Posts Tagged 'San José del Progreso'

Minería en México: entre el despojo capitalista y la resistencia popular.

Hace 11 años, en el municipio de Cerro de San Pedro, San Luis Potosí, comenzó la resistencia popular contra el despojo a la nación y los mexicanos por la gran industria minera. En 2001 los opositores a la minería a cielo abierto comenzaron la resistencia con un festival cultural y unas mesas de análisis sobre los problemas que la presencia de la minera New Gold-Minera San Xavier generaba entre ellos. Tal vez los organizadores de la resistencia ni lo imaginaron, pero al paso del tiempo terminaron convirtiéndose en uno de los referentes imprescindibles de la oposición a la actividad minera a gran escala, por los efectos tan negativos que deja entre la población de los alrededores donde se establece. Ahora, con la legitimidad que les da una década de lucha, se preparan para la realización del undécimo festival de la resistencia contra la actividad minera a gran escala, el cual está programado para realizarse el próximo sábado 17 del presente mes y al cual, además de comunidades de la región, esperan asistan opositores de otras latitudes del país.

Once años después de las primeras resistencias las condiciones son diferentes. En principio ya los efectos de la minería se dejan ver con más claridad. Uno de ellos es que los dueños de las minas se vuelven ricos a costa de la vida de los trabajadores. El ejemplo más claro es que Germán Larrea Mota Velasco, el principal accionista del consorcio minero Grupo México –el dueño de la mina Pasta de Conchos, colapsada por una explosión en febrero de 2006–, ocupa el cuarto lugar entre los multimillonarios mexicanos, y el 48 en el mundo, con una fortuna de 14 mil 200 millones de dólares. Esa es la cara bonita, la de los resultados alegres de la minería; la otra enseña los muertos por oponerse a esta actividad –Óscar Loredo, en Cerro de San Pedro, San Luis Potosí; Mariano Abarca Roblero, en Chicomuselo, Chiapas, y Bernardo Méndez, en San José del Progreso, Oaxaca, son casos emblemáticos–. Pero también están las muertes por enfermedades, la contaminación de las tierras y aguas, privándolos de los medios de subsistencia, devastación ambiental, afectación de la salud de las personas y la destrucción del entorno cultural.

No son los únicos que resisten, naturalmente. Por muchos puntos del territorio nacional la lucha antiminera crece y se fortalece. Son importantes las luchas de Chicomuselo, Chiapas; la de los opositores a la mina Caballo Blanco, en Veracruz; la de San José del Progreso y Capulalpan, en Oaxaca; la que se desarrolla en la región Costa-Montaña, en Guerrero; la de los huicholes en Jalisco, y varios municipios de Chihuahua, Sonora y Baja California, en el norte del país. Son la luchas antimineras más visibles, las que han trascendido el espacio local y sus voces inconformes son escuchadas mas allá de su localidad; la mayoría de ellas inclusive participan en la Red Mexicana de Afectados por la Minería (Rema) y la Asamblea Nacional de Afectados Ambientales. Pero hay más, aunque no se vean. En el mismo estado de San Luis Potosí y su vecino Zacatecas existentes resistencias que no por pequeñas dejan de ser importantes. Hacia allá también se tienden caminos en este undécimo festival de la resistencia minera, para que su experiencia transcienda y abone a la lucha.

Entre los objetivos que los organizadores del encuentro se han fijado está propiciar la coordinación de los diversos movimientos que se oponen a los efectos nocivos de la gran minería, que es al mismo tiempo una lucha en defensa de la vida y el ambiente; también buscan que entre todos los asistentes se genere un diálogo en torno a las posibilidades de establecer lazos de apoyo y unidad entre todos aquellos que se oponen a la gran minería tóxica, para compartir conocimientos, recursos y experiencias que permitan que sus esfuerzos arrojen mejores resultados. Se trata de miras de alto vuelo, porque piensan que ya está más o menos claro el objetivo por el que se debe combatir, pero falta saber cómo se hará, no porque no haya ideas de cómo hacerlo, sino porque abundan, pues aunque los movimientos de resistencia comparten sus objetivos comunes, cada uno tiene sus propias dinámicas, de acuerdo con su tamaño, los recursos con que cuenta para moverse y las relaciones que logra establecer con diversos actores, entre otros factores. Ahí radica la importancia de este undécimo festival de la resistencia a la minería que el 17 de marzo se realizará en el Cerro de San Pedro. De ahí pueden surgir las ideas que permitan dar el gran salto hacia adelante en la lucha por la vida.

Francisco López Bárcenas

http://www.jornada.unam.mx/2012/03/16/opinion/026a2pol

Suicidio gubernamental desconocer la asamblea en Oaxaca y desproteger su maíz nativo.

OAXACA VIVE un momento terrible de su historia. Tras la prolongada represión emprendida por Ulises Ruiz, tras la batalla por la dignidad en Oaxaca que protagonizó el pueblo oaxaqueño rural y urbano sin distinción de identidades, tras la persecución que desató el susodicho gobernador, tras la vasta descomposición que dejó en diversas regiones de la entidad (nomás miren San Juan Copala o San José del Progreso ahora), resulta que el gobierno de Gabino Cué —gobernador en quien tanta gente puso esperanzas— ha emprendido una de las más funestas y radicales reformas legislativas en la historia de la entidad.

Por una parte, siguiendo la reverberación de otras leyes que dicen defender el maíz, como la de Tlaxcala y Michoacán, Oaxaca salen con una “Ley de Sustentabilidad de los Maíces Nativos del Estado de Oaxaca”, impulsada por una diputada del PRI y con la “Ley de Fomento y Protección del Maíz Criollo como Patrimonio Alimentario del Estado de Oaxaca” impulsada por una diputada del PAN, a propuesta de la Fundación para el Desarrollo Social Coatlicue, AC que, como afirma un buen número de organizaciones sociales, indígenas y de la sociedad civil, “agreden la inteligencia de la población oaxaqueña, por ignorar la lucha de resistencia contra la siembra de maíces transgénicos que se inició después de que en el año 2001 se descubriera la contaminación por transgénicos en los maíces nativos de la Sierra Juárez, los Valles Centrales y el Istmo” y por si fuera poco “no protegen nuestro maíz nativo. Al contrario, están facilitando su saqueo por empresas transnacionales que tratan de dominar la producción alimentaria del planeta”.

De aprobarse, cualquiera de ellas vulneraría “de manera desvergonzada los derechos de nuestros pueblos y comunidades indígenas y campesinas a su libre determinación y soberanía alimentaria”.

Tales iniciativas “le otorgan certeza jurídica sólo para productores registrados”, término que excluye a los campesinos indígenas que producen sus propios alimentos. “Las iniciativas están orientadas a localidades con producción intensiva, dedicadas a la utilización de fertilizantes, herbicidas y pesticidas, que favorecen a la agroindustria y a productores de alto rendimiento”. Aspectos graves son el establecimiento de “fronteras agrícolas” que “limitarán las zonas de cultivo de campesinos de montaña”, lo que busca promover seudo programas de conservación que impiden “la agricultura sustentable y la milpa tradicional”; el impulso a la “creación de un organismo central que tendrá el control sobre todas las actividades que tengan relación con el maíz y lo establecen como el enlace único entre el Estado y los productores, excluyendo a los campesinos y quitándoles la capacidad de decidir sobre cualquier asunto que tenga que ver con sus semillas”, y el hecho de “obligar a los campesinos a facilitar sus semillas y sus conocimientos a ‘mejoradores’ a través de bancos de germoplasma. Esto abrirá el acceso a nuestras semillas a empresas transnacionales que esperan patentar las cualidades del maíz creadas con el trabajo milenario de convivencia, selección y adaptación de nuestros antepasados”. Por si fuera poco, al igual que con la ley de Tlaxcala, no se prohibe expresamente ni la siembra ni el almacenamiento, sino que se legaliza que las cabeceras municipales tomen decisiones al respecto, lo que de facto “ignora la institucionalidad comunitaria indígena y campesina, como las asambleas y la figura del comisariado de bienes comunales y/o ejidales”.

Mas toda la estructura del estado de Oaxaca es atacada. El paquete de reformas constitucionales es algo que, según sus autores, “fortalece la relación entre los poderes, la cultura de la legalidad, los órganos autónomos, la participación ciudadana y la autonomía del Poder Judicial”, pero en los hechos es un ataque frontal a los pueblos indios porque “da marcha atrás a las conquistas de la década anterior e intenta desmantelar su régimen de gobierno y socavar su autonomía. En particular, el apartado C del artículo 25 desconoce a la asamblea, órgano supremo de gobierno en cuatro de cada cinco municipios de Oaxaca, y la despoja de todo su poder de decisión. En un intento de justificar esta exclusión, se ha asimilado la asamblea al cabildo abierto, cuando se trata de dos espacios y figuras enteramente distintos”.

Como las leyes del maíz, las reformas constitucionales de Oaxaca son tramposas en su conjunto: por un lado relegan todo lo referente con la equidad de género, y por otro dicen introducir “instrumentos de la democracia participativa propuestas por la sociedad civil como el referéndum, el plebiscito y la revocación de mandato, pero lo hace en términos demagógicos y engañosos. Crea inmensos obstáculos para su aplicación, por ejemplo al exigir 20 por ciento del padrón electoral para solicitar referéndum o plebiscito —diez veces más de lo que establece como requisito la reforma equivalente a nivel federal que acaba de aprobarse—, o al plantear procedimientos tan complejos para la revocación del mandato que podrían dilatar tanto como lo que dura el mandato que pretende revocarse. En vez de facilitar la participación ciudadana se le burocratiza, subordinando la gestión autónoma a órganos controlados por los partidos”.

Cué la tiene difícil. Son innumerables (muchas más de cien) las organizaciones que ya publicaron un manifiesto para protestar contra estas reformas, conocido como Para hacernos valer, del 11 de mayo. Muchí simas de éstas coinciden también en el pronunciamiento contra las leyes de supuesta defensa del maíz conocido comoPronunciamiento a todos los pueblos y comunidades de Oaxaca, México y América Latina que siembran y comen maíz, de agosto de este año. Conforme las adhesiones aumentan, el anuncio de una nueva coyuntura de articulación y cohesión en Oaxaca se vuelve más factible y más cercana.

Ramón Vera Herrera

http://www.jornada.unam.mx/2011/09/10/oja173-asamblea.html


@twewwter

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