado de sitio se ha recrudecido. La Ubisort, de manera semejante a lo que sucedió en Sarajevo, ha apostado francotiradores en la parte alta del pueblo con la consigna de disparar a quien esté en la calle, y desde que los paramilitares se adueñaron del territorio hasta el momento en que escribo hay 500 desplazados, 30 asesinados y un número indeterminado de heridos.

Lejos de intervenir, el gobierno de Oaxaca, tanto bajo el mandato de Ulises Ruiz como del actual gobernador de la coalición, Gabino Cué, se escuda en el argumento de que “la región mixteca se ha vuelto peligrosa por las luchas intestinas del pueblo triqui”. El senador Carlos Jiménez Macías lo dijo a raíz del atentado que sufrió la caravana humanitaria donde Cariño y Jaakkola perdieron la vida: “Quienes organizan caravanas con extranjeros son los verdaderos asesinos (…) Si conduces gente hacia una emboscada, ¿eres o no responsable de lo que va a suceder? Los culpables son los que los llevaron allí” (La Jornada, 31 de mayo de 2010).

Calificar de “región peligrosa” a la mixteca y responsabilizar del atentado a testigos civiles que, frente a la inoperancia del Estado, llevan ayuda humanitaria a una población secuestrada, no es sólo el colmo del cinismo, sino el alarde de que el Estado hoy sólo sirve para administrar la impunidad, porque sabemos muy bien que bajo el poder del Estado se creó en San Juan Copala la Ubisort, se formó a los paramilitares y se les dotó de armas de uso exclusivo del Ejército y de sistemas de comunicación; asimismo, bajo el poder del Estado se declaró “zona de peligro” a la región mixteca y se ha evitado que las fuerzas de la legalidad entren en ese territorio y garanticen la vida y la libertad de los ciudadanos de Copala y de las caravanas humanitarias. Bajo ese mismo poder se ha dejado a Ciudad Juárez a merced de otras formas del paramilitarismo: las del crimen organizado.

El ciudadano del Estado moderno mexicano comienza a parecerse a ese “cliente generalizado” del que habla Giorgio Agamben en ¿Qué es un dispositivo?, ese cliente “que (bajo el espectro del miedo terminará ejecutando) celosamente todo lo que se le ordena hacer y no (se opondrá) a que sus gestos más cotidianos –su salud, sus diversiones, sus actividades, su alimentación y sus deseos– sean comandados y controlados hasta en sus detalles más íntimos por dispositivos”.

En una obra anterior, Homo sacer, a la que me referí en mi artículo El hombre desnudo y la guerra de Calderón (Proceso 1756), Agamben comparó a ese ciudadano con el “hombre sagrado” al que, según el derecho romano, la república no podía matar, pero cuyo asesino gozaría de la impunidad. De esa impunidad gozan hoy no sólo los soldados que, en su persecución de criminales, matan ciudadanos, sino también los que no son soldados, esos mercenarios a sueldo que sirven a innumerables poderes tanto en la región triqui como en Ciudad Juárez.

Hoy más que nunca urge repensar y refundar el Estado desde las vidas comunitarias de las regiones. Además opino que hay que respetar los Acuerdos de San Andrés, liberar a todos los zapatistas presos, derruir el Costco-CM del Casino de la Selva, esclarecer los crímenes de las asesinadas de Juárez, sacar a la Minera San Xavier del Cerro de San Pedro, liberar todos los presos de la APPO y hacerle juicio político a Ulises Ruiz.

Javier Sicilia.

http://data.proceso.com.mx

Recomendación de la Comisión para la Defensa de los Derechos Humanos de Oaxaca al gobierno de Oaxaca por caso Copala.

Al Secretario General de Gobierno del Estado:

Única. Conforme a sus atribuciones, se realicen todas las gestiones pertinentes para lograr acuerdos entre las tres organizaciones que existen en la región triqui, que permitan se restaure el orden, la paz social y la convivencia armónica, entre sus pobladores, fomentando para ello la participación activa de sus habitantes.

Al Secretario de Seguridad Pública del Estado:

Primera. En coordinación con las demás instancias competentes, implemente dentro del ámbito de su competencia, todas las medidas necesarias para garantizar la seguridad personal y de los bienes de los habitantes de la región triqui, así como el libre tránsito, a efecto de evitar nuevos hechos de violencia como los aquí analizados.

Segunda. Por los medios legales correspondientes, gire instrucciones a los agentes estatales de investigación que tienen a su cargo la ejecución de las órdenes de aprehensión relativas a delitos cometidos en la región triqui, a fin de que se ejecuten dichos mandatos, agotando para ello todos los medios que estén a su alcance, y en coordinación con los ofendidos y víctimas del delito.

Tercera. Si dentro del plazo concedido en la presente recomendación no se ejecutaran los mandatos aprehensorios de referencia, se inicie y concluya Procedimiento Administrativo de Responsabilidad en contra de los servidores públicos responsables de su cumplimiento, imponiéndoles las sanciones que resulten aplicables, salvo el caso de que la naturaleza de los mismos impidan material o jurídicamente su ejecución dentro del término señalado; pero en dicha hipótesis deberá remitir las constancias que así lo demuestren fehacientemente.

Cuarta. De manera coordinada con la Secretaría de Salud y el Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca, se brinde la seguridad necesaria al personal médico y educativo asignado a la zona en conflicto, para que puedan restablecerse dichos servicios.

A la Secretaria de Salud del Estado:

Única.- En coordinación con las demás instancias de Gobierno que tengan injerencia en la problemática estudiada, entre las que se encuentran la Secretaría de Seguridad Pública, la Secretaría General de Gobierno y el Municipio de Santiago Juxtlahuaca, Oaxaca, implemente todas las medidas necesarias para que se restaure de manera segura el servicio médico en la población de San Juan Copala, Juxtlahuaca, Oaxaca, y zonas aledañas, con la finalidad de garantizar el derecho a la salud de sus habitantes.

A la Procuradora General de Justicia del Estado:

Primera. Gire sus instrucciones a los Fiscales del Ministerio Público que tienen a su cargo la investigación e integración de los legajos de investigación relacionados con los hechos que han venido ocurriendo en la zona triqui, a fin de que se determinen dichos procedimientos en el plazo de treinta días hábiles, contado a partir de la aceptación de la presente recomendación, salvo que exista impedimento plenamente justificado. De no cumplirse con lo anterior, inicie procedimiento administrativo de responsabilidad en contra de los servidores públicos que propiciaron la dilación en su cumplimiento y, en su caso, se les impongan las sanciones correspondientes.

Al Director General de Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca:

Única. En coordinación con la Secretaría de Seguridad Pública del Estado y las autoridades municipales de Santiago Juxtlahuaca, Oaxaca, implemente las medidas necesarias para restablecer, en forma inmediata y con la seguridad requerida, el servicio en los planteles educativos dependientes de ese Instituto ubicados en Unión de los Ángeles, San Juan Copala, Juxtlahuaca, Oaxaca, y demás poblaciones aledañas.

Al Presidente Municipal de Santiago Juxtlahuaca, Oaxaca:

Primera. Conforme a sus atribuciones legales, realice todas aquellas actividades que conduzcan a una relación armónica entre el municipio y sus agencias, privilegiando para ello el diálogo.

Segunda. En coordinación con la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, la Secretaría de Salud y el Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca, se adopten las medidas de seguridad correspondientes para que puedan normalizarse los servicios de salud y educativos en San Juan Copala, y demás comunidades de la región.

Es importante destacar que las autoridades a las que se dirige dicha recomendación tienen 15 días a partir de la notificación para determinar si aceptan o no la resolución hecha por el Organismo defensor de los Derechos Humanos.

La CDDHO seguirá pendiente con la finalidad de dar seguimiento para el cumplimiento de los puntos que han sido recomendados.

COMUNICADO DE LA MESA DE DISTENSION SOBRE Sn. JUAN COPALA . Septiembre 20, 2010.

COMUNICADO MESA DE DISTENSION SOBRE COPALA.

A las Hermanas y Hermanos de la Región Triqui

A la Opinión Pública

A los Medios de Comunicación

Como resultado de nuestra exhortación para comenzar un proceso de distensión entre el MULT y el MULTI que se celebró el 20 de Septiembre de 2010, les comunicamos que:

1.    Reconocemos la disposición, en la palabra y en la presencia, del MULT que acudió en la persona de sus cinco delegados a la convocatoria con su opinión y sus propuestas para buscar el cese de la violencia y sentar las bases para encontrar la paz.

2.    Aún cuando físicamente los hermanos del MULTI no asistieron personalmente, recibimos dos comunicados en donde presentan sus consideraciones puntuales para sentarse a la mesa en cuanto se cumplan.

3.    Exhortamos a las autoridades de los tres órdenes de Gobierno a que, a la brevedad, cumplan con la aplicación justa, auténtica e imparcial de la ley en los ámbitos de su competencia; desde luego sin fabricación de chivos expiatorios, con pleno respeto a los derechos humanos y a los derechos colectivos del Pueblo Triqui.

4.    Pedimos a los hermanos del MULTI en nombre de Dios y de su pueblo a que depongan su huelga de hambre, comprometiéndonos a redoblar nuestros esfuerzos y trabajos para que se cumplan sus requerimientos a la brevedad y los exhortamos de nueva cuenta a sentarse a la mesa de distensión, actitud que nos ayude a avanzar en el proceso de Paz.

5.    Reconocemos que nuestra exhortación es parte de un proceso que iniciamos a la brevedad y con avances entre los que pensamos hay más coincidencias; sin embargo en cuanto sea oportuno necesariamente invitaremos y convocaremos a los otros actores del conflicto.

Porque confiamos y creemos en la justicia del Señor; justicia divina que no falla ni se equivoca, y la buena voluntad de todos sus hijos, disposición y buena fe, es que pedimos a María de Guadalupe que ilumine a las hermanas y hermanos Triquis para que la paz con  dignidad se comience a concretar en breve, y llegue a ser destino y práctica en la gran Nación Triqui.

RESPETUOSAMENTE

Mons. Arturo Lona Reyes                                     Pbro. R. Fco. Wilfrido Mayrén Peláez

Obispo emérito de Tehuantepec                         Comisión Diocesana de Justicia y Paz


Respuesta del Municipio Autónomo de San Juan Copala al Llamado de Paz para la Región Triqui.

Respuesta al Llamado de Paz para la Región Triqui.

MONS. ARTURO LONA REYES

OBISPO EMERITO DE TEHUANTEPEC

PBRO. R. WILFRIDO MAYREN PELAES

P R E S E N T E S

En medio del gran dolor de ver como una vez mas nuestro pueblo Triqui se sumerge en los caminos del odio y el rencor que tanta sangre de hermanos derrama en nuestros suelos, recibimos como interés el llamado al dialogo que ustedes nos hacen.

El Movimiento de Unificación de Lucha Triqui Independiente (MULTI) como organización que promovió y defiende la construcción del Municipio Autónomo de San Juan Copala siempre hemos estado y seguiremos estando dispuestos al dialogo que construya los puentes que nos traigan la paz que hoy mas que nunca necesitamos.

Como un proyecto político planeado para rescatar nuestras formas ancestrales de gobernarnos y vivir, es el respeto a la diferencia de pensamiento nuestra prioridad dentro y fuera de nuestra organización, respeto que merece nuestros oídos pero que también nos merece una reflexión sobre las condiciones que actualmente se viven en San Juan Copala.

Desde hace más de 2 años hemos venido construyendo y caminando con organizaciones de la sociedad civil, una iniciativa de paz de largo aliento en donde participen las organizaciones sociales de nuestra región, los líderes de las comunidades triquis y los grupos solidarios que se preocupan por las condiciones de vida el pueblo triqui, aunque por condiciones de violencia, desconfianza y falta de cumplimiento de algunos acuerdos hechos, se tuvo que suspender temporalmente este proceso.

Este llamado que hoy nos hacen nos invita a pensar en algunos de esos obstáculos y condiciones que nos impidieron avanzar en el proceso y que hoy se presentan nuevamente en su forma más grave permitiendo la crisis de violencia y exterminio desatada en contra de nuestros compañeros y compañeras de San Juan Copala en las últimas semanas.

Por ello, agradecemos su invitación, la aceptamos, pero les manifestamos algunas cosas que nos parecen indispensables para poder sentarnos en una mesa como la que ustedes nos proponen:

1. Es urgente el cese de la violencia y las agresiones en contra de la comunidad de San Juan Copala.

2. Es urgente la presentación con vida de nuestros compañeros y compañeras que se encuentran desaparecidas: David García Ramírez y Susana López Martinez

3. Es urgente que se garantice la vida y la integridad de todas las familias que habitan San Juan Copala.

4. Es urgente que se permita el acceso a organismos de derechos humanos y de la sociedad civil para verificar las condiciones que se viven en la comunidad.

Ustedes como personas comprometidas con las causas de los pobres, sabrán realizar las acciones y gestiones necesarias para lograr que estos puntos se hagan realidad para que podamos avanzar en esta acción y así contar con las condiciones necesarias para construir de la mano de otras organizaciones civiles y personas interesadas en nuestra problemática un proceso de paz duradero para nuestro Pueblo.

Agradecemos su iniciativa y agradecemos el apoyo y las acciones que se puedan realizar para construir las condiciones necesarias para sentar un diálogo entre ambas organizaciones y entre nuestras comunidades en el corto plazo.

MUNICIPIO AUTONOMO DE SAN JUAN COPALA

Amnistía Internacional:PADRES FINLANDESES BUSCAN JUSTICIA PARA SU HIJO ASESINADO POR DEFENDER DERECHOS HUMANOS EN MÉXICO.

En una conferencia celebrada hoy, 24 de agosto, Amnistía Internacional y la familia Jaakkola recordaron que defender los derechos humanos puede costar la vida en México. Asimismo, pidieron a las autoridades realizar investigaciones eficaces de los ataques contra defensores y defensoras así como asegurar la protección de quienes estén actualmente en peligro.

El padre y la madre del observador finlandés de derechos humanos Jyri Jaakkola, asesinado en Oaxaca el 27 de abril, llegaron a México hace tres días para exigir justicia. Junto con su hijo fue asesinada la defensora de derechos indígenas Bety Cariño mientras realizaban tareas humanitarias.

El asesinato de Jyri Jaakkola y Bety Cariño es sólo un ejemplo de los muchos ataques que han sufrido quienes defienden derechos humanos en México durante los últimos años. Amnistía Internacional ha denunciado numerosos casos de asesinato, amenaza de muerte, agresión y hostigamiento judicial. Los responsables, sean agentes del estado o no, rara vez rinden cuentas ante la justicia, lo cual crea una cultura de impunidad que resulta una amenaza grave para las y los defensores a la hora de realizar su trabajo. Quienes defienden a los grupos más marginalizados son a menudo quienes enfrentan los mayores riesgos.

“Estoy muy afligida de saber que lo que le pasó a mi hijo y a Bety también le ha pasado a muchos otros defensores de derechos humanos en México”, dijo Eve Jaakkola, madre de Jyri. “Mi hijo estaba interesado en luchar por la justicia, la paz y el respeto mutuo entre los seres humanos. Por eso llegó hasta Oaxaca para acompañar a los pueblos indígenas y aprender de ellos.”

El gobierno del Presidente Calderón Hinojosa se ha comprometido ante la ONU y en su propio Programa Nacional de Derechos Humanos a implementar un mecanismo de protección para todas y todos los defensores en riesgo. “A pesar de tantas promesas, aún no se ven los resultados” dijo Alberto Herrera Aragón, Director Ejecutivo de Amnistía Internacional México. “El gobierno federal debe implementar un mecanismo de protección para defensores en riesgo y un protocolo de investigación para evitar que los ataques queden en la impunidad.”

“Si las autoridades están comprometidas a acabar con la impunidad en los casos de ataques contra defensores de derechos humanos, deben demostrarlo garantizándoles verdad, justicia y reparación a los familiares de Jyri Jaakkola y Bety Cariño”, dijo Alberto Herrera

Alberto Herrera también recordó que el preso de conciencia y defensor de derechos humanos Raúl Hernández todavía sigue en prisión en el Estado de Guerrero por un delito fabricado. El juez de la causa resolverá su situación en los próximos días.

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Información de contexto

Hombres armados asesinaron a Jyri Antero Jaakkola y Alberta Cariño Trujillo, conocida como Bety, el 27 de abril de 2010 en el Estado de Oaxaca. Jyri  y Bety formaban parte de una caravana humanitaria que se proponía llevar alimentos a la comunidad indígena de San Juan Copala y documentar la situación de derechos humanos. Otras personas sobrevivieron el ataque con graves heridas.

Grupos armados se han disputado el control político de San Juan Copala desde hace años. Según informes recibidos por Amnistía Internacional, algunos de estos grupos tienen vínculos con autoridades estatales. La comunidad de San Juan Copala sigue sitiada por estos grupos sin que las autoridades garanticen sus derechos.

La investigación de los hechos ocurridos el 27 de abril está en manos de la Procuraduría General de la República. Hasta el momento nadie ha sido puesto a disposición de la justicia por estos crímenes.

Jyri Jaakkola, de 33 años, vivía en Finlandia, de donde era también originario. Llegó a México a principios de 2010 y se trasladó a Oaxaca para conocer sobre los pueblos indígenas locales y enseñar sobre el uso responsable de los recursos naturales y el cambio climático.

Bety Cariño era la coordinadora del Centro de Apoyo Comunitario Trabajando Unidos (CACTUS) en Huajuapan de León, Oaxaca. Trabajaba en comunidades indígenas dando talleres sobre derechos de las mujeres y promoviendo la creación de radios comunitarias. Había denunciado el asesinato de las locutoras de origen Triqui Felícitas Martínez y Teresa Bautista ocurrido en San Juan Copala en 2008.

Materiales complementarios

Petitorio online de Amnistía Internacional sobre la situación de los defensores de derechos humanos en México: http://alzatuvoz.org/defiendeles/

Fotos de Bety Cariño y Jyri Jaakkola: https://adam.amnesty.org/asset-bank/action/quickSearch?keywords=109588+OR+109589+OR+109590+OR+109591+OR+102755 (números 109588, 109589, 109590, 109591, 102755)

Documento de caso sobre la situación de la defensora Alba Cruz: http://www.amnesty.org/en/library/info/AMR41/052/2010/es

Documento de caso sobre la situación de la defensora Obtilia Eugenio Manuel: http://www.amnesty.org/en/library/info/AMR41/053/2010/es

Informe “Exigiendo justicia y dignidad. Defensores y defensoras de derechos humanos en México”, 21 de enero de 2010: http://www.amnesty.org/en/library/info/AMR41/032/2009/es

Más información: Arturo Ávila, Encargado de prensa de Amnistía Internacional México. Móvil: 55 51 80 99 18, email: comunica@amnistia.org.mx.

http://www.amnesty.org

Complicidad de instituciones del estado y federales ante la impunidad en San Juan Copala. CCIODH.

Boletín de prensa de la Comisión Civil Internacional de Observación por los Derechos Humanos (CCIODH)

Complicidad de instituciones del estado y federales ante la impunidad en San Juan Copala (Oaxaca)

“La Comisión considera que los hechos ocurridos en Oaxaca son un eslabón de una estrategia jurídica, policiaca y militar, con componentes psicosociales y comunitarios cuyo objetivo último es lograr el control y amedrentamiento de la población civil en zonas donde se desarrollan procesos de organización ciudadana o movimientos de carácter social no partidista” (Informe de la CCIODH, 2007)

Esta fue la primera de las conclusiones que emitimos tras nuestra visita a Oaxaca a finales de enero de 2007. Consideramos que el cerco armado con el que desde finales de 2009 se somete al municipio de San Juan Copala en el estado de Oaxaca reitera con crudeza la necesidad de insistir sobre el diagnóstico que la CCIODH realizó en aquel momento frente al conjunto de conflictos que afectan a dicha región mexicana.

Hay que recordar que pese a la vulneración múltiple de derechos individuales y colectivos que el cerco armado implica, cuya gravedad se intensifica cada día que pasa, y pese a la clara identidad de los responsables de tales violaciones (UBISORT-Unión de Bienestar Social de la Región Triqui, organización vinculada al PRI), no ha habido ninguna intervención para levantarlo por parte del estado.

A esta situación ya de por sí inaceptable, se le suman los últimos sucesos acaecidos ya denunciados en el anterior boletín de la CCIODH:

Por un lado, el ataque a la primera caravana humanitaria de solidaridad y observación realizada el pasado 27 de abril en la que resultaron asesinados la activista y defensora de Derechos Humanos Beatriz Cariño y el observador internacional Jyri Jaakkola. Todos los indicios, así como las amenazas públicas de Rufino Juárez Hernández (dirigente de UBISORT) contra la caravana, apuntan a que los responsables de la acción armada y de los asesinatos son miembros del grupo paramilitar UBISORT.

Por otro lado, los asesinatos del lider triqui y promotor de la autonomía Timoteo Alejandro Ramírez y su esposa Tleriberta Castro Aguilar acaecidos el pasado 20 de mayo.

Los nuevos acontecimientos, no hacen más que agravar la situación de sitio en la que se encuentra el Municipio:

El pasado 8 de junio, una nueva caravana solidaria partió hacia San Juan Copala con la intención de romper el cerco impuesto por UBISORT, así como para llevar ayuda humanitaria a los habitantes del municipio autónomo. De nuevo, fue notificada públicamente así como de forma particular a las autoridades responsables para que garantizaran: el derecho a la libre circulación, la seguridad de las más de 350 personas que participaban y la llegada de 30 toneladas de suministros a los habitantes de la comunidad.

La caravana salió acompañada de una considerable presencia policial dado el contexto de amenazas existente. Ni aun así pudo llegar a su destino. La policía no quiso actuar ni posibilitar el paso de la caravana. Dicho contingente policial no rechazó, y con ello habilitó, las amenazas y las acciones de bloqueo realizadas por miembros de UBISORT. Finalmente, la fuerza pública, pese a la evidencia de la actuación delictiva que estaban presenciando, se retiró y recomendó la finalización de la caravana por razones de seguridad.

La condición que impuso UBISORT para dejar pasar la caravana fue que sus miembros formaran parte de la misma y entraran en San Juan Copala. Resulta evidente que se trataba de una condición imposible por inaceptable, que solo pretendía servir de soporte a la decisión de las autoridades de no hacer nada para asegurar que la caravana podía acceder al municipio cercado.

Ante estos últimos acontecimientos, la CCIODH concluimos que:

Las autoridades, nuevamente, no dan cumplimiento a su obligación constitucional de dar protección y seguridad a una iniciativa de la sociedad civil pacífica y humanitaria para hacer llegar los suministros y romper el cerco al que está sometido de forma violenta y armada el municipio autónomo en defensa de su derecho reconocido a organizarse.

La complicidad de instituciones del estado y federales en estos hechos tan graves, apoya y confirma la impunidad de los agresores y conforma el patrón de control y amedrentamiento en contra del municpio autónomo de San Juan Copala por parte de organismos del estado cuya obligación es la contraria: hacer respetar derechos fundamentales reconocidos por la constitución mexicana y las normas internacionales.

A más de un mes de los asesinatos ocurridos el 27 de abril y de las declaraciones efectuadas por el Presidente de México en la cumbre de Madrid ante la presidenta de Finlandia en las que manifestó la máxima celeriadad en la investigación, detención y debido proceso de los responsables directos de estos hechos delictivos, no se ha producido ninguna actuación que permita confiar en que así ocurra ni por parte de las autoridades de Oaxaca ni por parte de las autoridades federales.

En este sentido se ratifica un patrón de actuación ya denunciado en el informe de la CCIODH de 2007: “6- Los poderes públicos no han garantizado el pleno ejercicio de la libertad de expresión, pensamiento, asociación, reunión, participación política, libre circulación y manifestación. Se ha impedido mediante el uso de la fuerza física y la coacción el ejercicio de estos derechos fundamentales”.

Lo que acontece hoy en San Juan Copala, tiene un denominador común que la CCIODH ha denunciado en Chiapas, Atenco, Oaxaca: en todos ellos se combaten los procesos de autonomía legítimos y pacíficos mediante la represión directa o mediante la actuación de grupos paramilitares protegidos y amparados por las autoridades. Esta situación explosiva anuncia un aumento de la violencia que impide, al no tratar las causas de los conflictos, llegar a acuerdos que permitan una solución justa y dialogada

Las autoridades de San Juan Copala han llamado a insituciones internacionales para que aseguren la llegada de los suministros a las comunidad y con ello se rompa el cerco al que están sometidos. Es responsabilidad de estas instituciones coadyugar activamente para que sea posible. En otras palabras: será responsabilidad de las instituciones los efectos que puedan derivarse de la continuidad del cerco armado.
La indefensión e impunidad generalizadas por la falta de respuesta institucional, fuerza a la sociedad civil nacional e internacional la que tendrá que interpelar y movilizarse para que los derechos individuales y colectivos del pueblo de San Juan Copala sean respetados.

Barcelona, a 15 de junio de 2010.

Comisión Civil Internacional de Observación por los Derechos Humanos
C/ de la Cera, 1 bis. 08001 Barcelona
tel: 935113966, fax: 933290858
cciodh@pangea.org
http://cciodh.pangea.org


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