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Ostula, México. Secuestran a J. Trinidad de la Cruz Crisóforo, dirigente comunal.

A la sociedad civil nacional e internacional

A las organizaciones civiles de derechos humanos

A la Otra Campaña nacional e internacional

Al Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad

Por medio del presente, los individuos y organizaciones solidarias con la digna lucha del pueblo nahua de Santa María Ostula, Michoacán, hacemos público que el día de hoy 6 de diciembre de 2011, a las 16 horas  fue secuestrado el compañero J. Trinidad de la Cruz Crisóforo dirigente comunal, quien acompañaba la Caravana de Observación en  Ostula que realizaban miembros del Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad. La caravana fue interceptada por un grupo paramilitar en la carretera 200 entre la cabecera deSanta María Ostula y el pueblo de Xayakalan. Los compañeros fueron bajados de los vehículos en que viajaban y amagados con armas largas. Dentro de los integrantes del grupo armado paramilitar que perpetró esta agresión se encontraban los paramilitares Prisciliano Corona, Margarita Pérez alias La Usurpadora e Iturbide Alejo alias El Turbinas; estas personas son los responsables materiales del secuestro de J. Trinidad de la Cruz.

 

El compañero J. Trinidad de la Cruz Crisóforo  es comunero y  fue el primer responsable de la encargatura de Xayakalan tras su fundación y la recuperación de las tierras realizada por la comunidad en junio de 2009. Hace tres semanas, el 14 de noviembre J. Trinidad de la Cruz  fue golpeado con armas largas en las inmediaciones de Xayakalan, por los paramilitares antes mencionados. A raíz de esto salió de su comunidad para salvaguardar su integridad así como reponerse de las heridas físicas y psicológicas resultado de esta agresión. El día de hoy pretendía regresar a su comunidad con la cobertura que suponía dicha caravana.

 

Este secuestro se suma al reciente asesinato el 6 de octubre de 2011 del compañero Pedro Leyva Domínguez y de otros 26 miembros de la comunidad cuyos asesinatos no han sido esclarecidos, además de 4 desparecidos, entre ellos un menor de edad.
Exigimos a las autoridades federales, estatales y locales:

La presentación con vida de J. Trinidad de la Cruz Crisóforo, así como la desarticulación de los grupos paramilitares cuyos líderes operativos son Prisciliano Corona, Margarita Pérez alias La Usurpadora e Iturbide Alejo alias El Turbinas; también exigimos la implementación de las medidas cautelares dictadas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, para la protección de los representantes y habitantes de la comunidad indígena de Santa María Ostula.

Llamamos a los individuos solidarios con la digna lucha del pueblo de Santa María Ostula, a la sociedad civil nacional e internacional,  a las organizaciones civiles de derechos humanos,  a la Otra Campaña Nacional e Internacional y al Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad, que por los medios a su alcance exijamos al Gobierno Mexicano en sus tres niveles presentar con vida al compañero J. Trinidad de la Cruz Crisóforo.

 

¡Castigo a los culpables del asesinato de Pedro Leyva Domínguez!

¡Alto al secuestro y asesinato de comuneros de Ostula¡

¡Alto a la guerra contra Santa María Ostula!

¡Ni un muerto más!

¡Ni un desaparecido más!

 ATENTAMENTE

Campaña alto a la guerra contra Ostula

Organizaciones e individuos solidarios con Santa María Ostula

México: CONGRESO NACIONAL INDÍGENA: Comunicado urgente.

CONGRESO NACIONAL
INDIGENA

(Comunicado urgente, 4 /XI / 2011)

Al Pueblo de México.

A los Pueblos, naciones, tribus, barrios, comunidades, colectivos y
organizaciones indígenas honestas.

A los medios de comunicación.

A la sociedad civil nacional e internacional.

A La Otra Campaña.

A la Comisión Sezta Nacional e Internacional.

Las autoridades, delegados, comisarios, consejeros, principales, delegados y representantes de pueblos, naciones, tribus, comunidades, barrios, organizaciones y colectivos indígenas honestos participantes en el Congreso Nacional Indígena, Adherentes a la VI Declaración de la Selva Lacandona,  manifestamos nuestra solidaridad con las hermanas y hermanos de los pueblos  Ikoot, Binnizá y Afrodescendientes,  integrantes de la Asamblea de los Pueblos Indígenas del Istmo de Tehuantepec en Defensa de la Tierra y el Territorio (APIITDTT), que hoy son víctimas de las peores formas de criminalización de su lucha por parte de los malos gobiernos de Felipe Calderón y Gabino Cue, quienes con su mutismo, complacencia, racismo  condescendencia y malinchismo se muestran cómplices de las empresas transnacionales españolas en la violación directa  de derechos de pueblos y comunidades indígenas del Istmo de Tehuantepec, en el marco de la imposición del denominado megaproyecto Corredor Eólico del Istmo.

En Oaxaca, la criminalización y represión de los movimientos sociales ha venido siendo una constante en los gobiernos de José Murat, Ulises Ruíz y Gabino Cué, permitiendo, propiciando  y solapando la existencia y acción de grupos paramilitares prácticamente en todas las regiones del estado, así lo demuestran los casos de San Juan Copala, San Isidro Aloapan, Yosotatu, Tanetze, Xochiapan, Tuxtepec, Unión Hidalgo, Juchitán y la propia Lu’lá’, ciudad de Oaxaca; en estas localidades la acción de grupos armados y pistoleros al servicio de las empresas transnacionales y cacicazgos coludidos con el gobierno del estado en turno han cobrado vidas de un sinnúmero de activistas y luchadores sociales, en su mayoría indígenas. Con toda esta cauda de impunidad a cuestas, resulta aberrante e inexplicable que la ONU haya  entregado recientemente  reconocimientos por la observancia de Derechos Humanos al gobierno del estado de Oaxaca.

Manifestamos
nuestro  repudio a la violenta represión promovida y ejercida  en  contra de la Asamblea de los Pueblos Indígenas del Istmo de Tehuantepec en Defensa de la Tierra y el Territorio (APIITDTT), por parte de la empresa Desarrollos Eólicos Mexicanos (DEMEX, filial de la española Renovalia Energy), quienes  los pasados 18 y 28  de octubre, acompañados de policías federales y ministeriales agredieron físicamente a compañeras y compañeros de la APIITDTT en los terrenos comunales de Unión Hidalgo y Juchitán, resultando lesionados de dichas acciones represivas, así como el asesinato del C. Reynaldo Ordaz Velázquez, empleado de la empresa DEMEX, originario de la comunidad de La Venta, Agencia Municipal de Juchitán, Oaxaca. Pedimos la investigación de estos hechos descartando la responsabilidad de Rodrigo Flores Peñaloza, en tanto no se encontraba en el lugar de los hechos y puesto que los únicos armados fueron los paramilitares y esquiroles pagados por DEMEX y los policías municipales de La Venta, Oaxaca.

Exigimos
la cancelación inmediata del megaproyecto Corredor Eólico del Istmo, particularmente en los casos de los parajes de Unión Hidalgo (Piedra Larga, Las Palmas, El Llano y Zapotal), así como en el caso del Parque Eólico San Dionisio, que se pretende imponer por la española PRENEAL en la Isla de Pueblo Viejo, ya que en estos dos últimos casos se ha incurrido y se incurre en   la permanente violación de nuestros derechos como pueblos y comunidades indígenas, reconocidos en los Acuerdos de San Andrés, que para nosotros es la máxima Ley de nuestros derechos en México, así como  en el Convenio 169 de la OIT, en la Declaración Universal de los Derechos de los Pueblos Indígenas de la ONU y en la propia Ley de Derechos Indígenas del Estado de Oaxaca.   Las supuestas bondades de la generación de energía limpia, también resultan una falacia pues se han afectado extensiones de montaña baja y manglar en las distintas áreas de la planicie, redundando en pérdidas de acuíferos, soberanía alimentaria y especies en peligro de extinción tanto de aves como de otras especies.

De la misma manera, responsabilizamos directamente a los malosgobiernos, tanto de la federación como del estado de Oaxaca, así como a losgolpeadores y paramilitares contratados por la empresa DEMEX, ante el mutismo y la condescendencia de las autoridades municipales, estatales y federales, por las agresiones y afectaciones físicas y morales que hasta ahora se han dado desde el mes de junio y los pasados 18 y 28 de octubre, así como de las nuevas agresiones  que puedan ser víctimas cualesquier integrante de la Asamblea de Pueblos Indígenas del Istmo de Tehuantepec en Defensa de la Tierra y el Territorio (APIITDTT), en particular exigimos el cese el hostigamiento jurídico, se cancelen las averiguaciones previas y posibles y vigentes  órdenes de aprehensión en contra de las compañeras Maribel González Pedro, Guadalupe Castellanos Ramírez, Lucila Bettina Cruz Velázquez, así como de los compañeros Rodrigo Flores Peñaloza y Juan Regalado Martínez.

Los pueblos y comunidades indígenas en lucha y resistencia por la defensa de nuestras tierras y territorios ¡NO SOMOS DELINCUENTES NI NARCOTRAFICANTES¡, por lo que exigimos se suspendan los patrullajes del ejército y la marina de las comunidades de Xadani, Juchitán, Unión Hidalgo y San Dionisio del Mar, así como de la mayoría de las comunidades y ciudades del istmo de Tehuantepec; al igual que en los casos de Michoacán, Guerrero y Oaxaca, demandamos que regresen los militares y marinos a sus cuarteles; no toleraremos más la presencia de la Marina en nuestros territorios y  nuestras casas amedrentando e intimidando a nuestras familias, esposos, esposas, madres, padres e hijos y responsabilizamos directamente a Felipe Calderón de estas acciones anticonstitucionales y de las consecuencias que de ellas se puedan derivar.

Anticipamos que la actual campaña represiva de los malos gobiernos de Felipe Calderón y Gabino Cue, para lo cual recurren al uso de fuerzas militares, marina, paramilitares, policía municipal y esquiroles de la CTM, en contra de nuestros pueblos y comunidades, para despojarnos de nuestras tierras y territorios,  no nos amedrentan ni intimidan en nuestra decisión de reunirnos los pueblos indígenas de México afectados por las empresas transnacionales, para dialogar  y reflexionar sobre posibles soluciones a esta problemática  en nuestro próximo Taller Nacional a realizarse en territorio del pueblo Ikoot, Istmo de Tehuantepec, los próximos 26 y 27 de noviembre; hacemos extensiva la invitación a los adherentes de La Otra Campaña y a las organizaciones civiles defensoras de Derechos Humanos, para observar y  garantizar un buen resultado de este próximo encuentro.

Exhortamos a la sociedad civil oaxaqueña, a los pueblos, naciones, tribus, comunidades, barrios, organizaciones, colectivos y personas honestas indígenas, que representan a la población mayoritaria del estado de Oaxaca, así como a la Sección XXII del SNTE, a promover el diálogo y la organización  desde abajo a fin de evitar el despojo que los malos gobiernos y las empresas transnacionales quieren realizar de las tierras, territorios y recursos de nuestros pueblos.

¡LA TIERRA, LA
MONTAÑA, LOS BOSQUES, LAS PLAYAS,  EL
AGUA Y EL AIRE NO SE VENDEN, SE AMAN Y SE DEFIENDEN¡

¡¡NUNCA MAS UN
MEXICO SIN NOSOTROS¡¡

Por el Congreso Nacional Indígena:

Pueblo Wixárika: Autoridades agrarias y comunitarias de Bancos de San Hipólito, Santa
Catarina Tuapurie y San Andrés Cohamiata, San Sebastián Teponahuastlán
(Jalisco, Zacatecas y Durango); Consejo Regional Wixárika en defensa de
Wirikuta.

 

Tribu Yaqui: Autoridades y gobernadores tradicionales de los ocho pueblos de la
Tribu Yaqui, Sonora, en Resistencia contra el Acueducto ‘Independencia’.

Pueblo Purhépecha: Comunidad Indígena Purhepecha de Cherán;

 Autoridades comunitarias de
Nurío, Michoacán.

 

Pueblo Ikoot: Autoridades Municipales y agrarias de San Mateo del Mar;

Asamblea de Comuneros de Xacambaj, Pueblo Viejo, San Dionisio del Mar,
Oaxaca.

 

Pueblo Nahua: Concejo de Autoridades comunales Autónomas de Ostula, Coire y
Pomaro, de la costa de Michoacán.

Comunidad Indígena de Tuxpan, Jalisco.

Comisariado del Ejido Indígena de Ayotitlán, Mpio. De Cuautitlán, Jalisco.

Consejo de Mayores, Autoridades tradicionales de Ayotitlán, Sierra de
Manantlán, Jalisco.

Comuneros de Milpa Alta, D.F.
en resistencia contra el Arco Sur.

Colectivo Ce-Acatl, D.F.

Pueblo Ñhomdäh: Comunidad de Xochistlahuaca y Radio Comunitaria ‘La palabra del
agua’, Guerrero.

Pueblo Ñhañhu: Comuneros y colectivo cultural y Radio Comunitaria  de San Pedro Atlapulco, Estado de México.

Pueblo Me’pha: Consejo Regional de Autoridades Comunitarias/Policía Comunitaria de
Tlapa, Paraje Montero  y San Luis
Acatlán, Guerrero.

Pueblo Coca: Comunidad Indígena de Mezcala Jalisco.

 Pueblo Ñhu Sabi y Binnizá:
 ConsejoIndígena Popular de Oaxaca- Ricardo Flores Magón (CIPO-RFM), Oaxaca, Colectivo

el Cortamortaja y Radio Arco Iris, Jalapa del Marqués, Oaxaca.

Pueblo Tsotsil y Tseltal:

Plantón defamiliares de presos políticos en Huelga de Hambre por su Libertad, Plaza de laPaz, Catedral de San Cristóbal de las Casas, Chiapas.

Acompañantes:

Asociación Jalisciense de Apoyo
a Grupos Indígenas (AJAGI, A.C.)

Unidad de Apoyo a Comunidades Indígenas (UACI), Universidad de
Guadalajara.

Asesoría Agraria, A.C.

Luis Hernández Navarro: Pedro Leiva y el Manifiesto de Ostula.

A fines de septiembre de este año, en la tercera edición de las Jornadas Andino-Mesoamericanas, el comunero nahua Pedro Leiva Martínez tomó la palabra. Con firmeza explicó: Para nosotros la guerra todavía no ha terminado. Todavía seguimos combatiendo a aquellos que nos han pisoteado. Nosotros el fusil no lo hemos soltado, el fusil todavía lo traemos en la mano. Todavía seguimos luchando, seguimos defendiéndonos.

El 6 de octubre, pocos días después de explicar en la ciudad de México la historia de su lucha, Pedro Leiva fue asesinado en las inmediaciones del territorio recuperado de Xayakalan. Las autoridades y la prensa local quisieron presentar el homicidio como resultado de un pleito familiar en una noche de tragos. Pero la versión está llena de contradicciones e inconsistencias.

La muerte forma parte de una sangrienta represión por parte de pequeños propietarios y sus pistoleros contra los comuneros de Ostula, que no perdonan a los indígenas el haber recuperado mil 300 hectáreas que los agricultores y ganaderos mestizos comenzaron a invadir hace 40 años. Desde el 26 de julio de 2008 han sido asesinados 27 comuneros, tres de ellos maestros rurales, y secuestrados-desaparecidos cinco más. Varias de las víctimas eran autoridades comunales, responsables de la encargatura o integrantes de la policía comunitaria.

Leiva Domínguez fue asesinado a pocos días de que la comunidad concluyera una consulta interna a fin de analizar y tomar decisiones en torno a la negociación que el gobierno de Michoacán y la Secretaría de la Reforma Agraria (SRA) sostienen con las partes para intentar dar certeza jurídica a la comunidad sobre la posesión y propiedad del territorio. Sin embargo, la consulta no ha finalizado debido a la ola de violencia que padecen los representantes comunitarios. Pedro fue parte de la comisión negociadora de los indígenas nahuas.

Las tierras comunales, amparadas por títulos primordiales, fueron recuperadas después de una larga y tenaz labor organizativa, acompañada de la recuperación de la autoestima y la dignidad indígena. Además del robo de su territorio, la gente de razón humillaba cotidianamente a los comuneros. Pedro explicó cómo nos hierve la sangre al mirar tanto despojo, y cómo es necesario decirle ¡basta! al temblor que trae uno en su corazón.

Debido a que los partidos políticos en lugar de servir a los comuneros de Ostula los dividían, éstos, en asamblea general, decidieron no votar. Los políticos se acercaban a ellos en tiempo de elecciones. Les daban frijol o láminas y les pedían su voto y luego olvidaban sus promesas. En el camino los comuneros formaron, sin pedir permiso al gobierno, su propia policía comunitaria y su guardia comunal, encargadas de la autodefensa y de la aplicación de su propia justicia.

Pedro nació en la comunidad La Palma Sola y era vecino de la ranchería Xayacalan, en el municipo de Aquila, Michoacán. Al morir tenía 34 años y estaba casado con Luz Aurora Ramírez Martínez. Era hijo del comisario de bienes comunales y tenía cuatro hermanos.

La comunidad recuperó sus tierras el 29 de junio de 2009. Ese día –contó Pedro– “llega mi padre y me dice: ‘hijo, prepárate, la comunidad te necesita. Es necesario que vayamos por nuestras tierras. Yo no sé quienes vayan a regresar. Tengo cinco hijos, pero no sé cuántos vayan a regresar. Vayan a casa, díganle a su madre que les prepare unos lonches. Cómprense un encendedor, una linterna y llévense un nailon. Llévense sus resorteras y un cuchillo o navaja’. Nos íbamos yendo a la batalla. Éramos nuevos.”

Ese 29 de junio centenares de comuneros fueron a rescatar lo que era suyo. Desde sus casas, los pequeños propietarios les espetaban con burla: Oh, indios, ¿para dónde van? No es tiempo de cangrejos. Los indígenas les respondieron que no iban por cangrejos, sino por sus tierras. Previamente, dentro del paraje habían metido ya unas mil personas. Sin embargo, la gente de razón había contratado a un grupo de paramilitares para hacerles frente. Recibieron a los comuneros con disparos de armas de alto calibre. Igual, los indígenas no se rajaron, se encomendaron a Dios y se siguieron de frente. Las tierras fueron recuperadas.

Desde ese día, grupos armados asuelan la comunidad y asesinan a sus dirigentes, sin que el gobierno intervenga, se investiguen los crímenes ni se castigue a los culpables.

Pedro era delegado de la comunidad ante el Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad. “Tenemos que luchar –decía–, venga lo que se venga, pase lo que pase, contra quien sea. Una lucha no es fácil; es desgastante, tanto económica como física y emocionalmente. Nos quieren meter miedo con sus armas, con sus aparatos de poder. Pero ya no hay que tenerles miedo, tenemos que luchar sin miedo, por nuestra tierra, por nuestra libertad, por nuestra dignidad.”

Oscurecida por la guerra contra el narcotráfico del presidente Felipe Calderón se libra otra guerra: la de exterminio contra los pueblos indígenas en México. No es exageración. Día a día se asesina a dirigentes indígenas; ganaderos y empresas mineras y forestales invaden sus tierras y territorios, y se militarizan sus comunidades. El asesinato de Pedro es el último episodio de esta afrenta.

El 13 y 14 de junio de 2009 fue promulgado un documento de enorme trascendencia histórica: el Manifiesto de Ostula. Fue aprobado por pueblos y comunidades indígenas de nueve estados de la República que asistieron como delegados a la 25 asamblea de la región Pacífico-sur del Congreso Nacional Indígena. La proclama advierte que los pueblos originarios padecen una guerra de exterminio neoliberal que pone en riesgo su seguridad, existencia y sobrevivencia. Frente a ella, reivindica que los indígenas tienen el inalienable derecho, derivado del artículo 39 constitucional, a organizarse y realizar la defensa de su vida, de su seguridad, de sus libertades y derechos fundamentales y de su cultura y sus territorios. La muerte de Pedro Leiva Martínez es un dramático recordatorio de la pertinencia del Manifiesto de Ostula.

http://www.jornada.unam.mx/2011/10/18/opinion/025a2pol

Chiapas, México: A punto de estallar otros Acteal.

La estrategia que comprende el despojo de territorio y agresiones paramilitares contra comunidades zapatistas avanza en Chiapas y presenta una nueva escalada de violencia.

En este momento dos comunidades zapatistas, una en la Selva Lacandona y otra en la zona montañosa del norte de Chiapas, están, cada una, a merced de centenar y medio de paramilitares armados que invadieron sus territorios.

El primero es el caso del poblado Nueva Purísima, del municipio autónomo Francisco Gómez, en la Selva Lacandona: el  lunes pasado alrededor de 150 personas armadas, algunas transportadas en camionetas de la presidencia municipal de Ocosingo, invadieron 178 hectáreas cultivadas por zapatistas.

El otro caso es el de la comunidad de San Patricio, del municipio autónomo La Dignidad, en la zona montañosa del norte de Chiapas, que denuncia que más de 150 paramilitares armados invadieron en días pasados sus terrenos y la tienen cercada.

En San Patricio las bases zapatistas reconocieron entre los invasores a policías municipales y dirigentes del grupo paramilitar Paz y Justicia. Los hombres portan armas de grueso calibre y postrados en los caminos y en la montaña prohíben que alguien salga de la comunidad.

Esta situación lleva 11 días en San Patricio y se vuelve más alarmante, pues los paramilitares disparan sus armas para impedir que   la gente se abastezca de sus cultivos o recoja leña.

Además los paramilitares ya se apropiaron de sus cosechas y algunos animales, destruyeron los corrales de cría de animales, quemaron 18 hectáreas de pastizales y derribaron 200 árboles de madera fina.

En contraste, las bases zapatistas están desarmadas, sufriendo escases de alimento y de leña.

En Nueva Purísima y San Patricio el estallido de violencia está latente.

¿Porqué tanta agresión contra poblaciones desarmadas que viven de proyectos colectivos autosustentables agrícolas y de cría de animales?

Estos no son casos ni nuevos ni aislados. Las bases zapatistas resisten, desde su irrupción en 1994, una estrategia contrainsurgente del Estado que entre otras modalidades comprende la de provocar conflictos con comunidades no zapatistas o crear grupos paramilitares.

De esta manera, sin involucrar directamente a las fuerzas armadas, pueblos indígenas en pobreza extrema, con altos grados de alcoholismo y en pugna interna por apoyos partidistas y asistenciales, atacan a pueblos zapatistas.

El despacho jurídico Rafferty Kobert Tenenholtz Bounds & Hess, P.A. de Miami quiere exhibir la creación de esa estrategia contrainsurgente, pues esta semana presentó, en un tribunal de Connecticut, una demanda judicial contra el expresidente Ernesto Zedillo por la matanza de Acteal.

Como se sabe, la masacre la perpetró un grupo paramilitar contra una población indígena indefensa, dejando un saldo de 45 víctimas, entre éstas 21 mujeres y 15 infantes, en 1997.

Zedillo vive en Connecticut y da clases en la Universidad de Yale. Hasta allá lo alcanzó la impunidad cometida en la masacre de Acteal, pues una ley federal del país vecino permite a extranjeros el derecho a demandar a residentes en suelo estadounidense por delitos de lesa humanidad.

El despacho jurídico que representa a un puñado de sobrevivientes de Acteal buscará probar la implementación del “Plan de Campaña Chiapas 94”, según el cual el expresidente dotó de armas a grupos  indígenas locales para que hostigaran y atacaran a poblaciones neutrales y zapatistas.

Bajo el gobierno de Zedillo salió a la luz Paz y Justicia, el grupo paramilitar que tiene cercado a San Patricio.

En 1997 a Paz y Justicia se le acusó de cercar comunidades simpatizantes zapatistas del municipio de Tila. El grupo les impidió el tránsito carretero, el paso de comida y medicinas, y se le responsabilizó de cometer violaciones sexuales y 46 asesinatos.

El EZLN también ha denunciado otras modalidades de esa estrategia contrainsurgente: despojo violento o burocrático de los terrenos apropiados por el EZLN durante la insurrección de 1994, proliferación de programas asistenciales a comunidades rivales, creación de nuevos asentamientos castrenses, entre otros.

Sin embargo en los últimos meses se han incrementado las  agresiones y despojos de otros grupos paramilitares como la Organización Regional de Cafeticultores de Ocosingo (ORCAO), o de militantes del PRI, PAN y PRD en comunidades de la Selva Lacandona, Los Altos de Chiapas y la selva fronteriza.

El caso de San Patricio evidencia la provocación abierta para que el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) tome de nuevo las armas.

EL EZLN depuso las armas cuando tras el rechazo legislativo de los Acuerdos de San Andrés Larráinzar en 2001, decidió convertirse en un movimiento civil pacífico. Las depuso, pero no las entregó. Y el subcomandante Marcos ha dicho que sólo las utilizarán para defenderse.

Si el EZLN respondiera a la violencia paramilitar, el Estado justificaría el uso de la fuerza castrense para tomar el territorio zapatista y así sofocar la experiencia autónoma.

Se pensó que la experiencia zapatista sucumbiría con el tiempo. Lo cierto es que si bien bajó en visibilidad, consolida su  autonomía y sirve de inspiración a etnias que impulsan procesos similares.

La lección autonómica zapatista es simple: rechaza cualquier apoyo partidista o programa gubernamental; no participa en elecciones; promueve la organización colectiva, horizontal e incluyente; creó programas de salud, educación, gobierno e impartición de justicia con identidad propia; estableció proyectos productivos autosustentables y protege su tierra y recursos naturales.

Si bien es simple, esa lección también es poderosa, pues mueve conciencias colectivas en un momento en el que la crisis capitalista provoca que gobiernos e iniciativa privada codicien las extensiones de tierra y los recursos naturales de territorios indígenas.

De esta manera, comienza a proliferar la resistencia activa de  comunidades indígenas en salvaguarda de su riqueza natural.

Lo vemos actualmente en el pueblo yaqui de Vicam, Sonora, que ha cerrado carreteras en protesta por la construcción de un acueducto que los despojará de miles de hectáreas de riego.

También lo vemos en la población purépecha de Cherán, Michoacán, que se atrincheró en defensa de sus bosques ante la devastación impune cometida por talamontes.

De idéntica manera se actúa en Ostula, Michoacán, donde la población nahua creó un movimiento de autodefensa para recuperar más de 700 hectáreas de propiedad comunal arrebatadas por los caciques del lugar.

Y estamos a punto de verlo en comunidades indígenas de la montaña de Guerrero, sede de la afamada policía comunitaria, que se oponen a la llegada de compañías mineras canadienses a sus bosques.

La autonomía zapatista inspira por igual la lucha de etnias o poblaciones rurales de Oaxaca, Veracruz, Jalisco, Baja California, Campeche, entre otros estados.

Todo indica que la lección zapatista se extenderá en el país conforme se agudice más la crisis capitalista.

Así es como desde lugares apartados y empobrecidos se fortalecen retículas de lucha y sobrevivencia. Se trata de nuestros propios indignados.

Sin embargo, la autonomía zapatista está más vulnerable que nunca. En los últimos tres meses grupos paramilitares agredieron a comunidades zapatistas de cada uno de los cinco Caracoles en las que éstas se aglutinaron por regiones: Oventic, La Garrucha, Morelia, La Realidad  y  Roberto Barrios.

Ahora San Patricio, en el Caracol de Roberto Barrios “Nueva semilla que va a producir”, y Nueva Purísima, en el Caracol de La Garrucha “El camino del futuro”, están en peligro de sufrir otra masacre como la de Acteal.

La responsabilidad del desenlace de estas invasiones paramilitares recae directamente en el gobierno estatal de Juan Sabines y el gobierno federal de Felipe Calderón.

Comunidades autónomas. Miles de indígenas se encargan de su defensa y seguridad.

Cherán y Ostula, Mich., y San Luis Acatlán, Gro. Cansados de los asaltos, robos y violaciones en La Montaña y la Costa Chica de Guerrero, de la tala de los bosques y de la delincuencia organizada en Cherán, así como de la invasión a su territorio en Ostula, miles de indígenas de estos pueblos decidieron valerse por sí mismos y organizar su autodefensa.

Imagen de Cherán, Michoacán, donde luego de 16 años de haberse formado la policía comunitaria, por primera vez una mujer se sumó a las labores de vigilancia de la comunidadFoto Notimex

Pobladores de Cherán reforestan el cerro de San Miguel, el cual fue devastado por los talamontes, apoyados por el crimen organizadoFoto Notimex

Con historias y dinámicas distintas, los comuneros de Cherán, en la meseta purépecha; los nahuas de Ostula, en el litoral del Pacífico michoacano, y los mixtecos, nahuas y mestizos de La Montaña y Costa Chica de Guerrero, reivindican sus sistemas de seguridad tradicionales y tienen en sus manos la vigilancia de sus comunidades.

Mientras en Ostula y Cherán los pueblos –al margen del gobierno– se hacen cargo de la vigilancia local, en Guerrero 65 comunidades tienen, además de los cuerpos de seguridad, un sistema de impartición de justicia propio basado en la reducación.

Representantes entrevistados en sus respectivas sedes coinciden en que ninguna de estas experiencias corresponde a grupos armados contra el gobierno, pero sí reflejan la falta de justicia y de seguridad en sus zonas. En una palabra, existimos porque el gobierno no hace su trabajo, afirma Pablo Guzmán, uno de los nueve coordinadores de la policía comunitaria de Guerrero.

No es casual que los tres casos se lleven a cabo en comunidades indígenas. Son los pueblos indios de México los que están ofreciendo una alternativa para el país, señalan pobladores de Cherán entrevistados en la casa comunal, en el mismo inmueble que anteriormente albergó la presidencia municipal, hoy recuperada por los pobladores.

El reto actual, además de la seguridad interna, son los megaproyectos que intentan despojarlos de su territorio. La amenaza en Ostula –explica el jefe de Tenencia– es la construcción de la supercarretera Coahuayana-Lázaro Cárdenas y el Plan Regional para el Desarrollo Turístico Integral de la costa de Michoacán. Un puerto, hoteles y demás planes inmobiliarios están contemplados para esta región; mientras en Cherán es la riqueza de sus bosques la que está en juego, donde los talamontes son los que se han beneficiado. En La Montaña de Guerrero, por su parte, la amenaza actual al territorio viene de los proyectos mineros de origen inglés y canadiense.

Las recientes intimidaciones, los levantones y homicidios de que han sido víctimas los comuneros de Ostula y Cherán los obligan a permanecer en el anonimato. Acceden a las entrevistas y acompañan el recorrido por sus poblados pero piden no dar sus nombres. Los de la policía comunitaria de Guerrero sí se identifican, pues aunque tienen órdenes de aprehensión en su contra, su situación actual es distinta.

Ostula: De aquí nadie nos saca

El 29 de junio de 2009, los nahuas de Ostula recuperaron más de mil hectáreas de tierras, montes y playas que durante más de 40 años estuvieron en manos de pequeños propietarios de La Placita. Desde ese momento esas tierras llevan el nombre de Xayakalan.

Pudimos recuperar nuestras tierras, señala El Trompas, uno de los responsables de la seguridad, gracias a que todos le entramos a reorganizar nuestra policía tradicional. Ahora, de aquí no nos vamos; para eso tenemos nuestra policía.

El paraje de Xayakalan está destruido. Una playa tapizada de palmeras y cocos en el piso, los techos de las palapas hechos pedazos, enormes troncos encima de lo que hasta poco fueron casitas, cientos de árboles de tamarindo arrancados desde la raíz, casas de adobe sin techo y con enormes boquetes en las paredes, un jardín de niños del que, literalmente, sólo queda un palo, dan cuenta del paso del huracánBeatriz, que en junio pasado azotó a esta comunidad de la costa michoacana.

Poco más de dos años después de haber recuperado estas tierras, El Trompas asegura: todos aquí seguimos puestos. Si el huracán no nos sacó, menos el gobierno.

Junto con otro grupo de indígenas explica que la policía comunitaria de Ostula está conformada por cerca de 500 integrantes y su funciónes resguardar el perímetro de las tierras en conflicto. No están –insisten– para enfrentar a la delincuencia organizada, para desarmar a nadie ni para intervenir en otras cosas; sólo para cuidar el territorio que nos pertenece.

Una característica común en Ostula, Cherán y los poblados de Guerrero es que ninguno de sus policías recibe sueldo ni retribución alguna. En Cherán y en Ostula no tienen uniforme ni distintivos, mientras en Guerrero cuentan hasta con credenciales y modestas camisetas y gorras con el emblema de la policía comunitaria de Guerrero, que está por cumplir 16 años de existencia; la de Ostula tiene dos años y la de Cherán sólo cuatro meses de haber sido reactivada, aunque en realidad, coinciden todos, lo que se está poniendo en práctica es una organización basada en sus sistemas normativos tradicionales. Nada nuevo.

Ostula es una de las tres comunidades nahuas del litoral del Pacífico michoacano. Las otras dos son Pómaro y Coire. Juntas poseen más de 200 mil hectáreas de territorio dentro de la costa y los montes de la Sierra Madre del Sur hasta Guerrero y Oaxaca. En las más de mil hectáreas de Xayakalan actualmente habitan unas 250 personas pertenecientes a 40 familias. Este es el territorio vigilado.

Policías comunitarios de Guerrero, luego de una asamblea de las autoridades autónomas. Imagen de 2002Foto Marco Peláez

En ocasión de su segundo aniversario, denunciaron el asesinato de 26 comuneros, cuatro desaparecidos, decenas de viudas y huérfanos y cientos de desplazados. Pero hoy, señalan, la situación está más tranquila.

El pasado 20 de julio, la asamblea general decidió no participar en las elecciones estatales de Michoacán, previstas para el próximo 13 de noviembre. Los partidos políticos, cuando andan queriendo el puesto, te platican bonito, pero después ni te conocen. Todo está por demás con ellos y aquí no entran, finalizan los entrevistados bajo una palapa semidestruida en Xayakalan.

No volvemos a entregar nuestra seguridad

En otro lado de Michoacán, en el corazón de la meseta purépecha, la cotidianidad de la comunidad de Cherán cambió radicalmente a partir del pasado 15 de abril, fecha en que decidieron reactivar la autodefensa de un pueblo asolado por los talamontes que casi terminan con sus bosques.

Han pasado casi cuatro meses desde que los pobladores decidieron prácticamente encerrarse en su comunidad. Instalaron barricadas en todos los accesos y en las noches cerca de 200 fogatas alumbran la vigilancia de un pueblo entero que se cuida a sí mismo. Al igual que en la comunidad nahua de Ostula, las armas son más simbólicas que otra cosa: machetes, palos, hachas y una que otra escopeta de cacería.

El movimiento empezó cuando, cansados de la tala clandestina de sus bosques, decidieron enfrentar a quienes saquean la madera desde hace tres años. Los pobladores denuncian que los talamontes, armados hasta los dientes, hasta el momento han destruido totalmente más de 15 mil hectáreas (80 por ciento del bosque de 20 mil hectáreas).

A partir de que la seguridad está en sus manos, los delitos al interior han bajado hasta en 90 por ciento. No han logrado abatir por completo la tala, pero también la han mermado de manera considerable. Asimismo, en sólo tres meses consiguieron reducir más de 50 por ciento el alcoholismo en la comunidad.

Actualmente está prohibida la propaganda electoral. Ni los autos ni las casas pueden exhibir pancartas o calcomanías de un partido político, y si los candidatos intentan entrar lo consideramos un acto de provocación.

La ronda tradicional está a cargo de la seguridad de los más de 20 mil pobladores, pero es más interna que externa, pues no podemos competir con las armas que trae la delincuencia organizada.

La comunidad tiene ley seca desde que empezó la movilización, por lo que una de las tareas de la ronda es vigilar el orden y amonestar o detener a quienes ingieren bebidas alcohólicas: si un compañero se emborracha y es la primera vez que lo agarramos, lo exhortamos a que ya no lo haga. La segunda vez se le castiga con trabajos comunitarios, como la limpieza de las barricadas o de las fogatas. Y la tercera vez se le manda obligatoriamente a rehabilitarse en Alcohólicos Anónimos. Todo esto por decisión de la asamblea.

Independientemente de lo que ocurra en el futuro –señalan–, el proceso que iniciamos ya no tiene regreso. Nosotros ya no volvemos a entregar nuestra seguridad interna al gobierno.

Una de las experiencias autónomas más notables en cuanto a sistemas de impartición de justicia (fuera de Chiapas), la protagonizan 65 comunidades de la Costa Chica y La Montaña de Guerrero, que desde hace casi 16 años se hacen cargo de su seguridad, disminuyendo la delincuencia hasta en 90 por ciento.

Juan González Rojas, fundador de la policía comunitaria y su primer coordinador, recuerda la región azotada por innumerables delitos, con la indiferencia y/o complicidad de los gobiernos en turno. Homicidios, abigeatos, asaltos en carreteras y violaciones de mujeres eran comunes en la zona, hasta que el pueblo de Santa Cruz del Rincón se cansó y se juntó para ver qué hacía para defenderse, y así empezó la policía comunitaria.

Al gobierno –recuerda uno de los fundadores– no le gustó la idea, pero les dijimos que no íbamos a negociar, sino a informar lo que estábamos haciendo. Entonces, nos dio un ultimátum para que nos desarmáramos. Les dijimos que no éramos un grupo armado para enfrentarlos, sino para coadyuvar en la seguridad de la población.

Empezaron aproximadamente 10 comunidades, y 16 años después son 65, cada una con su propio grupo de policías. En total cuentan con alrededor de 600 policías para una población de 100 mil habitantes de 11 municipios.

Pablo Guzmán, uno de los nueve coordinadores actuales, explica:ya no se trata sólo de detener delincuentes ni sólo de impartir justicia y reducarlos, sino de ir al fondo de los problemas, pues nada resolvemos si recibimos denuncias todo el día, lo que debemos atacar es el origen de las mismas, como el alcoholismo, el desempleo, la descomposición familiar, la falta de educación, etcétera. Y en eso están.

Su relación actual con el gobierno, con todo y las órdenes de aprehensión en su contra, es de no enfrentarnos, pues no le disputamos el poder. Sólo que nos dejen trabajar en paz

Felícitas Martínez Solano fue la primera mujer dentro de la policía comunitaria. Es coordinadora regional y señala que en estos 16 años las mujeres han sido invisibles. No ha sido fácil su inclusión, pero ya no es lo mismo que antes, afirma.

Gloria Muñoz Ramírez
Especial para La Jornada
Periódico La Jornada
Domingo 7 de agosto de 2011, p. 2

http://www.jornada.unam.mx/2011/08/07/politica/002n1pol

Llamado URGENTE de solidaridad con el pueblo de Santa María Ostula, Michoacán, México.

El pueblo náhuatl de Santa María Ostula, quienes dignamente han comenzado su proceso de autonomía, necesitan nuestro apoyo. Con el paso del huracán Beatriz,  sembradíos y casas de de Xayakalan fueron arrasados. Hacemos un llamado URGENTE de solidaridad para la reconstrucción de Xayakalan, apoyando con materiales como  ropa, cobijas, plásticos, lonas, laminas, o, de preferencia, apoyando monetariamente a la siguiente cuenta bancaria: 2776589065, a nombre del Encargado del Orden, Bernardino Gómez Mata. Banco BBVA Bancomer, sucursal 1256 de Tecomán, Colima. CLABE 012 097 0277765.

Apoyemos al pueblo digno de Santa María Ostula, apoyemos el proceso de autonomía que han iniciado nuestros compañeros nahuas.

Contra el despojo y la represión…la solidaridad.

Red Contra la Represión y por la Solidaridad.

Pronunciamiento por Santa María Ostula, Michoacán, México.

Al C. Felipe Calderón Hinojosa, Presidente de la República Mexicana.

Al C. Leonel Godoy Rangel, Gobernador del Estado de Michoacán.

Al. C José Cortes Ramos, Presidente Municipal de Aquila, Michoacán.

Este 29 de junio se cumplen dos años de que la comunidad nahua de Santa María Ostula, Michoacán, con el apoyo de las comunidades de Pómaro y Coire recuperó más de setecientas hectáreas correspondientes al paraje  de Xayakalan que habían sido invadidas por  supuestos pequeños propietarios del poblado de la Placita, a pesar de la existencia de un amparo emitido en el año 2009 por el Tribunal Superior Agrario a favor de la comunidad de Ostula.

También se cumplen dos años de que dicha comunidad, respaldada en el artículo 39 constitucional y en el convenio 169 de la organización internacional del trabajo “sobre pueblos indígenas y tribales en países independientes”, resolvió reactivar su policía comunitaria tradicional y la formación de un cuerpo de guardia comunal para proteger la posesión de sus tierras comunales.

Desde entonces la comunidad de Ostula ha sufrido el acoso y las constantes agresiones de grupos de la delincuencia organizada  contratados  por los  pequeños propietarios de la Placita que, gozando de total impunidad persiguen, asesinan y desaparecen a integrantes de la comunidad y actúan con una evidente  omisión de las Fuerzas Armadas del Estado mexicano, los tres niveles de gobierno, el  local, estatal, federal y en una aparente  complicidad de algunos de sus miembros.

De esta ola de hostigamiento destacan las desapariciones forzadas de Francisco de Asís Manuel, Presidente de Bienes Comunales de Santa María Ostula y los comuneros Javier Martínez Robles y Gerardo Vera Orcino.

También podemos destacar lo ocurrido el 4 de mayo de 2010, cuando más de mil efectivos del Ejército, Policía Federal y Marina Armada de México en una acción combinada cercaron la cabecera de Ostula buscando armas y al no encontrarlas se retiraron después de allanar varias casas. Tres días después unos 150 paramilitares que decían ser de la Placita, entraron fuertemente armados a Ostula, ingresaron también a la comunidad de Coire repartiendo propaganda en apoyo a sus actividades. Aunque los pobladores informaron a la Marina, ésta no se movilizó.

En estos dos años, desde junio de 2009  hasta junio de 2011  cuatro miembros de la comunidad fueron secuestrados y desaparecidos, y en los últimos seis meses el número de asesinados por miembros de la delincuencia organizada al servicio de los supuestos pequeños propietarios de la Placita  ha llegado a 16

Los abajo firmantes vemos con gran preocupación que en una escalada de violencia a nivel nacional,  las  principales víctimas en la región son representantes comunales, integrantes de la Guardia Comunal y los más visibles promotores de la defensa del territorio y la autonomía del pueblo Nahua de la Costa de Michoacán.

Ante la gravedad de esta situación, que ha desenmascarado el grado de impunidad y complicidad de los tres niveles de gobierno, en conjunto con sus fuerzas armadas, reconocemos y respaldamos los trabajos comunitarios realizados por el pueblo nahua de Ostula en defensa de su pleno derecho al territorio y a la autonomía y exigimos:

  • Alto a los asesinatos y desapariciones forzadas de habitantes de las comunidades nahuas de Santa María Ostula.
  • Presentación con vida de los comuneros Gerardo Vera Orcino,  Francisco de Asís Manuel y Javier Martínez Robles.
  • Esclarecimiento de los crímenes y asesinatos cometidos contra integrantes de la comunidad.
  • Respeto y reconocimiento de las Policía Comunitaria y la Guardia Comunal de la comunidad de Santa María Ostula.
  • Respeto a la posesión que Ostula guarda sobre aproximadamente 1,000 hectáreas que recuperó el pasado 29 de junio de 2009 y que se localizan en la colindancia con el Océano Pacífico en el paraje conocido como la Canaguancera o Xayakalan.

ATENTAMENTE:

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