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Guerrero, Mexico: Las indígenas violadas y la evasión de la Secretaria de la Defensa Nacional.

Aun cuando la Corte Interamericana de Derechos Humanos emitió en octubre del año pasado su fallo sobre las dos indígenas guerrerenses violadas por elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional en 2002 y exigió al gobierno de Felipe Calderón acatar las sentencias, 10 meses después la justicia no llega para ellas. Los defensores de las agraviadas aseguran que la dependencia recurre a argucias legales para exonerar a los militares inculpados y dejar el asunto en manos de la PGR. Con la determinación aparente de dar cumplimiento a las sentencias emitidas en octubre de 2010 por la Corte Interamericana de Derechos Humanos contra México, en las que se acusa a un grupo de militares de violar sexualmente a dos indígenas guerrerenses, el 29 de julio último la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) decidió trasladar los expedientes del caso a la Procuraduría General de la República (PGR).

MÉXICO, D.F. (Proceso).- Las indagatorias sobre Inés Fernández Ortega y Valentina Rosendo Cantú, quienes fueron agredidas en 2002 por un grupo de soldados, no sólo estuvieron en instancias castrenses durante nueve años, sino que incluso “tienen vicios de origen”, pues el propósito era exculpar a los responsables de la agresión, comenta el abogado del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, Vidulfo Rosales Sierra, quien lleva la defensa de las agraviadas.

“Tenemos elementos para considerar que los expedientes que la Procuraduría General de Justicia Militar (PGJM) envió a la PGR están construidos para que se declaren cerrados o bien que los militares responsables que fueron identificados por Inés y Valentina con nombre y apellidos hayan sido dados de baja”, dice el litigante a Proceso.

Afirma que la PGR podría declinar competencia a favor de la procuraduría de Guerrero, en un intento por librar la responsabilidad que como institución tiene el Ejército mexicano en las violaciones a derechos humanos.

En sus sentencias, el organismo interamericano subraya que las denuncias de Rosendo Cantú y Fernández Ortega son fundadas, toda vez que aportaron elementos sobre las vejaciones que recibieron por parte de tropas de la Sedena en febrero y marzo de 2002, respectivamente. Por esa razón, la corte determinó la responsabilidad de México en los dos casos, pues se violentó la integridad personal, la dignidad y la vida privada de las dos indígenas; además, las autoridades incumplieron su “obligación de garantizar, sin discriminación, el derecho de acceso a la justicia” (Proceso 1770).

A Rosales Sierra le sorprende que, luego de varios años de negarse a remitir los casos a la PGR aun después de emitidas las sentencias del tribunal de la Organización de Estados Americanos (OEA), la Sedena haya atendido la petición. No obstante, advierte que en el fondo esa declinatoria es producto de la exigencia de organizaciones ciudadanas para que se controlen los excesos de las Fuerzas Armadas contra la población civil, así como de la reforma constitucional en materia de derechos humanos y la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en el análisis de la sentencia de la desaparición forzada de Rosendo Radilla emitida por el mismo tribunal interamericano.

En las notificaciones de la PGJM enviadas a Fernández Ortega y Rosendo Cantú, apunta Rosales, “los militares insisten en que son competentes para conocer el caso, al citar nueve artículos del Código de Justicia Militar, y trasladan los expedientes a la PGR con los argumentos de la existencia de las sentencias de la Corte Interamericana y la solicitud de declinatoria que las señoras hicieron el 27 de julio a la PGJM”.

Los oficios –de los cuales Proceso tiene copia– están fechados el martes 9 y tienen la rúbrica de la agente del Ministerio Público Militar, teniente de corbeta Karla Roberta Espinosa de la Orta. En ellos, la Sedena admite que en los casos de las indígenas se “denuncian presuntas violaciones a los derechos”.

Y aclaran que, por existir sentencias del organismo interamericano contra el Estado mexicano, el 20 de julio de 2011 la fiscalía militar “tuvo a bien acordar la INCOMPETENCIA” para seguir conociendo las indagatorias SC/179/2009/II-E y SC/180/2009/II-E relativas a Fernández Ortega y Rosendo Cantú, respectivamente.

De acuerdo con las notificaciones, entregadas a Inés y Valentina el viernes 12, las averiguaciones previas fueron enviadas a la Subprocuraduría Regional de Control de Procesos y Amparo de la PGR el 29 de julio último “a fin de que determine lo que a derecho proceda”.

La sentencia de la Corte

Después de nueve años de enfrentarse al fuero militar como defensor de las indígenas me’phaa, Rosales Sierra asegura que la Sedena “tiene un as bajo la manga para exonerar a los responsables (de las agresiones a sus clientes) y dejar intocable al Ejército mexicano”.

El abogado del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan explica: en el fuero militar “las investigaciones tomaron un rumbo tendencioso, enfocado a exonerar a los militares responsables y encaminado a desacreditar los señalamientos concretos que hicieron Valentina e Inés”.

Relata también que en 2006 la PGJM archivó las averiguaciones previas por considerar que no había responsabilidad de personal castrense en los abusos cometidos contra las indígenas. No obstante, en 2008 los casos se reabrieron en el fuero militar, luego del litigio que se dirimió en Washington ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

Incluso, añade, a finales de ese año la PGJM envió los expedientes de las dos indígenas a la Procuraduría de Justicia de Guerrero, para que investigara sobre la responsabilidad de civiles en las violaciones sexuales.

Rosales Sierra destaca que aun cuando él y los representantes legales insistieron desde el principio en que la PGR asumiera las indagatorias “siguiendo la línea de la responsabilidad de militares y no de posibles civiles”, la dependencia federal sólo aceptó colaborar con su similar guerrerense.

“En esa parte del proceso –la diligencia se realizó el 14 de agosto de 2009, precisa el defensor–, Inés y Valentina reconocieron a sus agresores en un álbum fotográfico. Ese día ambas señalaron con nombres, apellidos, cargos y los mandos militares a quienes las agredieron”. Se trata, dice, de dos cabos de transmisiones y dos soldados de infantería del 41 Batallón de Infantería bajo el mando de las bases de operaciones Ríos y Méndez.

El compendio fotográfico tenía más de 300 imágenes de militares que entre diciembre de 2001 y abril de 2002, participaron en la Operación Azteca en la cordillera de la Montaña de Guerrero que atraviesa los municipios de Acatepec y Ayutla.

En febrero de 2002, Valentina Rosendo fue atacada en el río cercano a su comunidad, Barranca Bejuco. Antes, un piquete de militares le preguntó si sabía sobre “los encapuchados” que operan en la región. Al mes siguiente, Inés Fernández fue violada en su vivienda frente a sus hijos. ¿El motivo? No supo responder en español a las tropas que ingresaron a su domicilio para interrogarla.

“Tan pronto como se hizo este reconocimiento –retoma el abogado de Tlachinollan– la procuraduría (de Guerrero) declinó competencia a favor de la PGJM (el 30 de octubre de 2009) y quedaron pendientes otras diligencias, entre ellas citar a declarar a los militares responsables, hacer más retratos hablados. Pero como las averiguaciones aún estaban en manos del Ejército, las autoridades desacreditaron los testimonios de las víctimas”.

Procuraduría militar, argucias

Al llevar el caso a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, Rosales Sierra y los demás defensores se enteraron de que en noviembre de 2009 la PGJM pidió a una psicóloga militar que determinara si era posible que Valentina Rosendo recordara con nitidez los rasgos físicos de quienes la agredieron en febrero de 2002. “La psicóloga emitió incluso un dictamen teórico y técnico, pero nunca entrevistó a Valentina”, se queja Rosales.

En el caso de Inés Fernández, sus defensores obtuvieron un documento fechado el 20 marzo de 2010 y firmado por la agente del Ministerio Público militar Karla Roberta Espinosa de la Orta en la que ésta solicitaba a la PGR un perito en identificación de personas o identificación físiognómica para que determinara la veracidad de su testimonio.

En el oficio, del que este semanario tiene copia, Espinosa de la Orta antepone la “garantía constitucional de todo inculpado, el derecho a una defensa adecuada”. Y, ante el reconocimiento que hizo Fernández Ortega el 14 de agosto 2009, la agente ministerial comenta que existía “la necesidad URGENTE” de que interviniera en el caso el perito de la PGR para que respondiera al siguiente cuestionario:

1. Que diga el perito en qué casos se solicita la elaboración de un retrato hablado; 2. Que diga el perito si es recomendable mostrarle fotografías al testigo o víctima antes de realizar un retrato hablado; 3. Que diga el perito si es confiable un retrato hablado realizado después de 7 años 4 meses y 23 días (en negritas en el original) de la fecha que sucedieron los hechos y siendo el día de los hechos la primera y única vez que se vio al presunto agresor; 4. Que diga el perito si es posible la correspondencia de identidad entre un retrato hablado y una fotografía; 5. Que diga el perito si los rasgos fisonómicos de los supuestos agresores que señala la ciudadana Inés Fernández Ortega en su declaración de fecha 24 de marzo de 2002 ante el ministerio público de Allende en la ciudad de Ayutla de los Libres, estado de Guerrero, dentro de la indagatoria ALLE/SC/5776/2002, coinciden con los rasgos proporcionados por la propia denunciante para la elaboración de los retratos hablados de fecha 14 de agosto de 2009.

El 24 de marzo de 2010, la directora ejecutiva de Laboratorios del Departamento de Retrato Hablado, dependiente de la Dirección General de Coordinación de Servicios Periciales de la PGR, Sara Mónica Medina Alegría, notificó a la PGJM la designación de Edmundo Acacio Cebreros, perito en materia de identificación fisiognómica, quien debía acudir a la fiscalía militar el 26 de marzo de ese año a las 10:00 horas a realizar la diligencia solicitada.

Medina Alegría dirigió el oficio al coronel Aníbal Trujillo Sánchez, jefe de la sección de Averiguaciones Previas y Asuntos Especiales de la PGJM en ese momento, según la copia del documento obtenido por Proceso. Hoy, Trujillo Sánchez es subdirector de Asuntos Internacionales de la División General de Derechos Humanos de la Sedena. Con ese cargo, el militar acudió a la Corte Interamericana el 28 de junio siguiente.

En ese foro, participó en dos sesiones para dar seguimiento a las medidas provisionales ordenadas por el tribunal interamericano a favor de 107 personas relacionadas con las sentencias de las indígenas guerrerenses, así como de 37 familiares y defensores de tres jóvenes de apellido Alvarado: José Ángel, Rocío Irene y Nitza Paola, detenidos y desaparecidos por miembros de la Sedena en Chihuahua en diciembre de 2009.

En una reunión privada que se efectuó previamente a la sesión para abordar este último caso, Trujillo Sánchez consideró “terrorífico” que la Corte Interamericana de Derechos Humanos transmitiera en vivo la audiencia y que se difundieran los nombres de los militares involucrados. Ninguna de las audiencias relacionadas con México fue difundida después del comentario de Trujillo (Proceso 1809).

Información escamoteada

La defensa de Inés Fernández dice que no tiene las respuestas que dio el perito de la PGR a la fiscalía castrense, porque hasta ahora no ha tenido acceso a las averiguaciones previas. Lo que ha obtenido, dice, corresponde a documentos enviados por el tribunal internacional ante las solicitudes de información que ha hecho al Estado mexicano.

“Por el contenido de las preguntas que se le hicieron al perito –sostiene Rosales Sierra– no se requiere mayor ciencia para saber hacia dónde va la averiguación previa integrada por los militares: a exonerar a los responsables, más que a acreditar su participación en los hechos.”

El abogado de las indígenas, quien ha recibido amenazas por su defensa, expresa su temor de que la PGR archive los casos, aun cuando está obligada a completar las investigaciones, realizar las diligencias pendientes, consignar las averiguaciones y solicitar las órdenes de aprehensión contra los militares responsables.

“También cabe la posibilidad de que los agresores hayan sido dados de baja para librar al Ejército de responsabilidad y entonces enviar el caso a la procuraduría de Guerrero”, dice.

Relata que en la reunión para el cumplimiento de las sentencias del tribunal interamericano, realizada el 19 de mayo último en la Secretaría de Gobernación, él y sus colegas se levantaron de la mesa “cuando los representantes de la PGR se negaron a atraer las averiguaciones previas e instruyeron a la procuraduría estatal para que tomara las investigaciones, situación que, por cierto, rechazó el procurador de Guerrero (Alberto López Rosas)”.

Desde entonces Gobernación no ha vuelto a convocar a los abogados, quienes no saben con detalle si se está dando cumplimiento a las sentencias emitidas por la Corte Interamericana.

El director del centro Tlachinollan, Abel Barrera Hernández, comentó que en estos días enviará una carta al subsecretario de Asuntos Jurídicos y Derechos Humanos de esa dependencia, Felipe de Jesús Zamora Castro, responsable de que se acaten las sentencias del organismo dependiente de la OEA.

En el escrito, del que este semanario tiene copia, Barrera Hernández, quien recientemente fue premiado por Amnistía Internacional (AI) por su trabajo al frente de Tlachinollan, pide al funcionario una fecha para un nuevo encuentro de trabajo en el que las autoridades entreguen copia de los expedientes que la Sedena envió a la PGR.

Asimismo, recuerda al representante del gobierno de Felipe Calderón que el 15 de marzo último, “en presencia de las señoras Fernández Ortega y Rosendo Cantú”, él mismo firmó el “acuerdo para el cumplimiento de las sentencias dictadas por la Corte Interamericana”.

El abogado Rosales Sierra acota: “Cuando tengamos el expediente, promoveremos diligencias para esclarecer los hechos. Pero antes debemos decir que la declinatoria de competencia se dio por una coyuntura política. La prueba está en que no hay avances en los demás resolutivos de las sentencias, que tienen que ver con salud y educación”.

http://www.proceso.com.mx/?p=279345

CENCOS: Raúl Hernández, activista mexicano liberado y luego amenazado.

Raúl Hernández, activista mexicano de defensa de los derechos de los indígenas y preso de conciencia, fue puesto en libertad el 27 de agosto tras pasar más de dos años en prisión. Sin embargo, en los días siguientes a su liberación, él y otros activistas indígenas han sido amenazados, y corren grave peligro.

El 27 de agosto, Raúl Hernández, de la Organización del Pueblo Indígena Me’phaa (OPIM), fue absuelto de un cargo de asesinato por el que llevaba recluido desde abril de 2008 en el municipio de Ayutla, estado de Guerrero, en el sur de México.

El júbilo por el reconocimiento de su inocencia y del uso indebido del sistema de justicia que lo tuvo recluido durante tanto tiempo se ha visto frenado tras recibirse las nuevas amenazas. El 28 de agosto, una hija de Inés Fernández fue abordada en el centro de Ayutla por dos hombres. Inés Fernández es miembro de la OPIM; en 2002 fue violada por soldados, y ha llevado su campaña por la justicia a la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

Los dos hombres que se acercaron a su hija amenazaron a su familia de muerte si permanecía en Ayutla. En la amenaza se hacía referencia también a Raúl Hernández. El 30 de agosto, Álvaro Ramírez Concepción, coordinador de la Organización para el Futuro del Pueblo Mixteco (OFPM), fue alcanzado por los disparos de un grupo de hombres mientras trabajaba en una parcela de tierra cerca de Juquila, en el municipio de Ayutla.

Resultó herido de gravedad, y más tarde fue llevado al hospital, donde sigue recibiendo atención médica. Audencio Ramírez Concepción, Ambrosio García Catarino y Ramón García Guadalupe también resultaron heridos. Los atacantes huyeron del lugar, y continúan en libertad. La OPIM y la OFPM son organizaciones estrechamente relacionadas entre sí, con sede en Ayutla. Los activistas de ambas han sido blanco de amenazas y ataques.

En abril de 2009, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos dictó medidas provisionales en las que ordenaba al gobierno mexicano que garantizara la seguridad de 109 defensores y defensoras de los derechos humanos de Guerrero, especialmente aquellos que trabajan con la OPIM y la OFPM, tras el homicidio de dos dirigentes de la OPIM.

ESCRIBAN INMEDIATAMENTE, en español o en su propio idioma:

  • manifestando satisfacción por la liberación de Raúl Hernández tras pasar dos años en prisión;
  • expresando preocupación por la amenaza contra Raúl Hernández, Inés Fernández y la familia de ésta, y pidiendo a las autoridades que cumplan las medidas provisionales dictadas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos y garanticen la seguridad de todos los amenazados, conforme a los deseos de los propios afectados;
  • expresando preocupación por el ataque y las heridas sufridos por el activista de la OFPM Álvaro Ramírez Concepción, y pidiendo que se garantice su seguridad y la de los demás hombres heridos en el ataque;
  • pidiendo una investigación inmediata, exhaustiva e imparcial sobre las amenazas y el ataque, con el fin de garantizar que los responsables comparecen ante la justicia y que los activistas de la OPIM y la OFPM pueden llevar a cabo sus actividades legítimas sin temor a represalias.

ENVÍEN LLAMAMIENTOS ANTES DEL 14 DE OCTUBRE DE 2010 A:

Lic. José Francisco Blake Mora
Secretario de Gobernación
Secretaría de Gobernación
Bucareli 99, 1er. piso, Col. Juárez Delegación Cuauhtémoc México DF, CP 06600, MÉXICO
Fax: +52 55 5093 3414
Correo-e.: secretario@segob.gob.mx
Tratamiento: Estimado Señor Secretario

Lic. Zeferino Torreblanca Galindo
Palacio de Gobierno
Edificio Centro, Piso 2
Ciudad de los Servicios
Chipancingo, Guerrero México, CP 39075 Fax: +52 747 471 9956
Correo-e.: gobernador@guerrero.gob.mx
Tratamiento: Estimado Gobernador

Lic. David Augusto Sotelo Rosas
Procuraduria General de Justicia de Guerrero
Carretera Nacional México-Acapulco Km. 6+300
Tramo Chilpancingo-Petaquillos
Chilpancingo 39090, Guerrero, México
Fax: +52 747 472 2328
Correo-e.: procurador@pgjgro.gob.mx
Tratamiento: Estimado Procurador

Envíen también copia a la representación diplomática de México acreditada en su país. Consulten con la oficina de su Sección si van a enviar los llamamientos después de la fecha antes indicada. Esta es la quinta actualización de AU 314/08 (AMR 41/059/2008). Más información: www.amnesty.org/es/library/info/AMR41/059/2008/es

Información difundida por el Área de Comunicación y Visibilidad de Cencos

http://www.cencos.org

Liberado Raúl Hernández.

Estimados/as:

Es un gusto para Tlachinollan y la OPIM hacer de su conocimiento que Raúl Hernández fue liberado el día de hoy, alrededor de las 15 horas, después de haber permanecido dos años y cuatro meses en prisión por un crimen que no cometió.

A continuación encontrarán los comunicados emitidos por Tlachinollan y la OPIM; así como por Amnistía Internacional. Asimismo, aprovechamos para agradecerles por todo su apoyo y trabajo durante estos más de dos años en los que su solidaridad y compromiso para redactar cartas, acompañarnos en visitas, hacer declaraciones y posicionamientos fue fundamental para lograr la liberación de Raúl.

En Tlachi estamos convencidas que la liberación de Raúl es una victoria de todas las organizaciones y personas que nos apoyaron y que sin ustedes no hubiera sido posiblel. Ante el contexto que estamos viviendo, sin duda la liberación de Raýl tiene que ser asumida como una victoria del movimiento de derechos humanos y una razón para seguir trabajando juntas!!

Muchas gracias y estamos en contacto.

Un abrazo del equipo Tlachinollan.

Cristina Hardaga Fernández.
Coordinadora del Área Internacional
Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan
Tel: (757) 476 12 20
Fax: (757) 476 12 00
skype: kristinahardaga

Centro de DH Tlachinollan de Guerrero: Libre Raúl Hernandez.

Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan.
Libre Raúl Hernández, luego de que juez dicta una sentencia absolutoria
Ayutla de los Libres, Guerrero, a 27 de agosto del 2010.- Hoy por la tarde, el Juzgado Mixto de Primera Instancia con sede en Ayutla dejó en libertad absoluta al defensor de derechos humanos, Raúl Hernández Abundio, al dictar una sentencia absolutoria en la que argumenta que “no es culpable ni penalmente responsable” del delito de homicidio calificado cometido en agravio de Alejandro Feliciano García, ocurrido en enero del 2008.
*ANTECEDENTES *

El 17 de abril de 2008, los integrantes de la OPIM: Manuel Cruz, Orlando Manzanarez, Natalio Ortega, Romualdo Santiago y Raúl Hernández fueron detenidos y acusados del asesinato de Alejandro Feliciano García ocurrido el 1 de enero de 2008 en El Camalote, municipio de Ayutla de los Libres Guerrero. Por ese mismo delito había órdenes de aprehensión en contra de
otros 10 miembros de la OPIM.

Los defensores de derechos humanos fueron detenidos en un retén policiaco-militar instalado en un crucero carretero cuando se dirigían a su comunidad. El 19 de marzo del 2009 cuatro de ellos salieron libres al obtener un amparo federal.

Raúl Hernández no fue beneficiado por el juez federal argumentando que dos testigos habían declarado que había estado presente en el momento del crimen. Por su injusto encarcelamiento, Raúl Hernández fue adoptado como preso de conciencia el 11 de noviembre del 2008 porAmnistía Internacional y a lo largo de sus dos años de reclusión recibió la visita de importantes delegaciones de organizaciones sociales, campesinas, estudiantiles, magisteriales y de derechos humanos de todo el mundo. También recientemente

recibió la visita del relator de Naciones Unidas sobre el Derecho de Libertad de Opinión y Expresión, Frank La Rue.

http://www.redtdt.org.mx/

Amenazas a defensora indígena de derechos humanos. Colecta de firmas en apoyo a Obtilia.

El 6 de marzo, Obtilia Eugenio Manuel, presidenta de la Organización del Pueblo Indígena Me’phaa (OPIM), recibió una amenaza de muerte por escrito en las oficinas de la OPIM en Ayutla de los Libres, estado de Guerrero. La nota decía: “Optilia, Calmate hijo de su chingada madre ya no ande denunciando encontra del gobierno ya se que tu presenta a la denuncia deatodo el nivel calma: [….] Cuando queremos te hacemo frijoladas no creas que tu eres fierro como quiera atraviezan las balas nosotros somo protegido Gobierno federal estatal local no l hagan pendejen estamo cerca por ti” [sic].
Ese mismo día, Obtilia y sus colegas habían observado a un hombre de tez morena, corte tipo militar, de aproximadamente 20 años de edad y estatura de 1.65 metros, que vigilaba abiertamente las oficinas de la OPIM, incluidas las entradas y salidas de Obtilia. El hombre tomó asimismo fotografías con su teléfono móvil.
Todo parece indicar que las amenazas tienen estrecha relación con la labor de defensa de los derechos humanos que realiza Obtilia Eugenio Manuel y la OPIM, a saber, la denuncia de violación sexual realizada por miembros del ejército contra Inés Fernández Ortega y Valentina Rosendo Cantú; la denuncia de 13 indígenas esterilizados del poblado Camalote, municipio de Ayutla de los Libres; el caso de los defensores mixtecos Raúl Lucas Lucía y Manuel Ponce Rosas desparecidos y asesinados, entre otros.
Tras repetidas amenazas y actos de acoso, en abril de 2009 la Corte Interamericana de Derechos Humanos dictó medidas provisionales en favor de Obtilia Eugenia Manuel, su esposo y sus hijos, así como otros miembros de la OPIM y otros defensores y defensoras de los derechos humanos de Guerrero. Las medidas provisionales ordenan a las autoridades mexicanas que proporcionen protección a las personas en peligro. Algunas de esas medidas, como por ejemplo la entrega de teléfonos móviles, sí se aplicaron, pero no se ha identificado ni se ha hecho rendir cuentas a quienes están detrás de las amenazas y los ataques.

Esta acción urgente fue emitida por Amnistía Internacional.

Firma aquí en apoyo.

Gracias

http://www.redtdt.org.mx/d_acciones/d_visual.php?id_accion=85

Amenazan de muerte a indígenas guerrerenses violadas por militares en 2002.

MEXICO, D.F., 6 de abril (apro).-

Representantes de la indígena Inés Fernández Ortega, violada por miembros del Ejército mexicano en 2002 en Ayutla, Guerrero, responsabilizaron a los gobiernos de Felipe Calderón y Zeferino Torreblanca, por las amenazas de muerte que han recibido para, afirmaron, obligarlos a desistirse de asistir a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH), donde será analizado ese caso el próximo 15 de abril.

En conferencia de prensa, el director del Centro de Derechos Humanos Tlachinollan, Abel Barrera, y el representante de Amnistía Internacional (AI) en México, Alberto Herrera, recordaron que el litigio internacional de Inés Fernández tuvo que ser llevado a la CoIDH después de que “no se encontró justicia en nuestro país, por tratarse de un asunto en el que los responsables son militares”.

En la misma situación se encuentra el caso de Valentina Rosendo Cantú, indígena que también fue abusada sexualmente en 2002 en el municipio de Ayutla, y que será abordado por el máximo tribunal interamericano en mayo próximo.
Ambos casos están estancados en los tribunales castrenses, sin que se haya castigado a los responsables, a pesar de que, en 2009, ambas indígenas identificaron como sus agresores a dos militares, un cabo y un soldado raso, pertenecientes al 41 Batallón de Infantería, señaló Vidulfo Rosales, abogado de Tlachinollan.

Durante la conferencia de prensa, Obtilia Eugenio Manuel, dirigente de la Organización Indígena Me ‘phaa (OPIM), activista y traductora de Inés y Valentina, responsabilizó al presidente Calderón de las amenazas que defensores indígenas han recibido “en busca de justicia y castigo para los militares que abusaron de las mujeres”.

Tras las denuncias de los defensores, la CoIDH otorgó medidas provisionales a 107 activistas, luego de los asesinatos, en febrero de 2009, de otros dos defensores indígenas en Ayutla: Raúl Lucas Lucia y Manuel Ponce Rosas, de la Organización para el Futuro del Pueblo Mixteco (OFPM),  que se sumó a la defensa de Inés y Valentina.

“Entre diciembre y marzo pasado se interpusieron siete denuncias por amenazas contra defensores, víctimas y sus familiares, que se han ido sumando a otro tanto que fue surgiendo desde que empezamos a exigir justicia”, puntualizó Abel Barrera.

Para el director de Tlachinollan, no hay duda de que los actos de intimidación “tiene como objetivo obligar a las víctimas a desistirse en su afán de justicia, porque los mensajes son muy claros: todos exigen que se deje de denunciar al Ejército, y contra esas amenazas no hay respuesta del Estado mexicano a pesar de la intervención de la CoIDH”.

Como ejemplo del persistente hostigamiento, Barrera Hernández recordó el caso de Obtilia Eugenio Manuel, quien a pesar de que contar con medidas cautelares desde 2003, emitidas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y estar incluida en la lista de los 107 activistas beneficiados por la CoIDH, “ha soportado la fuerza del Estado en su búsqueda de justicia. No se le dan garantías ni se ha castigado a los responsables, uno de ellos plenamente identificado como exintegrante del Ejército”.

Vidulfo Rosales apuntó que, al no aplicarse las medidas provisionales dictadas por la CoIDH, que implican no sólo la protección, sino la investigación y castigo a los culpables de los actos de intimidación,  “el presidente Calderón es responsable como representante del Estado mexicano de que no se de cumplan los tratados internacionales que lo obligan a proteger a los defensores. Son convenciones vigentes que no ha cumplido”.

Agregó que la responsabilidad de lo que ocurra contra activistas y las víctimas de casos en los que están involucrados militares, también es compartida por el gobierno del estado de Guerrero, encabezado por Zeferino Torreblanca Galindo.

Por su parte, Alberto Herrera señaló que las agresiones contra las indígenas Inés y Valentina “no son hechos aislados. Los abusos cometidos por elementos del Ejército mexicano se cometen de forma sistémica, en la que las autoridades civiles remiten los casos de abusos a la Procuraduría de Justicia Militar, lo que es un cheque en blanco para la impunidad”.

Herrera puntualizó que los casos de Inés y Valentina “forman parte de un contexto generalizado de impunidad en Guerrero, así como de la militarización y de sus consecuencias en contra de las comunidades”.

El representante de AI señaló: “Debe preocuparnos como país que la CoIDH tenga que intervenir para que haya justicia, porque en México no la hay, mucho menos tratándose de casos en los que están involucrados militares”.

http://www.proceso.com.mx/

Inés y Valentina: una luz en el laberinto de la impunidad. Guerrero, México.

•    Inés y Valentina fueron violados en 2002 por soldados del Ejército mexicano.
•    Sus casos serán juzgado en la CoIDH, máximo tribunal internacional del Sistema Interamericano.
•    Se espera que el sufrimiento que representó a Inés y Valentina exigir justicia se cristalice en un acto ejemplar donde se reivindiquen sus derechos fundamentales

México D.F., a 6 de abril del 2010.- A finales del mes de marzo, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH)  –con sede en Costa Rica– notificó a la indígena me´pha Inés Fernández Ortega y a sus representantes su resolución mediante la cual los convoca a una audiencia pública que se celebrará el 15 de abril del 2010, en Lima, Perú, en el marco de su 41 periodo de sesiones, donde se abordará su caso y será juzgado el Estado.

Desde el 7 de mayo del año 2009, el caso de Inés Fernández Ortega fue presentado a la Corte Interamericana de Derechos Humanos  tiempo en el que inició formalmente el proceso ante este Alto Tribunal.  A la fecha ha concluido la etapa escrita y continuará la oral en el que la Corte escuchará a testigos y peritos que presenta Inés Fernández Ortega  y sus representantes, así como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

Ante la falta de acceso a las justicia en México, la Corte Interamericana de Derechos Humanos representa para las víctimas una oportunidad de ser oídas valoradas y de encontrar justicia, puesto que es la única instancia en las Américas que puede obligar al Estado mexicano a restituir los derechos violados a Inés Fernández Ortega.

Las violaciones a Inés y Valentina ocurridas en el año 2002, se da en un contexto de alta militarización en el estado de Guerrero que tiene como fin desarticular a las organizaciones y prevenir brotes de insurgencia. Esta estrategia fallida ha desangrado al país y nos ha colocado al borde de la ingobernabilidad. Más de 7 mil muertes violentas en el país son insuficientes  para un gobierno que ha optado por el uso de las armas para combatir un problema multifactorial como ha sido el narcotráfico

En el estado de Guerrero, la militarización fue producto de una decisión presidencialista para sofocar la insurgencia civil y armada que reclama desde hace décadas los pobres del campo. La época de la guerra sucia dejó más de 600 desaparecidos en el estado  y hasta la fecha el gobierno federal se ha obstinado en mantener en la impunidad hechos tan cruentos  que nos impide alcanzar la justicia y la reconciliación.

Con la masacre de El Charco perpetrada por el Ejército mexicano, el 7 de junio de 1998, donde 11 indígenas del pueblo Na savi fueron acribillados en el interior de la escuela primaria Caritino Maldonado marcó la nueva escalada bélica  de la tecnocracia gobiernista contra los pueblos indígenas del sur de México, estigmatizados como revoltosos y alcistas.

En esta estrategia de guerra preventiva  las violaciones sexuales contra las mujeres indígenas forman parte del libreto de la contrainsurgencia. Las mujeres Tzeltales de Chiapas, violadas por el Ejército en el marco de la guerra contrainsurgente se concatena con las violaciones sexuales de Inés Fernández y Valentina Rosendo  fraguadas en febrero y marzo del 2002, en las comunidades Me´phaa de Barranca Bejuco,  municipio de Acatepec y Barranca Tecuani municipio de Ayutla de los Libres.

Esta atrocidad ha sido consentida por el Estado mexicano, al negarles un acceso efectivo y apropiado al sistema de justicia. En lugar de garantizar este derecho fundamental  Inés y Valentina  tuvieron que sufrir no sólo el rechazo y el desprecio de la comunidad sino soportar el racismo, la discriminación y la misoginia de las autoridades encargadas de investigar los delitos , que en todo momento se negaron a investigar  a los militares por estos hechos denunciados, en estas circunstancias el fuero militar ha servido para encubrir los actos delincuenciales que han cometido elementos del Ejército mexicano dejando a las mujeres en total indefensión  y poniendo en riesgo su seguridad y su vida misma.

Desde hace ocho años Inés y Valentina  sufren el escarnio de ser mujeres ultrajadas por agentes del Estado. Como esposas y madres asumieron con dignidad y valor esta afrenta  y no han claudicado en esta lucha. Donde las víctimas de la militarización regularmente viven amenazadas, asediadas  y con el riesgo inminente de ser víctimas de una desaparición forzada o de una ejecución extrajudicial. Después de caminar por el tortuoso sendero de la justicia que es inalcanzable para las indígenas de nuestro país, Inés y Valentina  recurrieron al Sistema Interamericano y logaron que la Corte Interamericana de Derechos Humanos conozca sus casos y se encargue ahora de juzgar al estado Mexicano, que ha incumplido su deber de hacer vigentes los derechos consagrados en la Convención Americana sobre Derechos Humanos.

En México no sólo el sistema de justicia es inaccesible para las victimas de los delitos sino que además las mismas denuncias se transforman en actos de alto riesgo para quienes asumen la responsabilidad  de contribuir en el proceso de investigación para castigar  a los agentes del Estado que violentan los derechos humanos.

Existen fundados temores  de que se pueda consumar alguna agresión contra  Inés y Valentina, sus familiares, representantes legales y los mismos miembros de la organización a la que pertenecen. Desde que los dos casos fueron admitidos por la Corte Interamericana se han acrecentado los casos de amenazas, intimidaciones, agresiones físicas, seguimientos    y vigilancia en los domicilios y las oficinas, anónimos e intentos de secuestro.

Del mes de diciembre del 2009 al mes de marzo se ha duplicado el número de denuncias relacionadas con actos de amenaza contra las familias de Inés y Valentina y los defensores y defensoras que los acompañan. Denunciar en estos contextos de violencia y militarización se ha transformado en un riesgo y en un acto irrelevante en razón de que las autoridades que procuran justicia son ineficientes  e incapaces para acabar con la corrupción y abatir la impunidad

A las victimas de la militarización se les hace aparecer en los medios  como miembros  de la delincuencia  organizada, de manera irresponsable se juzga a la población civil que es rehén de una guerra que le es ajena. Se ha llegado al grado de que las autoridades civiles se transformen en defensores de oficio de Ejército  para mantener en la impunidad  los delitos  que han causado grave daños a la población civil. Inés y Valentina en estos ocho año nunca encontraron el apoyo ni el respaldo de las autoridades, por el contrario fueron vilipendiadas  y abandonadas a su suerte. Por eso, estos dos casos son  emblemáticos porque se trata de dos mujeres  indígenas que a pesar de no expresarse adecuadamente en la lengua dominante han tenido la capacidad para dar su testimonio y probar ante la Corte Interamericana de que el Estado mexicano violentó sus derechos humanos.

El caso de Inés Fernández Ortega será juzgado el 15 de abril y el de Valentina Rosendo los días 28 y 29 de mayo con la firme esperanza de que todo el sufrimiento que les representó para exigir justicia se cristalice en un acto ejemplar donde se reivindiquen los derechos fundamentales de Inés y Valentina y se obligue a las autoridades mexicanas a  que emprendan acciones que den con el paradero de los responsables de estos delitos , que se castigue, que se repare los daños, que se garantice la no repetición de estos actos y que se tomen medidas de diferente índole para que se regulen y normen todos los actos del Ejército  Mexicano.


@twewwter

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