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Pronunciamiento: Red en Defensa del Maíz enero de 2013.

Pronunciamiento

Red en Defensa del Maíz

enero de 2013

 

*Reunidos en nuestra primera asamblea de 2013, nosotras, las comunidades organizaciones y personas que nos reconocemos en la Red en Defensa del Maíz desde hace once años, elevamos nuestra voz para repetir una vez más que rechazamos tajantemente la introducción, el trasiego, la comercialización, intercambio, experimentación, almacenaje y la siembra de cualquier cultivo transgénico.

* En particular rechazamos todo lo relacionado con el maíz transgénico por atentar directamente contra más de diez mil años de cuidado del maíz nativo, por atacar directamente las estrategias agrícolas y de subsistencia de los pueblos y las comunidades; por atentar contra la seguridad y la soberanía alimentarias de México, por atentar contra la producción libre y autónoma de alimentos con semillas nativas nacionales libre de patentes y sin modificación transgénica. Por atentar contra la salud de la población en general.

* Lo hemos dicho antes ya, pero es necesario repetirlo también: México y toda Mesoamérica (y más) es centro de origen y diversificación del maíz. Por tanto rechazamos el empeño del gobierno por imponernos unos supuestos centros de origen que presuponen que hay otros muchos sitios donde se puede plantar cultivos transgénicos. Exigimos la integridad política, biológica y territorial de México como país CENTRO DE ORIGEN y Diversidad Continua, encarnado en la vigencia de los pueblos indígenas.

* Hoy, a nuestros reclamos de once años de resistencia —desde que se descubrió la contaminación a trasmano que intentó el gobierno en Oaxaca, lo que dio pie a la formación de nuestra Red—, tenemos que sumar nuestra palabra a todas aquellas voces que ya sonaron la alarma ante la mera posibilidad de que se aprueben los permisos solicitados para sembrar transgénicos comercialmente en más de 2 millones 400 mil hectáreas, en los estados de Sinaloa y Tamaulipas. Siendo estas entidades sitios que siembran enormes cantidades para consumo humano en las grandes ciudades del país, se las inundaría con un maíz contaminado que en otros países ha sido objeto de estudio y han hallado que es nocivo para la salud. Lo mismo que hemos venido diciendo desde nuestras comunidades y organizaciones durante estos once años.

* Saludamos entonces los trabajos del doctor Seralini que con gran valentía ha estado enfrentando los intereses de las agroindustrias. Seralini y su equipo siguen sin callarse ante lo que consideran un gran daño potencial a la salud humana con posibilidades de ocasionar cáncer en su ingestión repetida, lo que desmiente las afirmaciones de Monsanto de que los transgénicos son inocuos.

* Nos preocupa la situación en que se encuentran los agricultores de Sinaloa y Tamaulipas (y en general del norte del país). Suponemos que probablemente las empresas semilleras los presionan con ofrecerles sólo semillas transgénicas, por parte de Monsanto, Pioneer y Dow para que siembren las variedades transgénicas que les están ofreciendo y casi que forzando a utilizar, y les decimos a todas esas personas, sean agricultores privados, ejidatarios u organizaciones de productores, que consideren el enorme daño que estos cultivos van a ocasionar a la biodiversidad del maíz (por la enorme erosión a las variedades del maíz nativo), a las estrategias independientes de producción agrícola, al futuro de las familias productoras, a la seguridad alimentaria y la salud de la población mexicana. A fin de cuentas promoverá una dependencia brutal hacia unas cuantas voraces corporaciones.

Sabemos que las presiones son muchas, y que en las condiciones de crisis en México y en el mundo es difícil zafarse de ellas, pero desde acá, cariñosamente, les hacemos un llamado a dialogar con la Red en Defensa del Maíz, para que juntos entendamos el momento que vivimos, en algún sitio y tiempo que podamos acordar; para que discutamos los graves riesgos que tenemos por delante y las maneras más dignas que podemos todavía emprender (junto con muchas personas) para salvar al maíz, uno de los cuatro cultivos más importantes en la historia del mundo.

* Saludamos a todas las comunidades y organizaciones que desde el nivel local y regional han logrado establecer acuerdos, estatutos o reglamentos —como un freno real a la entrada de los transgénicos a sus lugares y enclaves mediante una actitud de atención, alerta y cuidado; desechando o frenando todas las semillas extrañas, las semillas híbridas o ajenas que los programas de gobierno o las empresas quieren imponerle a las comunidades a cambio de otros programas o proyectos.

* Esa moratoria real, se ha mantenido estos once años y México sigue siendo un país donde todavía no nos vencen los transgénicos. Por eso es importante ahora, ante una emergencia tan grave como la que vivimos, redoblar esfuerzos, atención, cuidados, para mantener y reforzar las semillas nativas y los canales de confianza que hacen posible su intercambio seguro y la diversidad que es su corazón, al tiempo de desterrar toda semilla ajena, sobre todo si son semillas que nos promueve el gobierno y las empresas.

* Por supuesto, ahora ya no sólo es un problema de siembra atenta, cultivo cuidadoso o intercambio de semillas por los canales de confianza. Ahora también debemos prestar atención a la procedencia de todo el maíz que consumamos, sabedores de que hay ahora infinidad de productos que lo contienen. Entonces debemos redoblar la atención para desechar los productos procesados que contienen algún ingrediente basado en maíz industrial, pues seguramente éste será transgénico.

* Queremos ahora invitar a muchas organizaciones que han dado muestras de estar genuinamente preocupadas por la inminente invasión transgénica a que sumemos esfuerzos para trabajar: a veces juntos, a veces cada quien en sus esfuerzos propios, para erradicar totalmente a los OGM de México y del mundo. No siempre coincidiremos en todas las acciones, pero seguramente nos acompañaremos en algunas de ellas. Saludamos especialmente al Yo soy 132 ambiental, a los Jóvenes ante la Emergencia Nacional, a las organizaciones de Movimiento Urbano Popular (en particular a la Unión Popular Revolucionaria Emiliano Zapata-UPREZ), y a los científicos comprometidos, a los científicos éticos, como la Unión de Científicos Comprometidos con la Sociedad (UCCS), por haber hecho sonar la alarma en esta coyuntura y haber sumado sus fuerzas para exigir que NO se otorguen los permisos de siembra comercial que se pretendían aprobar desde el gobierno de Felipe Calderón.

* Así consideramos un triunfo ser parte del esfuerzo nacional de haber podido esgrimir argumentos, exigir a las autoridades y alzar nuestra voz, para frenar los permisos durante el gobierno anterior, pero no consideramos que el peligro pasó. Sabemos muy bien que en cualquier momento pueden recomenzar los esfuerzos por que se aprueben los permisos. Por ahora, debemos aprovechar el tiempo para convocar más respaldos internacionales y toda la resistencia nacional posible. En ese contexto internacional saludamos las manifestaciones que desde Berlín coincidieron con muchas organizaciones mexicanas para hacer patente nuestro agravio por la posible aprobación de los permisos de siembra comercial de los transgénicos, y a la organización Avaaz, que juntaron más de 40 mil firmas en una campaña de solidaridad con la lucha en México.

*Saludamos también la digna lucha que se libra contra la invasión de transgénicos o contra las privatizadoras leyes de semillas como UPOV o de variedades vegetales en todo el continente: en Paraguay, donde incluso hubo un golpe de Estado para favorecer a la agroindustria; en Honduras, Costa Rica, Colombia, Ecuador, Bolivia, Chile, Argentina y Uruguay. Allá, como en México la gente está en resistencia. Sepan que reconocemos que nuestra lucha por las semillas nativas y una agricultura independiente es la misma.

* Una parte crucial de ese esfuerzo de defensa del maíz es sin duda el Tribunal Permanente de los Pueblos, al que reconocemos su esfuerzo por abrir un espacio para que la sociedad mexicana exprese sus agravios y plantee sus exigencias —ante personas de reconocida autoridad moral, a nivel internacional, que darán fe de que nuestros agravios son reales y de que nuestros señalamientos de responsabilidad y están planteados con objetividad y documentación suficiente para configurar casos jurídicos con pruebas suficientes. Reivindicamos entonces ser parte del Capítulo México del Tribunal Permanente de los Pueblos ante el cual presentamos ya un borrador de demanda que se irá refinando conforme más casos y argumentaciones se presenten en las diversas preaudiencias que vamos planificando a lo largo de este año.

* Por todo lo anterior, y haciendo eco con la resistencia que surge de todo el país, nos sumamos a la propuesta de las comunidades y organizaciones de Oaxaca, de declarar 2013 como año de resistencia contra el maíz transgénico y en defensa del maíz nativo y de la vida y autonomía de los pueblos del maíz.

* Por último, queremos salir al paso de ciertas informaciones que señalan que estamos en contra de los permisos de siembra porque no hay las condiciones de bioseguridad suficientes, según nota de Matilde Pérez, en La Jornada del día 16 de enero. Queremos enfatizar que si bien estamos contra los permisos de siembra comercial como es público y sabido, para nosotros es crucial señalar que NO HAY BIOSEGURIDAD ALGUNA QUE PUEDA SERVIR CONTRA LOS TRANSGÉNICOS.

 

Nosotros no planteamos mejores medidas de bioseguridad u otras medidas de bioseguridad.

En cambio…

Rechazamos cualquier siembra o comercialización, almacenamiento, trasiego, experimentación, siembra comercial de maíz transgénico en cualquier parte del territorio nacional.

No a los organismos genéticamente modificados,

No al maíz transgénico.

Moratoria y prohibición definitiva a los transgénicos.

Queremos un mundo libre de transgénicos.

 

Red en Defensa del Maíz:

Comunidades Indígenas campesinas: Hopelchén, Suctuc, Xcalot Akal, X kix, Bolonchen, Xbilinkok, Ebula, Crucero San Luis de la región de Los Chenes del estado de Campeche; Maní, Vicente Guerrero del Sur del Estado de  Yucatán; Comunidades del Municipio de Las Margaritas de a zona de la Frailesca del Estado de  Chiapas; Salto de Agua, Arroyo Largo, El Coyol, Ángel R. Cabada de Los Tuxtla, Huayacocotla del Estado de Veracruz; Santa Cruz de la Montaña Centro del Estado de Guerrero; Yayalag; Lachixila, La Selva, de Camotlan; Guelatao; Analco Ixtlán de Juárez Sierra Norte, Alotepec Mixe, El Porvenir, Maguey Largo Valles Centrales,  Comunidades de la Sierra Sur, San Miguel Chongos de la Chontal, San Miguel Tenango, Comunidades del Istmo de Tehuantepec, del Estado de Oaxaca; Bienvenido Hermenegildo Galeana Sierra Norte del Estado de Puebla; Huejutla, Oxeloco, Atlaco, Atlajco de la Huasteca Hidalguense; Zacatepec del Estado de Tlaxcala, Comunidades Rarámuris de la Sierra Tarahumara del Estado de Chihuahua; Palos Altos, El Grullo, Ixtlahuacan, San Sebastián Teponahuaxtlán,  del Estado de Jalisco; Comunidades de los Municipios de Dolores Hidalgo, San Miguel del norte del Estado de Guanajuato; La Magdalena Contreras de Distrito Federal; Lerma Estado de México.

Organizaciones Indígenas y civiles de las regiones: Ka Kuxtal Much Meyaj A.C.; T’oojil Xíimbal SC, Misioneros, Escuela de Agroecología, Misión de Guadalupe, Tequio Jurídico AC, UNOSJO, Ser Mije, Uken Ke Uken, Colectivo Oaxaqueño por la Defensa del Territorio,  ORAB AC, UNISUR, GEA AC, CONTEC AC, SINE AC, CREO AC, OMSA, CEDESA AC, CODECIN, UCANG, comunidades Campesinas en Camino, CACID AC.

Organizaciones Civiles: Ceccam AC, Ccasifop AC, Colectivo por la Autonomia, Grupo ETC, Cenami AC, GRAIN, Jóvenes ante la Emergencia Nacional, 132 Ambiental, Unión Popular Revolucionaria Emiliano Zapata UPREZ, Movimiento Urbano Popular, Via CAMPESINA, Asamblea Nacional de Afectados Ambientales

 

DECLARACION DE SAN DIONISIO DEL MAR CONTRA MEGAPROYECTO EÓLICO. OAXACA, MÉXICO.

DECLARACION DE SAN DIONISIO DEL MAR

 Encuentro Nacional

La Nación Ikojts en Resistencia contra el Megaproyecto Eólico.

Las comunidades, pueblos originarios, cooperativas de pescadores, organizaciones sociales, colectivos de jóvenes, radios comunitarias y medios independientes, ambientalistas y defensores de derechos humanos, reunidos los días14 y 15 de Septiembre del 2012 en la comunidad Ikojts de San Dionisio del Mar, Oaxaca nos hemos encontrado para compartir la situación de nuestros pueblos frente a proyectos neoliberales y tomar acuerdos para impulsar acciones conjuntas. De principio  hemos expresado nuestro compromiso por el respeto a nuestras formas de vida comunitarias y por enfrentar todo tipo de proyecto que signifique despojo de los bienes naturales y culturales de nuestros pueblos.

Considerando

1. Que durante mas de 500 años los pueblos indígenas hemos emprendido una lucha por la reivindicación de nuestros derechos y hemos defendido con sangre el territorio heredado por nuestros abuelos y abuelas, convirtiéndonos en los guardianes de los mismos y herederos de la sabiduría de nuestra cultura.

2. Que las políticas del mal gobierno buscan convertir en mercancía nuestro patrimonio natural y  cultural, amenazando nuestra vida y supervivencia mediante proyectos de “desarrollo” impuestos como el Plan Puebla-Panamá y rebautizado como el Proyecto Mesoámerica, dentro del cual se encuentran las mineras, represas, supercarreteras, parques eólicos, plantaciones forestales y otros proyectos de despojo y muerte que sólo benefician a las empresas trasnacionales. Estas Políticas y proyectos de inversión global se han venido imponiendo violando nuestro derecho legitimo a la consulta previa, libre e informada, el cual es reconocido por instrumentos legales internacionales suscritos y no cumplidos por el gobierno mexicano.

3. Que poseemos una relación espiritual con nuestras tierras, territorios, mares y recursos naturales, formando una propiedad colectiva de nuestros pueblos y comunidades por lo tanto nuestro territorio no es una mercancía que se pueda vender, rentar o privatizar.

4. Que el respaldo y abierta complicidad de los gobiernos federal, estatales y municipales a través de las concesiones, permisos y autorizaciones agilizan el proceso de despojo y muerte,  y con ello se está dando prioridad a las grandes empresas y a la generación de ganancias a costa de la vida y el sufrimiento de pueblos enteros.

5. Que México atraviesa una profunda crisis social, política y económica provocada en buena medida por políticas devastadoras, las que han ocasionado una serie de graves violaciones a  los derechos humanos de los pueblos indios de nuestro país.

  Con base a lo anterior

Denunciamos:

La imposición del megaproyecto eólico San Dionisio a través de la compra de voluntades amenazas, agresiones, engaños  y corrupción ha generado un profundo conflicto interno en los pueblos ikojts; a raíz de la imposición de este proyecto se ha agudizado el divisionismo y las confrontaciones entre comunidades. El megaproyecto eólico  “San Dionisio” impulsado por consorcio Mareña Renovables formado por el fondo de infraestructura Macquarie México, Fondos nacionales para la infraestructura (FONADIN), PGGM, Fondo de Pensión Holandés, Mitsubishi. sólo ha traído enfrrentamientos entre nuestras gentes.

Este proyecto que significa despojo y destrucción de recursos naturales ha contado con la abierta complicidad del gobierno federal que encabeza Felipe Calderón, del gobierno estatal  de Gabino Cue y del desconocido presidente municipal Miguel López Castellanos así como del comisariado de bienes comunales, estos dos últimos manipulados por caciques priístas y financiados por las empresas extranjeras.

Al hostigamiento, amenazas y persecución judicial en contra de los defensores de la isla de San Dionisio del Mar se han sumado las agresiones directas y es público, que los caciquillos priistas con financiamiento de las trasnacionales están integrando un cuerpo de golpeadores para romper la resistencia al megaproyecto.

En la Isla de San Dionisio y en la Barra de Santa Teresa  (Tileme) se encuentran los lugares sagrados de nuestro pueblo los cuales serán destruidos y profanados; y cientos de hectáreas de manglar blanco, y rojo que serán devastadas de imponerse este megaproyecto.

Hasta ahora el megaproyecto eolo-eléctrico que se está imponiendo en el Istmo de Tehuantepec no ha generado beneficios a las comunidades, por el contrario si ha provocado contaminación de cuerpos de agua, destrucción de manglares, despojo y saqueo de los recursos naturales y pérdida de capacidad productiva. Ni siquiera las comunidades afectadas por los 14 parques eólicos se han beneficiado con tarifas preferenciales de consumo eléctrico . Esto nos lleva a preguntarnos a quien sirven esos megaproyectos y la respuesta es obvia a las grandes empresas trasnacionales como CEMEX, Wall Mart, Nestlé, Iberdrola, FEMSA-Coca Cola, Bimbo, Preneal, Vestas.

Por ello

Demandamos:

A los directivos del Banco Interamericano para  el “Desarrollo” BID y de las empresas inversionistas del Proyecto Eólico San Dionisio así como a los gobiernos federal y del estado de Oaxaca su cancelación inmediata.

Al Gobierno de Felipe Calderón cumplir los tratados y leyes internacionales y así respetar nuestro derecho a ser consultados sin presiones, en nuestra lengua y con respeto a nuestra costumbre

Al Gobierno de Oaxaca la cancelación inmediata de las acciones penales en contra de los opositores al megaproyecto; acciones penales por cierto iniciadas por los caciques priistas.

Hemos Acordado:

Realizar en los próximos días movilizaciones y acciones de denuncia y de presión en contra del BID y de las empresas trasnacionales por promover proyectos que significan despojo y la muerte para nuestros pueblos. Asimismo generaremos acciones de protesta en la Unión Europea en contra de los inversionistas holandeses por dañar el patrimonio territorial y cultural de la Nación Ikojts.

Exigir a los gobiernos federal y estatal el reconocimiento irrestricto al derecho a la consulta previa, libre e informada de los pueblos originarios.

Movilizarnos para exigir al gobierno estatal el alto al hostigamiento y al ambiente de violencia que los caciques priistas y empresas eólicas han emprendido en contra de los pueblos ikojts de San Dionisio del Mar y San Mateo del Mar.

Impulsar el respeto del ejercicio de la autonomía desde nuestras comunidades así como defensa de nuestros territorios, articulándonos con las organizaciones sociales, jóvenes y pueblos en resistencia del Istmo de Tehuantepec, de Oaxaca y del país.

Llamamos a las organizaciones sociales, a los jóvenes y a los pueblos de este país que ante la nueva invasión europea coordinemos nuestras acciones  en la defensa de nuestros territorios amenazados por  proyectos mineros, carreteros, presas, represas y eólicos. No a la Imposición, No al Despojo.

Hacemos un llamado a la II Convención Nacional Contra la Imposición para que retome nuestra demandas en defensa de los derechos y territorio de la Nación Ikojts y asuma como propias las acciones que emprenderemos; desde ahora expresamos nuestra adhesión a la misma.

 ¡No al Megaproyecto eólico que afecta a los pueblos Ikojts!

¡Fuera las trasnacionales de México  y del Istmo de Tehuantepec!

¡ Alto a la represión de los movimientos sociales!

¡Alto de los abusos de la CFE!

Asamblea General de Comuneros de San

Dionisio del Mar, Asamblea de Pueblos Indígenas del Istmo en Defensa de la

Tierra y el Territorio, Alianza Mexicana por la Autodeterminación de los

Pueblos (AMAP), Frente de Pueblos Indígenas del Bajo Mixe-Choapam-Oaxaca,

Consejo de Ejidos y Comunidades Opositoras a la Presa La Parota; Grupo

Solidario La Venta, Cooperativa Santa Rosa de San Francisco del Mar, Radio Las

Voces de los Pueblos 102.1 FM, Radio Huave. San Francisco del Mar 94.1 FM,

Radio Tekuani, Movimiento Agrario Indígena Zapatista-Veracruz (MAIZ-Veracruz),

Red Nacional de Resistencia Civil contra las Altas Tarifas de Energía Eléctrica,

Red Mexicana de Acción frente al Libre Comercio (RMALC), Unión de Comunidades

Indígenas de la Zona Norte del Istmo (UCIZONI), Lunas del Sur AC, Frente en

Defensa de la Tierra y el Agua de Tlaxcala, Puebla y Morelos, Movimiento

Agrario Indígena Zapatista-Oaxaca, Red Nacional de Resistencia Civil contra las

Altas Tarifas Eléctricas, Comunidades Campesinas y Urbanas Solidarias con

Alternativas (COMCAUSA), Movimiento por una Nueva Sociedad Democrática, Revista

La Rebelión de Tehuantepec, Unión Campesina Emiliano Zapata Vive(UCEZ-VIVE),

Instituto Superior Intercultural Ayuuk, Organización Campesina Indígena de

Oaxaca-CNPA; comunidades y organizaciones locales de San Mateo del Mar, Xadani,

Barrio Nuevo, Coordinadora de Colonias Unidas de Salina Cruz; Unión Hidalgo, Álvaro

Obregón, Huamúchil, estudiantes de la UNAM, UMAR, UABJO, jóvenes del Movimiento

#YOSOY132 de Tehuantepec, Ixtepec, Salina Cruz, Matías Romero y Juchitán,

Congreso Nacional Indígena; Radio Totopo de Juchitán, La Otra Radio de Unión

Hidalgo y otras más.

Maíz: Diez mil años de certeza.

En varias comunidades de la región de la Sierra Juárez se ha detectado la presencia de maíz transgénico, introgresión dicen los especialistas. Nosotros creemos que se trata de una agresión a las comunidades indígenas, porque nadie se enteró con anticipación que esto podría haber ocurrido. Cuando nuestros compañeros campesinos compraban el maíz en Diconsa, nadie, ni los dependientes de las tiendas, Conasupo que les dicen, ni los costales de maíz venían con alguna indicación que dijera que traían semillas transgénicas. Ahora dicen que no son semillas, que son granos para consumo humano. Sin embargo, algunos campesinos indígenas de la región vieron en esos granos, las semillas que podrían sembrar. Por experimentación o necesidad quizá, esa semilla transgénica se sembró. En la cosmovisión indígena no hay diferencia entre una semilla y lo que es grano para comer. El maíz, nuestro hermano, lo cultivamos, lo comemos, y no podemos establecer una frontera entre lo que es para comer y lo que es para sembrar.

Hoy varias de nuestras comunidades tienen el problema de que su maíz está contaminado con maíces transgénicos. El primero en anunciar que había contaminación de semillas transgénicas en la Sierra Juárez fue el delegado de la Semarnat estatal, Salvador Fonseca. Sin embargo no se atrevió a afirmarlo sino que recurrió al Instituto Nacional de Ecología dependiente de Semarnat, para que se hiciera una evaluación.

Lo único que se nos informó es que había rasgos de que las semillas podían estar contaminadas por transgénicos, pero sin precisar a qué tipo de granos o semillas transgénicas se referían. Es una de las exigencias que habíamos hecho en carta pública al presidente de la República, al Secretario de la Sagarpa, al Secretario de la Semarnat y a la Cibiogem. Nos respondió Vicente Fox diciendo que había turnado a la Sagarpa para que ellos respondieran esta carta. Sagarpa hasta el momento no ha respondido oficialmente la carta; la Semarnat lo hizo a través del INE.

Nos parece muy preocupante, sobre todo porque después hacen una recomendación –que desde nuestro punto de vista es un atentado contra las comunidades indígenas–, porque se dice que para que no se pierdan las semillas criollas que actualmente existen en Sierra Juárez es necesario que se sigan sembrando las semillas que fueron cosechadas en esta reciente cosecha, sin importar que haya maíz transgénico en ellas, porque si no se perderían las semillas, nos dicen. Se nos propone que el próximo año se sigan monitoreando los terrenos y las semillas. Nosotros decimos que eso que ellos llaman monitoreo es un experimento para ver si crece o no crece la contaminación de los maíces transgénicos. En nuestra carta solicitamos que se ubicara cuáles eran los predios contaminados y cuáles eran los predios sin contaminar para que de ellos se saquen las semillas para la próxima siembra.

Sin embargo, los estudios que se realizaron se hicieron prácticamente de forma clandestina. En un foro que realizamos en Guelatao el pasado 19 de enero, las autoridades municipales y los comisariados de bienes comunales asistentes, nos dijeron que ellos desconocían que hubieran ido a sacar muestras de los terrenos de la gente de las comunidades. Nadie nos pudo decir, ninguna institución gubernamental nos puede decir que oficialmente llegó a las comunidades y explicó a las autoridades municipales o a las autoridades de bienes comunales: “vamos a sacar algunas muestras de semillas de maíz de su comunidad donde tenemos cierta preocupación”. Sí se hizo pero prácticamente de forma clandestina. Hoy vuelven a hacer algunos muestreos, seguramente por parte de la Sagarpa. Hasta donde nosotros sabemos el ingeniero de la Inifap –aun teniendo un protocolo de investigación– solamente llega, platica con las autoridades municipales y les pide que le digan quién tiene maíz, y al azar van y sacan unas 40 mazorcas o 30 mazorcas o 10 mazorcas de las gentes que han sembrado maíz en la reciente cosecha.

Nosotros creemos que se tiene que hacer una investigación seria para determinar con precisión cuáles son los predios contaminados, que es lo que a nosotros nos interesa porque lo que queremos es poner un límite entre las semillas transgénicas y las que no lo son. Si el próximo año siguen monitoreando y el siguiente también, puede que el maíz transgénico siga incrementando su porcentaje en las comunidades de la región y no se esté tomando una medida efectiva para evitarlo.

En la Sierra Juárez nos estamos informando, pero hace falta más información de nuestras mismas comunidades. Nos preocupa que esto pueda estar ocurriendo en otros lugares del país. Las semillas o los “granos” de Diconsa no llegan sólo a Oaxaca, llegan a todos los lugares del país en donde se consume ese maíz, y esto pone en riesgo la integridad de las semillas nativas, mal llamadas “criollas” de muchas comunidades indígenas de México.

Para nosotros las semillas nativas son un elemento muy importante de nuestra cultura. Podrán haber desaparecido las pirámides, las podrán haber destruido, pero un puño de semilla de maíz es la herencia que nosotros podemos dejarle a nuestros hijos y a nuestros nietos, y hoy nos están negando esa posibilidad. El proceso de globalización que se está viviendo en nuestro país y el solapamiento que se está haciendo por parte de las autoridades gubernamentales está negando a las comunidades indígenas el que puedan seguir transmitiendo esta herencia milenaria. Estamos hablando de más de 10 mil años de cultura: nuestras semillas han probado durante 10 mil años que no le hacen daño a nadie. Hoy nos están diciendo por la radio en Guelatao que las semillas transgénicas no hacen daño. Qué pruebas tienen al respecto. Nosotros sí tenemos pruebas: 10 mil años de práctica lo demuestran. Cinco años o seis años de práctica de la siembra de maíz transgénico en el mundo no nos están dando ningún indicador de que estas semillas, o de que estos granos, no vayan a causar daño a la humanidad. Después de 10 mil años nuestras semillas siguen vivas. Bien podemos poner en duda las semillas de ellos, que no tienen demostración al respecto.

En la Sierra Juárez creemos que es muy importante que podamos realizar un trabajo para diferenciar las semillas transgénicas y las que no lo son. No tenemos los recursos suficientes, es más, no tenemos recursos. No hay recursos para la difusión que en muchas comunidades es necesaria. Mucha gente no sabe todavía qué es el maíz transgénico. En la ciudad de México se ve la televisión, se escucha la radio, se pueden leer los periódicos; en la Sierra Juárez eso no existe. Tenemos que ir de comunidad en comunidad a informar lo que sucede, y nuestros paisanos cada vez están más molestos por esta situación.

Uno de los pronunciamientos más importantes que podemos hacer es exigirle al gobierno mexicano que no se siga importando maíz transgénico a nuestro país. Esta demanda no es solamente nuestra, es de muchos investigadores y centros preocupados por la seguridad alimentaria de los mexicanos. Nosotros nos sumamos a la demanda que fue presentada ya por algunos organismos de la sociedad civil en contra de la Sagarpa, la Semarnat y otras instituciones gubernamentales, porque han violado una serie de pactos, una serie de convenios internacionales, una serie de leyes nacionales que ellos hicieron, que ellos firmaron y que hoy no se respetan. No podemos seguir permitiendo que en México se siga impunemente contra los pueblos indígenas.

Vamos a hacer lo que sea necesario para que nuestras semillas, nuestros maíces, puedan sobrevivir. Los pueblos indígenas no vamos a dejar que pasen sobre nosotros sin que digamos nada. Hoy estamos en pie de lucha, vamos a seguir haciendo nuestro mejor esfuerzo para que la herencia que nos dejaron nuestros antepasados podamos entregarla también a nuestros hijos y a nuestros nietos.

Aldo González.

2002

Aldo González es presidente municipal de Guelatao, Oaxaca, miembro de la Unión de Organizaciones de la Sierra Juárez de Oaxaca (Unosjo) e integrante del Congreso Nacional Indígena

http://www.jornada.unam.mx/2002/02/18/oja58-maiz.html

The ‘wind rush’: Green energy blows trouble into Mexico.

SAN MATEO DEL MAR, MEXICO

The Isthmus of Tehuantapec, Mexico‘s narrowest point, is a powerful wind tunnel of air currents whipping through the mountains that separate the Pacific and Atlantic oceans.

Here, on the Pacific side, the wind shapes everything from the miles-long sandspits of Laguna Superior to the landscapes of the indigenous people’s hearts.

Howling constantly through thatched roofs, the wind is powerful enough at times to support a grown man leaning back as if in a chair. Gales average 19 miles per hour, slapping waves over the bows of fishing skiffs and sandblasting anyone standing on the beach.

The wind is “sacred” in this village, says indigenous Huave fisherman Donaciano Victoria. “We believe that the wind from the north is like a man and the wind from the south is like a woman. And so you must not disrespect the wind.”

North, in the town of La Venta, one woman says that when she leaves the isthmus, she’s struck by how still the rest of the world is.

Others have noticed, too: There are few places like this on earth.

This isolated region of the state of Oaxaca is one of the world’s most continuously windy spots. And because wind is a valuable commodity in a world seeking alternative energy, a “wind rush” – reminiscent of the gold and oil rushes of other eras – has swept into the isthmus.

Wind energy companies have swarmed to the area with big plans for wind farms to power the likes of Coca-Cola plants and Wal-Marts and a push to acquire huge tracts of land to do so. The “rush” for land farmed by locals since ancient times has divided the impoverished indigenous population over money, land rights, and changing values. Villagers’ distrust of outsiders has led to increasing unrest throughout the Pacific edge of the isthmus for several years. Most recently, around the Laguna Superior, it has included a paralyzing blockade of one village by another and, in October, a deadly shooting at a demonstration.

“Oaxaca is the center of communal landownership. There is probably no worse place to make a land deal in Mexico,” says Ben Cokelet, founder of the Project on Organizing, Development, Education, and Research.

And yet, with such an overwhelming wind resource, it was bound to attract development. The rush for Tehuantapec’s wind energy is a green-tinged twist in the age-old story of resource extraction: The quest for “clean” energy isn’t always so clean.

Farmers shocked at size of turbines

Mexico’s potential wind energy capacity is enormous: 71 gigawatts, which is 40 percent more than the nation’s entire installed electricity-generating capacity, including coal, gas, and hydropower. That potential was behind Mexican President Felipe Calderón‘s promise at the 2010 United Nations Climate Change Convention in Cancún to double solar and wind energy production from 3.3 percent of the nation’s energy production to 7.6 percent in just two years (a goal Mex­ico is on track to hit later this year).

And,” Mr. Calderón noted then, “the Isthmus of Tehuantapec is the area of greatest wind energy potential in the world.”

Wind developers have known this since the mid-1990s, when they first targeted land here for wind farms. Today, the region’s wind production is about 2,500 megawatts (enough to power, given the nearly constant wind, about 870,000 US homes).

The first town to see turbines was La Venta (pop. 2,000), north of Laguna Superior. Today, rows of turbines surround the town. The howl of the wind is now punctuated with the rhythmic sound of windmills.

“Whenever I am working there is this never-ending sound – thrum, thrum, thrum,” says Alejo Giron Carraso, a La Venta farmer who works in the shadow of monstrous turbines.

For those without land, the development has been a boon.

“It’s helped us a lot. Our parents are old and we didn’t have much. For a lot of the people in this community it’s meant a lot of work,” says a woman identifying herself as part of the Betanzos family that runs a small La Venta restaurant.

For those with land, who have depended on farming, the economics are more complex: Most of the land here is communal – analogous to native American reservations – held by Zapotecs, the dominant indigenous group in southern Mexico. Decisions to lease land to developers are made by local leaders, but the prices paid for individual land parcels are a patchwork of values that have led many farmers to feel cheated where turbines are already up and running.

Many locals who have given up land are illiterate and not savvy about the process. They recall meetings with developers in which model windmills the size of dinner platters were shown, leading them to believe they could continue farming around them. But they were shocked to see 15-to-20-story turbines rise across acres of their land.

Some claim their land was permanently damaged by construction or that they are no longer allowed on it. Others say they were pressured to sell land rights for a fraction of their worth and that community leaders got better deals for their land.

“The first guy or two that bites gets [$8] per square meter. That’s a hundred times better contract than the other people,” says Mr. Cokelet. “But the 98 percent of farmers who sign afterwards sign on for rock-bottom prices. Those one or two people who bite – they don’t bite because they’re lucky. They bite because they know someone. And their job … is to sell it to all their neighbors.”

While wind developers involved in the La Venta wind farms declined comment on specific contracts, other wind developers in the region admitted in Monitor interviews that the only way to acquire land in this communal setting is to deal with community leaders who may enjoy more benefit from signing first. Indeed, some were flown by the developers to Spain to see working wind farms.

The isthmus has a difficult history with outside investors. In the late 1800s the United States eyed it as a potential passage to Asia, and later as an alternative to the Panama Canal. In the 1990s, community groups fought off a Japanese attempt to build a shrimp farm in the shallow lagoon. More recently the state-run oil company Pemex has crisscrossed the region with pipelines that have leaked.

So the region’s notoriously prickly view of outsiders has made the isthmus a difficult place to develop.

“People kept telling me, ‘You know we’ve been experiencing globalization for a really long time,’ ” says Wendy Call, who has written about the isthmus and notes that the Aztecs invaded first. “But I think there is a sense of fatigue, [that] ‘all the other times this has happened it hasn’t gone well for us.’ ” [Editor’s note: The original version misquoted Ms. Call as saying the Aztecs were invaded first.]

Most of Tehuantapec’s communal land cannot be sold, so companies lease. A standard contract lasts 30 years, with automatic renewal.

Wind farm developers in La Venta pay a third to a sixth of what energy developers do in, for example, southeast Wyoming (the only comparably windy place in North America).

But comparisons are deceptive. Wind farms pay – either as profit sharing or flat fee – based on how the land is used: for turbines, roads, or power lines. In Wyoming, a landowner may lease hundreds or thousands of acres to a developer for tens or even hundreds of thousands of dollars. In the isthmus, most farmers control only two to 20 acres: If a turbine doesn’t land on one’s plot, payout may be as little as $300 to $400 per year.

Profit sharing in developed countries falls close to 5 percent. But in Oaxaca the market rate was determined to be 1 percent, says Jorge Me­gías Carrión, director general of Pre­neal, a Spanish company developing a wind farm here. “So we negotiated with the people, and we saw that we could enlarge that amount of money.”

Preneal now pays landowners 1.4 percent of electricity profits. Acciona, another Spanish wind company working here, pays the equivalent of as little as 0.5 percent, according to landowners who signed contracts.

In Wyoming, landowners maintain access to their land, but here locals can lose the ability to work their small plots – either by being denied access or because turbine construction destroyed irrigation channels.

Anti-wind power graffiti now mars the walls of La Venta, and even some people who got a fair deal say their children are deserting the region because there is no future on the land.

Wind farm advocates say benefits go beyond just direct payments; wind farms bring much-needed jobs. Certainly wind farms demand a great deal of labor to build, but once running they are maintained by a few dozen highly skilled people, generally from the outside. However, many jobs are created to service those workers.

Still, in recent months people have started taking to the street to express dissatisfaction with La Venta’s wind deals. In October, unrest turned deadly: A group of wind turbine contractors coming home from a project ran into anti-wind power protesters blocking a highway. Arguments led to scuffles, and one contractor was shot dead, say witnesses and relatives of the victim.

Wind companies say that a majority of locals support wind farms and suggest that unrest arises from old rivalries and misinformation.

But one Oaxaca State official disagrees, blaming foul public sentiment on previous administrations being too eager to encourage outside investment. “They didn’t have experience in renewable energy. They didn’t have experience in wind power. Of course they would have many errors,” says Alejandro E. Velasco Hernandez, director of Renewable Energy for the state of Oaxaca, whose National Action Party won state control in 2010 from the Institutional Revolutionary Party, which had held it for 80 years.

“But,” he adds, “now we have many opportunities to improve.”

South from La Venta the shores of Laguna Superior are dotted with fishing villages of the Huave people. Here since ancient times, they’ve dwindled to a population of less than 20,000. The lifestyle in this area is markedly different from that of the north: Pavement gives way to dirt roads; thatched buildings are common, with high walls to counter the wind; women wear traditional clothing; and illiteracy is high.

And here, where the wind is embraced personally as a spiritual force, there is a distinct unfriendliness toward outsiders. Local belief says the “male” wind shaped the land while the “female” wind brings shrimp – the main livelihood.

In 2004, Preneal proposed a 300-megawatt wind farm on 4,000 acres in the town of San Dionisio. The company had previously approached the Mexican government to set up offshore turbines in the lagoon, but the government demanded 7 percent of the energy profits. So Preneal approached the town – which is composed of two villages, Pueblo Nuevo (New Town) on the mainland and the smaller Pueblo Viejo (Old Town) on an “island” attached to land by a thin sandspit. Pueblo Viejo is perfect for turbines, offering offshore conditions in constant wind without having to build in water.

Preneal offered the town 1.4 percent of profits, plus $500,000 per year for the right to use Pueblo Viejo land, says Mr. Megías.

The company played informational videos and assured the Huave governing assembly that turbines are harmless, recall local leaders. But when the town appeared ready to vote it down, says one Pueblo Nuevo community member close to the negotiation who asked not to be named, Preneal warned that the crucial shrimping industry might be hurt if the company was forced back to plans to build in the lagoon. Preneal’s Megías denies that was intended as a threat.

The town assembly then unanimously voted to allow a wind farm on town land. Money began flowing to the assembly, but none reached the people who will host the turbines, says Teodulo Gallegos Pablo, a fisherman and Pueblo Viejo village authority who votes in the town assembly. “There have been no payments [to the isolated community].”

Megías says Preneal paid the assembly but is not responsible for distribution of the money.

Mexican law requires “free and informed” consent for the land. But Mr. Gallegos contends that the people of Pueblo Viejo still don’t know what they agreed to. Preneal promised that the turbines would only go on an isolated sandspit alongside fishing grounds – yet the contract clearly covers the whole island, and locals report that the company has taken soil samples in their fishing grounds.

“At first the people did agree,” Gallegos says of his constituents. But not long after the contract was signed “some lawyers explained it to us and that’s when the [Viejo] people stood up and said ‘no.’ “

The project is moving forward.

“The playing field is often very unequal,” observes James Anaya, UN Special Rapporteur on the Rights of Indigenous Peoples.

He likens land acquisitions in indigenous areas to colonial-era models of land grabs.

Looking at the Preneal deal in Pueblo Nuevo and Pueblo Viejo, he observes: “No Spanish or any other company would go to the bargaining table on a technical issue without their [own] technicians. And [yet] they expect indigenous people to.”

Village vs. village

In other cases, the wind farms have exacerbated old rivalries.

Perhaps the most divisive and complex fallout from the wind farms is in Santa Maria and San Mateo del Mar – two Huave towns sharing a Manhattan-size peninsula.

For generations, the towns have feuded over a strip of land that Santa Maria owns but that the more traditional San Mateo con-siders sacred.

The village of San Mateo del Mar is renowned among archaeologists for the purest existing form of Huave culture: Women still weave and wear bright huipil (blouses), and men fish from land with nets connected to kites. Roman Catholic priests are expected to partner with the shamans, who worship natural forces, such as the wind.

When Santa Maria sold the rights to the contested land to build devices that harness wind, San Mateo snapped. Following a series of violent confrontations, San Mateo blockaded the only road to the mainland.

“They said they were going to starve us to death,” says one Santa Maria farmer. It’s not starving, but Santa Maria has certainly withered because getting in and out of the town now is only possible via a fearsome skiff-trip across heavy swells. To visit San Mateo, five miles away, Santa Marians must travel 70 miles by boat, taxi, and bus around the lagoon.

The Santa Maria village council says it needs wind turbines now more than ever. “The situation here is destitute,” says Tarcio Jimenez José, a village leader. “There’s nothing here…. The need forces us.”

When asked about the local schism, Megías at Preneal blames it on the “violent leaders” in San Mateo. He said he was not aware of any religious role of wind, though his company published a book celebrating Huave culture and history.

Beatriz Gutierrez Luis, a San Mateo teacher and activist, says: “I understand this is supposed to be a form of clean energy. [But] if they gave us all the money in the world, we’d say ‘no.’ Our children and our grandchildren will depend on the fish, the shrimp, the love of the land, respect for nature, and all of our cosmology we have as an indigenous community.”

Even so, the wind farm construction in Santa Maria is slated to go ahead, with turbines delivered by boat. Preneal will not do the work: It sold, for $89 million, the rights to the land in San Dionisio and Santa Maria to an Australian investment company and Coca-Cola bottling franchise. The partnership says the disputed land won’t be developed.

Locals want control

Mexican wind energy capacity has grown fourfold in the past two years, to 500 megawatts. It has helped push Mexico’s total renewable energy production to 26 percent of total electric output.

Most renewable energy here is provided by foreign companies. But a few locals are now trying to get into the game. Vincente Vasquez Garcia represents Ixtapec, a community just east of La Venta, which is attempting to create, manage, and profit from its own wind energy in partnership with a wind company.

“We cannot pass up this opportunity for our community,” says Mr. Vasquez, who settled as an adult in Ixtapec and has energy sector experience. “But … [w]e want a different kind of wind development.”

The idea, he says, is for the wind farm to fund benefits such as better schools. Such models are emerging elsewhere, but without access to expertise, this is nearly impossible for largely illiterate communities.

Regardless of who builds them, wind farms are now a permanent fixture on the isthmus skyline.

“Before, no one knew who we were,” says the La Venta restaurant worker. “Now, when I say, ‘I’m from Oaxaca – you know, where the windmills are,’ they know where I am from.”

http://www.csmonitor.com

Luis Hernández Navarro: Pedro Leiva y el Manifiesto de Ostula.

A fines de septiembre de este año, en la tercera edición de las Jornadas Andino-Mesoamericanas, el comunero nahua Pedro Leiva Martínez tomó la palabra. Con firmeza explicó: Para nosotros la guerra todavía no ha terminado. Todavía seguimos combatiendo a aquellos que nos han pisoteado. Nosotros el fusil no lo hemos soltado, el fusil todavía lo traemos en la mano. Todavía seguimos luchando, seguimos defendiéndonos.

El 6 de octubre, pocos días después de explicar en la ciudad de México la historia de su lucha, Pedro Leiva fue asesinado en las inmediaciones del territorio recuperado de Xayakalan. Las autoridades y la prensa local quisieron presentar el homicidio como resultado de un pleito familiar en una noche de tragos. Pero la versión está llena de contradicciones e inconsistencias.

La muerte forma parte de una sangrienta represión por parte de pequeños propietarios y sus pistoleros contra los comuneros de Ostula, que no perdonan a los indígenas el haber recuperado mil 300 hectáreas que los agricultores y ganaderos mestizos comenzaron a invadir hace 40 años. Desde el 26 de julio de 2008 han sido asesinados 27 comuneros, tres de ellos maestros rurales, y secuestrados-desaparecidos cinco más. Varias de las víctimas eran autoridades comunales, responsables de la encargatura o integrantes de la policía comunitaria.

Leiva Domínguez fue asesinado a pocos días de que la comunidad concluyera una consulta interna a fin de analizar y tomar decisiones en torno a la negociación que el gobierno de Michoacán y la Secretaría de la Reforma Agraria (SRA) sostienen con las partes para intentar dar certeza jurídica a la comunidad sobre la posesión y propiedad del territorio. Sin embargo, la consulta no ha finalizado debido a la ola de violencia que padecen los representantes comunitarios. Pedro fue parte de la comisión negociadora de los indígenas nahuas.

Las tierras comunales, amparadas por títulos primordiales, fueron recuperadas después de una larga y tenaz labor organizativa, acompañada de la recuperación de la autoestima y la dignidad indígena. Además del robo de su territorio, la gente de razón humillaba cotidianamente a los comuneros. Pedro explicó cómo nos hierve la sangre al mirar tanto despojo, y cómo es necesario decirle ¡basta! al temblor que trae uno en su corazón.

Debido a que los partidos políticos en lugar de servir a los comuneros de Ostula los dividían, éstos, en asamblea general, decidieron no votar. Los políticos se acercaban a ellos en tiempo de elecciones. Les daban frijol o láminas y les pedían su voto y luego olvidaban sus promesas. En el camino los comuneros formaron, sin pedir permiso al gobierno, su propia policía comunitaria y su guardia comunal, encargadas de la autodefensa y de la aplicación de su propia justicia.

Pedro nació en la comunidad La Palma Sola y era vecino de la ranchería Xayacalan, en el municipo de Aquila, Michoacán. Al morir tenía 34 años y estaba casado con Luz Aurora Ramírez Martínez. Era hijo del comisario de bienes comunales y tenía cuatro hermanos.

La comunidad recuperó sus tierras el 29 de junio de 2009. Ese día –contó Pedro– “llega mi padre y me dice: ‘hijo, prepárate, la comunidad te necesita. Es necesario que vayamos por nuestras tierras. Yo no sé quienes vayan a regresar. Tengo cinco hijos, pero no sé cuántos vayan a regresar. Vayan a casa, díganle a su madre que les prepare unos lonches. Cómprense un encendedor, una linterna y llévense un nailon. Llévense sus resorteras y un cuchillo o navaja’. Nos íbamos yendo a la batalla. Éramos nuevos.”

Ese 29 de junio centenares de comuneros fueron a rescatar lo que era suyo. Desde sus casas, los pequeños propietarios les espetaban con burla: Oh, indios, ¿para dónde van? No es tiempo de cangrejos. Los indígenas les respondieron que no iban por cangrejos, sino por sus tierras. Previamente, dentro del paraje habían metido ya unas mil personas. Sin embargo, la gente de razón había contratado a un grupo de paramilitares para hacerles frente. Recibieron a los comuneros con disparos de armas de alto calibre. Igual, los indígenas no se rajaron, se encomendaron a Dios y se siguieron de frente. Las tierras fueron recuperadas.

Desde ese día, grupos armados asuelan la comunidad y asesinan a sus dirigentes, sin que el gobierno intervenga, se investiguen los crímenes ni se castigue a los culpables.

Pedro era delegado de la comunidad ante el Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad. “Tenemos que luchar –decía–, venga lo que se venga, pase lo que pase, contra quien sea. Una lucha no es fácil; es desgastante, tanto económica como física y emocionalmente. Nos quieren meter miedo con sus armas, con sus aparatos de poder. Pero ya no hay que tenerles miedo, tenemos que luchar sin miedo, por nuestra tierra, por nuestra libertad, por nuestra dignidad.”

Oscurecida por la guerra contra el narcotráfico del presidente Felipe Calderón se libra otra guerra: la de exterminio contra los pueblos indígenas en México. No es exageración. Día a día se asesina a dirigentes indígenas; ganaderos y empresas mineras y forestales invaden sus tierras y territorios, y se militarizan sus comunidades. El asesinato de Pedro es el último episodio de esta afrenta.

El 13 y 14 de junio de 2009 fue promulgado un documento de enorme trascendencia histórica: el Manifiesto de Ostula. Fue aprobado por pueblos y comunidades indígenas de nueve estados de la República que asistieron como delegados a la 25 asamblea de la región Pacífico-sur del Congreso Nacional Indígena. La proclama advierte que los pueblos originarios padecen una guerra de exterminio neoliberal que pone en riesgo su seguridad, existencia y sobrevivencia. Frente a ella, reivindica que los indígenas tienen el inalienable derecho, derivado del artículo 39 constitucional, a organizarse y realizar la defensa de su vida, de su seguridad, de sus libertades y derechos fundamentales y de su cultura y sus territorios. La muerte de Pedro Leiva Martínez es un dramático recordatorio de la pertinencia del Manifiesto de Ostula.

http://www.jornada.unam.mx/2011/10/18/opinion/025a2pol

Pronunciamiento. Congreso Nacional Indígena. Paraje Montero, municipio de Malinaltepec, Guerrero, México.

A Los Pueblos, Comunidades, Tribus y Barrios Indígenas de México.
A Los Pueblos y comunidades indígenas del estado de Guerrero.
A La Sociedad Civil Nacional e Internacional.
A Los Compañeros de La Otra Campaña Nacional e Internacional.

Hacemos de su conocimiento que los delegados que integramos el Congreso Nacional Indígena(CNI) asistentes a la celebración de la XXX Reunión del Congreso Nacional Indígena Región Centro Pacífico, convocada, con base en los Acuerdos de Nurío, por la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias- Policía Comunitaria (CRAC-PC) en el marco de su XVI Aniversario a realizarse en la comunidad Paraje Montero, Municipio de Malinaltepec, Guerrero durante los días 14 y 15 del presente mes y año, hemos resuelto posponer la XXX Reunión del CNI Centro Pacífico por los motivos siguientes:

1.- La Presencia e intromisión de funcionarios del gobierno estatal de Guerrero en el lugar y acto inaugural del evento, pues previo a su inicio se presentó el Secretario de Seguridad Pública del Estado  de Guerrero Ramón Almonte Borja.

2.- En todas las reuniones, asambleas y sesiones del Congreso Nacional Indígena, ejercemos nuestro derecho a la libre determinación y autonomía, evitando al máximo la presencia de representantes de los malos gobiernos, partidos políticos y grupos religiosos.

3.- Ratificamos los siete principios rectores del CNI, los Acuerdos de San Andrés y la Sexta Declaración de la Selva Lacandona, en donde la autonomía y libre determinación sirven de guía para transformar este sistema capitalista de opresión, explotación y racismo.

4.- Reconocemos y valoramos el esfuerzo organizativo de las comunidades y organizaciones que han logrado conformar y fortalecer la Policía Comunitaria (PC) y la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC).

5.- Saludamos los dieciséis años de lucha y resistencia de la CRAC-PC y estamos seguros que seguirán fortaleciendo su organización autónoma e independiente para acabar con la desigualdad, violencia y discriminación hacia los pueblos que la conforman. Así mismo, agradecemos la hospitalidad y el gran corazón de la comunidad Paraje Montero del pueblo Mee’pha al recibirnos en su territorio.

6.- Alertamos a nuestros pueblos, comunidades, tribus, barrios, organizaciones y a la sociedad civil a estar atentos a las diferentes maniobras que los gobiernos, partidos políticos y empresarios realizan para reprimir, despojar y apropiarse de los recursos y territorios de nuestros pueblos indígenas de Guerrero y México.

7.- Ratificamos el acuerdo tomado en Nurío el 6 de marzo del presente año, avalado por los representes agrarios y autoridades del pueblo Ikojts de San Mateo del Mar, con quienes convocamos a la realización del Taller Nacional de Diálogo y Reflexión sobre los impactos de las empresas transnacionales en las regiones indígenas de México, en la comunidad de San Mateo del Mar, Istmo de Tehuantepec, Oaxaca, los días 26 y 27 de noviembre del presente año.

8.- Expresamos nuestra solidaridad incondicional con el pueblo nahua de Ostula, exigimos respeto a su guardia comunal. Exigimos la presentación con vida de los comuneros Francisco de Asís Manuel Bautista, presidente del Comisariado de Bienes Comunales, Javier Martínez Robles, Gerardo Vera Orcino y Enrique Domínguez Macías, así como el esclarecimiento del asesinato de los comuneros Pedro Leyva Domínguez y Diego Ramírez Domínguez. También exigimos la inmediata solución jurídica al problema territorial del paraje de Xayakalan en el que se garantice en forma definitiva la tenencia de las tierras a favor de Ostula. Que se cancele el proyecto de construcción de la carretera de Coahuayana a Lázaro Cárdenas; reconocimiento y respeto a la policía comunitaria del territorio nahua de la Costa Michoacana; respeto a la decisión que tomó La asamblea general de comuneros de Santa María Ostula el pasado 20 de julio de 2011, en el sentido de no participar en los procesos electorales estatales del día 13 de noviembre de 2011 en el estado de Michoacán.

9. Con los hermanos purhépecha de Cherán exigimos respeto a su ejercicio del derecho a la autonomía y libre determinación; a sus formas propias de impartición de justicia y de seguridad comunitaria, alto a la depredación de los bosques comunales por los talamontes; respeto a su proceso de reconstitución de su territorio, pueblo y cultura.

10. El pueblo Nahua de Milpa Alta exige respeto a la decisión de los pueblos comuneros de Milpa Alta quienes se oponen al megaproyecto carretero denominado Arco Sur, el cual despojaría del territorio y devastaría amplias Zonas boscosas y mantos freáticos afectando en el suministro de agua a la ciudad de México y la paz y el tejido social de la comunidad

11. El pueblo Wixarika exige la cancelación de los en los proyectos mineros en el territorio sagrado de Wirikuta, tanto los que afectan el lugar sagrado del Cerro Quemado en Real de Catorce, como los que afectan el desierto de wixikuta en el Ejido Las Margaritas en el estado de San Luis Potosí.

12. La tribu Yaqui exige la cancelación del acueducto independencia y que sea frenado el despojo del agua que afecta su territorio ancestral.

13. La comunidad nahua de Tuxpan denuncia la invasión de su territorio por parte de empresas trasnacionales que instalan invernaderos del denominado Grupo frutícola “El Nevado”, así como también exige frenar la siembra de aguacate. Asimismo exigimos que la empresa sunbelle premium trusted se retire del poblado El Taracon asi como la empresa green house instalada en El Nuevo Poblado, ya que dichas empresas disparan sales a las nubes para dispersarlas y que no llueva lo que afecta los suelos, las lluvias y por consecuencia los cultivos y las milpas.

14. La comunidad coca de Mezcala de la Asunción en Jalisco exige la restitución de su territorio, la cancelación de las múltiples órdenes de aprehensión contra diez de sus comuneros y el cese a la represión contra la comunera Rocio Moreno. Exigimos se culmine el agrario juicio por parte de las autoridades correspondientes y se detenga al invasor Guillermo Moreno Ibarra que se tiene desde hace 10 años y se encuentre en etapa de sentencia.

15. La comunidad Ñomnda de Xochistlahuaca en Guerrero exigimos respeto a la radio ñomnda de Xochistlahuaca, denunciamos el acoso militar y caciquil asi como la persecución judicial y exigimos la cancelación de las órdenes de aprensión contra cinco compañeros ejidatarios que han cumplido con los cargos de representación agraria y tradicional de la comunidad Roberto Martínez de Jesús, Eloy Flores Valtierra, Atilano López Díaz, Rodrigo Morales Valtierra y Epifanio Merino Guerrero.

16. Exigimos un alto al hostigamiento a las Juntas de Buen Gobierno de las comunidades zapatistas especialmente la de San patricio, Municipio Autónomo La Dignidad del Caracol V de Roberto Barrios, por parte de los grupos paramilitares en Chiapas. Exigimos la libertad del Prof. Alberto Patishtan y de todos y todas las presas políticas en huelga de hambre y ayuno en Chiapas.

Atentamente
“Nunca más un México sin nosotros”
Congreso Nacional Indígena
15 de octubre del 2011 en la comunidad meepha de Paraje Montero, Municipio de Malinaltepec, estado de Guerrero.

Pueblo Nahua de Tuxpan, Jalisco y Milpa Alta, Distrito Federal

Pueblo Coca de Mezcala de la Asunción, Jalisco

Pueblo Hñahñu de Atlapulco, estado de México

Pueblo Ikojts de San Mateo del Mar, estado de Oaxaca

Pueblo Binnizá de Unión Hidalgo, Oaxaca

Pueblo Triqui de San Juan Copala, Oaxaca

Pueblo Nancue Ñomndaa de Xochistlahuaca, Guerrero

Pueblos Purhépechas de Nurio y Uruapan, Michoacán

Pueblo Ñu Savi de Guerrero

Organizaciones acompañantes

Unidad de Apoyo a las Comunidades Indígenas, Universidad de Guadalajara

Asesoría Agraria

Dado en Paraje Montero, Municipio de Malinaltepec, Guerrero a 15 de Octubre de 2011.

México. Pronunciamiento del Congreso Nacional Indígena, para la Tribu Yaqui.

PRONUNCIAMIENTO DEL
CONGRESO NACIONAL INDÍGENA
Para la tribu yaqui

AL PUEBLO DE MÉXICO Y A LOS PUEBLOS DEL MUNDO.
A lOS PUEBLOS INDÍGENAS DE MÉXICO.

LA SOCIEDAD CIVIL NACIONAL E INTERNACIONAL

Hoy- aquí y ahora-, Nosotros, los integrantes de los diversos pueblos de este nuestro país México, que desde siempre hemos vivido y trabajado en sus entrañas, en sus montes, en sus valles, en sus desiertos, y en sus mares. Nosotros que cuidamos y vivimos en sus árboles, en sus flores, en sus nubes, en su gran variedad de pájaros, de tigres, de venados, de peces y de otros seres vivos. Hoy – aquí y ahora-, Nosotros que vemos como nuestro hermano Río Yaqui está en peligro de ser despojado, una vez más, de su caudal de agua; para beneficio del los poderosos del dinero y en perjuicio de la indomable y valerosa Tribu Yaqui; de esos hermanos y hermanas que desde siempre han luchado contra la adversidad en el desierto. Hoy –aquí y ahora-, Nosotros, los miembros del Congreso Nacional Indígena con sus pueblos, naciones y tribus que luchamos por democracia, libertad, justicia y paz que merece nuestro país y nuestra patria, y considerando:

-Que son necesarias la creatividad y la paciencia para generar todas las formas de lucha que permitan hacer cumplir la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y los Acuerdos de San Andrés;

– Que los malos gobiernos federal y del Estado de Sonora se empeñan en realizar un acueducto que despojaría de gran cantidad de agua a la tribu yaqui, al pretender construir el llamado acueducto Independencia, en contra de toda ley y contra la voluntad de sus habitantes;

– Que en vez de atender los justos reclamos y necesidades de la Tribu Yaqui, hoy los Gobiernos Federal y del Estado de Sonora amenazan e intimidan a nuestras hermanas y hermanos yaquis, y a las personas de la sociedad civil que se organiza pacíficamente , junto con ellos, para demandar la cancelación definitiva de este proyecto de despojo y que pone de manifiesto el desacato de los poderosos del dinero al derecho nacional e internacional y, sobretodo , violentan la vida, la paz y la justicia;

-Que en cumplimiento al mandato de nuestros pueblos, naciones tribus y barrios, que en diferentes foros, asambleas y reuniones -regionales, nacionales e internacionales- hemos acordado para evitar el despojo de nuestra madre tierra y del agua que quieren hacer los amantes del neoliberalismo, damos dar a conocer a todos los pueblos y naciones de la tierra el siguiente:

PRONUNCIAMIENTO

Primero.-Hoy –aquí y ahora-, Nadie se rinde ante el despojo del agua y de la tierra de la Tribu Yaqui; Que somos muchos más los que estamos en el campamento de Vícam, Sonora, que no ve el Gobierno de Sonora ni el Gobierno Federal;

Segundo.- Saludamos a los miembros de la valerosa tribu yaqui, nuestros queridos y respetados hermanos, y damos nuestras manos y nuestro corazón solidario, para hacer extensiva su lucha por el agua del Río Yaqui, hasta nuestros territorios y nuestras tierras, para que cada Pueblo, Nación, Tribu o Barrio desarrolle las acciones pacíficas que considere necesarias y pertinentes para que los oídos sordos de los gobiernos se abran y escuchen que no pueden pasar por encima de la autonomía y autodeterminación de los pueblos, sin que tenga consecuencias para la Paz y la Justicia;

Tercero.- Llamamos a la Comunidad Nacional e internacional a que se una a esta lucha civil y pacífica para evitar que haya represión en contra de nuestros hermanas y hermanos yaquis, y de aquellos que se solidaricen con su causa, pues sabemos que el gran capital no tiene más frontera que la de la ambición del oro, del dólar, del Euro y de todo aquello que representa la explotación del hombre y la mujer;

Cuarto.- Exigimos a los gobiernos Federal y del Estado de Sonora para que procedan a la cancelación definitiva del Acueducto Independencia, que sólo traería más pobreza, marginación y conflictos al territorio de nuestros hermanos yaquis; y mayores conflictos en todo el territorio nacional,

Quinto.- Exigimos que no haya represión, ni cárcel a quienes de manera digna defienden su tierra, su agua y su territorio, pues sólo pondría de manifiesto que las formas legales y pacíficas se agotan, y ello traería inevitablemente una escalada de violencia, en donde los únicos responsables y culpables son los gobiernos por atentar contra la Paz, la Justicia y la Libertad.

Sexto.- Ante la represión y el hostigamiento de los malos gobiernos federal y estatal de nuestro país México, en contra de la comunidades que luchan por su Autonomía y su Autodeterminación; como són: las comunidades Zapatistas, la comunidad Nahua de Ostula, los hermanos Wixaricas, los hermanos Purhépechas de Cherán, la Tribu Yaqui, los hermanos Amusgos de Xochistlahuaca y los hermanos Coca de Mezcala. En esta última comunidad, fue detenida- con engaños por un grupo de policias al servicio de los poderosos-, la hermana Rocío Moreno, el día 6 de septiembre.

El C.N.I. exige el respeto a la vida, al agua, a la tierra, al territorio, a la cultura, a los sitios sagrados y a la autonomía de los pueblos que luchan de manera pacífica, y convocan a los miembros de la comunidad nacional e internacional, a que se solidaricen con la lucha de los pueblos, naciones, tribus y barrios de México.

NUNCA MÁS UN MÉXICO SIN NOSOTROSCONGRESO NACIONAL INDÍGENA

Dado en la República Mexicana el día 11 de Septiembre del año 2011.

Frayba: 2 años de liberación de autores de la Masacre de Acteal.

Centro de Derechos Humanos
Fray Bartolomé de Las Casas, AC
San Cristóbal de Las Casas, Chiapas, México 12 de agosto de 2011

Se cumplen dos años en que la Suprema Corte de Justicia de la Nación libera a los autores materiales de la Masacre de Acteal

– Persiste un clima de inseguridad para los sobrevivientes y familiares de las víctimas de este crimen de lesa humanidad

– Con la liberación de 54 personas, señaladas como autores materiales de la Masacre de Acteal, el Estado mexicano crea las condiciones para la continuación de la estrategia de contrainsurgencia.

El día de hoy se cumplen dos años en que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) concedió la libertad a 20 personas señaladas como los autores materiales de la Masacre de Acteal. Esa resolución, dio inicio a otras excarcelaciones por parte de la SCJN: el 4 de noviembre de 2009, nueve personas; el 14 de octubre de 2010, quince; y el 23 de marzo de 2011, uno más. De los 87 autores materiales procesados, el poder judicial absolvió a seis, excarceló a dos por cuestiones de humanidad, más uno fallecido; por lo que sumados a los 45 que se han beneficiado de la decisión de la SCJN: 54 personas han sido liberadas.
Esto representa más de la mitad de los autores materiales que habían sido señalados.

La decisión de la SCJN revictimiza a los sobrevivientes y familiares de las personas asesinadas y viola su derecho a la integridad física y psicológica exponiéndolos a un clima de inseguridad y riesgo. A la fecha quedan presas 33 personas sentenciadas por los hechos del 22 de diciembre de 1997, de ellos seis han presentado recurso de reconocimiento de inocencia por lo que, según información difundida por los medios, la SCJN está por pronunciarse para su resolución.

Lo anterior lleva a los sobrevivientes y familiares a una situación de desconfianza en la estructura del gobierno mexicano, un sistema en donde las instituciones correspondientes no cumplen con su obligación de garantizar justicia y reparación del daño, lo cual incrementa la
impunidad y la vulnerabilidad de las personas. De las condiciones que se van perfilando, no sólo el Estado no esclarece los hechos satisfaciendo el derecho a la verdad e implementando medidas de no repetición, sino, con la liberación de los mencionados autores materiales de la masacre, crea las condiciones para la continuación de la estrategia de contrainsurgencia, ahora con otras modalidades. El Estado mexicano, de múltiples maneras, ha querido ocultar su innegable responsabilidad en los hechos de la Masacre de Acteal; sin embargo, la participación del Ejército mexicano ha sido confirmada por materiales desclasificados de la Agencia de Inteligencia de la Defensa de los Estados Unidos (DIA por sus siglas en inglés) que deja en evidencia el involucramiento directo de los militares en actividades de adiestramiento a grupos paramilitares (Humint) en la zona de los Altos de Chiapas, esto en concordancia con lo establecido en el documento de la Secretaría de la Defensa Nacional denominado ?Plan de Campaña Chiapas 94?.1

Esta información desmiente la versión oficial de la masacre proporcionada por el gobierno del entonces presidente Ernesto Zedillo, a través de la Procuraduría General de la República (PGR) en su informe el Libro Blanco de Acteal, donde se afirma que la Procuraduría de la República ha documentado la existencia de grupos civiles armados en el municipio de Chenalhó, no organizados, articulados, entrenados ni financiados por el Ejército mexicano ni por
otras instancias gubernamentales, sino que su gestación y organización responde a una lógica interna determinada por la confrontación, entre las comunidades y dentro de las comunidades, con las bases de apoyo zapatistas.2

Este Centro de Derechos Humanos reitera, una vez más, que para los sobrevivientes y familiares de las víctimas de la Masacre de Acteal no hay justicia. No se ha reparado el daño ni concluido con las investigaciones aunque llevan casi 14 años exigiendo justicia, verdad
y paz con dignidad.

La negación de justicia que el Estado mexicano impone, contraviene a los estándares internacionales de aplicación y eficacia de los recursos judiciales internos. De igual manera, habiendo transcurrido casi 14 años de este crimen de lesa humanidad, al no tener resultados
concretos sobre la investigación y responsabilidad de los perpetradores, se incurre en un injustificado retardo que no respeta los plazos razonables establecidos por la Comisión Interamericana y la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), dejando los hechos ocurridos en total impunidad.

Al respecto la Corte IDH ha indicado que el Estado tiene la obligación de combatir la impunidad, por todos los medios legales disponibles, ya que al no hacerlo propicia la repetición crónica de las violaciones de los derechos humanos y la total indefensión de las víctimas y de sus familiares.

Hoy en día la Masacre de Acteal, se suma a la inmensa fila de casos que van quedando en impunidad en todo el territorio nacional. Las masacres que a diario ocurren en distintos estados de la república mexicana, bajo el manto de la lucha contra el narcotráfico, confirman
la descomposición política y nula legitimidad de un Estado que incrementa la violencia y el clima de terror por todo el país, cuyos costos más graves son las pérdidas de vidas humanas.

Finalmente, saludamos las acciones de permanente construcción de justicia y autonomía que la Organización Sociedad Civil Las Abejas de Acteal ha mantenido a lo largo de su existencia como sujeto activo en este contexto. Saludamos también el esfuerzo de miles de hombres y
mujeres que el próximo domingo 14 de agosto estarán manifestando su rechazo a esta guerra oficial participando en la Movilización Ciudadana Pasos Hacia la Paz con Justicia y Dignidad.

***
1.Disponible en: http://www.frayba.org.mx/articulos.php?hl=es&year=1994
2.Procuraduría General de la República, Libro Blanco de Acteal, 1998.
3.Corte IDH, caso Paniagua Morales y otros, sentencia del 8 de marzo
de 1998, párrafo 173.


Área de Sistematización e Incidencia / Comunicación
Centro de Derechos Humanos Fray Bartolom? de Las Casas A.C.
Calle Brasil #14, Barrio Mexicanos,
San Crist?bal de Las Casas, Chiapas, M?xico
C?digo Postal: 29240
Tel +52 (967) 6787395, 6787396, 6783548
Fax +52 (967) 6783551
medios@frayba.org.mx
www.frayba.org.mx

Desde nuestros derechos construímos alternativas. Jun,17,2011. Barcelona.

Didac Costa. Ha participado en la organización y crecimiento de eco-redes como modelo de economía alternativa en Catalunya (economía regional solidaria, cooperativas de consumo, moneda social, agroecología, soberanía alimentaria, software libre, autonomía personal y de colectivos).

Participa en la Asamblea de la Acampada Barcelona .

https://cooperativa.ecoxarxes.cat/

http://acampadabcn.wordpress.com/

José Aristizabal.  Colabora en el Colectivo Maloka en Barcelona, el cual es un espacio de encuentro y diálogo para personas que están interesadas en la situación política y social de Colombia desde la perspectiva de la población indígena, afrocolombiana, campesina y civil en general. En Maloka se desarrollan diversas acciones encaminadas a fortalecer los procesos de las comunidades en resistencia.

http://www.colectivomaloka.org/

Victor Hugo López. Es el actual director del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas (Frayba) en Chiapas, México. El Frayba es una organización civil sin fines de lucro, independiente de cualquier gobierno o ideología política o credo religioso. Atienden, documentan y litigan violaciones a los Derechos Humanos en el estado de Chiapas, particularmente en el territorio indígena. Promueven el derecho a la Libre Determinación y a la Autonomía de los Pueblos indígenas desde sus derechos a la tierra y territorio, sistemas de justicia propios y ejercicio de gobierno.

http://www.frayba.org.mx/index.php
Todo el dinero recaudado será para apoyar la lucha del CONSEJO AUTÓNOMO REGIONAL DE LA ZONA COSTA DE CHIAPAS (CARZCC)

“El Estado mexicano se ha preparado para hacer una guerra contra su población civil”, Frayba.

¿Cuál es la historia del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas, mejor conocido como El Frayba?

– El Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas nace en 1989 por iniciativa del obispo emérito Don Samuel Ruiz García. Él lo crea desde la estructura de la Diócesis de San Cristóbal. Había y sigue habiendo muchísimas injusticias, y una gran necesidad de asesoría que pedían los pueblos indígenas sobre cuestiones de Derecho. El nombre se debe a que aquí Fray Bartolomé de las Casas es un ícono. Desde la colonia fue el primer defensor de los derechos de los indígenas y esta fue su Diócesis.

Este año el Centro va a cumplir 22 años y en todo su caminar ha cambiado la forma de cómo ha trabajado. En un principio era como un buffet de abogados que ayudaba en cuestiones jurídicas. Pero el concepto ahora es la defensa integral de los DDHH. Es ir acompañando a los pueblos en procesos de defensa de los derechos. Entonces mucho tiene que ver con los modos o las formas que los pueblos tienen para ejercer sus derechos. Todo depende de qué es lo que quiere el pueblo. Nosotros siempre actuamos como centro a petición.

Parte de nuestra misión es caminar al lado del pueblo pobre, excluido y organizado. Apostamos a todos estos procesos colectivos que están trabajando y están tratando de hacer un nuevo modelo. Un nuevo sistema económico, político, etcétera. No quiere decir que no atendamos a todos los demás, pero como Centro nos enfocamos principalmente en los derechos de los pueblos indígenas.

– ¿Cuál es la situación de los indígenas en México y en Chiapas?

– La situación de los pueblos ha sido y es terrible, porque al final es un modelo económico el que está provocando esta violencia. El Estado es un operador de los proyectos económicos y políticos neoliberales que están chocando o con quienes tienen propuestas, o tienen territorios que les interesa a esta economía poderosa. Muchos de esos pueblos no quieren ceder a esos proyectos, y ahí vienen todas estas confrontaciones y violaciones. Son brutalmente golpeados usando al Estado. Al Estado hablando del Estado Federal, y los Estados estatales. Usando grupos de corte paramilitar, grupos de corte parapolicial. El Estado al final es un operador y ni siquiera se va a quedar con la riqueza.

En Chiapas en particular, los avances de estos proyectos han sido muy fuertes y muy violentos. Avanzaron por donde pudieron avanzar, pero ya están llegando a las puertas de las comunidades que tienen que desalojar, que más se están resistiendo. Entonces la escalada se está poniendo peor, porque lo que está haciendo el Estado es provocar conflictos. Es una estrategia muy vieja que se ha usado en muchos lados: provocas un aparente conflicto interno, entonces el Estado resguarda la zona, el lugar, el territorio, para que “no se maten entre ellos”. Se necesita un control del territorio, tanto físico como político. Sólo estos intentos y estas situaciones de control traen un sin número de violaciones de DDHH.

Acá están la mayor parte de los recursos naturales: agua, petróleo, gas, minas, que realmente no han sido explotadas como ellos quisieran. Y sigue habiendo esta resistencia que no les permite explotarlas directamente. Entonces nosotros vemos un escenario de guerra peor para México y esperemos que todos esos grupos y la solidaridad internacional eviten que esto sea peor.

– ¿Cuáles son estos proyectos que necesitan control territorial?
– El proyecto principal que nos afecta en México es el Proyecto Mesoamérica, que antes era el Plan Puebla Panamá. México y Colombia son los dos puntos de este proyecto, y Colombia es un ejemplo de cómo lo quieren hacer aquí. Porque según ellos sí les está funcionando y los países tienen características parecidas: tienen insurgencia, tienen narcotráfico, tienen pueblos indígenas, etcétera. Entonces están  colombianizando México, para tener mayor poder de penetración y control. Para allá va esta dizque guerra contra el narcotráfico que está haciendo el Gobierno Federal. Entonces la violación creemos que va a ir para peor, porque para el 2015 el Proyecto Mesoamérica tiene que dar sus primeros resultados.

En las cascadas de San Sebastián Bachajón quieren poner un centro turístico grandísimo. El problema es que hay gente que sí está a favor porque son del gobierno, pero hay bases de apoyo del EZLN y gente de la Otra Campaña que no quieren dar esos terrenos para poner hoteles. Los quieren para seguir sembrando. Y Mitzitón es la autopista que va desde San Cristóbal a Palenque. O sea, como se va a llegar a Bachajón. Y claro, ellos no quieren ceder ese territorio. Pero los tienen que hacer a un lado ya. Porque ya urge poner los hoteles. Porque las empresas transnacionales pierden dinero si no los ponen. Entonces hay que golpearlos, hay que destruirlos.

Por eso nosotros alejamos un poco el lente. Los conflictos se ven en lugares pequeños, comunidades. Pero si te alejas, lo que vas a ver es que atrás de todo está este gran proyecto económico y político. Y este proyecto es el que está causando esos conflictos internos en las comunidades. Los pueblos dicen “nosotros estamos defendiendo, no una caseta de cobro como en Bachajón, estamos defendiendo nuestro territorio y nuestra tierra. No queremos hoteles”. Y ahí está la confrontación. Claro, ya si te acercas, son pueblos pequeños contra este monstruo, apoyado por todo el dinero y todo el recurso y todas las opciones militares de Estados Unidos.

Y en México es lo mismo. Si vas viendo donde están los conflictos más fuertes, pues ahí hay recursos. Lo que están haciendo es quitar a la población. No podían, pero ahora con la supuesta guerra contra el narcotráfico lo están haciendo. Hacen una masacre y pues la gente se va. Ahí no te queda de otra. Y entonces ya tienes control territorial. Y pronto verán que en esos lugares donde había gente, aparecerán empresas mineras. Entonces ahorita en México se está dando una lucha por el territorio.

– ¿De qué manera trabaja el Estado para golpear a los movimientos?

– Con lo que hemos documentado consideramos que ha cambiado un poquito su estrategia. En el ‘94 su estrategia fue muy como en Colombia: crear grupos civiles armados que se podían identificar. Pero hubo un cambio en México. Durante ochenta años siempre gobernó el PRI, el Partido Revolucionario Institucional, pero en el 2000 vino el PAN (Partido Acción Nacional), un partido de ultraderecha que cambió la estrategia. Entonces, en vez de crear grupos paramilitares y confrontarlos, fue por la compra de conciencias y por la derrama económica brutal, en todos los lugares donde había o hay presencia de personas que estén revelándose.

Son programas que le llaman de apoyo a la población. Programas millonarios. Pero lo que tienen en el fondo es un carácter totalmente contrainsurgente, porque van con una derrama muy fuerte de dinero para romper las resistencias y para dividir las comunidades. Y les ha funcionado. Ha confrontado a la gente de las comunidades, porque la resistencia en la pobreza extrema es muy dura. Y con los programas, lo que hacen es ir con una cara dizque amable y bonita, a llevarles muchísimo dinero, luz, agua, coches. Pero no tienen un carácter realmente de desarrollo, es un programa específicamente contrainsurgente, porque no les asegura un futuro.

Es difícil decir que esos programas son contrainsurgentes cuando dicen que la ONU los está avalando. Pero detrás de esto está la acción contrainsurgente, está documentada, pero es difícil sacarlo a la luz. Todos van a decir “No, cómo crees…¿La ONU?”. Pero la ONU en Chiapas no sido nada neutral y de carácter contrainsurgente.

El hecho de avalar programas y situaciones de un Estado que tiene un control férreo de los medios de comunicación tipo dictadura, que ante cualquier expresión en contra de las políticas estatales hay hostigamiento, represión, criminalización y cárcel. Ya ha pegado a campesinos, como siempre, a ejidatarios, pero a periodistas y ahora hay un director del Centro de Derechos Humanos Digna Ochoa de Tonalá preso. Entonces eso es totalmente una dictadura.

Criminalizan a defensores de Derechos Humanos que llegan a documentar una situación, diciendo que ellos son los principales delincuentes de una acción y los encarcelan. Los acusan de motín, que es algo que se les acusa a grupos subversivos. Eso es criminalización, y ese es el rostro real de México y del Estado de Chiapas. Eso pasa todos los días, eso sucede con todos, todo el tiempo. El Estado mexicano, tanto federal como estatal, ha venido preparándose para hacer una guerra en contra de su población civil, para lo que ha modificado leyes y le ha dado poder al Ejército.

– ¿Qué otros métodos de contrainsurgencia se están usando hoy en día?

– La otra es que estos grupos que fungían como paramilitares, se insertaron en organizaciones más amplias, de corte social y campesino. Entonces, es mucho más difícil poder acusar o señalar a tal organización como una organización paramilitar, porque no todos son. Son algunos, son grupos, que a partir de esa organización salen, hacen sus acciones contrainsurgentes y se vuelven a cobijar. Ha cambiado un poco la estrategia y hace que se nos dificulte tanto a los centros de DDHH como a los pueblos, tener bien identificadas estas situaciones.

En la Organización para la Defensa de los Derechos Indígenas y Campesinos (OPDDIC) no todos son paramilitares. Hay gente que es tranquilamente campesina y se dedica a lo suyo. Pero adentro están los que formaron otros grupos paramilitares. Eso es lo difícil. No podemos decir “la OPPDIC es paramilitar”. Podemos decir “dentro de la OPPDIC hay gente que está haciendo un trabajo paramilitar”, pero la OPPDIC como tal, no. Es una estrategia, porque si tú acusas directamente a una organización grande, se te va a venir encima toda la organización. Y realmente no todos lo son. La estrategia cambia, ya pasa un nivel más de todas las estrategias que hicieron en Centroamérica y Sudamérica. Ahora es un paramilitarismo y una contrainsurgencia muy social.

– ¿Qué papel juega la guerra contra el narco en este contexto?

– Toda esta guerra contra el narcotráfico es una justificación para hacer unas leyes que sin este teatro de la guerra no podrían justificar. Como tener al Ejército en las calles todo el tiempo, poder entrar a cualquier comunidad, a cualquier casa, a cualquier lugar y detener quien sea diciendo que pueden ser delincuentes.

Que sea legal el arraigo. Porque al final el arraigo es una detención preventiva. Y eso no puede ser. O te detienen y te acusan formalmente, o no te detienen mientras te investigan. Y aquí no. Aquí te detienen con esa figura del arraigo, que está creada para la delincuencia organizada. En Chiapas, el 90 por ciento de los que han arraigado no son por el crimen organizado. han sido por movimientos campesinos y han sido periodistas. Están utilizando esas reformas para criminalizar y para golpear a las organizaciones, a los movimientos sociales y a los defensores de los DDHH.

También ha habido una constante estrategia mediática de criminalizar a ciertas organizaciones, siempre tratando de vincularlas con la delincuencia organizada, siempre tratando de aparentar que lo que hacen algo tiene que ver con la delincuencia. Contra el Frayba llevamos por lo menos dos años de una campaña permanentemente en medios de comunicación. Aparte de un veto bastante fuerte que ahora se abrió un poquito, pero teníamos un veto total. No había ningún medio de comunicación nacional o local que sacara nuestra palabra.

– ¿Cómo está la situación de los observadores de Derechos Humanos?


En México ser periodista o defensor de Derechos Humanos son los trabajos más peligrosos. Ya estamos como el segundo o tercer lugar a nivel mundial donde más matan a periodistas, y donde más matan a defensores de DDHH. Es el Estado el que lo está haciendo, pero se cubre con esta dizque delincuencia. Al final, la delincuencia organizada y el Estado son lo mismo en México. Entonces eso es lo peligroso que nosotros vemos.

Esa situación no ha llegado tanto al sur. Está más en el centro y norte de México, que es esa guerra en las calles. Pero es una guerra del Estado mexicano contra su propia población. Nosotros creemos que ese escenario lo van a traer al sur, como una forma de deshacerse de todas las organizaciones que tienen proyectos alternativos. Ya llegó a Oaxaca, ya llegó a Guerrero, que junto a Chiapas son los estados tradicionales de movimientos sociales muy fuertes.

A nosotros nos preocupa eso. Traerán esta supuesta guerra contra el narcotráfico y entonces darán parejo. Nos podrán detener o matar y dirán “es que estaban relacionados con el crimen organizado”. Nos inventarán como siempre mil delitos y hasta ahí quedará. Y se van a deshacer de nosotros como centros de DDHH, como organizaciones campesinas o como el EZLN.

– ¿Cómo cambió el panorama el levantamiento zapatista del ‘94?

– El ‘94 puso un escenario diferente, un escenario de guerra que no se había vivido tanto en el Estado. Porque conflictos siempre ha habido. Chiapas es muy complicado, porque hay muchísimas organizaciones. A veces una comunidad es de una organización y dentro de dos años es de otra, y después de otra. O se dividen y después se juntan. Siempre hay un constante flujo de entrada y salida de gente. La situación depende del momento, del tiempo y de la coyuntura que esté sucediendo.

Lo que sí hay, es un Estado que se ha comportado siempre igual. En contra de quien sea. Y que utiliza todo lo que sabemos que han utilizado en Sudamérica y en Centroamérica para control social y político. Las mismas estrategias que hemos visto una y otra vez en todos lados, las usan y las siguen usando. Entonces digamos que la situación de los DDHH siempre es complicada.

El primero de enero de 1994 entraba en vigor el Tratado de Libre Comercio entre Canadá, Estados Unidos y México. Ese día aparecieron los zapatistas y trajeron la construcción de un modelo que choca de frente contra el modelo capitalista. Entonces ya imaginarán lo que puede venir. O sea, no pueden coexistir. Uno de los dos es el que tiene que no existir. Y los dos supongo que harán lo que sea para que su modelo sea el que quede.

Al final, el del ‘94 es uno de los movimientos que más ha resistido. Es la organización que más ha durado luchando en México. Y para México eso es bastante nuevo. Normalmente a las organizaciones de ese corte las han reprimido fuertísimo. Las han deshecho. Las dejan otra vez en núcleos muy chiquitos. Hay otras organizaciones en México, pero el EZLN es la única que tiene una base civil y un ejército que ha estado bastante intacto a pesar de embestidas muy fuertes en sus 17 años de luz pública. Y siguen construyendo, entonces eso es lo nuevo.

– Una ofensiva emblemática fue la de Acteal en el ‘97

– Es parte del mismo proceso. Acteal era un campamento de desplazados de varias comunidades, incluyendo comunidades donde había grupos paramilitares. Y se ubicaron cerca de donde sí hay comunidades de Bases de Apoyo. El EZLN venía creciendo muy rápido hacia esas partes, hacia los Altos y hacia el norte del Estado.

Entonces la masacre de Acteal fue un ejemplo. Una masacre para que la gente no siga metiéndose en las organizaciones. Fue un grupo de paramilitares entrenados por el Estado mexicano, armados, que llegaron a masacrar a las personas que estaban en ese lugar. En un campamento de refugiados. No fueron a la comunidades Bases de Apoyo, fueron a un campamento de refugiados. Claro, los de Acteal dijeron “nosotros no somos zapatistas, nosotros no somos del EZ, porque nos van a hacer daño”.

Don Samuel estuvo cerca desde el primer momento. Es el proceso más antiguo que tiene el Frayba. Ha estado con ellos durante los trece años desde que sucedió la masacre. Se detuvieron a muchas personas. Muchos de ellos fueron señalados por las propias víctimas y por los sobrevivientes como los autores materiales. Ellos los reconocen. Sin embargo, la Suprema Corte de Justicia de La Nación de México dijo que hubo un mal procedimiento. Ellos no opinan sobre si son inocentes o culpables. Y con este supuesto alegato quedan libres.

Pero para nosotros ahí están retorciendo las leyes y haciéndolo para beneficiar a estas personas que son señaladas. La Suprema confirma esta estrategia contrainsurgente. Al autor material pues al final lo liberan y entonces este proceso queda en impunidad. La preocupación de los sobrevivientes es que los asesinos están regresando y prometieron venganza. Les dijeron que cuando salieran se iban a vengar de porque los habían metido en la cárcel. De los autores intelectuales ni se diga. Nadie, jamás, no los han ni siquiera requerido. En México lo que más hay es la impunidad. Aquí no hay justicia. Ni siquiera el Estado mexicano reconoce que hay grupos paramilitares.

Nosotros monitoreamos todos esos temas y los documentamos. Y como parte de nuestro monitoreo, hay uno que se llama Conflicto armado interno no resuelto. Porque para nosotros, este conflicto que empezó en el ‘94, todavía no ha terminado. No se puede hablar de reconciliación o de paz, porque el Estado sigue en guerra. A lo mejor no hay una guerra de balas, pero está en una situación de guerra. De posiciones, de toma de territorio, de desgaste, de cárcel, de matar gente. Ahora se matan más de forma selectiva. El Ejército sigue en las mismas posiciones e inclusive han puesto más militares por esta dizque lucha contra el narcotráfico.

Eso es lo que nosotros hemos podido documentar. Tenemos el Plan de Campaña ‘94, que es un documento de la Secretaría de la Defensa Nacional que hizo para confrontar al EZLN y ahí vienen muchas de estas cuestiones que las pueden ver, que siguen y continúan. Entonces a nosotros nos preocupa este escenario, que se ha podido equilibrar con toda la solidaridad internacional, con los observadores internacionales, con los Centros de Derechos Humanos, que lo han hecho visible. Se ha podido hacer que no pasen cosas tan graves. Pero si encima le pones esta dizque lucha contra el narcotráfico, va a ser muy complicado. Para todos.

– ¿Tienen conocimiento sobre la situación de derechos humanos a lo largo del continente?

– Nosotros colaboramos con algunos medios en Sudamérica, Centroamérica y las denuncias son muy parecidas. Al final son contra la minería, contra el despojo de tierras. Es la misma dinámica a nivel americano. No hay que perder de vista que los conflictos y las violaciones a los DDHH no surgen solitas en la comunidades. Es por este Proyecto Mesoamérica, que es operado por el Gobierno Federal y el Gobierno Estatal para beneficio de las transnacionales.

Al final el proyecto de Estados Unidos, el famoso ALCA (Área de Libre Comercio de las Américas) no lo han podido implementar. Cada vez más países se oponen y Estados Unidos lo ve cada vez más complicado. Entonces creo se van a poner más pesados, como sólo ellos saben, y ahí es donde nosotros tenemos la preocupación. Si no les ha llegado, les va a llegar. Si viven en algún lugar donde puede haber una mina, los tratarán de despojar tarde o temprano. Y curiosamente, donde están los recursos que necesitan los EEUU, están los pueblos indígenas. En toda Latinoamérica. Es la misma historia que vamos a escuchar una y otra vez.

Es una constante. Desde que llegaron los españoles en el 1500 no ha parado. Ha habido mejoras, claro. En Chiapas ya no hay tiendas de raya. En las fincas te daban vales para que en las mismas tiendas del patrón pudieras cambiar tus productos. Existieron hasta 1993. Con el ‘94 eso cambió. Ahora los pueblos pueden andar por las banquetas. En San Cristóbal tenían que andar por la calle. Cambiaron cosas y siguen cambiando, pero todavía está bastante fuerte la situación.

Pero también vemos que existe la otra parte de esperanza. Lo positivo es que en toda Latinoamérica, incluyendo México y Chiapas, está la resistencia, que están los pueblos organizándose, a pesar de estas envestidas tan fuertes y brutales. Para nosotros como Centro, ahí está nuestra apuesta. A ese modo. Si decidimos acompañar a un proceso y a un pueblo, pues no podemos ser tan neutrales. Pero es nuestra misión y una visión. Ya falleció nuestro presidente fundador, Don Samuel, pero esa fue la misión que dejó. Acompañar a los pueblos.

– ¿Cómo sintieron la presencia de los poderes políticos en el velorio de Don Samuel?

– Creemos que el enviado del Vaticano y Calderón querían montarse en todo esto, porque realmente nunca estuvieron cerca. Y Don Samuel, hasta en sus últimos días, estuvo firme en lo que creía. Estar al lado del pueblo pobre y organizado. Y todo esto de que viniera el Gobernador, el Presidente, el Vaticano, fue un show mediático que inventó el Estado para apropiarse de su fallecimiento. Porque es un evento internacional, y en vez de permitir que se expresaran realmente los pueblos, pues lo acapararon ellos para que no pudiera salir todo esto de lo pueblos.

Pero su trabajo está vivo. El trabajo de Don Samuel en Chiapas ha sido muy grande, ha dejado un sin número de organizaciones, un sin número de procesos que siguen trabajando y que van a seguir adelante. Es una semilla de esperanzas, todo ese trabajo que está y que el Estado no ha podido ni podrá frenar.

http://desinformemonos.org


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