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Pedro Matías Arrazola: La guerra civil triqui.

San Juan Copala, Oaxaca, se convirtió en el eje de la lucha fratricida que libran tres organizaciones de la etnia triqui. Las tres se disputan a tiros el control político de la región.

La más reciente ofensiva, que en abril pasado causó la muerte de dos activistas de los derechos humanos, llegó a su punto más sangriento el 17 de septiembre, cuando comandos del MULT y la Ubisort (presuntamente financiados por la administración oaxaqueña) se lanzaron al saqueo y al asesinato de los habitantes de Copala, quienes se habían declarado municipio autónomo… Y sin embargo los líderes de las tres organizaciones se dicen dispuestos al diálogo.

JUXTLAHUACA, OAX.- Con una “estrategia de contrainsurgencia y táctica paramilitar”, los grupos armados que operan en la región triqui sometieron a tiros y expulsaron a casi todos los habitantes de San Juan Copala.

Durante casi un año los integrantes del Movimiento de Unificación y Lucha Triqui (MULT) y la Unidad de Bienestar Social de la Región Triqui (Ubisort) tuvieron bajo asedio a esa comunidad indígena que era controlada por el Movimiento de Unificación y Lucha Triqui Independiente (MULTI), que en 2006 se escindió de la primera organización y al año siguiente declaró la independencia del municipio.

Según fuentes gubernamentales, alrededor de 800 habitantes de San Juan Copala tuvieron que refugiarse en las comunidades aledañas. Uno de los desplazados comenta: “Aquí (en el municipio autónomo) ya no somos libres; no hay gobierno. Aquí gobiernan las armas. Ni el Ejército es capaz de entrar y los policías le tienen miedo a los paramilitares”.

Ahora, dicen los desplazados, los paramilitares van por las comunidades de Agua Fría, Yosoyuxi, Paraje Pérez y Santa Cruz a fin de dominar la región Triqui Baja.

Si alguien quiere entrar a San Juan Copala necesita un salvoconducto. Si no lo tiene puede morir.

El pasado 27 de abril, una caravana humanitaria que llevaba alimentos a esa comunidad fue emboscada. En el ataque murieron la activista mexicana Beatriz Cariño y el finlandés Jyri Jaakkola (Proceso 1748). La violencia entre triquis ha durado al menos 29 años. Los mismos que tiene el Movimiento de Unificación y Lucha Triqui.

Para llegar a la comunidad de Rastrojo, centro de operaciones del grupo, hay que librar varios retenes de militantes armados. Exmilitantes de esa organización, que pidieron a Proceso no revelar sus nombres, afirman que los miembros del MULT disponen de armas de uso exclusivo del Ejército y radios de comunicación, por lo que cada vez que un desconocido entra a la zona todas las comunidades se enteran de inmediato.

Exintegrantes de la organización afirman que localizar a Rufino Merino Zaragoza, lugarteniente de Heriberto Pazos Ortiz, líder del MULT, es difícil: nunca se sabe dónde se harán sus reuniones; por motivos de seguridad siempre tienen lugar en lugares diferentes. “Hay 10 o 15 hombres armados a su lado, además de un equipo de seguridad de ocho personas”.

Aunque en Rastrojo no hay un campo formal de entrenamiento militar, la instrucción para el uso de armas se realiza ahí con las plantaciones como tiro al blanco. Ahora, se quejan algunas indígenas consultadas por este semanario, “se entrenan apuntando y tiroteando a las mujeres, a los niños, a los pollos, los marranos y los perros”.

Denuncian que a los niños se les enseña a ser asesinos. Aunque no los reclutan directamente, a menores de entre 12 y 16 años los convencen de que “son más fuertes si tienen un arma… entonces van solitos”.

También les venden la idea de que “el estudio no sirve, el estudio no te va a defender de una bala” y les dicen que les van a pagar 20 mil pesos si matan a alguien. “Su pobreza y el ansia de poder y dinero los motivan a enrolarse en el agrupo armado”, dice uno de los entrevistados.

Funcionarios del gobierno oaxaqueño, cuyos nombres se reservan, informan que los tres grupos de la Región Triqui están armados.

Agregan que para entrar a la región triqui es necesario el salvoconducto de los líderes del MULT (Heriberto Pazos Ortiz o Rufino Merino Zaragoza), de la Ubisort (Rufino Juárez Hernández y Antonio Cruz López) o del MULTI (Jorge Albino Ortiz).

Las mismas fuentes señalan, sin embargo, que el gobierno del estado financia al MULT con 200 millones de pesos anuales y a la Ubisort con 60 millones.

Estado fallido

Para el apoderado legal de la arquidiócesis de Antequera Oaxaca, Francisco Wilfrido Mairen Peláez, San Juan Copala representa el fracaso de la política. “No hay que ir más lejos para comprobar el Estado fallido”, afirma.

Agrega que si Felipe Calderón y Ulises Ruiz son incapaces de pacificar a la comunidad triqui, “menos van a poder ganar la guerra contra el crimen organizado”.

Lo más lamentable, dice, es que “el gobierno de Ulises Ruiz se ha convertido en una carroza para sacar los muertos o ambulancia para ir por los heridos de la zona de guerra en que se ha transformado San Juan Copala debido a su ineptitud para atender los grandes problemas de Oaxaca”.

El subsecretario de Gobierno estatal, Joaquín Rodríguez Palacios, reconoce que desde octubre del año pasado se reiniciaron las hostilidades entre triquis; sin embargo en marzo de este año se recrudecieron y desde entonces “tenemos un estado de excepción” en San Juan Copala.

“No tenemos garantizados los insumos para los alimentos de la comunidad, están suspendidos los servicios educativos, no se inició el ciclo escolar 2010-2011, no hay servicios de salud y no hay agua potable ni energía eléctrica”.

Todo esto, según Rodríguez Palacios, es consecuencia de la inseguridad y la incertidumbre ante la ausencia de los instrumentos de seguridad que tiene el estado y de la impunidad con la que se han conducido los agresores de uno y de otro lado.

Recordó que en abril de 1997, con Diódoro Carrasco Altamirano como gobernador, se logró suscribir un Acuerdo de Paz, Tranquilidad y Concordia en la Región Triqui, que se ratificó en junio de 2001 en el gobierno de José Murat Casab; sin embargo, en la administración de Ulises Ruiz no se llegó a ningún acuerdo con las facciones en pugna.

“El estado incurre en una grave omisión porque no está proporcionando lo que por garantía constitucional pertenece a los habitantes de San Juan Copala: la seguridad y el derecho a la vida”, dice el funcionario estatal.

“Además no hay servicios y eso es gravísimo. Están en un estado de excepción, en un estado de sitio porque no tenemos presencia de gobierno”.

La fractura

Las fuentes del gobierno oaxaqueño informan que el MULT –que lleva 29 años en la región encabezado por Heriberto Pazos Ortiz– en algún momento se consideró de izquierda, pero

durante la administración de Murat Casab fue cooptada por el gobierno priista, a tal grado que en 2004 apoyaron a Ulises Ruiz por medio del Partido de Unidad Popular.

Ese hecho generó una división. En 2006 un grupo se escindió del MULT y formó el MULTI, que en enero de 2007 creó –siguiendo el ejemplo del EZLN en Chiapas– el municipio autónomo de San Juan Copala que, de acuerdo con la división territorial, política y administrativa de Oaxaca, tiene la categoría de agencia municipal de Santiago Juxtlahuaca.

La Ubisort, dicen las fuentes, creció al amparo del PRI y en años recientes ha tenido el apoyo de Jorge Franco Vargas, exsecretario general de Gobierno de Ulises Ruiz.

Ahora las tres agrupaciones se disputan el territorio triqui, particularmente San Juan Copala, donde el MULT –que había venido perdiendo fuerza– trata de recuperar poder mediante las armas.

Hay un autogobierno armado en la región triqui porque los líderes del MULT se erigen en poder supremo, designan a personas incondicionales y los improvisan como jueces o ministerios públicos para castigar a quien se rebela o no cumple sus órdenes.

Pedro Matías

http://www.proceso.com.mx

El padre Uvi.

Es el nombre con que afectuosamente se conoce al sacerdote Wilfrido Mayrén Peláez en la comunidad de organizaciones civiles de derechos humanos, apoderado legal de la arquidiócesis católica de Oaxaca y coordinador de su Comisión de Justicia y Paz. Es también el cura párroco de la iglesia de Santo Tomás Xochimilco de aquella ciudad, y el fundador del Centro Regional de Derechos Humanos Bartolomé Carrasco Briseño, AC (Barca).

Pero por encima de estas obligaciones, cumplidas siempre con oportunidad y eficacia, es sobre todo un infatigable defensor de los derechos humanos, que desde hace 18 años ha intervenido de manera pacífica en la solución de varios conflictos que viven las comunidades de ese estado. Ello le ha valido el reconocimiento y aprecio de muchas personas y grupos que en distintas ocasiones han visto vulnerados sus derechos en aquella entidad, pero también el haber sido objeto injustamente de difamaciones, hostigamientos y amenazas de muerte.

Con el propósito de desacreditar su ministerio y crear artificialmente un clima para criminalizarlo, en las últimas semanas ha tenido que padecer una nueva campaña de calumnias por medio de un diario vendido al gobierno que lo acusa hipócritamente de ser el instigador de la violencia en la región triqui, e incluso el responsable de la muerte de Anastasio Juárez, líder del grupo armado Ubisort (Unión de Bienestar Social de la Región Triqui), que hasta la fecha mantiene criminalmente sitiado el municipio autónomo de San Juan Copala. No obstante, en una declaración publicada el pasado lunes en el diario Noticias, el padre Uviratifica su compromiso de seguir defendiendo pastoralmente la vida y la dignidad de cualquier ser humano, la verdad, la justicia y la paz, por razones de su fe en el Evangelio y de su fidelidad al magisterio social de la Iglesia. Pero también su derecho a defenderse públicamente de las tergiversaciones y versiones sesgadas contra su persona. Celebra la libertad de expresión y defiende el derecho a la información no sólo con palabras, sino sobre todo con hechos, como ha mostrado en toda su difícil trayectoria, pero también denuncia la perversión del oficio periodístico subordinado a los intereses egoístas del poder público o privado.

En acción urgente enviada por el Barca desde el pasado 5 de agosto, se recuerda que en 1998 sufrió un atentado con armas de fuego –del que afortunadamente salió ileso– por su colaboración en el conflicto agrario que durante mucho tiempo mantuvieron las comunidades de Teojomulco y San Lorenzo Texmelucan, el cual dejó un saldo de más de 500 muertes y una herencia muy grande de dolor y sufrimiento. Cuando en 2006 participó junto con el maestro Toledo y el obispo Arturo Lona en la Comisión de Intermediación entre el gobierno del estado y el magisterio de la sección XXII, varios medios de comunicación intentaron deslegitimarlo, ligándolo con la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca y relacionándolo con la guerrilla. Tiempo después, por defender a un líder sindicalista que fue torturado por policías, lo amenazaron mediante mensajes a su celular. Además, el 27 abril de este año denunció el ataque de que fue objeto por miembros de la Ubisort –relacionados con el gobierno de Ulises Ruiz– la caravana que se dirigía pacíficamente a San Juan Copala, con el propósito de observar la situación, reinstalar a los maestros y llevar alimentos y medicinas, y en el que resultaron muertos la activista mexicana Beatriz Alberta Cariño y el observador finlandés Jiri Jaakola, y exigió al Estado una inmediata investigación, así como asumir sus responsabilidades. Más tarde accedió a la petición de la propia comunidad agraviada para que fuera ella la que directamente denunciara la situación, para lo que acercó a varios medios y organismos internacionales.

Miguel Concha

http://www.jornada.unam.mx


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