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El transgénico de la discordia.

Alineado con las empresas transnacionales más grandes del mundo que producen maíz transgénico como son Semillas y Agroproductos Monsanto, S. A. de C.V.; Dow AgroSciences de México, S.A. de C.V.; PHI México, S.A. de C.V. y Sygenta Agro S.A . de  C.V.; el gobierno de Enrique Peña Nieto litiga a favor de ellas para que un magistrado federal levante la restricción de “siembra” y les permita inundar dos millones de hectáreas del norte del país con su semilla modificada.

En un hecho histórico, el pasado 17 de septiembre el Juzgado XII de distrito en materia civil en el Distrito Federal aceptó la demanda de “acción colectiva” promovida 50 personas morales y 20 organizaciones sociales resolviendo en su beneficio al otorgarles una “medida precautoria” que en los hechos significó detener la entrega de permisos de siembra de maíz transgénico por parte de las autoridades federales.

El recurso de la colectividad, representada por Adelita San Vicente Telles, directora de la fundación Semillas A.C. y René Sánchez Galindo, abogado de Colectivas A.C., fue notificado a Sagarpa y Semarnat el 3 y 4 de octubre; de inmediato, sus titulares Enrique Martínez y Martínez y Juan José guerra Abud, –cercanos colaboradores del Ejecutivo Federal–, ordenaron a sus áreas jurídicas apelar la resolución, ganarla y entregar lo más pronto posible los permisos para siembra de maíz transgénico. Así lo demuestran documentos en poder del semanario.

Se trata de los dos recursos de apelación de 25 fojas cada uno presentados el 9 de octubre por Sagarpa y el 10 de octubre por Semarnat ante el Segundo Tribunal Unitario en Materia Civil y Administrativo del Primer Circuito, donde demandan “revocar” el congelamiento de los permisos para siembra.

Los argumentos de ambas dependencias federales van desde la violación a su derecho de audiencia hasta el que se les coartan sus facultades para regular este tipo de actividades.

Luego de mostrarle ambas apelaciones, el abogado defensor de la colectividad, René Sánchez Galindo acusa al gobierno de litigar en favor de la empresa; a su vez, la representante de la “acción colectiva”, San Vicente Telles ofrece datos que muestran los vínculos que hay entre ex empleados de las transnacionales y quienes durante el sexenio de Calderón o de Peña Nieto ocuparon u ocupan posiciones en órganos claves para autorizar permisos ya sea en etapa experimental, piloto o de siembra.

Un juez incongruente: gobierno

Antes que las afectadas directas por la suspensión de los permisos de siembra, Monsanto, Dow Agrosciencies, Syngenta o PHI, el gobierno de Peña Nieto se apresuró a defenderlas al exigir ante el II Tribunal Unitario la revocación de la medida precautoria.

En la apelación de 25 fojas encabezada por la abogada de Sagarpa, Mireille Roccatti Velazquez,  sostiene que el juez “no observó” los artículos 219, 222, 610 y 611 del código Federal de Procedimientos Civiles; en especial que antes de dictar la medida precautoria el juez debe “dar vista por tres días a la parte demandada para que manifieste lo que a su derecho convenga y solicitará opinión de órganos competentes”.

Y añade en su página seis, “…ese tribunal de Apelación podrá advertir que el acuerdo que se impugna es ilegal, toda vez que de los autos que integran el cuaderno relativo a  la medida precautoria solicitada por la colectividad actora, no se observa que haya otorgado a mi representada su garantía de audiencia prevista en el artículo 11 del código…y menos aún que se haya allegado de la opinión de los organismos competentes en la materia”.

Y sigue: “dos requisitos que el A quo (juez) debió desahogar de manera obligatoria, pues el precepto legal en estudio no señala como acto potestativo el que el juez ‘podrá’ dar vista a las medidas precautorias solicitadas, ni indica que podrá” allegarse de la opinión de organismos…sino que el juzgador ‘deberá’ otorgar la citada garantía de audiencia y  ’solicitará’ la opinión; de ahí lo ilegal del acuerdo apelado”.

Roccatti alega que el juez “indebidamente” únicamente tomó en consideración los argumentos expuestos por la colectividad actora, pero el código Federal de Procedimientos civiles dispone de manera precisa cuáles son los requisitos que habrán de colmarse por parte del juzgador….las cuales dejó de observar en perjuicio de mi representada”.

Por lo que hace a Semarnat, el representante legal Mario Moreno García en su recurso de apelación entregado el 10 de octubre al Tribunal Unitario alega que se violaron los artículos 585, 610  y 611 del mismo Código “y en contra de los principios de congruencia y exhaustividad que toda resolución…debe colmar”.

Luego insiste en el mismo argumento de que se debió dar vista en un plazo de tres días “y solicitarse la opinión tecno-científica de los organismos competentes” como es la Procuraduría Federal e Protección al Medio Ambiente.

“Estamos”, dice el abogado Moreno García, “en presencia de un procedimiento en materia civil que es de estricto derecho, es decir, debe de resolverse conforme a la letra de la ley” en términos del 19 del Código Civil Federal y 14, último párrafo de la Constitución que “consagra la garantía o derecho humano de previa audiencia con relación a los actos de privación por parte de la autoridad”.

Luego alega que la resolución “causa agravio a esta autoridad recurrente…en virtud de que atenta contra los principios de congruencia y exhaustividad”.

La Sagarpa en su alegato destaca que la solicitud de liberación de permisos en etapa comercial de organismo genéticamente modificados “queda comprendida dentro de las facultades de Sagarpa”.

Los procedimientos seguidos por las autoridades, agrega en la pagina 18 del recurso de apelación, “constituyen un motivo de daño a la parte actora o al medio ambiente sino las actividades clandestinas o realizadas en inobservancia del marco legal, pues podrían constituir un riesgo al realizarse sin observar las directrices establecidas”. Y como el otorgamiento de los permisos buscan el que éstos se lleven a cabo de la forma, en los lugares y zonas conforme lo determina la ley de Bioseguridad (…) y en el caso a estudios con el otorgamiento de la medida precautoria solicitada, “se coartan las facultades de las autoridades codemandadas en la instancia para regular las actividades inherentes a organismos genéticamente modificados, (…) es decir, va en contra de la propia naturaleza de dichas medidas precautorias…”.

Por todo lo anterior, tanto Sagarpa como Semarnat piden “revocar o modificar” la suspensión de permisos para la siembra de maíz transgénico.

La demanda incluye a las cuatro empresas ya mencionadas, Monsanto, Dow Agrosciences, PHI y Syngenta, sin embargo las tres primeras se negaron a recibir la notificación que les entregó el actuario en donde se les participa de la detención de la siembra, en tanto que la última sí la recibió pero no a realizado acción alguna contra la resolución del juez.

Una de las críticas que hace la representante de la colectividad, Adelita San Vicente Tello, es que se haga una revisión del “conflicto de intereses” en que pudieran caer los encargados de realizar las indagaciones por parte del gobierno e incluso de los investigadores que certifican a las transnacionales sobre el no daño al medio ambiente y el humano que puede provocar el uso de maíz transgénico y su relación con las transnacionales que buscan la siembra.

Así por ejemplo recuerda que Bruno Ferrari fue el encargado de la venta de Seminis a Monsanto para en 2007 ser nombrado por Felipe Calderón como titular de la Unidad de Relaciones Económicas y Cooperación Internacional de la Secretaría de Relaciones Exteriores; en enero de 2008 se va a director general de Promexico y en julio de 2010 es nombrado titular de la Secretaría de Economía desde donde se autorizan los cupos de importación y exportación de diversos alimentos.

Con la aprobación en 2005 de la Ley de Bioseguridad de Organismos Genéticamente Modificados, durante el sexenio de Felipe Calderón las cuatro transnacionales mencionadas empezaron a solicitar y a recibir permisos para la “experimentación”, primero y luego prueba “piloto” de siembra de maíz transgénico.

Del 2009 al 20012 se recibieron 186 solicitudes y autorizaron 114 permisos, según datos del Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (Senasica) de Sagarpa, una de las dependencias del gobierno encargada de clasificar autorizar los permisos y el número de hectáreas autorizadas.

Aquí en Senasica, reclama San Vicente, pero en la dirección de Bioseguridad para organismos genéticamente modificados estaba Silvia Elena Rojas Villegas quien antes había sido empleada de la transnacional PHI y en su gestión al frente de la dirección esta empresa recibió permisos al igual que Dow Agrosciences.

Además está la Coordinación de análisis de Riesgo y Bioseguridad (Conabio) la cual tiene a su cargo la Comisión Intersecretarial de Bioseguridad de los Organismos Genéticamente Modificados (Cibiogem) que está vinculado a la dirección general del Conacyt. La Cibiogem tiene un secretariado ejecutivo que en los hechos es la cabeza del organismo, el reclamo de Adelita San Vicente es que desde abril de 2007 al frente de Cibiogem estuvo Ariel Álvarez Morales y todavía en marzo de 2013 figuraba como secretariado ejecutivo. Hoy, en su página de internet, aparece vacante.

Lo grave del caso, dice San Vicente es que antes de llegar al cargo, Ariel Álvarez desde su puesto de académico en el Centro de Investigación de Estudios Avanzados (Cinvestav) perteneciente al Politécnico Nacional “respaldó los primeros permisos que pidió Monsanto porque las empresas siempre deben contar con un respaldo técnico. Más aún, desde el sexenio de Vicente Fox, él presentó un proyecto “maestro de maíz” que curiosamente heredó su nombre a un proyecto que Monsanto tiene con la Confederación Nacional Campesina, sector del PRI y del cual reciben millonarios recursos”. Otro personaje, que en su momento también denunció Adelita San Vicente es Sandra Patricia Piña Salinas quien en el sexenio pasado estuvo al frente de la Dirección de Políticas y Normatividad de la Cibiogem y antes, fue coordinadora técnica de Agrobio México, asociación que aglutina a las empresas transnacionales que impulsan el maíz transgénico.

Hoy en ese puesto está Sol Ortiz, un personaje que a decir de San Vicente cuenta con laboratorios para detección de transgénicos aunque rechaza tener conocimiento de una posible vinculación con las transnacionales.

Y para cerrar con broche de oro entre proclives de los transgénicos e instituciones de gobierno está el químico Bolívar Zapata, quien según San Vicente creó un transgénico. Este reconocido científico fungió como coordinador de Ciencia y Tecnología en el equipo de transición de Enrique Peña Nieto y el pasado 4 de enero lo nombró “enlace entre la Presidencia de la República y el Conacyt”, el mismo al que está vinculada la Cibiogem, organismo público.

En juego un billón de dólares

Lo que está en juego en términos monetarios con la autorización de siembra para el comercio del maíz transgénico, explica Víctor Suárez, director de la Asociación Nacional de Empresas Comercializadoras de Productores del Campo (ANEC), son mil 200 millones de dólares, porque no sólo es la venta de la semilla transgénica sino también del herbicida que forzosamente se tendría que utilizar porque tiene el gen que resiste a las plagas.

Denuncia que la CNC, sector del PRI, ha respaldado la siembra del maíz transgénico mediante un convenio de Monsanto en donde recibe por lo menos un millón de dólares al año a través de la confederación Nacional de Productores Agrícolas de Maíz, y donde se comprometen a cuidar en el sur el país al maíz criollo mientras que Monsanto va por las hectáreas del norte para el transgénico.

Detalla que en el norte del país hay 2 millones de hectáreas para siembra de maíz transgénico en zonas de Sinaloa, Tamaulipas y Sonora. “Es la superficie más comercial, que tiene sistema de riego y usa semillas híbridas de maíz y la que tiene mayor desarrollo tecnológico. Los productores se niegan a usar maíz transgénico porque obtienen más tonelaje con el híbrido”.

Aparte están 800 mil hectáreas en Jalisco, Nayarit, Guanajuato que son de temporal y son de ciclo para siembra primavera-verano.

El doctor Antonio Turrent Fernández, presidente de la Unión de Científicos Comprometidos con la Sociedad y un estudioso de los efectos negativos de los productos transgénicos, destaca que gracias a la suspensión precautoria que otorgó el juez a la colectividad en septiembre pasado, es que se pudo detener la siembra de 2 millones de hectáreas en la zona norte del país y la cual empieza su ciclo en otoño-invierno.

En una amplia explicación, el doctor trae a colación varios experimentos que se han hecho con ratas y cerdos alimentadas con maíz transgénico, pues este último es quien tiene el modelo de mamíferos más parecido al de los humanos. Los resultados en un corto periodo de tiempo fueron la presencia de cáncer y hubieron de ser sacrificados antes de su periodo normal de vida.

Aclara que lo hallado fue que el mal “estuvo asociado en mayor frecuencia con individuos alimentados con maíz transgénico, esto no prueba que el consumo del transgénico le causó el cáncer, lo que prueba es que se asoció” y eso ya es grave.

Otro aspecto es que se afectan los mantos acuíferos. Pero además de los efectos nocivos para el humano que aún esta en prueba experimental es el daño grave a la planta nativa del maíz, al criollo y al híbrido que al mezclase con la polinización se contamina del gen transmutado, pero no sólo eso, está en cámara de diputados una minuta, avalada ya en Senado, que establece que al tener un productor un maíz que tiene su gen se le podrían cobrar regalías, es decir, se aprobaría la patente el maíz transgénico.

 Por

Jesusa Cervantes.

http://www.proceso.com.mx

Número: 1930.

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DENUNCIA POPULAR ANTE LA PROFEPA EN CONTRA DE LOS PERMISOS A LA SIEMBRA DE MAÍZ TRANSGÉNICO EN MÉXICO

DENUNCIA POPULAR ANTE LA PROFEPA EN CONTRA DE LOS PERMISOS A LA SIEMBRA DE MAÍZ TRANSGÉNICO EN MÉXICO

El gobierno federal pone el centro mundial de origen y diversidad del maíz en una situación de contingencia ambiental y peligro inminente

Un colectivo de científicos y organizaciones civiles presentaron esta mañana una Denuncia Popular ante la Profepa (Procuraduría Federal de Protección al Ambiente) contra los permisos de siembra experimental de maíz transgénico, basados en los dictámenes de bioseguridad vinculantes emitidos por la Semarnat y los permisos autorizados por la Secretaría de Salud, firmada por Grupo de Estudios Ambientales, Unión de Científicos Comprometidos con la Sociedad, Greenpeace México, Centro de Investigación y Capacitación Rural, Semillas de Vida, Asociación Nacional de Empresas Comercializadoras de Productores del Campo, El Poder del Consumidor, así como Elena Álvarez-Buylla, Eckart Boege, Antonio Turrent, Álvaro Salgado, Elena Lazos, Alejandro Nadal, Carlos Ávila Bello, Rodrigo Gutiérrez, Cristina Barros, Marco Buenrostro y Mayra Carrillo. Se trata de un proceso abierto en el que otras organizaciones y personas ya han manifestado su interés por sumarse o presentar la denuncia directamente a la Profepa.

Con las regulaciones en bioseguridad de Organismos Genéticamente Modificados (OGM) impuestas por el gobierno mexicano y los 24 permisos recién autorizados para que las corporaciones Monsanto, Dow Agroscience y Phi México inicien la siembra experimental de maíz transgénico en Sonora, Sinaloa, Chihuahua y Tamaulipas, México como centro de origen y diversificación continua del maíz se encuentra en una situación de total vulnerabilidad para proteger tan importante planta en la vida del pueblo mexicano y para la alimentación mundial.

La lucha por un verdadero régimen de protección para el maíz que prohíba la siembra de maíz transgénico y su entrada al país, se ha dado desde diversos espacios y ámbitos. Centenares de comunidades, organizaciones campesinas e indígenas, sociales y civiles, científicos independientes y cientos de miles de ciudadanos han manifestado de múltiples maneras su rechazo al maíz transgénico, a lo largo de la última década.

“Como parte de este proceso y con fundamento en los Artículos 8 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 189 y siguientes de la Ley General del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente; 118, 119 y 134 del Reglamento Interior de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, entre otros, hoy presentamos la Denuncia Popular en contra de los actos de las autoridades que señalamos como responsables: las secretarías de Agricultura, de Medio Ambiente y de Salud han cometido actos violatorios de la normatividad en materia ambiental, de bioseguridad y de vida silvestre, entre otros, afectando cuestiones de orden público e interés social”, explican los denunciantes en el texto entregado a la Profepa.

“Aportamos las pruebas científicas que evidencian la situación de riesgo o amenaza de contingencia ambiental que implica la siembra de maíz transgénico en México, poniendo en peligro inminente la integridad de varios ecosistemas y agroecosistemas y su biodiversidad, en particular de las razas y variedades de maíz y sus parientes silvestres. Las autoridades están propiciando daños ambientales irreversibles, violan el Principio de Precaución contenido en diversos tratados internacionales firmados por el gobierno mexicano, así como varios derechos y garantías individuales y colectivos del pueblo de México y, en particular, de los pueblos campesinos e indígenas y agricultores”, dijo Alma Piñeyro del Instituto de Ecología de la UNAM y de la Unión de Científicos Comprometidos con la Sociedad (UCCS).

También denunciaron la simulación de “bioseguridad” que intentan impulsar a través de las zonas restringidas para la siembra de maíz transgénico previstas en la Ley de Bioseguirdad (Zonas Libres de Transgénicos, Centros de Origen, Centros de Diversidad y Áreas Naturales Protegidas). Y demandan la creación de un Régimen de Protección Especial para el Maíz que determine al territorio nacional c omo centro de origen y diversificación continua con el fin de ser protegido integralmente, como unidad territorial donde existen infinidad de registros y procesos vivos de creación y diversificación continua del maíz, así como de flujos tradicionales de semillas. Un verdadero régimen de protección debe establecerse en base al Principio de Precaución, a la obligación de un sistema sui generis de bioseguridad para el maíz como cultivo originario y tomando en cuenta las Recomendaciones emitidas por la Comisión de Cooperación Ambiental de América del Norte en 2004.

“La Denuncia refleja el largo proceso de análisis de las políticas, las leyes y los reglamentos y las luchas legales que varios hemos emprendido; incluye la defensa de los derechos individuales, colectivos y del territorio, y se sustenta en numerosos estudios científicos independientes. Revela las múltiples trampas establecidas en el propio sistema “legal” impuesto al pueblo de México, para satisfacer los requerimientos de unas cuantas corporaciones transnacionales, pues todos los permisos de siembra otorgados y las nuevas solicitudes que siguen llegando al Senasica, son de maíces patentados por las mismas, principalmente por Monsanto”, afirmó Catherine Marielle del Grupo de Estudios Ambientales (GEA AC).

“No debemos subordinar al interés comercial de unas cuantas corporaciones trasnacionales la legislación, los posibles riesgos a la salud de las personas, a la contaminación de uno de los acervos de germoplasma más ricos del mundo, de los ecosistemas y agrosistemas mexicanos. Con cara a las necesidades de alimentación del pueblo de México y ante la necesidad de aumentar la productividad en condiciones ambientales adversas que impone el cambio climático el país, se puede aumentar sustancialmente su producción con sus propios recursos genéticos sin la necesidad de recurrir a los monopolios comerciales de las transnacionales”, señaló el Dr. Eckart Boege, del Instituto Nacional de Antropología e Historia.

“El consumo nacional actual de maíz es de 32 millones de toneladas anuales, de las que 10 millones se importan del mercado internacional, el cual contiene más de 50% de grano transgénico. No es necesario recurrir a la tecnología de maíz transgénico y a la importación de grano para corregir este déficit. Hay evidencias de que el campo mexicano tiene la capacidad potencial de producir más de 57 millones de toneladas anuales de maíz con tecnologías no transgénicas, si se aprovecha racionalmente sus recursos, entre los que se cuenta a la mega diversidad en maíz, la mega diversidad en fauna insectil benéfica, la notable disponibilidad de agua dulce y ciclo agrícola de invierno, ambos inexplotados en ocho estados del Sur-Sureste del país, y la significante reserva de tierras de labor, ampliamente subexplotada en el sistema de ganadería extensiva”, destacó el Dr. Antonio Turrent, miembro de la UCCS.

“Esta denuncia ambiental es fruto de una construcción colectiva y plural, entre científicos, organizaciones y expertos en leyes. Reúne una información valiosa para seguir impulsando acciones de defensa legal y profundizar en la reflexión. Invitamos a todos los interesados a conocerla y apoyarla, con el fin de lograr que las autoridades retrocedan en su afán de priviliegiar a los intereses corporativos y reinstalen la moratoria a las siembras a campo abierto de maíz transgénico en el territorio nacional, así como a la entrada de maíz transgénico en grano o en semillas híbridas contaminadas. La Profepa está obligada a responder si acepta el estudio de la Denuncia dentro de los próximos 10 días”, concluyó C. Marielle.

Nota: La Denuncia Popular puede consultarse y firmarse en: www.gea-ac.org

Si decides adherirte, por favor envíanos un correo a: geasas@laneta.apc.org con el mensaje:“Apoyo la Denucia Ambiental”

En el cuerpo del texto escribe tu nombre completo y nosotros te incluiremos.

Para mayor información comunicarse con:

Dra. Elena Álvarez-Buylla: Laboratorio de Biología Molecular del Instituto de Ecología de la UNAM y Coordinación de la UCCS – Tel. 56 22 90 13.
Catherine Marielle: Programa Sistemas Alimentarios Sustentables de GEA AC:
geasas@laneta.apc.org – Tels. 56 19 28 92 y 56 17 90 27

Transgénicos, autorizados por exempleadas de agrotrasnacionales

Exempleadas de las trasnacionales autorizadas para la siembra experimental de organismos genéticamente modificados asumen cargos públicos y favorecen a sus antiguos patrones en el otorgamiento de permisos. Mientras, autoridades judiciales niegan amparos a organizaciones campesinas y ambientalistas que reclaman la inconstitucionalidad del reglamento que avala la entrada de semillas de maíz transgénico al país

Con un sueldo superior a los 75 mil pesos mensuales, Sandra Patricia Piña Salinas, excoordinadora técnica de Agrobio México –asociación que reúne a las trasnacionales que sembrarán maíz transgénico en el país?, se encuentra al frente de la Dirección de Políticas y Normatividad de la Comisión Intersecretarial de Bioseguridad de los Organismos Genéticamente Modificados (Cibiogem), organismo público dependiente del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt).

Otro caso es el de la exempleada de PHI México, Silvia Elena Rojas Villegas, ahora directora de Bioseguridad para organismos genéticamente modificados de la Dirección General de Inocuidad Agroalimentaria, Acuícola y Pesquera, del Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (Senasica).

Rojas Villegas, quien percibe una remuneración mayor a los 45 mil pesos mensuales, erogados del presupuesto del Senasica, ha estado vinculada en la aprobación de 24 permisos de siembra experimental de Organismos Genéticamente Modificados (OGM) de sus otrora empleadores.

De acuerdo con el Portal de Obligaciones de Transparencia (POT) de la Administración Pública Federal, Piña Salinas desarrolla funciones de directora técnica en la dependencia encargada de “formular y coordinar las políticas nacionales de bioseguridad de OGM”.

Bajo la clave MC23E, la excoordinadora técnica de Agrobio –que agrupa a las multinacionales Monsanto, Pioneer, Bayer y Dow Agroscience– obtiene del erario 78 mil 805.40 pesos cada mes.

En tanto, el portal de transparencia de la Cibiogem muestra que a partir del 9 de febrero de 2009, Silvia Elena Rojas Villegas percibe 47 mil 973 pesos al mes.

Apenas iniciaba la autorización de la experimentación de transgénicos en el norte del país, cuando la organización ambientalista Greenpeace México denunciaba públicamente la “infiltración” de estas dos excolaboradoras de la agroindustria.

Aprobaciones parciales

De acuerdo con el Estatus de solicitudes de maíz 2009, elaborado por la Dirección de Bioseguridad para Organismos Genéticamente Modificados (que preside Silvia Elena Rojas Villegas), han sido aprobadas 24 solicitudes de siembra experimental de transgénicos del principal alimento de los mexicanos.

El documento indica que hasta el 13 de noviembre pasado, el 50 por ciento de las autorizaciones favorece a la sociedad de las empresas Dow Agrosciences y PHI México, mientras que el resto ha sido concedido a la trasnacional de origen estadunidense Monsanto.

Será a partir de los ciclos agrícolas venideros que Dow Agrosciences y PHI México podrán introducir su patente DAS-01507-1, así como la de su aparente competidor MON-00603-06, a terrenos federales y particulares en el Valle del Yaqui, Sonora; Cuahutémoc y Delicias Jiménez, Chihuahua; Río Bravo y Díaz Ordaz, Tamaulipas; y Los Mochis, Culiacán, Angostura y Navolato, en Sonora.

Todavía, el 6 de septiembre de 2005, Piña Salinas se presentaba ante científicos y estudiosos de los OGM como coordinadora Técnica de Agrobio México. La ahora funcionaria impartió la conferencia Regulación en México en Materia de Bioseguridad, ante los miembros de la Unidad Académica Multidisciplinaría Agronomía y Ciencias de la Universidad de Tamaulipas y la Fundación Produce Tamaulipas.

En su exposición, muestra un boletín informativo de la Fundación (organización de productores tamaulipecos), Piña Salinas daba a conocer los “beneficios de la aplicación de la biotecnología en la agricultura con bases científicas y sólidas”.

En tanto, la semblanza curricular de Silvia Elena Rojas Villegas indica que, luego de su paso por el Tribunal Superior Agrario, a la actual funcionaria se le presentó “la oportunidad de prestar sus servicios en el negocio de PHI México, perteneciente a la plataforma de agricultura y nutrición del Corporativo Dupont, particularmente en el grupo de regulación y relación industrial de México y norte de Latinoamérica para la Biotecnología Moderna.

“Su objetivo principal en la iniciativa privada fue el de atender las actividades relacionadas a la regulación en México y norte de Latinoamérica tales como leyes, reglamentos, normas oficiales mexicanas y proyectos legislativos nacionales e internacionales de OGM en siembra, consumo animal, consumo humano, y en sus respectivas actividades de importación y de reexportación bajo el enfoque de la política biotecnológica internacional y regulación científica”, informa la Fundación Produce Guanajuato.

Las leyes incumplidas

La Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos determina que es obligación de los funcionarios “excusarse de intervenir” en los asuntos que puedan beneficiar, entre otros, a aquellos con los que se hayan tenido relaciones profesionales o negocios.

La disposición oficial, a la que están obligadas Sandra Patricia Piña Salinas y Silvia Elena Rojas Villegas, en su capítulo 8, fracción XI dicta que deben “excusarse de intervenir, por motivo de su encargo, en cualquier forma en la atención, tramitación o resolución de asuntos en los que tenga interés personal, familiar o de negocios, incluyendo aquéllos de los que pueda resultar algún beneficio para él, su cónyuge o parientes consanguíneos o por afinidad hasta el cuarto grado, o parientes civiles, o para terceros con los que tenga relaciones profesionales, laborales o de negocios, o para socios o sociedades de las que el servidor público o las personas antes referidas formen o hayan formado parte.

“El servidor público deberá informar por escrito al jefe inmediato sobre la atención, trámite o resolución de los asuntos a que hace referencia el párrafo anterior y que sean de su conocimiento, y observar sus instrucciones por escrito sobre su atención, tramitación y resolución, cuando el servidor público no pueda abstenerse de intervenir en ellos”.

Aleira Lara, coordinadora de la Campaña Agricultura Sustentable y Transgénicos de Greenpeace México, recalca que las ahora funcionarias también “incumplen” con el artículo 7 de la misma ley, que indica: “Será responsabilidad de los sujetos de la ley ajustarse, en el desempeño de sus empleos, cargos o comisiones, a las obligaciones previstas en ésta, a fin de salvaguardar los principios de legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia que rigen en el servicio público”.

Es “alarmante” que gente de la agroindustria esté trabajando en puestos clave como servidores públicos, en la elaboración de políticas y otorgamiento de permisos para la siembra de transgénicos. La colocación de estas dos personas es una “estrategia” de las empresas para favorecer sus intereses, dice en entrevista Aleira Lara.

Organizaciones desamparadas

Contrario al posible conflicto de intereses en la autorización de los permisos para la siembra experimental de los transgénicos, organizaciones campesinas y ambientalistas son rechazadas jurídicamente ante una solicitud de amparo interpuesta en tribunales. Esta última, solicita declarar como “inconstitucional” el Reglamento de la Ley de Bioseguridad de Organismos Genéticamente Modificados, que abre el paso a la siembra experimental de maíz transgénico.

De acuerdo con el amparo indirecto promovido ante el juez de Distrito en Materia Administrativa del Primer Circuito, por Catherine Marielle Meyer, apoderada legal de la asociación civil Grupo de Estudios Ambientales (GEA), el reglamento impugnado “no establece la obligación a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) de valorar y comprobar la información que haya sido proporcionada por el promovente (agroindustria), junto con la solicitud de permiso para liberación experimental, en programa piloto o comercial de OGM, lo cual constituye una omisión que hace inconstitucional el reglamento…”

La especialista en problemas ambientales explica que la Ley de Bioseguridad de Organismos Genéticamente Modificados tiene como finalidades, entre otras, establecer criterios para la evaluación de posibles riesgos que puedan ocasionar las actividades con OGM, a fin de garantizar el nivel adecuado y eficiente de protección de la salud humana, del medio ambiente y la sanidad animal, vegetal y acuícola.

“En efecto, si la Semarnat únicamente valora la información proporcionada por el propio interesado (ya sea Monsanto, PHI, Pioneer o Dow Agroscience), no hace efectivos los principios en materia de bioseguridad”, acentúa Marielle Meyer.

Bajo el mismo precepto legal, Isabel Cruz Hernández, directora general de la Asociación Mexicana de Uniones de Crédito del Sector Social, presentó el 26 de mayo de 2008 la solicitud de amparo correspondiente ante el mismo juez de distrito que lo hizo GEA.

Cruz Hernández agrega en su alegato que la ley de bioseguridad de OGM “viola en nuestro perjuicio las garantías de legalidad de un medio ambiente adecuado para nuestro desarrollo y bienestar”.

Ambas solicitudes fueron resueltas el 31 de diciembre de 2008 por la juez décimo de Distrito en Materia Administrativa en el Distrito Federal, Mónica Soto Bueno, quien determinó que los juicios se sobreseían porque no se acreditó el interés jurídico, ya que los “agravios” manifestados por los quejosos deben ser “directos”.

Es decir, explica en entrevista, deberemos esperar a que la siembra de maíz transgénico tenga efectos en nuestra salud, el medio ambiente o en nuestras semillas nativas, situación “absurda” avalada por el aparato de justicia mexicano.

Exempleada de trasnacionales en Conacyt

Concepto Descripción
Nombre(s) Sandra Patricia
Primer apellido Piña
Segundo apellido Salinas
Cargo del servidor público Dirección técnica
Tipo de personal Otros
Clave del puesto MC23E
Puesto Director de área
Sector presupuestal Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología
Siglas Conacyt
Remuneración mensual
Sueldo base/ salario ordinario 18,480 pesos
Compensación/Compensación garantizada 60,325.30 pesos
Monto total de percepciones brutas 78,805.40 pesos
Monto total de percepciones netas 56,549.70 pesos
Seguros
Institucional 1.39 por ciento de sueldo base más compensación garantizada mensual
Vacaciones Dos periodos de 10 días anuales
Prestaciones de seguridad social
ISSSTE / IMSS Aplica 9.050 por ciento de sueldo base cotizable
Fovissste / Infonavit Fovissste aplica el 5 por ciento de sueldo base cotizable
SAR Aplica el 2 por ciento de sueldo base
Seguro de cesantía en edad avanzada y vejez 3.175 por ciento
Seguro de invalidez y vida 0.625 por ciento
Seguro de riesgos de trabajo 0.75 por ciento
Seguro de salud trabajo activos 7.37 por ciento
Seguro de salud pensionados 0.72 por ciento
Seguro de servicio sociales y culturales 0.5 por ciento
Última fecha de actualización 30/10/2009

Fuente: Portal de Obligaciones de Transparencia de la Administración Pública Federal

Exempleada de trasnacionales en Senasica

Concepto Descripción
Nombre(s) Silvia Elena
Primer apellido Rojas
Segundo apellido Villegas
Cargo del servidor público Director de Bioseguridad para Organismos Genéticamente Modificados
Tipo de personal Confianza
Clave del puesto Cfma001
Puesto Director de área
Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria
Sector presupuestal Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación
Siglas Senasica
Remuneración mensual
Sueldo base/ salario ordinario 8,157.13 pesos
Compensación/compensación

Garantizada

39,816.56 pesos
Monto total de percepciones brutas 47,973.69 pesos
Monto total de percepciones netas 37,902.17 pesos
Seguros
Institucional 40 meses de percepción ordinaria bruta mensual
Colectivo de retiro Suma asegurada de 12 mil 500 pesos hasta 25 mil pesos, que tengan cuando menos 55 años de edad y 15 o más años de servicio
Gastos médicos Suma asegurada básica de 185 salarios mínimos generales mensuales vigentes en el Distrito Federal
Separación individualizado 2 por ciento, 4 por ciento, 5 por ciento o 10 por ciento de la percepción ordinaria según corresponda
Prima vacacional 50 por ciento de 10 días de sueldo base por cada uno de los dos periodos vacacionales a que tiene derecho
Gratificación de fin de año 40 días de salario base
Pagos de defunción Cuando menos tener una antigüedad en el servicio de seis meses, recibirá hasta el importe de cuatro meses de las percepciones ordinarias
Ayuda para despensa 77 pesos mensuales
Vacaciones Dos periodos de 10 días hábiles, durante el ejercicio
Prestaciones de seguridad social
ISSSTE / IMSS 9.97 por ciento del sueldo base de cotización
Fovissste / Infonavit Fovissste 5 por ciento sueldo básico
SAR 2 por ciento del sueldo básico
Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez
ISSSTE 3.175 por ciento de sueldo base de cotización
Última fecha de actualización 06/Febrero/2009

Fuente: Portal de Obligaciones de Transparencia de la Administración Pública Federal

Autor: Érika Ramírez

http://contralinea.info/archivo-revista/index.php/2010/01/10/transgenicos-autorizados-por-exempleadas-de-agrotrasnacionales/

Documental:

“El mundo según Monsanto”

Gobierno mexicano se rinde ante Monsanto

Gobierno mexicano se rinde ante Monsanto

 

Los gobiernos panistas no sólo autorizan a la agroindustria trasnacional la siembra de maíz transgénico, sino que le otorgan casi 200 millones de pesos en estímulos fiscales. Monsanto, Híbridos Pioneer, Dupont y Dow Agrosciences obtienen 21 permisos y más de media centena de proyectos de inversión tecnológica, revelan documentos oficiales. No importó a las autoridades federales que México sea país de origen de una semilla que es patrimonio de la humanidad ni que se coloque en riesgo inminente a 31 de las 59 razas de maíz mexicano

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Fabricante del Agente Naranja –herbicida utilizado en la guerra de Vietnam para la destrucción de cosechas y vegetación–, Monsanto obtiene la mayoría de los permisos solicitados por las industrias agropecuarias ante la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa), para la siembra experimental de maíz transgénico en los campos mexicanos.

Además, la empresa originaria de Saint Louis, Missouri, Estados Unidos, ha sido beneficiada –junto con Híbridos Pioneer, Dupont y Dow Agrosciences– con casi 200 millones de pesos en “estímulos fiscales” durante las administraciones de Vicente Fox Quesada y Felipe Calderón Hinojosa, revelan documentos oficiales.

El 29 de octubre pasado, las empresas Monsanto, Dow Agrosciences y PHI México fueron notificadas que sus patentes podrán ser sembradas de “modo experimental” en tierras de Sonora, Chihuahua, Tamaulipas y Sinaloa, según muestra el Estatus de solicitudes de maíz 2009, emitido por la Dirección de Bioseguridad para Organismos Genéticamente Modificados (OGM), dependiente de la Sagarpa.

En estos estados, indica la organización ambientalista Greenpeace México, se encuentran 31 de las 59 razas de maíz que existen en México, lo que expone al riesgo de contaminación transgénica al 52 por ciento de las semillas originarias del país.

Las resoluciones se dieron apenas siete meses después de que Dow Agrosciences y PHI México manifestaran formalmente su interés por sembrar el organismo genéticamente modificado DAS-01507-1. Se aprobó la siembra de la patente en el Valle del Yaqui, Sonora, donde también se encuentran unas nueve variedades del maíz nativo de México.

En un comparativo de la lista de solicitudes de la Sagarpa, con el mapa de los territorios de los pueblos indígenas y las razas y variedades del maíz que existen en ellos (contenido en la edición Maíz transgénico en México, riesgos y costumbres de la revista Ciencias, de la Facultad de Ciencias de la Universidad Nacional Autónoma de México), se puede observar que en el Valle del Yaqui, Sonora, donde se encuentra asentada la población indígena con el mismo nombre, existe el Maíz Blando de Sonora, Chapalote, Dulce Norteño, Dulce, Dulcillo Noreste, Elotes Occidentales, Harinoso, Onaveño, San Juan y Tuxpeño.

Eduardo Pérez Pico, representante de Monsanto México, dice en entrevista con Contralínea que cada uno de los permisos avalados por la dependencia que encabeza Francisco Mayorga Castañeda y la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), a cargo de Juan Rafael Elvira Quezada, costarán a la agroindustria cerca de 1 millón de pesos por proyecto.

 

El ingeniero agrónomo, egresado del Instituto Tecnológico de Monterrey, anuncia que “si las investigaciones avanzan pronto”, la etapa comercial podría iniciar en tres años, con una inversión inicial de 400 millones de dólares, de los que Monsanto pretende asumir unos 250 millones de dólares.

Negocio redondo

Además del mercado de negoc

ios que significa México para la agroindustria, el gobierno federal ha financiado a tres de las grandes en el ramo. Desde el primer año de la administración foxista, las trasnacionales han obtenido estímulos fiscales del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt), que preside el guanajuatense Juan Carlos Romero Hicks, hasta por 193 millones 859 mil 598 pesos.

Información publicada en el Diario Oficial de la Federación indica que los “estímulos”, otorgados bajo el pretexto de inversión en innovación tecnológica, iniciaron en 2001 con tres proyectos de la empresa Híbridos Pioneer de México, que significaron al erario 10 millones 927 mil 500 pesos.

Los montos y las participaciones fueron en aumento anualmente y, de los más de 10 millones registrados el primer año, se pasaron a los 12 millones 131 mil 642 pesos en 2002 para PHI México –empresa de Dupont, además de representante y subsidiaria de Pioneer Hi-bred Int–; 11 millones 545 mil 891 pesos en 2003 y otros 13 millones 994 mil 763 pesos en 2004.

Es en 2005 cuando las ahora

permisionadas por el gobierno federal, Dow Agrosciences y Monsanto se allegan de “estímulos fiscales” por 20 millones 447 mil 766 pesos, mediante 15 proyectos de investigación. En el penúltimo año de la gestión de Vicente Fox, el proyecto que más recursos representó a la hacienda pública fue el de “Desarrollo de líneas puras y producción de híbridos experimentales de Maíz (Invernadero)”, que costó a la hacienda 7 millones 782 mil 861 pesos.

Durante el año de transición de la administración de Fox a la de Calderón, las trasnacionales obtuvieron un incremento global superior a los 11 millones de pesos. De los más de 20 millones de 2005, los estímulos se incrementaron a 31 millones 666 mil 153 pesos. Y, aunque las cifras indican que PHI fue la que obtuvo mayores beneficios, con 21 millones 442 mil 51 pesos, Monsanto también incrementó sus “apoyos” al pasar de 5 millones 780 mil 906 pesos a 7 millones 978 mil 795 pesos en un año fiscal.

Anualmente la empresa de Saint Louis ganaba mayores recursos, que pudieron ingresar a las arcas de la hacienda pública vía impuestos, pues la primera productora de semillas a nivel mundial era estimulada con recursos millonarios. De acuerdo con el informe publicado en el Diario Oficial de la Federación, con fecha del 3 de marzo de 2008, SAM750414HN4-2007-2 fue el proyecto que mayores beneficios tuvo, con 5 millones 374 mil 154 pesos. No obstante, ninguna de las claves de Monsanto, que aparecen registradas en las listas oficiales, especifica cuál fue el uso de los recursos.

 

El salto cuantitativo se dio durante 2008 y 2009, cuando las exenciones para las empresas de la agroindustria se centraron en Monsanto y Dow Agrosciences. Ambas acapararon 30 millones 896 mil 157 pesos. Del segundo año de la administración de Felipe Calderón al primer semestre del año en curso alcanzaron la suma de 26 millones 263 mil 532 pesos.

Adelita San Vicente Tello, ingeniera agrónoma por la Universidad Autónoma Metropolitana y representante de la asociación civil Semillas de Vida, critica la entrega de “estímulos fiscales” a la agroindustria, pues “la tecnología de Monsanto ha sido muy cuestionada en los mercados europeos, donde se les ha impedido la entrada. Además, es absurdo que hablen de una inversión cuando es el gobierno quien les está financiando investigación a través del Conacyt, en tanto que el campo permanece en abandono. Lo que ellos buscan es apropiarse de los recursos genéticos de nuestras semillas”.

Sin embargo, para el representante de Monsanto, Eduardo Pérez Pico, los apoyos sirven para “invertir en el desarrollo de la tecnología que pueda tener el país y así redituar en el mismo”. Dice que todo lo que a la fecha ha invertido Monsanto en investigación está dedicado a maíces convencionales, sorgo, algodón, soya y otro tipo de cultivos donde desarrollan mejoramiento genético.

Los permisos y el juicio

De acuerdo con los 21 permisos autorizados por la Sagarpa y la Semarnat –hasta el 29 de octubre pasado–, nueve corresponden al interés de Monsanto, el resto representa una asociación entre las empresas Dow Agrosciences y PHI México. No obstante, la patente MON, propiedad intelectual de Monsanto, aparece en 17 de las peticiones, bajo la solicitud de sus supuestas competidoras en el ramo de la agroindustria.

Este tipo de prácticas, donde Monsanto promueve su patente a través de otras compañías, ha llevado a la empresa a los tribunales estadunidenses. De acuerdo con información del periodista Christopher Leonard, de la agencia internacional de noticias The Associated Press (AP), el Departamento de Justicia en Saint Louis, Missouri, investiga si “Monsanto ha violado las normas de defensa de la competencia en su intento por ampliar su dominio del mercado de los cultivos genéticamente modificados”.

“Los cuestionamientos son sobre cómo la compañía de semillas más grande del mundo vende y otorga licencias de sus genes patentados. Monsanto tiene acuerdos de licencia con empresas de semillas que permiten a dichas empresas insertar genes de Monsanto en el 96 por ciento de los cultivos de soya de Estados Unidos, y el 80 por ciento de todos los cultivos de maíz. Los rivales de Monsanto alegan que la empresa utiliza los acuerdos de licencia para exprimir a sus competidores y controlar a las empresas más pequeñas de semillas, acusación que Monsanto niega”, informa el periodista especialista en agronegocios.

Entre las empresas que han entablado juicios contra Monsanto se encuentran Syngenta y Dupont, quienes “han alegado que violan la ley de competencia de Estados Unidos. Syngenta presentó su demanda en 2004 y resolvió el caso el año pasado. Dupont presentó una demanda el pasado verano, el caso está pendiente en un tribunal federal en San Luis”, dice AP.

 

Pérez Pico, director de desarrollo de tecnologías y asuntos regulatorios para Monsanto en Latinoamérica Norte, dice desconocer del juicio que lleva la empresa en Estados Unidos; no obstante, confía en que las autoridades “sabrán llevar el caso”.

Contaminación transgénica

Además de la permanencia de la patente, en los permisos de las empresas ajenas a Monsanto, los representantes de las organizaciones civiles que se oponen a la siembra experimental de transgénicos señalan que las autorizaciones se han otorgado en zonas donde prevalecen las semillas nativas del maíz; en consecuencia, advierten, existe el riesgo de perder especies en el norte del país a causa de la contaminación transgénica o “flujo génico” como lo llama la agroindustria.

Las autorizaciones de Sagarpa y Semarnat, publicadas por la Dirección de Bioseguridad para OGM, indican que las autorizaciones se dieron en el Valle del Yaqui, Huatabampo, San Ignacio Río Muerto, Cajeme y Bácum, Sonora; Cuahutémoc y Delicias, Jiménez, Chihuahua; Río Bravo y Díaz Ordaz, Tamaulipas; y Los Mochis, Culiacán, Angostura, Novolato, Ahome y Guasave, Sinaloa.

En esta zona se encuentra el Maíz Blando de Sonora, Chapalote, Dulce Norteño, Dulce, Dulcillo Noreste, Elotes Occidentales, Harinoso, Onaveño, San Juan y Tuxpeño, entre otras especies.

Aleira Lara, coordinadora de la Campaña Agricultura Sustentable y Transgénicos de Greenpeace México, indica que es imposible la coexistencia de cultivos transgénicos con convencionales y orgánicos. “Esto se agudiza aún más si hablamos de la liberación al medio ambiente en el centro de origen y diversidad genética del maíz, México, pues tenemos las plantas madre, 59 razas, cerca de 200 variedades adaptadas a nuestras tierras. Esta riqueza genética es lo que se está poniendo en riesgo con la introducción de maíz transgénico”.

Hasta el momento, la organización ambientalista tiene documentados casos de contaminación de transgénicos en Oaxaca, Sinaloa, Tamaulipas, Puebla, Veracruz, Yucatán, Guanajuato, Distrito Federal, y Chihuahua, por lo que “es realmente una mentira que el gobierno mexicano diga que se va a preservar nuestra riqueza genética cuando ya tenemos casos de contaminación”.

La ambientalista dice que a partir de las importaciones que el gobierno mexicano hace de Estados Unidos, se inicia una fuente de contaminación, ya que Estados Unidos no segrega sus cultivos convencionales de sus cultivos transgénicos, y “el maíz forrajero que estamos sembrando viene revuelto con estas variedades genéticamente modificadas”.

Aleira Lara critica que en México no hay un sistema de rastreabilidad que señale si el maíz que se está importando para la alimentación de ganado vaya destinado específicamente a ello; de lo contrario, “va a tener fugas de transgénicos”.

“El cultivo del maíz es de los más promiscuos porque tiene polinización abierta; las ráfagas de viento pueden trasladar el polen de un cultivo transgénico a uno no transgénico y contaminarlo. Éste ha sido el problema con la posible coexistencia.

“En México no sólo existe ese factor de polinización abierta, sino que nuestros campesinos tienen la práctica común de intercambiar sus mejores semillas para irlas mejorando. Ése es el mejoramiento tradicional entre variedades de una misma especie. Gracias a ello, hay variedades resistentes a cualquier variación agronómica”, explica.

Herbicida asesino

Para Eduardo Pérez Pico, director de desarrollo de tecnologías y asuntos regulatorios para Monsanto en Latinoamérica Norte, la oposición de las organizaciones sociales, campesinas y ambientalistas no tiene razón de ser, pues hay que abrir paso a la tecnología.

Monsanto, dice, ha venido operando en el país desde hace 50 años en diferentes negocios, y de 2000 a la fecha se ha convertido en una empresa ciento por ciento dedicada a la agricultura. “El maíz es uno de los cultivos más importantes para México y hoy en día tenemos participación importante en las semillas mejoradas de híbridos que los agricultores utilizan en muchas partes del país”, presume.

No obstante, la empresa que ahora dice querer ayudar al campesinado mexicano tuvo un pasado oscuro con la fabricación del herbicida llamado Agente Naranja. Documentos desclasificados del gobierno estadunidense, que posee Contralínea, muestran la demanda interpuesta por los veteranos de la guerra de Vietman contra Monsanto y otras empresas del ramo.

Bajo el expediente 05-1953-CV, la Asociación de los Veteranos de Guerra denunció a Down Chemical, Uniroyal, Hercules, Diamond Shamrock, Thompson Chemical, TH y Monsanto por la fabricación del llamado Agente Naranja, químico que causó cerca de 400 mil muertos y otros 500 mil nacimientos de niños con malformaciones.

Los demandantes son el ex Viet Cong, soldados de Vietnam del Norte y los ciudadanos vietnamitas. “Ellos buscan la recuperación de las lesiones supuestamente sufridas como resultado de las operaciones militares durante la guerra de Vietnam, en la que los Estados Unidos utilizó el Agente Naranja y herbicidas similares para la defoliación y la destrucción de los cultivos”, dice el documento.

Oportunidad de negocio

Con el argumento que querer ayudar a los campesinos mexicanos, la agroindustria inicia con la siembra experimental de transgénicos. No obstante, Víctor Suárez Carrera, dirigente de la Asociación Nacional de Empresas Comercializadoras del Campo, indica que la entrada de las trasnacionales a los campos mexicanos representa un negocio de 300 o 400 millones de dólares por semilla de maíz transgénico.

Las cifras corresponden a los cálculos del empleado de la trasnacional, Pérez Pico, quien indica que esperan obtener un mercado con 280 millones de dólares y cerca de 2 millones de campesinos productores de maíz, ubicados en el norte del país.

Esta decisión, dice Suárez Carrera, “representa la forma en la que la actual administración se desenvuelve. No como servidores públicos ni secretarios de Estado, sino como agentes de ventas de Monsanto. Es preocupante ver cómo en México se están tomando estas decisiones de grave impacto social, económico y ambiental, y que incluso pueden representar daños irreversibles”.

Los hombres de maíz

Alfredo López Austi

n, historiador especialista de la antigua religión mesoamericana e investigador del Instituto de Investigaciones Antropológicas de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), dice que el maíz para los mexicanos no sólo es el sustento económico, sino parte de su cosmovisión, es la vida misma.

“El maíz es el alimento principal de los mexicanos, pero a partir de ello adquiere un sentido en todos los ámbitos de la vida. Por ejemplo, en la cosmovisión viene a ser una de las figuras más importantes para representar el árbol cósmico, el eje del mundo y en relación con el hombre viene a ser el paradigma para la vida del ser humano: es la semilla”, dice el exconferencista en París en la Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales.

El investigador universitario explica que como país de origen y diversificación genética de por lo menos el 15.4 por ciento de las especies que componen el sistema alimentario mundial, México tiene responsabilidad de preservar las especies, por lo que la autorización de siembra experimental de maíz transgénico podría representar grandes pérdidas.

“Esto va a afectar la cosmovisión y nuestros intereses económicos, porque el campesino se verá seriamente afectado. La cultura no se crea de la nada, no es producto de la intención del hombre, descansa en la vida cotidiana, es el arma que tiene el ser humano para vivir, defenderse como individuo inserto en colectividades de distintas dimensiones; el maíz es parte de ello”.

El académico del Instituto de Investigaciones Antropológicas de la UNAM indica que en la cultura maya, como en otras culturas indígenas, se cree que el hombre nace de la pasta del maíz; los huastecos repiten lo mismo. Toda la geometría del cosmos no es nada más una curiosidad, sino un esquema con que el hombre está construyendo los elementos particulares de su propia interpretación del mundo en el que vive y de sí mismo, “todo esto está impregnado por el maíz”. (ER)

 

Concentrado anual de los estímulos fiscales a la agroindustria

 

 

Año Empresa Monto (pesos)
2001 Híbridos Pioneer de México 10,927,500
2002 Phi México 12,131,642.70
2003 Phi México 11,545,891.51
2004 Phi México 13,994,763.56
2005 Phi México 13,714,851.76

 

Dow Agrosciences de México 952,008.81

 

Semillas y Agroproductos Monsanto 5,780,906.35
2006 Dow Agrosciences de México 2,245,306.26

 

Semillas y Agroproductos Monsanto 7,978,795.50

 

Phi México 21,442,051.80
2007 Semillas y Agroproductos Monsanto 16,142,109.02

 

Phi México 19,844,081.10
2008 Dow Agrosciences de México 5,195,713.28

 

Semillas y Agroproductos Monsanto 14,658,662.62

 

Phi México 11,041,781.70
2009 Semillas Y Agroproductos Monsanto 20,792,120

 

Dow Agrosciences de México 5,471,412

Fuente: Conacyt

 

Tabla 2

Trasnacional Proyectos de investigación Monto (pesos)
Híbridos Pioneer de México 1 10,927,500
Phi México 7 103,715,064.13
Dow Agrosciences de México 4 13,864,440.35
Monsanto 5 65,352,593.49

Fuente: Conacyt

 

Distribución de las razas y algunas variedades de maíz en los territorios de los pueblos indígenas

 

Territorios indígenas Razas y algunas variedades de maíz reportadas en los territorios indígenas
Yaqui, mayo Blando de Sonora, Chapalote, Dulce Norteño, Dulce, Dulcillo Noreste, Elotes Occidentales, Harinoso, Onaveño, San Juan, Tuxpeño (A, B, C)
Pima, guarijío, tepehuán, rarámuri Ancho Pozolero, Apachito, Apachito 8, Apachito 9, Azul, Bofo, Bolita, Chalqueño, Cristalino Norteño, Cristalino Chihuahua, Cónico Norteño, Dulce Norteño, Dulce, Hembra, Perla Harinoso, Gordo, Lady Finger, Nal Tel, Onaveño, Reventador, Reventador Palomar, San Juan, Tablita, Tabloncillo, Tabloncillo Perla, Tuxpeño (A, B, C)
Cora, nahua (Durango), huichol, tepehuán Amarillo Cristalino, Blanco Tampiqueño, Bofo, Celaya, Cónico Norteño, Harinosode 8, Jala, Maíz Dulce, Reventador, Pepitilla, Serrano, Tabloncillo, Tuxpeño, Tablilla, De Ocho, Tabloncillo Perla, Tamaulipeco, Vendeño (A, B, C)
Nahua de Michoacán Maíz pinolero
Purépecha Arrocillo, Cacahuacintle, Celaya, Cristalino Norteño, Cónico Norteño, Elotes Cónicos, Maíz Dulce, Mushito, Palomero Toluqueño, Pepitilla, Tabloncillo, Tuxpeño, Vendeño, Zapalote Blanco, Purépecha (A, B, M)
Otomí, matlazinca, mazahua Arrocillo Amarillo, Arrocillo Azul, Cacahuacintle, Chalqueño, Cristalino Norteño, Cónico Norteño, Elotes Cónicos, Palomero, Palomero Toluqueño (A, B, C)
Nahuas de Guerrero, Morelos, Estado de México, Sur de Puebla Ancho, Ancho Pozolero, Bolita, Elotes Cónicos, Pepitilla, Tabloncillo, Olotillo, Nal Tel, Palomero, Vendeño (A)
Nahuas del Altiplano de Puebla, Tlaxcala, Otomí de Ixtenco, Tlaxcala Arrocillo Azul, Arrocillo Blanco, Bolita,  Cacahuacintle, Chalqueño, Cristalino Norteño, Tuxpeño Chalqueño, Palomero (A, C, H)
Tlapaneco, triqui, amuzgo, mixteco de la Mixteca Alta y Baja, mixteco de la Costa Ancho, Arrocillo Bolita, Celaya, Chalqueño, Chiquito, Conejo, Cristalino Norteño, Cónico X Comiteco, Carriceño, Condensado, Elotes Cónicos, Fascia, Maizón, Sapo, Magueyano, Mixeño, Mixteco, Nal Tel, Naranjero, Olotón, Olotón Imbricado, Olotillo, Comiteco, Pastor Veracruzano, Pepitilla, Serrano, Mixe, Mushito, Serrano de Oaxaca, Tablita, Tehua, Tehuacanero, Tehuanito, Tepecintle, Tuxpeño, Vandeño (A, E, F, G, I, J, K)
Zapoteco sureño, chatino, chontal de Oaxaca, huave Arrocillo Bolita, Comiteco, Chalqueño, Conejo, Cónico, Cristalino Norteño, Cuarenteño Amarillo, Elotes Cónicos, Magueyano, Maíz Boca de Monte, Maíz Hoja Morada, Maizón, Mushito, Mejorado Nativizado, Nal Tel, Naltel de Altura, Negro Mixteco, Olotón, Olotillo, Olotillo Amarillo, Rocamay, Serrano, Tablita Grande, Amarillo, Blanco,  Tempranero Amarillo, Tepecintle, Tuxpeño, Vandeño, Zapalote Chico (A, F)
Kikapú Tehua, Tuxpeño (A)
Huasteco, otomí, tepehua, totonaca, nahuas: norte de Puebla, Veracruz, San Luis Potosí Arrocillo, Arrocillo Amarillo, Arrocillo Blanco, Arrocillo Azul, Cacahuacintle, Celaya, Cristalino Norteño, Cónico Norteño, Elotes Cónicos, Mushito, Olotillo, Palomero, Pepitilla, Tamaulipeco, Tepecintle, Tepecintle 7, Tuxpeño, Tuxpeño 8, Tuxpeño 9, Ts’it, Bakal, Ratón (A, B, H, L)
Otomí, Pame, chichimeca jonaz Arrocillo Amarillo, , Chalqueño, Cristalino Norteño, Cónico Norteño, Ts’it, Bakal, Elotes Cónicos, Fascia, Mushito, Tabloncillo, Tuxpeño (A, B, C)
Chocho, popoloca, nahuas de Zongolica, cuicateco, mixteco, mazateco, chinanteco, ixcateco Bolita, Chalqueño, Elotes Cónicos, Olotón, Pepitilla, Tuxpeño (A, B, C)
Nahua de Zongolica, mazateco, chinanteco, cuicateco, zapoteco, mixe Bolita, Celaya, Cónico, Chalqueño, Chiquito, Comiteco, Cristalino Norteño, Elotes Cónicos, Elotes Occidentales, Mixeño, Mushito, Nal Tel, Naltel de Altura, Olotón, Olotillo, Onaveño, Pepitilla, Serrano, Serrano de Oaxaca, Tepecintle, Tuxpeño, Vandeño, Zamorano, Zapalote Chico, Zapalote Grande (A, B, C, F)
Nahuas (sur de Veracruz), popoluca Olotillo, Nal Tel, Tepecintle, Vandeño, Tuxpeño (A, B, E)
Zoque tzotzil, tzeltal, chol Cristalino Norteño, Olotón, Olotillo, Tepecintle, Vandeño, Zapalote Chico (A, B, C)
Zoque, maya, lacandón, chol, kanjobal, chuj, tojolabal, tzotzil, tzeltal, chontal de Tabasco (sierra) mame, chinanteco Arrocillo Amarillo, Clavillo, Comiteco, Cubana, Elotes Cónicos, Motozintleco, Nal Tel, Olotón (Negro de Chimaltenango), Olotillo, Quincheno, Tehua, Tepecintle, Tuxpeño, Vandeño, Zapalote Chico, Zapalote Grande (A, B, C, K, J)
Tzeltal, tzotzil Comiteco, Olotón, Olotillo, Tepecintle, Tuxpeño, Vandeño, Clavillo (A)
Chontal de Tabasco Olotillo, Tuxpeño, Marceño (A, C)
Maya de Yucatán, chol, tzeltal, kekchi, kanjobal Boxloch, Chac Chob, Bekech Bakal, Chuya, Clavillo, Cubana, E Hub, Ek sa kaa, Nal Tel, Nal Xoy, Olotillo, Sak Tux, Sak Nal, Cervera, Tepecintle, Ts’it, Bakal, Zapalote Chico, Xnuk Nal (Tuxpeño), Xkan Nal, Xee Ju, Xtuo Nal, Nal Tel (A, B, D)

Fuente: revista Ciencias, número 92-93, octubre de 2008-marzo de 2009, Facultad de Ciencias de la UNAM

Autor: Érika Ramírez

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