Posts Tagged 'Red en Defensa del Maíz'

¡Semillas campesinas, libres de transgénicos!

 

 

Cartel Vandana convocantes

Violencia contra el maíz, la soberanía alimentaria y la autonomía.

cartel audiencia temática maíz

 

El maíz no es una cosa, un producto; es un tramado de relaciones, es la vida de millones de campesinos cuyo centro civilizatorio milenario es la comunidad y la vida en la siembra.

Siendo México centro de origen del maíz, uno de los cuatro alimentos cruciales para la humanidad, los ataques al maíz y a los pueblos que lo cultivan, son un ataque contra las estrategias más antiguas y con más posibilidades de futuro de la humanidad.

TPP Maíz Programa al público1

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Declaración: 9ª Asamblea Nacional de Afectados Ambientales.

A cinco años de haber iniciado nuestro camino común, en defensa de nuestros derechos, nuestros territorios y en resistencia contra todo tipo de agravios, los más de 500 participantes de 66 organizaciones provenientes de 15 estados (Distrito Federal, Morelos, Tlaxcala, Baja California, Jalisco, Puebla, México, Veracruz, Hidalgo, Querétaro, Quintana Roo, Coahuila, Oaxaca, Michoacán y, particularmente, de 54 comunidades del estado de Guanajuato), nos reunimos por novena ocasión en Atotonilco, San Miguel de Allende, Guanajuato en un momento de emergencia comparable sólo con los tiempos que precedieron los alzamientos por la independencia y la revolución. Acudimos aquí a participar en la preaudiencia sobre la Destrucción del sistema hídrico nacional y para refrendar nuestra sólida existencia como Asamblea Nacional.

Nuestra presencia en la Cuenca de la Independencia tiene un significado múltiple: primero, para evidenciar la devastación hídrica y ambiental que vive la región norte del estado de Guanajuato, al igual que otras regiones del país, ocasionada por la criminal sobreexplotación agroindustrial de los acuíferos que lleva a cabo una oligarquía voraz para servir a los intereses del libre comercio trasnacional, traicionando y arriesgando la viabilidad misma de la reproducción de la vida mediante el envenenamiento del agua con arsénico y fluoruro, afectando la salud de decenas de miles de personas; en segundo lugar, la región del bajío es el centro de la apuesta económica del ilegítimo régimen que nos gobierna y que se dispone, además de sobreexplotar a los trabajadores jóvenes y destruir amplias regiones con ductos y redes energéticas privatizadas, despojar de sus aguas a muchas otras regiones del país con tal de concentrar la insustentable fabricación de vehículos automotores en una entidad ya marcada por la crisis hídrica; en tercer lugar, estamos aquí para recordar la lucha popular gestada en esta misma región hace 203 años y que nos sirve hoy como lección para fortalecer nuestra resistencia y abrir el camino para unirnos con todas aquellas luchas hermanas nuestras en defensa de aquello que es más fundamental: nuestra Nación, que para nosotros se manifiesta en la lucha digna del magisterio, en la resistencia contra la privatización energética, en la defensa contra la criminalización y la represión de la protesta social y en defensa de nuestro maíz.

Lo que nos unifica con esas luchas es la identificación común de agravios y los responsables de la catástrofe que vive hoy México. Al igual que muchas otras resistencias en nuestro país, consideramos que el Pacto firmado por los poderosos no es otra cosa que un pacto de muerte de nuestra Nación. Por ello nos sumamos a la lucha contra la reforma educativa, la reforma energética, la reforma fiscal y llamamos a todas las organizaciones honestas de nuestro país a avanzar coordinadamente en ese sentido desde varios frentes como los que se están abriendo en estos días. Nuestra lucha contra lo que representa el mal llamado “Pacto por México” forma parte de lo que numerosas organizaciones del país hemos denominado el crimen de desviación de poder por el que acusamos al Estado mexicano ante el Tribunal Permanente de los Pueblos hace dos años.

El enjuiciamiento al Estado Mexicano que llevamos a cabo desde el Tribunal Permanente de los Pueblos, como parte de los esfuerzos por frenar el desastre y construir alternativas, tendrá uno de sus momentos más importantes del 15 al 17 de noviembre de este año en la ciudad de México, cuando, como Asamblea participaremos en la audiencia temática sobre Devastación ambiental y derechos de los pueblos como síntesis de un incansable trabajo que a la fecha implica la realización de 15 preaudiencias y la documentación de más de 200 casos de conflicto socio-ambiental en casi todos los estados del país. El trabajo de documentación y argumentación de los pueblos de México sobre la destrucción ambiental del país no tiene ningún precedente en la historia nacional. Igualmente, nos sumaremos al trabajo común establecido con nuestros hermanos de la Red en Defensa del Maíz, en la audiencia temática sobre Violencia contra el Maíz, la Soberanía Alimentaria y la Autonomía, que se realizará del 19 al 21 de noviembre, también en la ciudad de México. No olvidamos que también participaremos con nuestras acusaciones en la audiencia transversal sobre Represión de los Movimientos Sociales que ocurrirá del 23 al 24 de noviembre próximos, en la que denunciaremos las múltiples agresiones que han recibido los pueblos y comunidades que participamos en esta Asamblea Nacional de Afectados Ambientales, incluyendo los crímenes impunes de compañeros nuestros como Bernardo Vásquez Sánchez, asesinado el 15 de marzo de 2012 y a quien no olvidaremos.

A cinco años de habernos fundado como Asamblea, pensamos que nuestro trabajo conjunto ha rendido frutos y nos ha llevado a una maduración y crecimiento. Hoy somos más fuertes, más solidarios, estamos vinculados más orgánicamente y sostenemos los principios que nos dimos desde el inicio: la autonomía de las luchas, el respeto a la Asamblea como máximo órgano de decisión, el abandono de formas autoritarias y el respeto por el saber colectivo de todos los pueblos. Sobre esta base, sentimos que podemos abrir nuevas alianzas y tejer nuevas relaciones, como los que ya hemos comenzado a abrir con las luchas ambientales en el Norte y otras regiones del país, con organizaciones sindicales, con el magisterio democrático y con las organizaciones sociales que defienden el rescate de la Nación.

Como Asamblea Nacional de Afectados Ambientales deseamos expresar nuestra solidaridad con todos aquellos pueblos y comunidades que han sido afectados por la convergencia de los huracanes Ingrid, en el Golfo de México y Manuel, en el Pacífico, combinada con la negligencia criminal del Estado mexicano que omitió toda prevención para mitigar los efectos de este desastre. Nos referimos especialmente a nuestros hermanos del Consejo de Ejidos y Comunidades Opositores a la Presa La Parota (CECOP), en Acapulco y de las comunidades de la región de la montaña de Guerrero, donde no ha llegado ningún apoyo, a pesar de tener noticia de varias muertes. También hacemos mención de los pobladores de las comunidades de La Mira y El Habillal, en Lázaro Cárdenas, Michoacán, cuyas viviendas fueron arrasadas por los deslaves y el desbordamiento de la presa de jales, resultado de la obscena explotación minera que realiza la trasnacional Arcelor-Mittal en esa zona. Exigimos que los gobiernos federal, de Michoacán y Guerrero proporcionen ayuda a todos los afectados, especialmente a los más pobres y no sólo a unos cuantos. Llamamos a todos los pueblos y organizaciones participantes en la Asamblea, así como a todas las organizaciones a sumarse a las labores de acopio de víveres y apoyo para las comunidades a las que el Estado mexicano no está dispuesto a ayudar.

En el último año, muchos de nuestros hermanos han sufrido represiones y violencia por defender su territorio y sus recursos. Expresamos todo nuestro apoyo a nuestros compañeros de San Francisco Xochicuautla, Lerma, Estado de México frente a la represión que sufrieron el pasado 14 de mayo; también expresamos nuestra condena contra la i represión de los comuneros de Tepoztlán, Morelos, por oponerse a la ilegal ampliación de la autopista La Pera-Cuautla.

Como Asamblea Nacional de Afectados Ambientales seguimos exigiendo la liberación de todos los ejidatarios presos de la comunidad de San Pedro Tlanixco, Estado de México, injustamente encarcelados por defender sus aguas y que cese el hostigamiento del gobierno del Estado de México a esa comunidad.

La Asamblea Nacional de Afectados Ambientales expresa toda su solidaridad y apoyo al plantón permanente de la Coordinadora de Pueblos en Defensa del Río Atoyac, en el estado de Veracruz, para evitar el despojo de las aguas del nacimiento del río a través del ilegal proyecto Bandera Blanca. Para la Asamblea, esta lucha —que integra a los pueblos de toda la cuenca— es un ejemplo de integralidad y solidaridad recíproca entre comunidades para la defensa del territorio y la restauración de los ecosistemas y los derechos colectivos de los pueblos.

Como Asamblea, también nos manifestamos en alerta y nos sumamos a la exigencia del Movimiento Ciudadano en Defensa de la Loma de Santa María y de la Coordinadora Michoacana de Afectados Ambientales de que en la ciudad de Morelia, Michoacán, los gobiernos federal, estatal y municipal cancelen definitivamente la construcción ilegal del ramal Camelinas del Libramiento sur de Morelia. Esta obra pone en peligro las vidas de más de 7 mil personas por riesgo geológico, debido a que está realizando sobre una falla geológica, además de que pone en riesgo el abasto del 40% del agua de la ciudad de Morelia.

Este 2013, año de la resistencia contra el maíz transgénico, logramos que no se aprobara la siembra comercial de maíz transgénico, pero aún estamos en emergencia por el riesgo de que envenenen nuestras mesas. Monsanto y otras transnacionales siguen presentando solicitudes para liberaciones de siembra comercial de maíz transgénico en millones de hectáreas de varios estados del país. La Asamblea Nacional de Afectados Ambientales refrenda su exigencia de cancelar todas las siembras de transgénicos en México y no autorizar ni la siembra comercial ni de ningún otro tipo de maíz transgénico. Llamamos a todos los pueblos, colectivos y organizaciones a seguir en alerta, difundir información y hacer acciones para exigir la prohibición de los transgénicos en México y en el mundo.

Convocamos a todas las organizaciones sociales del país a sumarse a las movilizaciones magisteriales, estudiantiles, obreras, populares y de los pueblos afectados, especialmente las del 12 de octubre y la del 18 de noviembre en que confluiremos la Asamblea Nacional de Afectados Ambientales y la Red en Defensa del Maíz en una jornada de lucha. En este llamado, participaremos con todas las organizaciones que integran el esfuerzo de la Proclama por el Rescate a la Nación.

Por último queremos dedicar nuestros trabajos en la preaudiencia y en la Asamblea Nacional de Afectados Ambientales a la memoria de nuestra querida compañera Teresa Martínez, fundadora de Cedesa, quien durante 50 años peleó por las tierras, las aguas y los derechos de las comunidades de la Cuenca de la Independencia y nos abrió su corazón para aprender que el trabajo comunitario siempre fortalece a los pueblos.

Atotonilco, San Miguel de Allende, Guanajuato, a 22 de septiembre de 2013.

MÉXICO: País en venta: privatizando ciencia y docencia.

Silvia Ribeiro*

El control de los recursos estratégicos de México está a la venta al mejor postor trasnacional y en las condiciones que demanden las empresas. Desde la minería al petróleo, pasando por la biodiversidad, el aire de los bosques y hasta el maíz, el patrimonio genético alimentario más importante del país.

El proceso no empezó ahora, pero hay en este momento pasos cruciales en juego, como la privatización del petróleo y la autorización para siembra comercial masiva de maíz transgénico en favor de Monsanto y otras trasnacionales. Otras leyes aprobadas y en discusión, como la reforma que privatiza la educación y convierte a los docentes en empleados precarios, o la imposición de IVA en alimentos y medicinas, castigan a los pobres y sus derechos sindicales más básicos. El hilo rojo es favorecer a las grandes empresas y a las minorías privilegiadas. Pero también crece la resistencia, cada día más compleja y candente, por la diversidad de actores y temas que hieren centros neurálgicos de la vida del país.

Aprovechando el contexto, un grupo de científicos protransgénicos, entre ellos Luis Herrera Estrella, director del Laboratorio Nacional de Genómica para la Biodiversidad (Langebio, de Cinvestav-IPN) se están reuniendo con diputados para cambiar las leyes que dificultan a funcionarios lucrar personalmente con la investigación pública. Y eso sí es una injusticia ¿no le parece? O sea, para estos científicos lo correcto es que los investigadores sean financiados con fondos públicos, usen el acervo de conocimientos, las instalaciones, sueldos, herramientas y subsidios del Estado, para que ellos puedan comerciar con empresas y patentar para su lucro personal los conocimientos que obtienen gracias al trabajo colectivo y al apoyo social.

Según Herrera Estrella, el acuerdo al que llegamos con los diputados es armonizar todas las leyes, la Ley Federal del Trabajo, la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, la Ley de Ciencia y Tecnología para que, en una sola ley, se contemple toda esta problemática (E. Ruiz Jaimez,El Economista, 25/8/2013). La articulista abunda: Con esto buscan que el investigador pueda licenciar sus propias patentes u otras, que pueda crear una empresa y ser accionista.

En el mismo artículo, Herrera Estrella afirma que a la ley Monsanto (Ley de Bioseguridad y Organismos Genéticamente Modificados) se le puso el mote porque sólo Monsanto puede cumplir con sus requerimientos, porque es muy estricta. Arguyendo un pretendido nacionalismo –nada convincente dados sus vínculos con las trasnacionales– quieren simplificar los trámites para que los investigadores nacionales también puedan contaminar transgénicamente los cultivos.

Pero, ni la ley Monsanto es estricta (por eso hay contaminación) ni se le llama así por lo que dice Herrera Estrella, sino lo contrario: porque favorece ampliamente los intereses empresariales, no contra investigadores nacionales, sino contra el bien público. Recordemos que la primer versión de esta ley fue presentada al Congreso por el Comité de Biotecnología de la Academia Mexicana de Ciencias, del que Herrera Estrella era y es miembro. La coordinación del cabildeo de la ley Monsanto –que ahora les resulta insuficiente, porque ven la coyuntura para ir por más elementos privatizadores– estuvo a cargo de su colega Francisco Bolívar Zapata, ahora nombrado por Peña Nieto coordinador de Ciencia, Tecnología e Innovación del gobierno. Los pocos cambios que otros hicieron en el proceso legislativo, como la obligatoriedad de establecer un régimen especial de protección al maíz por ser México centro de origen (¿una de las complicaciones a las que aluden estos científicos?) fueron vaciados de contenido con el reglamento de dicha ley. La consulta pública es una farsa, nunca considera las críticas. Las aprobaciones de siembras experimentales de transgénicos, particularmente maíz, han sido impugnadas legalmente muchas veces, motivando únicamente que el gobierno adaptara el reglamento para dejar las impugnaciones sin efecto. Ha sido un proceso de tal grado de corrupción legalizada, que fue presentado por el Grupo de Estudios Ambientales como caso de violación de derechos de los pueblos y violencia contra el maíz y la soberanía alimentaria, ante las sesiones del Tribunal Permanente de los Pueblos (TPP) capítulo México. La ley que redactaron esos científicos y que ahora quieren modificar para facilitar aún más privatización y contaminación, evidencia la veracidad de la acusación general del TPP sobredesviación de poder del Estado mexicano contra el interés público y en favor de las empresas.

En todo caso, Herrera Estrella no se ha quedado esperando cambios. Tiene numerosas patentes a partir del trabajo en instituciones públicas y es socio fundador de Stela Genomics, empresa fundada en 2011 en Estados Unidos, con una sede cómodamente vecina al laboratorio de genómica que él mismo dirige en el Cinvestav. También es socia una investigadora a quien dirigió su doctorado en el mismo laboratorio. Stela Genomics usa el trabajo que se hizo en Langebio, financiado públicamente, para promover su negocio privado. Además, gestiona comercialmente las patentes de Herrera Estrella.

El modelo es Estados Unidos, donde el público financia las universidades que trabajan con y para las transnacionales, y los investigadores están a la venta, incluida la orientación de su investigación. La investigación en biotecnología en México va en esa dirección y hay varios ejemplos. Este tipo de conflictos de interés serán parte de los casos a presentar en la próxima sesión del TPP sobre maíz transgénico y corrupción de la ciencia.

 *investigadora del Grupo ETC

http://www.jornada.unam.mx/2013/09/07/opinion/021a1eco

Entrevista a Silvia Ribeiro: Las transnacionales alimentarias.

Dictamen: Preaudiencia Nacional ‘Contaminación Transgénica del Maíz Nativo’ abril, 2013.

Dictamen que presentan Camila Montecinos, Joel Aquino y Gustavo Esteva dictaminadores en la Preaudiencia Nacional: ‘Contaminación Transgénica del Maíz Nativo’, celebrado en San Luis Beltrán Oaxaca, Oaxaca, los días 26 y 27 de abril de 2013.

©FulvioEccardimaíz

A pesar de todo lo que han hecho sucesivos gobiernos para desmantelar la Constitución Política de México, el pacto social y político y el proyecto de nación que mexicanas y mexicanos definieron hace casi 100 años sigue siendo su Carta Magna: un documento que es aún fuente de derecho y de unión para ellas y ellos.

El artículo 39 de la Constitución establece que la soberanía nacional pertenece esencial y originariamente al pueblo de México. Pertenece a todos y cada uno de quienes vinieron a presentar aquí sus casos y a rendir sus testimonios. No son representantes de mexicanos y mexicanos. Son pueblo mexicano. Son los titulares de la soberanía nacional.

Desde esa condición han acudido a esta pre-audiencia a denunciar la violación sistemática de la soberanía de la que son titulares por parte de quienes la propia Constitución designa como garantes de esa soberanía.

Hemos escuchado atentamente los casos y testimonios, sólidamente sustentados, que demuestran este hecho de extrema gravedad: buena parte del territorio mexicano al que se refiere la soberanía —un territorio que por miles de años han cuidado y protegido los pobladores originarios mediante tradiciones de responsabilidad que continúan los actuales titulares de la soberanía—, ha sido entregado a intereses privados y entidades extranjeras.

Además del derecho a la cultura, los pueblos indígenas cuentan con el derecho de propiedad sobre los territorios que han ocupado tradicionalmente. El gobierno se ha comportado como propietario de esos territorios, asumiendo dominio sobre ellos. Esta postura pudo tener sentido en el marco del proyecto nacionalista que emanó de la Revolución Mexicana. Representó una posición digna frente al capital extranjero para defender la soberanía nacional. Sin embargo, en vista de que el gobierno mexicano se ha apartado explícitamente del proyecto contenido en la Constitución de 1917, tal postura carece ya de sustento. El gobierno, por ejemplo, está transfiriendo el dominio del subsuelo, por medio de concesiones, a empresas transnacionales, en demérito de la propiedad y posesión indígena sobre sus territorios. Queda claro que para los pueblos indígenas ya no basta con ser propietarios de la superficie de sus tierras y territorios. La siembra de maíz transgénico y la minería afectan la vida misma tanto de indígenas como de no indígenas.

Todo esto implica una desviación de poder, que podemos demostrar con las pruebas que se nos han allegado. Se ha desviado mediante nuevas leyes  y a través de políticas y programas. Los poderes constituidos han empleado sus facultades para desmantelar las leyes y disposiciones que protegen la soberanía y el territorio, lo mismo que los derechos de los campesinos, a fin de acomodarlas a los intereses de corporaciones privadas y entidades extranjeras. Las políticas y programas que han aplicado están claramente en contra de los intereses campesinos y a favor de las mismas corporaciones.

Esta pre-audiencia se concentra en el maíz. Hemos escuchado numerosas expresiones de lo que significa para el pueblo mexicano. He aquí algunas de ellas, que reproducimos textualmente:

* Los oaxaqueños no entenderíamos la vida sin maíz. Es nuestro principal alimento y fundamento de nuestra cultura.

* El maíz es quien cuida a la comunidad. Es quien nos ha permitido vivir y resistir durante miles de años.

* Nosotros los campesinos no tenemos otra opción más que seguir sembrando para continuar nuestra manera de vida.

* No podemos vivir sin maíz, seguiremos luchando por mantener nuestra forma de vida y al maíz en ella.

* Yo quiero dejar mi maíz a mis hijos, a mis nietos, quiero que mis hijos tengan salud, que convivan con el maíz nativo y todo lo que les rodea, el frijol, la calabaza y los quelites porque aquí está la vida.

* Quiero seguir cuidando mi maíz nativo y a mi tierra porque mi maíz y mi tierra son sagrados y eso quiero dejar a mis hijos y a mis nietos.

* El maíz es nuestra vida.

* En el maíz recreamos nuestra espiritualidad como pueblo indígena.

* El maíz es nuestra carne y nuestros huesos; es salud, historia y autonomía.

* El maíz somos nosotros y es patrimonio nacional.

* Producimos maíz para dar vida a nuestras comunidades y a la humanidad

* Nuestra relación con el maíz es sagrada: es el tesoro más preciado que los hombres y mujeres de maíz podemos tener.

Ésa es la experiencia del maíz. Esto es lo que se han negado a ver los gobiernos, en su afán perverso de reducirlo a una cosa, una mercancía, un objeto más que se compra y se vende en el mercado y que puede ofrecerse al mejor postor.

Se nos dijo ayer, en uno de los casos presentados: “Denunciamos el cinismo, la irresponsabilidad y perversidad con la que las instituciones gubernamentales han tratado el problema. Los hombres y mujeres oaxaqueños estamos sembrando nuestros maíces aún en contra de un sistema que quiere acabar con el campo oaxaqueño y mexicano.”

Uno de los crímenes más serios que han cometido los gobiernos mexicanos es el crimen de empeñarse en eliminar a los campesinos, destruyendo de esa manera una sabiduría milenaria que es la base histórica y cultural de la nación.

Desde hace sesenta años esta obsesión parece perseguir a todos los gobernantes. Varios de ellos han llegado a decir que México nunca podrá ser un país moderno mientras más de la tercera parte de la población viva en el campo; repetían, una y otra vez, que debía imitarse el modelo de Estados Unidos, en que sólo 2.5% de la población laboral producía alimentos para el mundo. Varios secretarios de agricultura declararon públicamente que su obligación era deshacerse de millones de campesinos. Y se diseñaron políticas y programas con ese propósito. Varios ejemplos de esa mentalidad criminal se mencionaron en la pre-audiencia.

* Los campesinos lucharon para tener pequeñas tiendas Conasupo en sus comunidades, administradas por ellos mismos, para poder acceder a bajo precio a productos de primera necesidad que no pueden producir. Desde hace muchos años, la red de tiendas de Diconsa, 23 mil establecimientos en 93% de los municipios del país, se usa con un propósito perverso. Con el pretexto de abatir el precio de los alimentos, se ha dedicado a desalentar la producción local de maíz y a crear el riesgo de la contaminación transgénica.

* Uno tras otro se fueron eliminando todos los instrumentos públicos de apoyo al campo creados en función de los compromisos de la revolución. Es cierto que se habían corrompido y que tenían carácter clientelar. Pero representaban una derrama económica para los campesinos, que se acostumbraron a depender de ella. Éste fue uno de sus efectos más negativos, que se padeció inmensamente cuando se cancelaron.

En 1945 era rural el 75% de la población. En medio siglo la proporción se invirtió. Si bien es cierto que muchos campesinos migraron a las ciudades deslumbrados por las luces de neón y las promesas de la modernización, es preciso reconocer que otros muchos fueron literalmente expulsados de sus comunidades, tanto por formas de destrucción ambiental de las que en general no fueron responsables como por políticas y programas que impedían la prosperidad rural y dejaban a los jóvenes sin perspectivas dignas en sus propias comunidades —lo que se convirtió también en un motivo básico de emigración.

La reforma del artículo 27 constitucional, realizada con el abierto propósito de lanzar al mercado la tierra ejidal, estaba claramente asociada con la obsesión de los gobernantes de deshacerse de los campesinos.

La invasión transgénica forma parte de esa estrategia. Como se reveló con toda claridad en los testimonios presentados, el maíz transgénico no ofrece ventaja alguna para los campesinos y el país. Por lo contrario, los cultivos transgénicos se han utilizado como instrumento de control de la agricultura y la destrucción de las bases de la autonomía de los pueblos. Además, ya se demostró en repetidos estudios que la transgenie, por naturaleza, disminuye la producción.

En realidad, la invasión de maíz transgénicoque se ha estado preparando desde el gobierno, al servicio de las corporaciones que lo crearon y lo comercializan, corresponde a una estrategia perversa que fue rigurosamente descrita en la audiencia. Se trata ante todo de controlar el mercado de semillas en México, que representa 200  mil toneladas y  mil 200 millones de dólares al año. Para este fin, se han estado modificando las leyes para beneficio de las grandes corporaciones y perjuicio de los pequeños productores, colocando a éstos al margen de la ley cuando venden o intercambian las semillas que producen.

La otra parte de esta pinza perversa es la que alude a la inseguridad alimentaria. Importamos ya la tercera parte del maíz que consumimos; en unos diez años estaríamos importando la mitad. Se está propalando la ilusión de que el transgénico podría resolver el problema aumentando la producción, lo que carece de todo sustento y nos muestra la gravedad del peligro que se enfrenta. En cinco de los ocho millones de hectáreas dedicadas al maíz no podrían funcionar las semillas transgénicas. En buena parte de la superficie maicera sólo pueden funcionar las semillas nativas. Es este el crimen que se quiere cometer: con la contaminación transgénica se perdería toda capacidad productiva. Si el maíz ya no rinde, si ya no pueden cultivarlo porque todo se ha contaminado y el transgénico no podrá prosperar, los campesinos abandonarán sus tierras. Y esto es, a final de cuentas, lo que acaso se busca. Que las dejen para poder entregarlas a otros intereses.

La contaminación transgénica puede verse como efecto directo del Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Fue descubierta cuando existía una moratoria para el cultivo transgénico. Pero existía una disposición del TLCAN, que propiciaba su libre circulación, bajo la falsa premisa de equivalencia sustancial, es decir, que el transgénico es igual al criollo o al nativo, una premisa también adoptada por los órganos internacionales.

A partir de 2001 las importaciones de maíz crecieron exponencialmente. Aunque estaba protegido en el TLCAN, el gobierno alentó esas importaciones, por encima de las cuotas establecidas y sin cobrar los aranceles pactados. Se realizó así un agresivo dumping a los productores nacionales, desalentándolos, obligándolos a abandonar el cultivo o el campo. Desaparecida la Conasupo, nueve empresas transnacionales absorbieron 50% de las importaciones.

Distribuido por Diconsa, el maíz importado llegó a todas partes. La gente no supo que era transgénico. Traerlo al país era un gran negocio: México no cobraba arancel y Estados Unidos apoyaba con subsidios.

Y es así como un efecto perverso del TLC fue destruir la soberanía alimentaria en las comunidades.

Se trata de un crimen histórico de inmensas proporciones y consecuencias.

Escuchamos testimonios que demuestran fehacientemente que la contaminación transgénica es intencional y representa un desvío del poder, al emplear el aparato estatal a favor de intereses privados.

Los transgénicos son un instrumento corporativo. Pertenecen a seis empresas transnacionales, que forman un oligopolio. Monsanto controla el 85% del mercado.

Todos los transgénicos están protegidos bajo derechos de propiedad intelectual. Reproducirlos y usarlos sin permiso de los titulares de estos derechos constituye un delito. Los genes de Monsanto están patentados. La empresa sabe que la contaminación es inevitable, una vez que se realice la siembra extensa. Será un crimen con premeditación, alevosía y ventaja, porque busca intencionalmente apropiarse de todas las redes alimentarias. En Estados Unidos, Monsanto y Dupont ya han ganado juicios por 23 millones de dólares y arreglos fuera de tribunales por 200 millones de dólares más, por los granos contaminados. Pronto empezarán a demandar a productores mexicanos.

El crimen es aún más grave porque México es centro de origen de maíz, y por tanto, constituye el reservorio genético de uno de los tres principales cultivos del mundo, una de las bases principales de la alimentación a nivel global. Es también reservorio de los saberes necesarios para mantener vivo al maíz.

Hacemos un extrañamiento a los órganos de Naciones Unidas, que saben bien que proteger los centros de origen es esencial para mantener los cultivos vivos. Sería la primera vez en que un centro de origen se ha contaminado y esos órganos no han hecho nada al respecto, por eso las comunidades denuncian a estos organismos en esta pre-audiencia.

Esto resulta aún más grave ante la perspectiva de cambio climático. Sabemos bien de la perspectiva: donde hay sequía habrá más sequía; donde hay mucha lluvia lloverá más. Las semillas nativas tienen la diversidad que permitiría encontrar la respuesta a los cambios en las condiciones climáticas. Esas razas y variedades tienen los caracteres de herencia que necesitaremos.

Es un crimen abominable, que por ningún motivo debe permitirse, hacer que esas razas y variedades desaparezcan.

Este crimen insoportable es aún más grave si consideramos lo que ya mencionamos antes: que las políticas y programas del gobierno, en su desviación de poder, han socavado la soberanía alimentaria de las comunidades, en el ejercicio sistemático de violencia burocrática, social y policiaca.

 “Perder el maíz nativo alimento de nuestros pueblos es perder la autonomía,” se dijo en la presentación de uno de los casos. Aquí está el meollo de la cuestión.

En una lucha de siglos, las comunidades han logrado fortalecer su autonomía y construir formas propias de vida y de gobierno. En Oaxaca, como se subrayó en las presentaciones, se sigue “practicando y fortaleciendo la comunalidad”. De esa manera se lograron niveles sólidos de autosuficiencia y se ha practicado una efectiva soberanía alimentaria. Toda esta construcción está basada en el maíz. Cada familia, cada comunidad, cada región, se empeña en producir maíz suficiente para el consumo cotidiano. Y existen mecanismos complejos para hacer frente a las dificultades periódicas, cuando las calamidades naturales o las irregularidades del clima impiden que se alcancen los niveles normales de autosuficiencia.

En esta organización se basa la cultura de los pueblos indígenas y en ella está el tejido social que aún nos permite existir como nación. El lema que circula desde hace una década, “Sin maíz no hay país”, es una expresión eficaz de lo que todo esto significa. En estas tierras se inventó el maíz, en un diálogo profundo con la naturaleza; aquí se le multiplicó, se le diversificó, se le adaptó a las mil diferentes condiciones de nuestra realidad. En ese proceso el maíz nos inventó como pueblo y se estableció como la base de nuestra cultura.

Un ejemplo claro que se expresó en la pre-audiencia fue destacar que la riquísima gastronomía mexicana está claramente fincada en el maíz, pero buena parte de lo que todavía cocinan y comen mexicanas y mexicanos sólo es posible con semillas nativas. La contaminación transgénica haría desaparecer buena parte de lo que comemos.

Este patrón de supervivencia y prosperidad se encuentra hoy seriamente debilitado por la agresión sistemática que han sufrido todos los pueblos, por el conjunto de políticas y programas concebidos abiertamente contra ellos. Por las mismas condiciones que afectan la vida de las comunidades, el país entero se encuentra afectado de una debilidad sustancial en su soberanía: la dependencia del exterior en materia alimentaria.

En 1971 exportábamos maíz. Es cierto que en esos años había familias que no tenían suficiente, pero el hecho es que podían generarse excedentes y colocarlos en el exterior. Perder la autosuficiencia no fue una consecuencia del crecimiento demográfico o de condiciones climáticas adversas. No fue porque los productores decidieron abandonar sus tareas y dedicarse a otra cosa. Fue una acción sumamente costosa, en que el gobierno invirtió inmensos recursos para provocar la deficiencia de maíz. Hoy, un gran porcentaje de este maíz importado va directo a alimentar a pollos y cerdos en las granjas industriales, o se utiliza como insumo para emulsificantes, estabilizadores y edulcorantes. No va directo al consumo humano como luego se cree. Todavía entre el 30 y 40% del maíz que se produce en México alimenta directamente a las propias familias y la comunidad. Y ya sumado, un 50% del maíz mexicano proviene de producción campesina en pequeño.

En esta pre-audiencia se nos hicieron llegar, con los testimonios, documentos en los que se demuestra, con sólido fundamento científico, que existe un enorme potencial productivo por el que podría recuperarse en pocos años la autosuficiencia nacional de maíz.

Enrique Peña Nieto y sus funcionarios no son jurídicamente responsables de los crímenes en serie contra la agricultura campesina cometidos a lo largo de 60 años. Pero son moral y políticamente responsables porque la actual administración no solamente continúa esa orientación anticampesina sino que la está profundizando —lo que los puede hacer jurídicamente responsables.

Uno de los testimonios señaló: “Que ya no se establezcan programas con la careta de apoyar al campo y que sólo benefician a las empresas agroindustriales amigas de los altos funcionarios. Que no se trate de engañarnos regalándonos comida dizque nutritiva, porque sabemos que lo único que persiguen es despojarnos de los alimentos que producimos localmente.”

Se trata, muy concretamente, de uno de los programas de la nueva administración. Su campaña contra el hambre no se dirige realmente contra esta vieja enemiga de la humanidad que vuelve a aparecer entre nosotros

Los testimonios presentados en la pre-audiencia mostraron con toda claridad la grave complicidad que en todos estos crímenes ha tenido el establecimiento científico. No sólo se trata de la campaña de descrédito contra quienes presentaron honestamente los resultados de sus investigaciones y dieron a conocer las primeras pruebas de contaminación transgénica, reconociendo abiertamente que su trabajo había sido posible por su colaboración con el sistema científico indígena. Se trata también del boicot sistemático a que se vieron expuestos cuantos se interesaban en el tema y, finalmente, de la corrupción misma de la aún llamada investigación científica.

Se nos ofrecieron testimonios de la forma en que se procedió a la falsificación de pruebas, a la distorsión del método, a la presentación mentirosa de los resultados, al ocultamiento de información. Se constituyó así una auténtica conspiración en que los funcionarios del gobierno, las corporaciones privadas y los supuestos científicos realizaron actividades criminales para ocultar la información sobre la contaminación transgénica.

Es importante destacar, en este aspecto, que en los propios testimonios se nos informó, con sólidas bases en estudios científicos serios, que no estamos ante hechos irremediables e irreversibles. La acción de las comunidades, en el marco de políticas y programas que se propongan lo contrario de lo que han hecho hasta ahora, podrían poner remedio a los daños que hasta ahora se han causado y abrir otra opción. Eso requeriría otro tipo de ciencia, que supiera articular sus métodos y concepciones con la ciencia indígena, ésa que fue capaz de crear el maíz y centenares de miles de variedades adaptadas a los más diversos nichos ecológicos en el curso de diez mil años.

Esto es muy distinto a lo que se intentó hacer con información distorsionada. Como era imposible desechar las pruebas de la contaminación que había ocurrido, lo que se intentó fue demostrar que en esos mismos lugares había desaparecido, lo que implicaba que era posible limitar o contener la contaminación. Los casos que se han presentado en esta pre-audiencia permiten refutar en forma contundente este intento perverso de una parte del establecimiento científico, coludido con las autoridades y las corporaciones privadas para negar información a la población y continuar la promoción descarada de la invasión transgénica.

 “Los hombres y mujeres de maíz”, se dijo en la pre-audiencia, “exigimos volver al Estado de derecho”.

Es importante destacar que esta exigencia es presentada por pueblos que han padecido por más de 500 años el uso perverso de los instrumentos jurídicos contra ellos, pueblos que han padecido no solamente leyes injustas, que los ignoran y discriminan, sino tribunales corruptos y racistas. Son pueblos que han sabido reconocer y mantener en sus propios ámbitos el concepto de derecho, la validez y legitimidad del procedimiento formal, la necesidad de normas que propicien la convivencia armónica.

Son estos pueblos los que ahora exigen a quienes han destruido el Estado de derecho (tan laboriosamente construido por mexicanas y mexicanos) que regresen a él. Están conscientes de las limitaciones de su exigencia. Están pidiendo a criminales en serie que detengan su carrera enloquecida al abismo, en el que ellos mismos se precipitan al arrastrarnos a todos al desastre natural y social. Lo hacen porque es su convicción que nunca debe renunciarse a la exigencia de que la autoridad cumpla sus obligaciones. Y lo hacen porque están dirigiéndose al más alto de todos los tribunales, al de las ciudadanas y los ciudadanos, al de los pueblos, al de quienes, con su movilización, pueden imponer la voluntad popular para salvar a nuestra comunidades, a nuestras culturas, a nuestro país y a final de cuentas a la Madre Tierra que se encuentra en riesgo.

Hacemos nuestras las demandas que se presentaron en la pre-audiencia, tras introducir en ellas modificaciones que resultan de la presentación de los casos y testimonios, y las incluimos en nuestro dictamen como recomendaciones expresas al Estado mexicano. Es decir, el Estado mexicano debería:

*Abrogar de forma inmediata la Ley de Bioseguridad de Organismos Genéticamente Modificados, sus reglamentos y demás disposiciones jurídicas que abren las puertas para que el Gobierno autorice la siembra de maíz transgénico en el país. En su lugar, se debería declarar a Oaxaca y a todo el territorio de México territorio prohibido para el cultivo, experimentación, transporte, almacenamiento y comercialización de transgénicos,  negando cualquier posibilidad de siembras comerciales del  maíz transgénico.

*Reafirmar que el maíz es fundamento de la cultura material y simbólica de mexicanas y mexicanos, pilar de la soberanía nacional, condición sustancial de supervivencia de las comunidades campesinas e indígenas y base de la alimentación de la población. En consecuencia, el Estado tiene la obligación de concebir e implementar políticas de apoyo diferenciado al entramado de relaciones que forman la cultura de maíz.

*Renunciar a las políticas agrarias, agrícolas y comerciales que han causado la crisis del campo mexicano. El gobierno debería orientar sus políticas al fortalecimiento de la economía campesina, los pequeños productores y las comunidades indígenas, a la autosuficiencia nacional en la producción de alimentos básicos y a la reafirmación de la soberanía alimentaria.

* Revisar el capítulo agrícola del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, especialmente lo relativo al comercio de los granos básicos, entre otras cosas para revertir los efectos del dumping sistemático practicado por los agroexportadores estadounidenses y las grandes empresas importadoras en contra de la economía campesina y mexicana.

* Combatir la corrupción de la investigación científica en el área de los organismos genéticamente modificados, y su connivencia con corporaciones privadas dedicadas a impulsarlos y articulándola con la ciencia indígena.

* Suspender de inmediato las autorizaciones para la liberación de todo tipo de maíz transgénico, incluyendo a los campos de cultivo ya existentes, y prohibir por completo los cultivos genéticamente modificados y el uso de tecnologías “terminator”.

* Difundir en forma permanente y amplia, a través de medios públicos, privados e independientes, información relativa a los riesgos de la contaminación transgénica, dando especial cabida a los estudios científicos que muestran sus daños y sus impactos sobre la salud, el ambiente y la producción.

* Respetar la soberanía y la autonomía de los pueblos originarios.

* Suspender de inmediato las importaciones de maíz transgénico, así como la distribución de “paquetes tecnológicos” y alimentos contaminados de transgénicos.

* Elevar a rango constitucional la prohibición de organismos genéticamente modificados en el territorio nacional y adecuar de inmediato las legislaciones secundarias.

* Establecer un Régimen de Protección para el Maíz Nativo.

* Establecer una norma eficaz para la etiquetación de todos los alimentos transgénicos con información suficiente para la población consumidora sobre los riesgos que implican.

* Aplicar rigurosamente los procedimientos de consulta y consentimiento previos, libres e informados, que forman parte de la ley suprema a través de los tratados internacionales, antes de implementar programas gubernamentales en las comunidades indígenas.

* Detener la siembra y movilización en el territorio nacional de otros granos y semillas transgénicas como soya, algodón y canola, así como los ensayos de campo con organismos transgénicos.

* Restringir las importaciones de maíz a los casos en que la cosecha nacional sea insuficiente y una vez que la producción nacional se haya comercializado, vigilando rigurosamente, en las fronteras, que ninguna importación contenga transgénicos. No debe permitirse la entrada de una sola tonelada de maíz por encima de la cuota sin pagar arancel; por el contrario, debe imponérsele el máximo permitido por el TLCAN, haciendo valer el principio de soberanía alimentaria y la prioridad del consumo del maíz nativo.

* Concentrar todas las compras de Diconsa, empresa responsable de la contaminación transgénica, en organizaciones de productores mexicanos, realizándolas a un precio justo. Diconsa debe retirar de inmediato los maíces transgénicos que haya distribuido, alertando a las comunidades respectivas sobre los riesgos de su empleo.

* Expulsar del país a las empresas multinacionales responsables de la contaminación transgénica, entre las que se encuentran Monsanto, Novartis, DuPont y Aventis.

* Oponerse oficialmente a las patentes y propiedad intelectual sobre la vida en México y en cualquier parte del mundo.

* Someter los bancos de germoplasma en México, incluyendo el del CIMMYT, a revisiones cuidadosas hasta que se asegure que sus colecciones se encuentran libres de contaminación transgénica.

* Reconocer constitucionalmente los derechos indígenas, tal como fueron plasmados en los Acuerdos de San Andrés y emplear los instrumentos del Convenio 169 de la OIT para garantizar la autodeterminación de los pueblos indígenas de México sobre sus recursos naturales, con absoluto respeto a la consulta previa, libre e informada.

* Formular políticas ambientales, agrícolas y alimentarias sustentables, justas y soberanas, elaborándolas junto con la sociedad civil en base a la autodeterminación de los pueblos sobre sus bienes naturales, el respeto a los derechos indígenas y campesinos, la conservación de la biodiversidad y el principio de soberanía alimentaria.

* Establecer legalmente que ningún ser vivo, ni en su totalidad ni en sus componentes, pueda ser reclamado por derechos de propiedad intelectual ni sujeto a convenios de bioprospección.

Es obvio que ante los riesgos tan evidentes no basta con hacerle recomendaciones al Estado: estas recomendaciones son, al mismo tiempo, asuntos pendientes que la sociedad civil mexicana e internacional tendría también que asumir como luchas urgentes que tienen que estar en el centro de sus reivindicaciones.

En el marco de esta pre-audiencia, por su tema, su lugar y su contexto, queremos reafirmar que las reformas constitucionales indígenas realizadas hasta hoy son un mero engranaje y en ocasiones no el fundamental. Las políticas hegemónicas están operando por encima de los avances jurídicos. Se están haciendo arreglos por encima de la Constitución y de la normatividad internacional vigente. Tales arreglos, por ejemplo, niegan a los pueblos el carácter de sujetos de derecho y rechazan implícitamente la autonomía que formalmente quedó enunciada en 2001.

Se han estado promulgando leyes sobre la diversidad que refuerzan la privatización y de hecho perfilan la paulatina desaparición del espacio propio del derecho público al hacer del Estado un simple promotor y certificador de las operaciones “privadas” de los inversionistas. En esta operación participan, junto con los gobiernos de América Latina, organismos públicos multilaterales como la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (fao), el Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente (pnuma), la Organización Mundial del Comercio (omc) y la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (ompi), y organismos financieros como el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo.

Nos parece importante, asimismo, señalar que en el texto del nuevo artículo 2o constitucional se determinó que la autonomía se ejercería “con respeto a las modalidades de propiedad y tenencia de la tierra establecidas en esta Constitución y a las leyes de la materia, así como a los derechos adquiridos por terceros o por integrantes de la comunidad.” De esta manera, en forma enteramente anómala e inaceptable, el supuesto nuevo derecho constitucional para los pueblos indígenas nació supeditado a las leyes, cuestión contraria al principio de jerarquía de normas.

Los dictaminadores compartimos y acogemos plenamente la demanda de acabar con toda forma de violencia contra el maíz, la soberanía alimentaria  y la autonomía de los pueblos que la cuidan.  Esto exige acabar con todas las fuentes de contaminación transgénica, por los agroquímicos, híbridos y otras formas de tecnología que destruyen el maíz y crean dependencia.

Siendo el maíz, como hemos escuchado en los testimonios y casos, una expresión fundamental del alma y del cuerpo de los pueblos de México, es de vital importancia que las demandas que lleguen a la audiencia final del Tribunal Permanente de los Pueblos posean toda la fuerza y urgencia que se requieren. Por esto, nos parece útil dejar claramente establecidos los siguientes puntos:

* La ley de Bioseguridad de Organismos Genéticamente Modificados, la Ley de Producción, Certificación y Comercialización de Semillas y la Ley Federal de Variedades Vegetales son leyes que administran la producción, distribución y fomento de maíz transgénico en México, por lo que se deben dejar de aplicar inmediatamente, estableciendo una prohibición de facto, y a continuación abrogar estas leyes y realizar una reforma constitucional en la que se establezca la prohibición definitiva de la introducción, siembra, comercialización, importación, almacenamiento, distribución, investigación y experimentación de semillas transgénicas de maíz y se declare que todo México es centro de origen y diversidad biológica, descartando definitivamente la idea de construir mapas de centros de origen. Hay suficientes argumentos y pruebas científicas de daños a la salud y al medio ambiente para sustentar esta prohibición.

* La ley de biodiversidad ignora que la domesticación y diversificación de plantas es un proceso vivo, continuo y actual, y deja en estado de indefensión a los productores y comunidades que han sido los creadores de esta riqueza genética que ha hecho de México un centro de diversificación a nivel mundial. El artículo sobre zonas libres de transgénicos no establece la protección adecuada para los productores convencionales y orgánicos. A los primeros los ignora por completo, y a los segundos les impone un régimen de protección insuficiente y, además, muy difícil de alcanzar. Se deja en estado de indefensión a la mayoría de los productores agrícolas mexicanos, que no podrán escoger si quieren o no transgénicos en sus cultivos. Uno de los problemas centrales en este capítulo es que la carga de la prueba la tienen precisamente los afectados, que deberán comprobar científicamente la inviabilidad de la coexistencia entre cultivos libres de transgénicos y los que sí incorporan esta tecnología. Los transgénicos no pueden convivir con especies que no han sido genéticamente modificadas, pues las contaminan y alteran su genoma. Finalmente, el procedimiento administrativo es muy complicado y está diseñado más para dificultar la designación de zonas libres que para protegerlas.

* Proponemos que se aproveche el marco del TPP para declarar al maíz y a la milpa como un bien común de los pueblos del mundo, que han intercambiado libremente y con responsabilidad las semillas, y saben en dónde y cómo usarlas como elemento básico de la vida y de su subsistencia. Son los propios pueblos, no entidades privadas o gubernamentales, quienes deben decidir cómo intercambiar, cuándo y dónde.

La denuncia presentada en esta pre-audiencia, así como los casos, testimonios y probanzas aducidas, demuestran que la devastación de la vida campesina, la migración forzada, la pérdida de biodiversidad y los daños al ambiente y la salud han sido causadas directamente por las políticas agrarias y agrícolas, las políticas públicas de “asistencia” (como la Cruzada contra el Hambre) , así como por la política económica y la comercial, vinculadas con los tratados de libre comercio adoptados por el Estado mexicano y otros instrumentos nacionales e internacionales, relacionados con la autorización de transgénicos, que fomentan los monocultivos, la agroindustrialización y el acaparamiento de tierras.

Deseamos dejar constancia que el Convenio de Cartagena obliga a los gobiernos que lo suscribieron a aceptar los transgénicos, por lo que lejos de ser un instrumento de protección, que debemos invocar, forma parte de lo que debemos rechazar. Igualmente, el Convenio de Biodiversidad, al contrario de los tratados de libre comercio, queda sujeto a la interpretación de los estados, y despoja a los pueblos de la soberanía sobre la biodiversidad, que pasa a ser patrimonio controlado por los gobiernos. Este instrumento internacional es usado como el paraguas que en nombre de la diversidad y sustentabilidad ha introducido una postura conservacionista y proclive al fomento del capital, antes que una que combine el factor cultural y social con el ambiental. En contraste, defendemos una postura que vincula a los pueblos, el ambiente y la transformación, considerándolos como actores colectivos e individuales dotados de conocimientos importantes sobre el ambiente natural o sobre medios de utilizarlo.

Igualmente, nos parece importante señalar que al caracterizar el cultivo de maíz transgénico como delito debemos tomar en cuenta que hasta ahora los tribunales internacionales no abordan delitos cuya base constituya un delito “económico”.

Los argumentos de las comunidades indígenas y campesinas afectadas no sólo defienden sus propios derechos y formas de vida. Están defendiendo a la humanidad entera.

De acuerdo con la cultura y filosofía de los pueblos indígenas, el maíz no es mercancía, es el sustento principales de las comunidades, de la familias. En la preaudiencia, quedó claro que en México lo que hace posible que la gente sobreviva hasta en comunidades abandonadas es el maíz.

Si la cultura sobrevive en las comunidades es por la milpa, lo dicen todos. Aquí entre los dictaminadores nos preguntamos: “¿A qué se debe que haya sobrevivido el tequio?, ¿A qué se debe que sobreviven los servicios comunitarios?, ¿A qué se debe que sobreviva el sistema de cargos?, ¿A qué se debe que sobreviva la medicina tradicional?, ¿A qué se debe que continúen las fiestas tradicionales comunitarias y haya una gran solidaridad entre las familias y entre los pueblos? Se debe fundamentalmente al sistema alimentario propio: al maíz”, contestan una y otra y otra vez.

Afortunadamente, en las comunidades todavía existen miles y miles de familias que resisten produciendo sus propios alimentos, porque no hay otra forma de defensa que la de hacer posible la autonomía a través de la milpa. La única posibilidad de ejercitar la libre determinación y autonomía de los pueblos consiste en que cada pueblo, cada familia que tenga la capacidad de reconstruir su autosuficiencia alimentaria del país y la soberanía alimentaria propia.

Sabemos que en muchas regiones del país los campesinos y la gente de las ciudades por igual, serán sometidos, aplastados, porque el gobierno les va a vender maíz de pésima calidad. Las transnacionales se van a encargar de traer maíz NO APTO para consumo humano para llevarlo a las casas. “Antes no había enfermedades degenerativas en los pueblos”, nos dicen los participantes. “De 30 años para acá, aparecen cientos de miles de enfermos, diabéticos, de cáncer, de hipertensión, tan terrible es la dimensión de las enfermedades degenerativas que ha rebasado la capacidad de las instituciones de salud”. Ahora el gobierno dice que no hay capacidad económica para afrontar estos problemas. Primero se permite la venta de alimentos plagados de tóxicos y cuando afloran las enfermedades públicas no pueden atender a quienes sufren las consecuencias. Por eso el asunto del maíz sigue siendo para nosotros el asunto clave de la política social, el asunto clave de una política educativa y de una verdadera reforma educativa.

Cuando no pierden su memoria histórica, lo primero que tienen que hacer los pueblos es resolver la autosuficiencia alimentaria: maíz, frijol, calabaza y todos los cultivos que se recogen en la milpa. Ésa es una estrategia eficaz, inteligente y creativa de combatir el hambre, no llevar a la mesa de las familias campesinas comida industrializada que para lo único que va a servir es para enfermar a los niños, como sucede en las escuelas oficiales. Por eso la tarea, la responsabilidad que tenemos que asumir es que cada uno de nosotros se convierta en defensor del maíz, en defensor de las tradiciones comunitarias. Que todo el pueblo mexicano, que consume maíz impulsemos la revaloración del maíz en México y en el mundo. ¿Qué otra forma existe para que los pueblos de México combatan el hambre?

Los dictaminadores celebran el proceso que ha permitido llegar a esta pre-audiencia. Pretendemos que nuestras sugerencias y recomendaciones específicas enriquezcan a quienes presentaron los casos y testimonios, a fin de fortalecerlos en la perspectiva de la audiencia final ante el Tribunal Permanente de los Pueblos.

Libres de transgénicos: Marcha contra Monsanto. 2013, Mayo 25.

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