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Ostula, autonomía bajo asedio narcoparamilitar.

Nahuas de la costa de Michoacán crean la Guardia Comunal para enfrentar paramilitares que asedian sus montes. “No nos levantamos en armas contra el gobierno –aclaran–; ejercemos el derecho que como pueblo indígena tenemos de defender nuestro territorio y nuestra comunidad”. Desde que decidieron construir su autonomía y recuperar sus tierras, cuentan 12 asesinatos y cuatro desapariciones forzadas, entre ellas la del presidente de Bienes Comunales. En busca de los líderes indígenas, caravanas con decenas de hombres pertrechados con AK-47, fornituras y pasamontañas recorren la carretera federal y las brechas que comunican Ostula. “Los narcos hacen labores de contrainsurgencia”, denuncian los comuneros Xayacalan, Xayacalan, Michoacán. El estrépito de las olas en la playa se confunde con la algarabía de decenas de niños que corren tras un balón. Como un solo rumor, un solo bullicio, el viento trae la algazara y el estruendo del mar hasta la choza donde autoridades agrarias y civiles de Ostula hacen el recuento de su lucha. Hay victorias, pero también sacrificios y pérdidas irreparables. Saben que aún no han ganado su tierra ni la paz. “Pero ya ganamos la organización; pase lo que pase, la autonomía va a continuar”, aseguran.

Uno a uno, líderes de esta comunidad han sido asesinados o desaparecidos de manera forzada: en poco más de un año, Ostula cuenta 12 ejecutados y cuatro levantados. En todos los casos, las agresiones han sido cometidas por grupos de mestizos armados con AK-47 y AR-15. Según la ley vigente en México, todos los fusiles de asalto son de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas; pero los temibles AK-47 son tan populares entre los grupos del crimen organizado que en este país han sido rebautizados como cuernos de chivo.

Mientras sus padres organizan la resistencia, niños de todas las encargaturas de la comunidad de Ostula juegan futbol en la playa. Los pocos que usan zapatos son conminados a dejarlos fuera de la “cancha” para no estar en ventaja frente a la mayoría descalza. Han improvisado las porterías con bejucos. Por momentos, deben recuperar de las olas el balón de plástico. Ríen despreocupados en una zona que hasta antes de la llegada de la Guardia Comunal y Policía Comunitaria había sido lugar de enfrentamientos y asesinatos. El “lugar de los danzantes con máscara” (significado del topónimo Xayacalan) es la única encargatura de la comunidad de Ostula –e incluso de la costa de Michoacán– libre de delincuencia.

Fuera de este paraje recolonizado por los nahuas, los levantones y las ejecuciones se suceden sin que autoridad alguna contenga a los grupos de hombres armados que recorren los poblados y rancherías de la comunidad en resistencia.

Ahí vienen los narcoparamilitares

La desaparición forzada más reciente se cometió la noche del 29 de junio pasado, unas horas después de que la víctima hubiera acudido a la encargatura de Xayacalan a la celebración de la recuperación de la comunidad de Ostula de más de 1 mil 300 hectáreas que se encontraban en poder de “pequeños propietarios”. Alrededor de las 10 de la noche, un grupo de 11 hombres armadoslevantó de su casa a Máximo Magno Valladares, en la serrana encargatura de El Potrero, de la que es representante.

Mes y medio antes, el 20 de abril de 2010, un grupo de 22 hombres había sitiado la casa de Francisco de Asís Manuel, presidente del Comisariado de Bienes Comunales –la máxima representación agraria de la comunidad ante las autoridades mestizas–. Armados con AK-47, los asaltantes secuestraron al líder de la comunidad de Ostula. No han pedido rescate. Desde entonces, nada se sabe del indígena nahua.

“En esta lucha, muchos vamos a morir; y no quiero que se pongan tristes, porque nuestros hijos y nietos verán el fruto de nuestro sacrificio y sabrán cómo se defienden las tierras comunales”, había dicho Francisco de Asís Manuel en una asamblea comunitaria, algunos días antes de su desaparición forzada. Esas palabras, reproducidas en mantas y carteles, cuelgan en la encargatura de Xayacalan, el epicentro actual de la lucha de la comunidad de Ostula.

A sus 60 años, todos le llamaban Panchito. Pero los hombres mestizos que lo sacaron de su casa el 20 de abril pasado le vociferaban ¡Paco! Llegaron a la encargatura de La Palma Sola en una camioneta con redilas. Pasaban de las 23:30. Le gritaban que saliera, que lo traerían de vuelta en unas horas.

Como la familia no abrió, ocho individuos armados derribaron las puertas. El resto permaneció alrededor del domicilio. Golpearon a los tres hombres y dos mujeres que encontraron al interior de la casa. Preguntaron por armas. Sin que lo pudieran acreditar, dijeron ir “de parte de Mario Álvarez (López) y de Lico (Federico González)”.

El primero fue presidente municipal de Aquila de 2005 a 2007 y es la principal figura del Partido Revolucionario Institucional en la región. El segundo es un supuesto ganadero. Ambos viven en La Placita, la comunidad de “pequeños propietarios” y ejidatarios que disputan más de 1 mil 300 hectáreas a la comunidad de Ostula. Entre las tierras recuperadas por los indígenas nahuas, se encuentran 300 hectáreas que había cercado Mario Álvarez y otras 30 que había ocupado Federico González.

El presidente del Comisariado de Bienes Comunales fue el tercer desaparecido de manera forzada. Antes de él, el 22 de febrero pasado, habían sido levantados los comuneros Gerardo Vera Orcino y Javier Martínez Robles. Ambos, destacados activistas de la comunidad en lucha por la tierra. Un grupo armado los sacó de la fonda donde almorzaban, en la cabecera municipal de Aquila, Michoacán.

Además de las cuatro desapariciones forzadas, grupos armados han asesinado a 12 comuneros de Ostula desde que esta comunidad instauró su Policía Comunitaria y Guardia Tradicional, y con ellas recuperó 1 mil 300 hectáreas de tierras que les marcan sus títulos primordiales.

Los ejecutados (incluidos dos comuneros de El Coire), hasta la primera mitad de julio, eran Diego Ramírez Domínguez; Simón Pineda Verdía y Simón Pineda, hijo; Erik Nemecio Domínguez; Quintín Réyez; Froylán Medina Álvarez, y Demetrio Álvarez.

Destaca el caso del profesor Diego Ramírez Domínguez, quien además de comunero, uno de los principales interlocutores de la comunidad con las autoridades mestizas y con las organizaciones sociales solidarias con Ostula, era coordinador de la comisión para la recuperación de las tierras invadidas. Fue asesinado el 26 de julio de 2008. Su cuerpo fue encontrado destrozado precisamente en el paraje de Xayacalan, territorio que originó el conflicto de Ostula con los “pequeños propietarios”.

Sin embargo, en las últimas semanas las agresiones contra la comunidad se han intensificado. El 17 de julio pasado, Humberto Santos Valladares fue asesinado en la carretera federal; el día 19 del mismo mes, Roberto Arceo fue baleado también en la carretera; ocho días después, el 27, fueron asesinados Venancio Ramírez Cirino, Manuel Flores Álvarez y Miguel Ángel Flores Álvarez; y una semana después, el 3 agosto, fue asesinado José Martínez Ramos. Todos eran nahuas de la costa michoacana.

Pero los grupos armados no sólo cometen asesinatos y levantones contra la comunidad en resistencia. También realizan incursiones de manera intempestiva en las calles y parajes de la comunidad. El 7 de mayo pasado, más de 150 personas, armadas con AK-47 y perfectamente pertrechadas, ingresaron a la comunidad de Ostula a repartir “propaganda”. Después tomaron la carretera federal y llegaron a la vecina comunidad El Coire –la cual, junto con la de Pomaro, ambas nahuas, son solidarias de la lucha de Ostula–. Ahí intentaron asesinar al suplente del presidente del Comisariado de Bienes Comunales de El Coire, Valentín Álvarez Medina.

—Acababa de salir de mi casa. Me encontraba en un lugar donde rentan computadoras porque quería revisar mi correo. Yo los vi pasar, pero no me imaginé que iban a mi casa. Mi esposa tampoco estaba en la casa, pues había salido a la tienda. Los pistoleros llegaron y torturaron a mis hijos. Les preguntaban por mí y les ponían los cuernos de chivo en sus cabecitas y en sus pechos.

—Cuántos años tienen tus hijos.

—Uno, nueve años; otro, seis, y otro, cuatro –dice el joven líder nahua, quien por las amenazas debió exiliarse de la región.

Como líder de El Coire, detuvo la entrada del Programa de Certificación de Bienes Comunales en su comunidad y, en apoyo a la de Ostula, encabezó a un grupo de la Policía Comunitaria.

El mensaje impreso que los pistoleros dejaron en las comunidades nahuas el 7 de mayo pasado fue: “Nosotros somos a los que ustedes llaman ‘los de La Placita’. Queremos deslindarnos de hechos que también a nosotros nos indignan, como el secuestro de su comisariado (Francisco de Asís, por quien no se ha pedido rescate). Nuestra lucha no es por la tierra sino por el territorio. Queremos protegerlos de nuevos ataques por parte de otros grupos”.

El grupo salió de nuevo a la carretera federal sin que fuera “detectado” por ninguna de las corporaciones policiacas y castrenses desplegadas en la zona. Los comuneros de Ostula afirman que los agresores eran de La Placita, poblado mestizo vecino donde vive la mayoría de los “pequeños propietarios” con los que mantienen la disputa de las tierras.

El 27 de agosto pasado, “el cártel” regresó. Entraron ostentando sus AK-47 hasta la tenencia o cabecera de Santa María Ostula. Dijeron que llevaban flores a la virgen. Ni siquiera se cubrieron el rostro. Llegaron en seis camionetas. Algunos pobladores realizaron llamadas a los cuarteles de la Marina, pero “nunca nadie llegó; y luego agarraron la carretera federal sin que fueran detenidos por alguien”, se quejan los nahuas.

José Guadalupe de Asís Alejo, hijo del presidente de Bienes Comunales desaparecido, señala: “Lo que quieren es que aflojemos en la lucha. Pero no vamos a aflojar, así nos maten a más. Lo que está pasando ahorita es muy delicado. No tenemos representante agrario y el gobierno se está encajando. Pero la comunidad está en pie de lucha”.

Ahí vienen los marinos… y la DEA

Y es que las incursiones armadas a las encargaturas y tenencia de Ostula no sólo son obra de los grupos armados ilegales, sino de las corporaciones policiacas y militares del Estado mexicano. Tres días antes de la incursión de los paramilitares, el 4 de mayo de 2010, en un operativo conjunto entre el Ejército Mexicano, la Marina Armada de México y la Policía Federal, alrededor de 900 efectivos cercaron la tenencia de Santa María Ostula. Los uniformados dijeron buscar armas. No las encontraron y no hubo detenidos.

No fue la primera vez que fuerzas castrenses intentaran “desarmar” a los nahuas. A mediados de julio de 2009, alrededor de 11 efectivos de la Marina Armada de México ingresaron intempestivamente a la encargatura de Xayacalan y desarmaron a ocho integrantes de la Guardia Comunal que defiende esas tierras. Cuando los marinos intentaban salir, se encontraron rodeados por más de 200 integrantes de la misma Guardia y de la Policía Comunitaria de Ostula. Las negociaciones duraron poco más de media hora.

“El camino de salida es libre, almirante; pero regresen lo que nos quitaron. Si no, no hay salida; nosotros nunca hemos agredido a nadie; lo que hacemos es defender a nuestra gente y nuestras tierras”, habría dicho el entonces encargado de la seguridad en Xayacalan, J Trinidad de la Cruz Crisóstomo, un aguerrido comunero de 73 años de edad. Los marinos tuvieron que devolver las armas que, dicen los nahuas, son herramientas de trabajo y escopetas de calibre 22.

Camisola desabotonada y remangada, huaraches de tres agujeros (“no aguanto los zapatos”), sombrero de palma, campesino resuelto, J Trinidad fue de los primeros impulsores en la comunidad de la reactivación de la Policía Comunitaria y de la Guardia Comunal. Encabezó la recuperación de las tierras de Xayacalan, donde ya se encontraban los “pequeños propietarios” lotificando decenas de hectáreas de playa y de monte selvático.

—¿La “J”, don Trinidad, es de José o de Juan?

—No, así me llamo. Ése es mi primer nombre, “J” –explica con seriedad–. No sé qué pasaría: si mi padre me quería poner un José o un Juan, pues ya no se le hizo. Siempre he sido J Trinidad; así dice mi acta (de nacimiento)… ¡Imagínese! ¡Y luego me llega un papel del gobierno donde me dice: “C J”! –señala, festivo, antes de romper en risas.

Pero los marinos también realizan “censos” entre los campesinos. A cada encargatura llegan a preguntar el número de hombres, mujeres, niños, tiendas, herramientas de trabajo. “Sólo unos cuantos despistados de una encargatura les han contestado; y eso porque nos agarraron descuidados. Ya se resolvió en la asamblea que no les vamos a decir nada”, señala la voz cascada de J Trinidad.

El pasado 2 de agosto, los comuneros Timoteo Ramírez Cirino, de la encargatura El Dúin, y Arnoldo Robles Luna, de la tenencia de Ostula, fueron detenidos por efectivos de la Armada. El comunicado 197/2010 de la Secretaría de Marina dice que los campesinos fueron detenidos en la carretera federal costera cuando viajaban en una camioneta tipo pick up y luego de que ignoraran el alto que les marcaron los marinos. El boletín de prensa agrega que a los campesinos se les aseguraron dos AK-47, un revólver 38 súper, diversos cargadores y municiones, y “pantalones tipo militar”.

Los habitantes de Ostula refieren una versión distinta. Señalan que Ramírez Cirino y Robles Luna fueron detenidos en sus domicilios sin que existieran órdenes de aprehensión. Aseguran que los efectivos castrenses registraron sus casas y que al primero les sustrajeron 6 mil pesos. Además, que los marinos les sembraron las armas. También señalan que esos domicilios no fueron los únicos allanados: que de la casa de Semeí Verdía sustrajeron 12 mil pesos, aunque al campesino no lo detuvieron, pues no lo hallaron en su domicilio. Agregan que los marinos eran acompañados de “personas extranjeras que usaban chalecos que decían DEA”.

La Marina Armada de México, a través de la X Zona Naval Militar con sede en el puerto de Lázaro Cárdenas, ha anunciado la construcción de tres cuarteles en la costa nahua: en Maruata, La Placita y La Tupitina; además, se construirán dos aeropistas: una en Caleta de Campos y otra en Maruata.

Dividir a la comunidad

En los últimos operativos y en los recorridos por las encargaturas, los marinos dicen a quienes quieran escucharlos que la persona que los está “denunciando” es Trinidad Verdía Zepeda, jefe de Tenencia Municipal, una de las máximas autoridades de la comunidad. Los campesinos consideran que la difamación es parte de la estrategia “contrainsurgente” que se aplica sobre Ostula. El objetivo sería sembrar división en una comunidad que expulsó a todos los partidos políticos y que por consenso reactivó la Policía Comunitaria y la Guardia Comunal.

El líder de 28 años de edad también ha tenido que salir de la comunidad y ha debido mantenerse oculto por las amenazas que pesan en su contra.

—No me agüito; no me preocupo por mí. Yo sé que la vida no la tenemos comprada –dice, mientras entrelaza las manos. Baja el tono de su voz y agrega pausadamente:

—No tengo miedo; lo que sí tengo es coraje, rabia, tristeza. Eso siento. No nos hacen justicia a los indígenas. Pero miedo, ya no. Ya sabemos que no somos inmortales, que a cada santo se le llega su día. Pa’ qué tener miedo, si una vez te va a tocar y ya ni modo.

Llama a los grupos armados que los acosan a que los dejen en paz.

—No sabemos por qué se está metiendo el narcotráfico. A nosotros no nos interesa la droga. Nos interesan nuestras tierras y nuestra gente. Tal vez con nuestra organización de autonomía y recuperación de tierras los afectamos en algo; pero nuestro problema eran los pequeños propietarios nada más. No teníamos ni idea que se iban a meter los narcos.

Ostula, autonomía histórica

Formalmente, Ostula pertenece al municipio de Aquila. Sin embargo, la comunidad nahua ha mantenido formas de gobierno y estructuras propias que le han permitido vivir con relativa autonomía desde la Colonia. Junto con las también comunidades de Pomaro y El Coire, se ha resistido por siglos a la expropiación de sus tierras. En el siglo XIX, fue un dique en la región a las leyes de desamortización, las cuales sí terminaron con la vecina comunidad indígena de Maquilí: la tierra comunal fue privatizada y los indígenas que se opusieron fueron exterminados.

Actualmente, la comunidad de Ostula está integrada por una tenencia o cabecera (Santa María Ostula) y 22 encargaturas o poblados dependientes. Se trata de un territorio de aproximadamente 20 kilómetros de playa y 24 mil hectáreas de sierra de selva tropical, selva caducifolia y bosque de coníferas: playas apacibles y montes húmedos y abigarrados.

La máxima autoridad es la Asamblea General de Gobierno, compuesta por los más de 585 comuneros enlistados en el padrón y por los hijos de éstos, es decir, por prácticamente todos los mayores de edad: alrededor de 2 mil personas. Mediante esta asamblea, designan a sus autoridades agrarias, civiles y religiosas.

Los cargos de las autoridades agrarias son: Comisariado de Bienes Comunales (presidente, secretario y tesorero) y Consejo de Vigilancia (presidente, secretario y tesorero). Los de las civiles son un jefe de Tenencia (o cabecera) y 22 jefes de encargaturas (o poblados). Las autoridades religiosas son cuatro jueces tradicionales, quienes se encargan del culto. A la reunión de los tres tipos de autoridades más delegados de cada encargatura y los mayores de la comunidad (en total 144 integrantes) se le llama Consejo Comunal.

La Policía Comunitaria fue nombrada por la Asamblea Comunitaria. Está integrada por 400 habitantes de las 23 encargaturas y la tenencia. La Guardia

Comunal está compuesta por 150 personas y es parte de la propia Policía Comunitaria.

Desde el 29 de junio de 2009, la comunidad de Ostula ocupa casi la totalidad de lo que indican sus títulos primordiales, cuando mediante su Guardia Comunal y Policía Comunitaria ocupó el paraje de Xayacalan y montes circundantes: 1 mil 300 hectáreas que ya lotificaban y vendían grupos de mestizos avecindados en el poblado La Placita.

El conflicto agrario

En la costa de Michoacán, sólo existía la propiedad comunal, la de los pueblos nahuas de Pomaro, El Coire, Ostula, Maquilí y Aquila. El conflicto con los “pequeños propietarios” se sembró en 1911, cuando un embate contra la propiedad de los pueblos indígenas acabó con la comunidad de Maquilí. Las tierras de esta comunidad se privatizaron y con ello dieron origen a cinco “pequeñas propiedades” y, más tarde, a un ejido de mestizos en la región. Ahora son estos propietarios quienes disputan parte de las tierras de Ostula y reclaman más hectáreas para sí.

En 1953, el Departamento Agrario (antecedente de la actual Secretaría de la Reforma Agraria) inició los trabajos técnicos para titular las tierras de la comunidad de Ostula. El reconocimiento de las tierras sería total. Sin embargo, de manera abrupta, se cancelaron esos trabajos. Tres años después se realizaron nuevas “mediciones” y el gobierno “reconoció” cinco pequeñas propiedades dentro del polígono comunal que marcan los títulos primordiales de Ostula, a la que sólo se le reconocieron 19 mil 24 hectáreas.

—La resolución se hizo de manera deficiente: las distancias, los rumbos, las medidas en general que contiene la resolución, y que también están contenidas en el acta de posesión y deslinde, y en el plano definitivo, no coinciden con la realidad. Al momento en que se intenta realizar una medición de campo con los datos de esta resolución, es imposible construir un plano –explica el abogado Carlos González García, representante de la comunidad de Ostula ante los tribunales agrarios.

El defensor agrega: “Si intentamos reconstruir el plano de la comunidad con esos datos y partimos del Océano Pacífico, toda la parte de la sierra queda fuera. Y si intentamos reconstruir el plano iniciando por la parte Norte de la montaña, toda la costa queda fuera de la resolución. Sobre la base de esta resolución defectuosa, los ‘pequeños propietarios’ y las personas a su sueldo fueron invadiendo las tierras de comunidad”.

Pero no fue todo. Luego de que las autoridades cercenaran tierras de la comunidad de Ostula para entregárselas a los “pequeños propietarios”, los particulares siguieron ampliándose. Más de 1 mil hectáreas ocuparon de facto en los años siguientes. Y el conflicto siguió creciendo, pues los primeros cinco “pequeños propietarios” vendieron las tierras recién ocupadas a otros particulares. Para justificar la posesión, explotaron las tierras: cultivaron palmeras y tamarindo.

Carlos González destaca que, cuando la comunidad decidió recuperar sus tierras el 29 de junio de 2009, sólo recuperó hasta donde marca la resolución presidencial y no hasta donde señalan sus títulos primordiales

—Aun cuando sabe que los títulos primordiales le otorgan la propiedad hasta el paraje Las Majaguas, la comunidad de Ostula sólo recuperó hasta donde marca la resolución presidencial, es decir, hasta La Cananguancera o Estación 149. Lo anterior con el objetivo de que el problema no escale, no se haga mayor.

Las tierras que la comunidad recuperó no sólo estaban en posesión de los pequeños propietarios, sino también de un ejido: La Placita. En 1967, el gobierno federal había “dotado” de tierras a los mestizos asentados en la costa michoacana.

Hasta el momento, y luego de las movilizaciones de la comunidad de Ostula, el Tribunal Superior Agrario ha ordenado al Tribunal Unitario Agrario, con sede en Colima, realizar un nuevo plano.

—Adicionalmente a este trámite judicial que se lleva en los tribunales agrarios, se inició un proceso conciliatorio ante la Secretaría de la Reforma Agraria para intentar que, a través del Cosomer (Programa de Atención a Conflictos Sociales en el Medio Rural), el gobierno federal entregue una especie de indemnización a los pequeños propietarios. De ese modo, el juicio ya no continuaría –explica el abogado Carlos González García.

Los nahuas no entienden por qué puede haber alguien que les dispute las tierras de las cuales conservan los títulos primordiales. Voz ronca y apagada, Magdaleno Jerónimo Reyes manotea sobre los planos de la comunidad.

—No es mentira lo que nosotros decimos. A’i está el plano. Y nosotros vamos a reconocer hasta‘onde diga el plano. Esto nos dejaron nuestros abuelos mayores. Ellos cuidaron. Nosotros estamos cuidando. Y nuestros hijos van a estar cuidando –termina casi en grito el campesino de 67 años.

El Manifiesto de Ostula

A principios de junio de 2009, los ejidatarios y los “pequeños propietarios” de La Placita ya habían ingresado al predio de Xayacalan y habían comenzado a regalar lotes a quienes quisieran unírseles contra la comunidad de Ostula. Al sentirse engañados por los gobiernos federal y estatal y despojados por los pudientes de La Placita, “el coraje y la rabia” fueron más grandes que el miedo.

Así, en asamblea decidieron nombrar a la Policía Comunitaria y a la Guardia Comunal. Y acordaron recuperar sus tierras. El 14 de junio de 2009, en la XXV Reunión Plenaria del Congreso Nacional Indígena, Región Centro Pacífico, nueve comunidades nahuas, siete purépechas, cuatro wixaritari, cuatro rarámuri, una hñahñü, una binnizá, una coca, una tzeltal y una nu’saavi respaldaron la decisión de la comunidad de Ostula y emitieron un manifiesto.

En el documento, los pueblos indios firmantes desconocieron las reformas a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y leyes federales que atentan contra la propiedad comunal. Y señalaron que sólo reconocían como Ley Suprema y Constitución de los Pueblos Indígenas de México a los acuerdos de San Andrés, firmados entre el gobierno federal y el Ejército Zapatista de Liberación Nacional en San Andrés Larráizar (o Sakamchén de los Pobres, como le llaman los tzotziles).

“Hemos agotado todas las vías legales y jurídicas para la defensa y reconocimiento de nuestras tierras y territorios y sólo hemos recibido negativas, moratorias, amenazas y represión por parte del Estado, como es el caso de esta comunidad de Santa María Ostula. El camino que sigue es continuar ejerciendo nuestro derecho histórico a la autonomía y libre determinación. Insistimos en que la tierra, que es nuestra madre, no se vende: con la vida se defiende.

“Exigimos el respeto a los acuerdos y decisión asumidos por las hermanas y hermanos comuneras y comuneros indígenas de la comunidad nahua de Ostula, aprobados en su asamblea general, que han acordado la recuperación, por la vía de los hechos, de las tierras que les pertenecen. Responsabilizamos a los malos gobiernos federal y estatal de cualquier acción represiva que se ejerza en contra de nuestras hermanas y hermanos indígenas nahuas de Ostula. Exhortamos a todas y todos los pueblos, naciones y tribus participantes en nuestro Congreso Nacional Indígena y adherentes a La Otra Campaña a estar alertas y en permanente comunicación.”

Además, los mismos pueblos emitieron el Manifiesto por el derecho a la autodefensa. En el documento se señala: “Que de frente a la guerra de exterminio neoliberal, nuestros pueblos, tribus o naciones, así como las comunidades que los integran tienen el inalienable derecho, derivado del artículo 39 constitucional, para organizarse y realizar la defensa de su vida, de su seguridad, de sus libertades y derechos fundamentales y de su cultura y territorios”.

El miedo

—En la Asamblea, decidimos que cero partidos políticos. Un día antes de que recuperáramos las tierras, reafirmamos que nada de partidos políticos, que ya no los íbamos a volver a aceptar. Y es que, además, no los necesitamos. Al contrario, nos dimos cuenta que si los hubiéramos aceptado, ellos nos hubieran desbaratado todo –dice Trinidad Verdía Zepeda.

Agrega: “No necesitamos partidos; todos somos la comunidad de Ostula. Así cambiamos la historia de Ostula y sacamos a nuestras autoridades por unanimidad”.

Evaristo Domínguez Ramos, integrante del Consejo Comunal dice que, junto con los partidos, se fue el miedo.

—Antes sí teníamos miedo. Por eso no nos decidíamos a recuperar las tierras. Ahorita ya se nos acabó el miedo, aunque estén desapareciendo a nuestros compañeros. Por miedo, le creíamos al gobierno. Pero cuando ya el engaño fue mucho y vimos que la razón se la dio a los invasores, pues como que el miedo se transformó en coraje. Nos armamos de valor y vinimos a recuperar las tierras.

A decir de los comuneros, el intento de “despojo” de tierras contra los nahuas de Ostula podría deberse a que la comunidad está en contra del plan turístico que impulsan los gobiernos federal y estatal. El objetivo es detonar la inversión extranjera en la zona y construir una autopista que vincule los puertos de Lázaro Cárdenas y Manzanillo.

—Los “pequeños propietarios” de La Placita ya han dicho que si ellos se quedan con la tierra, no habrá problema para el desarrollo turístico. Mientras, las comunidades de Ostula, El Coire y Pomaro representan un obstáculo para el gran capital. Las comunidades indígenas no van a vender los más de 100 kilómetros de playas que poseen entre las tres.

El Plan Regional para el Desarrollo Turístico Integral de la Costa de Michoacán fue presentado en febrero de 2006. Está a cargo del Fondo Nacional de Fomento al Turismo. Entre las “debilidades” que señala el documento ejecutivo del proyecto, se encuentran “los procesos de toma de decisión lentos en las comunidades nahuas” y el “bajo nivel educativo general y poca capacitación específicamente turística”.

El encargo

La luz se ha disipado por completo. Los planos del territorio de Ostula, extendidos en una mesa desvencijada, son repasados una y otra vez –lámpara de pilas en mano– por los campesinos nahuas.

Magdaleno Jerónimo Reyes, de 67 años, casi grita para hacerse escuchar. Aparta su sombrero de palma con una mano; con la otra sostiene un cigarrillo.

—No es mentira lo que decimos. Vea. Fíjese en el plano. Sobre el plano nos vamos a ir. Y hasta donde dice el plano, hasta ahí vamos a reconocer. Esto nos dejaron nuestros abuelos mayores. Ellos cuidaron. Los estamos cuidando nosotros. Y los hijos lo van a seguir cuidando.

Los hombres de la Guardia Comunal

Con tranquilidad, los integrantes de la Guardia Comunal caminan los linderos que se han dispuesto defender. Con seriedad, asumen su tarea. Quienes se encuentran en la playa, por momentos se distraen con los cientos de cangrejos que corretean de una zanja a otra. Quienes en el monte ahuyentan el sopor mascando hojas de guayabo. Algunos cuelgan hamacas para turnarse en la velada.

Mayoritariamente, jóvenes de entre 17 y 32 años siempre están atentos a los consejos y órdenes de los viejos. Rostros bronceados, camisolas desabotonadas, difícilmente se les ve sonreír:

—Debemos llevar el orden; que no se salgan de control las cosas. Estamos para que no haya violencia y para que no se le falte el respeto a ninguno de los de la comunidad y de los visitantes –dice Pedro, de 32 años y quien se encuentra a cargo de la Guardia Comunal en Xayacalan.

Ningún asomo de titubeo entre las decenas de muchachos con morral al hombro.

—Estamos en resistencia para que nuestros hijos tengan un futuro mejor –explica Óscar, de 26 años, y que proviene de la encargatura La Palma Sola.

—Han sido atacados. ¿Sientes algún temor? –se le pregunta.

—Hay un poco de temor; pero qué le va a hacer uno. Seguramente nos va a tocar algún día. Así que no hay que agüitarse; hay que echarle pa’ delante. Sí vamos a recuperar las tierras, primero dios; vamos bien; nomás hay que permanecer unidos.

Están conscientes de que el verdadero riesgo comienza cuando salen de Xayacalan, solos, rumbo a sus encargaturas.

—Pero todo vale la pena –ataja Pedro–. Y, como encargado del orden, le puedo decir que estamos para servir a la comunidad y a cualquier persona que venga con buenas intenciones. Y cuando alguien venga con malas intenciones, procederemos con nuestro deber… Y vamos a hacer lo que tenemos que hacer.

Zósimo Camacho

Contralínea 201 / 26 de Septiembre de 2010

http://contralinea.info/

La comisión por la defensa de bienes comunales de Ostula en Michoacán, denuncia represión.

AL PUEBLO DE MÉXICO Y A LOS PUEBLOS DEL MUNDO.

A LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN.


Por medio de este comunicado queremos denunciar la GUERRA que grupos paramilitares, solapados por las fuerzas armadas del gobierno, han desatado contra nuestra comunidad en las últimas semanas como una forma de acabar con nuestra lucha y con nuestra organización autónoma:

* El día 4 de mayo más de mil hombres armados pertenecientes al Ejército Mexicano, a la Policía Federal y a la Marina Armada de México cercaron la cabecera municipal de Santa María Ostula supuestamente buscando armas.
* El día 7 de mayo un grupo paramilitar de unas 150 personas que decían ser de La Placita, Michoacán, entraron fuertemente armadas a las comunidades de Ostula y El Coire a repartir propaganda en apoyo a sus actividades y con la fallida finalidad declarada de asesinar al C. Valentín Álvarez Medina, presidente suplente del comisariado de bienes comunales de El Coire y activo luchador en la recuperación de nuestras tierras y en contra de los proyectos carreteros, turísticos y mineros que los malos gobiernos buscan ejecutar en el territorio nahua.ESTE GRUPO ARMADO TAN NUMEROSO ACTUO IMPUNEMENTE SIN QUE PUDIERA SER DETECTADO POR LAS NUMEROSAS FUERZAS DE SEGURIDAD Y MILITARES QUE SE ENCUENTRAN DESTACAMENTADAS EN LA REGIÓN.
* El día 29 de junio fue secuestrado el comunero Máximo Magno Valladares sin que se conozca su paradero. El día 17 de julio fue asesinado en la carretera federal el comunero Humberto Santos Valladares. El 19 de julio fue baleado el comunero Roberto Arceo; posteriormente, el día 27 de julio fueron asesinados los comuneros Venancio Ramírez Cirino, Manuel Flores Álvarez y Miguel Ángel Flores Álvarez; unos días después, el 3 de agosto, fue asesinado el comunero José Martínez Ramos. En todos estos casos se habla de la acción concertada de cárteles que han penetrado nuestra comunidad en los últimos meses y que gozan de protección gubernamental.
* Asimismo el Jefe de Tenencia de Ostula, el C. J. Trinidad Verdía Zepeda, fue difamado ante la comunidad por oficiales de la Marina Armada de México, quienes en diversos cateos lo señalaron como “informante” del gobierno con el evidente fin de enemistarlo con su comunidad y erosionar la confianza entre comuneros y autoridad comunal.
* En un operativo conjunto de la Marina Armada de México, la Policía Federal y la Policía Estatal, el día 2 de agosto los comuneros Timoteo Ramírez Cirino, del poblado El Duín, y Arnoldo Robles Luna, de la cabecera de Ostula, fueron detenidos, cada uno en su domicilio, sin que existiera orden de aprehensión en contra de ellos y orden de cateo para entrar a sus casas. En el caso de Timoteo Ramírez los enviados de “la ley” sustrajeron 6 mil pesos. Ese mismo día este operativo tomó también por asalto la casa del comunero Semeí Verdía y sustrajo de ella la cantidad de 12 mil pesos y diversos valores. El gobierno manifestó falsamente (comunicado número 197 de la Secretaría de Marina publicado en la página de internet de la Presidencia de la República: http://www.presidencia.gob.mx/index.php?DNA=48&page=1&Contenido=59112) que Timoteo Ramírez y Arnoldo Robles fueron detenidos juntos y en posesión de armas a bordo de una camioneta en la carretera federal, pues, de otro modo no les es posible justificar su inconstitucional proceder.

A lo anterior tenemos que agregar las desapariciones forzadas del compañero FRANCISCO DE ASÍS MANUEL, presidente de bienes comunales de Santa María Ostula, y de los comunerosJAVIER MARTÍNEZ ROBLES y GERARDO VERA ORCINO. Adicionalmente el gobierno federal no ha dado una respuesta satisfactoria al problema agrario que nos aqueja en el paraje de Xayakalan, atendiendo a cuentagotas tan compleja situación y ofreciendo mediante palabras soluciones que no vemos llegar.

CON TODO LO DESCRITO NOS QUEDA BIEN CLARO QUE ANTE LA REBELDÍA Y DIGNIDAD DEMOSTRADAS POR OSTULA PARA DEFENDER SUS TIERRAS Y SU ORGANIZACIÓN COMUNAL AUTÓNOMA, INCLUIDA LA FORMACIÓN DE UNA GUARDIA COMUNAL PARA SU AUTODEFENSA; LOS QUE TIENEN EL PODER EN ESTE PAÍS, LLÁMENSE GOBIERNO, NARCOTRAFICANTES O EMPRESARIOS TRASNACIONALES, HAN DESATADO UNA GUERRA DE TERROR EN CONTRA DE NUESTRA COMUNIDAD QUE, ESCONDIDA TRAS LA MÁSCARA DE LA SUPUESTA GUERRA CONTRA EL NARCOTRÁFICO, BUSCA SEMBRAR TERROR EN NUESTRA POBLACIÓN PARA FRENAR NUESTRA JUSTA LUCHA, IMPONER LOS INTERESES DE LAS EMPRESAS MINERAS QUE EMPIEZAN A INVADIR EL TERRITORIO NAHUA, ILEGALIZAR POR COMPLETO NUESTRA AUTODEFENSA COMUNAL, ACABAR CON NUESTRAS AUTORIDADES Y ORGANIZACIÓN COMUNAL Y PROMOVER LA PARTICIPACIÓN DE JÓVENES INDÍGENAS EN LOS CÁRTELES DEL NARCOTRÁFICO COMO VIL CARNE DE CAÑÓN PARA PROVOCAR LA DIVISIÓN Y LA DESCOMPOSICIÓN SOCIAL AL INTERIOR DE LAS COMUNIDADES INDÍGENAS.

Reiteramos que no renunciaremos a nuestras tierras, a nuestra libertad y a nuestros derechos más que a costa de nuestras vidas, y no permitiremos nunca más un nuevo atraco, un nuevo despojo en contra de nuestra comunidad, siendo nuestras exigencias las siguientes:

1. Presentación con vida de los comuneros FRANCISCO DE ASÍS MANUEL, presidente de bienes comunales, JAVIER MARTÍNEZ ROBLES y GERARDO VERA ORCINO; esclarecimiento del asesinato del profesor Diego Ramírez Domínguez y el castigo a los autores intelectuales y materiales de su muerte; e investigación de los asesinatos, intentos de asesinato, secuestros y persecusiones hasta hoy impunes de comuneros pertenecientes a las comunidades nahuas de la Costa.
2. Respeto a la posesión que Ostula guarda sobre las tierras que recuperó el 29 de junio de 2009 en el paraje conocido como Xayakalan.
3. La INMEDIATA y URGENTE solución a nuestra problemática agraria en el paraje de Xayakalan por parte de los gobiernos del estado y federal para que se garantice en forma definitiva la tenencia jurídica de dichas tierras a favor de Ostula.
4. La desarticulación de los grupos de narco paramilitares y CASTIGO A LOS FUNCIONARIOS DE GOBIERNO QUE LOS PROTEGEN.
5. El otorgamiento de garantías por parte de los gobiernos federal y del estado de Michoacán para el funcionamiento de las policías comunitarias y su guardia comunal en las comunidades de Santa María Ostula, El Coire y Pómaro, es decir, en todo el territorio nahua de la Costa michoacana.

¡Respeto a la totalidad de nuestras tierras comunales!

¡Respeto a nuestra policía comunitaria y su guardia comunal!

SANTA MARÍA OSTULA, MICH., A 17 DE AGOSTO DE 2010.

TIERRA Y LIBERTAD

LA COMISIÓN POR LA DEFENSA DE LOS BIENES COMUNALES DE LA COMUNIDAD INDÍGENA DE SANTA MARÍA OSTULA

Sobre el movimiento indígena y las autonomías en México.

¿Qué pasó con el movimiento indígena a partir de 2001,luego de que los poderes políticos del país convalidaran la fallida reforma constitucional sobre derechos y cultura indígenas? El Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) y las organizaciones indígenas se retiraron de la escena política nacional, dejando en claro tanto su rechazo a la reforma, que calificaron de burla y traición a los Acuerdos de San Andrés, como la voluntad de seguir luchando por su legítimo derecho a la autodeterminación y autonomía. Como parte de esa lucha, acordaron construir “autonomías de hecho” en sus comunidades, municipios y regiones. Esta posición la han sostenido hasta hoy.

La construcción de autonomías de hecho significa una acción de rebeldía frente a la injusticia derivada del incumplimiento de los Acuerdos de San Andrés. Éstos representaban un primer paso en la corrección de la estructura de la sociedad nacional, que excluye a los pueblos indígenas y los priva de sus derechos humanos elementales y en tanto pueblos. Los actores políticos que refrendaron la reforma constitucional conservaron intacta la estructura nacional y, con ello, reafirmaron las relaciones de opresión del Estado y la nación hacia los pueblos indígenas, supeditándolos, más que nunca, a la voluntad de los gobiernos federal, estatal y aun municipal. El trasfondo de tal maquinación era afianzar la embestida del capitalismo global en los territorios indígenas.

I. El EZLN, “sin pedirle permiso al mal gobierno para gobernar en nuestro territorio”, avanzó en la concreción de los municipios autónomos rebeldes zapatistas (Marez), formados después de 1994, así como en la organización de nuevas estructuras de gobierno en cada una las cinco regiones autónomas reconocidas por los zapatistas: las Juntas de Buen Gobierno (JBG). Éstas tomaron posesión el 8 de agosto de 2003. La sede de las JBG son los llamados Caracoles. A partir de este valioso sistema articulado de autogobierno (comunal, municipal y regional), los zapatistas han tratado de organizar sus propios medios de salud, educación, alimentación, impartición de justicia, etcétera.

Los zapatistas conciben su experiencia autonómica como una demostración para ellos mismos y para los demás de la capacidad de los pueblos de organizarse y autogobernarse, así como de darse una forma de gobierno colectivo basada en principios (mandar obedeciendo, revocación del mandato, etcétera), valores y prioridades diferentes a los que sostienen los “malos gobiernos”. Sin embargo, advierten las serias dificultades para sostener sus autonomías dentro de un sistema económico, político e ideológico (nacional y global) adverso. De ahí que en la valoración de las autonomías zapatistas es preciso tomar en cuenta que las JBG y los consejos autónomos municipales han funcionado en condiciones hostiles y precarias, siempre bajo amenaza, hostigamiento y presión por parte de los aparatos del Estado, del poder económico local, nacional y trasnacionales. Por ello, como veremos adelante, el programa político de los zapatistas no se limita a construir espacios de autonomía en las comunidades y regiones donde tienen presencia.

Otra experiencia significativa de construcción de autonomías de hecho es el Sistema de Seguridad, Justicia y Reeducación Comunitaria de la Montaña y Costa Chica del estado de Guerrero, conocido como la Policía Comunitaria. Ésta nació a finales de 1995, a partir de un proceso de articulación entre comunidades en torno a la organización de un sistema de seguridad propio –la policía comunitaria– que después incluyó el de justicia. En este proceso, las comunidades crearon una estructura regional compuesta por dos instituciones jurídicas autónomas: la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC) y la Asamblea Regional de Autoridades Comunitarias, que es la máxima autoridad de la CRAC. Hasta ahora se han integrado a esta organización autónoma regional alrededor de 80 comunidades pertenecientes a distintos pueblos tlapanecos, mixtecos, nahuas y mestizos.

Los actores de este ensayo autonómico valoran la capacidad de sus pueblos de garantizar seguridad en su territorio –lo que ninguna autoridad ni policías estatales les aseguraron–, así como de construir un nuevo derecho y una nueva justicia a escala regional, a partir de principios, normas, procedimientos e instituciones centrados en el “espíritu comunitario”, y enriquecidos por la reflexión y la discusión entre los diversos pueblos que confluyen en la Asamblea Regional. Se trata, como ellos lo caracterizan, de un derecho “antiguo y nuevo a la vez”, y de “una justicia pública y colectiva”, en la cual las resoluciones se toman colectivamente “para impedir que se cometan errores o arbitrariedades en la impartición de justicia”, así como “para asegurarse la justicia, la seguridad, la armonía en la convivencia y la paz”. Pero esta experiencia autonómica enfrenta, al igual que la zapatista, el hostigamiento y la amenaza constantes por parte del ejército y de la policía estatal.

Otras declaraciones públicas de ejercicio de la autonomía de hecho, cuyo objetivo inmediato es recuperar y proteger sus derechos territoriales, son la Comunidad Autónoma Wixárika de Bancos de San Hipólito, municipio del Mezquital, Durango, y la comunidad nahua de Santa María Ostula, de la Costa de Michoacán. En ambos casos, las comunidades llevaban años de lucha en los tribunales agrarios por la restitución y el reconocimiento de sus derechos territoriales, cercenados por resoluciones presidenciales. Estas resoluciones, a la vez, crearon una situación de conflicto entre las comunidades despojadas y los grupos que pretenden apropiarse de sus tierras ancestrales.

En el primer caso, una resolución presidencial de la década de los 60s separó arbitrariamente a la comunidad wixárika (huichol) de Bancos de San Hipólito de su vínculo ancestral con Tateikie-San Andrés Cohamiata, ubicada en Jalisco, y la anexó a la comunidad vecina de San Lucas de Jalpa, Durango, al tiempo que cercenó una parte de sus tierras ancestrales. En 2002, el consejo de ancianos y la asamblea de comuneros wixárika de Bancos decidieron recuperar sus tierras y ejercer su autonomía en los hechos. Para ello, interpusieron en el tribunal agrario una demanda de nulidad de la resolución presidencial en noviembre de 2002 y declararon a Bancos como Comunidad Autónoma Wixárika. Esta declaración implicó el desconocimiento de las autoridades agrarias de San Lucas (a las que habían quedado sujetas injustamente) y el nombramiento de sus propias autoridades agrarias. Con estas acciones iniciaron un proceso de organización y reconstrucción de su comunidad y gobierno autónomos (este último formado por un cuerpo de autoridades civiles, agrarias y tradicionales).

Al año siguiente, en 2003, decidieron tomar posesión de su territorio boscoso en disputa, y para resguardarlo instalaron nuevos centros de población –la Mesa de la Torrecilla (Buenos Aires), Las Carreras y Mesa Alteña–, los mismos que fueron devastados por las tormentas de febrero de 2010. Para rehabilitar estos poblados, resolvieron aprovechar los más de mil pinos derrumbados por las tormentas y hacer trabajos de limpieza forestal para evitar que los árboles caídos se convirtieran en fuente de plagas y enfermedades o en combustible para incendios. Después de solicitar en varias ocasiones y obtener el permiso de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales, el “grupo autónomo de análisis territorial y ecología” de la Comunidad Autónoma Wixárika inició los trabajos de cubicación de la madera. La comunidad también ha previsto “presentar un plan de reforestación integral en la zona afectada”. Pero el hostigamiento de los caciques de San Lucas ha dificultado las tareas. El 11 de agosto de 2009 el Tribunal Superior Agrario emitió su sentencia a favor de Bancos, esto es, anuló la resolución presidencial, aunque “únicamente en lo que respecta a la superficie en conflicto (diez mil 720 hectárea)”, por considerar que hubo violaciones en el procedimiento agrario, en perjuicio del “núcleo agrario de Bancos”, y dispuso que se procediera a la confirmación y titulación de ese territorio a Bancos.

En el caso de la comunidad de Ostula, los comuneros decidieron ejercer sus derechos territoriales mediante la recuperación pacífica de unas mil hectáreas de tierras reclamadas del paraje la Canahuancera, luego de varios intentos de hacerse del lugar y de negociaciones con las autoridades estatales que se comprometían a resolver el conflicto y asegurar sus derechos agrarios, sin hacerlo efectivo. A finales de junio de 2009, cuando cientos de personas de Ostula, hombres y mujeres de todas las edades, se acercaron al paraje para tomar posesión fueron recibidos a balazos por personas que pretenden apropiarse de sus tierras. Al día siguiente, los nahuas de Ostula lograron tomar el paraje con la nutrida participación de personas de las otras dos comunidades nahuas de Michoacán: El Caire y Pómaro. Para asegurar las tierras recuperadas, instalaron un campamento y erigieron en pocos días un nuevo poblado en la Canahuancera, que renombraron Xayakalan, su nombre original. La confluencia de las policías comunitarias de Ostula, El Caire y Pómaro fue clave en la toma del paraje, así como en el cuidado de la “seguridad de las personas” apostadas tanto en el campamento como en los nuevos poblados, y en el resguardo de las tierras recuperadas.

Un hecho novedoso en esta lucha es la actuación articulada de las tres comunidades en tanto pueblo nahua. Esta unidad se ha tratado de reforzar con la creación del Comité de Defensa del Pueblo Nahua de la Costa Sierra de Michoacán. Esto tiene una explicación económica y política. Primero, porque empresas multinacionales están fuertemente interesadas en hacerse de las tierras de las tres comunidades, dado el gran potencial minero y turístico que poseen. Segundo, porque con la acción unida pueden conjuntar esfuerzos en la defensa de su territorio. Cabe destacar que la reunificación de las comunidades en tanto pueblo es parte fundamental del proceso autonómico. Se trata de la reconstitución de los pueblos fragmentados en el proceso histórico de dominación. Una de las políticas de dominación del Estado hacia los pueblos indígenas, y a la que recurren persistentemente tanto el gobierno central, como los locales y estatales, es la de provocar y sostener la segmentación de los pueblos en múltiples comunidades separadas y enfrentadas entre sí. Por consiguiente, la rearticulación de las comunidades en tanto pueblo forma parte de la batalla por la autonomía y contra las relaciones de dominación.

En uno de los primeros comunicados del Comité de Defensa del Pueblo Nahua, del 12 de marzo de 2010, las comunidades nahuas de Michoacán exigieron conjuntamente a los gobiernos federal y estatal que garantizaran definitivamente la tenencia jurídica de las tierras recuperadas “a favor de Ostula”, que cuenta con títulos de propiedad de 1802 y 1803, así como el reconocimiento del “funcionamiento de las policías comunitarias y su guardia comunal en las comunidades de Santa María Ostula, El Caire y Pómaro, es decir, en todo el territorio nahua de la Costa michoacana”. Las policías comunitarias son consideradas parte de su autonomía, para el resguardo del “territorio y la vida de las comunidades”, pero también un instrumento de autodefensa contra las incursiones de grupos que quieren despojarlos de sus tierras.

El Municipio Autónomo San Juan Copala es otra referencia emblemática en la construcción de autonomías de hecho. San Juan Copala ha sido históricamente el centro político, económico y religioso de las comunidades triquis de la región baja. En 1826 esta región obtuvo la categoría de municipio, teniendo como cabecera a San Juan Copala. Pero en 1948 el gobierno de Oaxaca suprimió este municipio y creó otros para favorecer y apuntalar a los grupos de poder regional. A partir de esa fecha, San Juan Copala fue convertido en agencia municipal de Santiago Juxtlahuaca y, en general, el territorio y las comunidades integrantes de la región triqui baja se repartieron entre los municipios de Santiago Juxtlahuaca, Constancia del Rosario y Putla de Guerrero. De esta manera, los triquis quedaron separados y sometidos económica y políticamente a las cabeceras de los nuevos municipios, sedes del poder caciquil mestizo. Las comunidades triquis solicitaron en varias ocasiones que se les restituyera su municipio, sin conseguirlo.

Según relatos de los autonomistas, un grupo de triquis que había participado en la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca (APPO), en 2006, y que venía del Movimiento de Unificación y Lucha Triqui-Independiente, preocupados por los pasos que debían dar después de esa experiencia, inició un proceso de consultas a autoridades tradicionales y con miembros de otras organizaciones sociales triquis. De ahí surgió la idea de construir un municipio autónomo. Esta propuesta fue discutida en asambleas, barrios y rancherías, de lo que resultó el acuerdo de declarar a San Juan Copala Municipio Autónomo. En enero de 2007, se realizó la ceremonia de confirmación de las autoridades municipales autónomas, elegidas entre las comunidades que se incorporaron a este proceso autonómico. Los triquis que participan en su construcción consideran que la autonomía puede ser la “manera pacífica de alcanzar la paz en su territorio” y un medio para superar las fuertes divisiones políticas internas entre las distintas organizaciones triquis surgidas en las décadas recientes: el Movimiento de Unificación y Lucha Triqui (MULT), el MULT-Independiente y la Unión de Bienestar Social Triqui, (Ubisort).


Para restablecer los vínculos entre las comunidades triquis de la región baja (injustamente divididas en distintas jurisdicciones municipales) estimaron necesario declarar el municipio autónomo San Juan Copala (autorestituyendo su categoría de municipio, suprimida arbitrariamente en 1948) y construir “un gobierno triqui”, de modo que puedan gobernarse por ellos mismos y crear sus “propios proyectos de desarrollo en convivencia, salud, educación, cultura”, sin tener que depender de los gobiernos municipales conformados por mestizos, “que no saben gobernar”. De hecho, esta dependencia es una de las causas del conflicto violento que se vive en la región. Por ello, evalúan que con la construcción de su municipio autónomo se liberan de la opresión y de la explotación de los caciques mestizos de los municipios a los que quedaron sujetos. También se liberan de las artimañas de las autoridades municipales para privar a las comunidades y agencias municipales triquis de la entrega de los recursos públicos que por ley les corresponden, así como del uso faccioso y corrupto que hacen de dichos recursos para apuntalar su poder caciquil y dividir al pueblo triqui. Los autonomistas consideran que con su municipio autónomo los recursos públicos “bajarían” a todas sus comunidades, eliminando así una de las fuentes de conflicto. En suma, la declaración del municipio autónomo significa para sus autores la reorganización del territorio y de las comunidades de la región triqui baja, así como la instauración de sus propias formas de gobierno y de decisión colectiva. Con todo ello, esperan poner fin a tanta violencia.

En todos los casos de construcción de autonomías de hecho mencionados, los pueblos están enfrentando el asedio y la agresión de grupos paramilitares, de elementos del ejército y de policías de todo tipo. Hay denuncias de presencia de grupos paramilitares en Chiapas, Oaxaca y en la Costa de Michoacán, y se sabe que estos grupos no pueden funcionar si no es con la protección del gobierno y con el financiamiento de grupos de poder político y económico. Sin embargo, la violencia se ha extendido a todas partes del país. En realidad, el verdadero culpable de esta violencia es el capitalismo. Detrás de la presencia del ejército y de los grupos paramilitares están las empresas mineras, turísticas, inmobiliarias, agroindustriales, carreteras, etcétera, esperando que los cuerpos represivos hagan su trabajo de debilitamiento de las resistencias para poder entrar a hacer grandes negocios.

II. Las declaraciones de autonomías de hecho no se han generalizado en todos los pueblos indígenas del país, salvo los casos mencionados. Lo que no quiere decir que la autonomía no esté en el horizonte político y en las luchas que están realizando todos ellos. De cualquier manera, la mayoría de los pueblos indígenas están enfrascados en fuertes resistencias locales y regionales frente a las viejas y nuevas formas de explotación y despojo de sus bienes colectivos (tierras, territorios, bosques, agua, biodiversidad, saberes), que llevan a cabo caciques, latifundistas y empresas nacionales y multinacionales con el apoyo de los gobiernos federal, estatal y municipal.

Actualmente destacan las luchas indígenas contra las múltiples y originales formas de invasión del capitalismo multinacional en sus territorios y comunidades. Son luchas puntuales y locales contra la minería a cielo abierto; contra la construcción de presas y parques eólicos; contra los transgénicos y en defensa de las semillas autóctonas; contra la biopiratería y la privatización de sus conocimientos colectivos; contra la mercantilización del agua; contra el despojo de sus tierras colectivas para grandes desarrollos turísticos, urbanísticos, comerciales y carreteros; contra la destrucción de los bosques comunales; contra los tratados de libre comercio de alimentos y la consecuente eliminación de los sistemas de producción agrícola nativos, y, en fin, contra la comercialización, la privatización y la “empresarialización” de la tierra, de la naturaleza, de la cultura, de la memoria y del conocimiento. Algunas de estas luchas locales se articulan en movimientos nacionales o en redes, según la esfera de penetración del capital en sus respectivos territorios, con el propósito de unificar las resistencias dispersas en la geografía nacional (como el Movimiento Mexicano de Afectados por las Presas y en Defensa de los Ríos o la Red Mexicana de Afectados por la Minería). En algunos casos, establecen lazos solidarios con movimientos y redes de otros países que enfrentan afectaciones similares.

En la Declaración de Xayakalan, los representantes de varios pueblos indígenas del país, reunidos en la Asamblea Extraordinaria del Congreso Nacional Indígena, realizada en la comunidad nahua de Santa María Ostula, Michoacán, en agosto de 2009, manifestaron que “este capitalismo se comporta ahora con la mayor saña que no se haya visto en la historia, en una empecinada voracidad por nuestros recursos, agua, viento, vidas, tierras y territorios (…) Hoy como ayer nuestros pueblos, naciones, tribus y comunidades enfrentamos en todo el continente la violencia sistemática, traducida en despojos, desalojos, asesinatos, cárceles, desaparecidos, exiliados”.

En 2008, en el marco de la celebración del quinto aniversario de las JBG, el teniente coronel insurgente Moisés recordó que en los primeros días de 1994 el gobierno calificó a los zapatistas de transgresores de la ley. Admitió perspicazmente que era cierto y que seguirían transgrediéndola, porque “es una ley protectora de todas las agresiones que hace el mal gobierno, de todas las violaciones que hace el mal gobierno. No protege a los millones de pobres en México, del campo y de la ciudad. Es una ley que está a beneficio de sus intereses de ellos (…) neoliberales”. Con estas palabras, Moisés deja ver la falsedad de la neutralidad de la ley porque beneficia a unos cuantos (los capitalistas y neoliberales) y desprotege y excluye a millones (los pobres de la ciudad y del campo). El punto es que la exigencia de respeto a la ley significa la obediencia a una forma de derecho estatal que implica determinadas relaciones socioeconómicas (capitalistas). Por tanto, respetar la ley implica aceptar tales relaciones, que producen y reproducen la desigualdad y la injusticia. Para los beneficiarios de la ley, no importa si ésta es injusta, sino que sea respetada. Para los excluidos y explotados, en cambio, respetar la ley implica dejarse explotar, despojar y excluir. Y si se resisten a todo ello son considerados transgresores. Así, todas las injusticias y las violaciones se cometen al amparo de la ley.

En consecuencia, cuando el insurgente Moisés afirmaba que los zapatistas seguirían transgrediendo la ley, estaba diciendo que seguirían rebelándose contra la explotación, la exclusión, la injusticia. Además, revirtió la acusación: “esa ley injusta es la que transgrede al pueblo”. Y apeló a otra ley por conquistar: “Nacerá otra ley que es palabra del pueblo, de todos los trabajadores. Que ellos la decidirán cómo es la ley que quieren. Para eso, compañeros, compañeras, tenemos que luchar.”

Consuelo Sánchez

Antropóloga y profesora-investigadora de la Escuela Nacional de Antropología e Historia

http://www.jornada.unam.mx/2010/08/21/maiz.html

Ostula, entre el acoso y la esperanza.

Xayakalan, Michoacán. El pasado 29 de junio se conmemoró el primer año del día en que cientos de hombres y mujeres indígenas de la comunidad nahua de Santa María de Ostula, bajaron de su comunidad, enclavada en la sierra madre del sur, con destino a sus territorios ancestrales en la costa michoacana, para recuperar un territorio de aproximadamente 700 hectáreas que les había siendo despojado por un pequeño grupo de mestizos del poblado cercano de La Placita, caciques con fuerte poder económico y político en la región, además ligados al narcotráfico.

Esta recuperación abrió un referente de gran importancia para entender las formas en cómo se organizan y resisten las poblaciones campesinas del México indígena ante el acoso y la lógica de exterminio en el capitalismo contemporáneo, situando a esta comunidad en un lugar importante del imaginario que hoy sigue dando vida a las modernas luchas autónomas de emancipación.

Los comuneros nahuas de Ostula, apoyados por sus vecinos de Coire y Pómaro, reagruparon para la recuperación a sus cuerpos de policía comunitaria, forma ancestral de autodefensa para muchas de las comunidades indígenas de México y tras el enfrentamiento con los guardias de los caciques lograron replegarlos y tomar control de la zona que hasta el día de hoy resguardan. En forma simultánea, la comunidad de Ostula comenzó ese día la edificación del poblado de Xayakalan construyendo más de veinte casas y la jefatura del lugar. Estas dos estrategias les han permitido mantener el control de la zona y dar los primeros pasos en la construcción del proyecto autónomo del poblado Xayakalan.

Santa María de Ostula es, junto con Coire y Pómaro, una de las tres comunidades indígenas nahuas de la zona costa-sierra del municipio de Aquila, en el estado mexicano de Michoacán. Su territorio es rico en recursos naturales, su colorido paisaje hace contrastar el verde de las montañas casi vírgenes, habitadas por múltiples especies de flora y fauna, con el café y el azul de sus  largos linderos de playas y mares. La gente de este lugar vive principalmente de sus cultivos, la producción es destinada en su mayoría al autoconsumo y aunque el comercio de los productos del campo en los mercados locales y la migración nacional e internacional en forma temporal son también formas importantes para el sustento de la vida, el trabajo de la tierra sigue siendo el que hace de Ostula una comunidad con fuertes grados de autorregulación.

Un conflicto limítrofe con grandes inconsistencias

La comunidad de Ostula cuenta con títulos de propiedad que avalan la posesión de los terrenos recuperados hace un año, estos títulos datan de la época virreinal y fueron confirmados en una resolución presidencial en 1964. Sin embargo, hay algunos factores que hacen que el conflicto no haya podido tener una salida por la vía legal.

La resolución presidencial que acredita a la comunidad de Ostula como propietaria de la zona de playa que hoy se conoce como Xayakalan, tuvo grandes inconsistencias cuando se hicieron las mediciones sobre los linderos. Los encargados por parte de las autoridades de medir los terrenos en los años sesenta no tenían conocimiento de la zona y redujeron el territorio de la comunidad indígena dejando cientos de hectáreas como pequeña propiedad. Esto ocasionó que desde finales de los años sesenta los grupos de pequeños propietarios comenzaran a invadir la propiedad comunal.

La comunidad de Ostula no dejó de insistir en el reconocimiento de su territorio desde hace varias décadas, sin tener una respuesta satisfactoria por parte de las autoridades. Después de varias ocupaciones por parte de los grupos de rancheros de La Placita, en últimos tiempos es cuando la comunidad de Ostula decide no tolerar más esta situación. Don Trino Cruz, comunero de Ostula, explica: “Cuando nosotros vimos que hicimos una lucha por la vía legal y no conseguimos nada, que el gobierno no nos atendió y nos dio la espalda durante tantos años, tuvimos que organizarnos por nuestra cuenta y así recuperar nuestras tierras que ya estaban ocupando los supuestos pequeños propietarios. Por eso nos organizamos y ahora estamos aquí viviendo en Xayakalan”.

La autonomía en la cotidianidad

Este primer año de resistencia en la comunidad se han vivido con una intensa actividad cotidiana en el poblado de Xayakalan. Los días pasan entre las guardias que los hombres de la policía comunitaria llevan a cabo en recorridos por todo el territorio y los turnos que las mujeres hacen para tener listos los almuerzos en el comedor comunitario.

Aunque hay ya un asentamiento importante de gente viviendo en el nuevo poblado, la mayoría de los hombres y mujeres que participan en las labores de alimentación y resguardo del lugar vienen del centro de la comunidad en la sierra a unos 15 kilómetros de Xayakalan.

Han sido meses de un intenso trabajo de rotación de turnos para la vigilancia y para organizar la comida. Sin embargo a la mayoría parece agradar este trabajo. El comedor comunitario y los rondines de la policía comunitaria se vuelven espacios cotidianos donde la socialización permite pasar ratos amenos, las mujeres del comedor se ponen al día de la vida de la comunidad mientras desgranan el maíz para las tortillas, de la misma forma lo hacen los hombres que mantienen los campamentos en la playa mientras cuidan la zona de alguna incursión enemiga.

Los días son complementan con el trabajo en la construcción de nuevas viviendas. En un principio se construyeron poco más de veinte casas de adobe y techo de lámina de asbesto, y en los meses posteriores se han construido por lo menos otras diez de palos y techo de palma. La idea, tal como la platican los comuneros, es que poco a poco la gente de Ostula vaya ocupando el territorio para vivir o sembrar parcelas. Este proceso ha ido teniendo resultados visibles desde el día de la recuperación hasta ahora que se cumple un año de la resistencia.

Otro de los resultados que pueden verse en el proceso autónomo es el cultivo y cosecha de los huertos comunitarios. En una de las asambleas realizada en el mes de abril, las autoridades del comisariado de bienes comunales, informaron a la comunidad los datos de las primeras cosechas de tamarindo y el monto de lo recaudado por las ventas de este. En esa ocasión el tamarindo de manchó debido a las lluvias no previstas y se tuvo que vender por debajo del costo por kilo, lo que habla de la dificultad para mantener estos procesos vivos y de cómo la construcción de un proyecto autónomo es también ir aprendiendo de las dificultades.

Entre el acoso y la esperanza

Estos meses de resistencia han estado marcados también por hechos dolosos contra la comunidad de Ostula. El año de la resistencia ha dejado ocho asesinatos que los comuneros atribuyen a la venganza por parte de los caciques de La Placita. Del mismo modo, han desaparecido de forma forzada tres de los hombres que son piezas claves en la lucha: los comuneros Javier Martínez Robles y Gerardo Vera Orcino y el presidente del comisariado de bienes comunales, Francisco de Asis Manuel.

Con todo lo que significa el dolor de las muertes y las desapariciones, la comunidad de Ostula sabe que los tiempos de lucha serán así y que la mejor forma de rendir tributo a los comuneros que ya no están es honrando la memoria y la vida de compromiso que ellos mantenían. Por eso el 29 de junio pasado celebraron el aniversario de la resistencia con un emotivo evento al que dieron el nombre de  jornadas conmemorativas “Por la vida, la tierra y la autonomía de los pueblos originarios”, cuya convocatoria fue dirigida a sus vecinos de Coire y Pómaro, a organismos de derechos humanos, a medios de comunicación, a los pueblos indios del Congreso Nacional Indígena y a la Otra Campaña.

Ostula y el nuevo poblado de Xayakalan cumplieron así un año de una historia que puede leerse desde la dignidad, un año de una resistencia que desafía todos los vicios de la clase en el poder y el amargo sabor de enfrentar al crimen organizado.

En la fiesta de aniversario se recordó la frase pronunciada por Fransisco de Asis Manuel, presidente de bienes comunales, durante la última asamblea en la que estuvo presente: “En esta lucha vamos a morir y no quiero que se pongan tristes porque nuestros hijos y nietos verán el fruto de nuestro sacrificio y sabrán como se defienden las tierras comunales”.

http://desinformemonos.org/

Secuestran paramilitares a Francisco De Asís Manuel, de Santa María Ostula, Michoacán, México.

COMUNICADO

A LOS PUEBLOS Y GOBIERNOS DEL MUNDO.
AL PUEBLO DE MEXICO.
A LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN.

La COMISIÓN POR LA DEFENSA DE LOS BIENES COMUNALES DE LA COMUNIDAD INDÍGENA DE SANTA MARÍA OSTULA hace del conocimiento público que el día 20 de abril del presente año, alrededor de las 23:30 horas de la noche, el compañero FRANCISCO DE ASÍS MANUEL, Presidente del Comisariado de Bienes Comunales de Santa María Ostula, fue “levantado” y secuestrado en la encargatura de la Palma Sola por un grupo paramilitar fuertemente armado con fusiles de asalto AK-47; razón por la que tememos por su vida e integridad física. El compañero FRANCISCO DE ASÍS MANUEL encabezaba la lucha de la Comunidad por la defensa de sus territorios y autonomía. Bajo la dirección del compañero FRANCISCO DE ASÍS nuestra comunidad recuperó las tierras del paraje conocido como Xayakalan, fundó una nueva población y estructuro su autodefensa indígena sobre la base de la policía comunitaria y su guardia comunal. En dicho sentido tenemos la firme convicción de que nuestro compañero pudo haber sido secuestrado por el cartel de narcotraficantes de La Placita y Aquila articulado con el grupo de pequeños propietarios encabezado por Refugio Ventura, alias “Cuquillo”; grupo delictivo y de supuestos pequeños propietarios que es protegido por funcionarios y por la estructura de seguridad pública del gobierno municipal de Aquila.

La anterior situación se suma al hecho de que desde el pasado 18 de agosto hasta el día de hoy ocho comuneros de Ostula y El Coire han sido violentamente asesinados sin que nadie realice las investigaciones y finque las responsabilidades correspondientes; mientras que los medios de comunicación locales ocultan la existencia impune de poderosos cárteles mafiosos en la zona y señalan falsamente que nuestra lucha comunal es la causa de estos asesinatos y de otros desmanes con el fin de facilitar la persecución y represión hacia nuestro movimiento.

Asimismo el día 26 de julio de 2008 el profesor Diego Ramírez Domínguez, comunero perteneciente a nuestra comunidad y coordinador, hasta su muerte, de la comisión especial que nuestra asamblea general nombró para la defensa y recuperación de las tierras de Xayakalan, fue violentamente asesinado.

Ante los hechos manifestados exigimos la intervención de la Procuraduría General de la República y del Procurador General de Justicia del Estado para que se aclaren los crímenes cometidos en contra de nuestra comunidad, se desarticule al grupo delictivo de La Placita-Aquila y se resuelvan nuestras exigencias, mismas que puntualizamos a continuación:

Presentación con vida del compañero FRANCISCO DE ASIS MANUEL y de los comuneros JAVIER MARTÍNEZ ROBLES y GERARDO VERA ORCINO; esclarecimiento del asesinato del profesor Diego Ramírez Domínguez y el castigo a los autores intelectuales y materiales de su muerte; e investigación de los asesinatos hasta hoy impunes de ocho comuneros pertenecientes a las comunidades nahuas de la Costa.
1. Respeto a la posesión que nuestra comunidad guarda sobre las tierras que recuperó el pasado 29 de junio en el paraje conocido como Xayakalan.
2. La INMEDIATA y URGENTE creación de mecanismos por parte de los gobiernos del estado y federal que garanticen en forma definitiva la tenencia jurídica de dichas tierras a favor de nuestra comunidad.
3. La desarticulación de los grupos de narcotraficantes que actúan en la región Y CASTIGO A LOS FUNCIONARIOS DE GOBIERNO QUE LOS PROTEGEN.
4. El otorgamiento de garantías por parte de los gobiernos federal y del estado de Michoacán para el funcionamiento de las policías comunitarias y su guardia comunal en las comunidades de Santa María Ostula, El Coire y Pómaro, es decir, en todo el territorio nahua de la Costa michoacana.
5. Por último queremos hacer nuevamente del conocimiento general la cuenta bancaria en la que pueden hacer depósitos económicos tod@s aquell@s que deseen solidarizarse con nuestra lucha:

CUENTA “PERFILES” BANAMEX A NOMBRE DE VICTOR SELESTINO GRAGEDA, TESORERO DE LA COMUNIDAD. CUENTA NÚMERO 7989603, CLABE NÚMERO 002497044779896031. SUCURSAL LÁZARO CÁRDENAS NÚMERO 447.

SANTA MARÍA OSTULA, AQUILA, MICH., A 22 DE ABRIL DE 2010.
TIERRA Y LIBERTAD

LA COMISIÓN POR LA DEFENSA DE LOS BIENES COMUNALES DE LA COMUNIDAD INDÍGENA DE SANTA MARÍA OSTULA
—– ——– ————–

Comunicado de la Red contra la Represión y por la Soldaridad

México 23 abril, 2010

EXIGIMOS LA PRESENTACIÓN CON VIDA DE FRANCISCO DE ASÍS MANUEL, Presidente del Comisariado de Bienes Comunales de Santa María Ostula, Michoacán. Fue detenido desaparecido en la encargatura de la Palma Sola por un grupo paramilitar fuertemente armado con fusiles de asalto AK-47; razón por la que tememos por su vida e integridad física.

El compañero FRANCISCO DE ASÍS MANUEL encabezaba la lucha de la Comunidad por la defensa de sus territorios y autonomía. Bajo la dirección del compañero FRANCISCO DE ASÍS su comunidad recuperó las tierras del paraje conocido como Xayakalan, fundó una nueva población y estructuro su autodefensa indígena sobre la base de la policía comunitaria y su guardia comunal.

Denunciamos al cartel de narcotraficantes de la Placita y Aquila y al grupo de pequeños propietarios encabezado por Refuio Ventura, alia “Cuquillo” que en connivencia con las policías, autoridades locales, estatales y federales por su participación u omisión en la detención desaparición de nuestro compañero y los hacemos responsables de la vida del compañero, asimismo de Javier Robles Martínez y Gerardo Vega Orcino detenidos desaparecidos el 23 de febrero del 2010 en la misma comunidad.

Llamamos a todas las organizaciones e individuos a repudiar y a manifestarnos en contra de la práctica de la desaparición forzada, y por el esclarecimiento del paradero de Francisco de Asís Manuel Javier Robles Martínez y Gerardo Vega Orcino y el castigo a los culpables.

¡Contra el despojo y la represiòn, la Solidaridad!
Red Contra la Represión y por la Solidaridad (RvsR)

Correo electrónico: redcontralarepresion@gmail.com
Blog: http://contralarepresion.wordpress.com
Teléfono: 55 78 07 75 y 55 78 47 11
Dirección: Dr. Carmona y Valle # 32, colonia Doctores, Del. Cuauhtémoc, México D. F. C.P. 06720

Acuerdos de la XXVII Reunión Ampliada del Congreso Nacional Indígena en la Región Centro Pacífico.

XXVII Reunión Plenaria del Congreso Nacional Indígena Región Centro Pacífico
Comunidad Autónoma Wixárika, Bancos de San Hipólito, Municipio de Mezquital, Durango
CONGRESO NACIONAL INDIGENA
REGIÓN CENTRO PACÍFICO

DECLARACION DE UWENI MUYEWE

Convocados y reunidos para realizar la XXVII Reunión Ampliada del Congreso Nacional Indígena Región Centro Pacífico en la comunidad autónoma wixárika de Uweni Muyewi (Bancos de San Hipólito), Durango, las autoridades y representantes indígenas pertenecientes a los pueblos wixárika, cora, odam, coca, nahua, purhépecha, triqui, ñahñu, tzotzil y mixteco de los estados de Durango, Nayarit, Jalisco, Michoacán, Estado de México, Distrito Federal, San Luis Potosí, Chiapas, Puebla, Guerrero y Tlaxcala, y acompañados en el camino por la luz de la luna en crecimiento que marca el inicio de la siembra y nos otorga la fuerza y la buena palabra para platicarnos y hacer acuerdos en el Congreso Nacional Indígena que es la casa de nuestros pueblos y CONSIDERANDO que:

1.- A 200 años de que estallara la revolución de independencia y a 100 años de la revolución mexicana, nuestros pueblos, naciones y tribus, mismos que aportaron sus vidas y su sangre para el triunfo de estas luchas, hoy como desde hace 518 años siguen siendo despreciados, discriminados y sin ser reconocidos en sus derechos fundamentales, es decir, somos verdaderos desconocidos en nuestras propias tierras. Ocurriendo que las constituciones de 1824, 1857 y 1917 no solo han desconocido la existencia de nuestros pueblos, sino que además buscaron la desaparición, exterminio, explotación y muerte de nuestros pueblos, nos preguntamos ¿Qué tenemos que festejar?
Nuestro festejo es el grito del ¡Ya Basta! del levantamiento armado de nuestros hermanos zapatistas en 1994, las autonomías y la libre determinación que nuestros pueblos construyen en la vía de los hechos es para nosotros la otra política que se construye desde abajo, a la izquierda y anticapitalista.

2.- La historia actual de nuestros pueblos es una historia de despojos y represión, en consecuencia vamos a contar una parte de esa otra historia de las naciones, pueblos y tribus que somos el Congreso Nacional Indígena, donde nuestras luchas de resistencia son criminalizadas y donde quienes luchan son convertidos en delincuentes por una justicia corrupta e instituciones viciosas.
Los pasados 22 y 23 de febrero de 2010, la comunidad de Tuapurie-Santa Catarina Cuexcomatitlán del pueblo Wixárika, fue reprimida en su peregrinación tradicional cuando se encontraba en una ceremonia en el lugar sagrado de Wirikuta y la policía estatal de San Luis Potosí amenazó y hostigó durante 15 horas a los peregrinos mientras estaban haciendo su ceremonia ancestral, burlándose y dañando nuestra memoria colectiva, lo que no solo es un atentado contra la comunidad de Tuapurie, sino contra todo el pueblo wixárika y todos los pueblos indígenas. Con ello el Estado Mexicano viola el convenio de Viena sobre plantas psicotrópicas y el convenio 169 de la OIT.
Señalamos que Tuapurie ha sido objeto de múltiples agresiones y hostigamientos desde que haciendo uso de su derecho territorial y autonomía se opuso y detuvo la imposición del proyecto carretero Amatitán-Bolaños-Huejuquilla en 2008; tal es el caso de la represión laboral contra los comuneros profesores que fueron destituidos y cambiados de puestos y zonas en complicidad con el sindicato y autoridades educativas, difamación y hostigamiento contra sus autoridades y amenazas de muerte contra comuneros por grupos paramilitares organizados por el mal gobierno.
El día 18 de Marzo la policía municipal de Huejuquilla, en una maniobra de asaltantes siguió y disparó contra un vehículo de la comunidad de Tatei Kie- San Andrés Coamiata en el poblado llamado San Antonio de Padua, Zacatecas, hiriendo de bala a 4 comuneros.

El pasado 23 de febrero, los comuneros nahuas de Santa María Ostula, Gerardo Vera y Javier Martínez fueron secuestrados por un grupo fuertemente armado sin que hasta la fecha sepamos de su paradero, teniendo la seguridad de que dicho acto fue cometido por un grupo paramilitar con la finalidad de frenar la lucha de Ostula por el rescate de sus tierras. Asimismo, los últimos días diversos comuneros han sido perseguidos y amenazados por grupos armados ligados al narcotráfico, sin que el gobierno haga nada.

En los treinta años de trayectoria del Movimiento de Unificación y Lucha Triqui, han sido asesinados mas de 350 hermanos, destacando la muerte de Guadalupe Flores Villanueva “el maestro nato”, Paulino Martínez Delia, Luis Flores García, Roberto Merino, Hilario González Domínguez, Juan Alfonso Robles y de los lideres naturales Ramón Celestino, Camilo Cirilo Castañeda. Todos ellos muertos por pistoleros a sueldo sin que hasta el momento se haga justicia.

En San Antonio Ebulá y Candelaria, Campeche, nuestros hermanos han sido golpeados y encarcelados con la finalidad de despojarlos de sus tierras e impedir su resistencia a las altas tarifas que impone la Comisión Federal de Electricidad.

Asimismo todas las regiones indígenas de Guerrero y Oaxaca han sido fuertemente militarizadas, destacando la guerra de exterminio en contra de los pueblos mepha y mixteco de Ayutla, Guerrero, el acoso en contra del pueblo amuzgo de Xochistlahuaca y su radio Ñomndaa, así como la persecución en contra del Consejo Indígena y Popular de Oaxaca-Ricardo Flores Magón.

El día tres de enero del presente año el hermano rarámuri Pedro Moreno Carrillo, miembro de la comunidad indígena de Huitosachi, Chihuahua, apareció muerto después de que en los meses anteriores fue amenazado, perseguido y baleado por defender las tierras correspondientes a su comunidad.

El 28 de febrero de este año el ejército federal se introdujo en la comunidad indígena de Misión de Chichimecas, Guanajuato, perteneciente al pueblo ézar, resultando golpeados y detenidos diversos comuneros que trataban de impedir la elección impuesta de su delegado municipal. En días posteriores ocho comuneros de Misión de Chichimecas, incluido su presidente de bienes comunales, fueron arbitrariamente detenidos por ordenes del ministerio publico de San Luis de la Paz, acusados del delito de despojo en agravio del grupo de empresarios que desde hace años les vienen arrebatando sus tierras.

Actualmente doce hermanos de la comunidad nahua de Chimalaco, San Luis Potosí, son procesados penalmente por el delito de despojo, después de que hace dos años recuperaron las tierras que precisamente les habían sido despojadas por quien ahora los acusa. Incluso han sido denunciados en forma absurda de la inhumación clandestina de cabezas de ganado.

Hoy en día se encuentra preso y condenados a 112 años de reclusión el hermano Ignacio del Valle de la comunidad nahua de San Salvador Atenco, Estado de México, y del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra, acusado de los delitos de despojo y ataques a las vías generales de comunicación. Por los mismos delitos se encuentran encarcelados y condenados a 67 años de prisión los hermanos Felipe Álvarez y Héctor Galindo Gochicoa. Finalmente nueve integrantes más del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra se encuentran condenados a 37 años de prisión.

3.- La guerra de contrainsurgencia en contra de las comunidades zapatistas de Chiapas se sigue intensificando con el desalojo masivo de comunidades enteras y la amenaza constante por parte del grupo paramilitar OPDDIC en contra de estas comunidades y de otras comunidades indígenas que sin ser zapatistas participan en la Otra Campaña y resisten el despojo de sus tierras para imponer proyecto carreteros y turísticos.

4.- Con la finalidad de facilitar el despojo de nuestros territorios y culturas, el estado mexicano con las participación de todos los partidos políticos, ha modificado la Constitución, y ha aprobado un conjunto de leyes y políticas publicas que permiten a las grandes empresas la destrucción de la madre tierra y la apropiación de todo lo que se guarda en ella, como son el agua, manantiales, lagunas, arroyos, ojos de aguas, ríos, los cerros, nuestras plantas, animales, montes, costas, minerales, aire, lluvia, islas, nuestro maíz y nuestros saberes, danzas, ceremonias, música, lengua, vestimenta, peregrinaciones y todo lo que hemos construido y resguardado por miles de años en nuestra relación con la madre tierra.

5.- Para los de arriba el bicentenario y el centenario representan un festejo de alegría porque están devorando a nuestros pueblos y a nuestro país, para nosotros los de abajo representan la muerte y una gran preocupación. ¡Ya Basta! Para enfrentar tanta injusticia nosotros consideramos que es necesario un nuevo camino: el de la autonomía, la libre determinación y el juntarnos con todos los de abajo.

En consecuencia con lo expresado arriba, hacemos el siguiente pronunciamiento:

1.Saludamos y reconocemos a las autoridades autónomas elegidas recientemente de manera tradicional por la comunidad de Uweni Muyewe (Bancos de San Hipólito), igualmente nos congratulamos con los importantes logros organizativos y jurídicos alcanzados de manera autónoma por esta comunidad, reconociendo que su lucha no solo es por la recuperación de las 10,720 hectáreas de las que fueron despojados, sino por el reconocimiento real de su derecho a la propiedad del territorio que han habitado desde tiempos inmemoriales, lo que representa una lucha por el reconocimiento de los derechos fundamentales de los pueblos indígenas de México y el mundo. Reconocemos en su lucha una lucha sagrada por continuar el trabajo empezado por lo antepasados cuando fueron naciendo la vida en el mundo.

2.Advertimos que prevalece el intento de imposición de la carretera Amatitán-Bolaños-Huejuquilla en territorio de la comunidad de Tuapurie-Santa Catarina Cuexcomatitlán, mediante la represión, fraudes y mentiras del mal gobierno, por lo que señalamos que como pueblos indígenas organizados no permitiremos este despojo, sabiendo que la defensa del territorio debe ejercerse por todos los medios necesarios, defendiendo también los lugares sagrados y su peregrinación ancestral.

3.Denunciamos el intento de despojo de una superficie de 800 hectáreas de la comunidad Waut+a (San Sebastián Teponahuaxtlán) por el ejido Puente de Camotlán, Nayarit, en contubernio con el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI) y otras instancias de gobierno que valiéndose de los problemas limítrofes entre Jalisco y Nayarit pretenden legitimar este despojo. Exigimos la inmediata solución a la invasión agraria por acaudalados ganaderos de Chimaltitán, Jalisco y La Yesca, Nayarit que pretenden hacer valer escrituras apócrifas como pequeñas propiedades y exigimos la cancelación definitiva de todas las concesiones de agua en manos de particulares y gobiernos invasores.

4.Condenamos el ataque armado que como delincuentes realizaron policías de Huejuquilla, Jalisco contra comuneros de la comunidad wixárika de Tatei Kie (San Andrés Coamiata), advirtiendo que es una amenaza y provocación contra todo el pueblo wixárika, por lo que responderemos en consecuencia.

5.Denunciamos la embestida de invasores que roban parajes del territorio de la comunidad indígena coca de Mezcala, Jalisco, como es el Pandillo, La Zalatita, La Cuesta, La Clavillina, teniendo a personal armado vigilando, por lo que los hacemos responsables de cualquier atentado en contra de los comuneros y autoridades de dicha comunidad, pues nuestra lucha es por la conservación de nuestro territorio. Asimismo volvemos a reiterar que no permitiremos que el corazón del pueblo coca, la isla de Mezcala, sea convertida en un atractivo turístico con el pretexto del festejo del bicentenario.

6.Exigimos el respeto a la totalidad de las tierras pertenecientes a la comunidad indígena de Ostula, Michoacán, incluido el paraje conocido como Xayakalan, así como el respeto a la policía comunitaria y guardia comunal del pueblo nahua de la costa de Michoacán y la presentación con vida de los comuneros Javier Martínez y Gerardo Vera. Nos pronunciamos en contra del plan de desarrollo integral para la costa de Michoacán.

7
.Exigimos el cese de la represión gubernamental en contra del pueblo triqui y sus organizaciones que luchan por el respeto a sus derechos, así como el castigo a quienes han organizado los grupos paramilitares que operan en la región.

8.Denunciamos la persecución gubernamental en contra de la comunidad nahua de Chimalaco, San Luis Potosí y exigimos el respeto a las tierras que le corresponde y que en los últimos años ha recuperado en forma pacifica y legal.

9.Denunciamos la invasión por parte de empresas mineras en el territorio de la comunidad nahua de Ayotitlan, así como la ocupación de las tierras de la comunidad nahua de Tuxpan por parte de grandes empresas aguacateras y de invernaderos y exigimos el respeto a la autonomía territorial del pueblo nahua del sur de Jalisco.

10
.Denunciamos la militarización de la comunidad ézar de Misión de Chchimecas, Guanajuato, y el encarcelamiento de 8 comuneros pertenecientes a dicha comunidad por el hecho de defender sus tierras e impedir que sean fraccionadas por grupos inmobiliarios de San Luis de la Paz.

11
.Denunciamos el acoso en contra de la Radio Ñomndaa del pueblo amuzgo de Xochistlahuaca y exigimos el respeto al libre funcionamiento de las radios indígenas que operan en todo el país.

12
.Exigimos del gobierno mexicano la devolución a favor de los ex braceros de Oaxaca, Puebla, Tlaxcala, San Luis Potosí, Distrito Federal, Estado de México y Guerrero que trabajaron en los Estados Unidos de América, de los ahorros, más intereses generados, que les fueron retenidos por aquel país entre los años de 1942 a 1964.

13.Rechazamos la actual elaboración de diversas iniciativas de leyes indígenas estatales en Chiapas, Sonora, Puebla, Michoacán y el Distrito Federal que violan los derechos que el convenio numero 169 de la OIT establece a favor de nuestros pueblos y reiteramos que seguiremos aplicando los acuerdos de San Andrés por la vía de los hechos, sin reconocer la contrarreforma constitucional en materia indígena del año 2001 y las distintas leyes que en dicha materia se han aprobado a nivel federal y en los estados.

14.Nos oponemos a la imposición por parte del gobierno mexicano y las grandes empresas transnacionales de diversos proyectos carreteros, turísticos, inmobiliarios, mineros, agroindustriales, de plantación de semillas transgénicas, de construcción de presas y campos eólicos en todos los territorios de nuestros pueblos y manifestamos que con base en los derechos que nos corresponden y el ejercicio de la autodefensa indígena impediremos la ejecución de dichos proyectos en las tierras de nuestros pueblos.

15.Nos deslindamos tajantemente de cualquier intentó de “rearticulación” del movimiento indígena nacional que provenga de personas y organizaciones insertas en el gobierno federal o los gobiernos de los estados, como es el caso de la convocatoria para realizar un congreso indígena para el día 10 de abril del presente año en la Ciudad de México, manifestando que defenderemos a todo trance la autonomía e independencia del movimiento indígena y del Congreso Nacional Indígena con respecto a cualesquier gobierno y los partidos políticos.

16.Exigimos que cesen en forma inmediata la militarización y paramilitarización de las regiones indígenas y del país, asimismo nos pronunciamos en contra de la criminalización de las luchas sociales y exigimos la liberación de los presos indígenas, de Víctor Herrera Govea y de todos los presos políticos que hay en el país y la presentación con vida de los desaparecidos políticos. Llamamos a todos los pueblos indígenas del país a participar los días 3 y 4 de mayo en la Jornada Nacional de Lucha por la Libertad de los Presos Políticos convocada por la Red Contra la Represión y la Otra Campaña.

17.Exigimos el cese de la guerra contrainsurgente en contra de las comunidades zapatistas de Chiapas, así como el alto a las agresiones, amenazas y desalojos gubernamentales y paramilitares en contra de las bases de apoyo zapatistas y en contra de las comunidades indígenas de Chiapas adherentes a la Otra Campaña.

Llamamos a los pueblos indígenas del país a seguir fortaleciendo al Congreso Nacional Indígena y a crecer, junto con todos los de abajo y a la izquierda, la lucha anticapitalista y en contra del neoliberalismo.

Desde Uweni Muyewi, municipio de Mezquital, Durango, en el Territorio del Pueblo Wixárika, a 28 de marzo de 2010.

ATENTAMENTE

POR LA RECONSTITUCION INTEGRAL DE NUESTROS PUEBLOS

NUNCA MÁS UN MÉXICO SIN NOSOTROS

Los pueblos, naciones y tribus presentes en la XXVII Reunión Ampliada del Congreso Nacional Indígena en la Región Centro Pacífico.

La Comisión por la defensa de los bienes comunales de Santa María Ostula denuncia la desaparición de compañeros.

A LOS PUEBLOS Y GOBIERNOS DEL MUNDO.
AL PUEBLO DE MEXICO.
A LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN.

La COMISIÓN POR LA DEFENSA DE LOS BIENES COMUNALES DE LA COMUNIDAD INDÍGENA DE SANTA MARÍA OSTULA hace del conocimiento público que el día 23 de febrero del presente año, alrededor de las 3:30 horas de la tarde, los comuneros JAVIER ROBLES MARTÍNEZ, quien además es regidor indígena del municipio de Aquila, y el profesor GERARDO VERA ORCINO, fueron “levantados” y secuestrados en el centro de la cabecera municipal de Aquila por un grupo paramilitar fuertemente armado; razón por la que tememos por su vida e integridad física. Ambos comuneros participaban activamente en la lucha de la Comunidad por la defensa de sus territorios y autonomía; en dicho sentido tenemos la firme convicción de que nuestros compañeros fueron secuestrados por su participación en la lucha social de la comunidad para la recuperación de las tierras localizadas en el paraje de Xayakalan.

La anterior situación suma al hecho de que desde el pasado 18 de agosto hasta el día de hoy ocho comuneros de Ostula y El Coire han sido violentamente asesinados sin que nadie realice las investigaciones y finque las responsabilidades correspondientes; mientras que los medios de comunicación locales ocultan la existencia impune de poderosos cárteles mafiosos en la zona y señalan falsamente que nuestra lucha comunal es la causa de estos asesinatos y de otros desmanes con el fin de facilitar la persecución y represión hacia nuestro movimiento.

Asimismo el día 26 de julio de 2008 el profesor Diego Ramírez Domínguez, comunero perteneciente a nuestra comunidad y coordinador, hasta su muerte, de la comisión especial que nuestra asamblea general nombró para la defensa y recuperación de las tierras de Xayakalan, fue violentamente asesinado.

Ante los hechos manifestados hemos decidido CRECER NUESTRA RESISTENCIA A TODOS LOS NIVELES NECESARIOS; asimismo exigimos la presencia del Gobernador del Estado y del Procurador General de Justicia del Estado en nuestra comunidad para que se aclaren los crímenes cometidos en la región y en contra de nuestra comunidad y se resuelvan nuestras exigencias, mismas que puntualizamos a continuación:

Presentación con vida de los comuneros JAVIER MARTÍNEZ ROBLES y GERARDO VERA ORCINO; esclarecimiento del asesinato del profesor Diego Ramírez Domínguez y el castigo a los autores intelectuales y materiales de su muerte; e investigación de los asesinatos hasta hoy impunes de ocho comuneros pertenecientes a las comunidades nahuas de la Costa.
1. Respeto a la posesión que nuestra comunidad guarda sobre las tierras que recuperó el pasado 29 de junio en el paraje conocido como Xayakalan.
2. Creación de mecanismos por parte de los gobiernos del estado y federal que garanticen en forma definitiva la tenencia de dichas tierras a favor de nuestra comunidad.
3. El reconocimiento del nuevo asentamiento humano que hemos establecido en las tierras recuperadas y que lleva el nombre de Xayakalan.
4. La creación de un plan de seguridad que inhiba nuevos ataques por parte sicarios o grupos paramilitares contratados o protegidos por supuestos pequeños propietarios de La Placita, municipio de Aquila, Michoacán.
5. El otorgamiento de garantías por parte de los gobiernos federal y del estado de Michoacán para el funcionamiento de las policías comunitarias y su guardia comunal en las comunidades de Santa María Ostula, El Coire y Pómaro, es decir, en todo el territorio nahua de la Costa michoacana.
6. Por último queremos hacer nuevamente del conocimiento general la cuenta bancaria en la que pueden hacer depósitos económicos tod@s aquell@s que deseen solidarizarse con nuestra lucha:

CUENTA “PERFILES” BANAMEX A NOMBRE DE VICTOR SELESTINO GRAGEDA, TESORERO DE LA COMUNIDAD. CUENTA NÚMERO 7989603, CLABE NÚMERO 002497044779896031. SUCURSAL LÁZARO CÁRDENAS NÚMERO 447.

SANTA MARÍA OSTULA, AQUILA, MICH., A 24 DE FEBRERO DE 2010.

TIERRA Y LIBERTAD

LA COMISIÓN POR LA DEFENSA DE LOS BIENES COMUNALES DE LA COMUNIDAD INDÍGENA DE SANTA MARÍA OSTULA


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