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Avaricia minera, trasfondo en San Juan Copala,Oaxaca.

La agresión de los paramilitares de Ubisort y MULT-PUP contra el municipio autónomo de San Juan Copala ha sido cuidadosamente descifrada y denunciada. Falta, sin embargo, atender un punto que reilumina la interpretación: los yacimientos mineros de Juxtlahuaca, el pequeño municipio donde el gobierno de Oaxaca decidió, desde 1948, encerrar y castigar al ancestral Chumaa de San Juan Copala, arrebatándole a esta asamblea territorial de los triquis su reconocimiento como municipio soberano de la entidad.

Aunque con tradición minera, Oaxaca y el sureste de México eran consideradas regiones de baja productividad minera. Pero la enormísima demanda global de minerales, la consiguiente crisis de reservas mineras, y la revolución en las técnicas y la geografía de la extracción, hacen que hoy se pretenda explotar reservas de rocas con muy poca y dispersa mineralización.

Con estos criterios, ahora 70 por ciento del territorio nacional, según declara cínicamente Sergio Almazán (director general de la Cámara Minera de México), es considerado como susceptible de contener “grandes yacimientos”.

No parecen importar el inquietante agotamiento de los recursos, la elevación de sus precios, la aplicación de nuevas y costosas técnicas extractivas, la escala descomunal de las minas, la baja tasa y la alta masa de ganancias, y los descomunales pasivos ambientales que se generan.

Es la minería a cielo abierto, que demuele montañas enteras con 2 ó 3 grandes explosiones por día. En breves lapsos se forman descomunales cráteres de 6 kilómetros de largo, 2 a 4 de ancho y entre 3 y 5 de profundidad, mientras millones de toneladas de roca se trituran al tamaño de una pulgada, para luego lixiviarlas con grandes montos de variadas sustancias químicas. Hay una brutal ruptura de los flujos subterráneos de agua, una contaminación indescriptible de los ríos, mientras montañas de lodos tóxicos se disuelven con las lluvias, envenenando regiones y poblaciones enteras.

Con esta nueva sobreexplotación, las mineras chocan frontalmente con comunidades, regiones o naciones y entonces recurren a la violencia abierta para imponer sus intereses monetarios.

En México, los gobiernos neoliberales reformaron la Ley de Minas en 1992, 1995 y en 2005, y aplican políticas económicas que le entregan nuestras rocas a empresas privadas, mexicanas o extranjeras. Desclasificaron los minerales estratégicos (con excepción del uranio), permitieron concesiones de estos materiales a las transnacionales (sobre todo canadienses), otorgaron concesiones de hasta 50 años (ampliables a 100) y mezclan concesiones de exploración y de explotación.

El sureste mexicano adquirió así una importancia inusitada. Sin considerar exhaustiva la información del oficial Consejo de Recursos Minerales  (CRM), éste rebela el nuevo significado de Oaxaca, pues la reporta como una de las principales áreas mineras del país. En 2007, el crm reportaba 4 yacimientos de molibdeno, 5 de mercurio, 6 de níquel, 8 de uranio, 8 de cobalto, 9 de torio, 18 de titanio, 22 de antimonio, 32 de manganeso, 34 de zinc, 51 de cobre, 52 de plomo, 55 de fierro, 192 de oro y 194 de plata: yacimientos simples o polimetálicos concentrados en la Mixteca, los Valles Centrales y la Sierra Sur. De 570 municipios oaxaqueños, 201 poseen yacimientos mineros estratégicos.

Como en África o Colombia, las grandes empresas mineras transnacionales, sobre todo las canadienses, promueven la ingeniería de conflictos en las comunidades, y los desplazamientos y el exterminio en zonas prioritarias para la explotación, hay que repasar la geografía de los asesinatos de lideres comunitarios cometidos en los últimos sexenios en Oaxaca.

La virulencia de las empresas mineras en las zonas de su interés que están pobladas es un hecho documentado y cada vez más habitual en Oaxaca: pobladores envenenados en la cuenca alta del río Largo por la extracción de oro en Calpulalpan (Sierra Norte); asedio contra la población y emigración de Loxichas para extraer titanio en la Sierra Sur; diez años de provocaciones constantes en las inmediaciones de Textitlán y Zaniza, en la Sierra Sur por un descomunal yacimiento de hierro; las recientes provocaciones que padecen los habitantes de San José del Progreso, Magdalena Ocotlán, Maguey Largo y el Cuajilote por frenar las minas de oro que se pretenden abrir en Valles Centrales.

Es prioritario indagar los motivos de los asesinatos comunitarios ocurridos en Oaxaca. Revisar la larga lista de asesinatos políticos fríamente planeados en torno del municipio autónomo de San Juan Copala. Ocurre que en el municipio de Juxtlahuaca se localizan once yacimientos de metales importantes. Tres de antimonio, dos de cobre, dos de fierro, uno de oro, uno de plata, y dos polimetálicos: uno de oro, plata y antimonio, en el extremo norte del municipio; otro de cinco metales (oro, plata, antimonio, plomo y zinc) a menos de cuatro kilómetros de San Juan Copala.

Si el último yacimiento polimetálico ya se concesionó a alguna empresa privada que todavía nos es desconocida (lo que es casi seguro por la última reforma a la ley minera), es probable que los empresarios de esta potencial mina a cielo abierto (ubicada en los 17°:09’ N y 97°:59’ O) procurarán que el ancestral Chumaa (en los 17°:11’ N y 97°:57’ O) del municipio autónomo de San Juan Copala sea devorado por su correspondiente cráter.

Andrés Barreda

http://www.jornada.unam.mx/2010/10/09/oja162-copala.html

Un nuevo mundo de resistencia indígena.

El libro colectivo Un nuevo mundo de resistencia indígena, recientemente publicado en Estados Unidos (City Lights Books, 2010, 416 pp), incursiona con amplitud en el panorama de las luchas populares en las Américas. A partir de dos amplias entrevistas iniciales con Noam Chomsky, una veintena de dirigentes indígenas y analistas de primer orden elaboran un mosaico inquietante y revelador sobre la región: Jaime Martínez Luna, Fausto Sandoval, Gustavo Esteva, Felipe Quispe, Raúl Zibechi, Luis Macas, Guillermo Chen Morales y Glenabah Martínez, entre otros. El volumen, que cierra con una entrevista más a Chomsky, está a cargo de Lois Meyer y Benjamín Maldonado Alvarado; las tres entrevistas (2004, 2007 y 2009) fueron realizadas por Meyer. Dados su valor y actualidad, hemos seleccionado y traducido las observaciones más notables del lingüista, analista y activista estadunidense sobre nuestro país y la fatídica vecindad con el suyo.


El Estado mexicano resulta ser bastante violento. Y los mexicanos enfrentan ahora un riesgo de terror estatal, algo que nosotros tenemos en menor medida al norte de la frontera. Si bien muchos problemas son parecidos, acá no enfrentamos ese riesgo, no porque dicho terror no pueda existir, sino porque no se compara con lo que hay en México.

Si vemos lo que sucede alrededor del mundo, las guerras más violentas y criminales son en gran parte huella de los esfuerzos de los poderes imperialistas europeos, incluido Estados Unidos, para imponer sistemas de Estado-nación en regiones donde éstos no corresponden a los intereses de sus pobladores. Ello conduce a conflictos violentos. África está desgarrada por esto. India y Pakistán viven al borde de una guerra nuclear. A donde uno voltee, los conflictos mayores son así. Tomen Rusia y Chechenia, o Estados Unidos y México.

No es ningún secreto que Estados Unidos conquistó la mitad de México. Y su frontera, como casi todas las fronteras, era y es completamente artificial, producto de la violencia. Gente básicamente similar vivía en ambos lados, así que era bastante porosa. Muchos iban y venían. Y así siguió en buena medida hasta la llegada del NAFTA (siglas en inglés del Tratado de Libre Comercio de América el Norte, TLCAN). El gobierno de Clinton comprendió que el efecto del Tratado en México iba a ser de milagro económico para un pequeño porcentaje de la población y para los inversionistas estadunidenses, no para la mayoría de los mexicanos, así que se generarían más desplazamientos hacia el norte. En consecuencia militarizó la frontera, preventivamente. Ahora, cientos de mexicanos mueren cada año tratando de traspasar una frontera que solía ser porosa.

Haber seguido el camino del ajuste estructural y las reformas neoliberales llevaría a México al desastre, una década después de la firma del Tratado (con Estados Unidos y Canadá).

Entonces existía la preocupación de que México se moviera en una dirección más independiente. De hecho, el Pentágono realizó una importante conferencia de estrategia, en 1990 o 1991, donde numerosos expertos en América Latina discutieron la región. Concluyeron que las relaciones entre Estados Unidos y México estaban en buenas condiciones. Pero había una nube en el horizonte, dijeron. La llamada “apertura democrática” era una amenaza potencial, pues México podría optar por sus intereses propios en vez de permanecer bajo el control de Estados Unidos. Bueno, hubo una respuesta a eso. La solución se llama TLCAN.

Uno de los principales objetivos el Tratado, y se dijo abiertamente, sólo cito, fue“ponerle candados a México” para que cumpliera con las “reformas”, es decir las reglas neoliberales. Si se consigue encerrar a México en esas reglas mediante un tratado, aún si hubiera “apertura democrática” (esa cosa tan peligrosa), no podrá hacer mucho gracias a los candados. Ésa es la ruta en la que está México. Nada lo obliga a permanecer ahí, pero sigue en eso. Fue concertado y deliberado, y ahora México se encuentra atrapado de un modo que el resto de países no. Y tendrá que zafarse por su cuenta. Puede. Como en el Cono Sur, Argentina logró quitarse de encima al Fondo Monetario Internacional. México no tendría que seguir en el TLCAN. Nunca fue un acuerdo entre la gente de América del Norte. De hecho, la mayoría se opuso. Y los hicieron tragárselo de todos modos, casi en secreto. No sorprende que haya resultado tan dañino para el pueblo trabajador de los tres países.

Uno de los objetivos de Tratado es sacar a la gente de sus tierras. Hay una teoría económica abstracta según la cual México no debería producir maíz. El lugar que lo inventó no debería estarlo cultivando. ¿Por qué? Porque los agrobísnes, bien subsidiados, lo producen más barato. En consecuencia, los mexicanos han de trasladarse a las ciudades y buscar trabajos que no existen, y dirigirse entonces a la frontera porque en México no tuvieron modo de sobrevivir. Esto es parte del TLCAN.

Las resistencias populares en México tienen sus propias características específicas. En Estados Unidos es distinto. Una diferencia es que las tribus nativas fueron diezmadas en el norte, mientras que en México prevalecen en gran número. En esto, el país es comparable, tal vez, más con Europa que con Estados Unidos. Pero cada lugar es distinto.

Los tiempos actuales son más esperanzadores que antes para las comunidades indígenas. Y más esperanzadores que nunca en el pasado. El proceso de empujar a la gente a estados nacionales homogéneos ha sido brutal y agresivo. Esto viene de siglos atrás, cuando Europa intentó imponer sistemas así en todas partes. El proceso también ha sido evidente en otros sistemas imperiales, como el de los aztecas. Siempre son agresivos, brutales y violentos, y siempre han encontrado resistencia.

Ésta es la primera vez que existe una significativa solidaridad internacional y popular que nace de las comunidades regionales. El efecto de los zapatistas es el caso clásico que inspira a buena parte del movimiento global por la justicia, y queda en condiciones de establecer una solidaridad mutua.

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Asesinan a indígenas para apropiarse de sus tierras en Argentina.

Tucumán, Argentina. El 12 de octubre del 2009, el líder indígena Javier Chocobar fue asesinado por Darío Amin, en la localidad de El Chorro, Trancas, provincia de Tucumán, en el norte de Argentina. Miembro de la comunidad Chuschagasta del pueblo diaguita, la víctima, de 69 años de edad, fue alcanzada por las balas del latifundista local, quien iba acompañado por dos ex policías, Luis Gómez y Eduardo José Valdivieso Sassi, en una tentativa de ocupación de las tierras ancestrales del pueblo indígena de Argentina.

Los miembros de la comunidad denuncian que esto no es nuevo, que “los poderosos siempre tienen la justicia a favor de ellos”. Este conflicto se viene gestando desde 1960 y además de terratenientes como el mencionado Amin, “personas del mismo gobierno y cercanas al poder son las que están actuando para apropiarse de nuestras tierras”, asegura el dirigente de Chuschagasta, Demetrio Valderrama, quien denuncia el hostigamiento que sufren ancianos y miembros de la comunidad para que firmen los papeles de propiedad que designen sus derechos ancestrales de la tierra en la que viven.

La protesta no se hizo esperar. Tras la muerte de Chocobar y las heridas reportadas por otros cuatro miembros de la comunidad, se organizó la movilización de todos los pueblos, tanto de los originarios como la sociedad civil argentina, exigiendo justicia y el cumplimiento de las leyes que garantizan sus derechos ancestrales. “El reconocimiento de nuestros derechos no es suficiente”, explica Valderrama: “Exigimos al Gobierno que en forma inmediata, por intermedio de sus poderes, dentro de sus competencias, realicen todas las medidas necesarias para asegurar las tierras tradicionales y para que este hecho sea esclarecido a la mayor brevedad, aplicándose las sanciones máximas pertinentes a los responsables”.

El asesinato

Cuenta la comunidad que “cerca de las 4 de la tarde llegaron estas tres personas, Darío Amín y dos hombres más. Se acercaron hasta el portón donde estaba la gente de la comunidad y se presentaron diciendo ‘somos los nuevos dueños de la cantera, el señor Amín nos la vendió’. La gente como no los conocía, les explicó que ellos eran de una comunidad indígena y no deberían haber comprado nada, igual quisieron pasar pero la gente no los dejó”.

Los tres hombres armados rodearon el terreno y tras bajar por un arroyo, aparecieron ya en el territorio de la comunidad. La gente de la comunidad se acercó y ahí los tres hombres les dijeron: “Somos policías, salgan de aquí. Si queremos disparar, disparamos”. Y más: “Tenemos orden del juez de hacer lo que queramos”. Cuentan los miembros de la comunidad que tras pronunciar esas palabras los tres agresores desenfundaron sus armas: “Comenzó un forcejeo entre el terrateniente y sus matones con la gente de la comunidad”. En medio del caos, de repente, “se escucharon dos disparos y cayó Javier… con dos tiros en el abdomen”.

La comunidad organizó la protesta y denunció los hechos señalando que las dos personas que acompañaban a Darío Amin son ex policías dados de baja de esa fuerza. Además, en el mismo contexto de la denuncia, la Unión de la Nación del Pueblo Diaguita indicó que los mismos eran “parapolicías” al mando del mal afamado Malevo Ferreyra, miembros del Comando Atila, mismo que ya actuaba en tiempos de la última dictadura militar.

En mayo pasado, el fiscal encargado del homicidio del líder indígena, Arnoldo Suasnabar, anunció que “ya se poseen todas las pruebas incriminatorias necesarias contra los acusados”, es decir, contra Darío Amín, Luis Gómez y Eduardo José Valdivieso Sassi. Según la fiscalía, el propósito del latifundista y sus acampañantes era “acabar con la vida de los indígenas que se interpusieran en el dominio de dichas tierras”.

Víctima de la intolerancia

En entrevista con Desinformémonos, el actual dirigente de la comunidad Chuschagasta, La Higuera, en el Departamento Trancas, don Demetrio Valderrama, afirma que Javier Chocobar es “otra víctima de la intolerancia”. La intolerancia, añade, que es propia de “esa gente que lo único que hace es saciar sus bajos instintos, apropiándose de las tierras y territorios de nuestras comunidades, y a ellos no les interesa cómo. Si tienen que matar, matan, si tienen que extorsionar lo hacen”. Dichas personas, abunda el dirigente indígena, tratan de llevar adelante su propósito de saqueo con el apoyo del poder, “y es por eso que van y lo hacen impunemente, sin ocultarse. La mayoría (de las autoridades) parece estar del lado de ellos”, comenta.

El asesinato de Javier Chocobar retumba en sus palabras que piden, exigen, que no vuelva a ocurrir un hecho tan trágico. “Apelamos a que la sociedad conozca y apoye la situación de los pueblos originarios, ya que nosotros no vamos a apropiarnos de nada, sino a proteger la naturaleza porque realmente somos parte de ella, a cuidar la tierra, a cuidar el medio ambiente, a proteger lo que pueda haber de bosques, para que pueda haber más tierra sana, más selva, pues. Queremos parar la contaminación y la depredación de nuestra Madre Tierra”.

A propósito del territorio de la comunidad, Valderrama explica que el gobierno de la provincia de Tucumán creó una cantera (mina a cielo abierto) en sus tierras y están otorgando las autorizaciones para su explotación “sin respetar las leyes o consultar al pueblo originario que habita ancestralmente en ese territorio”. Comenta don Demetrio: “Van por toda la riqueza y la biodiversidad, van por la vida, van por la poca riqueza que va quedando en nuestro territorio, en nuestro país, en nuestra América”.

El Bicentenario en Argentina

En mayo pasado, mientras la fiscalía de Tucumán acusaba formalmente a los tres responsables del asesinato de Javier Chocobar, se celebraba el Bicentenario de la Independencia. Valderrama comenta: “para nosotros son 200 años más dentro de los 20 mil años que hace que estamos aquí, donde hemos estado viviendo y seguiremos viviendo […] porque desde el mismo momento en que ha llegado Cristóbal Colón con todos sus mercenarios, nosotros la hemos defendido y conservado, y es por eso que hoy es posible celebrar este Bicentenario en esta tierra”. Según el dirigente indígena, el Bicentenario “significa 200 años más de sometimiento, de colonización y de repetidos intentos de apropiarse de lo poco que nos está quedando”.

Lo que quieren los indígenas, señala Valderrama, “es que se termine de una vez por todas y para siempre el colonialismo y los atropellos a los pueblos originarios” y “que se nos respete por lo que realmente somos, miembros de esta sociedad, con los mismos derechos y obligaciones, y tengamos la protección que debería tener cualquier ciudadano argentino”. Aunque lo dice con esas palabras, al dirigente indígena le urge aclarar que el adjetivo “argentino” es más “un sobrenombre”.

Es la lucha por el territorio y Valderrama no tiene ninguna duda al respecto. “Queremos que reconozcan los territorios de nuestros pueblos, de nuestros ancestros, que hemos sabido vivir por siglos, no por un año o por cien años, sino por siglos, en los miles de años que hemos estado habitando este territorio… Somos descendientes de ellos y tenemos las raíces muy profundas en este sentimiento, y es por eso que luchamos, es por eso que queremos conservar estas tierras. Sabemos que somos parte de la Naturaleza y de la Tierra, así consideramos a la Tierra, a la Pachamama que es nuestra madre”. El dirigente diguia concluye: “Nuestra lucha es para que se detenga el saqueo de muerte que parece dirigido hacia nosotros, los pueblos originarios, pero en realidad está dirigido hacia Nuestra Madre. Nuestro caminar y nuestra lucha es por Nuestra Madre, la Pachamama”.

http://desinformemonos.org

La comisión por la defensa de bienes comunales de Ostula en Michoacán, denuncia represión.

AL PUEBLO DE MÉXICO Y A LOS PUEBLOS DEL MUNDO.

A LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN.


Por medio de este comunicado queremos denunciar la GUERRA que grupos paramilitares, solapados por las fuerzas armadas del gobierno, han desatado contra nuestra comunidad en las últimas semanas como una forma de acabar con nuestra lucha y con nuestra organización autónoma:

* El día 4 de mayo más de mil hombres armados pertenecientes al Ejército Mexicano, a la Policía Federal y a la Marina Armada de México cercaron la cabecera municipal de Santa María Ostula supuestamente buscando armas.
* El día 7 de mayo un grupo paramilitar de unas 150 personas que decían ser de La Placita, Michoacán, entraron fuertemente armadas a las comunidades de Ostula y El Coire a repartir propaganda en apoyo a sus actividades y con la fallida finalidad declarada de asesinar al C. Valentín Álvarez Medina, presidente suplente del comisariado de bienes comunales de El Coire y activo luchador en la recuperación de nuestras tierras y en contra de los proyectos carreteros, turísticos y mineros que los malos gobiernos buscan ejecutar en el territorio nahua.ESTE GRUPO ARMADO TAN NUMEROSO ACTUO IMPUNEMENTE SIN QUE PUDIERA SER DETECTADO POR LAS NUMEROSAS FUERZAS DE SEGURIDAD Y MILITARES QUE SE ENCUENTRAN DESTACAMENTADAS EN LA REGIÓN.
* El día 29 de junio fue secuestrado el comunero Máximo Magno Valladares sin que se conozca su paradero. El día 17 de julio fue asesinado en la carretera federal el comunero Humberto Santos Valladares. El 19 de julio fue baleado el comunero Roberto Arceo; posteriormente, el día 27 de julio fueron asesinados los comuneros Venancio Ramírez Cirino, Manuel Flores Álvarez y Miguel Ángel Flores Álvarez; unos días después, el 3 de agosto, fue asesinado el comunero José Martínez Ramos. En todos estos casos se habla de la acción concertada de cárteles que han penetrado nuestra comunidad en los últimos meses y que gozan de protección gubernamental.
* Asimismo el Jefe de Tenencia de Ostula, el C. J. Trinidad Verdía Zepeda, fue difamado ante la comunidad por oficiales de la Marina Armada de México, quienes en diversos cateos lo señalaron como “informante” del gobierno con el evidente fin de enemistarlo con su comunidad y erosionar la confianza entre comuneros y autoridad comunal.
* En un operativo conjunto de la Marina Armada de México, la Policía Federal y la Policía Estatal, el día 2 de agosto los comuneros Timoteo Ramírez Cirino, del poblado El Duín, y Arnoldo Robles Luna, de la cabecera de Ostula, fueron detenidos, cada uno en su domicilio, sin que existiera orden de aprehensión en contra de ellos y orden de cateo para entrar a sus casas. En el caso de Timoteo Ramírez los enviados de “la ley” sustrajeron 6 mil pesos. Ese mismo día este operativo tomó también por asalto la casa del comunero Semeí Verdía y sustrajo de ella la cantidad de 12 mil pesos y diversos valores. El gobierno manifestó falsamente (comunicado número 197 de la Secretaría de Marina publicado en la página de internet de la Presidencia de la República: http://www.presidencia.gob.mx/index.php?DNA=48&page=1&Contenido=59112) que Timoteo Ramírez y Arnoldo Robles fueron detenidos juntos y en posesión de armas a bordo de una camioneta en la carretera federal, pues, de otro modo no les es posible justificar su inconstitucional proceder.

A lo anterior tenemos que agregar las desapariciones forzadas del compañero FRANCISCO DE ASÍS MANUEL, presidente de bienes comunales de Santa María Ostula, y de los comunerosJAVIER MARTÍNEZ ROBLES y GERARDO VERA ORCINO. Adicionalmente el gobierno federal no ha dado una respuesta satisfactoria al problema agrario que nos aqueja en el paraje de Xayakalan, atendiendo a cuentagotas tan compleja situación y ofreciendo mediante palabras soluciones que no vemos llegar.

CON TODO LO DESCRITO NOS QUEDA BIEN CLARO QUE ANTE LA REBELDÍA Y DIGNIDAD DEMOSTRADAS POR OSTULA PARA DEFENDER SUS TIERRAS Y SU ORGANIZACIÓN COMUNAL AUTÓNOMA, INCLUIDA LA FORMACIÓN DE UNA GUARDIA COMUNAL PARA SU AUTODEFENSA; LOS QUE TIENEN EL PODER EN ESTE PAÍS, LLÁMENSE GOBIERNO, NARCOTRAFICANTES O EMPRESARIOS TRASNACIONALES, HAN DESATADO UNA GUERRA DE TERROR EN CONTRA DE NUESTRA COMUNIDAD QUE, ESCONDIDA TRAS LA MÁSCARA DE LA SUPUESTA GUERRA CONTRA EL NARCOTRÁFICO, BUSCA SEMBRAR TERROR EN NUESTRA POBLACIÓN PARA FRENAR NUESTRA JUSTA LUCHA, IMPONER LOS INTERESES DE LAS EMPRESAS MINERAS QUE EMPIEZAN A INVADIR EL TERRITORIO NAHUA, ILEGALIZAR POR COMPLETO NUESTRA AUTODEFENSA COMUNAL, ACABAR CON NUESTRAS AUTORIDADES Y ORGANIZACIÓN COMUNAL Y PROMOVER LA PARTICIPACIÓN DE JÓVENES INDÍGENAS EN LOS CÁRTELES DEL NARCOTRÁFICO COMO VIL CARNE DE CAÑÓN PARA PROVOCAR LA DIVISIÓN Y LA DESCOMPOSICIÓN SOCIAL AL INTERIOR DE LAS COMUNIDADES INDÍGENAS.

Reiteramos que no renunciaremos a nuestras tierras, a nuestra libertad y a nuestros derechos más que a costa de nuestras vidas, y no permitiremos nunca más un nuevo atraco, un nuevo despojo en contra de nuestra comunidad, siendo nuestras exigencias las siguientes:

1. Presentación con vida de los comuneros FRANCISCO DE ASÍS MANUEL, presidente de bienes comunales, JAVIER MARTÍNEZ ROBLES y GERARDO VERA ORCINO; esclarecimiento del asesinato del profesor Diego Ramírez Domínguez y el castigo a los autores intelectuales y materiales de su muerte; e investigación de los asesinatos, intentos de asesinato, secuestros y persecusiones hasta hoy impunes de comuneros pertenecientes a las comunidades nahuas de la Costa.
2. Respeto a la posesión que Ostula guarda sobre las tierras que recuperó el 29 de junio de 2009 en el paraje conocido como Xayakalan.
3. La INMEDIATA y URGENTE solución a nuestra problemática agraria en el paraje de Xayakalan por parte de los gobiernos del estado y federal para que se garantice en forma definitiva la tenencia jurídica de dichas tierras a favor de Ostula.
4. La desarticulación de los grupos de narco paramilitares y CASTIGO A LOS FUNCIONARIOS DE GOBIERNO QUE LOS PROTEGEN.
5. El otorgamiento de garantías por parte de los gobiernos federal y del estado de Michoacán para el funcionamiento de las policías comunitarias y su guardia comunal en las comunidades de Santa María Ostula, El Coire y Pómaro, es decir, en todo el territorio nahua de la Costa michoacana.

¡Respeto a la totalidad de nuestras tierras comunales!

¡Respeto a nuestra policía comunitaria y su guardia comunal!

SANTA MARÍA OSTULA, MICH., A 17 DE AGOSTO DE 2010.

TIERRA Y LIBERTAD

LA COMISIÓN POR LA DEFENSA DE LOS BIENES COMUNALES DE LA COMUNIDAD INDÍGENA DE SANTA MARÍA OSTULA

CDH BARCA: Alto a la masacre en San Juan Copala, Oaxaca.

  • Emboscan a habitantes del Municipio Autónomo en la Hierba Santa: 3 muertos y 2 heridos.
  • Exigimos alto a la violencia permanente y continua en contra de los habitantes de San Juan Copala.

22 de agosto de 2010.-

Ante los más recientes hechos violentos sucedidos el día de ayer en la región triqui, se ha dado a conocer que aproximadamente a las 8 de la noche fue emboscada una camioneta Nissan blanca de redilas donde viajaban los organizadores de la marcha motorizada programada para salir el 23 de Agosto de Oaxaca a la Ciudad de México, con el objetivo de denunciar la situación actual que padecen. La emboscada se dio en el paraje denominado “Hierba Santa”, ya que una comisión del Municipio Autónomo de San Juan Copala salieron de Agua Fría hacia Santa Cruz Tilapa para recoger a las mujeres que participarían en la marcha caravana anunciada. Los paramilitares asesinan en la emboscada a ANTONIO RAMÍREZ LÓPEZ de 72 años de edad y dirigente moral del municipio autónomo; ANTONIO CRUZ GARCÍA de 39 años, de Santa Cruz Tilapa Copala; RIGOBERTO GONZÁLEZ de 40 años, de Agua Fría Copala. Heridos: VÍCTOR DE JESÚS GONZÁLEZ de 25 años, de Santa Cruz Tilapa Copala y ALFREDO MARTÍNEZ GONZALEZ, de 28 años de Agua Fría Copala.

Nuevamente hacemos un llamado a las autoridades del Estado de Oaxaca a que intervengan y paren las agresiones, violencia e impunidad que se vive en la zona; exigimos un ALTO a la permanente, continua y creciente escalada de violencia hacia los habitantes del Municipio Autónomo de San Juan Copala; ellos han estado denunciando que a partir del ataque que sufrieron el pasado 30 de julio de 2010 por parte del Grupo de la Ubisort y la entrada de la Policía Estatal, se vieron en la necesidad de salir de su comunidad, el 11 de Agosto del 2010, por el alto riesgo en que se encuentran. Un grupo de 20 mujeres indígenas triquis y 25 niños/as se instalaron en plantón indefinido en el
ex palacio de gobierno, en el zócalo de la capital del Estado de Oaxaca, para denunciar la violencia y violaciones a sus derechos que como pueblo indígena están padeciendo, y pedir la salida de los grupos paramilitares que operan en las inmediaciones de su comunidad.

Ellas denuncian que después del ataque que resistieron por parte del grupo perteneciente a la Ubisort, dos pequeñas salieron heridas, Adela de 14 años y Selena Ramírez López de 17. Adela recibió un impacto de bala que se le alojó en la médula espinal, lo que ocasionó que la pequeña quede paralítica, sin embargo, fue trasladada a la ciudad de México el 8 de agosto con la finalidad de aminorar un poco la lesión, pero en realidad son muy pocas las esperanzas de que vuelva a caminar.

Narran que para poder salir de su comunidad tuvieron que caminar por horas para llevar alimentos a su familia y dejarles comida a los que se quedaron, que ellas caminaron por el monte para evitar ser visibles y atacadas por el grupo que vigila, muy a pesar de las precauciones y medidas que tomaron, fueron nuevamente atacadas y recibieron balazos aproximadamente hora y media, afortunadamente ninguna más salió herida.

El campamento que está en la Ciudad de México y ahora el de Oaxaca anunciaron que el día 23 de Agosto saldrían en caravana motorizada a la Ciudad de México para informar sobre lo que viven a la fecha y pedir la solidaridad de todos los pueblos indígenas que los reciban en el camino; su esperanza es que haya oídos que los escuchen y personas que intervengan para parar la violencia y la muerte de gente de su Municipio, pues son muchas las vidas que ya han aportado para que la paz llegue a la zona. Pero desde el 19 de agosto denuncian nuevamente que las balaceras son continuas y ahora sucede este hecho donde pierden la vida 3 personas y 2 quedan heridas; motivo por el cual han suspendido la marcha programada para el 23 de Agosto.

Condenamos estos hechos violentos donde pierden la vida estas personas y dejan heridas a otras más, repudiamos la complacencia y complicidad y exigimos al gobierno del Estado de Oaxaca:

* FRENAR DE INMEDIATO LA AGRESIÓN, VIOLENCIA E IMPUNIDAD GENERADA
EN CONTRA DE LOS HABITANTES DEL MUNICIPIO AUTÓNOMO DE SAN JUAN
COPALA.
* INVESTIGAR Y DETENER A LOS GRUPOS PARAMILITARES CAUSANTES DE
TODOS ESTOS DELITOS Y VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS.
* RESPETO A LOS DERECHOS DE LOS PUEBLOS INDIGENAS DE OAXACA,
PRINCIPALMENTE DE LA ZONA TRIQUI.

A los pueblos indígenas de Oaxaca, organizaciones y sociedad en general:

* EXIGIR UN ALTO A LA VIOLENCIA Y MUERTE DE INDIGENAS DEL MUNICIPIO
AUTONOMO DE SAN JUAN COPALA Y DE LA REGION TRIQUI.
* MANIFESTAR SU SOLIDARIDAD A LAS MUJERES QUE SE ENCUENTRAN EN
PLANTON EN LA CIUDAD DE OAXACA.

“POR UNA VIDA DIGNA, JUSTA Y HUMANA”.
Centro Regional de Derechos Humanos
“Bartolomé Carrasco Briseño” A.C.

“LA PAZ ES FRUTO DE LA JUSTICIA”
Comisión Diocesana de Justicia y Paz

Sobre el movimiento indígena y las autonomías en México.

¿Qué pasó con el movimiento indígena a partir de 2001,luego de que los poderes políticos del país convalidaran la fallida reforma constitucional sobre derechos y cultura indígenas? El Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) y las organizaciones indígenas se retiraron de la escena política nacional, dejando en claro tanto su rechazo a la reforma, que calificaron de burla y traición a los Acuerdos de San Andrés, como la voluntad de seguir luchando por su legítimo derecho a la autodeterminación y autonomía. Como parte de esa lucha, acordaron construir “autonomías de hecho” en sus comunidades, municipios y regiones. Esta posición la han sostenido hasta hoy.

La construcción de autonomías de hecho significa una acción de rebeldía frente a la injusticia derivada del incumplimiento de los Acuerdos de San Andrés. Éstos representaban un primer paso en la corrección de la estructura de la sociedad nacional, que excluye a los pueblos indígenas y los priva de sus derechos humanos elementales y en tanto pueblos. Los actores políticos que refrendaron la reforma constitucional conservaron intacta la estructura nacional y, con ello, reafirmaron las relaciones de opresión del Estado y la nación hacia los pueblos indígenas, supeditándolos, más que nunca, a la voluntad de los gobiernos federal, estatal y aun municipal. El trasfondo de tal maquinación era afianzar la embestida del capitalismo global en los territorios indígenas.

I. El EZLN, “sin pedirle permiso al mal gobierno para gobernar en nuestro territorio”, avanzó en la concreción de los municipios autónomos rebeldes zapatistas (Marez), formados después de 1994, así como en la organización de nuevas estructuras de gobierno en cada una las cinco regiones autónomas reconocidas por los zapatistas: las Juntas de Buen Gobierno (JBG). Éstas tomaron posesión el 8 de agosto de 2003. La sede de las JBG son los llamados Caracoles. A partir de este valioso sistema articulado de autogobierno (comunal, municipal y regional), los zapatistas han tratado de organizar sus propios medios de salud, educación, alimentación, impartición de justicia, etcétera.

Los zapatistas conciben su experiencia autonómica como una demostración para ellos mismos y para los demás de la capacidad de los pueblos de organizarse y autogobernarse, así como de darse una forma de gobierno colectivo basada en principios (mandar obedeciendo, revocación del mandato, etcétera), valores y prioridades diferentes a los que sostienen los “malos gobiernos”. Sin embargo, advierten las serias dificultades para sostener sus autonomías dentro de un sistema económico, político e ideológico (nacional y global) adverso. De ahí que en la valoración de las autonomías zapatistas es preciso tomar en cuenta que las JBG y los consejos autónomos municipales han funcionado en condiciones hostiles y precarias, siempre bajo amenaza, hostigamiento y presión por parte de los aparatos del Estado, del poder económico local, nacional y trasnacionales. Por ello, como veremos adelante, el programa político de los zapatistas no se limita a construir espacios de autonomía en las comunidades y regiones donde tienen presencia.

Otra experiencia significativa de construcción de autonomías de hecho es el Sistema de Seguridad, Justicia y Reeducación Comunitaria de la Montaña y Costa Chica del estado de Guerrero, conocido como la Policía Comunitaria. Ésta nació a finales de 1995, a partir de un proceso de articulación entre comunidades en torno a la organización de un sistema de seguridad propio –la policía comunitaria– que después incluyó el de justicia. En este proceso, las comunidades crearon una estructura regional compuesta por dos instituciones jurídicas autónomas: la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC) y la Asamblea Regional de Autoridades Comunitarias, que es la máxima autoridad de la CRAC. Hasta ahora se han integrado a esta organización autónoma regional alrededor de 80 comunidades pertenecientes a distintos pueblos tlapanecos, mixtecos, nahuas y mestizos.

Los actores de este ensayo autonómico valoran la capacidad de sus pueblos de garantizar seguridad en su territorio –lo que ninguna autoridad ni policías estatales les aseguraron–, así como de construir un nuevo derecho y una nueva justicia a escala regional, a partir de principios, normas, procedimientos e instituciones centrados en el “espíritu comunitario”, y enriquecidos por la reflexión y la discusión entre los diversos pueblos que confluyen en la Asamblea Regional. Se trata, como ellos lo caracterizan, de un derecho “antiguo y nuevo a la vez”, y de “una justicia pública y colectiva”, en la cual las resoluciones se toman colectivamente “para impedir que se cometan errores o arbitrariedades en la impartición de justicia”, así como “para asegurarse la justicia, la seguridad, la armonía en la convivencia y la paz”. Pero esta experiencia autonómica enfrenta, al igual que la zapatista, el hostigamiento y la amenaza constantes por parte del ejército y de la policía estatal.

Otras declaraciones públicas de ejercicio de la autonomía de hecho, cuyo objetivo inmediato es recuperar y proteger sus derechos territoriales, son la Comunidad Autónoma Wixárika de Bancos de San Hipólito, municipio del Mezquital, Durango, y la comunidad nahua de Santa María Ostula, de la Costa de Michoacán. En ambos casos, las comunidades llevaban años de lucha en los tribunales agrarios por la restitución y el reconocimiento de sus derechos territoriales, cercenados por resoluciones presidenciales. Estas resoluciones, a la vez, crearon una situación de conflicto entre las comunidades despojadas y los grupos que pretenden apropiarse de sus tierras ancestrales.

En el primer caso, una resolución presidencial de la década de los 60s separó arbitrariamente a la comunidad wixárika (huichol) de Bancos de San Hipólito de su vínculo ancestral con Tateikie-San Andrés Cohamiata, ubicada en Jalisco, y la anexó a la comunidad vecina de San Lucas de Jalpa, Durango, al tiempo que cercenó una parte de sus tierras ancestrales. En 2002, el consejo de ancianos y la asamblea de comuneros wixárika de Bancos decidieron recuperar sus tierras y ejercer su autonomía en los hechos. Para ello, interpusieron en el tribunal agrario una demanda de nulidad de la resolución presidencial en noviembre de 2002 y declararon a Bancos como Comunidad Autónoma Wixárika. Esta declaración implicó el desconocimiento de las autoridades agrarias de San Lucas (a las que habían quedado sujetas injustamente) y el nombramiento de sus propias autoridades agrarias. Con estas acciones iniciaron un proceso de organización y reconstrucción de su comunidad y gobierno autónomos (este último formado por un cuerpo de autoridades civiles, agrarias y tradicionales).

Al año siguiente, en 2003, decidieron tomar posesión de su territorio boscoso en disputa, y para resguardarlo instalaron nuevos centros de población –la Mesa de la Torrecilla (Buenos Aires), Las Carreras y Mesa Alteña–, los mismos que fueron devastados por las tormentas de febrero de 2010. Para rehabilitar estos poblados, resolvieron aprovechar los más de mil pinos derrumbados por las tormentas y hacer trabajos de limpieza forestal para evitar que los árboles caídos se convirtieran en fuente de plagas y enfermedades o en combustible para incendios. Después de solicitar en varias ocasiones y obtener el permiso de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales, el “grupo autónomo de análisis territorial y ecología” de la Comunidad Autónoma Wixárika inició los trabajos de cubicación de la madera. La comunidad también ha previsto “presentar un plan de reforestación integral en la zona afectada”. Pero el hostigamiento de los caciques de San Lucas ha dificultado las tareas. El 11 de agosto de 2009 el Tribunal Superior Agrario emitió su sentencia a favor de Bancos, esto es, anuló la resolución presidencial, aunque “únicamente en lo que respecta a la superficie en conflicto (diez mil 720 hectárea)”, por considerar que hubo violaciones en el procedimiento agrario, en perjuicio del “núcleo agrario de Bancos”, y dispuso que se procediera a la confirmación y titulación de ese territorio a Bancos.

En el caso de la comunidad de Ostula, los comuneros decidieron ejercer sus derechos territoriales mediante la recuperación pacífica de unas mil hectáreas de tierras reclamadas del paraje la Canahuancera, luego de varios intentos de hacerse del lugar y de negociaciones con las autoridades estatales que se comprometían a resolver el conflicto y asegurar sus derechos agrarios, sin hacerlo efectivo. A finales de junio de 2009, cuando cientos de personas de Ostula, hombres y mujeres de todas las edades, se acercaron al paraje para tomar posesión fueron recibidos a balazos por personas que pretenden apropiarse de sus tierras. Al día siguiente, los nahuas de Ostula lograron tomar el paraje con la nutrida participación de personas de las otras dos comunidades nahuas de Michoacán: El Caire y Pómaro. Para asegurar las tierras recuperadas, instalaron un campamento y erigieron en pocos días un nuevo poblado en la Canahuancera, que renombraron Xayakalan, su nombre original. La confluencia de las policías comunitarias de Ostula, El Caire y Pómaro fue clave en la toma del paraje, así como en el cuidado de la “seguridad de las personas” apostadas tanto en el campamento como en los nuevos poblados, y en el resguardo de las tierras recuperadas.

Un hecho novedoso en esta lucha es la actuación articulada de las tres comunidades en tanto pueblo nahua. Esta unidad se ha tratado de reforzar con la creación del Comité de Defensa del Pueblo Nahua de la Costa Sierra de Michoacán. Esto tiene una explicación económica y política. Primero, porque empresas multinacionales están fuertemente interesadas en hacerse de las tierras de las tres comunidades, dado el gran potencial minero y turístico que poseen. Segundo, porque con la acción unida pueden conjuntar esfuerzos en la defensa de su territorio. Cabe destacar que la reunificación de las comunidades en tanto pueblo es parte fundamental del proceso autonómico. Se trata de la reconstitución de los pueblos fragmentados en el proceso histórico de dominación. Una de las políticas de dominación del Estado hacia los pueblos indígenas, y a la que recurren persistentemente tanto el gobierno central, como los locales y estatales, es la de provocar y sostener la segmentación de los pueblos en múltiples comunidades separadas y enfrentadas entre sí. Por consiguiente, la rearticulación de las comunidades en tanto pueblo forma parte de la batalla por la autonomía y contra las relaciones de dominación.

En uno de los primeros comunicados del Comité de Defensa del Pueblo Nahua, del 12 de marzo de 2010, las comunidades nahuas de Michoacán exigieron conjuntamente a los gobiernos federal y estatal que garantizaran definitivamente la tenencia jurídica de las tierras recuperadas “a favor de Ostula”, que cuenta con títulos de propiedad de 1802 y 1803, así como el reconocimiento del “funcionamiento de las policías comunitarias y su guardia comunal en las comunidades de Santa María Ostula, El Caire y Pómaro, es decir, en todo el territorio nahua de la Costa michoacana”. Las policías comunitarias son consideradas parte de su autonomía, para el resguardo del “territorio y la vida de las comunidades”, pero también un instrumento de autodefensa contra las incursiones de grupos que quieren despojarlos de sus tierras.

El Municipio Autónomo San Juan Copala es otra referencia emblemática en la construcción de autonomías de hecho. San Juan Copala ha sido históricamente el centro político, económico y religioso de las comunidades triquis de la región baja. En 1826 esta región obtuvo la categoría de municipio, teniendo como cabecera a San Juan Copala. Pero en 1948 el gobierno de Oaxaca suprimió este municipio y creó otros para favorecer y apuntalar a los grupos de poder regional. A partir de esa fecha, San Juan Copala fue convertido en agencia municipal de Santiago Juxtlahuaca y, en general, el territorio y las comunidades integrantes de la región triqui baja se repartieron entre los municipios de Santiago Juxtlahuaca, Constancia del Rosario y Putla de Guerrero. De esta manera, los triquis quedaron separados y sometidos económica y políticamente a las cabeceras de los nuevos municipios, sedes del poder caciquil mestizo. Las comunidades triquis solicitaron en varias ocasiones que se les restituyera su municipio, sin conseguirlo.

Según relatos de los autonomistas, un grupo de triquis que había participado en la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca (APPO), en 2006, y que venía del Movimiento de Unificación y Lucha Triqui-Independiente, preocupados por los pasos que debían dar después de esa experiencia, inició un proceso de consultas a autoridades tradicionales y con miembros de otras organizaciones sociales triquis. De ahí surgió la idea de construir un municipio autónomo. Esta propuesta fue discutida en asambleas, barrios y rancherías, de lo que resultó el acuerdo de declarar a San Juan Copala Municipio Autónomo. En enero de 2007, se realizó la ceremonia de confirmación de las autoridades municipales autónomas, elegidas entre las comunidades que se incorporaron a este proceso autonómico. Los triquis que participan en su construcción consideran que la autonomía puede ser la “manera pacífica de alcanzar la paz en su territorio” y un medio para superar las fuertes divisiones políticas internas entre las distintas organizaciones triquis surgidas en las décadas recientes: el Movimiento de Unificación y Lucha Triqui (MULT), el MULT-Independiente y la Unión de Bienestar Social Triqui, (Ubisort).


Para restablecer los vínculos entre las comunidades triquis de la región baja (injustamente divididas en distintas jurisdicciones municipales) estimaron necesario declarar el municipio autónomo San Juan Copala (autorestituyendo su categoría de municipio, suprimida arbitrariamente en 1948) y construir “un gobierno triqui”, de modo que puedan gobernarse por ellos mismos y crear sus “propios proyectos de desarrollo en convivencia, salud, educación, cultura”, sin tener que depender de los gobiernos municipales conformados por mestizos, “que no saben gobernar”. De hecho, esta dependencia es una de las causas del conflicto violento que se vive en la región. Por ello, evalúan que con la construcción de su municipio autónomo se liberan de la opresión y de la explotación de los caciques mestizos de los municipios a los que quedaron sujetos. También se liberan de las artimañas de las autoridades municipales para privar a las comunidades y agencias municipales triquis de la entrega de los recursos públicos que por ley les corresponden, así como del uso faccioso y corrupto que hacen de dichos recursos para apuntalar su poder caciquil y dividir al pueblo triqui. Los autonomistas consideran que con su municipio autónomo los recursos públicos “bajarían” a todas sus comunidades, eliminando así una de las fuentes de conflicto. En suma, la declaración del municipio autónomo significa para sus autores la reorganización del territorio y de las comunidades de la región triqui baja, así como la instauración de sus propias formas de gobierno y de decisión colectiva. Con todo ello, esperan poner fin a tanta violencia.

En todos los casos de construcción de autonomías de hecho mencionados, los pueblos están enfrentando el asedio y la agresión de grupos paramilitares, de elementos del ejército y de policías de todo tipo. Hay denuncias de presencia de grupos paramilitares en Chiapas, Oaxaca y en la Costa de Michoacán, y se sabe que estos grupos no pueden funcionar si no es con la protección del gobierno y con el financiamiento de grupos de poder político y económico. Sin embargo, la violencia se ha extendido a todas partes del país. En realidad, el verdadero culpable de esta violencia es el capitalismo. Detrás de la presencia del ejército y de los grupos paramilitares están las empresas mineras, turísticas, inmobiliarias, agroindustriales, carreteras, etcétera, esperando que los cuerpos represivos hagan su trabajo de debilitamiento de las resistencias para poder entrar a hacer grandes negocios.

II. Las declaraciones de autonomías de hecho no se han generalizado en todos los pueblos indígenas del país, salvo los casos mencionados. Lo que no quiere decir que la autonomía no esté en el horizonte político y en las luchas que están realizando todos ellos. De cualquier manera, la mayoría de los pueblos indígenas están enfrascados en fuertes resistencias locales y regionales frente a las viejas y nuevas formas de explotación y despojo de sus bienes colectivos (tierras, territorios, bosques, agua, biodiversidad, saberes), que llevan a cabo caciques, latifundistas y empresas nacionales y multinacionales con el apoyo de los gobiernos federal, estatal y municipal.

Actualmente destacan las luchas indígenas contra las múltiples y originales formas de invasión del capitalismo multinacional en sus territorios y comunidades. Son luchas puntuales y locales contra la minería a cielo abierto; contra la construcción de presas y parques eólicos; contra los transgénicos y en defensa de las semillas autóctonas; contra la biopiratería y la privatización de sus conocimientos colectivos; contra la mercantilización del agua; contra el despojo de sus tierras colectivas para grandes desarrollos turísticos, urbanísticos, comerciales y carreteros; contra la destrucción de los bosques comunales; contra los tratados de libre comercio de alimentos y la consecuente eliminación de los sistemas de producción agrícola nativos, y, en fin, contra la comercialización, la privatización y la “empresarialización” de la tierra, de la naturaleza, de la cultura, de la memoria y del conocimiento. Algunas de estas luchas locales se articulan en movimientos nacionales o en redes, según la esfera de penetración del capital en sus respectivos territorios, con el propósito de unificar las resistencias dispersas en la geografía nacional (como el Movimiento Mexicano de Afectados por las Presas y en Defensa de los Ríos o la Red Mexicana de Afectados por la Minería). En algunos casos, establecen lazos solidarios con movimientos y redes de otros países que enfrentan afectaciones similares.

En la Declaración de Xayakalan, los representantes de varios pueblos indígenas del país, reunidos en la Asamblea Extraordinaria del Congreso Nacional Indígena, realizada en la comunidad nahua de Santa María Ostula, Michoacán, en agosto de 2009, manifestaron que “este capitalismo se comporta ahora con la mayor saña que no se haya visto en la historia, en una empecinada voracidad por nuestros recursos, agua, viento, vidas, tierras y territorios (…) Hoy como ayer nuestros pueblos, naciones, tribus y comunidades enfrentamos en todo el continente la violencia sistemática, traducida en despojos, desalojos, asesinatos, cárceles, desaparecidos, exiliados”.

En 2008, en el marco de la celebración del quinto aniversario de las JBG, el teniente coronel insurgente Moisés recordó que en los primeros días de 1994 el gobierno calificó a los zapatistas de transgresores de la ley. Admitió perspicazmente que era cierto y que seguirían transgrediéndola, porque “es una ley protectora de todas las agresiones que hace el mal gobierno, de todas las violaciones que hace el mal gobierno. No protege a los millones de pobres en México, del campo y de la ciudad. Es una ley que está a beneficio de sus intereses de ellos (…) neoliberales”. Con estas palabras, Moisés deja ver la falsedad de la neutralidad de la ley porque beneficia a unos cuantos (los capitalistas y neoliberales) y desprotege y excluye a millones (los pobres de la ciudad y del campo). El punto es que la exigencia de respeto a la ley significa la obediencia a una forma de derecho estatal que implica determinadas relaciones socioeconómicas (capitalistas). Por tanto, respetar la ley implica aceptar tales relaciones, que producen y reproducen la desigualdad y la injusticia. Para los beneficiarios de la ley, no importa si ésta es injusta, sino que sea respetada. Para los excluidos y explotados, en cambio, respetar la ley implica dejarse explotar, despojar y excluir. Y si se resisten a todo ello son considerados transgresores. Así, todas las injusticias y las violaciones se cometen al amparo de la ley.

En consecuencia, cuando el insurgente Moisés afirmaba que los zapatistas seguirían transgrediendo la ley, estaba diciendo que seguirían rebelándose contra la explotación, la exclusión, la injusticia. Además, revirtió la acusación: “esa ley injusta es la que transgrede al pueblo”. Y apeló a otra ley por conquistar: “Nacerá otra ley que es palabra del pueblo, de todos los trabajadores. Que ellos la decidirán cómo es la ley que quieren. Para eso, compañeros, compañeras, tenemos que luchar.”

Consuelo Sánchez

Antropóloga y profesora-investigadora de la Escuela Nacional de Antropología e Historia

http://www.jornada.unam.mx/2010/08/21/maiz.html

Movilización Internacional por los Presos Políticos Mapuche. Miércoles 18 de Agosto 2010.

Global Day of Action for Freedom of the Mapuche Peoples.

Given the sustained repression of the Chilean State and the complicity of their governments, including the current of President Sebastián Piñera, we call on the authorities to immediately assume an attitude of respect for the fundamental human rights of the Mapuche people for which they have established their social battles for to the recovery of their ancestral lands, their culture and historical rights. The political persecution of the Mapuche people, the use of militarized violence against the communities, youth, elderly and children should and must stop. The Chilean State should and must respect the international conventions and human rights treaties it has signed. Failure to do so is a grave violation of the democratic principles established by the United Nations.

The hunger strike started on July 12, 2010 in the prisons of Concepcion and Temuco, and later on joined by the prisons of Valdivia, Lebu and Angol, is a call for swift and immediate implementation of justice. The prisoners’ rights have been violated without any regard for the principles of Justice. We demand an end to repression and the acceptance of the following demands:

1. The right to due process or fair trial without the current legal and political mockeries where the use of institutionalized violence, including torture, persist.

2. An end of anti-terrorism law, passed during the dictatorship, and whose racist application against the Mapuche causes permits all types of illegitimate actions that have been condemned by the UN. Its use is facilitated by the criminalization of the legitimate fight of the Mapuche people.

3.An end to Military Justice, which promotes impunity for state crimes during the dictatorship and now, in its war against the Mapuche people permits new crimes to go without justice. An end to the use of civil and military trials for the same prisoner must end.

4. Release of all Mapuche political prisoners imprisoned in Chilean State prisons.

5. Demilitarization of the Mapuche areas where communities demand recognition of their ancestral lands and political claim rights. The militarized police take communities by assault, abuse children, old people and just anyone that may be even asleep, at night.

The hunger strike of these Mapuche prisoners is their final opportunity to recover their dignity which is constantly violated by the Chilean State. The social and ethical principles established internationally condemn the disdainful attitude of the Chilean State and its low-intensity war aimed at maintaining and assuring revenue for an elite few and destroying the riches of the country.

Therefore we demand that the Government, as well as the Parliament and civil society assure the resolution of these demands and avoid exasperating the incorrectly named “Mapuche Conflict” imposed by the State that discredits all the Chilean people before international public opinion. We do not want to prolong this hunger strike and bring more innocents to death who only seek respect for their people.

SIGN THIS PETITION HERE!

TEMUCO
1. Mauricio Waikilao Waikilao
2. Luís Sergio Tralcal Quidel
3. Claudio Sánchez Lorca
4. Pablo Canio Tralcal
5. Pedro Cheuque
6. Sergio Catrilaf
7. Daniel Canio Tralcal
8. Ángel Reyes Cayupan

9. Jorge Cayupan Ñirripil

10. Francisco Cayupan Ñirripil
11. Elvis Millán Colicheu
12. Eliseo Ñirripil
13. Marco Millanao Mariñan

CONCEPCIÓN

15. Luis Menares C.
16. Ramón LLanquileo P.
17. Héctor Llaitul C.
18. Jonathan Huillical
19. José Huenuche R.

VALDIVIA
20. Ignacio Andrés Gutiérrez Coña

ANGOL
21. Víctor Hugo Queipul Millanao
22. José Eugenio Queipul Huaiquil
23. Camilo Hipólito Tori Quillanao
24. Felipe Ricardo Huenchullan Cayul
25. Lorenzo Alex Curipan Levipan
26. Fernando Enrique Millacheo Marin
27. José Guillermo Millacheo Marin
28. Eduardo Oses Moreno
29. Waikilaf Cadin Calfunao

LEBU

30. Carlos Muñoz Huenuman
31. Eduardo César Painemil Peña
32. Carlos Parra Leiva

http://www.freedomtoallmapuchepoliticalprisoners.blogspot.com

Comunidades indígenas denuncian proyecto turístico en Barrancas del Cobre, Chihuahua.

Boletín de prensa

Chihuahua, Chih., México, a 10 de agosto de 2010.

Les damos las gracias por venir a esta conferencia de prensa, les pedimos que pongan en los periódicos lo que vamos a decirles, para que seamos escuchados por el gobierno, por la gente que le gusta pasear en la Sierra Tarahumara.

Nosotros somos autoridades tradicionales de las comunidades indígenas de Bacajípare, Huetosachi, y Mogotavo, del municipio de Urique, y de Repechike, del municipio de Bocoyna, también nos acompañan de la Consultoría Técnica Comunitaria, A.C., y de la

Comisión de Solidaridad y Defensa de los Derechos Humanos, A.C., COSYDDHAC quienes nos dan asistencia técnica.

Queremos denunciar la manera como nos ha afectado el Proyecto turístico Barrancas del Cobre, y la construcción del teleférico en la zona conocida como el Divisadero en el municipio de Urique y la posible construcción de un aeropuerto en el territorio de la comunidad de Repechike por los siguientes hechos:

Estas grandes obras nos afectan de manera directa a las cuatro comunidades indígenas representadas por su gobernador, quienes poseemos tierras en esta región. Entre las cuatro comunidades contamos con una superficie de más o menos 16,924 hectáreas. En este territorio vivimos un total de 203 familias indígenas con un promedio de 7 miembros por familia, siendo aproximadamente 1,421 las personas afectadas.

Desde que empezó el proyecto turístico y cuando se anunció la construcción del teleférico en el Divisadero y del aeropuerto cercano a Creel, hemos tenido presiones para dejar nuestras tierras porque hay gente de afuera que quiere quedarse con ellas, para construir hoteles, cabañas y obras para el turismo. Estas tierras las hemos ocupado de siempre,

primero por nuestros abuelos y nuestros padres, ahora por nosotros y nuestros hijos. Por

esta causa hemos sufrido amenazas a nuestra vida, agresiones verbales y escritas, intentos de desalojo, por lo que, nos vimos obligados a presentar denuncias ante los tribunales agrarios, civiles y penales, denuncias que a la fecha no se han resuelto.

Durante años hemos mandado oficios al gobierno, federal, estatal y municipal diciendo los problemas que sufrimos como son la falta de seguridad pública, la falta de servicios públicos, denuncias y quejas por la derrama de aguas sucias que ustedes nombran aguas residuales de los hoteles establecidos en la parte alta de las barrancas, la necesidad que tenemos los indígenas de agua potable, la falta de control en la venta de alcohol, la invasión del ganado, el despojo de tierras, las amenazas de muerte, no hemos sido escuchados.

Por todo esto las comunidades que representamos presentamos una queja ante el Relator de Naciones Unidas para poblaciones indígenas en la que le decimos que se violaron los derechos que tenemos como pueblos indígenas y que están en el artículo 2do. de la Constitución Mexicana, en el Convenio 169 de la OIT y en la Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas.

Los derechos que nos han sido violados son: el derecho a la tierra, a los recursos naturales, al reconocimiento jurídico de las autoridades tradicionales, al derecho de información, a ser consultados antes de que se decidan los proyectos de desarrollo, el derecho a ser escuchados, el derecho a decidir cómo queremos vivir, el derecho a una justicia pronta y expedita en las demandas presentadas ante los tribunales agrarios, civiles y penales.

También nos quejamos ante la ONU que la inversión pública que se ha hecho está dirigida principalmente a realizar obras de infraestructura del proyecto turístico, y no toman en cuenta lo que necesitan nuestras comunidades para vivir bien. Cada día vemos que el proyecto turístico beneficia más a gente de afuera (empresas y prestadores nacionales y extranjeros de servicios turísticos) y a unos pocos intermediarios locales, nada nos dejan a los indígenas. No nos han informado qué va a hacer el gobierno sobre el número de turistas que van a llegar a nuestras tierras, qué van hacer con la falta de agua en la zona, cómo se van a

manejar los desechos como basuras, aguas residuales y desechos peligrosos. El Estudio de Impacto Ambiental no lo dice y tampoco nos lo dieron a conocer.

El proyecto turístico en la Comunidad de Bacajípare

En 2007, el director del Fideicomiso Barrancas del Cobre, les presentó a los ejidatarios de San Alonso, lo que sería el proyecto turístico. Posteriormente, el 30 de noviembre de 2008, se llevó a cabo una asamblea en el ejido en la que se aprobó la renta por 30 años de 20.5 hectáreas para la construcción del teleférico al Gobierno del Estado, hectáreas que están dentro de la superficie de tierra que nosotros usamos.

En asamblea ejidal celebrada el 14 de junio de 2009 en el ejido San Alonso, la Secretaria de Desarrollo Comercial y Turístico solicitó permiso para la construcción de un proyecto para la parte baja del barranco, precisamente en el territorio cultural de la Comunidad de Bacajípare, consistente en; construcción de una tirolesa, albercas de aguas termales, cabañas, rutas de caballos y de bicicletas entre otras, el ejido lo permitió sin que el gobierno del estado se comprometiera a pagar nada por el uso de ese terreno en el cual nosotros vivimos.

En esta misma asamblea la comunidad de Bacajípare presentó un proyecto de ecoturismo, para ser administrado y desarrollado por la misma gente del lugar que cuenta con un comité de turismo, y no fue aceptado, el gobierno del estado lo tomo como propio.

El proyecto turístico en la Comunidad de Mogotavo

Los habitantes de la comunidad indígena de Mogotavo, ubicada principalmente dentro del predio particular “Mesa de la Barranca” en el municipio de Urique, queremos decir y quejarnos que al principio del año 2009 fueron de Soluciones Emprendedoras del Norte, S.A. de C.V SOFOM ENR, nos presionaron para que abandonáramos nuestras casas porque quieren construir un hotel, restaurantes y viviendas de lujo en la tierra donde vivimos.

Posteriormente el Secretario de Turismo no nos escuchó. En marzo de 2010 investigando en el Registro Público de la Propiedad encontramos que hay cinco co-propietarios a quienes les fue vendido una parte del terreno.

En nuestra comunidad también quieren demoler el albergue y la escuela indígena Rebelión del Tarahumara donde estudian y se alimentan casi 100 niños de 14 comunidades de la región.

El gobierno quiere reubicarnos a 15 kilómetros del sitio actual, en una zona en la que no hay agua, ni terreno para los sembradíos de maíz y frijol y nos quieren dar pequeñas casas de ladrillo que fueron edificadas sin tomarnos en cuenta.

El lugar donde vivimos, es considerado territorio sagrado, porque la Iglesia del pueblo de “Jesús Nazaret”, o “Jesús Nazareno”, es el centro ceremonial donde nos reunimos habitantes y vecinos de otras comunidades, para celebrar la fiesta; y porque ahí está el cementerio en las cuevas de la Barranca del Cobre, donde están sepultados los de antes.

El proyecto turístico en la comunidad de Repechike

La comunidad de Repechike está en un territorio de más o menos 11,606 hectáreas, somos 90 familias que tenemos las casas en el lecho del río Otero y algunas mesas donde hemos vivido desde siempre en terrenos que según los archivos del Registro Agrario Nacional son de particulares.

Las tierras fueron desmontadas para meter las líneas de energía eléctrica, el acueducto de Recowata a Creel, ahora el acueducto de Creel a Divisadero y tienen pensado construir el aeropuerto, sin que se nos haya informado, consultado o beneficiado de alguna manera.

El proyecto turístico en la comunidad de Huetosachi

En Huetosachi vivimos 13 familias tarahumaras en cinco rancherías, y somos en total 61 gentes. Las familias vivimos en el predio el Madroño que tiene 480 has. del cual se muestra como dueño Andrés Elías Madero.

Durante 2008 uno de los líderes de la comunidad, Pedro Moreno y su hijo Ricardo Moreno de 12 años tuvieron amenazas de muerte, una forma de presión para que dejara de organizar a la comunidad en la defensa de la tierra. Por otra parte, quien se ostenta como propietario clausuró la entrada al predio imposibilitando a los habitantes indígenas transitar libremente por la puerta, no dejándoles otra opción que salir por debajo del cerco; tampoco podían entrar y salir vehículos, cuando se requería sacar a los enfermos lo hacían en carrucha y por debajo de la cerca, hasta la carretera.

Nosotros buscamos al propietario a través de la Secretaria de Gobierno y la Comisión

Nacional para el desarrollo de los Pueblos indígenas y le hicimos una propuesta de acuerdo, nos dijo que le diéramos un mes para pensar, pero nunca nos volvió a buscar para decirnos cuál era su propuesta.

Por todo lo que ha pasado recurrimos al Relator de Naciones Unidas solicitándole:

1. Que hable con el gobierno de México para que se tomen medidas efectivas y necesarias para que dejen de violar los derechos individuales y colectivos de las Comunidades rarámuri de Huetosachi, Bacajípare, Mogotavo y Repechike.

Derechos a nuestras tierras y recursos naturales, derechos de posesión, derecho de información y consulta previa; derecho a participar y decidir qué es lo que nos conviene en relación al proyecto turístico.

2. Que se hagan las investigaciones necesarias para identificar, procesar y sancionar a

los responsables de dichas violaciones, asegurar la adecuada reparación de los daños ocasionados y sean restaurados los derechos violados. Y, se nos informe de los resultados de estas investigaciones y medidas que se tomen.

3. Que realice un informe sobre el Proyecto Turístico de referencia y el impacto en los

derechos del pueblo rarámuri en Chihuahua, México.

Por último solicitamos seguridad para nuestras personas y comunidades, y para los asesores.

Atentamente,

Corpus Ortega Torres

1er Gobernador de San Alonso.

Marín Moreno Torres

2º Gobernador de Bacajipare.

María Monarca Lázaro

1ª gobernadora de Huetósachi.

María Luisa Cruz Rámos

2ª Gobernadora.

San Miguel Cruz Moreno

1er Gobernador de Mogotavo

La Guelaguetza: fiesta recuperada por el pueblo de Oaxaca.

Oaxaca, México. La Guelaguetza – palabra de origen zapoteco que significa “tiempo de dar y compartir” – es la máxima fiesta de los pueblos oaxaqueños. Durante décadas estuvo “secuestrada” por los gobiernos estatales y las instituciones oficiales, hasta que hace cinco años, en medio de la revuelta popular protagonizada por la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca (APPO), recuperó su carácter tradicional y festivo desde abajo.

El pasado 19 de julio se celebró en el estadio del Instituto Tecnológico de la ciudad de Oaxaca la Guelaguetza Magisterial y Popular 2010. Ésta es la quinta ocasión consecutiva en que la Asamblea Popular de Pueblos de Oaxaca (APPO) y la Sección XXII del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) y organizan – con gran éxito – la tradicional fiesta, como una alternativa a la “Guelaguetza oficial” que encabeza el gobierno de Ulises Ruiz, y cuyo costo de acceso por persona es de 400 pesos.

En esta colorida celebración popular participan diversos grupos folklóricos de las siete regiones del estado (Los Valles Centrales, La Sierra Juárez, La Cañada, Tuxtepec, La Mixteca, La Costa y el Istmo de Tehuantepec), quienes portan orgullosos los trajes típicos de sus pueblos y, además de ofrecer al público su música y sus bailes, comparten con éste los productos más representativos de la zona donde habitan: desde pepinos, panes, plátanos y cebollas, hasta piñas y botellas de mezcal.

Fue en el 2006 cuando en medio de un gran conflicto sociopolítico donde cientos de miles de personas exigían la destitución del mandatario estatal Ulises Ruiz, nació la Guelaguetza Magisterial y Popular, organizada por la sección XXII del SNTE y la APPO – asamblea que se conformó precisamente por aquellos días .

A partir de entonces, año con año, el movimiento popular oaxaqueño ha organizado el tradicional evento con el objeto de ofrecer una fiesta gratuita, a donde pueda asistir cualquiera que así lo desee y no sólo quienes tienen la posibilidad de pagar los 400 pesos que cuesta la entrada a la “Guelaguetza oficial”.

De esta manera, se busca conservar el espíritu de participación colectiva que representa la Guelaguetza: “un don gratuito, cuya única obligación es la de la reciprocidad”.

“Realizamos esta Guelaguetza número 5 en un escenario peculiar, importante y de trascendencia política para nuestros pueblos del estado de Oaxaca. Dimos un golpe al tirano Ulises Ruiz con esta Guelaguetza que es el reflejo de la participación de los pueblos. Hoy nuestra Guelaguetza es de los pueblos, para el pueblo y para toda la gente que hoy nos acompaña”, dijeron los organizadores durante la inauguración.

El escenario peculiar e importante de esta Guelaguetza fue la derrota del candidato de la derecha, Eviel Pérez, quien perdió las elecciones para gobernador del estado el pasado 4 de julio. Dicho acontecimiento fue celebrado por las diferentes delegaciones que participaron en la V Guelaguetza Magisterial durante todo el evento; por ejemplo, uno de los versos cantados por la delegación de la región de Miahuatlán (Sierra sur) decía así: “Vamos a hacer un jolgorio, celebremos todos juntos que el PRI ya está en su velorio.”

El estadio del Instituto Tecnológico de Oaxaca, totalmente lleno, albergó – durante las más de seis horas que duró el evento – alrededor de 20 mil personas que pudieron disfrutar gratuitamente los bailes presentados por diversos pueblos oaxaqueños como Putla de Jiménez, Juchitán de Zaragoza y Santos Reyes Nopala.

Además, el sábado y domingo anteriores al “Lunes del Cerro” (nombre que se le da a los lunes de Guelaguetza), la APPO y la sección XXII del SNTE ofrecieron también, de manera gratuita, el convite y la calenda, fiestas populares donde se recorrieron – con acompañamiento de música de banda – diferentes barrios de la ciudad, para finalizar arribando al zócalo, donde se hizo la tradicional quema de toritos y castillos (fuegos artificiales).

Por otro lado, la “Guelaguetza oficial” no fue llevada a cabo este año – como tradicionalmente se había hecho – en el Auditorio Guelaguetza de Cerro del Fortín, sino en el estadio de fútbol Benito Juárez, pues, según informaron varios medios locales, los trabajos de remodelación (en los que se planeaba poner un techo al auditorio), fueron literalmente abandonados por la empresa que la Secretaría de Obras Públicas del estado había contratado para dicho fin.

“Es una tontería querer poner un techo al Auditorio Guelaguetza; la gente va por que le gusta asolearse; además, ya no se venderían los sombreros”, plantea don Sixto, taxista de la ciudad de Oaxaca, y continúa: “(…) pero más tontería es que se pretenda cobrar por entrar a una fiesta que tradicionalmente ha sido del pueblo.”

Doña Socorro Santiago, quien es originaria de Tlacolula y vendió barbacoa durante la Guelaguetza Popular, comparte la opinión de don Sixto: “Esta es una fiesta para el pueblo, no para millonarios.” Socorro dijo también estar “muy contenta con la organización del la sección XXII del SNTE y de la APPO durante la planeación de la máxima celebración de los pueblo oaxaqueños.”

La APPO es una de las más representativas experiencias organizativas del movimiento social mexicano. Nació en junio del 2006, en el marco de una revuelta popular conformada por múltiples organizaciones sociales, ayuntamientos populares y sindicatos que demandaban la renuncia del gobernador del estado, Ulises Ruiz.

El descontento por el fraude electoral que puso en el poder a Ulises Ruiz, la intolerancia del gobierno local a los alcaldes nombrados por usos y costumbres, la nula atención del estado a las demandas sociales, el alto grado de represión contra los movimientos sociales y, sobre todo, la auto organización de los barrios y pueblos indígenas, dio origen a la APPO que, a pesar de la intensa represión padecida, no ha hecho otra cosa que consolidar su fuerza en Oaxaca, donde, después de las protestas del 2006 – una de las expresiones de descontento social más radicales en México en los últimos años –, las relaciones entre la sociedad y gobierno, no volverán a ser las mismas.

http://desinformemonos.org


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