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México, sin posibilidad de declarar zonas libres de transgénicos.

En el país ni una sola área ha sido declarada zona libre de transgénicos, reconocen la Sagarpa, el Senasica y la Cibiogem. La falta de una norma oficial imposibilita las declaratorias, aseguran las dependencias. A casi 1 década de la publicación de la Ley de Bioseguridad, para las comunidades y los productores la posibilidad de que se declare oficialmente a su territorio libre de organismos genéticamente modificados es nula, pese a que la legislación lo contempla. Sin prisa por redactar el instrumento, las instituciones gubernamentales, que han aprobado la siembra de transgénicos en México al menos desde hace 20 años, niegan las declaratorias. Bajo este argumento, y no obstante que se cumplió con el engorroso procedimiento, las solicitudes hechas por productores de miel en Yucatán fueron rechazadas. Sagarpa, Senasica y Cibiogem se deslindan.

En México no existen zonas libres de transgénicos, revela la Comisión Intersecretarial de Bioseguridad de los Organismos Genéticamente Modificados (Cibiogem).

En respuesta a una solicitud de información hecha por Contralínea, la Secretaría Ejecutiva de la Cibiogem –que encabeza Sol Ortiz García– reconoce que, a la fecha, las autoridades mexicanas no han declarado a ningún territorio libre de organismos genéticamente modificados. Ello, pese a que la Ley de Bioseguridad de Organismos Genéticamente Modificados (LBOGM), vigente desde 2005, lo permite.

A casi 1 década de la publicación de la ley, y a 2 décadas de la introducción de cultivos transgénicos en el país, no existen los mecanismos que respalden el derecho de las comunidades y productores a declarar su territorio libre de organismos genéticamente modificados.

 “No se cuenta con la norma oficial para la declaración de zonas libres de transgénicos”, justifica, en entrevista, Hugo Fragoso Sánchez, director general de Inocuidad Agroalimentaria, Acuícola y Pesquera del Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (Senasica), órgano desconcentrado de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa).De acuerdo con Fragoso Sánchez, la Cibiogem es la instancia que coordina la preparación de la norma, y aunque desconoce cuándo estará lista, asegura que ya se encuentra en proceso. “Está en construcción. En este momento no existe un procedimiento para declarar zonas libres. El artículo 90 no da los detalles y no corresponde a la Sagarpa establecerlo”.

Con base en la falta de normatividad, la Dirección que ahora preside Hugo Fragoso negó –por conducto de su entonces titular Octavio Carranza de Mendoza– la declaratoria a productores de miel de 10 municipios de Yucatán. “La Sagarpa aún no cuenta con los instrumentos normativos a que se refiere el citado artículo [artículo 90], así como los acuerdos previstos en la fracción II del mismo”, respondió Carranza de Mendoza a la petición en los oficios B00.04.03.O2-11496, 11497, 11498, 11499, 11500, 11501, 11502, 11503, 11504 y 11505, fechados el 30 de noviembre de 2012.

De esa manera, el gobierno federal habría resuelto las solicitudes planteadas por apicultores mayas de Halachó, Muna, Oxkutzcab, Peto, Santa Elena, Ticul, Tixméhuac, Tekax, Tizimín y Tzucacab.

No obstante la negativa, los productores de miel cumplieron con el procedimiento contemplado en el artículo 90 de la LBOGM.

Fue en septiembre de 2012 cuando solicitaron por escrito a la entonces gobernadora de Yucatán, Ivonne Aracelly Ortega Pacheco, así como a los presidentes municipales respectivos, se diera inicio al trámite comprendido en la ley.

En sesiones de cabildo, efectuadas entre septiembre y octubre del mismo año, los ayuntamientos aprobaron las propuestas de las comunidades.

Con el visto bueno municipal, los apicultores de los 10 municipios se dirigieron a Eduardo Adolfo Batllori Sampedro, secretario de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente (Seduma) local, para informarle de las decisiones y pedirle que solicitara la opinión favorable del Poder Ejecutivo de Yucatán.

A través de su titular, en octubre de 2012, la Seduma le dio a conocer al entonces titular de la Sagarpa, Francisco Mayorga Castañeda, la opinión favorable del gobierno del estado. Con los oficios VI/01337/2012, VI/01338/2012, VI/01339/2012, VI/01340/2012, VI/01341/2012, VI/01342/2012, VI/ 01343/2012, VI/01344/2012, VI/01345/2012 y VI/01346/2012, de fecha 29 de octubre de 2012, le expone que remite la solicitud escrita de las comunidades interesadas con el objeto de que la Sagarpa establezca zonas libres de transgénicos para la generación de productos orgánicos y otros de interés de las comunidades solicitantes.

Ante la negativa, el 5 de agosto de 2013, los apicultores presentaron una demanda de amparo que fue rechazada por el Juzgado Tercero de Distrito de Yucatán, por lo que se presentó recurso de queja. El Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo y Administrativa dio la razón a los quejosos ordenando la admisión de la demanda de amparo, que quedó asentada bajo el número de expediente 1101/2013.

Tras varios aplazamientos, el juicio de amparo aún está por resolverse. “La Sagarpa y el Senasica no han enviado documentación que les ha sido requerida por el Juzgado Tercero de Distrito”, explica Jorge Fernández, que forma parte del equipo de abogados que lleva la defensa legal de las comunidades.

Soya transgénica contamina miel

Tal como lo documentó Contralínea en su edición 325, el 6 de junio de 2012 la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación aprobó a Monsanto Comercial, SA de CV, el cultivo a escala comercial de soya genéticamente modificada sobre 253 mil hectáreas en la Península de Yucatán, la Planicie Huasteca y Chiapas.

El permiso se otorgó a pesar de que la siembra piloto y experimental de soya genéticamente modificada habría contaminado 40 toneladas de miel producidas en la Península de Yucatán, como lo demostraría el desvío que hicieron los comercializadores del cargamento dirigido originalmente a la Unión Europea, ocurrido en 2012. También, los siete amparos que interpusieron organizaciones y comercializadoras de miel para evitar la nueva autorización.

 “Existe una coincidencia geográfica entre las zonas de producción de miel en la Península de Yucatán y los polígonos propuestos de liberación al ambiente de soya genéticamente modificada”, observó la Comisión Nacional para el Conocimiento y el Uso de la Biodiversidad (Conabio) en el Análisis de riesgo 007/2012. En éste se lee: “recomendación final: no se considera viable la liberación en los polígonos solicitados”.

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De 2005 a 2012, el Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria ha otorgado, al menos, 15 autorizaciones para la siembra de soya transgénica en las fases previas a la comercial (experimental y piloto) en Chiapas y la Península de Yucatán (Quintana Roo, Yucatán y Campeche).

México es el sexto productor y tercer exportador mundial de miel de abeja después de Argentina y China. El 85 por ciento de la producción nacional se destina a la Unión Europea, principalmente a Alemania, donde goza de prestigio.

Alrededor de 41 mil apicultores mexicanos, en su mayoría campesinos e indígenas, dependen de dicha actividad. En 2010 produjeron 55 mil 684 toneladas de miel con un valor de casi 1 mil 726 millones de pesos.

Tan sólo en la Península de Yucatán se contabilizan al menos 17 mil productores apícolas. El 90 por ciento de la producción de miel de la Península se exporta y corresponde a cerca del 60 por ciento de toda la miel que sale del país.

El 6 de septiembre de 2011, un fallo de la Corte de Justicia de la Unión Europea en Alemania, por el caso C-442/09, colocó a los apicultores como afectados directos de los cultivos de organismos genéticamente modificados.

En su resolución, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea prohíbe la comercialización de mieles que contengan polen de origen transgénico no autorizado (como el maíz MON 810 de Monsanto) como consecuencia de un principio de tolerancia cero. Al tratarse de polen de plantas transgénicas autorizadas para alimentación, el Tribunal europeo determinó que si el contenido de polen transgénico sobrepasa el 0.9 por ciento del polen total debe indicarse en la etiqueta la leyenda: “contiene ingredientes modificados genéticamente”. Y esto aplica para todos los productores, lo que incluye a los mexicanos.

 “La comercialización de miel con este etiquetado parece casi imposible, cualquiera que sea su origen, dado que la gran mayoría de los consumidores europeos rechazan los alimentos transgénicos”, asegura en entrevista Remy Vandame, investigador en el Colegio de la Frontera Sur.

La afectación involucra no sólo a la miel convencional, sino también a la calificada como orgánica. De acuerdo con los estándares internacionales, la miel orgánica debe estar libre de transgénicos.

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México es el tercer exportador mundial de miel orgánica. Este producto supera en un 30 por ciento el precio de la miel convencional; el mercado global de esta miel se estima en 6 mil 500 toneladas, de las cuales Alemania consume 2 mil 500.

Los principales estados productores en el país son Yucatán, Campeche, Quintana Roo, Chiapas, Veracruz, Oaxaca, Zacatecas y Jalisco. A decir del reporte de la Conabio, Chiapas exporta alrededor del 80 por ciento de su producción y ocupa el primer lugar en exportación de miel orgánica.

Según el artículo 90, en el país se podrían declarar zonas libres de transgénicos para la protección de productos agrícolas orgánicos y “otros de interés de la comunidad solicitante”, cuando se trate de organismos genéticamente modificados “de la misma especie a las que se produzcan mediante procesos de producción de productos agrícolas orgánicos, y se demuestre científica y técnicamente que no es viable su coexistencia o que no cumplirían con los requisitos normativos para su certificación”.

En opinión de Antonio Serratos, doctor en biotecnología, la ley deja fuera a la miel, porque no es un producto agrícola.

El también profesor en la Universidad Autónoma de la Ciudad de México agrega que al introducir el término “orgánico” en la ley se descartó de tajo la protección a la mayor parte de los cultivos del campo mexicano. Sin posibilidad de pagar una certificación de “producto orgánico”, que se renueva cada año con precios de al menos 15 mil pesos, a sus productores, campesinos e indígenas se les niega la posibilidad de declarar su parcela zona libre de transgénicos.

En los últimos 10 años, el cultivo de productos orgánicos pasó apenas de 21 mil a 512 mil hectáreas; y de 13 mil productores que se dedicaban a esta actividad a 170 mil, informa la Sagarpa.

Durante la cuarta sesión del Consejo Nacional de Producción Orgánica, el director en jefe de la Agencia de Servicios a la Comercialización y Desarrollo de Mercados Agropecuarios (Aserca), Baltasar Hinojosa, informó que 85 por ciento de la producción orgánica del país se exporta y sólo el 15 por ciento se consume a nivel nacional.

Sagarpa y Senasica, sin preocupaciones

Para Fragoso Sánchez el hecho de que se permita desde hace décadas la siembra de transgénicos en el país no representa riesgo alguno para la producción orgánica: “Nosotros pensamos que los sistemas de producción: transgénico, orgánico y convencional, pueden coexistir”.

—¿Es delicada la situación de los productores de miel de la península de Yucatán?

—A mí me parece que no. Este año no hemos tenido una sola detección y ningún retorno de miel de Europa a México. Consideramos que es factible que puedan coexistir los dos sistemas de producción sin poner en riesgo a los productores de miel orgánica o no orgánica.

Elva Mendoza.

http://contralinea.info/archivo-revista/index.php/2014/07/08/mexico-sin-posibilidad-de-declarar-zonas-libres-de-transgenicos/

Declaración: 9ª Asamblea Nacional de Afectados Ambientales.

A cinco años de haber iniciado nuestro camino común, en defensa de nuestros derechos, nuestros territorios y en resistencia contra todo tipo de agravios, los más de 500 participantes de 66 organizaciones provenientes de 15 estados (Distrito Federal, Morelos, Tlaxcala, Baja California, Jalisco, Puebla, México, Veracruz, Hidalgo, Querétaro, Quintana Roo, Coahuila, Oaxaca, Michoacán y, particularmente, de 54 comunidades del estado de Guanajuato), nos reunimos por novena ocasión en Atotonilco, San Miguel de Allende, Guanajuato en un momento de emergencia comparable sólo con los tiempos que precedieron los alzamientos por la independencia y la revolución. Acudimos aquí a participar en la preaudiencia sobre la Destrucción del sistema hídrico nacional y para refrendar nuestra sólida existencia como Asamblea Nacional.

Nuestra presencia en la Cuenca de la Independencia tiene un significado múltiple: primero, para evidenciar la devastación hídrica y ambiental que vive la región norte del estado de Guanajuato, al igual que otras regiones del país, ocasionada por la criminal sobreexplotación agroindustrial de los acuíferos que lleva a cabo una oligarquía voraz para servir a los intereses del libre comercio trasnacional, traicionando y arriesgando la viabilidad misma de la reproducción de la vida mediante el envenenamiento del agua con arsénico y fluoruro, afectando la salud de decenas de miles de personas; en segundo lugar, la región del bajío es el centro de la apuesta económica del ilegítimo régimen que nos gobierna y que se dispone, además de sobreexplotar a los trabajadores jóvenes y destruir amplias regiones con ductos y redes energéticas privatizadas, despojar de sus aguas a muchas otras regiones del país con tal de concentrar la insustentable fabricación de vehículos automotores en una entidad ya marcada por la crisis hídrica; en tercer lugar, estamos aquí para recordar la lucha popular gestada en esta misma región hace 203 años y que nos sirve hoy como lección para fortalecer nuestra resistencia y abrir el camino para unirnos con todas aquellas luchas hermanas nuestras en defensa de aquello que es más fundamental: nuestra Nación, que para nosotros se manifiesta en la lucha digna del magisterio, en la resistencia contra la privatización energética, en la defensa contra la criminalización y la represión de la protesta social y en defensa de nuestro maíz.

Lo que nos unifica con esas luchas es la identificación común de agravios y los responsables de la catástrofe que vive hoy México. Al igual que muchas otras resistencias en nuestro país, consideramos que el Pacto firmado por los poderosos no es otra cosa que un pacto de muerte de nuestra Nación. Por ello nos sumamos a la lucha contra la reforma educativa, la reforma energética, la reforma fiscal y llamamos a todas las organizaciones honestas de nuestro país a avanzar coordinadamente en ese sentido desde varios frentes como los que se están abriendo en estos días. Nuestra lucha contra lo que representa el mal llamado “Pacto por México” forma parte de lo que numerosas organizaciones del país hemos denominado el crimen de desviación de poder por el que acusamos al Estado mexicano ante el Tribunal Permanente de los Pueblos hace dos años.

El enjuiciamiento al Estado Mexicano que llevamos a cabo desde el Tribunal Permanente de los Pueblos, como parte de los esfuerzos por frenar el desastre y construir alternativas, tendrá uno de sus momentos más importantes del 15 al 17 de noviembre de este año en la ciudad de México, cuando, como Asamblea participaremos en la audiencia temática sobre Devastación ambiental y derechos de los pueblos como síntesis de un incansable trabajo que a la fecha implica la realización de 15 preaudiencias y la documentación de más de 200 casos de conflicto socio-ambiental en casi todos los estados del país. El trabajo de documentación y argumentación de los pueblos de México sobre la destrucción ambiental del país no tiene ningún precedente en la historia nacional. Igualmente, nos sumaremos al trabajo común establecido con nuestros hermanos de la Red en Defensa del Maíz, en la audiencia temática sobre Violencia contra el Maíz, la Soberanía Alimentaria y la Autonomía, que se realizará del 19 al 21 de noviembre, también en la ciudad de México. No olvidamos que también participaremos con nuestras acusaciones en la audiencia transversal sobre Represión de los Movimientos Sociales que ocurrirá del 23 al 24 de noviembre próximos, en la que denunciaremos las múltiples agresiones que han recibido los pueblos y comunidades que participamos en esta Asamblea Nacional de Afectados Ambientales, incluyendo los crímenes impunes de compañeros nuestros como Bernardo Vásquez Sánchez, asesinado el 15 de marzo de 2012 y a quien no olvidaremos.

A cinco años de habernos fundado como Asamblea, pensamos que nuestro trabajo conjunto ha rendido frutos y nos ha llevado a una maduración y crecimiento. Hoy somos más fuertes, más solidarios, estamos vinculados más orgánicamente y sostenemos los principios que nos dimos desde el inicio: la autonomía de las luchas, el respeto a la Asamblea como máximo órgano de decisión, el abandono de formas autoritarias y el respeto por el saber colectivo de todos los pueblos. Sobre esta base, sentimos que podemos abrir nuevas alianzas y tejer nuevas relaciones, como los que ya hemos comenzado a abrir con las luchas ambientales en el Norte y otras regiones del país, con organizaciones sindicales, con el magisterio democrático y con las organizaciones sociales que defienden el rescate de la Nación.

Como Asamblea Nacional de Afectados Ambientales deseamos expresar nuestra solidaridad con todos aquellos pueblos y comunidades que han sido afectados por la convergencia de los huracanes Ingrid, en el Golfo de México y Manuel, en el Pacífico, combinada con la negligencia criminal del Estado mexicano que omitió toda prevención para mitigar los efectos de este desastre. Nos referimos especialmente a nuestros hermanos del Consejo de Ejidos y Comunidades Opositores a la Presa La Parota (CECOP), en Acapulco y de las comunidades de la región de la montaña de Guerrero, donde no ha llegado ningún apoyo, a pesar de tener noticia de varias muertes. También hacemos mención de los pobladores de las comunidades de La Mira y El Habillal, en Lázaro Cárdenas, Michoacán, cuyas viviendas fueron arrasadas por los deslaves y el desbordamiento de la presa de jales, resultado de la obscena explotación minera que realiza la trasnacional Arcelor-Mittal en esa zona. Exigimos que los gobiernos federal, de Michoacán y Guerrero proporcionen ayuda a todos los afectados, especialmente a los más pobres y no sólo a unos cuantos. Llamamos a todos los pueblos y organizaciones participantes en la Asamblea, así como a todas las organizaciones a sumarse a las labores de acopio de víveres y apoyo para las comunidades a las que el Estado mexicano no está dispuesto a ayudar.

En el último año, muchos de nuestros hermanos han sufrido represiones y violencia por defender su territorio y sus recursos. Expresamos todo nuestro apoyo a nuestros compañeros de San Francisco Xochicuautla, Lerma, Estado de México frente a la represión que sufrieron el pasado 14 de mayo; también expresamos nuestra condena contra la i represión de los comuneros de Tepoztlán, Morelos, por oponerse a la ilegal ampliación de la autopista La Pera-Cuautla.

Como Asamblea Nacional de Afectados Ambientales seguimos exigiendo la liberación de todos los ejidatarios presos de la comunidad de San Pedro Tlanixco, Estado de México, injustamente encarcelados por defender sus aguas y que cese el hostigamiento del gobierno del Estado de México a esa comunidad.

La Asamblea Nacional de Afectados Ambientales expresa toda su solidaridad y apoyo al plantón permanente de la Coordinadora de Pueblos en Defensa del Río Atoyac, en el estado de Veracruz, para evitar el despojo de las aguas del nacimiento del río a través del ilegal proyecto Bandera Blanca. Para la Asamblea, esta lucha —que integra a los pueblos de toda la cuenca— es un ejemplo de integralidad y solidaridad recíproca entre comunidades para la defensa del territorio y la restauración de los ecosistemas y los derechos colectivos de los pueblos.

Como Asamblea, también nos manifestamos en alerta y nos sumamos a la exigencia del Movimiento Ciudadano en Defensa de la Loma de Santa María y de la Coordinadora Michoacana de Afectados Ambientales de que en la ciudad de Morelia, Michoacán, los gobiernos federal, estatal y municipal cancelen definitivamente la construcción ilegal del ramal Camelinas del Libramiento sur de Morelia. Esta obra pone en peligro las vidas de más de 7 mil personas por riesgo geológico, debido a que está realizando sobre una falla geológica, además de que pone en riesgo el abasto del 40% del agua de la ciudad de Morelia.

Este 2013, año de la resistencia contra el maíz transgénico, logramos que no se aprobara la siembra comercial de maíz transgénico, pero aún estamos en emergencia por el riesgo de que envenenen nuestras mesas. Monsanto y otras transnacionales siguen presentando solicitudes para liberaciones de siembra comercial de maíz transgénico en millones de hectáreas de varios estados del país. La Asamblea Nacional de Afectados Ambientales refrenda su exigencia de cancelar todas las siembras de transgénicos en México y no autorizar ni la siembra comercial ni de ningún otro tipo de maíz transgénico. Llamamos a todos los pueblos, colectivos y organizaciones a seguir en alerta, difundir información y hacer acciones para exigir la prohibición de los transgénicos en México y en el mundo.

Convocamos a todas las organizaciones sociales del país a sumarse a las movilizaciones magisteriales, estudiantiles, obreras, populares y de los pueblos afectados, especialmente las del 12 de octubre y la del 18 de noviembre en que confluiremos la Asamblea Nacional de Afectados Ambientales y la Red en Defensa del Maíz en una jornada de lucha. En este llamado, participaremos con todas las organizaciones que integran el esfuerzo de la Proclama por el Rescate a la Nación.

Por último queremos dedicar nuestros trabajos en la preaudiencia y en la Asamblea Nacional de Afectados Ambientales a la memoria de nuestra querida compañera Teresa Martínez, fundadora de Cedesa, quien durante 50 años peleó por las tierras, las aguas y los derechos de las comunidades de la Cuenca de la Independencia y nos abrió su corazón para aprender que el trabajo comunitario siempre fortalece a los pueblos.

Atotonilco, San Miguel de Allende, Guanajuato, a 22 de septiembre de 2013.

Pronunciamiento de la cátedra “Tata Juan Chávez Alonso”.

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A los pueblos y gobiernos del mundo.

A la Sexta Nacional e Internacional.

A las alumnas y alumnos de la Escuelita Zapatista.

Así como es en el tiempo y en nuestra historia con la madre tierra; los pueblos, naciones y tribus indígenas Yaqui, Mayo, Náyeri, Wixárika, Rarámuri, Odam, Nahua, Purépecha, Nañu o Ñuhu, Mazahua, Popoluca, Tzotzil, Chol, Tzeltal, Tojolabal, Zoque, Totonaco, Coca, Mame, Binnizá, Chinanteco, Ikoot, Mazateco, Chontal, Ñu Saavi, Chatino, Triqui, Afromestizo, Mehpa, Nancue Ñomndaa, Ñhato y Maya Peninsular de los estados de Sonora, Chihuahua, Veracruz, Durango, Nayarit, Jalisco, Michoacán, Querétaro, San Luis Potosí, Morelos, Estado de México, Guerrero, Distrito Federal, Puebla, Tlaxcala, Oaxaca, Tabasco, Yucatán y Campeche; así como los pueblos  Ixil, Quiche, Quechua y Nasa de los países de Guatemala, Peru y Colombia que hemos caminado juntos y atentos, como hijos todos y todas de la madre tierra, nos encontramos y nos reconocimos los días 17 y 18 de agosto de 2013 en San Cristobal de las Casas, Chiapas, en las instalaciones de CIDECI-Unitierra, para recordar y actuar consecuentemente con la palabra viva de nuestro hermano mayor Tata Juan Chávez Alonso quien nos enseña, nos guía y cuya memoria a un año de su ausencia  se convierte en esperanza y fuerza para los pueblos que nos refundamos y reconstituimos porque hemos decidido seguir siendo los indios que somos, seguir hablando la lengua que nos hablamos, seguir defendiendo el territorio que vivimos.

Nos reconocemos en la lucha por el respeto a nuestro modo de vida ancestral, lucha que emprendimos juntos y en la que hemos hablado, hemos exigido y hemos sido reiteradamente traicionados por los malos gobiernos.

Hemos aprendido en este camino de lucha que los poderosos no tienen respeto por la palabra, la traicionan y violentan una y otra vez a lo largo y ancho de este país que se llama México, desde el desconocimiento a los Acuerdos de San Andrés Sakamchén de los Pobres, la contra reforma indígena del 2001 y las innumerables traiciones a nuestros pueblos de las diversas regiones y luchas en un México indio que se encuentra vivo, de pié  y con un solo corazón que se hace grande, tan grande como es el dolor que sufrimos y como la esperanza que luchamos, pues, a pesar de la guerra de exterminio que se ha vuelto más violenta que nunca aquí estamos.

Nos reconocemos en el camino de nuestra historia y nuestros antepasados que son presente, futuro y espejo de la autonomía ejercida en los hechos, como única vía del porvenir de nuestra existencia y que se vuelve nuestra vida comunitaria, asambleas, prácticas espirituales, culturales, autodefensa y seguridad, proyectos educativos y de comunicación propias, reivindicaciones culturales y territoriales en las ciudades por los pueblos desplazados o invadidos con una memoria histórica viva.

Somos los indios que somos, decididos a reconstituirnos en otro mundo posible.

Ese espejo profundo, antiguo y nuevo son las luchas que somos y por las que nos pronunciamos con un solo corazón y una sola palabra.

1. Exigimos la inmediata liberación de los presos políticos en nuestro país, particularmente la de nuestro compañero indígena Totzil Alberto Patishtán que lleva 13 años preso injustamente purgando una ilegal sentencia  de 60 años. Asimismo exigimos la libertad de nuestros seis hermanos Nahuas de la comunidad de San Pedro Tlanixco, presos injustamente desde hace 10 años en el penal de Almoloya  por defender el agua de su comunidad. Se trata de nuestros hermanos Pedro Sánchez, con una sentencia de 52 años, Teófilo Pérez, con una sentencia de 50 años, Rómulo Arias, con una sentencia de 54 años y de los compañeros Marco Antonio Pérez, Lorenzo  Sánchez y Dominga González quienes actualmente están siendo procesados; igualmente exigimos la cancelación de las órdenes de aprehensión en contra de Rey Perez Martinez y Santos Alejandro Álvarez, también de Tlanixco; la libertad de los compañeros presos de la comunidad tzeltal de Bachajón, Chiapas, Miguel de Meza Jiménez y Antonio Estrada Estrada; de los compañeros Loxichas Eleuterio Hernández García, Justino Hernández José, Zacarías Pascual García López, Abraham García Ramírez, Fortino Enríquez Hernández, Agustín Luna Valencia y Alvaro Sebastián Ramírez, presos en el CEFERESO número seis de Huimanguillo, Tabasco; así como de Pablo López Álvarez de San Isidro Aloapan, Oaxaca, preso en el penal de Villa de Etla.

2. Denunciamos que los malos gobiernos y las empresas trasnacionales se han valido de grupos paramilitares para imponer megaproyectos extractivos mediante la explotación ilegal de minerales y maderas preciosas, particularmente en la costa Nahua y la meseta purépecha de Michoacán y la comunidad nahua de Ayotitlán, en la sierra de Manantlán, Jalisco

3. Demandamos justicia para la comunidad nahua  de Santa María Ostula, en la Costa de Michoacán, donde los malos gobiernos, coludidos con los cárteles del narcotráfico, han protegido el despojo de las tierras ancestrales de la comunidad, el saqueo de recursos naturales por grupos de la delincuencia organizada y la sangrienta represión a la organización comunal que ha derivado en asesinatos y desapariciones.

 4. Saludamos la lucha histórica de la comunidad de Cherán, Michoacán y el digno ejercicio del derecho de autodefensa que  ha florecido en el pueblo Purépecha en defensa de su propia vida, sus familias, su cultura y territorio, amenazado por la complicidad de los malos gobiernos con grupos paramilitares y narco paramilitares, siendo sus exigencias la seguridad, justicia y reconstitución del territorio.

 5. Así también saludamos la defensa digna que las comunidades y barrios indígenas vienen haciendo de los saberes tradicionales y del cultivo de maíz nativo.

 6. Repudiamos la represión al pueblo Ikoot de San Mateo del Mar y San Dionisio del Mar, así como al pueblo binniza de Juchitán y la colonia Álvaro Obregón; exigimos la liberación inmediata de Alejandro Regalado Jiménez y Arquímedes Jiménez Luis, así como la inmediata cancelación de los corredores eólicos a manos de las empresas españolas Endesa, Iberdrola, Gamesa y Unión Fenosa que en la región del Istmo invaden y destruyen las tierras comunales y los sitios sagrados de los pueblos arriba mencionados.

 7. Exigimos que se detenga la represión contra la comunidad de San Francisco Xochicuautla del Estado de México, así como la cancelación definitiva del proyecto carretero denominado autopista privada Toluca-Naucalpan, igualmente apoyamos la solicitud de medidas cautelares ante el Sistema Interamericano de Derechos Humanos para los habitantes de dicha comunidad.

 8. Exigimos al mal gobierno federal que cumpla con la cancelación de la construcción del Acueducto Independencia que pretende despojar a la Tribu Yaqui del agua que históricamente ha defendido en el rio Yaqui, reiterando nuestra palabra de que actuaremos en consecuencia ante cualquier intento de represión al campamento en resistencia que se mantiene en la carretera internacional a la altura de Vícam, primera cabecera de la Tribu Yaqui.

 9. Exigimos el cese de la represión y el retiro de la fuerza pública de la comunidad de Huexca, Morelos, por la construcción de una termoeléctrica; la cancelación del acueducto y la extracción del agua del río Cuautla, pues, afectará a 22 ejidos del municipio de Ayala, así mismo  el cese al hostigamiento contra 60 comunidades de Morelos, Puebla y Tlaxcala que pretenden ser despojados por la instalación de un gasoducto, todo esto como parte del Proyecto Integral Morelos, que pretende destruir la vida campesina de estos territorios para convertirlos en industrias y autopistas y exigimos el respeto al guardián sagrado: volcán Popocatépetl, igualmente depredado por la inmoderada tala clandestina de sus bosques.

 10. Nos solidarizamos con la lucha de la comunidad Coca de Mezcala, en Jalisco, por la recuperación de su territorio y exigimos la cancelación de las órdenes de aprehensión vigentes en contra de comuneros cuyo delito ha sido defender su tierra.

 11. Exigimos el respeto al territorio comunal y a la asamblea general de comuneros de Tepoztlán, sumándonos a la exigencia de la cancelación de la autopista La Pera-Cuautla, asimismo rechazamos la campaña de mentiras y engaños a la opinión pública por parte del gobierno de Morelos para justificar el despojo.

 12. Advertimos que existe un ataque sin precedentes a los pilares sagrados del mundo reconocidos y sostenidos por los pueblos originarios y que con certeza defienden a nombre de la vida en el Universo, como son los  territorios sagrados de Wirikuta y Hara Mara en los estados de San Luis Potosí y Nayarit, amenazadas por proyectos capitalistas mineros y turísticos con la complicidad de los malos gobiernos nacionales y estatales, asimismo hacemos nuestra la exigencia de cancelación de la totalidad de las concesiones mineras y turísticas en dichos territorios y en la totalidad de los territorios indígenas. Repudiamos la campaña de confrontación que han llevado a cabo la minera First Majestic Silver y el mal gobierno municipal de Catorce, San Luis Potosí. Saludamos  al pueblo digno campesino de Wirikuta que ha decidido alzar la voz en defensa de su tierra, agua, salud y medio ambiente y la hermandad con el pueblo Wixárika.

 13. En el mismo sentido advertimos que no nos mantendremos al margen del intento de destrucción del sitio sagrado Muxatena y 14 sitios sagrados más del pueblo Náyeri ante el proyecto de construcción de la Presa de Las Cruces en el rio San Pedro Mezquital, en el estado de Nayarit.

 14. Denunciamos las invasiones a manos de empresas agroindustriales en los territorios indígenas y campesinos que deliberadamente alteran las lluvias para su propio beneficio y destruyendo la vida campesina, como es el caso de la comunidad nahua de Tuxpan, Jalisco y el Altiplano Potosino en el territorio sagrado de Wirikuta.

 15. Exigimos la cancelación de concesiones mineras en el corazón de la sierra de Santa Marta, en territorio Popoluca y denunciamos el intento de invasión de de las tierras comunales de San Juan Volador del municipio de Pajapan por la empresa eólica Dragón, en el sur de Veracruz.

 16. Exigimos la cancelación del proyecto carretero Tuxtepec- Huatulco, el llamado  corredor turístico Chinanteco en el territorio Chinanteco, así como la cancelación de las reservas ecológicas en la región norte de Oaxaca.

 17. Exigimos la cancelación del acueducto impulsado por el mal gobierno de Guerrero que pretende despojar a los pueblos Na savi, Nancue  Ñomndaa y Afromestizo del agua del río San Pedro de la costa chica de Guerrero.

 18. Repudiamos el intento de inundación de los lugares sagrados del pueblo Guarijio de Alamo; Sonora, con la construcción de la presa Pilares, así como el desvío del río Sonora en perjuicio de la nación Komkaak, a la que se ha privado del agua desde hace 4 meses en provecho de los grandes terratenientes agrícolas de la costa de Sonora.

 19. Denunciamos la política de exterminio por parte del gobierno del Distrito Federal contra las comunidades y pueblos de la sierra del Ajusco, mediante el despojo y la devastación de los territorios ejidales  y comunales de San Miguel Xicalco y San Nicolas Totolapan, respaldamos y reconocemos a los subdelegados comunitarios en resistencia de San Miguel y Santo Tomas Ajusco.

 20. Saludamos la lucha de la Comunidad Autónoma de San Lorenzo Azqueltán, en el estado de Jalisco y reconocemos a sus autoridades autónomas, manteniéndonos atentos y solidarios a su lucha por el reconocimiento de su territorio ancestral.

 21. Saludamos y reconocemos la renovación de las autoridades de la comunidad autónoma Wixárika de Bancos de San Hipólito, Durango, asimismo apoyamos su lucha por el reconocimiento territorial ancestral que por más de 45 años ha venido exigiendo.

 22. Hacemos responsables a los funcionarios públicos de la delegación política de Xochimilco por amenazas al compañero Carlos Martínez Romero del pueblo de Santa Cruz Acalpixca por la defensa del agua y el territorio.

 23. Nos sumamos a los reclamos de las decenas de comunidades nahuas y totonacas de la Sierra Norte de Puebla que exigen la cancelación de las concesiones a empresas mineras y la implementación de proyectos hidroeléctricos, así como la cancelación de las concesiones mineras en la Sierra Sur y Costa de Oaxaca a la empresa Altos Hornos de México.

 24. Apoyamos la lucha de la comunidad de Conhuas en Calakmul, Campeche, por la defensa de su territorio y de su trabajo digno, al mismo tiempo exigimos cese las agresiones en contra de la comunidad por el gobierno de ese Estado.

 25. Exigimos el reconocimiento de las tierras comunales de San Pedro Tlaltizapán en la rivera del Chignahuapan, Estado de México, y el cese de los proyectos inmobiliarios en terrenos comunales.

 26. Exigimos respeto a las tierras recuperadas por la Unión Campesina Indígena Autónoma de Río Grande, Oaxaca, y saludamos a su campamento en resistencia.

27. Igualmente exigimos respeto al funcionamiento de la Radio comunitaria Ñomndaa, voz del pueblo amuzgo en Xochistlahuaca, Guerrero, así como el respeto de todas las radios comunitarias en los distintos territorios indígenas del país.

28. Reiteramos la exigencia de que el Estado mexicano garantice las condiciones de seguridad de Raúl Gatica del Consejo Indígena y Popular de Oaxaca-Ricardo Flores Magón.

29. Exigimos el respeto a las economías comunitarias que funcionan de manera autónoma y al margen del mercado libre que impone el capitalismo, como son los casos del uso del tumin en el territorio totonaca de Papantla, Veracruz, y el Consejo del Trueque en las comunidades del municipio de Tianguistenco, en el Estado de México.

Reconocemos, apoyamos y animamos las luchas por la autonomía y libre determinación de todos los pueblos indígenas que conformamos el Congreso Nacional Indígena, desde la Península de Yucatan hasta la Península de  Baja California.

Esto es lo que somos, nuestra palabra y nuestra lucha irrenunciable, somos pues el Congreso Nacional Indígena y nuestro es el futuro de nuestros pueblos.

A 18 de agosto del 2013.

Desde CIDECI- UNITIERRA, San Cristobal de las Casas, Chiapas.

 

Por la reconstitución integral de nuestros pueblos

Nunca Más Un México Sin Nosotros

 

CONGRESO NACIONAL INDÍGENA

Preaudiencia TPP: Militarización de fronteras,criminalización y desaparición forzada de migrantes en tránsito.

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Convocatoria a la PRE-AUDIENCIA:

Militarización de las fronteras, criminalización y desaparición forzada de migrantes en tránsito

lunes 19 de agosto, 9 a 18 hras., Sala Digna Ochoa, CDHDF, Av. Universidad 1449, Metro Viveros; rueda de prensa martes 20 ago. 11 AM; mesas redondas y actividades culturales lunes 19 a viernes 23 de agosto, todo en la misma sede

En el marco de la conmemoración del 3er aniversario de la Masacre de 72 migrantes en San Fernando, Tamaulipas

Denunciantes invitados: Don Raúl Vera, Padre Alejandro Solalinde (Ixtepec, Oax.), Padre Pedro Pantoja (Saltillo, Coah.), Fray Tomás González (La 72, Tenosique, Tab.),  Padre Heyman Vásquez (Arriaga, Chiapas); Rubén Figueroa y José Jacques Medina (Movimiento Migrante Mesoamericano), Las Patronas (Veracruz), Comités de Base de la Asamblea Popular de Familiares de Migrantes (APOFAM) (Tlaxcala), defensores y familiares de víctimas de la Masacre (Brasil, Guatemala, El Salvador, Honduras, Ecuador), Abel Barrera (CDH Tlachinollan, Tlapa, Gro.); Wilner Metelus (Comité de Defensa de Ciudadanos Naturalizados y Afro-Mexicanos)

Jorge Fernández Souza, Gilberto López y Rivas (observadores invitados)

Jurados: Dr. Jorge Bustamante (ex relator ONU derechos humanos de migrantes, COLEF), Iver Orstavik (Fundación Rafto pro Derechos Humanos; Bergen, Noruega), Leticia Calderón  (Instituto Mora), Laura Carlsen (Programa de las Américas-CIP), José Rosario Marroquín (Centro PRO DH), Pedro González Gómez (Asamblea de Migrantes Indígenas del DF), David Velasco (ITESO), Jesús Antonio de la Torre Rangel (UAA), Luis Daniel Vázquez (FLACSO), Miguel Pulido (FUNDAR), Azadeh Shahshahani (National Lawyers´ Guild, Estados Unidos/Irán), Hans Egil Offerdal (teólogo, Univ. de Bergen, Noruega),  Immanuel Ness (CUNY Center for Workers Education, Brooklyn College), representante del Haldane Society of Socialist Lawyers (Reino Unido); Rosa Martha Zárate (Alianza de ExBraceros del Norte), Gilberto Parra (Centro Jalisciense de Atención al Adulto Mayor y Migrante, Guadalajara)

Jurados honorarios: Mumia Abu Jamal, Alberto Patishtán

Rueda de prensa: 11 AM, martes 20 de agosto, 2013 Sala Digna Ochoa, CDHDF, Av. Universidad 1449, Metro Viveros, Coyoacán

Mesas redondas (todas en CDHDF):

martes 20 de ago., 13 a 15 hras. con miembros del jurado internacional

miércoles 21 de ago., 10 a 13 hras.  (caso exBraceros)

16 a 19 hras. (derechos al refugio y asilo)

Durante la semana del 19 al 23 habrá actividades culturales:

Teatro, música y clown: 17 a 19 hras.; cine 19-20 hras.

http://www.tppmexico.org

Entrevista a Silvia Ribeiro: Las transnacionales alimentarias.

Dictamen: Preaudiencia Nacional ‘Contaminación Transgénica del Maíz Nativo’ abril, 2013.

Dictamen que presentan Camila Montecinos, Joel Aquino y Gustavo Esteva dictaminadores en la Preaudiencia Nacional: ‘Contaminación Transgénica del Maíz Nativo’, celebrado en San Luis Beltrán Oaxaca, Oaxaca, los días 26 y 27 de abril de 2013.

©FulvioEccardimaíz

A pesar de todo lo que han hecho sucesivos gobiernos para desmantelar la Constitución Política de México, el pacto social y político y el proyecto de nación que mexicanas y mexicanos definieron hace casi 100 años sigue siendo su Carta Magna: un documento que es aún fuente de derecho y de unión para ellas y ellos.

El artículo 39 de la Constitución establece que la soberanía nacional pertenece esencial y originariamente al pueblo de México. Pertenece a todos y cada uno de quienes vinieron a presentar aquí sus casos y a rendir sus testimonios. No son representantes de mexicanos y mexicanos. Son pueblo mexicano. Son los titulares de la soberanía nacional.

Desde esa condición han acudido a esta pre-audiencia a denunciar la violación sistemática de la soberanía de la que son titulares por parte de quienes la propia Constitución designa como garantes de esa soberanía.

Hemos escuchado atentamente los casos y testimonios, sólidamente sustentados, que demuestran este hecho de extrema gravedad: buena parte del territorio mexicano al que se refiere la soberanía —un territorio que por miles de años han cuidado y protegido los pobladores originarios mediante tradiciones de responsabilidad que continúan los actuales titulares de la soberanía—, ha sido entregado a intereses privados y entidades extranjeras.

Además del derecho a la cultura, los pueblos indígenas cuentan con el derecho de propiedad sobre los territorios que han ocupado tradicionalmente. El gobierno se ha comportado como propietario de esos territorios, asumiendo dominio sobre ellos. Esta postura pudo tener sentido en el marco del proyecto nacionalista que emanó de la Revolución Mexicana. Representó una posición digna frente al capital extranjero para defender la soberanía nacional. Sin embargo, en vista de que el gobierno mexicano se ha apartado explícitamente del proyecto contenido en la Constitución de 1917, tal postura carece ya de sustento. El gobierno, por ejemplo, está transfiriendo el dominio del subsuelo, por medio de concesiones, a empresas transnacionales, en demérito de la propiedad y posesión indígena sobre sus territorios. Queda claro que para los pueblos indígenas ya no basta con ser propietarios de la superficie de sus tierras y territorios. La siembra de maíz transgénico y la minería afectan la vida misma tanto de indígenas como de no indígenas.

Todo esto implica una desviación de poder, que podemos demostrar con las pruebas que se nos han allegado. Se ha desviado mediante nuevas leyes  y a través de políticas y programas. Los poderes constituidos han empleado sus facultades para desmantelar las leyes y disposiciones que protegen la soberanía y el territorio, lo mismo que los derechos de los campesinos, a fin de acomodarlas a los intereses de corporaciones privadas y entidades extranjeras. Las políticas y programas que han aplicado están claramente en contra de los intereses campesinos y a favor de las mismas corporaciones.

Esta pre-audiencia se concentra en el maíz. Hemos escuchado numerosas expresiones de lo que significa para el pueblo mexicano. He aquí algunas de ellas, que reproducimos textualmente:

* Los oaxaqueños no entenderíamos la vida sin maíz. Es nuestro principal alimento y fundamento de nuestra cultura.

* El maíz es quien cuida a la comunidad. Es quien nos ha permitido vivir y resistir durante miles de años.

* Nosotros los campesinos no tenemos otra opción más que seguir sembrando para continuar nuestra manera de vida.

* No podemos vivir sin maíz, seguiremos luchando por mantener nuestra forma de vida y al maíz en ella.

* Yo quiero dejar mi maíz a mis hijos, a mis nietos, quiero que mis hijos tengan salud, que convivan con el maíz nativo y todo lo que les rodea, el frijol, la calabaza y los quelites porque aquí está la vida.

* Quiero seguir cuidando mi maíz nativo y a mi tierra porque mi maíz y mi tierra son sagrados y eso quiero dejar a mis hijos y a mis nietos.

* El maíz es nuestra vida.

* En el maíz recreamos nuestra espiritualidad como pueblo indígena.

* El maíz es nuestra carne y nuestros huesos; es salud, historia y autonomía.

* El maíz somos nosotros y es patrimonio nacional.

* Producimos maíz para dar vida a nuestras comunidades y a la humanidad

* Nuestra relación con el maíz es sagrada: es el tesoro más preciado que los hombres y mujeres de maíz podemos tener.

Ésa es la experiencia del maíz. Esto es lo que se han negado a ver los gobiernos, en su afán perverso de reducirlo a una cosa, una mercancía, un objeto más que se compra y se vende en el mercado y que puede ofrecerse al mejor postor.

Se nos dijo ayer, en uno de los casos presentados: “Denunciamos el cinismo, la irresponsabilidad y perversidad con la que las instituciones gubernamentales han tratado el problema. Los hombres y mujeres oaxaqueños estamos sembrando nuestros maíces aún en contra de un sistema que quiere acabar con el campo oaxaqueño y mexicano.”

Uno de los crímenes más serios que han cometido los gobiernos mexicanos es el crimen de empeñarse en eliminar a los campesinos, destruyendo de esa manera una sabiduría milenaria que es la base histórica y cultural de la nación.

Desde hace sesenta años esta obsesión parece perseguir a todos los gobernantes. Varios de ellos han llegado a decir que México nunca podrá ser un país moderno mientras más de la tercera parte de la población viva en el campo; repetían, una y otra vez, que debía imitarse el modelo de Estados Unidos, en que sólo 2.5% de la población laboral producía alimentos para el mundo. Varios secretarios de agricultura declararon públicamente que su obligación era deshacerse de millones de campesinos. Y se diseñaron políticas y programas con ese propósito. Varios ejemplos de esa mentalidad criminal se mencionaron en la pre-audiencia.

* Los campesinos lucharon para tener pequeñas tiendas Conasupo en sus comunidades, administradas por ellos mismos, para poder acceder a bajo precio a productos de primera necesidad que no pueden producir. Desde hace muchos años, la red de tiendas de Diconsa, 23 mil establecimientos en 93% de los municipios del país, se usa con un propósito perverso. Con el pretexto de abatir el precio de los alimentos, se ha dedicado a desalentar la producción local de maíz y a crear el riesgo de la contaminación transgénica.

* Uno tras otro se fueron eliminando todos los instrumentos públicos de apoyo al campo creados en función de los compromisos de la revolución. Es cierto que se habían corrompido y que tenían carácter clientelar. Pero representaban una derrama económica para los campesinos, que se acostumbraron a depender de ella. Éste fue uno de sus efectos más negativos, que se padeció inmensamente cuando se cancelaron.

En 1945 era rural el 75% de la población. En medio siglo la proporción se invirtió. Si bien es cierto que muchos campesinos migraron a las ciudades deslumbrados por las luces de neón y las promesas de la modernización, es preciso reconocer que otros muchos fueron literalmente expulsados de sus comunidades, tanto por formas de destrucción ambiental de las que en general no fueron responsables como por políticas y programas que impedían la prosperidad rural y dejaban a los jóvenes sin perspectivas dignas en sus propias comunidades —lo que se convirtió también en un motivo básico de emigración.

La reforma del artículo 27 constitucional, realizada con el abierto propósito de lanzar al mercado la tierra ejidal, estaba claramente asociada con la obsesión de los gobernantes de deshacerse de los campesinos.

La invasión transgénica forma parte de esa estrategia. Como se reveló con toda claridad en los testimonios presentados, el maíz transgénico no ofrece ventaja alguna para los campesinos y el país. Por lo contrario, los cultivos transgénicos se han utilizado como instrumento de control de la agricultura y la destrucción de las bases de la autonomía de los pueblos. Además, ya se demostró en repetidos estudios que la transgenie, por naturaleza, disminuye la producción.

En realidad, la invasión de maíz transgénicoque se ha estado preparando desde el gobierno, al servicio de las corporaciones que lo crearon y lo comercializan, corresponde a una estrategia perversa que fue rigurosamente descrita en la audiencia. Se trata ante todo de controlar el mercado de semillas en México, que representa 200  mil toneladas y  mil 200 millones de dólares al año. Para este fin, se han estado modificando las leyes para beneficio de las grandes corporaciones y perjuicio de los pequeños productores, colocando a éstos al margen de la ley cuando venden o intercambian las semillas que producen.

La otra parte de esta pinza perversa es la que alude a la inseguridad alimentaria. Importamos ya la tercera parte del maíz que consumimos; en unos diez años estaríamos importando la mitad. Se está propalando la ilusión de que el transgénico podría resolver el problema aumentando la producción, lo que carece de todo sustento y nos muestra la gravedad del peligro que se enfrenta. En cinco de los ocho millones de hectáreas dedicadas al maíz no podrían funcionar las semillas transgénicas. En buena parte de la superficie maicera sólo pueden funcionar las semillas nativas. Es este el crimen que se quiere cometer: con la contaminación transgénica se perdería toda capacidad productiva. Si el maíz ya no rinde, si ya no pueden cultivarlo porque todo se ha contaminado y el transgénico no podrá prosperar, los campesinos abandonarán sus tierras. Y esto es, a final de cuentas, lo que acaso se busca. Que las dejen para poder entregarlas a otros intereses.

La contaminación transgénica puede verse como efecto directo del Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Fue descubierta cuando existía una moratoria para el cultivo transgénico. Pero existía una disposición del TLCAN, que propiciaba su libre circulación, bajo la falsa premisa de equivalencia sustancial, es decir, que el transgénico es igual al criollo o al nativo, una premisa también adoptada por los órganos internacionales.

A partir de 2001 las importaciones de maíz crecieron exponencialmente. Aunque estaba protegido en el TLCAN, el gobierno alentó esas importaciones, por encima de las cuotas establecidas y sin cobrar los aranceles pactados. Se realizó así un agresivo dumping a los productores nacionales, desalentándolos, obligándolos a abandonar el cultivo o el campo. Desaparecida la Conasupo, nueve empresas transnacionales absorbieron 50% de las importaciones.

Distribuido por Diconsa, el maíz importado llegó a todas partes. La gente no supo que era transgénico. Traerlo al país era un gran negocio: México no cobraba arancel y Estados Unidos apoyaba con subsidios.

Y es así como un efecto perverso del TLC fue destruir la soberanía alimentaria en las comunidades.

Se trata de un crimen histórico de inmensas proporciones y consecuencias.

Escuchamos testimonios que demuestran fehacientemente que la contaminación transgénica es intencional y representa un desvío del poder, al emplear el aparato estatal a favor de intereses privados.

Los transgénicos son un instrumento corporativo. Pertenecen a seis empresas transnacionales, que forman un oligopolio. Monsanto controla el 85% del mercado.

Todos los transgénicos están protegidos bajo derechos de propiedad intelectual. Reproducirlos y usarlos sin permiso de los titulares de estos derechos constituye un delito. Los genes de Monsanto están patentados. La empresa sabe que la contaminación es inevitable, una vez que se realice la siembra extensa. Será un crimen con premeditación, alevosía y ventaja, porque busca intencionalmente apropiarse de todas las redes alimentarias. En Estados Unidos, Monsanto y Dupont ya han ganado juicios por 23 millones de dólares y arreglos fuera de tribunales por 200 millones de dólares más, por los granos contaminados. Pronto empezarán a demandar a productores mexicanos.

El crimen es aún más grave porque México es centro de origen de maíz, y por tanto, constituye el reservorio genético de uno de los tres principales cultivos del mundo, una de las bases principales de la alimentación a nivel global. Es también reservorio de los saberes necesarios para mantener vivo al maíz.

Hacemos un extrañamiento a los órganos de Naciones Unidas, que saben bien que proteger los centros de origen es esencial para mantener los cultivos vivos. Sería la primera vez en que un centro de origen se ha contaminado y esos órganos no han hecho nada al respecto, por eso las comunidades denuncian a estos organismos en esta pre-audiencia.

Esto resulta aún más grave ante la perspectiva de cambio climático. Sabemos bien de la perspectiva: donde hay sequía habrá más sequía; donde hay mucha lluvia lloverá más. Las semillas nativas tienen la diversidad que permitiría encontrar la respuesta a los cambios en las condiciones climáticas. Esas razas y variedades tienen los caracteres de herencia que necesitaremos.

Es un crimen abominable, que por ningún motivo debe permitirse, hacer que esas razas y variedades desaparezcan.

Este crimen insoportable es aún más grave si consideramos lo que ya mencionamos antes: que las políticas y programas del gobierno, en su desviación de poder, han socavado la soberanía alimentaria de las comunidades, en el ejercicio sistemático de violencia burocrática, social y policiaca.

 “Perder el maíz nativo alimento de nuestros pueblos es perder la autonomía,” se dijo en la presentación de uno de los casos. Aquí está el meollo de la cuestión.

En una lucha de siglos, las comunidades han logrado fortalecer su autonomía y construir formas propias de vida y de gobierno. En Oaxaca, como se subrayó en las presentaciones, se sigue “practicando y fortaleciendo la comunalidad”. De esa manera se lograron niveles sólidos de autosuficiencia y se ha practicado una efectiva soberanía alimentaria. Toda esta construcción está basada en el maíz. Cada familia, cada comunidad, cada región, se empeña en producir maíz suficiente para el consumo cotidiano. Y existen mecanismos complejos para hacer frente a las dificultades periódicas, cuando las calamidades naturales o las irregularidades del clima impiden que se alcancen los niveles normales de autosuficiencia.

En esta organización se basa la cultura de los pueblos indígenas y en ella está el tejido social que aún nos permite existir como nación. El lema que circula desde hace una década, “Sin maíz no hay país”, es una expresión eficaz de lo que todo esto significa. En estas tierras se inventó el maíz, en un diálogo profundo con la naturaleza; aquí se le multiplicó, se le diversificó, se le adaptó a las mil diferentes condiciones de nuestra realidad. En ese proceso el maíz nos inventó como pueblo y se estableció como la base de nuestra cultura.

Un ejemplo claro que se expresó en la pre-audiencia fue destacar que la riquísima gastronomía mexicana está claramente fincada en el maíz, pero buena parte de lo que todavía cocinan y comen mexicanas y mexicanos sólo es posible con semillas nativas. La contaminación transgénica haría desaparecer buena parte de lo que comemos.

Este patrón de supervivencia y prosperidad se encuentra hoy seriamente debilitado por la agresión sistemática que han sufrido todos los pueblos, por el conjunto de políticas y programas concebidos abiertamente contra ellos. Por las mismas condiciones que afectan la vida de las comunidades, el país entero se encuentra afectado de una debilidad sustancial en su soberanía: la dependencia del exterior en materia alimentaria.

En 1971 exportábamos maíz. Es cierto que en esos años había familias que no tenían suficiente, pero el hecho es que podían generarse excedentes y colocarlos en el exterior. Perder la autosuficiencia no fue una consecuencia del crecimiento demográfico o de condiciones climáticas adversas. No fue porque los productores decidieron abandonar sus tareas y dedicarse a otra cosa. Fue una acción sumamente costosa, en que el gobierno invirtió inmensos recursos para provocar la deficiencia de maíz. Hoy, un gran porcentaje de este maíz importado va directo a alimentar a pollos y cerdos en las granjas industriales, o se utiliza como insumo para emulsificantes, estabilizadores y edulcorantes. No va directo al consumo humano como luego se cree. Todavía entre el 30 y 40% del maíz que se produce en México alimenta directamente a las propias familias y la comunidad. Y ya sumado, un 50% del maíz mexicano proviene de producción campesina en pequeño.

En esta pre-audiencia se nos hicieron llegar, con los testimonios, documentos en los que se demuestra, con sólido fundamento científico, que existe un enorme potencial productivo por el que podría recuperarse en pocos años la autosuficiencia nacional de maíz.

Enrique Peña Nieto y sus funcionarios no son jurídicamente responsables de los crímenes en serie contra la agricultura campesina cometidos a lo largo de 60 años. Pero son moral y políticamente responsables porque la actual administración no solamente continúa esa orientación anticampesina sino que la está profundizando —lo que los puede hacer jurídicamente responsables.

Uno de los testimonios señaló: “Que ya no se establezcan programas con la careta de apoyar al campo y que sólo benefician a las empresas agroindustriales amigas de los altos funcionarios. Que no se trate de engañarnos regalándonos comida dizque nutritiva, porque sabemos que lo único que persiguen es despojarnos de los alimentos que producimos localmente.”

Se trata, muy concretamente, de uno de los programas de la nueva administración. Su campaña contra el hambre no se dirige realmente contra esta vieja enemiga de la humanidad que vuelve a aparecer entre nosotros

Los testimonios presentados en la pre-audiencia mostraron con toda claridad la grave complicidad que en todos estos crímenes ha tenido el establecimiento científico. No sólo se trata de la campaña de descrédito contra quienes presentaron honestamente los resultados de sus investigaciones y dieron a conocer las primeras pruebas de contaminación transgénica, reconociendo abiertamente que su trabajo había sido posible por su colaboración con el sistema científico indígena. Se trata también del boicot sistemático a que se vieron expuestos cuantos se interesaban en el tema y, finalmente, de la corrupción misma de la aún llamada investigación científica.

Se nos ofrecieron testimonios de la forma en que se procedió a la falsificación de pruebas, a la distorsión del método, a la presentación mentirosa de los resultados, al ocultamiento de información. Se constituyó así una auténtica conspiración en que los funcionarios del gobierno, las corporaciones privadas y los supuestos científicos realizaron actividades criminales para ocultar la información sobre la contaminación transgénica.

Es importante destacar, en este aspecto, que en los propios testimonios se nos informó, con sólidas bases en estudios científicos serios, que no estamos ante hechos irremediables e irreversibles. La acción de las comunidades, en el marco de políticas y programas que se propongan lo contrario de lo que han hecho hasta ahora, podrían poner remedio a los daños que hasta ahora se han causado y abrir otra opción. Eso requeriría otro tipo de ciencia, que supiera articular sus métodos y concepciones con la ciencia indígena, ésa que fue capaz de crear el maíz y centenares de miles de variedades adaptadas a los más diversos nichos ecológicos en el curso de diez mil años.

Esto es muy distinto a lo que se intentó hacer con información distorsionada. Como era imposible desechar las pruebas de la contaminación que había ocurrido, lo que se intentó fue demostrar que en esos mismos lugares había desaparecido, lo que implicaba que era posible limitar o contener la contaminación. Los casos que se han presentado en esta pre-audiencia permiten refutar en forma contundente este intento perverso de una parte del establecimiento científico, coludido con las autoridades y las corporaciones privadas para negar información a la población y continuar la promoción descarada de la invasión transgénica.

 “Los hombres y mujeres de maíz”, se dijo en la pre-audiencia, “exigimos volver al Estado de derecho”.

Es importante destacar que esta exigencia es presentada por pueblos que han padecido por más de 500 años el uso perverso de los instrumentos jurídicos contra ellos, pueblos que han padecido no solamente leyes injustas, que los ignoran y discriminan, sino tribunales corruptos y racistas. Son pueblos que han sabido reconocer y mantener en sus propios ámbitos el concepto de derecho, la validez y legitimidad del procedimiento formal, la necesidad de normas que propicien la convivencia armónica.

Son estos pueblos los que ahora exigen a quienes han destruido el Estado de derecho (tan laboriosamente construido por mexicanas y mexicanos) que regresen a él. Están conscientes de las limitaciones de su exigencia. Están pidiendo a criminales en serie que detengan su carrera enloquecida al abismo, en el que ellos mismos se precipitan al arrastrarnos a todos al desastre natural y social. Lo hacen porque es su convicción que nunca debe renunciarse a la exigencia de que la autoridad cumpla sus obligaciones. Y lo hacen porque están dirigiéndose al más alto de todos los tribunales, al de las ciudadanas y los ciudadanos, al de los pueblos, al de quienes, con su movilización, pueden imponer la voluntad popular para salvar a nuestra comunidades, a nuestras culturas, a nuestro país y a final de cuentas a la Madre Tierra que se encuentra en riesgo.

Hacemos nuestras las demandas que se presentaron en la pre-audiencia, tras introducir en ellas modificaciones que resultan de la presentación de los casos y testimonios, y las incluimos en nuestro dictamen como recomendaciones expresas al Estado mexicano. Es decir, el Estado mexicano debería:

*Abrogar de forma inmediata la Ley de Bioseguridad de Organismos Genéticamente Modificados, sus reglamentos y demás disposiciones jurídicas que abren las puertas para que el Gobierno autorice la siembra de maíz transgénico en el país. En su lugar, se debería declarar a Oaxaca y a todo el territorio de México territorio prohibido para el cultivo, experimentación, transporte, almacenamiento y comercialización de transgénicos,  negando cualquier posibilidad de siembras comerciales del  maíz transgénico.

*Reafirmar que el maíz es fundamento de la cultura material y simbólica de mexicanas y mexicanos, pilar de la soberanía nacional, condición sustancial de supervivencia de las comunidades campesinas e indígenas y base de la alimentación de la población. En consecuencia, el Estado tiene la obligación de concebir e implementar políticas de apoyo diferenciado al entramado de relaciones que forman la cultura de maíz.

*Renunciar a las políticas agrarias, agrícolas y comerciales que han causado la crisis del campo mexicano. El gobierno debería orientar sus políticas al fortalecimiento de la economía campesina, los pequeños productores y las comunidades indígenas, a la autosuficiencia nacional en la producción de alimentos básicos y a la reafirmación de la soberanía alimentaria.

* Revisar el capítulo agrícola del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, especialmente lo relativo al comercio de los granos básicos, entre otras cosas para revertir los efectos del dumping sistemático practicado por los agroexportadores estadounidenses y las grandes empresas importadoras en contra de la economía campesina y mexicana.

* Combatir la corrupción de la investigación científica en el área de los organismos genéticamente modificados, y su connivencia con corporaciones privadas dedicadas a impulsarlos y articulándola con la ciencia indígena.

* Suspender de inmediato las autorizaciones para la liberación de todo tipo de maíz transgénico, incluyendo a los campos de cultivo ya existentes, y prohibir por completo los cultivos genéticamente modificados y el uso de tecnologías “terminator”.

* Difundir en forma permanente y amplia, a través de medios públicos, privados e independientes, información relativa a los riesgos de la contaminación transgénica, dando especial cabida a los estudios científicos que muestran sus daños y sus impactos sobre la salud, el ambiente y la producción.

* Respetar la soberanía y la autonomía de los pueblos originarios.

* Suspender de inmediato las importaciones de maíz transgénico, así como la distribución de “paquetes tecnológicos” y alimentos contaminados de transgénicos.

* Elevar a rango constitucional la prohibición de organismos genéticamente modificados en el territorio nacional y adecuar de inmediato las legislaciones secundarias.

* Establecer un Régimen de Protección para el Maíz Nativo.

* Establecer una norma eficaz para la etiquetación de todos los alimentos transgénicos con información suficiente para la población consumidora sobre los riesgos que implican.

* Aplicar rigurosamente los procedimientos de consulta y consentimiento previos, libres e informados, que forman parte de la ley suprema a través de los tratados internacionales, antes de implementar programas gubernamentales en las comunidades indígenas.

* Detener la siembra y movilización en el territorio nacional de otros granos y semillas transgénicas como soya, algodón y canola, así como los ensayos de campo con organismos transgénicos.

* Restringir las importaciones de maíz a los casos en que la cosecha nacional sea insuficiente y una vez que la producción nacional se haya comercializado, vigilando rigurosamente, en las fronteras, que ninguna importación contenga transgénicos. No debe permitirse la entrada de una sola tonelada de maíz por encima de la cuota sin pagar arancel; por el contrario, debe imponérsele el máximo permitido por el TLCAN, haciendo valer el principio de soberanía alimentaria y la prioridad del consumo del maíz nativo.

* Concentrar todas las compras de Diconsa, empresa responsable de la contaminación transgénica, en organizaciones de productores mexicanos, realizándolas a un precio justo. Diconsa debe retirar de inmediato los maíces transgénicos que haya distribuido, alertando a las comunidades respectivas sobre los riesgos de su empleo.

* Expulsar del país a las empresas multinacionales responsables de la contaminación transgénica, entre las que se encuentran Monsanto, Novartis, DuPont y Aventis.

* Oponerse oficialmente a las patentes y propiedad intelectual sobre la vida en México y en cualquier parte del mundo.

* Someter los bancos de germoplasma en México, incluyendo el del CIMMYT, a revisiones cuidadosas hasta que se asegure que sus colecciones se encuentran libres de contaminación transgénica.

* Reconocer constitucionalmente los derechos indígenas, tal como fueron plasmados en los Acuerdos de San Andrés y emplear los instrumentos del Convenio 169 de la OIT para garantizar la autodeterminación de los pueblos indígenas de México sobre sus recursos naturales, con absoluto respeto a la consulta previa, libre e informada.

* Formular políticas ambientales, agrícolas y alimentarias sustentables, justas y soberanas, elaborándolas junto con la sociedad civil en base a la autodeterminación de los pueblos sobre sus bienes naturales, el respeto a los derechos indígenas y campesinos, la conservación de la biodiversidad y el principio de soberanía alimentaria.

* Establecer legalmente que ningún ser vivo, ni en su totalidad ni en sus componentes, pueda ser reclamado por derechos de propiedad intelectual ni sujeto a convenios de bioprospección.

Es obvio que ante los riesgos tan evidentes no basta con hacerle recomendaciones al Estado: estas recomendaciones son, al mismo tiempo, asuntos pendientes que la sociedad civil mexicana e internacional tendría también que asumir como luchas urgentes que tienen que estar en el centro de sus reivindicaciones.

En el marco de esta pre-audiencia, por su tema, su lugar y su contexto, queremos reafirmar que las reformas constitucionales indígenas realizadas hasta hoy son un mero engranaje y en ocasiones no el fundamental. Las políticas hegemónicas están operando por encima de los avances jurídicos. Se están haciendo arreglos por encima de la Constitución y de la normatividad internacional vigente. Tales arreglos, por ejemplo, niegan a los pueblos el carácter de sujetos de derecho y rechazan implícitamente la autonomía que formalmente quedó enunciada en 2001.

Se han estado promulgando leyes sobre la diversidad que refuerzan la privatización y de hecho perfilan la paulatina desaparición del espacio propio del derecho público al hacer del Estado un simple promotor y certificador de las operaciones “privadas” de los inversionistas. En esta operación participan, junto con los gobiernos de América Latina, organismos públicos multilaterales como la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (fao), el Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente (pnuma), la Organización Mundial del Comercio (omc) y la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (ompi), y organismos financieros como el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo.

Nos parece importante, asimismo, señalar que en el texto del nuevo artículo 2o constitucional se determinó que la autonomía se ejercería “con respeto a las modalidades de propiedad y tenencia de la tierra establecidas en esta Constitución y a las leyes de la materia, así como a los derechos adquiridos por terceros o por integrantes de la comunidad.” De esta manera, en forma enteramente anómala e inaceptable, el supuesto nuevo derecho constitucional para los pueblos indígenas nació supeditado a las leyes, cuestión contraria al principio de jerarquía de normas.

Los dictaminadores compartimos y acogemos plenamente la demanda de acabar con toda forma de violencia contra el maíz, la soberanía alimentaria  y la autonomía de los pueblos que la cuidan.  Esto exige acabar con todas las fuentes de contaminación transgénica, por los agroquímicos, híbridos y otras formas de tecnología que destruyen el maíz y crean dependencia.

Siendo el maíz, como hemos escuchado en los testimonios y casos, una expresión fundamental del alma y del cuerpo de los pueblos de México, es de vital importancia que las demandas que lleguen a la audiencia final del Tribunal Permanente de los Pueblos posean toda la fuerza y urgencia que se requieren. Por esto, nos parece útil dejar claramente establecidos los siguientes puntos:

* La ley de Bioseguridad de Organismos Genéticamente Modificados, la Ley de Producción, Certificación y Comercialización de Semillas y la Ley Federal de Variedades Vegetales son leyes que administran la producción, distribución y fomento de maíz transgénico en México, por lo que se deben dejar de aplicar inmediatamente, estableciendo una prohibición de facto, y a continuación abrogar estas leyes y realizar una reforma constitucional en la que se establezca la prohibición definitiva de la introducción, siembra, comercialización, importación, almacenamiento, distribución, investigación y experimentación de semillas transgénicas de maíz y se declare que todo México es centro de origen y diversidad biológica, descartando definitivamente la idea de construir mapas de centros de origen. Hay suficientes argumentos y pruebas científicas de daños a la salud y al medio ambiente para sustentar esta prohibición.

* La ley de biodiversidad ignora que la domesticación y diversificación de plantas es un proceso vivo, continuo y actual, y deja en estado de indefensión a los productores y comunidades que han sido los creadores de esta riqueza genética que ha hecho de México un centro de diversificación a nivel mundial. El artículo sobre zonas libres de transgénicos no establece la protección adecuada para los productores convencionales y orgánicos. A los primeros los ignora por completo, y a los segundos les impone un régimen de protección insuficiente y, además, muy difícil de alcanzar. Se deja en estado de indefensión a la mayoría de los productores agrícolas mexicanos, que no podrán escoger si quieren o no transgénicos en sus cultivos. Uno de los problemas centrales en este capítulo es que la carga de la prueba la tienen precisamente los afectados, que deberán comprobar científicamente la inviabilidad de la coexistencia entre cultivos libres de transgénicos y los que sí incorporan esta tecnología. Los transgénicos no pueden convivir con especies que no han sido genéticamente modificadas, pues las contaminan y alteran su genoma. Finalmente, el procedimiento administrativo es muy complicado y está diseñado más para dificultar la designación de zonas libres que para protegerlas.

* Proponemos que se aproveche el marco del TPP para declarar al maíz y a la milpa como un bien común de los pueblos del mundo, que han intercambiado libremente y con responsabilidad las semillas, y saben en dónde y cómo usarlas como elemento básico de la vida y de su subsistencia. Son los propios pueblos, no entidades privadas o gubernamentales, quienes deben decidir cómo intercambiar, cuándo y dónde.

La denuncia presentada en esta pre-audiencia, así como los casos, testimonios y probanzas aducidas, demuestran que la devastación de la vida campesina, la migración forzada, la pérdida de biodiversidad y los daños al ambiente y la salud han sido causadas directamente por las políticas agrarias y agrícolas, las políticas públicas de “asistencia” (como la Cruzada contra el Hambre) , así como por la política económica y la comercial, vinculadas con los tratados de libre comercio adoptados por el Estado mexicano y otros instrumentos nacionales e internacionales, relacionados con la autorización de transgénicos, que fomentan los monocultivos, la agroindustrialización y el acaparamiento de tierras.

Deseamos dejar constancia que el Convenio de Cartagena obliga a los gobiernos que lo suscribieron a aceptar los transgénicos, por lo que lejos de ser un instrumento de protección, que debemos invocar, forma parte de lo que debemos rechazar. Igualmente, el Convenio de Biodiversidad, al contrario de los tratados de libre comercio, queda sujeto a la interpretación de los estados, y despoja a los pueblos de la soberanía sobre la biodiversidad, que pasa a ser patrimonio controlado por los gobiernos. Este instrumento internacional es usado como el paraguas que en nombre de la diversidad y sustentabilidad ha introducido una postura conservacionista y proclive al fomento del capital, antes que una que combine el factor cultural y social con el ambiental. En contraste, defendemos una postura que vincula a los pueblos, el ambiente y la transformación, considerándolos como actores colectivos e individuales dotados de conocimientos importantes sobre el ambiente natural o sobre medios de utilizarlo.

Igualmente, nos parece importante señalar que al caracterizar el cultivo de maíz transgénico como delito debemos tomar en cuenta que hasta ahora los tribunales internacionales no abordan delitos cuya base constituya un delito “económico”.

Los argumentos de las comunidades indígenas y campesinas afectadas no sólo defienden sus propios derechos y formas de vida. Están defendiendo a la humanidad entera.

De acuerdo con la cultura y filosofía de los pueblos indígenas, el maíz no es mercancía, es el sustento principales de las comunidades, de la familias. En la preaudiencia, quedó claro que en México lo que hace posible que la gente sobreviva hasta en comunidades abandonadas es el maíz.

Si la cultura sobrevive en las comunidades es por la milpa, lo dicen todos. Aquí entre los dictaminadores nos preguntamos: “¿A qué se debe que haya sobrevivido el tequio?, ¿A qué se debe que sobreviven los servicios comunitarios?, ¿A qué se debe que sobreviva el sistema de cargos?, ¿A qué se debe que sobreviva la medicina tradicional?, ¿A qué se debe que continúen las fiestas tradicionales comunitarias y haya una gran solidaridad entre las familias y entre los pueblos? Se debe fundamentalmente al sistema alimentario propio: al maíz”, contestan una y otra y otra vez.

Afortunadamente, en las comunidades todavía existen miles y miles de familias que resisten produciendo sus propios alimentos, porque no hay otra forma de defensa que la de hacer posible la autonomía a través de la milpa. La única posibilidad de ejercitar la libre determinación y autonomía de los pueblos consiste en que cada pueblo, cada familia que tenga la capacidad de reconstruir su autosuficiencia alimentaria del país y la soberanía alimentaria propia.

Sabemos que en muchas regiones del país los campesinos y la gente de las ciudades por igual, serán sometidos, aplastados, porque el gobierno les va a vender maíz de pésima calidad. Las transnacionales se van a encargar de traer maíz NO APTO para consumo humano para llevarlo a las casas. “Antes no había enfermedades degenerativas en los pueblos”, nos dicen los participantes. “De 30 años para acá, aparecen cientos de miles de enfermos, diabéticos, de cáncer, de hipertensión, tan terrible es la dimensión de las enfermedades degenerativas que ha rebasado la capacidad de las instituciones de salud”. Ahora el gobierno dice que no hay capacidad económica para afrontar estos problemas. Primero se permite la venta de alimentos plagados de tóxicos y cuando afloran las enfermedades públicas no pueden atender a quienes sufren las consecuencias. Por eso el asunto del maíz sigue siendo para nosotros el asunto clave de la política social, el asunto clave de una política educativa y de una verdadera reforma educativa.

Cuando no pierden su memoria histórica, lo primero que tienen que hacer los pueblos es resolver la autosuficiencia alimentaria: maíz, frijol, calabaza y todos los cultivos que se recogen en la milpa. Ésa es una estrategia eficaz, inteligente y creativa de combatir el hambre, no llevar a la mesa de las familias campesinas comida industrializada que para lo único que va a servir es para enfermar a los niños, como sucede en las escuelas oficiales. Por eso la tarea, la responsabilidad que tenemos que asumir es que cada uno de nosotros se convierta en defensor del maíz, en defensor de las tradiciones comunitarias. Que todo el pueblo mexicano, que consume maíz impulsemos la revaloración del maíz en México y en el mundo. ¿Qué otra forma existe para que los pueblos de México combatan el hambre?

Los dictaminadores celebran el proceso que ha permitido llegar a esta pre-audiencia. Pretendemos que nuestras sugerencias y recomendaciones específicas enriquezcan a quienes presentaron los casos y testimonios, a fin de fortalecerlos en la perspectiva de la audiencia final ante el Tribunal Permanente de los Pueblos.

Entrevista a Wirrárika, Eutimio Díaz: ‘Con el maíz somos una familia’.


@twewwter

March 2017
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